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¿Podría Costa Rica ir por el camino de Grecia?

Luis Paulino Vargas Solís

Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)

 

Debemos reconocer que, llegados al punto donde nos encontramos, el riesgo de que nos veamos arrastrados en una situación de crisis económica es muy cierta. Efectivamente puede ocurrir y, según como se den las cosas, podría ocurrir pronto, aunque también podría posponerse por algunos meses.

Al decir lo anterior, me baso en datos que están a la vista y que se resumen en una agudizada dificultad para financiar el déficit fiscal del gobierno. Cada nuevo intento de colocación de bonos de deuda pública que realiza el Ministerio de Hacienda, se topa con la exigencia de tasas de interés más altas y períodos de vencimiento más cortos, como también es cada vez más difícil refinanciar las deudas que vencen. Nada de esto es inocente, desde luego. Por debajo de esa superficie visible se mueven intereses poderosos, tanto locales como internacionales. Pero con decirlo –incluso con denunciarlo con encendida indignación– nada se conseguirá. Si como país no somos capaces de tomar a tiempo las medidas mínimas requeridas, de seguro nos asfixiarán. Y lo harán porque no fuimos capaces de colocar a tiempo los valladares que les cerrasen el camino y le impidiese aplastarnos.

Es una experiencia que ya hemos visto en otros lugares. Los países de la periferia europea en 2012 brindan una ilustración para mejor entender lo que pasa. En su caso, la cuestión se sintetizaba en un dato, escueto pero implacable: a la hora de tratar de colocar deuda para financiar su déficit fiscal, el diferencial entre la tasa de interés que se les exigía y el que se pagaba sobre los bonos de Alemania (tenidos como los más seguros) tendía a ampliarse cada vez más. Ello ponía en máxima tensión la sostenibilidad de sus finanzas y los empujaba hacia la insolvencia y, por lo tanto, la bancarrota. Se salvaron, no propiamente de la crisis, pero sí del colapso del Estado, gracias a la intervención del Banco Central Europeo (BCE), que anunció, por boca de su presidente, Mario Draghi, la disposición a comprar deuda soberana (o pública) en la cuantía que fuese necesaria.

En Costa Rica, esa opción no existe, no tanto porque nuestra Banco Central está lejos de tener el “poder de fuego” que tiene el BCE, sino principalmente porque las leyes costarricenses se lo impiden. El caso es que el neoliberalismo tico es extremadamente purista, a niveles que seguramente causarían hilaridad en Europa. De ahí que el establishment local de los/las economistas se ruborice y reciba con muestras de escándalo la concesión de un financiamiento por 500 mil millones de colones que el Banco Central dio en días recientes –y bajo condiciones sumamente restrictivas– al Gobierno Central. Se dio por esta vez, y, dada las limitaciones legales y la tozudez ideológica, será difícil que se vuelva a dar pronto, aún si el gobierno está a un tris de la bancarrota.

Entretanto, la economía va cada vez más débil, lo cual se visibiliza en ingresos tributarios prácticamente estancados. En consecuencia el déficit, que ya es muy considerable, tiende a crecer, de manera que, a su vez, la deuda se va inflando. Y siendo que esto último por sí solo haría aumentar los pagos por intereses, el impacto que éstos acarrean se agranda al subir las tasas. La presión sobre las finanzas pública se incrementa y los márgenes de maniobra se estrechan. Es, sin exageración, un panorama sombrío. No es broma: la crisis podría darse.

¿Significa que iremos por el camino de Grecia? Las comparaciones de este tipo son siempre riesgosas, incluso desatinadas, porque los contextos son ciertamente distintos. Por ejemplo: la deuda pública nuestra, a diferencia de Grecia, sigue siendo interna principalmente y en colones en su mayor parte (aunque el componente en moneda extranjera ha crecido mucho y de forma peligrosa). Pero también puede haber elementos en común, sobre todo porque en nuestro caso, como en el de Grecia, si la situación fiscal se sale de control, podemos quedar a merced de poderes financieros, incluso de alcance global, en capacidad de asfixiarnos.

Sin embargo, me interesa llamar la atención sobre un elemento: una situación de grave desequilibrio fiscal podría enfrentarse básicamente de dos formas: mediante una política de austeridad o mediante una esfuerzo de reactivación económica. Hay un océano de diferencia entre una y otra perspectiva, sin que ello niegue que, con seguridad, habrá que hacer todo un esfuerzo por “ordenar la casa” y corregir aquellos factores que dieron lugar a la crisis fiscal.

La vía de la austeridad le fue impuesta a Grecia y a otros países de la periferia europea, incluyendo a España, cuyo desbalance fiscal nacía no de excesos en el sector público, sino más bien del traslado a éste último de los excesos del sector privado (similar a los casos de Estados Unidos o Irlanda). Porque el crédito desordenado al sector privado y el auge especulativo de la construcción, fueron los que tumbaron la economía española y obligaron al gobierno a intervenir masivamente para sostener el sistema financiero y atenuar el impacto de la recesión. Cuando la crisis de la deuda se manifestó en Grecia (hacia finales de 2009), rápidamente se contagió a otros países de la periferia europea donde también había crecido –aunque no por las mismas razones– el déficit presupuestario de los gobiernos y su deuda pública. Declarada la crisis, a todos se les aplicó una receta talla única: recorte del gasto público y de la planilla estatal; privatizaciones; recorte de pensiones; aumento de impuestos. O sea, y en resumen, austeridad en toda la plenitud de su cruel ejecutoria. La consecuencia: una depresión económica en toda la línea, que ha implicado costos humanos y sociales inconmensurables, con secuelas irrecuperables por décadas enteras. El caso griego es, con mucho, el peor. El portugués el más benigno porque fue el primero que logro atenuar –sin revertirlas totalmente– las políticas austeritarias. El irlandés es seguramente el más engañoso, dado el carácter ficticio de sus estadísticas, infladas artificialmente por su condición de privilegiado paraíso fiscal.

La crisis de la deuda de estos países europeos se pudo haber enfrentado de otra forma:

1.Debía reconocerse que las responsabilidades eran compartidas por acreedores y por deudores. Ya Keynes vio claro este aspecto de la cuestión y lo plasmó, aunque inútilmente, en sus revolucionarias propuestas para el sistema financiero mundial post-Segunda Guerra Mundial. Lanzar todas las cargas sobre la parte deudora, corresponde a un enfoque moralizante, seudo-religioso, que complace los prejuicios de alguna gente, pero que, desde el punto de vista económico, resulta un perfecto desatino.

2.En concordancia con lo anterior, tendría que haber procesos de reestructuración de la deuda –tanto los plazos como las tasas de interés– que distribuya costos y pérdidas en forma equitativa.

3.Para poder salir de una situación de elevado déficit y deuda al alza, un requisito indispensable es lograr que la economía crezca y genere empleo. Si, por el contrario, se opta por políticas de austeridad muy restrictivas, la consecuencia inevitable es una economía en recesión y graves problemas de empleo. Ello contrae los ingresos públicos y agranda relativamente la deuda, forzando a nuevas rondas de recortes y aumentos de impuestos. En consecuencia la crisis fiscal se prolonga y los costos de superarla se agrandan. El retroceso de la economía extiende sus devastaciones sobre la sociedad y deja secuelas muy dolorosas y perdurables.

4.Una vía es clave para promover la dinamización de la economía y la generación de empleos: la inversión pública, y, preferiblemente, una inversión pública “verde” que también sea planificada para maximizar su capacidad de creación de empleos. Si lo pensásemos para el caso de Costa Rica, algunas otras cosas podrían complementar –pero jamás sustituir– el esfuerzo de inversión pública (por ejemplo: la baja en las tasas de interés bancarias y la orientación del crédito prioritariamente hacia la producción y generación de empleos).

5.La reforma tributaria que se implemente debería repartir cargas en forma justa y equitativa, y ser diseñada de forma paulatina, de modo que sea coherente –y no se contraponga– a los esfuerzos de reanimación de la economía y el empleo.

6.Y, desde luego, hay que poner en orden lo que deba ponerse en orden: los excesos, despilfarros, ineficiencias y corruptelas deben ser combatidos. Pero esto debe hacerse sobre el telón de fondo de un compromiso claro y firme con la equidad.

7.No olvidemos: que el esfuerzo goce de legitimidad política y aceptación social es indispensable. Y ello solo se logra cuando las cosas se hacen de forma dialógica, transparente y honesta, y se preserva y se hace efectivo el compromiso con la equidad y la justicia.

¿Podríamos ir por el camino de Grecia? Creo que lo que he explicado ayuda a entender que la cuestión depende crucialmente de la forma como se responda a la crisis. Es un paso que debemos dar ya, con urgencia y enérgica decisión.

 

 

Tomado del Blog de Luis Paulino Solís: http://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com

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Radicalizar la protesta

Marcos Chinchilla Montes

 

En casa tuvimos el gusto de hacer la primera reunión cantonal de San Sebastián del Partido Acción Ciudadana; así, avanzábamos nacionalmente en la inscripción del partido para que participara en sus primeras elecciones nacionales.

Era mucha la esperanza, principalmente, enfrentar la corrupción del bipartidismo, y desarrollar un nuevo derrotero en materia de participación ciudadana, mismo que parecía quedar ampliamente evidenciado en el lema “acción ciudadana”. En muy pocos años, la decepción fue cundiendo entre quienes simpatizábamos por el PAC, y si bien no se le pueden negar logros a sus diputados y al gobierno de Luis Guillermo Solís, se hizo más que evidente el contubernio que existía entre cuadros del PAC, y la dirigencia política y empresarial neoliberal representada en el PLN y el PUSC.

A fin de cuentas, muchas personas nos decantaríamos por otras tiendas partidarias afines y congruentes con la justicia social, la equidad y la distribución de la riqueza.

La marcha del día de hoy, y que pasará a la historia como la de los “cuatro gatos”, será también recordada por el grado de represión ejercida por Carlos Alvarado para evitar que miles de personas lograran arribar a la capital a ejercer su derecho a la participación y la protesta social.

Los reportes que llegan de todo el país son espeluznantes y hacen referencia a la instalación de un estado de terror que procura aplacar cualquier manifestación de participación social contra el Combo Fiscal: buses universitarios detenidos, buses en el caribe y en norte a los que se les bajaron las placas, empresarios autobuseros amenazados de perder sus concesiones si se brindaban servicios a los manifestantes, requisas en el camino. En algún momento del día, el diario La Nación reportó que se le habían bajado las placas a 22 autobuses. Esas acciones policiales no las vemos ni contra uber ni contra la delincuencia, pero si contra quienes tiene el atrevimiento a defender sus derechos.

Hoy, nuestro Estado se asemeja de manera peligrosa más al hondureño, al guatemalteco o al colombiano que persiguen activamente la protesta social, dejando en evidencia, que los sectores hegemónicos en un contubernio vergonzoso con el gobierno de Carlos Alvarado, recurren a la institucionalidad pública para quebrar a la huelga a como sea posible. El miedo que tienen ante la reacción popular, les hace reaccionar desconociendo y persiguiendo elementales derechos de la población.

El germen fundacional del PAC, la participación ciudadana, queda definitivamente mancillada y sepultada con las acciones represoras asumidas por el gobierno. El autismo y autoritarismo del binomio Alvarado-Piza, pero particularmente de los sectores económicos y políticos que mueven los hilos de sus acciones públicas, riñen con una perspectiva societal de democracia y construcción de ciudadanía que ha venido construyendo nuestra sociedad.

Paradójicamente, la insensatez política del gobierno que niega y reprime la participación -recuérdese, que era un tema fundacional en su expresión partidaria- se convirtió en una ejemplar manifestación política que se ha instalado a lo largo y ancho de todo el país durante ya tres semanas, desafiando el autoritarismo y la represión de un gobierno que parece, ya llegó al fondo de su legitimidad.

Como sociedad, nos quedan poco más de tres años y medio en la que el gobierno de Alvarado enfrentará una relación muy tensa, conflictiva y desacreditada con la colectividad; y lo más grave, es que el Combo Fiscal así como está formulado y desean aprobar en la Asamblea Legislativa, es insuficiente no solo para atender el desarrollo de la institucionalidad pública, sino para garantizar el desarrollo a escala humana de nuestra sociedad, lo que supone que junto al aumento de la pobreza, vendrán nuevos Combos Fiscales de naturaleza regresiva.

El gobierno nos empuja a un complejo escenario: radicalizar la protesta, entendida esta como derecho, especialmente cuando ha sido incapaz de incorporar en la matriz societal de representación las aspiraciones de las mayorías. Lamentablemente el gobierno parece que es incapaz de hacer esa lectura política y sigue estando sordo a las demandas populares, aunque todo oídos a favorecer los intereses de los sectores económicos que se niegan a ser parte de un plan fiscal progresivo.

 

Enviado por el autor.

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El Banco Central le da crédito al gobierno

Luis Paulino Vargas Solís

 

La economía viene lenta y a rastras. Los problemas del empleo siguen terribles. El crédito al sector privado está casi paralizado y la inflación en niveles muy bajos. Ese es el contexto en el que se da el préstamo de 498 mil millones de colones que el Banco Central concede al gobierno.

Sí, es creación de dinero. Pero creación de dinero es también lo que los bancos comerciales hacen con cada nuevo préstamo que dan sin que ello encienda las alarmas de nadie. Es que en Costa Rica se sigue manejando la tesis obsoleta de que el dinero lo crea el Banco Central, y que los bancos comerciales prestan lo que de previo recibieron como depósito. Pamplinas. Superchería.

Por esta vez, similar a como usualmente lo hacen los bancos comerciales, el Central “crea” dinero para realizar un crédito: dirigido al gobierno, como en otros momentos podría ser destinado a algún banco comercial que tenga problemas de liquidez. En el contexto económico actual, que describí al inicio de este comentario, ello no debería causar ningún problema.

Pero esto sin duda evidencia aquello sobre lo que vengo advirtiendo en forma reiterada: que la percepción de riesgo sobre las finanzas públicas va en ascenso y que por ello al gobierno le resulta cada vez más difícil, y cada vez más caro, obtener financiamiento para cubrir el déficit. Claro que la situación es extremadamente delicada. Lo he enfatizado incontables veces y, por lo tanto, urge tomar medidas en serio. Pero que esos 500 mil millones sean, en sí mismos, un problema…no, por favor, no lo son.

Lo que sí es un problema –grave problema– es la forma como lo ha anunciado el Presidente Alvarado. La situación demanda cautela, prudencia, parsimonia. Es lo que menos ha mostrado Alvarado.

Keynes advertía acerca de los “espíritus animales”, en relación a esas fuerzas irracionales que nacen de los sentimientos humanos y de nuestra ignorancia. Son poderosos y potencialmente destructivos. Lamento mucho que nadie se lo haya advertido al Presidente.

En todo esto, lo realmente dañino viene de las palabras de Alvarado y, sobre todo, de la forma como las dijo.

 

Enviado por el autor.

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Déficit Fiscal y la urgente revisión del Régimen de Zonas Francas

Isaac Hernández

 

En buen momento, la Diputada María Inés Solís, escribe en el periódico La Extra: “Zonas Francas como medicina nacional”, para defender a las zonas francas, y postularlas como medicina nacional. (1) (What?) Justo en medio de la Huelga, que ya lleva 13 días, y justo en medio de las discusiones en torno al Déficit Fiscal, sus causas, que muy pocos indagan, y sus posibles soluciones.

Esta promoción gratis, que hace la diputada, más bien cae mal, es signo de que hay “nervios” o temor de parte de los empresarios de zonas francas.

Afirma la diputada, que las zonas francas tienen 33 años de impulsar la economía nacional, y uno se pregunta: Sin son tan buenas, ¿cómo es que el gobierno (no el país) se acerca a la quiebra? La pregunta, es: ¿33 años impulsando la economía a favor de quién y hacia dónde?

Ingrese en el siguiente enlace para acceder al artículo completo:

Déficit Fiscal y la urgente revisión del Régimen de Zonas Francas

 

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.tec.ac.cr

Enviado a por el autor.

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A propósito de la decisión del CIADI en el caso David Aven et alii contra Costa Rica: breves apuntes

Nicolas Boeglin (*)

 

El 18 de setiembre pasado, se ha dado a conocer el laudo arbitral en el caso de David Aven y otros contra Costa Rica / Caso No. UNCT/15/3 (véase texto completo en castellano). Se trata de un caso llevado en el 2014 por un grupo de inversionistas extranjeros contra Costa Rica ante un tribunal auspiciado por el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionistas Extranjeros y Estado (más conocido como CIADI).

A proposito de la decision del CIADI en el caso David Aven et alii contra Costa Rica

Foto del proyecto Las Olas extraída de esta nota de prensa del Tico Times titulada «Police evict squatters from U.S. investor’s property in Esterillos Oeste».

Un megaproyecto costero en Playa Esterillos y unos humedales protegidos por la legislación ambiental

La solicitud de arbitraje contra Costa Rica se relaciona a un proyecto de condominios en el Pacífico Central (Playa Esterillos), en la que los demandantes exigían, con base en varias disposiciones del Tratado de Libre Comercio (TLC o CAFTA-DR), el pago (inicial) por más de 70 millones de US$ a Costa Rica por concepto de indemnización (punto 61 de la solicitud de arbitraje): ello debido al hecho que, según ellos, su proyecto obtuvo los permisos correspondientes y luego se vio frenado en razón de restricciones de la legislación costarricense en materia ambiental. Por su lado, en sus argumentos presentados en el 2016, Costa Rica alegó (véase texto de los alegatos) que: «En síntesis, las Demandantes exhibieron una desconsideración desvergonzada de la legislación, de los estándares ambientales de protección, del control y de los procedimientos del Estado y de los poderes de policía del Estado de Costa Rica cuando se hizo evidente (debido a denuncias de terceros) que era inminente el daño real a los ecosistemas genuinamente sensibles debido a actividades inadmisibles de las Demandantes en el Sitio del Proyecto Las Olas» (punto 18, página 4).

Como se puede apreciar, los inversionistas extranjeros fueron llevados a considerarse perjudicados por actos del Estado costarricense y acudieron a un arbitraje internacional para intentar obtener alguna compensación / indemnización por los supuestos daños sufridos.

Algunos de muchos detalles que posiblemente traigan recuerdos a muchas comunidades y activistas costarricenses

El detalle del largo procedimiento seguido desde enero del 2014 se puede observar en este enlace del sitio especializado en arbitraje de inversiones Italaw, permitiendo además la revisión de las diversas audiencias y testimonios de peritos ofrecidos tanto por el Estado como por los inversionistas.

En su decisión (véase texto completo), el Tribunal examina la actuación de las diversas autoridades costarricenses en materia ambiental: al respecto, se recomienda la lectura de varias partes de la sentencia que evidencian algunas cosas que muy a menudo sospechan comunidades y activistas al revisar algunos expedientes de megaproyectos cuestionables (y cuestionados). Por ejemplo, entre muchos más, en el párrafo 116 se puede leer que ambas partes se «distanciaron del origen» de un documento (sic.):

«116. El 27 de marzo de 2008, sólo días antes de que se emitiera el comunicado del SINAC mencionado supra que confirmaba que el Sector del Condominio no se encontraba dentro de un ASP, se presentó un Informe del SINAC No. 67389RNVS-2008 ante la SETENA como parte del expediente del Proyecto Las Olas54 al que se ha hecho alusión durante el procedimiento como el “Documento Falsificado”. Tanto las Demandantes como la Demandada se han distanciado de su origen, y han surgido muchas discusiones entre ellas en cuanto a quién tenía motivos para elaborarlo y presentarlo, pero el Tribunal aún no tiene claro quién lo elaboró realmente. Este documento, presuntamente firmado por Gabriel Quesada Avendaño (un biólogo del SINAC) y Ronald Vargas (Director del SINAC) que establecía que los criterios seguidos por el Proyecto Las Olas para la protección del ambiente cumplían con los requisitos del SINAC, arribó a la conclusión de que el Proyecto “no constituye una amenaza evidente en el corredor biológico Esterillos Oeste ni socava en abosluto la biodiversidad del Refugio Nacional de Vida Silvestre Local”. Se confirmó que este documento se trataba de una falsificación – aunque esto no fue hasta el mes de noviembre de 2010. En el ínterin, parece que la SETENA confió en el documento«.

En los párrafos 127-129, se aprecia cuán célere y eficiente puede a veces resultar una entidad municipal en Costa Rica cuando se trata de un proyecto de cierta envergadura:

«127. Fue por eso que la Sra. Vargas presentó una denuncia el 15 de junio de 2010 ante el Tribunal Ambiental Administrativo (“TAA”), una división del Ministerio de Ambiente, mediante la cual solicitaba una investigación del Proyecto Las Olas en vista de (i) las inquietudes acerca de si se estaban rellenando humedales; (ii) la construcción de calles pavimentadas y (iii) el hecho de que se había talado y quemado “vegetación.

128. Al día siguiente, el 16 de junio de 2010, la Sra. Vargas informó al SINAC acerca de sus hallazgos e informes anteriores emitidos con respecto al Proyecto Las Olas.

129. Curiosamente, el mismo día que la Sra. Vargas anunció públicamente sus inquietudes, la Municipalidad emitió siete permisos de construcción para el Sector de Servidumbres del Proyecto Las Olas. Pocos días después, el 22 de junio de 2010, DEPPAT—la Regente Ambiental contratada por el Sr. Aven—presentó un plan de movimientos de tierra y un programa de obras previstas con respecto al Sector de Servidumbres«.

En el párrafo 181, se lee por parte del tribunal arbitral auspiciado por el CIADI, que las actuaciones de diversas entidades públicas del Estado costarricense arrojan algunas preguntas:

«181. Tal como surge de la descripción de los hechos supra, se presentan muchas cuestiones a partir de los hechos confusos y complejos, e informes, resoluciones y medidas aparentemente contradictorias o incongruentes por parte de las autoridades costarricenses, que este Tribunal analizará infra. Algunas de estas cuestiones son: ¿había humedales y bosques en el sitio del Proyecto Las Olas? ¿Cuál es el organismo encargado de determinar la existencia de humedales? ¿Es un organismo distinto al de los bosques? ¿Cuál es el organismo responsable de emitir un permiso de viabilidad ambiental? ¿Cuáles son los derechos del inversor una vez recibido un permiso? ¿Quién tiene autoridad para revocar? Por último, ¿qué relación existe entre los gobiernos municipal y central en lo concerniente al otorgamiento de permisos para el desarrollo de bienes inmuebles?»

Actuaciones de ambas partes algo cuestionables

En la parte final de su decisión, el tribunal arbitral desestima las pretensiones del grupo de inversionistas demandantes, al evidenciarse su mala fe, no sin hacer ver que Costa Rica omitió aplicar su propia legislación al detectar actuaciones ilegales por parte de los demandantes. En los párrafos 762-763 se lee que:

«762…Costa Rica también presentó ante este Tribunal algunos supuestos ilícitos de las Demandantes en lo que respecta a la Concesión y al desarrollo del propio Proyecto Las Olas, pero el Estado omitió la aplicación del derecho interno a estas situaciones. Además, la complejidad de la legislación ambiental y la cantidad de organismos facultados para aplicarla pueden explicar las contradicciones mencionadas supra, aunque pueden también desorientar a las personas que se ocupan de cuestiones de naturaleza ambiental. Toda esta confusión ha sido, en alguna medida, una invitación a litigar.

763. Las Demandantes, por otra parte, carecieron de transparencia en su desarrollo de Las Olas. Actuaron en aras de evitar la exhibición de las características del terreno que podrían perturbar su negocio. Omitieron la divulgación del Informe Protti (párrafo 111 supra) y también fraccionaron el terreno para evitar el requisito de presentar una Solicitud D1 para obtener un permiso de VA para las servidumbres (sección X.D.1(f) supra). Esta clase de acciones no solo socavaron el argumento de las Demandantes, sino que oscurecieron su comprensión«.

La reconvención por daño ambiental: una magnífica ocasión…desaprovechada

Uno de los puntos de interés en este caso preciso fue la posibilidad, para Costa Rica, de obtener del tribunal arbitral del CIADI un monto compensatorio por el daño ambiental causado por los demandantes. La «reconvención» es una figura procesal que permite obtener una reparación si la parte demandada logra demonstrar a los árbitros que ha sufrido un daño. En los párrafos 720-721, leemos que:

«720. Costa Rica acusa a las Demandantes del daño ambiental considerable supuestamente ocasionado por ellas. Esas acusaciones incluyen: a) la construcción de carreteras, excavación de alcantarillas de drenaje, instalación de alcantarillas y la remoción de estratos vegetales del bosque; b) la creciente sedimentación del suelo; c) el relleno y drenaje de los humedales.

721. Costa Rica afirma que las Demandantes tenían conocimiento de la sensibilidad ecológica del sitio de Las Olas mediante el Informe Protti, pero decidieron desestimarlo y no revelaron el informe a las autoridades competentes. Omitieron describir elementos decisivos del ecosistema del sitio y fragmentaron su solicitud de VA para evitar comunicarle a la SETENA una evaluación de todo el sitio del proyecto. A criterio de la Demandada, esta conducta violó normas imperativas de protección ambiental, y, por lo tanto, las Demandantes deben ser responsables por ello«.

Lamentablemente, el tribunal arbitral no responde afirmativamente a la petitoria de Costa Rica sobre el pago de un monto por el daño ambiental. Para el tribunal,

«No existe una exposición precisa de los hechos que sustenten las reclamaciones, sino una referencia a informes periciales adjuntos a esos escritos de parte. No existe una especificación de la reparación que pretende sino en términos muy generales, y la cuantificación es muy aproximada, basada únicamente en la experiencia personal de un perito en lugar de en un método preciso de valoración. Además, la prueba que Costa Rica ha mencionado se diluye en su contestación de la demanda, sin especificar de manera clara y precisa los hechos que han de probarse dentro de la reconvención, en particular, la prueba de que las Demandantes son las causantes de todos los daños ambientales» (párrafo 745).

El tribunal considera además que esta petitoria se hizo de forma extemporánea (véase párrafos 746-747).

La condena en costas obtenida por Costa Rica

En cambio, el tribunal condena a los demandantes a pagarle a Costa Rica más de un millón de US$ por concepto de condenatoria en costas (véase página 263 del laudo arbitral). Nótese que los costos de defensa fueron evaluados por Costa Rica en más de 2,4 millones de US$ en sus alegatos (véase párrafo 750 de laudo arbitral), frente a los más de 8,5 millones de US$ que adujeron los demandantes haber gastado en este proceso (párrafo 748 del mismo laudo).

Recientemente, se informó de otra suma de dinero similar que se le adeuda a Costa Rica por parte de un grupo de accionistas suizos de la empresa mexicana Gaz Z, luego de una decisión arbitral también favorable a Costa Rica adoptada por un tribunal arbitral del CIADI en el 2017 (véase nota de CRhoy y nota del Semanario Universidad): Costa Rica había indicado haber incurrido en más de 2 millones de US$ en gastos de defensa (véase párrafo 709 del laudo arbitral de febrero del 2017).

A modo de conclusión

No cabe duda que, pese a evidenciarse inconsistencias en el actuar de diversos entes públicos, Costa Rica sale bastante bien librada de este largo proceso internacional, en el que logró convencer a los integrantes del tribunal arbitral de la mala fe de los inversionistas extranjeros y de la cuestionable asesoría legal con la que contaron en Costa Rica.

Pueden, esto sí, persistir algunas dudas sobre el fracaso de la solicitud de Costa Rica en materia de reconvención por daño ambiental, y la no presentación de un monto preciso cuantificando el daño ambiental por parte de las autoridades costarricenses. ¿Cuáles pueden haber sido las razones para desaprovechar de esta manera una ocasión que raramente se presenta ante los árbitros del CIADI? Dejamos a cada uno de nuestros estimables lectores buscar alguna respuesta a esta pregunta.

Con la resolución de este caso, ante el CIADI se mantiene pendiente de resolución un solo caso contra Costa Rica, correspondiente a la demanda interpuesta por la empresa minera canadiense Infinito Gold en febrero del 2014 por la suspensión ordenada por los tribunales de justicia del proyecto localizado en Las Crucitas. Se trata de otro megaproyecto que obtuvo en el período (2006-2010) autorizaciones y permisos cuestionables (y cuestionados), al igual que el proyecto de condominios Las Olas en Esterillos Oeste: no cabe duda que «intervenir» a órganos técnicos como la SETENA desde un «Ministerio de la Competitividad» conlleva algunas consecuencias, no del todo ajenas a lo que los integrantes del tribunal del CIADI denominaron en su laudo sobre Las Olas «una invitación a litigar» (párrafo 762).

En igual situación (un solo caso pendiente de resolución ante el CIADI) se encuentran, en América Latina, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Uruguay, a diferencia de Chile (dos demandas), México y Panamá (cinco demandas cada uno), Perú (siete demandas), Argentina y Colombia (nueve demandas cada uno) y Venezuela con veinte demandas pendientes de resolución inscritas ante el CIADI. Como dato de interés, España es el Estado que más demandas acumula en la actualidad ante el CIADI en su contra: un total de treinta demandas pendientes de resolución al momento de redactar estas breves líneas (20/09/2018).

Nótese que en este año 2018, por alguna razón, México, que había mantenido una cauta distancia con el CIADI desde su creación en 1965, dejó de tenerla: el 11 de enero del 2018 firmó la Convención de Washington que crea el CIADI y el pasado 27 de julio, optó por depositar su instrumento de ratificación (véase nota de CIARGlobal), pocas semanas después de las elecciones realizadas el mismo mes de julio del 2018.

 

(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

 

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Cambios en Tejido Social

Marlin Óscar Ávila

 

Acabo de leer que «lo que está en riesgo, más allá de nuestra economía, es el tejido social de un país que compartimos, que imaginamos y que construimos juntos y juntas.» Olman Briceño.

Aclaremos esto. Ha sido el tejido social que ha favorecido un imaginario que no fue el nuestro. El de las grandes mayorías, pero de minorías privilegiadas. Hemos venido construyendo relaciones estructurales de injusticia e inequidad fiscal. Tenemos una economía que nos va haciendo más y más pobres, mientras que a un pequeño círculo social, se le ha venido facilitando hacerse más y más ricos.

Por tal motivo, corremos los riesgos necesarios que nos permite conformar nuevos vínculos solidarios que nos permitan distinguir al similar de los disímiles… de quienes sufren iguales injusticias de aquel que se ha aprovechado de las decisiones unilaterales. El poder entregado por el Soberano debe ser para gobernar en favor del bien común.

Estamos seguros que está sucediendo un cambio en nuestro tejido social, pero para bien de Costa Rica y no para los círculos del poder tradicional.

Es este cambio el que queremos y por lo que sí queremos correr el riesgo.

 

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Por un Pacto Fiscal Democrático

Marlín Óscar Ávila

 

Lo que suena más en las discusiones de estos días de protestas por el Plan Fiscal establecido sin el consenso entre los sectores afectados e interesados, pero sí por un círculo político y económico, es la evasión del impuesto, las exoneraciones injustificadas y las llamadas pensiones de lujo. El Gobierno Ejecutivo parece haber tomado medidas de control y poco más de equidad en ésta última, lo cual está adentro de lo que es Inversión y Gasto Público.

Aún no satisfacen las políticas de Administración Tributaria y las Aduaneras y hay que revisar las del Gasto Público e Inversión.

Es decir, el proyecto debe cubrir los tres aspectos bajo principios de equidad y definitivamente, de justicia fiscal. Es la existencia de una injusticia fiscal que ha lanzado a la ciudadanía a las calles estos días. Se debe discutir en un dialogo multisectorial, no solamente la recolección de los impuestos, pero su misma distribución en inversión y gasto. Luego, definir políticas de transparencia e información para que se termine con los abusos y privilegios debajo de la mesa. Así, la ciudadanía estará infirmada del manejo fiscal y presupuestario.

La ausencia de democracia en definir conjuntamente estas políticas, bajo la excusa de una urgencia financiera, nos llevará a más tropiezos, atrasos y ojalá que no, a perder la confianza de nuestra institucionalidad costarricense.

Generar mayor y mejor inversión, conlleva a mejores empleos y elevación en la recaudación de fondos para inversiones sociales.

Es decir, se exige un gobierno abierto, transparente y democrático, con participación ciudadana. Algo que algunos partidos políticos en los poderes actuales no logran comprender.

 

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Crisis de los ochenta y situación fiscal actual

Greivin Salazar Álvarez*

 

A inicios de la década de los 80, Costa Rica sufrió los efectos de la peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial, que trajo como consecuencia el agotamiento del Modelo de Sustitución de Importaciones, el cual se caracterizaba por promover el desarrollo “hacia adentro” y suponía una participación muy activa del Estado en la regulación del mercado. Si bien, en sus inicios el modelo propició una bonanza en el crecimiento económico y el desarrollo del país, la proliferación desmedida de un estado paternalista desembocó en la consolidación de una economía poco competitiva.

En la década de 1970, el primer (1973-1974) y segundo (1978-1979) shock petrolero, golpearon fuertemente los mercados internacionales, provocando aumentos en los precios de las importaciones, la desaceleración de las exportaciones e incrementos en las tasas de interés. Para minimizar los efectos de estos shocks y para mantener las características propias del estado de bienestar costarricense, se recurrió a un alto endeudamiento externo que resultó ser insostenible. De esta manera entre 1981 y 1982:

  • El Producto Interno Bruto real se contrajo un 9,4% mientras que el per cápita lo hizo en un 14,3%, tardando este último alrededor de 10 años en recuperar el nivel previo a la crisis
  • La inflación acumulada para ese bienio fue de un 200%
  • La tasa de desempleo por poco se duplicó, al pasar de un 5,9% a un 9,4%
  • Situación similar sucedió con el nivel de pobreza, que ascendió de un 30,4% a un 54,2%
  • El tipo de cambio se incrementó en un 302%, al pasar de 9,56 colones por dólar, a 38,46
  • La tasa de interés activa (para agricultura y ganadería) pasó de 8% a un 18%

Los datos mencionados son un fiel reflejo de las complicaciones vividas en ese periodo, pero ¿qué implicarían esos ajustes en la actualidad? ¿cómo cambiarían las principales variables económicas y sociales actuales del país si se produjeran ajustes como los vividos en la crisis de los ochenta?

Significaría que en un periodo de dos años (ejemplos):

  • Por cada 100.000 colones que se recibe de salario, se pase a percibir 86.000 colones.
  • El precio, por ejemplo, del litro de leche, pase de 600 colones a 1 800 colones.
  • La cantidad de personas sin empleo se incremente de 205.141 a 326.835.
  • El tipo de cambio suba de 575 colones por dólar a 2.313.
  • La pobreza, pase de afectar a 305.231 hogares (1.092.403 personas) a 414.070 (1.523.552 personas).
  • La cuota del préstamo aumente de 12.400 colones por millón a 26.700.

¿Qué tan cerca se encuentra la economía costarricense en la actualidad de repetir una situación como la vivida en los ochenta?

Existe una diferencia de fondo muy importante entre la situación actual y la de inicios de los ochenta. La crisis de los ochenta significó el agotamiento de la forma en que la sociedad costarricense había decidido desarrollar la economía y repartir la riqueza (Modelo de Sustitución de Importaciones); en cambio, si bien en la actualidad existen algunos elementos del modelo de desarrollo que se deben enmendar (el aumento en la desigualdad, por ejemplo), no se puede decir que este se encuentre en decadencia, de hecho, no existe una vulnerabilidad externa tan marcada como la de cuatro décadas atrás.

En cuanto a similitudes, existen dos que se desean resaltar para los efectos de este artículo, por cuanto ambos casos se caracterizan por: a) la presencia de un fuerte deterioro en las finanzas públicas (alto y recurrente déficit fiscal, así como un elevado endeudamiento público) y; b), la postergación de las medidas requeridas para enfrentar la situación fiscal.

En relación con la segunda de estas, cabe indicar que durante la segunda mitad de la década de 1970 el aumento en los precios del café (la bonanza del café) mejoró el desempeño de la economía y le brindó un cierto respiro a las finanzas públicas. Asimismo, desde el 2011 el faltante de recursos del Gobierno Central ha representado siempre una cifra superior al 4% de la producción nacional; siendo que durante tres Administraciones Presidenciales (contando la actual) se han discutido en la Asamblea Legislativa diferentes iniciativas para reducir el déficit fiscal, sin poder concretarse ninguna.

Como conclusión, más que buscar ser alarmista, lo que se pretende con este artículo es reiterar el sentido de urgencia que existe en torno al tema de las finanzas públicas (la postergación de medidas no es una opción), pero sin olvidar que las reformas no deben recaer sólo sobre algunos sectores y mucho menos sobre los más vulnerables. Todos y todas tenemos una cuota de responsabilidad y tenemos que aportar de acuerdo con nuestras posibilidades ya que, si no se logra llegar a acuerdos pronto, podríamos tener una nueva crisis económica con consecuencias inciertas.

 

12 de setiembre, 2018.

*Observatorio Económico y Social, Escuela de Economía UNA.

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por UNA Comunicación.

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Frente a las acechanzas del régimen de la dictadura en democracia: estos son momentos de reflexión pero también de coraje y de lucha

Rogelio Cedeño Castro

 

La libertad no es un regalo que pueda venirnos de un Estado o jefe, sino un bien que se conquista con el esfuerzo de cada uno de nosotros y con la unión de todos«

Albert Camus

 

Cuando ha transcurrido una semana desde el inicio de la gran huelga nacional, organizada por una gran coalición de sectores populares de nuestro país, como un movimiento al que se trató de minimizar, y descalificar de mil maneras, desde el principio, acudiendo a las viejas tácticas totalitarias de la mentira y la calumnia reiteradas, en el mejor estilo del nazifascismo alemán, las que se han visto amplificadas por un poderoso aparato mediático, conformado por los grandes diarios y televisoras, junto con una gran cantidad de trolles de todo tamaño y pelaje, unas gentes que vomitan desde las llamadas redes sociales todo su odio, con posiciones cada vez más cercanas a un fascismo más ramplón, autoritario y desmedido, pero también con el uso de la mentira más descarada, la que no resiste la menor contrastación con los hechos.

Los discípulos del principal ideólogo del régimen de la dictadura en democracia, un cierto gobernante de cuyo nombre no quiero acordarme, un siniestro personaje para quien los problemas de la democracia no se resuelven con más democracia, sino con la intensificación de las acciones represivas, la manipulación mediática, la mentira convertida en verdad y el autoritarismo elitista, cuyas principales manifestaciones son el menosprecio al juego democrático, las posturas sabihondas para no dar participación a las mayorías en los procesos de toma de decisiones: nosotros los iluminados decidimos, y ustedes la canalla obedecen. Es por estas razones que la pesadilla del universo totalitario, a la manera del universo novelado de George Orwell a ratos, o a la de Aldous Huxley en otros momentos, en un estilo digamos que soft, se despliega para imponernos un modelo de sistema político y sociedad, cada vez más autoritarios: no nos engañemos, en esta gran huelga estamos peleando por una sociedad democrática de verdad, y por la concreción de un sistema político donde la protesta social y la legítima organización de los trabajadores no sean satanizados, ni convertidos en materia del código penal calificando de delincuentes a los ciudadanos que protestan, frente a los actos ilegítimos de unas elites y unos gobernantes que cada día se alejan más de realidad, para dar paso así al imaginario de una sociedad totalitaria, donde las gentes se conviertan en meros autómatas, verdaderas marionetas de sus juegos y ansias de dominación absoluta.

No contentos con todo lo anterior, están tratando de dividir y fracturar al gran movimiento popular costarricense, el que se expresó multitudinariamente en las calles de la ciudad de San José, durante la mañana del miércoles 12 de septiembre, recién pasado. Tratan de separar a las organizaciones sindicales del resto del movimiento, con falsas acusaciones de búsqueda de ventajas sectoriales, al mismo tiempo que acechan para darle el golpe mortal a lo que queda del viejo estado benefactor, el que apenas han tolerado desde la década de los cuarenta, pues se sintieron traicionados por José Figueres Ferrer, Rodrigo Facio y otros líderes de entonces, al concluir la guerra civil de 1948, por no haber abolido las garantías sociales y dejar establecido en la Constitución de 1949, el estado social de derecho(artículos 50 y 74 de esa constitución). Para la derecha fascista y totalitaria, la hora del asalto final ha llegado, aprendamos las lecciones de la historia: sepamos ser libres, no siervos menguados, lo que está en juego es la naturaleza del régimen político y el tipo de sociedad que queremos ser, esta no es una simple disputa por una reforma o paquete tributario, de números más o números menos. En conclusión: son tiempos que están marcando un peligroso parteaguas. Estemos atentos compañeros, en esta lucha contra un enemigo perverso y astuto como el que tenemos al frente.

 

Enviado por el autor.

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Voto al PAC

Marlin O. Ávila

 

Mi hijo me pregunta porqué criticamos al gobierno que elegimos la mayoría. Mi respuesta es que eso no significa darle un «cheque en blanco».

El presidente Carlos Alvarado sigue con nuestro apoyo general, aun cuando algunos de la oposición se quieran aprovechar de esta coyuntura crítica para su desprestigio.

Fue él quien decidió gobernar integrando a los demás partidos en su gestión. Ahora es él quien debe responder por sus resultados. Sabemos que le dimos el voto al PAC pero el presidente decidió colocar a Rodolfo Piza a la cabeza del Gabinete. Ahora, Piza parece ser quien define la política fiscal, después de la Asamblea.

Desde el fin de semana anterior observamos un cierre conceptual del proceso político desde el Ejecutivo. Sus pasos fueron denotando actitudes similares a los otros gobiernos centroamericanos, a excepción del nicaragüense, convertido en dictadura (los dictadores demócratas tienen una lógica, éste se sale de ella) Pero los gobernantes de Guatemala y Honduras siguen la misma lógica del actual en Costa Rica, ante las protestas sociales.

Nuestra policía, el miércoles por la noche actuó tal cual actúan las fuerzas represivas del gobierno hondureño. Eso no es solamente de investigar en sus hechos, sino en sus causas y saber si nuestra Policía está formada en escuelas similares a las de los países vecinos.

Como una persona educada en ciencias políticas, don Carlos Alvarado Q. debe saber que su prisa por aprobar un plan fiscal tenía altos costos sociales y políticos. Debió saber que esa crisis es herencia que el poder fáctico le dejó. Que adentro de su gobierno de unidad, hay jerarcas defendiendo los intereses de las élites económicas, cuyo liderazgo lo lleva su jefe de gabinete.

Ahora la sociedad trabajadora ha descubierto más favoritismos a la élite económica del cual se conocía hace una semana. Así que entre verdades y mentiras, se van descubriendo más privilegios, trampas y jugadas en que la institucionalidad tica ha venido participando y construyendo la injusticia fiscal, por años.

Ceder espacios para un diálogo multisectorial es propio de un gobierno verdaderamente democrático. De no hacerlo, aunque se vayan aprobando medidas parciales por injusticias evidenciadas, desde los circulos del poder (ahora al descubierto), Carlos Alvarado pierde una gran oportunidad de demostrar que no estuvimos equivocados al darle nuestro voto al PAC, pensando que es un político gobernando en beneficio de las grandes mayorías empobrecidas.

 

Enviado por el autor.

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