Rodrigo Aguilar Arce, expresidente CTRN*

Como lo hemos indicado en ya reiteradas ocasiones, existen suficientes razones para oponerse a las deducciones salariales pretendidas por las fuerzas políticas afines a los sectores económicos neoliberales y liberales extremos para atender la crisis del COVID-19.

En esta difícil situación, la clase trabajadora es la primera que ha tenido que asumir sacrificios como reducir sus jornadas de trabajo y hasta perder su empleo por completo, cuando ya de por sí las estadísticas nos mostraban un desempleo superior al 12% y un subempleo cercano al 50%. La primera línea de sacrificados son los trabajadores del turismo en todas sus modalidades y de ahí los afectados se han extendido al resto de las actividades económicas.

Es claro que corresponde al Estado como tal, brindar la solución a toda esta población que por ese tipo de razones hoy carece de recursos para poder sostener a sus familias.

En algunos países los gobiernos han comenzado a utilizar los recursos provenientes de sus ingresos para distribuir en las personas que quedan en la indefensión, pero se trata de Estados que cuentan con suficientes recursos por cuanto sus sistemas tributarios recaudan altos porcentajes de la renta global y de la renta mundial, así como de otras rentas incluidas en sus sistemas tributarios, además del valor agregado.

Todo lo contrario sucede en nuestro país, donde no existen esos sistemas de renta de las empresas grandes, las que pertenecen al 1% de la población y que desde hace años evaden sus impuestos sin que lamentablemente se les haya impuesto límites a esas prácticas o aplicado sanción, como si ocurre en otros países.

Ya antes de que entráramos a conocer la crisis generada por la pandemia, el sector público había sufrido diversos golpes en su sistema salarial a pesar de la intensa y prolongada huelga realizada en el año 2018; los trabajadores del sector público vieron reducir parte de sus salarios con anualidades que se establecieron fijas y no porcentuales, vieron disminuir los porcentajes de dedicación exclusiva y prohibición, entre otras, y por supuesto, se les aplicaron ajustes salariales ya no a la base, sino fijos, muy lejanos al crecimiento de la inflación. Y no podemos dejar de mencionar que ya desde muchos años atrás esos salarios habían perdido su poder de compra, por cuanto en las diferentes administraciones se dieron incrementos muy por debajo de la inflación.

En otras palabras, el sector público ha sido golpeado y muy fuertemente desde hace mucho tiempo, y aún, así los políticos que solo siguen línea del sector empresarial insisten en seguir endosando los problemas a la clase trabajadora.

Volvemos a insistir que los salarios base del sector público están por debajo de los salarios del sector privado y en algunos casos en un alto porcentaje. Las anualidades apenas ayudan a equilibrar esas diferencias.

Por ello es necesario que la CTRN y las demás centrales sindicales se opongan a la propuesta del no pago de la anualidad, y exijan el cumplimiento del mismo tal como la ley lo indica.

Podría aceptarse una contribución de los salarios que estén por encima del ¢1 300 000 pero condicionado a que las grandes empresas aporten una cantidad equivalente a lo que han ocultado en los últimos tres años y que declararon supuestamente como pérdidas.

Cuadro comparativo de salarios base en el Sector Público con los salarios mínimos establecidos por el Consejo Nacional de Salarios

Podemos observar en este cuadro comparativo, que existen diferencias entre puestos similares hasta de ¢ 53 mil y diferencias relativas que van de 6,86% hasta 18.32%, siendo los más bajos los del Sector Público.

*Confederación de Trabajadores Rerum Novarum