Como lo hemos indicado en ya reiteradas ocasiones, existen suficientes razones para oponerse a las deducciones salariales pretendidas por las fuerzas políticas afines a los sectores económicos neoliberales y liberales extremos para atender la crisis del COVID-19.
En esta difícil situación, la clase trabajadora es la primera que ha tenido que asumir sacrificios como reducir sus jornadas de trabajo y hasta perder su empleo por completo, cuando ya de por sí las estadísticas nos mostraban un desempleo superior al 12% y un subempleo cercano al 50%. La primera línea de sacrificados son los trabajadores del turismo en todas sus modalidades y de ahí los afectados se han extendido al resto de las actividades económicas.
Es claro que corresponde al Estado como tal, brindar la solución a toda esta población que por ese tipo de razones hoy carece de recursos para poder sostener a sus familias.
En algunos países los gobiernos han comenzado a utilizar los recursos provenientes de sus ingresos para distribuir en las personas que quedan en la indefensión, pero se trata de Estados que cuentan con suficientes recursos por cuanto sus sistemas tributarios recaudan altos porcentajes de la renta global y de la renta mundial, así como de otras rentas incluidas en sus sistemas tributarios, además del valor agregado.
Todo lo contrario sucede en nuestro país, donde no existen esos sistemas de renta de las empresas grandes, las que pertenecen al 1% de la población y que desde hace años evaden sus impuestos sin que lamentablemente se les haya impuesto límites a esas prácticas o aplicado sanción, como si ocurre en otros países.
Ya antes de que entráramos a conocer la crisis generada por la pandemia, el sector público había sufrido diversos golpes en su sistema salarial a pesar de la intensa y prolongada huelga realizada en el año 2018; los trabajadores del sector público vieron reducir parte de sus salarios con anualidades que se establecieron fijas y no porcentuales, vieron disminuir los porcentajes de dedicación exclusiva y prohibición, entre otras, y por supuesto, se les aplicaron ajustes salariales ya no a la base, sino fijos, muy lejanos al crecimiento de la inflación. Y no podemos dejar de mencionar que ya desde muchos años atrás esos salarios habían perdido su poder de compra, por cuanto en las diferentes administraciones se dieron incrementos muy por debajo de la inflación.
En otras palabras, el sector público ha sido golpeado y muy fuertemente desde hace mucho tiempo, y aún, así los políticos que solo siguen línea del sector empresarial insisten en seguir endosando los problemas a la clase trabajadora.
Volvemos a insistir que los salarios base del sector público están por debajo de los salarios del sector privado y en algunos casos en un alto porcentaje. Las anualidades apenas ayudan a equilibrar esas diferencias.
Por ello es necesario que la CTRN y las demás centrales sindicales se opongan a la propuesta del no pago de la anualidad, y exijan el cumplimiento del mismo tal como la ley lo indica.
Podría aceptarse una contribución de los salarios que estén por encima del ¢1 300 000 pero condicionado a que las grandes empresas aporten una cantidad equivalente a lo que han ocultado en los últimos tres años y que declararon supuestamente como pérdidas.
Cuadro comparativo de salarios base en el Sector Público con los salarios mínimos establecidos por el Consejo Nacional de Salarios
Podemos observar en este cuadro comparativo, que existen diferencias entre puestos similares hasta de ¢ 53 mil y diferencias relativas que van de 6,86% hasta 18.32%, siendo los más bajos los del Sector Público.
Estamos en Semana Santa. Momento de reflexión y confinados para desacelerar el avance de una epidemia, que tiene la capacidad de acabar con el más pintado si no se cuida. Así le pasó al Primer Ministro de Inglaterra, que sostenía que a esto no había que prestarle mucha atención, que la economía no debía detenerse. Hoy está delicadísimo en cuidados intensivos.
El país y con esto quiero decir, la ciudadanía, debe asumir, como lo establece el Art. 9 Constitucional, su plena responsabilidad para salir adelante, no solo con quedarse en casa, sino –y principalmente-, para asumirse como El Soberano que es, para intervenir en la toma de decisiones sobre lo que debe hacerse, para que Costa Rica salga airosa. Así lo manda la Constitución Política. Somos una República Participativa.
La actitud del gobierno de centralizar todo en Casa Presidencial, incluyendo los acuerdos legislativos, no hace otra cosa, que devolver el proceso de descentralización que había comenzado hace ya algunos años de manera tímida, para volver convenientemente al pasado, al vallecentrismo. Los gobiernos locales que apenas van a asumir este primero de mayo, vuelven a mendigar.
De esta forma, llaman a la población a aceptar con la cabeza baja, los despidos, la reducción de las obligaciones patronales, la reducción salarial, es decir que el pueblo socialice las pérdidas, pero los amigos del gobierno, capitalicen las ganancias. El argumento es que el pueblo debe, en estos momentos ser solidario.
Es claro que el Gobierno no va a permitir que los intereses de quienes se agrupan en el sector económico financiero productivo y de comunicación, de los que se autodenominan empresarios privados, sean tocados.
Si el Gobierno respondiera a los intereses de la ciudadanía, estaría, por ejemplo, suspendiendo el pago multimillonario de alquileres de los edificios donde operan las instituciones, para dirigir esos recursos a atender la crisis del Covid 19. Sus dueños no dependen de esos pagos millonarios, para soportar la crisis. Si el Gobierno fuera responsable, estaría llamando a cuentas a las grandes empresas que durante diez años no pagaron impuestos o que reportaron pérdidas y que siguen sin pagar impuestos, mientras que la ciudadanía, de manera responsable y en medio de su pobreza, paga día a día sus impuestos para sostener este país, pues es gracias a eso que gozamos de la poca paz que queda.
La corrupción y la impunidad como cultura institucionalizada, dio espacio a que una mafia política usurpara el poder de la ciudadanía. Han puesto en crisis la institucionalidad, hoy tienen el mejor terreno para hacer de las suyas, pero no nos representan.
Se nos había vendido la idea que seríamos el primer país del mundo en transformarnos en un Estado Abierto. Es decir, que para no cumplir lo que establece el Art. 11 Constitucional, de la obligatoriedad de los funcionarios públicos a la transparencia y a rendir cuentas, se habilitarían los datos del funcionamiento institucional, a través de sus páginas web. Hoy, desde el gobierno, la transparencia es censurada, centralizaron las decisiones y excluyeron la ciudadanía. La Constitución les estorba.
La crisis no es hoy, será mañana, será en los días que vienen. Si el Gobierno no abre las puertas al diálogo y a escuchar desde cada parte del país, las propuestas de solución, no habrá nuevo pacto social. Será el conflicto y el distanciamiento social, lo que nos enrumbe de cara al desafío que Costa Rica tiene que enfrentar, en un mundo que no será geopolíticamente el mismo.
Aunque algunos estén haciendo números alegres de cara a la elección presidencial y de diputados –que será en un año y ocho meses-, mejor no se confíen. La brecha social, la desigualdad económica y la carencia de oportunidades a la que nos condenaron quienes administraron el país, se profundizará con los nuevos pobres que van a surgir, ahora serán principalmente las Pymes, aquellos emprendedores que verán derrumbarse sus negocios y sus inversiones, porque la riqueza del país, estará encaminada a sostener los amigos del Gobierno.
Es el momento de construir sin manos escondidas, los procesos de trabajo y de diálogo, para mantener la paz y el desarrollo que nos han caracterizado. No una consulta vertical como al Gobierno le gusta. Debe ser un diálogo horizontal, sin exclusiones. Será para rectificar los errores de administraciones irresponsables, para asumir el desafío que nos dejaron los héroes y mártires de nuestra historia, que con su vida y su sangre nos legaron una institucionalidad que a pesar de los golpes que le han dado, ha sabido y demostrado ejemplarmente, enfrentar esta crisis.
Por: Dr. Jorge Loaiza Cárdenas- Msc Efraín Cavallini Acuña- Académicos Escuela de Planificación y Promoción Social EPPS-UNA
Imagen: Rodrigo Valverde Naranjo
Como lo planteara E. Morín en la última página de su libro: La Vía para el futuro de la humanidad: “Quizás encuentren, en alguna parte de las ruinas de una biblioteca, este mensaje que les devuelva la esperanza y el coraje”; queremos compartir con ustedes unas palabras de esperanza y decisión, que nos permita enfrentar estos momentos de desesperanza e incertidumbre, al que hemos sido llevados ante la emergencia nacional que enfrenta el país a causa de la pandemia provocada por la enfermedad coronavirus COVID-19 en Costa Rica.
Hoy más que nunca estamos en crisis, no solo provocada por la pandemia del COVID 19, sino por las crisis de un modelo de desarrollo que nos ha llevado a un subdesarrollo intelectual, psíquico, tecnológico y moral.
Intelectual, porque la formación disciplinar que recibimos los occidentales, al enseñarnos a disociar todo, nos ha hecho perder la capacidad de relacionar las cosas y, por lo tanto, de pensar los problemas fundamentales y globales y abordarlos desde la complejidad en que están insertos, es decir vincular lo global con lo local y lo general con lo particular.
Psíquico, porque estamos dominados por una lógica puramente económica, que no ve más perspectiva política que el crecimiento y el desarrollo, y estamos abocados a considerarlo todo en términos cuantitativos y materiales.
Tecnológico, porque no debemos considerar a las tecnologías, como la herramienta que nos resuelve todos los problemas de la comunicación humana. Las tecnologías de la información y comunicación pueden hacernos bien o mal. No todas las tecnologías y cualquier uso que hagamos de ellas es lo más apropiado. No todas nos harán bien. Al contrario, utilizadas inapropiadamente pueden provocarnos torceduras, golpes en nuestra vida diaria, y pueden, sencillamente, embrutecernos. Pero aprovechadas de manera inteligente serán saludables y nos permitirán avanzar sanamente. Se debe elegir con lupa el menú tecnológico, conectarlo a nuestras necesidades reales y proyectos de mejora de la condición social. Es un imperativo utilizar la tecnología con sabiduría e inteligencia. Con ellas tenemos que hacer esfuerzos para tratar de recuperar el contacto humano, y, por consiguiente, la solidaridad. Como ciudadanía tenemos que apropiarnos de las tecnologías de la comunicación e información y reconocer su valor antes de que ellas desbocadas profieran el bazucazo a la humanidad y sigan colonizando nuestra mente y nuestra sociabilidad. Evitemos caer en la red de sus intereses comerciales y/o políticos. Recordemos, como se ha dicho en varios foros, que no está hecha la persona para la tecnología. Sino la tecnología para el ser humano.
Moral, porque el egocentrismo domina sobre la solidaridad. Además, la hiperespecialidad, el hiperindividualismo y la falta de solidaridad desemboca en el malestar, incluso en el seno del confort material. Como mal social, la corrupción es capaz de permear por completo un sistema político, afectándolo desde la cúpula hasta las actividades más cotidianas de la convivencia social sin importar las circunstancias en que nos encontremos. La permanencia de la corrupción en la política permite y atrae a personas impropias e inadecuadas para ejercer cargos públicos y desmotiva y repele a personas honestas que tienen una legítima vocación de servicio público. Los economistas, los sociólogos y los políticos tienen que tener cuidado con pronósticos imprudentes. En el desarrollo de esta crisis del COVID 19, se han visto algunos políticos que vacilan en asentar su estrategia en el principio de que el esfuerzo del Estado debe orientarse a salvar la vida de todos sus ciudadanos, que son los sectores sociales los que deben tener prioridad frente al cálculo utilitarista y mercantilista de las consecuencias económicas, que puede tener esa estrategia que beneficien a ciertos sectores privilegiados a contrapelo de la clase trabajadora y de quienes no gozan de garantías para acceder a una vida justa. La inseguridad no sólo se refiere a la lucha contra la pandemia, también a las consecuencias económicas y sociales que son impredecibles. Por ello, como sociedad, debemos incidir para lograr liderazgos políticos honestos para las siguientes décadas, que cultiven y promuevan la verdadera democracia y no contaminarla.
La crisis de la humanidad son crisis interdependientes, interrelacionadas, tenemos crisis en la salud, cognitiva, de pensamiento, política, económica, social, ambiental, cultural, ética; tenemos una crisis en la relación fundamental entre el individuo y la sociedad, el individuo y la familia, el individuo y él mismo; es decir, estamos abocados al abismo.
Sufrimos un malestar interior que parasita nuestro bienestar exterior. Aquellos que gozan de un aumento de su nivel de vida, ven reducida la calidad de la misma. Pero este es un malestar difuso, que se vive de maneras distintas; por ejemplo, el malestar que afronta la juventud, la desintegración de la familia, el significado de la vejez para la sociedad mundial actual ante la pandemia del COVID 19, entre muchos otros.
Pero toda crisis comporta riesgos y oportunidades; sin embargo, esta crisis humana que hoy enfrentamos con la pandemia del COVID 19 es solo una de ellas; que nos ha llevado a evidenciar los riesgos, pero nos obliga, a buscar las oportunidades de cómo superarlas. La oportunidad es ver la crisis como una vía hacia un cambio, Así surge la gran capacidad creadora del ser humano que permita regenerar nuestra vida, la vida de nuestras culturas, del legado del pensamiento y conocimiento al cual hoy en pleno siglo XXI hemos logrado alcanzar; este será nuestro máximo instrumental de lucha que nos permitirá definir la ruta que nos llevará hacia ese gran cambio. Como dice Morin “cambiar de vía”.
Pero cambiar de vía no significa frenar el desarrollo científico-técnico-económico, por el contrario, significa repensar y hacer un alto y un acto de contrición, para valorar lo bueno y malo que tenemos en nuestras vidas, de tal forma, que abramos una pluralidad de caminos, reformadores a nuestra vida. Serán muchos los caminos, pero como dice Machado “. el camino se hace al andar”.
El cálculo monetario no puede evaluar el bienestar y el malestar. La tristeza, el abandono y la soledad buscan consuelo en la compra y el consumo. La lógica del cálculo, de la máquina determinista, del rendimiento y de la productividad se extiende por toda la sociedad y se apoderó de todos nosotros. Por esto, necesitamos una reforma de vida, que pueda reducir el poder del dinero y del afán de lucro y de todos aquellos que siempre nos presentan las mismas recetas economicistas.
Necesitamos de una política de solidaridad real no de una de anonimato de solidaridad del estado de bienestar, es decir pasar de promulgar la solidaridad a liberar la fuerza de las buenas voluntades y favorecer las acciones solidarias, por ejemplo, impulsar la economía solidaria en donde se fortalezca el cooperativismo y las asociaciones sin afán de lucro que presten servicios de proximidad, o en el campo educativo, en donde profesores y docentes ofrezcan espacios de formación y acompañamiento técnico y profesional a aquellos que más lo necesiten; o en el campo de la seguridad ciudadana, en donde las comunidades se organicen para controlar la delincuencia y el robo.
Necesitamos un reencuentro con el trabajo en el que se dignifique el aporte de todo ser humano; volverle a cada ser su capacidad de crear, de innovar, de producir de sentirse útil en la vida, produciendo para sí mismo, para otro o para un mercado. Hoy más que nunca hemos aprendido que la salud y la alimentación son las principales fuentes de vida que todo ser humano necesita de manera indispensable, es nuestra responsabilidad velar porque nuestro país siga conservando y consolidando el sistema de salud que poseemos, pero en cuestiones alimentarias debemos reconocer el abandono y desconocimiento al que hemos llevado a nuestro sistema agroalimentario nacional, haber pasado de un sistema autosuficiente que garantizaba su seguridad alimentaria, de tan solo hace 30 años, con un liderazgo y reconocimiento a nivel ciudadano de nuestros agricultores, a un nivel de dependencia absoluta por lo que consumimos a nivel básico y sobre todo por el desconocimiento e invisibilización del pequeño y mediano agricultor de nuestro país, a punto de desaparecerlo. Es innegable e indispensable reactivar el sistema agropecuario de nuestro país, tarea que solo grupos multidisciplinarios y en dialogo abierto y permanente podrán buscar la forma de lograrlo.
Esta reforma de vida necesita de una reforma del pensamiento, que nos muestre la importancia de los prejuicios y los paradigmas que inconscientemente dirigen nuestras formas de conocimiento y comportamiento y nos hacen incapaces de comprender que los demás obedecen a otros preconceptos y otros paradigmas.
Tres pilares fundamentales para cimentar una sociedad próspera, solidaria, cohesionada, un Estado fuerte, representativo y garante de los intereses de los diversos sectores y que convoque a una ciudadanía participativa y proactiva, son la Ética Pública, la idoneidad- y la probidad, estas cualidades garantizan, a su vez la transparencia, la rendición de cuentas y son el filtro para detener los abusos del poder, la corrupción y el favorecimiento económico de una minoría. De manera tal, que se pueda cumplir con los requisitos de una democracia representativa y de una economía solidaria, eficiente y distributiva de la riqueza social. El modelo de desarrollo del Estado costarricense, desde la Segunda República, es una fuente para repensar el Estado y el rumbo de la Costa Rica, de los próximos 30 años.
Necesitamos afrontar la relación con los demás a través de la comprensión del prójimo, la humanización de las emociones y el respeto democrático.
Todos debemos buscar aquello que es importante y necesario para nosotros, todos debemos encontrar el camino de nuestra regeneración, una vuelta a las fuentes generadoras-creadoras.
Trabajemos para diagnosticar y transformar, trabajemos para relacionar y unir. Las reformas son solidarias; no son solo institucionales, económicas, políticas o sociales, son también mentales, y requieren una aptitud para concebir y abarcar los problemas globales y fundamentales, una aptitud que, a su vez, precisa de una reforma de la mente y la forma de pensar nuestras vidas. Pero la reforma de la mente depende de la reforma educativa y de la reforma del pensamiento, ambas son complementarias e indispensables.
En materia educativa es momento para reorientar el modelo, hacerlo más inclusivo, más participativo, las TICS nos han ofrecido herramientas tecnológicas que van a revolucionar la enseñanza y el aprendizaje, y es precisamente donde la juventud nos ha dado una clase de destreza y habilidad para acoplarse a estas nuevas herramientas, el reto es porqué no incluirlos en el diseño de las nuevas formas de implementar el proceso de enseñanza aprendizaje valiéndonos de las TICS.
Ante esta época de crisis provocada por la pandemia del COVID 19 es momento para replantearnos, hacer un alto en nuestras vidas, valorar lo que tenemos, mirarnos como humanos, preguntarnos qué queremos de nuestras vidas, en qué estamos dispuestos a cambiar, y lo más importante creo yo, que puedo hacer por el prójimo, sobre todo aquel que ha perdido las esperanzas de vivir la vida con dignidad humana, aquel necesitado de espiritualidad, de oportunidad, de valoración por lo que es, y no por lo que tiene o puede producir, aquel que anda en la calle sin norte, aquella que enfrenta sobrevivir con una familia sin oportunidades de trabajo o empleo, pero no solamente él o aquella que parece estar alejada de mí, muchas veces, ella o él están muy cerca o son parte de mi núcleo familiar.
Insto a que olvidemos nuestro ego disciplinar que no nos deja ver la realidad compleja que afrontamos, debemos pasar de las recetas que todo lo solucionan desde una disciplina; receta, donde mi disciplina es la más favorecida, y los o las otras, son las que deben implementar las sabias soluciones propuestas; debemos buscar el encuentro con el otro, a reconocernos en el otro u otra, a dialogar, a buscar puntos de convergencia que nos permita avanzar en la convivencia fundamentada en el amor por nuestro semejante, porque solo de esta manera podremos avanzar en una sana convivencia en donde lo que planifiquemos sea producto del aporte de cada uno de nosotros.
Finalmente, consideramos que el gobierno y quienes lo presiden realizan las acciones y medidas que humanitariamente, con meditación o alevosía, consideran más oportunas, más que criticar dichas propuestas, debemos realizar aportes o propuestas que mejoren dichas acciones, hay que pasar de la reacción a la acción propositiva. Ya no basta con denunciar, ahora es preciso enunciar, no es suficiente reconocer la crisis, la urgencia, también hay que saber por dónde empezar, el reto es ahora o nunca.
Aún tenemos tiempo para reconstruir y fortalecer aquellas prácticas ciudadanas, que soportan la institucionalidad y la praxis democrática, y que se fundamentan en la moral y la ética pública.
El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Artículo 50 de la Constitución de la República de Costa Rica.
Álvaro Vega Sánchez, sociólogo
Se habla hasta la saciedad de recortar salarios, pensiones y en general el gasto público. El peso de la balanza recae sobre este sector, mientras lo privado se mantiene casi intocable, como si fuese el “lugar santísimo” del templo de la patria. Este país, en materia de política pública y privada, es tan laico (de laos: pueblo) como cualquier Estado de Derecho.
Efectivamente, nuestra Constitución establece que se pueden imponer limitaciones a la propiedad privada en razón del “interés social” (Artículo 45), es decir, del bien común. Hasta ahora, y en medio de un Estado de Emergencia Nacional, no se han impuesto limitaciones de ningún tipo sustantivo a lo privado, y por el contrario se le sigue facilitando su gestión, para que despida, postergue contrataciones y negocie condiciones con los trabajadores, que solo favorecen al gran empresario y su capital.
O sea, el gobierno no está cumpliendo a cabalidad con el mandato constitucional de procurar “el mayor bienestar de todos los habitantes” propiciando un “adecuado reparto de la riqueza”, hoy concentrada escandalosamente. Riqueza que ha crecido exponencialmente, porque ha sido eximida, vía concesiones tributarias y amnistías, de cumplir con la responsabilidad social que le compete en un Estado Social de Derecho, que todavía existe porque tenemos una Constitución que lo respalda.
El Banco Mundial, para nada sospechoso de ser enemigo del sector privado, llama la atención al peligro de festinar con los recursos públicos para enfrentar la crisis producida por el COVID-19. Plantea algunas consideraciones a tener en cuenta. Por ejemplo, proteger los trabajos, tanto públicos como privados, es una prioridad; los funcionarios públicos prestan gran parte de los servicios esenciales para responder a la crisis en primera línea; los Gobiernos deben permitir el teletrabajo y reorganizar las tareas y responsabilidades en vez de imponer recortes y despidos; la crisis ha subrayado la importancia de tener instituciones públicas eficaces para proteger las vidas y los medios de subsistencia de las personas.
Una propuesta razonable y proporcional, y que toma en consideración los aspectos mencionados, entre otros, es la formulada por el economista don Francisco Esquivel, que en sus nueve puntos condensa medidas que son una garantía para el cumplimiento del precepto constitucional contenido en el Artículo 50, columna vertebral de nuestro Estados Social de Derecho. No privilegia a ningún sector, sea público o privado, que cuente con la capacidad y responsabilidad de aportar solidariamente, y sin apelar a subterfugios como los que han venido abaratando el concepto de solidaridad, de gran contenido ético-humanista. Una propuesta juiciosa y patriótica.
También se han hecho aportes valiosos por parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), de la Federación Ecologista de Costa Rica (FECON), de la Maestría en Planificación de la Universidad Nacional, entre otras. El movimiento social y la academia han sido proactivos y solidarios en esta lucha de todos y todas.
Solo falta voluntad política, humildad y amplitud de miras para salir adelante, como bien señala Harari, ante los desafíos de este Siglo XXI: “Aunque los retos no tienen precedentes y aunque los desacuerdos son enormes, la humanidad puede dar la talla si mantenemos nuestros temores bajo control y somos un poco más humildes respecto a nuestras opiniones” (21leccionespara el siglo XXI, p.179).
El gobierno tiene que contribuir a conjuntar las mejores ideas y propuestas, en esta hora decisiva, para ser garante del precepto constitucional que le asigna al Estado, como tarea fundamental, impulsar “el más adecuado reparto de la riqueza”.
Tenemos que superar, de una vez por todas, los enfoques que han venido propiciando el antagonismo entre trabajadores del sector público y privado, para afirmar el compromiso que ambos tienen en contribuir al bien común, especialmente en situaciones de emergencia como la que estamos padeciendo. Solo a las élites económicas, políticas y mediáticas privilegiadas les interesa poner a pelear a los trabajadores de ambos sectores. No hay que prestarse a ese juego sucio y mal intencionado.
San José, Costa Rica — El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica cumplió 176 años de existencia el jueves 9 de abril, en una fecha que demostró que la política exterior costarricense, enfrentada a la pandemia del Covid—19 como la más difícil y dramática crisis humanitaria del siglo XXI y una de las más severas desde 1844, quedó rebasada como plataforma de iniciativas internacionales de mediano y largo plazo, más allá de sus gestiones obligadas de “carpintería” de corto alcance.
Luego de que el 6 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de coronavirus en Costa Rica y comenzó su transmisión a decenas y centenares de personas, en un proceso paralelo a la complicación mundial de la enfermedad, la Casa Amarilla—sede de la cancillería costarricense—empezó a exhibir la ausencia de una política visionaria al menos de carácter regional e interamericano.
En la precipitación global de los problemas provocados por un padecimiento del que China alertó en diciembre de 2019 (pero brotó en noviembre de ese año), la Casa Presidencial de Costa Rica tampoco hizo nada para que Relaciones Exteriores, como su base de proyección internacional, adoptara los correctivos necesarios y generara una o varias propuestas, serias y profundas, para posicionar a San José en un puesto de liderazgo exterior frente a una demoledora situación sanitaria.
¿Qué hicieron los jerarcas de Barrio Otoya (cancillería) sin que el de Zapote (Presidencia) instruyera y ordenara ejecutar un golpe de timón en la política exterior, como líder de un control de mando con verdadera visión de estadista y más allá de mensajes sin fondo, actos ceremoniales intrascendentes y “campañitas” mediáticas de propaganda?
Con el avance de la crisis, la cancillería se limitó a convertirse en una especie de agencia de viajes para coordinar con gobiernos del resto del mundo el traslado a Costa Rica de los costarricenses que, por una u otra razón, quedaron atrapados o retenidos en esas naciones por el impacto de la pandemia en la conectividad aérea mundial. Nadie puede oponerse a esa labor de rescate de los costarricenses y el aplauso y la felicitación son merecidos.
¿Y qué más hizo cancillería, para trascender y demostrar que su concepción política global va más allá de una recepción calurosa en la pista del aeropuerto internacional Juan Santamaría o en los corrillos migratorios y aduanales de esa que es la principal terminal aérea de este país?
La Casa Amarilla se quedó ahí y no hizo nada más. La rampa del Santamaría fue su horizonte.
Por un lado, es claro que la tarea de rescate, encomiable sin la menor duda, pudo haber sido desplegada por los “carpinteros” de la cancillería. Por el otro, la jefatura de esos valiosísimos peones debió concentrarse en los asuntos duros, fuertes, desafiantes y sensibles de la pandemia desde una perspectiva de política internacional.
¿Cuáles? Los siguientes:
Nicaragua:
Frente a la irresponsabilidad, por omisión y por comisión, del régimen gobernante en Nicaragua de negarse a adoptar los protocolos urgentes para tratar de contener la propagación del contagio, Costa Rica reaccionó—para decirlo en términos futboleros—con una delegación de jugadores novatos. El sábado 21 de marzo de 2020, los jerarcas de Relaciones Exteriores, Seguridad Pública y Salud de los dos países se reunieron en el puesto fronterizo bilateral de Peñas Blancas, para “analizar acciones contra el Covid–19”, según un recuento de la cita difundido por la Casa Amarilla.
Pero el habilidoso aparato de poder en Managua despachó a pesos pesados—los legionarios—con abundante experiencia política, encabezados por un militar: Denis Moncada, canciller, consentido de Rosario Murillo—vicepresidenta, esposa del presidente Daniel Ortega y mandamás todapoderosa—ex embajador en la Organización de Estados Americanos (OEA) y amigo íntimo de la dinastía dictatorial.
La comitiva costarricense, sin experiencia en negociaciones duras y menos en zarandeadas de este tipo con Nicaragua, llegó a la cita con la meta de acordar con Managua un cierre total—o sea, todo, no a medias—a ambos lados de la frontera.
El objetivo era imponer un cerco sanitario para bloquear, de sur a norte y de norte a sur, el paso de personas con la única excepción de costarricenses viajando de Nicaragua a Costa Rica y nicaragüenses transitado de Costa Rica a Nicaragua. (Si el gobierno de Costa Rica sale ahora a decir que nunca pidió a Nicaragua el cierre de la frontera, entonces la respuesta es clara: ¡Apague y vámonos!)
A nombre de su gobierno, el general Moncada rechazó esas y otras opciones extremas. Si la representación nicaragüense aceptaba la propuesta (cajita blanca) de Costa Rica, para Nicaragua habría sido aceptar que la situación por la pandemia es grave y admitir que, para contenerla, urgía cerrar fronteras.
“El general y su gente se comieron a los emisarios de Costa Rica, con muy pocas horas de vuelo frente a los de Nicaragua”, me dijo un experimentado diplomático costarricense que en distintos foros internacionales se batió con argumentos sólidos con Moncada para derrotar sus arremetidas en contra de los intereses nacionales.
El resultado real de la reunión del 21 de marzo en Peñas Blancas es evidente.
Nicaragua todavía no cierra ni las playas o lagos y continúa en su carnaval de aglomeraciones y demás actos masivos en sitios públicos, convencida de que la sangre de los nicaragüenses derrotará al implacable virus. Nicaragua le dijo no a la lógica—y única—propuesta costarricense de blindar el sector limítrofe común.
Los novatos nacionales, algunos con desempeño notable en el torneo nacional y pobre fuera de las cuatro fronteras de Costa Rica, retornaron a San José sin conseguir el propósito político y sanitario. La consecuencia es que, a hoy, la frontera está abierta en Nicaragua y sus más de 300 kilómetros de longitud con trillos ciegos son un pasadizo problemático para Costa Rica.
¿Qué debieron hacer Zapote y Otoya frente a la negativa de los enviados del dúo gobernante atrincherado en un búnker fortificado del Barrio El Carmen, de Managua, de cerrar frontera, con lo que exponen la salud de los más de cinco millones de costarricenses a un riesgo mayor por el ataque del Covid—19 ante una migración irregular e incesante de nicaragüenses?
Luego del encuentro de Peñas Blancas, y en defensa férrea y valiente de la salubridad de los habitantes de y en Costa Rica, Presidencia y Relaciones Exteriores debieron denunciar internacionalmente la actitud de irresponsabilidad absoluta que Ortega y Murillo ratificaron el 21 de marzo. En estos momentos, y con la sanidad de los costarricenses de por medio, tampoco interesa que a Ortega y a Murillo les guste o disguste lo que haga Costa Rica: urge actuar.
Aquel devaluado con Costa Rica “no se juega” de otro inquilino de Zapote sigue todavía más depreciado si se evalúa la reacción de las autoridades costarricenses tras las afrentas del tenebroso y demencial matrimonio Ortega—Murillo, ya despojado de sensibilidad y decidido a jamás ceder.
En forma paralela, Zapote y Otoya debieron seguir por las siguientes vías:
Convocar a una Cumbre de las Américas Virtual, al cobijo de la OEA y sin necesidad de que ningún jefe de Estado y de Gobierno del continente tenga que viajar al exterior, en el complemento de una ofensiva diplomática desde San José sustentada en dos finalidades muy claras:
1—Volver a denunciar en un foro de esa dimensión interamericana que Nicaragua pone en peligro la salud del pueblo de Costa Rica, por negarse a dictar las medidas preventivas y reactivas internas por la incursión incesante del coronavirus y por impedir que, en un país con una fragilidad sanitaria tras casi dos años de hondo conflicto político, institucional y socioeconómico, los nicaragüenses sigan migrando a suelo costarricense como potenciales portadores del virus.
2—Como país sin ejército desde 1948, con abundante autoridad moral de nación que hace más de 71 años le declaró la paz al mundo y decidió gastar sus recursos en educación y salud, exigir a los restantes 34 gobiernos de América que, en lo inmediato y frente a los efectos sanitarios y socioeconómicos de la pandemia, recorten sus presupuestos militares y refuercen con urgencia los gastos en seguridad social.
¿Cuál es el consuelo de los argentinos al saber que su ejército, con la responsabilidad de defender la soberanía y la integridad territorial de Argentina, perdió un submarino que, además del saldo mortal del incidente, le significó un costo millonario en su presupuesto?
Viendo a Europa, ¿de qué le sirvió a Italia, en la catástrofe que se hundió por el azote del fenómeno, tener aviones supersónicos que apenas sirvieron en este escenario de tragedia humana para hacer dibujitos con los colores de la bandera italiana con sus chorros en el aire?
Sí, de nada. E igual sucede, por ejemplo, con los tanques rusos en Nicaragua o con los aviones rusos en Venezuela y con la avalancha de cuantiosa ayudar militar por décadas de Estados Unidos a América Latina y El Caribe.
En este contexto, los dos siguientes datos son contundentes:
Un recuento del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, principal centro global de monitoreo de presupuestos de defensa, reveló que América Latina y El Caribe (excepto Costa Rica) gastaron mil 485 mil 600 millones de millones de dólares de 1988 a 2018.
En contraste, la intergubernamental Conferencia Latinoamericana de Saneamiento mostró otro drama latinoamericano y caribeño: 14,3 millones de personas defecan al aire libre, 17,5 millones usan letrinas simples y solo 51,8% de sus 660 millones de habitantes tiene servicios seguros de saneamiento para eliminar excrementos.
Sin duda que el resultado de este tipo de gestiones internacionales es incierto y en especial en el contexto de la OEA. También lo es la iniciativa—valiosa y oportuna—que el Ministerio de Salud de Costa Rica lanzó en marzo pasado ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) para facilitar las condiciones de acceso a tecnologías en el combate al coronavirus.
Si los países americanos se niegan a recortar los gastos militares, pues que los organismos internacionales que hoy están recibiendo sus solicitudes de préstamos para luchar contra el Covid—19 entiendan que esas naciones están mandando un mensaje claro: los militares, sus armas y sus tropas son intocables, aunque la insalubridad y la vida de millones de personas esté bajo una amenaza con desenlace sin certidumbre.
De carambola, Costa Rica se instalará en un sitial de liderazgo y, a tres bandas, podrá tener puertas abiertas para acudir a recursos frescos y en condiciones favorables para la guerra verdadera: defender la salud de las personas que habitan en sus 51 mil kilómetros cuadrados.
Por eso, el 176 cumpleaños del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica que se celebró el 9 de abril demostró una reiterada triple ausencia de política internacional, de visión de estadista y de compresión geopolítica en Otoya y en Zapote.
Jerarcas del gobierno de Costa Rica se movilizan en lancha para una inspección en la zona fronteriza con Nicaragua este 10 de abril. Foto: Presidencia de Costa Rica.
(*) José Meléndez es un periodista costarricense que es corresponsal del periódico El Universal, de México, para América Latina y El Caribe, y que escribe para medios de comunicación de España, Colombia y Estados Unidos.
“La preocupación por el hombre y su seguridad debe ser el interés principal de todos los esfuerzos” (Einstein)
Manuel Hernández
Rescatar del olvido las comisiones de salud ocupacional
1.- La lucha global de los y las trabajadoras en la autodefensa de su salud
En varios países del mundo, el personal sanitario se manifiesta y protesta contra las condiciones precarias en que están prestando los servicios para acometer la pandemia, agravadas por la falta de equipos de protección personal.
El justificado reclamo se ha extendido a todos los rincones del planeta.
En Italia, el personal de algunos hospitales declaró una huelga, en media pandemia, exigiendo al Gobierno de Giuseppe Conte los implementos de protección personal, para prevenir contagios a pacientes, compañeros de trabajo y salvaguardar su propia vida y familia.
Lamentablemente en Italia ya han fallecido 80 médicos a consecuencia de la pandemia.
En New York, en el corazón de un imperio cuya fragilidad y profunda injusticia social quedó al descubierto, la lucha de las enfermeras ha sido un ejemplo mundial, quienes realizaron una manifestación para denunciar que las estaban mandando a la guerra sin armadura.
A principio de la pandemia, los y las trabajadoras del Museo del Louvre, cerraron dos días este establecimiento, ejerciendo su derecho de autotutela y resistencia, exigiendo condiciones de seguridad adecuadas y suministro de equipos de protección personal.
El día de hoy, médicos, enfermeras y personal sanitario de los hospitales de Bogotá y otros departamentos de Colombia, realizaron una manifestación demandando el mejoramiento de las condiciones de los servicios, EPP y el pago de los salarios que les tienen retrasados.
En estos países, y otros como Chile y Argentina, frente al avance irreversible de la pandemia y la vulnerabilidad de las condiciones en las que están laborando, los trabajadores están reivindicando la autotutela, el derecho de resistencia, la auto organización y la constitución de comités de seguridad e higiene, con la finalidad de defender su salud frente a los voraces intereses patronales.
2.- Las comisiones de salud ocupacional en la legislación costarricense
En nuestro país, el artículo 288 del Código de Trabajo, tristemente olvidado y recluido en esta pandemia, prácticamente en régimen de prisión domiciliara, establece que en cada centro de trabajo, donde laboren más de 10 personas, deben crearse y funcionar las comisiones de salud ocupacional, integradas de manera paritaria, por representantes del patrono y los trabajadores.
La finalidad de las comisiones es investigar las causas de riesgos del trabajo, determinar las medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan las disposiciones de salud ocupacional.
Por su parte, el Reglamento de las comisiones y oficinas de salud ocupacional dispone que las comisiones “tendrán como objetivo garantizar y ofrecer formas participativas de permanente diálogo y concertación en la construcción de soluciones en materia de salud ocupacional.” (artículo 4)[1]
Se trata, sin lugar a duda, de una norma de la mayor relevancia, de un alto contenido democrático, que promueve y garantiza la negociación permanente y la definición pactada de las decisiones en esta materia.
Este Reglamento establece que los empleadores están obligados a constituir las comisiones de salud ocupacional y facilitar todos los recursos que requieran para su funcionamiento, incluyendo los permisos remunerados de sus integrantes.
El decreto desarrolla las atribuciones que les competen a las comisiones, entre las cuales destacan, además de las contempladas en la ley, las siguientes:
Investigar las causas de los riesgos de trabajo.
Vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas.
Solicitar información de las estadísticas de los accidentes y los informes de riesgos que ocurran en el centro de trabajo (artículo 19).
Las comisiones constituyen una valiosa herramienta de organización y lucha de la clase trabajadora, en orden a la participación y negociación de las condiciones de salud ocupacional.
3.- La cuarentena en que están las comisiones de salud ocupacional
En el escenario de la emergencia sanitaria que estamos pasando, se vuelve imperativo que las comisiones de salud ocupacional asuman su protagonismo, la responsabilidad y el rol que les manda, ex lege, el ordenamiento jurídico.
No obstante su trascendencia, en el diseño político-institucional de la gestión de la emergencia sanitaria, las comisiones de salud ocupacional fueron completamente borradas del mapa.
Esta interdicción ilegítima de las comisiones de salud ocupacional refleja una política de gobierno e institucional unilateralista, que enerva el derecho de autodefensa de los trabajadores, un derecho irrenunciable, que no es negociable.
Es necesario rescatar del confinamiento las comisiones de salud ocupacional y potenciar su participación en todos los centros de trabajo del país, en fábricas, establecimientos comerciales y en las instituciones públicas, indistintamente que presten o no un servicio esencial.
Con mayor razón y manifiesta urgencia, es absolutamente impostergable poner en funcionamiento eficaz y permanente las comisiones de salud ocupacional de aquellas instituciones donde las y los trabajadores están en las trincheras de batalla contra la pandemia, particularmente la CCSS, cuerpos policiales, servicio de bomberos, AYA, recolectores de basura y otros colectivos laborales que configuran los servicios esenciales.
El gobierno y la gestión de la seguridad y salud de los trabajadores, no puede quedar a merced exclusivamente de las autoridades institucionales, patronos y empresarios.
Los trabajadores y trabajadoras tienen que redimir el derecho propio de participar activamente en la definición de las políticas y toma de decisiones en este terreno.
Los trabajadores y sindicatos deben exigir la activación de las comisiones de salud ocupacional, de manera inmediata, con la finalidad que cumplan el cometido de ley y contribuyan a la mayor protección de la salud de la población.
El coronavirus también seduce tentaciones autoritarias y pone en peligro los pocos mecanismos institucionales de participación democrática de la clase trabajadora costarricense.
Durante los últimos treinta años una cúpula empresarial-política-académica ha orientado a la agricultura bajo la tiranía de la agroexportación, modelo que obliga a importar entre el 70 y el 80% de la comida de un país como Costa Rica. Hoy el agronegocio comienza a estar en crisis, debido al cierre de las fronteras dónde la mayoría de los productos vinculados al comercio exterior no puedan ser llevados a su destino final, al mismo tiempo, que los países del norte están reteniendo sus cosechas de los granos básicos previendo desabastos.
El fracaso del modelo de la agroexportación en un contexto de crisis sanitaria se resume en las declaraciones de la Cámara de Exportadores, la cual asegura que: “No podemos dejar que el pequeño agricultor no produzca, en tres meses la comida escaseará, vamos a tener escasez de alimento en todo el mundo”.
Hoy son estos mismos empresarios quienes dicen que debemos sembrar alimentos para el autoconsumo para disponer en el corto plazo. Son justamente los dueños del agronegocio los que siempre se ha beneficiado del dinero público para impulsar sus negocios privados, por encima del pequeño agricultor. Son los piñeros, bananeros y en general agroexportadores los que han acaparado el agua, arrinconado a las comunidades campesinas, esclavizado a los peones, contaminado el campo con agrotóxicos y sobretodo han mamado del dinero público. Por eso, ahora es ridículo que estén repartiendo por las calles piñas y melones rancios desechados de la agroexportación y haciéndose fotos para que la prensa les haga reportajes.
Recordemos que el sector agroexportador está muy concentrado en pocas manos. De casi cuatro mil empresas autorizadas para exportar, 76 acaparan el 66,5% de las ganancias. Para el sector agrícola es más dramático porque solo 10 empresas concentran más del 51% de los ingresos por la venta de productos frescos fuera de Costa Rica, y la mayoría son corporaciones trasnacionales.
El modelo del agronegocio ha fracasado y ha puesto en peligro la soberanía alimentaria (el derecho a tener alimentos en cantidades y calidades necesarias). Hoy son los mismos exponentes del agronegocio los que admiten su fracaso.
Pese a esto, el Gobierno de Carlos Alvarado parece seguir ciegamente sus indicaciones y aceptando sus abusos. La propuesta de UCCAEP es ridículamente suicida. Certificar y patentar semillas e importar más agroquímicos es más de lo mismo que nos ha traído hasta acá, a la inseguridad alimentaria. A tal punto de estar a tres meses de no conseguir alimento y no podamos estar fuertes en medio de una emergencia sanitaria, cuando es más urgente gozar de buena alimentación.
Es urgente y determinante que el país genere las condiciones para una revolución agroecológica. La calve para el futuro es justamente no repetir los errores del pasado. La producción agrícola descentralizada, pero articulada y comercialización a nivel local, fuera de los circuitos de distribución de las grandes cadenas de supermercados especuladores.
Es clave potenciar la agricultura urbana, sustituir los agrotóxicos por prácticas agroecológicas. Es necesario dotar de tierras a campesinos, sobre todo a personas jóvenes sin tierra. Es importante que el Estado deje de engordar los privilegios de la agroexportación de mercancías y apoye la producción de alimentos. La agricultura a pequeña escala puede alimentar al mundo, se reporta que campesinos y campesinas de todo el planeta producen el 70% de la comida con tan solo el 25% de la tierra cultivable (ETC, 2017). Por lo tanto, es un hecho comprobado que la justicia en el campo nos llevaría a ser un pueblo más resistente a eventos extremos como pandemias y la crisis climática.
Este 8 de abril del 2020, Estados Unidos registró en tan solo 24 horas 1939 muertes debido al coronavirus (véase nota de prensa de Ouest France). En esta nota matutina norteamericana del mismo 8, se mencionaba a más de 1850 muertes: véase nota de prensa del Washingthon Post. Eran 865 las muertes registradas en 24 horas debido al coronavirus COVID-19 el 1ero de abril (véase nota de prensa de Sudinfo- Bélgica). El pasado 3 de abril, se reportó que murieron más de 1000 personas en Estados Unidos en 24 horas, elevando la cifra total a más de 6000 muertes (véase nota del Washington Post). Tal y como se puede apreciar, el ascenso es vertiginoso en estos primeros días del mes de abril en Estados Unidos.
Las cifras de la pandemia en Estados Unidos
A ello se suma el hecho que oficialmente, Estados Unidos registra más personas contaminadas que en Italia, en España y en China, con las siguientes cifras dadas a conocer por la Universidad Johns Hopkins (véase enlace oficial) al 8 de abril: 402.923 personas contaminadas (Estados Unidos), contra 146.690 (España), 139.422 (Italia), 110.070 (Francia), 109.329 (Alemania) y 82.809 (China).
Nótese la progresión en Estados Unidos si se compara estas cifras con las del 27 de marzo pasado, fecha en la que Estados Unidos superó a los demás Estados precitados, con 94.338 personas afectadas, seguido por Italia (86.498), China (81.897), y España (64.059).
El pasado 3 de abril, la cifra de personas contaminadas en Estados Unidos era de 273.880 personas, siempre según la misma precitada Universidad Johns Hopkins, la cual monitorea en tiempo real la situación a nivel mundial de la pandemia.
Perspectivas oficiales dadas por las autoridades norteamericanas
Al 8 de abril, se registran unas 12.900 muertes en Estados Unidos causadas por el coronavirus (véase nota de CNN).
En declaraciones oficiales dadas por sus máximas autoridades el pasado 1ero de abril, se estimó a un número que oscila entre 100.000 y 240.000 las personas que fallecerán en Estados Unidos debido al coronavirus (véase nota de prensa del Washington Post): una proyección extremadamente sombría si se compara al número de personas fallecidas debido al COVID-19 en otros Estados que registra la Universidad Johns Hopkins antesmencionada al 8 de abril, con las siguientes cifras: 17.127 (Italia), 14.555 (España), 10.328 (Francia), 6.159 (Reino Unido), 4.003 (Irán) y 3.213 (China).
Remitimos a nuestros estimables lectores a la nota que elaboramos el pasado 24 de marzo, al advertir la Organización Mundial de la Salud (OMS) que Estados Unidos podría convertirse en el nuevo epicentro de la pandemia del COVID-19, declarada oficialmente como tal por la OMS el pasado 11 de marzo tan solo (véase nuestra nota titulada «OMS advierte nuevo epicentro del coronavirus: Estados Unidos«).
Como es sabido, el ordenamiento jurídico internacional deja un margen de apreciación bastante amplio a los Estados para adoptar medidas sanitarias en su territorio ante una pandemia. Es así como cada Estado ha ido analizando las medidas tomadas, en particular por China e Italia y por varios otros Estados, en particular en Asia, para replicarlas a nivel nacional, o bien optar por otra estrategia de contención de este coronavirus. Nótese, a modo de ejemplo, que las autoridades francesas optaron por mantener la realización de la primera vuelta de las elecciones municipales el pasado domingo 15 de marzo, pese a recomendaciones insistentes de científicos y de médicos solicitando reportarlas sine die; y que las escuelas, colegios y universidades funcionaron normalmente hasta el viernes 20 de marzo en todo el Reino Unido. Suecia por su parte, ha decidido no aplicar ninguna medida de distanciamiento social que se han ordenado en los demás Estados europeos (véase nota de France24).
La salud pública en Estados Unidos: una vulnerabilidad predecible
Cabe señalar que, en Estados Unidos, las medidas sanitarias ordenadas de manera improvisada en los aeropuertos causaron un verdadero caos en todas las terminales norteamericanas el pasado domingo 15 de marzo, colocando a una enorme cantidad de personas provenientes de diversas latitudes del planeta confinadas en espacios muy cerrados durante largas horas (véase nota de prensa del Washington Post). No se conoce de estudios que orienten a los investigadores sobre la cantidad de personas que pudieron haber sido contaminadas por el COVID-19 en Estados Unidos el 15 de marzo.
A diferencia de la situación existente en Estados como España, Francia o Italia, el sistema norteamericano de salud pública es sumamente deficiente. Al gran número de personas que no cuentan con ninguna cobertura médica en Estados Unidos, hay que añadir las carencias de todo tipo del sistema de salud pública norteamericano y el alto costo del cuidado médico: en el 2018, se calculó que el 44% de los norteamericanos evita ir a una cita médica (véase nota de prensa de Forbes).
Resulta de interés señalar que mientras que se cuenta con 6 camas en hospitales por cada 1000 habitantes en Francia, 3,2 en el caso de Italia, y 3 en el caso de España, en el caso de Estados Unidos, el promedio llega a 2,8 camas por cada 1000 habitantes.
A nivel mundial, en este gráfico (véase enlace oficial) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aparecen también India (0,5 cama por 1000 habitantes), Costa Rica (con 1,1), Estados Unidos (2,8), España (3), Alemania (8), y al final de la tabla, Corea del Sur (12,3) y Japón (13,1 camas por cada 1000 habitantes): estos dos últimos Estados (así como Taiwán, y Singapur) han logrado contener significativamente el avance del coronavirus COVID-19 en su territorio, y las medidas que han ordenado de manera tempranera (y muy planificada) han generado mucho interés en otras latitudes.
A modo de conclusión
Pese a lo predecible sobre lo que podría ocurrir en Estados Unidos ante una pandemia como la del COVID-19, la falta de previsión de la actual administración es latente. Informaciones recientes indican que el actual ocupante de la Casa Blanca fue advertido por uno de sus colaboradores sobre los efectos negativos que podría causar el coronavirus en Estados Unidos, y ello desde … el 19 de enero del 2020 (véase nota de prensa de The Guardian).
Cabe señalar además que las autoridades norteamericanas tuvieron la posibilidad de observar detenidamente lo ocurrido en China en diciembre y en enero del 2020, y luego en varios Estados de Europa a partir de febrero y marzo para prever algun tipo de medidas de contención ante el COVID-19. Según todo pareciera indicar, no se tomaron.
Italia advirtió en su momento de medidas urgentes a tomar para evitar en otros Estados el colapso generalizado de las unidades de cuidados intensivos que sufrió, advertencia de la que hoy, por ejemplo, ha beneficiado el sistema francés de salud: a las medidas de confinamiento ordenadas, hay que añadir la notable capacidad de adaptación del sistema de salud en Francia para liberar un número significativo de camas en hospitales galos, así como el traslado de pacientes de la región más impactada del «Grand Est», por tren y por avión, a hospitales de regiones francesas mucho menos afectadas, entre muchas otras medidas.
Como parte de la improvisación ante esta pandemia que impactará, según todo parece indicar, a Estados Unidos en proporciones mucho mayores a las observadas en otras latitudes, en este inicio del mes de abril la prensa francesa refiere al desvío de un importante pedido de máscaras chinas destinadas a Francia hacia Estados Unidos, el finiquito de la compra habiéndose negociado en el último momento, con dinero en efectivo, en la misma pista del aeropuerto chino (véase nota de prensa de l´Express y esta nota más reciente de Le Figaro).
Imagen ilustrativa: OMS
(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica UCR.
A diferencia de Colombia y Ecuador- aunque las comparaciones resultan odiosas- en Costa Rica, la entidad estatal rectora de Salud: la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), garantiza la investigación, en torno al estudio de la sangre, de pacientes recuperados del coronavirus.
Esta etapa es posible cuando existe la inversión estatal en la investigación científica y avance de la medicina. En Colombia, con un sistema de privatización y negocio de la Salud, sin haber llegado al punto máximo de la curva, engañan con uso de términos como que estamos en una etapa de mitigar, que, aunque tecnicismo, conlleva un mensaje negativo a la población.
Esperamos en Colombia se decrete ¡ya! el recorte al gasto militar ($37.5 billones de pesos) y no asignación de recursos al Escuadrón de la Muerte ESMAD ( $ 490 mil millones anuales) y en su lugar se dote al histórico y popular HSJ de D, u Hospital La Hortua, en Bogotá DC, para el funcionamiento de UCI’s y lograr que en el país colombiano corresponda al actual ejército expansionista, asumir la tarea humanista de dotar, un mínimo de 24 escuadrones, encargados de la dotación de unidades sanitarias, hospitales de campaña dedicados, entre otras funciones, a la compra de insumos para pruebas de reacción en cadena de polímeros en directo de RI PCR; así como inversión de recursos y equipos para UCI.
ADEMÁS, que, por parte de Indumil, que sus ingenieros diseñen y elaboren, al menos camas, en lugar de armas.
Rosa Pavanelli, secretaria general Internacional de Servicios Públicos
La ISP constata que el momento que vivimos requiere que todo el movimiento sindical se centre en dos frentes: un conjunto de acciones de emergencia inmediatas y específicas y una respuesta económica (compuesta por 8 puntos cada una)
a ISP se enfrenta a la crisis más grave que sus miembros han confrontado. Lxs trabajadorxs de la salud representan alrededor del 12% de la población infectada en todo el mundo, y el número de muertes es intolerable.
La falta de preparación de los sistemas de salud, incluida la escasez de personal, las agotadoras jornadas de trabajo y la falta de equipo de protección personal (PPE) están exponiendo a lxs trabajadorxs de la salud a peligros mortales que también socavan la capacidad de los sistemas de salud para responder a la emergencia.
La escasez crónica de ventiladores, camas en la UCI, camas de reanimación, equipos de pruebas, laboratorios y biólogos está impidiendo las posibilidades de salvar vidas y empeorará las ya peligrosas condiciones de trabajo del personal sanitario.
Además, los años de privatización de los establecimientos de salud han ejercido una presión aún mayor sobre los sistemas de salud pública, hasta que (algunos) gobiernos decidieron obligar a los proveedores privados a unirse a los hospitales públicos en su respuesta a la emergencia.
Rosa Pavanelli, secretaria general Internacional de Servicios Públicos
En este momento, el movimiento sindical debe centrarse en la respuesta inmediata a la emergencia:
1. Utilizar todos los medios para proporcionar EPP a todxs lxs trabajadorxs expuestxs a un alto riesgo de contagio (atención sanitaria, cuidado de ancianos, atención domiciliaria, transporte, ambulancia, policía, bomberxs, prisiones y centros de detención, incluidos los campamentos de refugiadxs y de migrantes, dependientes y cajerxs, trabajadorxs de la producción esencial, etc.). Para lograr esto, los sindicatos deben pedir a los gobiernos que soliciten a las fábricas locales para que conviertan su actividad a la producción de estos bienes. La requisa también debe aplicarse a la producción de ventiladores, equipos de prueba y todos los equipos y dispositivos necesarios para que el sector de la salud pueda trabajar de manera eficiente.
2. Aumentar el número de camas en la UCI. Esto significa que debemos pedir a los gobiernos que requisen los hospitales y clínicas privadas para responder a las necesidades de la población.
3. Contratar, capacitar y equipar a enfermerxs y médicxs para aliviar la carga de trabajo del personal hospitalario actual y reducir el riesgo de contagio.
4. Suspender las patentes de los medicamentos que resulten necesarios para el tratamiento de COVID 19. Crear un consorcio/agencia a nivel mundial, bajo la OMS, para coordinar la investigación de una vacuna y evitar la explotación comercial.
5. Imponer el cierre de todas las actividades de fabricación y comerciales no esenciales.
6. Pedir a los gobiernos que apoyen a lxs trabajadorxs y los ingresos familiares, incluidos lxs trabajadorxs informales de todo tipo, y que garanticen licencias remuneradas. Del mismo modo, prestar apoyo para el cuidado de los niñxs a todxs lxs trabajadorxs que deban seguir trabajando. En la ISP creemos que debe haber una respuesta colectiva de los estados a una emergencia mundial con la inyección de recursos para apoyar los ingresos familiares y de las pequeñas empresas, y que el sector privado debe contribuir de acuerdo con las directrices del gobierno.
7. Comprometerse con los organismos gubernamentales de desarrollo y las IFI para garantizar la inyección de recursos adecuados, sin condicionalidades, para apoyar la emergencia en los países en desarrollo, incluido el suministro a todxs de agua limpia y jabón para el lavado de manos.
8. Instar a la comunidad internacional a que proporcione una solución urgente, inclusiva y basada en los derechos a lxs migrantes detenidxs, lxs que están atrapadxs en las fronteras y lxs refugiadxs, lxs solicitantes de asilo, lxs migrantes y las personas desplazadas que viven en campamentos. Además de la situación humanitaria y de derechos humanos, que nos preocupa como sindicatos, existe el alto riesgo de que la concentración de miles de personas en zonas restringidas sin acceso a servicios de atención de la salud y a agua potable y saneamiento se convierta en una catástrofe de salud pública de una magnitud inimaginable.
Es necesario tomar medidas para hacer frente a los problemas derivados de las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. La situación se ha visto agravada por la falta de preparación y por los cambios en el sistema económico mundial en los últimos 30 años. La profunda conmoción económica resultante puede crear muchas dificultades para lxs trabajadorxs y marcar el comienzo de otro ciclo de austeridad. Debemos prepararnos ahora para dar forma a la respuesta económica.
Este será el momento de decir que hay una emergencia mundial que necesita ser financiada, y que deben adoptarse medidas rápidas y radicales si queremos evitar la paralizante austeridad, la dislocación social y el extremismo político de derechas que siguió a la crisis financiera mundial. Lxs trabajadorxs ya están haciendo sacrificios y las pequeñas empresas también están sufriendo: es hora de que quienes se han beneficiado del sistema paguen ahora y contribuyan inmediatamente para reparar el daño que han hecho. Entre las cuestiones que deben abordarse podrían figurar las siguientes:
1. El alivio y la reestructuración de la deuda para las economías más vulnerables, de manera que no se vean obligadas a enfrentarse a crisis monetarias y de reembolso al mismo tiempo que tratan de hacer frente a la crisis sanitaria y económica.
2. Cambios en el sistema mundial de rescate de la deuda para garantizar que pueda producirse una reestructuración ordenada de la deuda, cuando sea necesario, que comparta la carga entre los acreedores y los deudores y no socave el crecimiento económico ni exacerbe las crisis sociales.
3. Eliminar los topes legislativos de deuda y gastos, como ocurre en Europa y el Brasil.
4. Exigir que los préstamos concedidos a los países (del Banco Mundial, el FMI, los bancos regionales de desarrollo o los acreedores privados) no contengan condicionalidades como la liberalización del mercado laboral, la privatización o las desgravaciones fiscales para los más ricos.
5. Implementar impuestos sobre la riqueza para asegurar que aquellos que han almacenado riqueza en el período previo a la crisis ahora contribuyan.
6. Aumentar los tipos de los impuestos de sociedades al 50% para los que obtengan beneficios excesivos, es decir, por encima del 5%. En un momento en el que las empresas están fracasando, los servicios públicos no tienen fondos suficientes y lxs trabajadorxs están haciendo sacrificios, las empresas que están obteniendo beneficios excesivos tienen la obligación moral y económica de contribuir a la recuperación. A diferencia de otros impuestos o gravámenes, un impuesto sobre el exceso de beneficios no puede hacer más vulnerables a las empresas en dificultades, ya que sólo se aplica sobre los beneficios ya generados, y a niveles excesivos. Las empresas en dificultades no pagarían más impuestos, pero se beneficiarían del estímulo fiscal proporcionado al garantizar que los beneficios excesivos se reorienten inmediatamente al estímulo fiscal.
7. Introducir inmediatamente un impuesto sobre los servicios digitales para que las empresas de tecnología que han obtenido beneficios masivos, que antes evitaban los impuestos y que almacenaban dinero en efectivo en paraísos fiscales (y que ahora obtienen aún más beneficios debido al confinamiento, es decir, Netflix, Amazon, etc.) paguen su parte justa de inmediato. Muchos países querían introducir esos impuestos, pero se les convenció de que esperaran a los resultados del proceso BEPS de la OCDE. El proceso BEPS no es ahora capaz de proporcionar una propuesta creíble, y ciertamente no en el plazo requerido para una reparación fiscal urgente. Se debería instar a todos los países a que los introduzcan inmediatamente como instrumento de recaudación de ingresos.
8. No se deberían tomar medidas de rescate financiero a ninguna empresa que no proporcione un CBCR público (informe país por país), ni a ninguna que opere a través de paraísos fiscales. La respuesta a la crisis financiera mundial y los recientes regalos fiscales en los EE.UU. muestran que sin estas medidas muchas empresas redirigirán estos beneficios a los accionistas, directores y gerentes y no los utilizarán para proteger el empleo y las condiciones de los empleados.
A largo plazo es necesario repensar profundamente el sistema económico mundial, incluyendo el sistema de producción y el papel de las cadenas de suministro mundiales, que fracasaron en esta crisis. También deberíamos reconsiderar el papel del gobierno en las políticas industriales, incluida la necesidad de producir internamente bienes que son esenciales para garantizar el interés y el bienestar públicos. Es fundamental reconsiderar el papel de los servicios públicos e invertir en los sistemas de salud pública, la educación pública, el agua potable, el saneamiento y la protección social. Esto significará defender el argumento de que el actual sistema de gobernanza financiera y el poder desmesurado de las empresas multinacionales deben terminar.
Por eso creemos que debemos cambiar el discurso ahora mismo.
No queremos que lxs trabajadorxs de la salud que salvan vidas sean llamadxs héroes. ¡No son héroes! Son profesionales que reclaman y merecen respeto, dignidad, el derecho a ser protegidxs y el reconocimiento de salarios y condiciones de trabajo decentes.
Queremos dejar claro de una vez por todas quiénes son los que se benefician y cómo deben cambiarse las reglas del juego si queremos evitar desastres en el futuro y si queremos trabajar realmente por un mundo mejor y más justo para todxs.
No entender esto bajo estas circunstancias no es sólo un error, es irresponsable. Ya perdimos la oportunidad en 2008. No podemos perderla esta vez.
Como dijo el Papa Francisco, «pensamos que podíamos estar seguros en un mundo enfermo». La crisis mundial generada por COVID-19 demuestra que no estamos ni podemos estar seguros en un planeta enfermo.
Debemos reflejar las numerosas políticas que los gobiernos se ven obligados a adoptar ahora para ayudarnos a hacer frente a la crisis climática. Un enfoque estrecho en el empleo y la transición impulsada por las empresas seguramente condenará a la humanidad a una crisis sistémica y al fracaso del sistema.
Nadie puede afirmar ahora que los cambios rápidos en las políticas son imposibles o que las crisis futuras pueden ser mejor tratadas por los mercados. Pero la gente puede ignorar las advertencias y volver a los negocios como de costumbre. Nuestro trabajo es asegurarnos de que esto no suceda. Es asegurarnos de que el sufrimiento actual no sea en vano y utilizar las advertencias que ahora tenemos para convencer a la gente de que debemos construir una nueva economía radical y desarrollar políticas que pongan a las personas y al planeta por encima del lucro.
