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Encontrar caminos para salir de la crisis obliga a remover los viejos esquemas

Miguel Sobrado

La pandemia del coronavirus ha provocado una recesión internacional que muchos compararan con la crisis de 1929. La mayor del siglo pasado, que desembocó en grandes transformaciones que rompieron estereotipos sobre el papel rector de la “mano invisible” del mercado en la conducción de la actividad económica y su ordenamiento social.

Como toda crisis, la actual nos obliga a repensar la actividad económica, la tecnología y las alianzas internacionales, buscando nuevas oportunidades y senderos que nos permitan reactivar, de forma sostenible, la vida económica y restablecer el balance del tejido social.

Retomar lo rural: territorial y local

Ya se han esbozado algunas propuestas importantes, que deben ser analizadas, pero sobre todo transformadas en proyectos operativos tales como el fortalecimiento de la lo rural, especialmente la agroecología, así como los encadenamientos en el ámbito de las economías locales. Es evidente con esta crisis donde se han resquebrajado los fundamentos de la globalización, que nuestra alimentación básica debe generarse en nuestro país, si no queremos renunciar a la soberanía. No hay que seguir pensando en consensos que se limiten a los viejos actores políticos, difícilmente de esos conclaves saldrá ideas que amplíen el horizonte. Es preciso recurrir a las grandes reservas de creatividad regional y local, ahí donde existen organizaciones y proyectos innovadores autónomos. Como lo he expresado en otros artículos en las zonas campesinas, especialmente cafetaleras y cacaoteras, se ha venido tensando el arco creativo, producto de una mejor educación y formación, encadenando actividades económicas y destacando el campo cultural y deportivo. Algunas de estas experiencias, como la del micro beneficio en el café han tenido premios internacionales. Dentro de ellas se destaca el premio dado por INTEL en 2014 a los jóvenes del colegio de Sixaola por encontrar con apoyo local la vacuna natural a la enfermedad la monilia del cacao.

Pienso que es fundamental invitar a opinar y participar en el establecimiento de senderos aportando su experiencia a estos sectores que constituyen la gran reserva nacional.

Romper con inercias del pasado

Por otra parte algunas medidas propias de “la guerra contra las drogas” vigentes en nuestro país como la prohibición de la siembra y explotación industrial de la mariguana, no tienen actualmente razón de ser cuando una docena de Estados norteamericanos la siembran y procesan legalmente con grandes dividendos y generación de empleo. Si estas medidas represivas las aprobamos en su momento para contribuir con el combate que tenían en los Estados Unidos contra ese cultivo, hoy en día deben ser revisadas frente al cambio de condiciones cuando la explotación industrial con fines médicos la ha transformado en una oportunidad.

Reorientar el turismo hacia el Asia que ha superado la pandemia

Estados Unidos y Europa, nuestros clientes turísticos tradicionales, tardarán todavía algunos meses en reponerse, mientras tanto la industria turística nuestra desfallece y no todos sobrevivirán al año 2021, donde se empezará, si todo sale bien, a recuperar el sector. Mientras tanto en Corea, Japón, Singapur y China, países que están superando exitosamente la pandemia, existe un gran mercado, potencialmente mayor hacia el cual podemos dirigir nuestros esfuerzos. No solo se trata de un gran mercado numérico, sino cualitativamente mejor dotado económicamente. Se ha estimado que un turista chino deja unos $4000 dólares por visita mientras los tradicionales dejan $1500.

Aquí hay que abrir la cabeza de nuevo porque el gobierno de Trump, ha desalentado nuestros contactos con China, como bien lo dijo el Ministro Pompeo durante su última visita a Costa Rica.

Pienso que no tenemos que entrar en conflicto con los Estados Unidos por abrirnos al turismo asiático. Es de interés común de la región estabilizar nuestra economía para que el resquebrajamiento del tejido social no sea aprovechado por la ruta de la coca para imponer el terror en las regiones pauperizadas, tanto fronterizas como costeras de nuestro país.

Imagen: http://agroecologa.org/costa-rica-y-la-agroecologia-una-practica-cotidiana-por-la-autonomia/

Un balance sobre políticas de apoyo solidario, afectación laboral y la participación ciudadana en tiempos de COVID-19

Licda. Marjorie Hernández Delgado

“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el arte de vivir juntos, como hermanos”. Martin Luther King

Esta frase de Martin Luther King, se adapta perfectamente a la situación actual que se vive en Costa Rica a raíz de la crisis sanitaria que atraviesa el país y el mundo entero causada por la pandemia COVID-19.

El forzado, pero necesario aislamiento y distanciamiento social, han provocado el aumento en el desempleo, generado subempleo y suspensión de contratos en el sector privado formal. En el sector informal los trabajadores han visto mermada en gran manera o prácticamente desaparecida su fuente de ingresos. Las personas que laboran de manera independiente también han sido muy afectadas con el confinamiento obligatorio bajo el llamado “Quédate en casa”.

Por su parte, el sector público también está sufriendo laboralmente las consecuencias de esta pandemia debido a que, el Poder Ejecutivo congeló el pago del aumento salarial anual aprobado para el 2020 según decreto #42121-MTSS-H-Mideplan, del primero de enero del 2020. Estos dineros se emplearán para cubrir en parte la emergencia. Además, está aplicando la Ley #9635, respecto a la eliminación de pluses y el congelamiento de otros componentes salariales.

Pero como si eso fuera poco, existen varias propuestas y proyectos de ley del Poder Ejecutivo que representan una verdadera violación a los derechos humanos, constitucionales y laborales de las personas trabajadoras ya que pretenden imponer un tributo “solidario” al salario de los trabajadores tanto del sector público como privado, que se rebaje a un 50% el salario de los empleados públicos y se elimine el pago del aguinaldo y el salario escolar. Respecto a este último ya se pronunció la Ministra de Planificación, Pilar Garrido en nota MIDEPLAN-DM-OF-0443-2020 del 16 de abril del 2020, quien después de realizar un amplio estudio sobre el origen del Salario Escolar concluyó que es un componente salarial que no pueden eliminar porque corresponde a un pago diferido y de hacerlo se debe indemnizar a todos los empleados del sector público o bien incorporarle ese monto al salario base y que el Estado no está en las condiciones económicas para hacerlo. Por eso se paga de esta manera.

Al ser una situación de emergencia nacional sin precedentes y de una afectación socioeconómica de gran magnitud, le corresponde al Gobierno de la República tomar las decisiones certeras y que se apliquen las políticas de acción eficientes y eficaces que permitan mitigar los efectos de la crisis, proteger a los trabajadores y a sus familias de manera sostenida durante y después de la emergencia, así como también se deben crear mecanismos de contención del desempleo.

Por esta razón, se hace indispensable establecer también mecanismos que permitan un apoyo integral, considerando no solo el pago de los servicios públicos, sino los créditos y tarjetas de crédito, debido a que no pueden dejar de recibir los servicios básicos. Pues de ser así, esto violentaría no solo sus derechos humanos y constitucionales, sino que rompería la paz social y afectaría todo el esfuerzo en materia sanitaria que se ha implementado para contener la propagación de la pandemia a nivel nacional.

Es necesaria la total transparencia (Constitución Política, Artículo 11: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad… La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes…”) y precisión en las políticas de apoyo solidario, las cuales se deben desarrollar según lo establece la Carta Magna que vela por el bien común, protegiendo a los más vulnerables y que además brinda el equilibrio que contribuye a la paz social de la nación, proporciona justicia social, tributaria y cubre a todos los habitantes del país.

Es relevante la participación de las personas ciudadanas en la toma de decisiones dentro de esas políticas públicas, sobre todo al tratarse de una crisis sanitaria que trae graves repercusiones a toda la población y porque es precisamente ésta la que sufre las consecuencias, no solo en materia de salud, sino en el área económica y social.

Esa trascendental participación ciudadana está estipulada en el Artículo 9 de la Constitución Política: “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el Pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí: El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias…” (Reforma del 1 de julio del 2003, publicado en la Gaceta N°146 del 31 de julio del 2003), por tanto, las autoridades gubernamentales deben trabajar en conjunto con la ciudadanía responsable, en la búsqueda de las soluciones por el bien común.

Por otra parte, la Constitución Política establece que se debe proteger la vida de todas las personas en el Artículo 21: “La vida humana es inviolable”. Pero salvaguardar la vida de las personas no solo se refiere al aspecto sanitario, sino que también es asegurar el suministro de alimentos y servicios básicos.

Sin embargo, en esta emergencia se han dejado de lado derechos muy importantes como lo estipulado en el Artículo 33: “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”, pues se han aprobado leyes que benefician a unos y desprotegen a otros, omitiendo que todas las personas ciudadanas tienen el derecho constitucional y humano a no ser objeto de discriminación o exclusión ya sea en materia tributaria, social, económica o de cualquier otra índole, sobre todo cuando se trata de la población con mayor riesgo social y económico, que además, no son los dueños de los medios de producción sino que contribuyen con su fuerza laboral a la dinamización de la economía nacional.

Es por esta razón, que el mandato constitucional debe ser respetado y ejecutado por el Gobierno de la República plenamente, para que se cumpla lo determinado en el Artículo 50: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza…” Es así como el Estado tiene la obligatoriedad de velar por el bienestar de toda la población en un ámbito de equidad, justicia social y tributaria.

Por tanto, la moratoria en el pago de los impuestos del IVA, Renta, Aduanas y Selectivo de Consumo al sector empresarial, violenta no solo la Constitución Política en sus artículos 21, 33 y 50, sino también la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas #9635. Además, la Regla Fiscal de esta ley amerita ser suspendida, pues es prioritario el destino de la mayor cantidad de fondos públicos a las transferencias sociales en momentos de recesión económica y de gran afectación en materia laboral.

En consecución a este tema, el pago de los impuestos por parte del sector empresarial, durante y después de la emergencia es de vital importancia para brindar sostenibilidad al erario y que no se desfinancien los fondos públicos con los que se debe hacer frente a la emergencia, pues estos se sustentan de los tributos que pagan tanto personas trabajadoras como los empleadores. La situación no se resuelve con más impuestos sobre la espalda de quienes subsisten de un salario, y que ya se están viendo sumamente afectados con la crisis, sino con el pago puntual y solidario de los tributos que ya existen, por parte de todos los actores de la sociedad.

En cuanto al Programa PROTEGER, es necesario asegurar no solo la puesta en marcha de este, sino su sostenibilidad, pero no a costa de los sectores más vulnerables y maltratados, sino con el verdadero apoyo solidario de los sectores económicamente más estables y fortalecidos: Las Grandes Empresas Territoriales, Los Grandes Contribuyentes y el sector Financiero Privado. Para tal fin se deben establecer estrategias de recaudación de fondos solidarios, con la finalidad de fortalecerlo y darle el soporte necesario durante y después de la emergencia, pero sobre todo restablecer el pago de los impuestos cuya moratoria beneficia injustamente al sector empresarial y recarga el peso de la crisis en el resto de la población, compuesta precisamente por los trabajadores, marcando aún más las desigualdades, discriminación e injusticia social y tributaria.

Finalmente, PROTEGER debe ser administrado dentro del marco de la transparencia y la Rendición de Cuentas según el Artículo 11 de la Constitución Política. Y esperamos que cuando esta crisis pase y podamos tratar de volver a la normalidad, no recibamos la desagradable noticia que una vez más los fondos públicos han sido saqueados y que los que menos recibieron las ayudas fueron los verdaderamente necesitados. Porque las autoridades deben recordar que un pueblo con hambre es una bomba con la mecha a medio encender y que la desigualdad ha acrecentado el malestar de la población día con día, que todos estamos en un mismo mar, en diferentes barcos, pero cuando hay una tormenta todos los barcos pueden naufragar.

“Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga”. Homero

 

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En tiempos del Coronavirus: una radiografía perversa

Promover desde las más altas autoridades la eliminación de estigmas y estereotipos negativos que puedan surgir sobre ciertos grupos de personas a partir del contexto de pandemia.
(Comisión Internacional de Derechos Humanos. Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Resolución 1/2020

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

Para un sector de la clase política actual, La Nación, Canal 7 y los ideólogos de la privatización, el pensionado del Magisterio Nacional es un “pensionado de lujo”. Es decir, un privilegiado y hasta un descarado que no tiene vergüenza de aprovecharse de obtener beneficios, para los que no ha cotizado, a costa de los impuestos que paga el pueblo. Es el enemigo número uno del pueblo y uno de los principales causantes y responsables de la crisis fiscal que padece el país.

Esta radiografía perversa, odiosa y mentirosa no ha logrado convencer a un pueblo inteligente que sabe que quienes así opinan son “lobos vestidos con piel de ovejas”. Los ricos que hoy se visten de pobres, siendo los principales responsables de tener al país en el noveno lugar de los países más desiguales del mundo, según datos del Banco Mundial del 2016.

Las razones de su riqueza mal habida sobran. Unos desfalcan bancos, como en el caso del ex presidente de la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP), el señor Samuel Yankelewitz, juzgado y condenado por deudas de 37 millones de dólares. Otros, como los empresarios del ALDESA, con el señor Javier Chaves a la cabeza -y esposo de la ex coordinadora del equipo económico del actual gobierno, la señora Edna Camacho, hoy premiada con un alto puesto internacional-, amasando y derrochando capitales a costa de los ahorros de pequeños y medianos inversores. Y otros, utilizando puestos políticos para obtener dividendos personales o para sus allegados, tales como el banquero y ex vicepresidente del gobierno liberacionista de doña Laura Chinchilla, el señor Luis Libermann, el gran cabildero del sector financiero, que gestionó para lucrar bajos impuestos de renta con intereses del 8% mientras los asalariados pagaban entre 15 y 30%, además deducir intereses de préstamos obtenidos en bancos del exterior, entre muchos otros beneficios, según lo denunció el expresidente del Banco Central, el señor Jorge Guardia. Por su parte, el ex canciller de la República, también liberacionista, el señor Fernando Naranjo, quien usufructuó de verdaderos privilegios como gerente del Banco Nacional, con un salario superior a los 19 millones de colones mensuales, a los que se suman dividendos anuales millonarios.

Sumen a la lista a los grandes empresarios que declaran cero ganancias al fisco, mientras explotan a sus trabajadores con salarios casi de hambre, que el actual ministro sin “cartera” y representante ante el sector empresarial, André Garnier Kruse, los considera demasiado elevados. Y entre ellos, otro banquero, el señor Leonel Baruch del BCT, que declara cero ganancias mientras presta casi 10.000 millones de colones a la mayoría de los principales partidos políticos de la contienda pasada, lucrando con la deuda política que pagamos todos los costarricenses, sobre los que deduce los intereses y se gana los cupones del bono. Y también patrocina a Canal 7 con el programa “Ayer y hoy en la Historia” de don Ignacio Santos.

Con qué cara se atreven estos señores y sus defensores, como doña Pilar Cisneros, entre otros, a lanzar ataques contra pensionados del Magisterio que apenas alcanzan a ser parte de una debilitada clase media, después de haber servido al país por 35 o 40 años, y en muchos casos continuar sirviendo, de manera voluntaria, después de pensionados; asimismo, haber cotizado hasta 6 tantos más que los cotizantes de la Caja, además de pagar puntualmente todos los meses de todos los años de servicio el impuesto de la renta como asalariados y pensionados, sin utilizar subterfugios para eludir esa responsabilidad ética y patriótica como mandar la plata a los paraísos fiscales. Además, continúan, después de pensionados, pagando las altas cuotas como si fueran asalariados y no pensionados, como una contribución solidaria para que las nuevas generaciones puedan llegar a disfrutar de una pensión digna. Asimismo, quienes sobrepasan el salario de un catedrático universitario, hacen un aporte solidario adicional que lleva a que las deducciones oscilen entre un 40% y un 55% de su salario bruto. Eso es SOLIDARIDAD, doble o triple. ¿A cuál asalariado de los que devengan salarios más altos del sector público o privado se le deduce más del 50%?

¿Quién en su sano juicio y con los pies puestos en la tierra firme del derecho y de la ética puede catalogar a un trabajador de la educación costarricense como “pensionado de lujo”? Se trata de personas que han sabido sacrificar una suma muy alta de su salario, y ahorrar lo suficiente para vivir una vejez digna. ¿Cuál aprovechamiento o descaro? Trabajo, trabajo honrado y ahorro, ahorro…Previsión con visión de futuro y solidaridad.

Esa perversa radiografía solo cabe en la mente de personas de mala fe, inducidas por el odio y la mentira a utilizar las armas más innobles de la manipulación y la violencia simbólica, para agredir a los trabajadores y pensionados del sector público, y hacer que el pueblo vea para otro lado. Buscan continuar presentándose como mansas ovejas, hoy vestidos como defensores de los pobres para hundir a los mismos pobres y a la clase media trabajadora y siempre solidaria.

Por dicha, tenemos trabajadores públicos y privados solidarios que, junto con un remanente de empresarios y políticos honestos y honrados, al igual que nuestros campesinos, han sabido ganarse el pan con el sudor de la frente, y por su nobleza y solidaridad este país ha logrado ubicarse en los primeros lugares en desarrollo humano en América Latina, Asimismo, en salud, seguridad social y educación ocupar un sitial de privilegio a nivel mundial.

 Este país, ejemplo en el mundo en esos aspectos, lamentablemente, es el mismo que ocupa el vergonzante octavo lugar entre los más desiguales del mundo, debido, en gran medida, a la mezquindad de los grandes evasores y elusores de impuestos del sector empresarial y financiero, así como a una clase política rentista y electoralista, que perdió la brújula de gobernar para el bien común.

Imagen: http://clif.in/2018/08/26/evasion-y-elusion-fiscal-hacen-de-america-latina-la-region-mas-desigual-del-mundo/

Se desvanece el cuadro de los diálogos con el ELN y una reseña de José Carlos Mariategui

Por, Carlos Meneses Reyes

Incansables defensores por la salida política y el fin al conflicto armado interno en Colombia de más de cincuenta años lanzan la Plataforma Defendamos La Paz (DLP), mediante Encuentro Virtual, llevado a cabo el pasado 17 de abril a las 10:00 horas, con positiva participación; concluyendo con Declaración redactada por el politólogo Álvaro Villarraga Sarmiento* y la cual fue aprobada.

Actividades como la realizada, acudiendo a la tecnología y superando el aislamiento por el Covid-19, reviven el sentimiento de búsqueda del fin del conflicto armado interno en Colombia, con saludable exposición de la actitud política del insurgente Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) ante el llamado del Secretario General de la ONU, Antonio Gutiérrez y el Papa Francisco, de un cese al fuego de los conflictos armados en el mundo, ante el grave impacto global de la pandemia para los pueblos.

Personalmente coincido con la idea y sentimientos expresados en la aludida Declaración.

No obstante, existen aspectos relevantes, que en tratándose de un planteamiento para la búsqueda alternativa de solución de conflictos, entre los cuales es avezado el Dr. Villarraga S, desdicen del factor de igual a igual nivel, de los contrarios en confrontación, que aspiran a la búsqueda de solución. Afirma la Declaración … que el gobierno de Duque ha hecho exigencias humanitarias validas tales como: que esta guerrilla deje de secuestrar y libere a todos los secuestrados… se abstenga de reclutar niños y niñas y no coloque en riesgo a la población civil con la siembra de minas antipersonal. Luego aclara: pero que la exigencia adicional de “cesar todas las actividades delictivas” no son coherentes; como quiera que son una organización levantada en armas…contra el Estado; para concluir: que esto sería motivo de la negociación…

En lo anterior radica el meollo de la cuestión. Avalar a un desprestigiado titular de gobierno, tanto nacional como internacionalmente, asomo de validez en la preocupación y defensa de los Derechos Humanos, resulta inadmisible. La exigencia unilateral del establecimiento oligárquico a la insurgencia del ELN, de dejar o abandonar la práctica del secuestro, constituye hacer eco de una muletilla de la dictadura mediática, para confundir el entorno de una salida negociadora. El planteamiento insurgente, en torno al secuestro, es su parangón de fuerza beligerante, sustentando que al igual que el Estado contradictor tiene presos políticos, ellos tienen retenidos. Esto no es gratuito y va acorde con el Derecho Internacional (DI) y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), que no califica el secuestro, individual, como un delito de lesa humanidad y reserva esa calificación para la toma de rehenes. De otro lado, muy lejos de ser válido que el ELN deje de reclutar niños y niñas. En innumerables documentos ha sido clara la insurgencia del ELN que ellos no “reclutan”. Parten del presupuesto de la preparación ideológica del insurgente y quien se alista lo hace voluntariamente. Sostienen en sus documentos, entrevista y proclamas, que a sus filas no llegan menores de 17 años. La edad mínima de reclutamiento prevista en el DIHU es de 16 años. Si de niñez se trata el Código Civil (CC) colombiano, alude a infantes, antes de 7 años de edad y niños (as) de 7 años de edad. En entrevistas, comandantes del ELN han explicado, hasta la saciedad, que situaciones particulares en medio de la confrontación ha hecho que recojan huérfanos o niños (as) abandonados. Que les dan un trato especial, conforme a los Estatutos de su organización. No puede ser avalado ese argumento gubernamental aludido en la Declaración, máxime cuando desconoce que el ELN recientemente ha liberado a una menor de 14 años en Arauca, que tenía en su poder, demostrando que estaba incurso en sus campamentos por haber sido utilizada por el ejército colombiano, para hacer inteligencia en las filas rebeldes. Además, con alusión a las Minas Antipersonal sembradas. Cierto, que no solo la insurgencia las utiliza. Existen denuncias de peso- que la Declaración desconoce- que el ejército también siembra minas antipersonales, que se dirigen a personas para que no transiten sobre ciertas zonas territoriales, que son precisamente sobre las que no tiene control el Estado colombiano, en desarrollo de la guerra sucia imperante en Colombia. La costumbre, siendo lo consuetudinario la principal Fuente de Derecho del DIH, no descalifica el uso de “armas primitivas”, “hechizas”, que son las que utilizan los insurgentes, como pueblo en armas. Esto es serio, de quilates, para que, en una Declaración de tanta valía e importancia en influencia en lo perseguido a alcanzar, pueda así gratuitamente dejarse, sin aclaración valida.

Ahora bien, en cuanto a que la exigencia adicional de “cesar todas las actividades delictivas” no son coherentes; como quiera que son una organización levantada en armas…contra el Estado; para concluir: que esto sería motivo de la negociación… Al respecto, agregar: No deja de ser esto un lenguaje pre romance, infortunadamente utilizado en la Declaración aludida. Sin descorrer el velo no se podrá llegar a un presupuesto confiable en el alistamiento de una Mesa de Negociaciones entre el Gobierno colombiano y el ELN. Las negociaciones con las antiguas Farc fueron de imperativos categóricos. A juzgar por los enunciados eso no va a suceder con el E.L.N.

No motiva la Declaración aludida sobre los 15 puntos que le presenta la organización insurgente al gobierno colombiano. En modo alguno son condicionamientos, puesto que precedieron a aclarar “el Cese es activo, porque nos reservamos el derecho a defendernos, ante los ataques que adelantan las fuerzas estatales, integradas por tropas regulares, paramilitares y bandas del narcotráfico”.

Tampoco toma en cuenta, la Declaración, las manifestaciones previas del Negociador Pablo Beltrán (Israel Ramírez Pineda), desde La Habana, para quien «El Gobierno es especialista en pedir, nunca se les ocurrió ofrecer nada» y desconoce la designación a Francisco Galán y Felipe Torres como Gestores de Paz, agregando: “nosotros no vamos a ver bien que ahora el Gobierno los nombre como su canal con el ELN». Como pasar por alto en la Declaración que no perteneciendo ellos actualmente al ELN no tienen juego político alguno.

Siendo que la decisión unilateral de cese al fuego por parte del ELN es un acto humanitario, la Declaración insta e insiste: “El ELN debe asumir las obligaciones humanitarias que le asisten, que implican cesar todo ataque contra la población civil y conductas que configuren al derecho humanitario”. Esta es una acusación que merece el derecho de réplica. En tanto, no insta la Declaración, en comento, al presidente Duque. Le recomienda, a buen augurio: “El presidente Duque tiene la responsabilidad histórica de retomar el proceso de paz que falta para hacer posible la “paz completa”, conseguir el cierre definitivo de la guerra interna y avanzar en la superación de la problemática situación en derechos humano y humanitaria”.

Por último, la Declaración pasa por alto que el ELN propone retomar las Conversaciones que están rotas desde enero de 2019, “convocamos al Gobierno de Duque, a reunirse con nuestra Delegación de Diálogos presente en La Habana, para concertar un Cese el Fuego Bilateral y Temporal”

Pareciere entonces que no se valorara el paso dado por el ELN, que pese a todo desconocimiento continúa insistiendo y mantiene a los Delegados en La Habana. Esto por cuanto aparenta no destacar la importancia que sea el gobierno al que le corresponde acoger similares iniciativas.

Así las cosas, planteadas, resulta difícil tener que aceptar que los diálogos de paz entre el Gobierno y la guerrilla del ELN, no están a la vuelta de la esquina.

Pero no desfallezcamos que son años los llevados y acostumbrados a estos sin sabores de la política nacional.

* “Estamos seguros de que ha llegado, una vez más, el momento de hacer de la paz un propósito nacional” Álvaro Villarraga Sarmiento, director de la Fundación Cultura Democrática e investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica, antes de la actual administración de sesgo militarista.

RESEÑA A LOS 90 AÑOS DE FALLECIMENTO DE MARIATEGUI

José Carlos Mariátegui, el Amauta de América. Peruano, nació en 1894 y falleció el 16 de abril de 1930. Amauta, órgano que Mariátegui había fundado en 1926, anunció “El proletariado acaba de perder a uno de sus mejores guías, uno de sus más calificados portavoces […] Muere en su fe materialista. Muere encarecidamente perseguido como todo militante leal a la causa de la emancipación del proletariado […] Mariátegui, su memoria, su vida, su obra, pertenecen al proletariado. El reivindica para sí esta herencia. Sabrá defenderla de toda mitificación interesada, sabrá elevarla con el valor digno del hombre y del maestro […] Su vida es nuestro ejemplo, su obra, una inquebrantable afirmación, su cadáver, una protesta”.

La revista Amauta resumía el ideario socialista del marxista latinoamericano, agregada a la tradición y visión cosmogénica del indígena latinoamericano. No erigió la figura del indígena en el estudio económico-social, sino en el entorno de la lucha de clases; en el conjunto de contradicciones capitalistas de concentración latifundista y despojo bárbara de tierras. Con esa revista desempeño una labor pedagógica, aunada a reflexiones sobre el arte, la política y la tradición indígena latinoamericana. Abogó el compromiso de los sectores, magisteriales, intelectuales, para la construcción del porvenir de las naciones, bajo la indoblegable égida de la ideología del proletariado. Mariátegui jamás concibió el emplazamiento de su concepción de ser la clase obrera el motor de y para la revolución socialista.

José Carlos Mariátegui, jamás desplazo o relegó la función de conducción de ideología de la clase obrera y emplazo el papel de las demás clases sociales en el rol común de construcción hacia los programas socialistas en Latinoamericana. Concibió la formación y la disciplina socialistas como una mística. Estos dos presupuestos lo erigen como el pensador del Socialismo del Siglo XXI y/o socialismo latinoamericano, bolivariano y en el fundamento de la Teología de la Liberación en el impulso del Hombre Nuevo.

Y después del Covid 19, ¿cuál es el camino y las tareas? No del gobierno, sino en principio de los ciudadanos conscientes y organizados

Jorge Hernández V.

Contexto

Este período de enfrentamiento a la pandemia del Covid-19 nos ha revelado muchas verdades. Hemos tomado conciencia de que tenemos un sistema económico basado en la explotación de las masas, la acumulación de recursos, riqueza y la degradación del ambiente. Se han desnudado las limitaciones del modelo capitalista neoliberal de mercado que se desarrolla sobre las bases de la extracción, de la desregulación, la privatización y la fuerte contracción de los servicios sociales del Estado. Además, la etapa actual del capitalismo se caracteriza por la eliminación de los derechos de los trabajadores y el auge de multimillonarias corporaciones, empresas nacionales y transnacionales con un enorme poder de cabildeo e influencias políticas. Ese es el mismo modelo que azota nuestro país. Aquí esas empresas y corporaciones quieren mantener su presión sobre el Estado Costarricense para promover legislación y un camino de desarrollo conveniente a sus intereses y prioridades. Los ejemplos más recientes de este tipo de acciones en legislación y en el dictado de un camino son el plan fiscal, la ley anti huelgas, la legislación para despedir empleados, terminar contratos laborales y reducir jornadas, iniciativas todas recientemente aprobadas. También se elaboran planes de rescate que significan una enorme transferencia de riqueza y poder a los ricos de parte del resto de la población (mantener altas tasas en las tarjetas de crédito, condonar deudas con la CCSS). Todo esto ocurre bajo la excusa de que se está ayudando a la población ante la pandemia.

Las fuerzas del mercado y la propaganda no han podido enfrentar esta crisis a ningún nivel ni en ningún país. La verdad es que las instituciones públicas que creamos como país, antes de que se implantara el modelo neoliberal, son las instituciones que hoy nos han permitido palear la crisis de salud y servirán para enfrentar la crisis económica que se nos viene. En primer lugar la emergencia la hemos tenido que enfrentar esencialmente con fondos públicos y con dinero de los trabajadores. También encontramos al frente de esta lucha a instituciones públicas que esas corporaciones, el sector financiero y empresas privadas han tratado de debilitar y destruir durante varias décadas. Entre esas tenemos el ICE que ha colaborado de manera importante en transformar una estructura existente en la CCSS en un hospital especial para pacientes del Covid-19. También ha fortalecido y ampliado las comunicaciones y los servicios digitales para un más eficiente manejo de la crisis, incluyendo la ampliación de cobertura y comunicación en zonas indígenas. La CCSS y el MS son otras dos instituciones públicas que han eficientemente tomado el control de toda la emergencia de salud, con una organización, una infraestructura y un personal de alto nivel. La primera se ha encargado de coordinar todo el plan de trabajo y la segunda ha tomado en mayor medida el manejo de los pacientes y del seguimiento de los infectados. Sobre estas dos instituciones ha caído buena parte del trabajo generado por la pandemia. Otras instituciones como el CNP y la FANAL han trabajado con eficiencia en la fabricación y distribución de insumos de tipo médico. También en la promoción de la producción y distribución de alimentos. Las instituciones de educación superior (TEC, UCR, UNA) se han incorporado al trabajo con el diseño y fabricación implementos médicos y medicamentos para el autoabastecimiento de los mismos. El INA incentiva y produce alimentos para las instituciones de bien social. La CNE ha trabajado enormemente en la logística de las ayudas a todo nivel. Todo esto nos lleva a entender que las instituciones que han sido., aún hasta el día de hoy, atacadas por esas fuerzas neoliberales, son las que se han convertido en esenciales para hacer frente a la situación y darle respuesta a las necesidades primarias de los seres humanos que vivimos en este país.

Con este panorama claro y habiendo constatado día a día el trabajo de estas instituciones, los trabajadores y organizaciones sociales de este país tenemos un enorme desafío. A pesar de las amenazas, de la ley anti-huelgas, de la situación precaria, el pueblo en general debe decidirse a protestar contra el abuso de los empresarios de Uccaep, el capital financiero y contra las televisoras (canal 7), periódicos (La Nación) y las radioemisoras que los respaldan. Protestar desde su casa, su whatsapp, su acera, su calle, su vecindario, su pueblo, su cantón o su ciudad. Hay que exigir que se escuche al pueblo y que se atiendan nuestras propuestas y el camino que queremos. De esta crisis debemos volver no a lo mismo de antes, debemos volver a ser mejores, menos egoístas, más solidarios, más propositivos, más conscientes, más politizados y más proactivos para cambiar el modelo de Estado Neoliberal y rescatar de una vez por todas lo más valioso del Estado Social de Derecho.

El camino

Tenemos que imaginarnos un mundo y un país diferente. Los ciudadanos debemos, a partir de las lecciones aprendidas, orientar nuestras acciones y nuestra ahora exigida participación política para promover nueva legislación, nuevas acciones y el trazado de un nuevo camino para la sociedad costarricense. Debemos buscar una sociedad menos rica en dinero y posesiones para unos pocos, pero más rica en salud, educación, solidaridad, en soberanía, equidad, igualdad y paz para todos. Ya sabemos que eso es lo realmente importante. Para iniciar este nuevo camino debemos en primer lugar sacar a la mediocracia de nuestros empresarios, de los poderes ejecutivo, legislativo y hasta judicial (1-Deneault). El mediocre representa el promedio, ajustado a un estándar social, un conformado. Este es el distintivo de nuestro sistema social actual en donde el individuo debe ser promedio, ni muy incompetente como para ser disfuncional, ni tan competente como para llegar a tener una buena conciencia crítica. Aquí la invasión de las normas empresariales destruye a los individuos y los somete al sistema. Esta mediocridad reina en el personal de las empresas neoliberales así como en los niveles de autoridad de los poderes de la república. La mediocracia desmantela la soberanía del Estado a favor de las corporaciones multinacionales (1-Deneault).

No debemos tener un Estado reverente ante instituciones como el FMI y el BM, no podemos seguir con sus recetas de estabilización económica, pérdidas crecientes de empleos y menos gasto social, liberalización comercial unilateral, monocultivo, extractivismo y destrucción del Estado con la privatización de bienes públicos como la salud, la educación, la seguridad social y de vivienda y la inseguridad alimentaria, la destrucción de las recursos naturales, autoritarismo, corrupción y sobreendeudamiento (2-Cepal).

Para dirigir el Estado que necesitamos es hora de que los ciudadanos exijamos en los puestos de autoridad y liderazgo a las personas más competentes y mejor preparadas para esas tareas, y emprender un nuevo camino orientado al bien de la colectividad. Por esto y para esto necesitamos, no un Estado de mediocres y debilitado, como quieren los neoliberales cobijados en UCCAEP, sino un Estado fuerte, con poderes, y orientado a trabajar por esa colectividad, un Estado que tenga como centro de nuestro esfuerzo colectivo el ser humano y no el enriquecimiento de unos pocos. Esto lo tenemos que exigir a toda costa.

Los ricos y los poderosos en este país posiblemente se resistan a perder sus privilegios y todo lo que el neoliberalismo les ha dado, pero evidentemente sus opciones de mantener esos privilegios se han reducido sustancialmente, y se acoplan a la nueva etapa con dignidad e inteligencia o deberán forzadamente verse involucrados en fuertes enfrentamientos sociales a los que no quisiéramos tener que llegar.

Las tareas

Y hacia donde nos debemos dirigir. Lo que sigue es un esbozo de las muchas áreas y tareas a las que tenemos que abocarnos y que la ciudadanía consciente debe apoyar. Por ahora el gobierno intenta poner la carga de la crisis económica en el sector público y en soslayar conquistas sociales y económicas de muchos años. Los protegidos de UCCAEP saben que si no le cargan toda la factura al empleo público y a la reducción del gasto público (lo que ha hecho el gobierno hasta hoy) tendrán que pagar impuestos y contribuciones adicionales. Pero dinero para la enfrentar la crisis existe en muchos otros estratos como veremos más adelante, así como propuestas innovadoras.

Este nuevo camino y este Estado necesario, que los ciudadanos debemos ahora exigir desde cualquier trinchera, debe desarrollarse en diferentes frentes y en temáticas que profesionales dignos y muy competentes, en el sentido de Deneault, ya han propuesto a la comunidad nacional. Intentamos aquí ser congruentes con la idea de abolir la mediocracia de los empresarios y del Estado. Esbozamos a continuación esas propuestas que la ciudadanía debe exigir para establecer el nuevo camino según lo proponen esos competentes y dignos profesionales costarricenses.

Sistema de salud pública

El sistema de salud pública (Ministerio de Salud y CCSS) debe fortalecerse aún más. Será necesario iniciar un camino firme para lograr cerrar la evasión de pagos a esa seguridad social y continuar en la vía de disminuir y acabar con la morosidad. Organizaciones sociales como FRENASS (Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social) deben recibir el apoyo de todos los costarricenses. Debemos todos juntos frenar cualquier intento de privatización de los servicios de salud.

Privatizaciones y seguridad social

Las privatizaciones de lo público y lo estatal deben detenerse de inmediato. Instituciones claves no pueden ser privatizadas bajo ningún criterio (MS, CCSS, CNP, FANAL, RECOPE, JAPDEVA, MEP, universidades públicas, fuerza pública, investigación primaria, el transporte público, las ferias del agricultor). Debemos, además rediseñar y hacer más eficientes instituciones encargadas de redistribución de la riqueza, y de la promoción social (IMAS, PANI; INAMU, INDER; DINADECO, RECOPE).

Deuda política

La deuda política para el 2018 fue de 25.000 millones de colones. Se propone reducir en un 66% la deuda política para redestinar esa enorme cantidad de dinero en parte a la emergencia inmediata, pero también a otras acciones como el mejor resguardo de fronteras y de mares y otras prioridades de seguridad nacional (3-Barahona).

Economía

– Zonas francas y exoneraciones

Se ha indicado que el beneficio neto de las zonas francas fue de 3.179 millones de dólares anuales (2011 a 2015) que es cerca del 6% del PIB, y sobre eso NO PAGAN impuesto de renta, y desde Julio del 2019 tampoco pagan IVA. Se sugiere que un impuesto de 9% para las zonas francas -que parece inclusive ha sido recomendado por el OCDE Y el FMI-pondría buen dinero a disposición de las instituciones encargadas de la crisis, cerca de 286 millones de dólares (4-Ordoñez).

– Sistema financiero

Evidentemente tenemos una enorme necesidad de regular el sistema financiero para que los costarricenses no sigamos regalando los frutos del trabajo a los banqueros usureros. Nuevamente se indica de parte de profesionales del país que pongamos coto, para proteger a la población y la riqueza que generan los trabajadores, a las tasas de usura de las tarjetas de crédito, A octubre del 2019 los ticos le adeudan a los bancos y banqueros 1.4 billones de colones o sea un 4.51% del PIB. Es casi una obligación moral ponerle un impuesto de solidaridad a estos entes bancarios. Solo una baja al 38% en las tasas permitiría a los ciudadanos no endeudarse más y contar con 10.000 millones de colones mensuales para sobrevivir a esta crisis (4. Ordoñez)

Otros profesionales muy competentes del país han dado su aporte en el tema económico. En esas propuestas se dejan de lado los planteamientos de la ortodoxia económica, los cuales permanecen atrapados dentro de las redes de sus conocidos prejuicios ideológicos. Los planteamientos de la UCCAEP y sectores afines, sumamente cercanos a los de esa ortodoxia, no son considerados, dado el carácter estrechamente gremialista, el tono ideologizado y el énfasis negativo que les caracteriza. (5-Vargas). Se presentan propuestas con un tono innovador y constructivo, y que asumen una perspectiva amplia.

La economía local

Vargas sugiere un gran esfuerzo nacional y estatal para reducir al mínimo los efectos económicos de la crisis (preservar los empleos, apoyar de forma especial a las micro, pequeñas y medianas empresas, a la economía social y solidaria, con apoyo a las personas pobres y más vulnerables, y a quienes se quedan sin empleo. Ese esfuerzo implica:

– elaborar con rapidez un programa de recuperación de la economía y el empleo

-También se propone crear un Fondo Nacional de Solidaridad Social para atender y aliviar los efectos sociales y humanos del desplome de la economía. Para esto se pide: aprovechar la baja de precio de los hidrocarburos trasladando esos dineros al fondo de solidaridad, unos 7000 millones mensuales. Adicionalmente se propone un recargo temporal solidario (gradual y progresivo), un impuesto sobre la renta a ingresos del trabajo como a ganancias de capital, impuesto a casas de lujo y automotores (se estima en 20 000 millones anuales). Además, se incluye el programa proteger al que irían los dineros indicados en los puntos anteriores. (5-Vargas).

A nivel internacional se propone de manera agresiva acceder a diversos organismos internacionales con financiamiento en condiciones muy favorables, así como el postergar pagos de la deuda externa, todo esto para auxiliar a las personas y mantener estabilidad cambiaria. Igualmente se podría postergar el pago de intereses de la deuda interna. (5-Vargas)

Pago de intereses y ahorro

Se propone la intervención del Banco Central en los mercados secundarios de la deuda pública para reducir las tasas de interés de los bonos del gobierno y liberar recursos para aliviar la situación fiscal y financiar tareas más urgentes. Reducir las tasas en 3 o 4 puntos significaría un ahorro de cerca de 600 mil millones de colones al año. (5-Vargas)

Producción de alimentos

Para eliminar el maltrato constante y mal intencionado contra el productor nacional, Vargas plantea que en este momento de crisis es impostergable el poder contar con alimentos sin depender tanto de los mercados extranjeros. Este apoyo estaría reforzado por un CNP orientado a comprar y redistribuir parte de esa producción nacional. Parte de los recursos financieros que se logren en el extranjero se destinarían a crear un fondo de subsidios (se sugiere unos 50 mil millones de colones) a pequeños productores para promover la producción alimenticia, así como promover la producción de alimentos básicos, agrícolas, pecuarios y de mar. Esto requeriría readecuar deudas de los productores, garantizar canales de comercialización de productores a consumidores, sin los distorsionantes intermediarios, garantizar el acceso a los insumos requeridos para el normal desenvolvimiento de la producción, y finalmente que el Estado garantice la compra directa, por medio del Consejo Nacional de la Producción. Una parte de la producción (podría ser alrededor de un 20%), se entregará como subsidio alimentario a las familias más pobres. (5. Vargas)

También se incluye en las propuestas de nuestros competentes profesionales un Programa de recuperación económica que implica un:

Compromiso patriótico: acordar un ambicioso programa de recuperación económica para recuperar la economía y el empleo,

Fondos externos: de los recursos provenientes de fuentes de financiamiento externo a las que se pueda recurrir, más los fondos ya disponibles (incluidos los $1.500 millones obtenidos mediante la emisión de eurobonos) y una vez cubiertas las necesidades perentorias, se reservarán los recursos posibles para financiar un amplio programa de inversión pública (4-5% como proporción del PIB).

Acuerdo nacional: en la ejecución de obra pública, se debe avanzar en un gran acuerdo nacional, que permita simplificar al máximo los procesos y trámites, incluyendo un compromiso explícito, tanto por parte del sector público como del privado, para no interponer obstáculos a esos procesos.

Prioridades: se priorizarán proyectos de fácil ejecución que generen muchos empleos y que de manera explícita procuren incorporar a las mujeres y favorecer las regiones más empobrecidas y rezagadas del país. Por ejemplo, para la reparación, ampliación y mejora de centros educativos; clínicas y dispensarios de salud; reparación de calles, carreteras, aceras, puentes, parques y espacios públicos, entre otras posibilidades (5. Vargas).

A largos plazos: tener un amplio programa para relanzar la infraestructura y la productividad, con prioridades en áreas como: energías alternativas; acueductos; transporte público; tratamiento de aguas residuales y recuperación de ríos contaminados; fibra óptica; un programa nacional de vivienda que, mediante avales y subsidios, le dé acceso a casa propia a familias cuyos ingresos se ubiquen por debajo del percentil 70; laboratorios de investigación en universidades públicas, comprometidos con la generación de conocimiento y tecnologías que favorezcan a micro y pequeñas empresas, cooperativas, emprendimientos sociales y solidarios y, en general, empresas de capital nacional. (5. Vargas)

La estructura de impuestos y la situación fiscal

Si realmente existe el propósito de que el reparto sea justo y equitativo, para ello debemos recurrir a un esquema progresivo de impuestos y subsidios, mediante un recargo temporal a algunos impuestos, y, quizá, la aplicación transitoria de otros tributos actualmente inexistentes. Que los recargos tributarios sean progresivos significa una cosa: lo pagarán quienes puedan pagarlos, y pagarán más quienes más capacidad de pago tengan, sin hacer ningún distingo entre lo público y lo privado. Se enfatizarán los ingresos, rentas y patrimonios personales y familiares, y solo accesoriamente la actividad empresarial. (6. Vargas)

Además, dentro de una reforma tributaria progresiva que alimente un Fondo Nacional Solidario y algunas otras necesidades urgentes debemos incluir:

– Recargo progresivo a los salarios netos suficientemente elevados, tanto en el sector público como en el privado. Podría ensayarse una escala progresiva de este tipo: 5% por encima de ₡1,5 millones mensuales; 10% por encima de ₡2,5 millones; 15% por encima de ₡5,0 millones; 20% por encima de ₡6,0 millones; 25% por encima de ₡10,0 millones.

– Recargo del 10% en el impuesto sobre la renta a empresas grandes (el cual, lo pagarán solo las empresas que tengan ganancias.

– Recargo progresivo al impuesto sobre rentas y ganancias de capital. Podrían establecerse cuotas marginales en el orden del 20, 25 y 30%, para montos lo suficientemente elevados, de modo que los pequeños ahorristas y propietarios queden protegidos.

– Incremento de un 50% en los impuestos de consumo sobre bebidas alcohólicas, cigarrillos, perfumes importados, u otras formas de consumo suntuoso o prescindible.

– Incremento temporal, durante el año 2020, del impuesto sobre autos de lujo, o cualquier otro tipo de vehículo de transporte (yates, helicópteros, etc.) de tipo suntuario. Podría ensayarse una escala de este tipo: 5% por encima de ₡10 millones; 7,5% por encima de ₡20 millones; 10% por encima de ₡50 millones.

– Incremento temporal, durante 2020, del impuesto sobre casas de lujo. Por ejemplo: un incremento del 50% en todas las tasas actualmente vigentes de este impuesto, para casas cuyo valor exceda de ₡1.978 millones de colones, cuya tasa hoy día es del 0,55%, pagarían un 0,825%).

– Impuesto del 0,5% sobre cualquier transacción en divisas (a fin de desestimular la exportación de capitales). (5. Vargas).

Energía

El bajo precio del petróleo no debe ilusionarnos. Hay que reemplazarlo como combustible y paulatinamente pasar a los vehículos eléctricos y de otras energías alternativas. El cambio debe impulsar el transporte público, importar buses eléctricos o de energías alternativas y si las empresas privadas, no pueden o no quieren, las rutas se pueden concesionar a cooperativas o gobiernos locales. También hay que recordar que el asfalto es derivado del petróleo, de tal manera que podríamos nacionalizar el cemento para construir calles y carreteras de cemento generando trabajo y desarrollo local.

ICE

Es imperante fortalecer al ICE en sus ámbitos de generación de energía y telecomunicaciones Es hora de liberarlo de las amarras de contratos leoninos que le obligan a comprar a las generadoras privadas a precios de capricho, sin necesidad. Debemos, además, permitirle que participe en la construcción de obras pública como en el caso de Cenare. La investigación en y la producción de energía renovable debe ser respaldada ampliamente.

¿Y Cómo organizar todo esto?

Dijimos en el inicio que todo lo propuesto debe ser apoyado desde la ciudadanía consciente y organizada, para obligar al gobierno. Es la ciudadanía organizada desde lo local, lo provincial y nacional la que debe exigir al gobierno sobre estas propuestas para reconstruir el país. La lucha del TLC y lucha contra el combo del ICE nos enseñó que debemos articular el tejido social, pero no al nivel de acuerdos de cúpulas de movimientos sociales (sindicales, ecologistas), sino articulando los movimientos desde las necesidades locales, buscando reunir la institucionalidad pública desde lo local sin depender de las élites políticas y económicas (7. Castro).

El gobierno tiene el deber de escucharnos, pero primero tiene la palabra el pueblo de Costa Rica.

  1. https://elcultural.com/alain-deneault-la-mediocracia-es-la-antesala-de-una-revolucion
  2. www.elpais.cr/2020/04/07 cepa-urge-nueva-lectura-de-la-crisis/
  3. www.larevista.cr/pablo-barahona-propuestas/
  4. www.informa-tico.com/31-03-2020/másimpuetos-salarios-grupos-exonerados-ganancias- banqueros-usura
  5. https://soñar-con-pies-en-la-tierra-blogspot.com Costa Rica: Apuntes para un Programa

 Económico urgente frente a la crisis del Covid.19.

  1. https://soñar-con-pies-en-la-tierra-blogspot.com Opciones frente a la Crisis Económica.
  2. https://www.larevista.cr/mauricio-castro-como-nos-repensamos-de-cara-a-un-bicentenario-que-nadie-imagino/

A estas propuestas podemos agregar contribuciones de otros profesionales dignos que sean diferentes a la línea de gobierno y fuera del paradigma neoliberal.

 

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Del Pacto Social y Político de 1943 al Pacto Social y Político del Bicentenario, 2020

Vladimir de la Cruz

En general partimos de que la vida política es constantemente resultado de pactos políticos, entre los diversos actores políticos y sociales. Igualmente consideramos y sabemos que esos actores cambian constantemente. Unos son fijos por un plazo corto, mediano o largo. Otros son tan volátiles como para realizarse de manera ad hoc, para una cosa concreta, y solo para esa, quedando en libertad los actores de actuar en todo lo demás, al margen de lo pactado.

La vida en general es también resultado de esos “pactos”, desde las relaciones familiares, de noviazgos, de uniones de parejas y matrimoniales, de padres e hijos, de las relaciones sociales que establecemos con otras personas o familias, de las relaciones laborales, las de la convivencia pública y privada, los relaciones reguladas por las normas usuales, tradicionales, de comportamientos sociales y privados, y de trato social aceptadas, al igual que todas las relaciones jurídicas y normativas que realizamos son expresión de esos “pactos”. Estos “pactos” son firmados para cumplirse, hacerse valer y respetarse. Otros son contratos realidad, de la realidad que se aceptan y se respetan tanto, como los firmados.

Durante la “cuarentena” impuesta por la presencia del coronavirus muchos “pactos” se han realizado en todos los hogares, en todas esas dimensiones apuntadas, para regular de mejor forma la presencia inevitable, diaria, de todo el día y toda la semana, de los distintos miembros de las familias, sobre todo cuando los espacios habitacionales son reducidos. Hasta con las “mascotas” han tenido que hacerse “pactos” de convivencia en aquellos hogares que se tienen.

Sin embargo, hay tendencias, y muy fuertes, en la vida actual, de satanizar todos los pactos, especialmente los políticos, cuando es lo normal y lo correcto que se produzcan.

No hay gobiernos “puros”, ni políticos “puros”, ni partidos políticos “puros”. Gobiernos, políticos y partidos expresan y reflejan relaciones políticas, económicas y sociales de distintos grupos existentes en la sociedad, como de personalidades propias de cada Gobierno y de cada partido.

Gobiernos, dirigentes políticos y partidos políticos hasta se han definido históricamente ligados a clases sociales, a las clases trabajadoras y obreras, a las campesinas, a las clases medias, a las clases empresariales de distinta naturaleza, a las oligarcas, aristocráticas y plutocráticas, y hay quienes también ligan a estos gobiernos, a los líderes políticos y partidos a grupos mafiosos, narco mafiosos, como nuevas expresiones de la realidad que vivimos.

De ello también resultan los gobiernos monárquicos, las monarquías parlamentarias, así como los gobiernos fascistas, dictatoriales, autoritarios, populistas y obviamente los llamados gobiernos republicanos y democrático representativos.

Hoy ya casi no se establecen las divisiones existentes, antes de 1990, entre gobiernos capitalistas y socialistas ni entre sistemas políticos económico socialistas y capitalistas, con sus variantes. No ha desaparecido del lenguaje la crítica al capitalismo pero poco hay a favor, al menos en Costa Rica, en el lenguaje, hacia el socialismo, que parece más una nebulosa que otra cosa en términos inmediatos.

La poca existencia de un reducido grupo de países socialistas, y la caída del Sistema Mundial Socialista que existió hasta 1990, hizo caer al interior de cada país a las fuerzas representativas de esas corrientes políticas, provocando en mucho que el Socialismo sea hoy una “utopía”, más que una realidad posible inmediata. Ni hay partidos políticos que se abanderen con el Socialismo como meta a conquistar en el país, ni hay un solo país “socialista” que sirva de modelo para “imitar”, como se hacía con la Unión Soviética por los partidos comunistas.

Las reglas de relación entre todos estos actores políticos y sociales son las que aseguran la convivencia política, la seguridad institucional, y de alguna manera las “mejores” políticas y acciones institucionales que se tomen para lograr el mayor bienestar y la mayor felicidad posible de todos los ciudadanos, del pueblo.

Lo usual son los pactos políticos que resultan de la aprobación de leyes en el Congreso, antes de 1948, y en la Asamblea Legislativa desde 1948 hasta hoy.

El Derecho y las leyes son quizá la mejor expresión de esos “pactos” cotidianos, como expresión de la voluntad popular expresada por medio de los representantes populares en la Asamblea Legislativa, nos gusten o no las leyes que aprueban.

La forma suprema de estos Pactos políticos son las Constituciones Políticas. El último firmado en Costa Rica es el de 1949, con la Constitución actual.

Hay corrientes y movimientos, en las que me he apuntado, que consideran que es necesario avanzar a un nuevo proyecto constitucional, que produzca un nuevo Pacto político, una nueva Constitución Política. Pero, en este momento, en la crisis que atravesamos impuesta por el coronavirus, esta no es la prioridad nacional.

NO urge hoy una nueva Constitución Política. Pero, SI urge un nuevo Pacto Político y Social, que con profundas reformas institucionales pueda marcar el rumbo, de la celebración del Bicentenario de la Independencia con visión de largo plazo, 50, 60 o 75 años adelante…

Justamente, por la situación que vivimos bajo este gobierno del Partido Acción Ciudadana, encabezado por el Presidente Carlos Alvarado Quesada, que definió desde su arranque e instalación, la idea de un Gobierno de Unidad Nacional, integrando en el Gabinete personas distinguidas de otros partidos políticos, sin que con esos partidos se hubieran firmado pactos de gobernabilidad, hay un avance en esa dirección. Hacia los próximos gobiernos esto ya se modeló.

Esta idea del Gobierno de Unidad Nacional no ha pasado aún de ser un postulado, y una acción real que el Presidente trata de impulsar, recientemente afirmada con los nombramientos de la Vice Ministra de la Presidencia, Silvia Lara y del nuevo tercer Ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto.

No hay acuerdos políticos de los partidos políticos alrededor de ellos. El mismo Partido Liberación Nacional, torpe, ciego y tontamente, ante la realidad que vivimos, objetó a Silvia Lara y le zafó el bulto a Marcelo Prieto. El Partido Unidad Social Cristiana ha hecho lo mismo con los miembros del Consejo de Gobierno de ese partido, aún cuando el más brillante de los Ministros, por sus acciones institucionales, sea Rodolfo Méndez Mata, y ahora en su nivel, por la atención y la forma como están actuando frente a la pandemia, se distinguen el Ministro de Salud y el Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, ambos del partido de Gobierno.

Hay PACTOS NACIONALES que se imponen y resultan de situaciones extraordinarias, de situaciones ajenas a la propia gobernabilidad nacional, que obligan a actuar unitariamente, que también resultan de situaciones internacionales donde nos ubicamos frente a enemigos comunes, dejando de lado, mientras se enfrentan esas adversidades, las contradicciones internas, y postergando, si es del caso, la inmediata lucha política particular procurando una real política nacional.

El Gran Pacto Nacional que se produjo, que contribuyó a perfilar y desarrollar la Costa Rica de la segunda mitad del Siglo XX y de este inicio del Siglo XXI, fue es que se dio en 1943 entre el Gobierno y el Partido Republicano que apoyaba a Rafael Ángel Calderón Guardia, el Partido Comunista de Costa Rica, jefeado por Manuel Mora Valverde y la Iglesia Católica de Costa Rica, dirigida por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez.

En 1939 Rafael Ángel Calderón Guardia fue candidato del Partido Republicano, bajo el Gobierno de León Cortés, quien lo impulsaba. La Iglesia Católica, en ese momento, era profundamente anticomunista, ya encabezada por Monseñor Sanabria. El Gobierno de León Cortés muy vinculado al Gobierno alemán, y con ello al nazi fascismo, enemigo acérrimo de los comunistas y de sus movimientos sindicales.

Hasta 1943 el Partido Comunista era guía y factor dominante de todos los sindicatos de trabajadores y sectores medios productores, y de campesinos. La Iglesia Católica se preparaba para incursionar en el movimiento sindical y en el cooperativo, con dos sacerdotes hermanos, Benjamín y Santiago Núñez.

Ese año, 1939, estalla la II Guerra Mundial. El escenario de la guerra muy superior al de la I Guerra Mundial. Abarcaba todos los continentes excepto el continente americano, donde no se dieron conflictos militares directos. La II Guerra se prolonga hasta 1945, en la que murieron entre 50 y 60 millones de personas, militares y civiles.

El mercado europeo de colocación de nuestros productos fundamentales de la economía cayó, se cerró…los soldados no tomaban café… Se fortalecieron los vínculos comerciales con Estados Unidos, que ya eran bastante importantes en el país.

En Costa Rica, como en la gran mayoría de los países se desarrollaron movimientos por la paz, antifascistas. En el Comité Anti Nazi de Costa Rica se reunieron personajes de distintas filiaciones políticas, Fernando Valverde Vega, Francisco Orlich Bolmarcich, Manuel Picado Chacón, Manuel Mora Valverde, entre otros.

A nivel internacional los Partidos Comunistas, a partir del VII Congreso de la Internacional Comunista, celebrado en Moscú, en 1935, en la que participó el dirigente comunista y sindical, Rodolfo Guzmán,  cambió la estrategia internacional hasta entonces desarrollada, de la lucha contra el Imperialismo y de la Lucha de Clases, pasando a impulsar la política de los Frentes Populares, de UNIDAD NACIONAL, para defender los sistemas democrático republicanos, que eran igualmente amenazados por el fascismo mundial.

Desde la Conferencia de Partidos Comunistas latinoamericanos, de La Habana, de 1936, a la que asistió Arnoldo Ferreto, se fortaleció el impulso de estas nuevas concepciones para el continente. Para las elecciones de 1936 contra León Cortés se intentó impulsar un Frente Popular que no se concretó.

Desde el año 1936 hasta 1940 el Partido Comunista fue enemigo frontal del Gobierno de León Cortés, y enfrentó igualmente al Dr. Calderón Guardia, su candidato, en sus primeros meses de gobierno, a partir de 1940.

Desde 1930 hasta 1945 fue Secretario General y Presidente del Partido Comunista de los Estados Unidos Earl Browder, uno de los dirigentes más importantes y más influyentes del Movimiento Comunista Internacional, especialmente en el período de 1940 a 1945, con gran repercusión en América Latina, el Caribe y en Costa Rica.

En el contexto de la II Guerra Mundial, de la lucha antinazi y de los Frentes Populares, Browder impulsó en su lenguaje la idea de la superación de la lucha de clases y del antiimperialismo, llamando a la colaboración de clases. Así en esos años se dio el Browderismo. El Partido Comunista de Costa Rica se identificó con este planteamiento en todos sus frentes de combate, incluso en las luchas sindicales, que perdieron el marco de confrontación de la lucha de clases.

El Gobierno de Estados Unidos, por otra parte con Franklin D. Roosevelt, impulsa una serie de políticas reformistas, que van a influir en la visión del Dr. Calderón Guardia, junto a la visión social cristiana que ya tenía, y había fortalecido en Europa, en Bélgica, y que su esposa Ivonne Clays, la Primera Dama, de una gran sensibilidad social, le había estimulado.

Hasta diciembre de 1941 ni Costa Rica ni Estados Unidos habían entrado en la II Guerra Mundial. Con motivo del ataque a Pearl Harbor, los Estados Unidos se ve obligado a integrarse como aliado de la Unión Soviética, Inglaterra y Francia, en la lucha antinazi. Costa Rica solidariamente con Estados Unidos declara la Guerra a Japón, Alemania e Italia.

Esta Declaración provoca una ruptura muy fuerte con el Cortesismo y los intereses alemanes en el país, muy metidos en la producción de caña y en las exportaciones de café. El Gobierno queda solo. Hasta un intento de golpe de Estado se planeó en contra suya sin éxito.

En 1941 el peso de la II Guerra se hizo sentir en la economía nacional. El Partido Comunista frente a ello propuso su “Plan Nacional de Emergencia para salir de la Crisis de Guerra”, que se agitaba en todos los frentes de lucha del Partido, en el Congreso, en las calles con los sindicatos, en movilizaciones al Congreso en apoyo de los diputados comunistas.

El vacío político del cortesismo filonazista hacia el Gobierno de Calderón Guardia permitió el acercamiento del Partido Comunista, con su Plan de Emergencia, donde no estaba en el orden del día la lucha por el socialismo ni el comunismo. Era lo urgente, lo inmediato, las subsistencias, la comida, el trabajo. Era la protección a los trabajadores y a los campesinos, a sus ingresos y salarios, de la inmensa mayoría de la población.

Se iniciaron las conversaciones para apoyar al Gobierno en sus segundos dos años. Se sumó la Iglesia, muy cercana al Gobierno. Conversaciones durante todo el año 1942 y primeros meses de 1943, intensas, discretas y “secretas”, hasta que en junio fructificaron públicamente.

Se había logrado un GRAN PACTO NACIONAL, entre el Gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, el Partido Comunista, con Manuel Mora al frente, y la Iglesia Católica jefeada por Monseñor Víctor Manuel Sanabria, hoy los tres declarados Beneméritos de la Patria.

El Pacto dio por resultado el apoyo abierto, claro y contundente al Gobierno de Calderón Guardia por los comunistas y la Iglesia. Las Garantías Sociales, que estaban en proceso legislativo y el Código de Trabajo se aprobarían, en agosto, entrando en vigencia en setiembre de 1943. Se le daría todo el mérito de esta Reforma al Dr. Calderón Guardia, como efectivamente se hizo.

La Iglesia condicionó su participación a cuatro aspectos básicos, el cambio de nombre del Partido Comunista, el reconocer que las Garantías Sociales tenían un fundamento social cristiano, el desarrollar su propia organización sindical, hasta entonces solo los comunistas la tenían, y que le dieran representación a su organización sindical en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y así fue.

El Partido Comunista cambió de nombre el 13 de junio de 1943 a Vanguardia Popular. Esto calzaba plenamente en los lineamientos esbozados desde el VII Congreso de la Internacional Comunista y dentro de las corrientes browderistas. El Partido Comunista reconoció la influencia socialcristiana en las Garantías Sociales y realizó un discurso público constante de que no era un Partido anti religión católica, como siempre lo había acusado Sanabria. El Partido Comunista aceptó la creación de otra Central Sindical y le cedió uno de los dos puestos que tenía en la Junta de la Caja Costarricense de Seguro Social, sacrificando en ella a Enrique Benavides, y manteniendo a Rodolfo Guzmán. La Iglesia llevó a Benjamín Núñez. La Iglesia reconoció públicamente que militar en Vanguardia Popular no era un pecado, que los católicos podían ingresar, “sin cargo de conciencia alguno”, al Partido Comunista en su nueva denominación.

El núcleo más importante de este Pacto terminó desarrollándose en el Pacto Político para impulsar la candidatura de Teodoro Picado, entonces Presidente del Poder Legislativo, a la Presidencia de la República, en las elecciones de 1944. Para ello constituyeron el Partido Bloque de la Victoria con el que llegó Teodoro Picado a gobernar el país hasta 1948.

Desde el momento del Pacto de apoyo, con motivo de la declaratoria de guerra al nazifascismo, en diciembre de 1941, hasta el término de gobierno de Picado, en 1948, el Partido Comunista de Costa Rica, ni Vanguardia Popular, negociaron puestos en el Consejo de Gobierno. Se quedaron con sus diputados, compartiendo listas en el Bloque de la Victoria. Mantuvieron su unidad reservándose el derecho de crítica pública si fuera necesaria.

Las Reformas Sociales y el Código de Trabajo, de 1943, junto con el Código Electoral, de 1946, y la Reforma Tributaria de 1946, fueron los ejes importantes de estos gobiernos, junto con las instituciones culturales, la Universidad de Costa Rica, 1940, las instituciones médicas y de seguridad social, la Caja Costarricense del Seguro Social, 1941, que se impulsaron en esos años, entre otras, las que sentaron las bases de la Costa Rica a partir de ese momento.

La Guerra Civil de 1948 no pudo eliminar ni neutralizar estas reformas. La Junta de Gobierno, instalada el 8 de mayo, sin entregarle el Poder a Otilio Ulate, en cuyo nombre se había levantado en armas, se vio obligada a mantenerlas. La Asamblea Constituyente, convocada por la Junta, que funcionó en 1949, mantuvo estas Reformas y las desarrolló.

Las Reformas Sociales la Junta de Gobierno, y los gobiernos sucesivos, las desarrollaron y fortalecieron institucionalmente, coincidiendo con las políticas reformistas rooseveltianas, con las políticas económicas reformistas de Keynes y de otros economistas que se impusieron en esos años, como las que derivaron del Plan Clayton al terminar la  II Guerra Mundial, en su Punto IV para América Latina, se desarrolló un importante aparato estatal costarricense, y una sólida institucionalidad pública, que hizo surgir las clases medias en el país, de manera muy poderosa.

Ese Pacto de 1943, afirmado en 1948, y consolidado en la Constituyente de 1949, sigue vigente. Lo han golpeado, los gobiernos, especialmente los que siguieron desde 1982, lo han debilitado en sus coberturas sociales, económicas y laborales, con algunas excepciones, donde se han fortalecido aspectos de esas Reformas, como en el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Algunos gobiernos impulsaron unas que otras leyes reformistas. Otros desmantelaron la parte estructural bancario financiera. A la clase media la han ido debilitando. La pobreza extrema y la pobreza la han mantenido con techos de 7% y 22%, como parte de un gran negocio nacional.

El desmantelamiento institucional no lo han acabado, quienes desde el Estado mismo, desde los gobiernos, desde el aparato institucional público, conspiran constantemente contra toda la institucionalidad pública, clamando por la privatización de todas las instituciones, especialmente las que son estratégicas y de gran rentabilidad.

El Coronavirus político que se ha metido en las instituciones del Estado es el nombramiento de personas en sus Juntas Directivas, y cuadros medios, que desde esas altas trincheras, conspiran contra ellas, haciéndolas trabajar mal y deficientemente, clamando por su privatización, señalando que bajo la administración del Estado son ineficientes e ineficaces. Las llevan casi “hasta la ruina”, debilitándolas, reduciéndoles sus presupuestos, para demostrar su inutilidad. Y, como sucedió en CODESA, las instituciones que eran ineficientes, pasadas al sector privado resultaron minas de oro.

El Coronavirus ha puesto en evidencia la importancia de las instituciones públicas. Todo el sector privado, en todas sus formas y manifestaciones, se está viendo beneficiado por la presencia de las instituciones estatales que están al frente de la lucha contra la pandemia y sus manifestaciones en el país, y en apoyo del sector privado y productivo.

La salud de los costarricense en general, y de la clase trabajadora, tan importante para los sectores empresariales, está siendo bien atendida en esta tragedia internacional.

Los mecanismos sociales aún debilitados de asistencia social están dando resultados atenuadores. Los mecanismos económicos del Estado están siendo dirigidos a apoyar a los sectores empresariales, con perjuicio importante de los sectores laborales, en sus salarios, sus beneficios sociales, sus pensiones, sobre los que se quiere hacer descansar una buena parte de la solución del problema que enfrentamos. Se pide el máximo sacrificio para los sectores laborales, sin que los sectores económicamente poderosos se sacrifiquen proporcionalmente en su capacidad.

Urge en este momento atender al sector micro empresarial, a las MICROPYMES Y PYMES. Esta debe ser la atención principal de todos los sectores políticos y sociales, y de los partidos políticos.

La inmensa masa de trabajadores está en las pequeñas y medianas empresas, independientemente de si en ellas existen o no sindicatos, que tienen su concentración máxima en el sector público. Una buena parte de la población está en el sector informal de la economía, casi el 50%. Una tercera parte de la Población Económica Activa está constituida por mujeres y, de ellas poco más de la mitad son cabezas de familias, que son el principal ingreso de sus hogares aun cuando tienen esposo o compañero. En los últimos meses habían empezado a aumentar los índices de desempleo y de las mujeres trabajadoras.

El Coronavirus debe hacer pensar a los dirigentes sindicales y a los dirigentes de izquierda en la necesidad de ponerle atención a estos sectores sociales, a los sectores micro y pequeños productivos, en defenderlos, en apoyarlos en su sobrevivencia, en hacerlos sus aliados naturales en esta tragedia nacional.

En la defensa de esos sectores está la defensa de todas las clases trabajadoras, incluida la clase media y los sectores de empleados del sector público.

La defensa de los sectores micro y pequeño empresariales tiene que darse acompañada de las luchas por la defensa de los salarios, los beneficios sociales existentes y las pensiones.

No es la lucha anticapitalista la que está en el orden del día. El coronavirus no es resultado del capitalismo. Es la lucha por la sobrevivencia decente, decorosa, digna lo que está en el orden del día, es la lucha contra la amenaza del hambre generalizada.

Es la lucha por asegurar las fuentes de trabajo de la inmensa mayoría de la población, por asegurar que los sistemas de asistencia y beneficios sociales públicos funcionen, por asegurar y fortalecer las instituciones nacionales que en este momento, y en frente de esta pandemia, están alzando la cara y poniendo el pecho por Costa Rica y por el pueblo costarricense. Es la lucha por asegurar los salarios y las pensiones de las personas, para poder dinamizar la economía.

Sindical y políticamente, con todos los grupos políticos existentes, se debe impulsar un GRAN ACUERDO NACIONAL, un NUEVO PACTO SOCIAL, 2020, como el de 1943, de este año 2020, que articule a todas las fuerzas sociales y políticas del país, alrededor de un PLAN NACIONAL DE REFORMAS, con miras al Bicentenario y la proyección de país que queremos para las próximas décadas, y para salir airosamente de la crisis ocasionada por el impacto del coronavirus, donde todos los sectores cedan lo que tengan que ceder, sacrifiquen lo que tengan que sacrificar, proporcionalmente a sus posibilidades. Es la oportunidad para el mismo Gobierno de articular el Gran Plan o Acuerdo Nacional del Bicentenario, y que esa conmemoración no sea nada más que una fecha a celebrar.

No se requiere para este momento el Consejo Consultivo Económico y Social de Costa Rica (CCES), creado por la Administración de Carlos Alvarado Quesada, a través del Decreto Ejecutivo No 41439-MP, a principios del año pasado.  Ese Consejo está bien para reuniones, con los sectores que lo conforman en períodos normales, para consultas y para ir lentamente fraguando y cocinando leyes, acciones políticas o soluciones.

Ahora tenemos el impacto del desempleo, del subempleo, de la reducción de jornadas, de la gente que ha perdido sus salarios e ingresos, de las personas a quienes se les han disminuido sus ingresos, de los que tienen que pagar alquileres y no tienen cómo, de los altos intereses que se cobran en todo tipo de transacciones bancarias y comerciales, de cierre de micro, pequeñas y grandes empresas. Tenemos la crisis, la paralización y eventual quiebra de los sectores pequeños y medios empresariales, principalmente. Pero, el peor de todos los impactos va a ser el del HAMBRE que va a provocar esta situación si no se le entra con tiempo a enfrentarla. El HAMBRE que va a provocar mayor inseguridad social, que va a provocar MUERTES en Costa Rica.

Tenemos, resultado de las “cuarentenas” impuestas la redefinición de “trabajos esenciales”, “trabajos importantes”, en el sector privado y público, el teletrabajo, que pueden contribuir, y van a disminuir, probablemente, la tasa de empleo y agudizar la situación social. Se está poniendo en evidencia “una innecesaria” masa trabajadora, de trabajadores de carne y hueso. Aquí no van a surgir “tele sindicatos”, “sindicatos a distancia”, “sindicatos chats”, ni “huelgas, paros y movilizaciones chats”, aunque pueda haber dirigentes “chats” … en todos los órdenes. Esto va a ser parte de la reorganización empresarial e institucional que se viene superada la pandemia…el desempleo real…

Estamos ante una emergencia y se necesitan soluciones de emergencia y extraordinarias, audaces, legislativas y de acciones de gobierno. Hay que hacer un esfuerzo nacional en este sentido. Aquí debe probarse la responsabilidad de todos los sectores y actores políticos, sociales y económicos en su compromiso por Costa Rica. El Acuerdo o Pacto Nacional hacia la Costa Rica del Bicentenario debe surgir de este momento de crisis nacional y de Unidad Nacional para superarla.

Como en 1943 necesitamos de los líderes políticos y sociales en capacidad de entender el momento que estamos viviendo y el que viene.

Sinceramente, estoy seguro que los tenemos, aunque no sea fácil reunirlos ni sentarlos en la misma mesa. Es por Costa Rica, es por todos, que tenemos que hacerlo y lograrlo, y actuar con firmeza, a la altura que se nos impone, sin temores, complejos o cálculos políticos.

Enviado a SURCOS por el autor.

Estados Unidos y el coronavirus: más de 4500 muertes en tan solo 24 horas (y más de 10.000 en 72 horas)

Nicolas Boeglin (*)

El pasado 16 de abril, Estados Unidos registró 4591 muertes debido al COVID-19 en tan solo 24 horas (véase nota de prensa de Sud Ouest y esta nota en inglés de DemocracyNow). Una dramática marca que duplica las marcas anteriores registradas, que ya superaban las 2000 muertes (fueron 2228 las muertes registradas el 15 de abril del 2020 en 24 horas). Remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota anterior que, entre otros puntos, refiere a la vulnerabilidad del sistema de salud pública norteamericano y a la ausencia de medidas de contención, titulada «Estados Unidos y el coronavirus: más de 2000 muertes en 24 horas y proyecciones sombrías oficiales«.

A la crisis sanitaria que significa para el sistema de salud norteamericano el COVID-19 en estas primeras dos semanas de abril del 2020, se suma la crisis económica y social que conlleva, y los cuestionamientos cada vez más incisivos sobre la falta de medidas sanitarias cuando aún era tiempo por parte de las máximas autoridades norteamericanas para contener debidamente esta pandemia. Estados Unidos acumula no solamente la mayor cantidad de personas fallecidas en el planeta en razón de este coronavirus, sino también la mayor cantidad de personas contaminadas (superando el número de 700.000 personas el pasado 17 de abril del 2020 y que al 21 de abril superan las 820.000 personas contaminadas).

Nótese que, si sumamos el número de muertes diarias de los días 16, 17 y 18 de abril (4591, 3857 y 1891 fallecimientos registrados respectivamente), Estados Unidos superó en apenas 72 horas las 10.000 muertes debido al COVID-19: semejante drama humano en proporciones tales evidencia la verdadera tragedia que se vive en varias partes de Estados Unidos.

La primera muerte registrada en Estados Unidos debido al COVID-19 se dió el 22 de enero del 2020. El pasado 3 de abril, se reportó que murieron más de 1000 personas en Estados Unidos en 24 horas (véase nota del Washington Post). Estados Unidos acumulaba más de 33.000 muertes al 16 de abril, contra 22.170 (Italia), 19.315 (España), 17.920 (Francia) y 13.729 (Reino Unido), según los datos arrojados por la Universidad Johns Hopkins (véase enlace oficial), la cual monitorea en tiempo real la expansión de la pandemia a nivel global. Al 21 de abril, Estados Unidos supera las 42.000 muertes causadas por esta pandemia.

Foto extraída de nota de prensa titulada «Coronavirus aux États-Unis. Près de 2000 morts en 24 heures, pire bilan quotidien national», Ouest France, edición del 8/4/2020

Cabe recordar que, a dos días de diagnosticarse, en enero del 2020, el primer caso en Estados Unidos se escuchó por parte del actual ocupante de la Casa Blanca las siguientes frases:

“We have it totally under control. It’s one person coming from China. It’s going to be just fine” (véase nota de prensa de The Guardian, titulada «The missing six weeks: how Trump failed the biggest test of his life» cuya lectura completa se recomienda).

Resulta de interés recordar que en declaraciones oficiales dadas por sus máximas autoridades el pasado 1ero de abril, se estimó a un número que oscila entre 100.000 y 240.000 las personas que fallecerán en Estados Unidos debido al coronavirus (véase nota de prensa del Washington Post): una proyección extremadamente sombría si se compara al número de personas fallecidas debido al COVID-19 en otros Estados que registra la Universidad Johns Hopkins antesmencionada.

A la vez, estas cifras oficiales pueden también entenderse como un reconocimiento tácito de varios errores desde que asumió sus funciones el actual ocupante de la Casa Blanca, recortando presupuestos de entidades sanitarias a cargo de la vigilancia de epidemias, desmantelando equipos que sus antecesores habían consolidado al más alto nivel en materia de seguridad nacional, entre muchas otras cuestionables medidas que hoy explican la alarmante situación que se vive en varias partes de Estados Unidos: remitimos a nuestros estimables lectores a este interesante artículo publicado en febrero del 2020 en The Conversation, titulado «The Trump administration has made the US less ready for infectious disease outbreaks like coronavirus«, y cuya lectura completa también se recomienda.

Ante un panorama tan angustiante como el que se vislumbra para Estados Unidos, es muy probable que algunos Estados intenten proceder a repatriar a grupos de nacionales que se encuentran en la actualidad en suelo norteamericano viviendo parte de esta tragedia humana sin poder regresar. Es lo que intentó Costa Rica para 160 de sus nacionales (véase nota del programa radial Amelia Rueda) y que logró materializar exitosamente para 112 de ellos el pasado 17 de abril (véase nota de Elpais.cr).

 

(*) Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Enviado por el autor.

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Nosotros no somos el virus

Sebastián Solís Vargas *

Yo me considero un ambientalista, pero a veces pienso en que quizá esa palabra no es percibida de la misma manera por todos. Aunque la palabra hace pensar en alguien que se preocupa por el medio ambiente, la definición que yo le doy no acaba ahí. Quiero aprovechar este medio para explicar mis pensamientos respecto a esa palabra tan importante para mí y de paso exponer por qué creo que algunas personas tienen un concepto totalmente equivocado sobre el ambientalismo.

Es una creencia popular que el ser humano es un ser “ajeno” a la naturaleza, un ser superior a la misma, tanto así que para muchos es difícil concebir la idea de que pertenecemos el reino animal. En parte es por eso que durante las últimas generaciones han ocurrido las conocidas revoluciones industriales, las cuales han llevado a la humanidad a explotar la naturaleza de una manera nunca antes imaginada. Por el contrario, la generación actual ha promovido la creencia de que el ser humano SÍ es parte de la naturaleza y no un ente ajeno y superior, por lo que dependemos de ella y debemos cuidarla. A simple vista parece que el ambientalismo se apega a la segunda creencia. De hecho, creo que muchos ambientalistas piensan así. Sin embargo, mi posición se aproxima más a la primera forma de pensar. El propósito de los próximos párrafos es explicar esta supuesta contradicción.

Un ejemplo del choque de creencias que mencioné se ha hecho manifiesto durante la actual cuarentena ocasionada por el virus COVID-19. Mientras que las actividades humanas han sido frenadas por primera vez en décadas, la naturaleza parece empezar a resurgir en lugares antes afectados por la contaminación y de igual manera empiezan a surgir publicaciones en redes sociales con la frase “Nosotros somos el virus”. De aquí emerge el título de esta publicación. Después de analizar esta frase durante mis días de cuarentena fue que llegué a comprender mejor cuál es mi posición al respecto.

Si la crisis climática empeorara lo suficiente como para causar la extinción de la humanidad, e incluso la de la mayoría de las especies existentes, eso no significa que sea el fin de la naturaleza. Te aseguro que ella tarde o temprano se recuperará, y seguirá adelante sin importarle que existamos o no. Te lo puedo asegurar porque la Tierra ya ha pasado por eventos similares en el pasado. Nosotros las conocemos como “Las cinco extinciones masivas”.

Cinco. Durante la historia de nuestro planeta han sido cinco las ocasiones en las que la naturaleza pareció estar al borde de la muerte.1 Y aun así, la naturaleza se ha levantado, lo suficientemente fuerte como para dar lugar al planeta hermoso, verde y lleno de vida que conocemos. Por eso pienso que la naturaleza no necesita a alguien que la defienda de los humanos. “Nosotros NO somos el virus”. Somos nosotros los que deberíamos tener cuidado. Esto NO es una guerra entre la naturaleza y la humanidad, como normalmente se nos hace creer.

Yo no soy ambientalista simplemente porque quiero que la naturaleza prospere.

Yo soy ambientalista porque quiero que la humanidad prospere.

Definitivamente es cierto que la humanidad depende de la naturaleza para existir.

Sin ella no tendríamos fuente de alimento, de agua, de aire, de paisajes hermosos, ni siquiera del suelo en el que ponemos nuestras casas. Y aunque esto nos hace parecer que estamos totalmente a la merced de los caprichos de la naturaleza, yo sí pienso que el ser humano es un ser superior a la naturaleza—o más bien, tiene el potencial de serlo.

Comprender las causas de una extinción masiva es muy complicado, porque hay muchos factores involucrados, todos cambiando al mismo tiempo. No es para nada como un experimento de laboratorio, en el cual solo se modifica una variable mientras que las otras se mantienen constantes.2 Más bien, es una maraña de elementos interconectados que ninguno de sus espectadores, como reptiles, plantas y anfibios prehistóricos, podría haber siquiera comprendido; mucho menos hacer algo para evitarlo.

Pero nosotros somos diferentes. Desde 1886 la humanidad descifró el cambio climático3: desde entonces hemos descubierto que la quema de combustibles fósiles libera un gas invisible que favorece al incremento de la temperatura global y que han ocurrido eventos muy similares en el pasado—sí, también como parte de las extinciones masivas2.

Somos la primera especie con el súper poder de predecir el futuro de esa manera. Los millones de especies afectadas por estos eventos estarían increíblemente celosos.

A pesar de tener ese poder colectivo tan útil, creo que no es suficiente para hacernos llamar “seres superiores a la naturaleza”. Pues, por el momento seguimos actuando como si nada pasara, igual que las víctimas de las antiguas extinciones: a pesar de estar en medio de una crisis global, no tenían idea de lo que pasaba, y simplemente continuaron sus actividades rutinarias. Ya fuese cazar insectos, hacer fotosíntesis o tomar el sol, no podían hacer nada para salvarse. Si realmente queremos hacernos llamar seres superiores a la naturaleza, hay que demostrarlo dándole la vuelta a esta crisis. Solucionarla es nuestro examen de graduación.

Las corporaciones y gobiernos obsesionados con el crecimiento económico continúan destruyendo el medio ambiente porque creen que explotar a la naturaleza demuestra cuán poderosos son4, cuando en realidad solo demuestra que actúan como cualquier otro ser vivo sin capacidad de razonamiento. Si de verdad queremos demostrar lo poderosos que somos, ¿qué mejor manera de hacerlo que actuar para evitar la sexta extinción masiva? Ese sería un logro del que sí nos podríamos sentir orgullosos como especie. La frase “Nosotros somos el virus”, lejos de sonar como algo que un ambientalista diría, sirve como una excusa para no enfrentar a la crisis climática. Se traduce a algo como “Si nosotros somos el virus, entonces es mejor que nos extingamos. Así ya no causaremos más problemas”. Suena como algo que diría alguien que ya se rindió y está dispuesto a no hacer nada, y a morir a manos de la crisis climática. Esto NO es ambientalismo. Es exactamente lo contrario.

Yo me considero un ambientalista. Pero es posible que la palabra que más se ajuste a mi forma de pensar y actuar sea “humanista”. Porque nosotros no abogamos simplemente por el bienestar del medio ambiente. Abogamos por el bienestar de la humanidad misma.

Nosotros no somos el virus. Somos mucho más valiosos que eso, y llegó el momento de demostrarlo.

Referencias

1. Taylor, Paul D. Extinctions in the History of Life. Londres: Cambridge University Press, 2004.
2. Weart, Spencer R. The Discovery of Global Warming. Londres: Harvard University Press, 2004.
3. Wignall, A. Hallam & P.B. Mass Extinctions and Their Aftermath. Nueva York: Oxford University Press, 1997.
4. Evans, Malcolm D. Whitehead and Philosophy of Education: The Seamless Coat of Learning. Amsterdam : Rodopi, 1998.

* Integrante de Fridays For Future Costa Rica

La pandemia y la voracidad del sector financiero

Carlos Campos Rojas, 21 de abril de 2020

No me sorprendí con la acción del sector financiero de secuestrar el Bono Proteger, que el gobierno, con el apoyo de la ciudadanía, le está haciendo llegar a algunas personas vulnerables para que tengan con qué comprar alimentos básicos en estos momentos tan difíciles.

Nadie puede alegar descoordinación en el gobierno, si fuera así, el gobierno se caería. Todo está debidamente articulado, toda acción gubernamental cuenta con un soporte social, político y económico para que el gobierno funcione.

En la ingenuidad popular se ha construido la leyenda urbana de que existe un desorden gubernamental. Eso le sirve a la mafia política, para distraernos. Pero todo está debidamente enhebrado, sino la corrupción y la impunidad estarían derrotadas hace rato.

En lo que más coordinación existe, es en la exclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones, violentando la Constitución Política, pues somos una República Participativa, el Art. 9 es preciso.

Ahora sabemos para qué, desde Casa Presidencial se está llamando a que depositemos en el sistema financiero parte de los pocos recursos que nos quedan, alegando que debemos demostrar nuestra solidaridad con los que menos tienen. Porque la solidaridad es de abajo para arriba.

Arrebatarles a las personas trabajadoras sus derechos laborales, no ha sido suficiente para la voracidad de los que más tienen. Lo quieren todo, sobre todo en esta pandemia. Ahora que estamos aislados, débiles y desconcertados.

Secuestrarle el Bono Proteger a las personas vulnerables, por sus deudas financieras, solo demuestra lo inhumano a que ha llegado el régimen, porque las reglas las impuso el gobierno.

Mientras los costarricenses nos preocupábamos por socorrer a los más necesitados, los zopilotes se frotaban las manos.

Desde luego que aflorarán las justificaciones inmorales que da el derecho, para eso sobran corsarios en la justicia y el gobierno, sustentados por un sector empresarial carente de responsabilidad social.

Este asalto a la solidaridad costarricense solo demuestra la importancia del valor de cada colón que genera la ciudadanía, en la economía nacional. Somos los que sostenemos el país. Para que haya extrema riqueza, tiene que haber extrema pobreza, somos el país más desigual de América. La mafia política ha demostrado que no tiene escrúpulos.

Todo tiene, solución en el diálogo. El que necesita el país, no es a la distancia y en una sola dirección, como propagandísticamente se pretende hacer. Debe ser en el marco constitucional, respetando y reconociendo a la ciudadanía como el Primer Poder de la República, como El Soberano que es.

La HOLOCRACIA

José Joaquín Meléndez G.

Las jerarquías del Estado, de la Iglesia, del capital y otras organizaciones están de caída al vacío, en ese recorrido arrasan con todo lo que se les atraviesa para tomar el aire en su asfixia repugnante. El Estado con un gobierno atrapado en una estructura mercantil y financiera neoliberal y globalizante que va derrumbando procesos y conquistas democráticas. La Iglesia entre católicos, ortodoxos anglicanos y sus múltiples sectas con un evangelio desde el Talmud a las Encíclicas y cartas ecuménicas con jerarquías más lejanas de la espiritualidad de sus fieles. El capital como sanguijuela anclado en la explotación del trabajo para ampliar su dominio imperial bajo cancerberos apocalípticos de la OMC y el FMI, egoístas, avaros, especuladores y acaparadores. Todas estas estructuras jerarquizadas han trastocado el Estado Republicano en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial con normativas antidemocráticas como la restricción del gasto público, los PAE’s, la movilidad laboral, la flexibilización, la desregulación, la apertura, las privatizaciones, la banca privada, la educación y salud privada, la concesión de obra pública. Los parques industriales y empresas transnacionales que no respetan la legislación nacional.

Sin embargo nuestro pueblo indómito, como los aborígenes talamanqueños con Pablo Presbere, ha demostrado el patriotismo contra los filibusteros en 1856, la huelga de 1934 contra la transnacional Estándar Fruit, la multitudinaria manifestación por el Código de Trabajo, la defensa de las Conquistas Sociales del 48, la abolición del ejército de 1948, las movilizaciones por las pensiones y el aguinaldo en 1958, las movilizaciones campesinas por tierras para el campesino de los años 70, el movimiento estudiantil por el financiamiento de las universidades del Estado, la lucha nacional contra ALCOA, la lucha contra el Combo del ICE, el movimiento nacional contra el TLC, la huelga nacional patriótica de los 82 día de huelga contra el paquete tributario del 2018.

Estas características del pueblo costarricense tienen sus bases históricas en los valores sociales, cristianos, democráticos y de distribución de las tierras, bien señaladas en el campesinado, la familia e instituciones democráticas; así, la solidaridad, la cooperación, la tranquilidad y los conceptos de libertad, justicia y la paz. El trabajo, la educación y la salud han jugado un papel trascendental arraigando una cultura bicentenaria que debe ser cada vez más fuerte en nuestra fe costarricense, pese a los huracanes ideológicos a los que hemos sido sometidos.

Es la hora de volvernos a ver cara a cara, tomar nuevos bríos, respirar los aires de nuestra cultura, defender, reconstruir, desarrollar y fortalecer esas instituciones que nos ha engendrado esos valores. Hay que reaccionar como el Satyagraha de Gandhi y construir nuestra propia HOLOCRACIA.

Para construir la nueva HOLOCRACIA tendremos que ir a las raíces de la educación con los valores propios de nuestra cultura, contenidos forjadores de la ética, el trabajo, la solidaridad, la cooperación, el sentido común, el amor; con nuevas bases filosóficas de la justicia y la libertad. Educadores formados en los mejores campos de la pedagogía, la investigación, metodología y los mejores instrumentos tecnológicos. Entendimiento y correlación con los padres de familia para que juntos podamos tener discípulos de excelencia donde el conocimiento sea liberador y no utilitaristas de un sistema explotador, subyugador y gerencial de nuevo cuño.

La salud, el concepto psico-somático más desarrollado por medio de la sostenibilidad institucionalidad preventiva y curativa de primer orden donde se pueda vivir en solaz y completo desarrollo espiritual y físico.

Una HOLOCRACIA donde el derecho internacional no se base en la cultura de los bárbaros del Siglo V, los cohors praetoria de lo pretorianos, de los helénicos con Alejandro Magno, ni los babilónicos contra lo amorritas, ni las guerras imperiales contra los vietnamitas, ni la invasión del Destino Manifiesto. Tampoco la invasión cultural mediática en la toma del espectro por empresas inhumanas de la desinformación y unilateralidad informática de compañías que nos llevan al egoísmo, el consumismo y contaminación desalmada.

Tengo la firme convicción que la nación y sus pueblos tienen excelentes patriotas los cuales no se dejarán arrastrar por esas corrientes pérfidas y perversas que rompen con la solidaridad y el amor a la patria de los costarricenses; con ellos tomaremos los nuevos rumbos de la HOLOCRACIA para seguir adelante y le dejaremos a las nuevas generaciones el sendero de la prosperidad, más humana y democrática. Que sabremos defender y fortalecer la CCSS, EL ICE, el INA, el AyA, RECOPE, el CNP, el MOPT y otras instituciones sociales.

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