Greivin Salazar Álvarez*
A inicios de la década de los 80, Costa Rica sufrió los efectos de la peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial, que trajo como consecuencia el agotamiento del Modelo de Sustitución de Importaciones, el cual se caracterizaba por promover el desarrollo “hacia adentro” y suponía una participación muy activa del Estado en la regulación del mercado. Si bien, en sus inicios el modelo propició una bonanza en el crecimiento económico y el desarrollo del país, la proliferación desmedida de un estado paternalista desembocó en la consolidación de una economía poco competitiva.
En la década de 1970, el primer (1973-1974) y segundo (1978-1979) shock petrolero, golpearon fuertemente los mercados internacionales, provocando aumentos en los precios de las importaciones, la desaceleración de las exportaciones e incrementos en las tasas de interés. Para minimizar los efectos de estos shocks y para mantener las características propias del estado de bienestar costarricense, se recurrió a un alto endeudamiento externo que resultó ser insostenible. De esta manera entre 1981 y 1982:
- El Producto Interno Bruto real se contrajo un 9,4% mientras que el per cápita lo hizo en un 14,3%, tardando este último alrededor de 10 años en recuperar el nivel previo a la crisis
- La inflación acumulada para ese bienio fue de un 200%
- La tasa de desempleo por poco se duplicó, al pasar de un 5,9% a un 9,4%
- Situación similar sucedió con el nivel de pobreza, que ascendió de un 30,4% a un 54,2%
- El tipo de cambio se incrementó en un 302%, al pasar de 9,56 colones por dólar, a 38,46
- La tasa de interés activa (para agricultura y ganadería) pasó de 8% a un 18%
Los datos mencionados son un fiel reflejo de las complicaciones vividas en ese periodo, pero ¿qué implicarían esos ajustes en la actualidad? ¿cómo cambiarían las principales variables económicas y sociales actuales del país si se produjeran ajustes como los vividos en la crisis de los ochenta?
Significaría que en un periodo de dos años (ejemplos):
- Por cada 100.000 colones que se recibe de salario, se pase a percibir 86.000 colones.
- El precio, por ejemplo, del litro de leche, pase de 600 colones a 1 800 colones.
- La cantidad de personas sin empleo se incremente de 205.141 a 326.835.
- El tipo de cambio suba de 575 colones por dólar a 2.313.
- La pobreza, pase de afectar a 305.231 hogares (1.092.403 personas) a 414.070 (1.523.552 personas).
- La cuota del préstamo aumente de 12.400 colones por millón a 26.700.
¿Qué tan cerca se encuentra la economía costarricense en la actualidad de repetir una situación como la vivida en los ochenta?
Existe una diferencia de fondo muy importante entre la situación actual y la de inicios de los ochenta. La crisis de los ochenta significó el agotamiento de la forma en que la sociedad costarricense había decidido desarrollar la economía y repartir la riqueza (Modelo de Sustitución de Importaciones); en cambio, si bien en la actualidad existen algunos elementos del modelo de desarrollo que se deben enmendar (el aumento en la desigualdad, por ejemplo), no se puede decir que este se encuentre en decadencia, de hecho, no existe una vulnerabilidad externa tan marcada como la de cuatro décadas atrás.
En cuanto a similitudes, existen dos que se desean resaltar para los efectos de este artículo, por cuanto ambos casos se caracterizan por: a) la presencia de un fuerte deterioro en las finanzas públicas (alto y recurrente déficit fiscal, así como un elevado endeudamiento público) y; b), la postergación de las medidas requeridas para enfrentar la situación fiscal.
En relación con la segunda de estas, cabe indicar que durante la segunda mitad de la década de 1970 el aumento en los precios del café (la bonanza del café) mejoró el desempeño de la economía y le brindó un cierto respiro a las finanzas públicas. Asimismo, desde el 2011 el faltante de recursos del Gobierno Central ha representado siempre una cifra superior al 4% de la producción nacional; siendo que durante tres Administraciones Presidenciales (contando la actual) se han discutido en la Asamblea Legislativa diferentes iniciativas para reducir el déficit fiscal, sin poder concretarse ninguna.
Como conclusión, más que buscar ser alarmista, lo que se pretende con este artículo es reiterar el sentido de urgencia que existe en torno al tema de las finanzas públicas (la postergación de medidas no es una opción), pero sin olvidar que las reformas no deben recaer sólo sobre algunos sectores y mucho menos sobre los más vulnerables. Todos y todas tenemos una cuota de responsabilidad y tenemos que aportar de acuerdo con nuestras posibilidades ya que, si no se logra llegar a acuerdos pronto, podríamos tener una nueva crisis económica con consecuencias inciertas.
12 de setiembre, 2018.
*Observatorio Económico y Social, Escuela de Economía UNA.
Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por UNA Comunicación.
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