Vladimir de la Cruz

Cuando se invita a empresas y a empresarios extranjeros a invertir en Costa Rica, los organismos especializados en la atracción de capitales y de la llamada Inversión Extranjera Directa, les informan del entorno jurídico que van a tener, relacionada con impuestos, exoneración de impuestos, ventajas fiscales, seguridad jurídica existente en el país, capacidad intelectual nacional de personas preparadas para las nuevas tecnologías y ciencias informáticas, así como de otras ventajas nacionales para esas empresas y empresarios.

Una información valiosa que se les suministra es el cumplimiento de la legislación nacional de trabajo, el régimen jurídico que lo regula y las obligaciones que se tienen con los trabajadores, relacionadas con jornadas, salarios, libertades de asociación laboral.

Así operan, y están obligadas a hacerlo, la Asociación de empresas de Zonas Francas de Costa Rica, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industrias, la Unión de cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial, la Cámara de Exportadores de Costa Rica, la Cámara de Comercio Exterior, y la Cámara de Comercio Norteamericana Costarricense.

Hace algunos años, cuando fui Embajador en Venezuela traje al país grupos empresariales venezolanos, en una ocasión 56 empresarios, que se reunieron con sectores empresariales nacionales con la intención de comprar productos nacionales y de realizar inversiones en el país. En todas las sesiones que pude participar de esos encuentros pude aquilatar y valorar el papel de los empresarios nacionales informándoles a los venezolanos de los aspectos legales que debían cumplir y someterse, entre ellos la legislación laboral y social. Siempre que he puesto ese ejemplo de relación he destacado la responsabilidad de los empresarios, en esas cámaras, de hacer valer esa legislación. La realidad puede ser otra, pero fui testigo de que se les informaba de sus obligaciones., especialmente en el campo laboral y social.

Desde principios del siglo XX se viene intentando introducir en el país la jornada de trabajo de 12 horas diarias, por cuatro días a la semana, lo que se ha llamado popularmente la ley de la jornada 4-3, que garantiza el cumplimiento de la jornada de 48 horas a la semana, que jurídicamente se establece en seis jornadas de ocho horas cada una.

Con el criterio de concentrar en cuatro días las 48 horas se trata de vender a los trabajadores actuales y futuros, una ventaja de darles tres días de descanso. Teóricamente así parece. La realidad se impondrá brutalmente sobre los trabajadores y las personas que así se contraten.

Las nuevas jornadas de 12 horas de trabajo serán devastadoras físicamente para los trabajadores, agotadoras, productoras de mayor estrés físico y mental, de tensión física y emocional, de mayor frustración, de estrés agudo y prolongado, de mayor desgaste nervioso y generador de furias y enojos, generador de dolores de cabeza, tensiones musculares, problemas digestivos, de alteración de los estados de sueño, de mayor irritabilidad y dificultad para concentrarse en el trabajo y en las relaciones familiares. La violencia doméstica y familiar probablemente se incremente.

Para empezar un trabajador o trabajadora, para incorporarse a una jornada de 12 horas, debe prepararse en su hogar por lo menos dos horas antes de desplazarse a su sitio de trabajo, para prepararse personalmente, desayunar y trasladarse al sitio de trabajo. Al finalizar las doce horas de trabajo, igualmente tendrá de disponer de otras dos horas para regresar al hogar, habiendo de esa manera dispuesto en el día, entre 14 y 16 horas fuera del hogar.

Con las actuales jornadas de ocho horas de trabajo se producen al año más de 110.000 (ciento diez mil accidentes de trabajo) atendidos por el Instituto Nacional de Seguros y el Hospital del Trauma, con altos porcentuales de muerte y de incapacidades parciales y totales. Con 12 horas de trabajo sin ninguna duda esta situación se va a incrementar.

A nivel familiar se realizará un desgaste de las relaciones de pareja, de los esposos, de los padres y madres con sus hijos. Se debilitará la relación de colaboración entre ellos.

No hay condiciones nacionales de cuido para los niños en edad preescolar, de primera infancia, y de la atención escolar que deben brindar los padres. El sistema educativo está totalmente debilitado en términos generales y sin capacidad alguna de proteger a la infancia nacional en las condiciones de trabajos de sus padres de 12 horas o más fuera de sus hogares.

Las empresas carecen de la condiciones de facilitarles cuido y educación a los niños, mientras sus padres trabajan en ellas. Ni siquiera, en el proyecto de ley de estas doce horas se contempla esta posibilidad, y la garantizar el transporte seguro y acorde al salario real del trabajador al centro de trabajo y de retorno a su casa.

Salarialmente va a producirse un impacto muy grande en los trabajadores. De conformidad a la legislación nacional cuando se trabajan más de ocho horas, lo que se permite, hay que pagar un sobre sueldo de un 50% por cada hora de trabajo adicional. Así, si un trabajador, por ejemplo, gana 100 colones por hora, en la hora extra debe ganar 150 colones, o si gana 1000 colones debe ganar 1500 colones. Este plus salarial se pierde. Todas las 12 horas se van a pagar con un salario común por hora, y las horas extras adicionales que deberían pagarse con el 50% de más, van a pagarse, en el salario integrado por menos del 15%.

Aquí, con esta jornada de trabajo de 12 horas, que es como las que se aplicaban en el siglo XIX y parte del siglo XX, de tipo esclavista, se va a producir una rebaja real del salario de los trabajadores, produciéndole una ganancia al empleador, al empresario o a la empresa.

De acuerdo con la legislación nacional todo incremento en el salario, tipo pago de horas extras, se reconoce en el pago de aguinaldo en el mes de diciembre. Con el régimen de jornadas de 12 horas no se va a pagar ningún incremento en el aguinaldo. Se recibirá un salario igual al que se ganará mensualmente, lo

De acuerdo con la legislación nacional todo incremento en el salario, también repercute en el reconocimiento final al momento de pensionarse una persona, que se le hace un recuento de todos sus ingresos, por más de 30 años de trabajo o por tener la edad de retiro legalmente establecida. Con ese recuento se le establece una pensión correspondiente a un porcentaje de los salarios ganados, que generalmente es un 40% menos del salario que se recibió. En este momento también hay un proyecto de ley que quiere aumentar la edad de retiro, a más de 65 años y hasta los 70 años de edad, debido a la longevidad de los costarricenses estimada en 82 años para las mujeres y 78 para los hombres.

Brutalmente, el ROP lo están reformando para que el ahorro “voluntario” de los trabajadores se le pueda pagar en tractos hasta la edad de 110 años, como si toda la gente de Costa Rica pudiera vivir como doña Marita Camacho de Orlich, nuestra Primera Dama que goza felizmente de esa edad.

En otro orden de cosas, en la discusión que ha tenido este Proyecto de Ley en la Asamblea Legislativa, los diputados defensores de los empresarios esclavistas, que quieren implantar la jornada de trabajo de 12, no han podido demostrar, que realmente sea una necesidad esa jornada para establecerla de manera nacional. No han podido señalar una sola empresa que pida esa jornada. No han podido demostrar que empresas que quieran instalarse en Costa Rica pidan o exijan esa jornada esclavista.

Las empresas extranjeras en general están obligadas a cumplir la leyes laborales, en las mismas condiciones que se cumplen en sus países de origen. Las empresas estadounidenses están obligadas en ese sentido a cumplir las jornadas de ley nacional y las de su país, que también son de 8 horas diarias.

En este momento asesores de Donald Trump están proponiendo establecer la jornada de 60 horas semanales, a razón de 12 horas diarias. Por ahora es solo una propuesta y un discurso. En Europa, al contrario, en países de la OCDE, organización a la cual pertenecemos, se está orientando la jornada semanal a 35 y 36 horas sin disminuir salarios, con jornadas diarias de seis horas. En algunos países que tienen la jornada de 48 horas semanales están proponiendo reducirla a 40 horas, y en algunos de estos países proponen jornadas de 10 horas diarias por cuatro días a la semana, que es otra cosa y otro aspecto laboral que también se discute.

El actual sistema productivo moderno, de alta tecnología especialmente, impone en algunos trabajos y empresas sistemas constantes de trabajo, de manera que las empresas o fábricas deben trabajar las 24 horas continuas, sin parar. Eso es normal que así suceda. Las empresas han adaptado sus sistemas de contratación laboral para realizar tres turnos de trabajo de ocho horas cada uno. Con esto mantienen en funcionamiento sus sistemas de producción, con tras grupos de trabajadores. Si se establece la jornada de 12 horas la realidad va a provocar que una parte de esos trabajadores se quede sin trabajo, un turno de trabajo puede desaparecer totalmente.

No es cierto que con las jornadas de 12 horas de trabajo vaya a aumentar el empleo. Los datos empleo y desempleo son claros en el sentido de que está disminuyendo el empleo. ¿Por qué va a aumentar con las jornadas de 12 horas? No hay nada que así demuestre. Ni hay en el país una sola empresa que pueda hacer esta demostración.

La esencia de todo el proyecto de ley de las jornadas esclavistas de 12 horas es reducir la mano de obra, reducir sus salarios reales e incrementar las ganancias de las empresas y sus empresarios.

El presidente de la República está empeñado en que se apruebe la jornada de trabajo de 12 horas diarias de la manera más rápida posible, ojalá sin discusión alguna. En su trabajo internacional en países de sistemas políticos no democráticos, o poco democráticos, se acostumbró a proyectos que le tocaba impulsar que imponían o se realizaban bajo esas condiciones de trabajo esclavista.

Este Proyecto de Ley debe detenerse en la Asamblea Legislativa. Los sindicatos, las universidades, las iglesias, las organizaciones no gubernamentales que velan por los derechos humanos, los padres de familia deben pronunciarse y movilizarse contra la ley esclavista. La Iglesia Católica ya ha llamado la atención en este asunto. Se ha opuesto a la jornada de trabajo de 12 horas, siguiendo la tradición de la Justicia Social Cristiana desarrollada desde 1891, a partir de la Encíclica Rerum Novarum.

Al menos debe producirse un gran debate nacional, en términos de un debate parlamentario que no se someta al llamado trámite rápido, que es la forma vulgar de imponer esta Ley.

Cuando se discutía el Contrato de la ALCOA a finales e 1969 e inicios de 1970, el entonces diputado Rodrigo Carazo Odio, opuesto con otros diputados a ese Proyecto de Ley, no decía a los dirigentes estudiantiles que estábamos en la lucha contra la ALCOA, que a los diputados a favor de ALCOA les habían pagado más de 100.000 dólares. Por eso había en las marchas letreros que preguntaban: “¿Diputados, how much?”. Estaremos en una situación como esta ante la ley esclavista de las jornadas de las 12 horas diarias. “¿Diputados, how much?”

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