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La batalla diplomática de cara a la designación del (de la ) futuro(a) Secretario(a) General de Naciones Unidas: breves apuntes

Escrito en . Publicado en Análisis.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com

El pasado 2 de febrero, con el apoyo de Brasil y de México, Chile ha oficializado la candidatura de su ex Presidenta, Michele Bachelet, para ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas (véase comunicado oficial de Chile). Se trata de un anuncio tripartita bastante inusual, y que posiblemente, responda a los resultados de las elecciones pasadas en Chile y a la inminente llegada de nuevos dirigentes en Chile, poco afines con la ex Presidenta Michele Bachelet (y que asumirán sus funciones oficialmente a partir del 11 de marzo del 2026 en Santiago). Consultas previas al anuncio explican que Chile tomara varias semanas, tal y como se indica en esta nota de prensa de enero del 2026, antes de inscribir oficialmente a la candidata chilena.

Este anuncio conjunto fue precedido en el mes de noviembre del 2025 por el anuncio hecho por Argentina de postular a uno de sus nacionales, Rafael Grossi (véase comunicado oficial de Argentina), y, en octubre del 2025, por otro anuncio oficial, proviniente esta vez de Costa Rica, al oficializar la candidatura de una de sus nacionales, Rebecca Greenspan (véase comunicado de prensa). 

Es de notar que en agosto del 2025, en Argentina su actual candidato confirmó a medios de prensa locales su intención con respecto a su posible candidatura (véase nota de prensa).

Desde el punto de vista histórico, cabe recordar que el primer (y único hasta la fecha) Secretario General oriundo de América Latina fue peruano (el ex canciller de Perú, designado en octubre de 1981, sustituyendo a otro ex canciller – de Austria –  en el puesto, designado en octubre de 1971). 

Siempre desde la perspectiva histórica, nunca desde 1945 el cargo de Secretario General de Naciones Unidas fue ocupado por una mujer. 

Un consenso mundial ante la disonancia regional

Pareciera existir un consenso a nivel internacional para que esta vez, sea el continente latinoamericano el que proceda a postular a candidatos(as) para que sean designados(as) como futuro(a) Secterario(a) General de Naciones Unidas.

Ahora bien, el que se observe en estos últimos meses a las diplomacias de Argentina por un lado, asi como la de Costa Rica por otro, y tres Estados como Brasil, Chile y México apoyando una tercera candidatura de una nacional chilena, refleja la capacidad limitada de llegar a un consenso en la región de América Latina. 

Ni siquiera parecieran los Estados de la región estar en capacidad de ponerse de acuerdo sobre el punto de saber si la persona llamada a dirigir los destinos de la Secretaria General de Naciones Unidas debe ser un hombre, o bien una mujer.

En el marco de un foro regional como la CELAC (siglas de Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe), la desunión sobre este punto particular es palbable entre sus 33 integrantes, entre otros varios puntos de la agenda regional latinoamericana y caribeña.

No existe un formato de cumbre «CELAC / Rusia» ni «CELAC / Estados Unidos» que permita valorar si estos dos Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Rusia y Estados Unidos) han tomado nota de la voluntad del continente latinoamericano de ver a uno(a) de sus nacionales convertirse en (o la) futuro(a) Secretario(a) General de Naciones Unidas.

En cambio, durante la última cumbre China / CELAC, realizada en China en el mes de mayo del 2025 (véase texto completo colgado por la diplomacia de Colombia) el punto 13 se lee como sigue:

«13. China toma nota de la posición de los países de la parte de ALC de que ha llegado el momento para que una persona nacional de un Estado de América Latina y el Caribe asuma la Secretaría General de las Naciones Unidas, considerando que, de los nueve Secretarios Generales que ha tenido la ONU hasta la fecha, sólo uno ha sido originario de la región». 

En la parte final de esta declaración final, se indica que el punto siguiente (el punto 14) no contó con la aprobación de Costa Rica (sin que se tenga explicación oficial alguna desde entonces) y que Argentina consideró oportuno no hacerse presente en la plenaria de esta cumbre: «La República Argentina estuvo ausente del Plenario Ministerial en la Cuarta Reunión del Foro CELAC-China y no participó en la adopción de estos documentos«.

En noviembre del 2025, en otra cumbre, esta vez CELAC / UE (Unión Europea), se precisó en la declaración final adoptada (véase texto integral, y en particular el punto 21) que:

«21.The European Union takes note of the position expressed by the countries of Latin America and the Caribbean to have a national of the region serve as the next Secretary-General of the United Nations».

Nuevamente la diplomacia de Argentina consideró oportuno hacer ver de manera estridente ante los 27 Estados europeos y ante el resto del continente americano su profundo descontento con algunos puntos. La cacofonía de América Latina se dejó entrever de manera mucho más llamativa esta vez, al precisarse el final del texto de esta declaración final lo siguiente: «The Argentine Republic dissociates from paragraphs 10, 15, 18, 42, 44, the reference to “gender” in paragraph 9, the reference to “Pact for the Future” from paragraph 20 and the reference to “Agenda 20230 and its 17 Sustainable Development Goals SDGs” in paragraph 22; the Republic of Costa Rica dissociates from paragraphs 10 and 18; the Republic of Ecuador dissociates from paragraphs 10, 15 and 18; the Republic of El Salvador dissociates from paragraphs 10 and 18; the Republic of Panama dissociates from paragraphs 10 and 15; the Republic of Paraguay dissociates from paragraphs 10, 15, 18, 20, 22 and 44; the Republic of Trinidad and Tobago dissociates from paragraph 10 and from the reference to “We reiterate the importance of regional migration dialogue frameworks” in paragraph 47; the Bolivarian Republic of Venezuela withdraws from the declaration«. En el caso de Costa Rica, se desconoce si alguna explicación oficial fue aportada por parte de sus autoridades para explicar su objección a los puntos 10 (América Latina como Zona de Paz y apoyo a la lucha contra el narcotrafico en alta mar) y 18 (levantamiento del embargo a Cuba) de esta declaración final, puntos igualmente objetados por El Salvador. No se tiene conocimiento por parte de la diplomacia de Paraguay (objetando seis puntos), de Argentina (cinco puntos) y de Ecuador (tres puntos) de justificaciones aportadas oficialmente para explicar estas objecciones, ni tampoco de Venezuela (optando por rechazar todo el texto como tal). 

El levantamiento del embargo a Cuba: algunos apuntes

Observar a Estados del continente latinoamericano cuestionar la condena al embargo a Cuba y objetando que se exiga su levantamiento, ante al consenso existente a nivel internacional, resulta bastante llamativo. 

No está de más recordar que en el 2016, la resolución anual que se adopta en la Asamblea General de Naciones Unidas exigiendo el levantamiento del embargo a Cuba fue adoptada con 191 votos a favor y una abstención (la de Estados Unidos), tal y como lo analizamos en esta nota nuestra de octubre del 2016. 

En octubre del 2024, el mismo texto fue adoptado con 187 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y un Estado optando por abstenerse (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas). 

En cambio, en el último ejercicio de esta naturaleza (octubre del 2025), el voto registrado fue de 165 a favor, 7 en contra (entre los cuales Argentina y Paraguay) y 12 abstenciones (entre las que figuran las de Costa Rica y de Ecuador). Estos números del 2025 reflejan el nivel de presiones que ejerce Estados Unidos sobre algunos Estados, en particular desde la llegada a la Casa Blanca de su actual ocupante (21 de enero del 2025).

El procedimiento previsto en breve y la experiencia previa de Costa Rica (en breve igualmente)

Más allá de las posiciones ahora encontradas sobre el embargo a Cuba, de la disonancia reinante en el continente americano y de algunas objecciones de Costa Rica no explicadas a temas que se pueden considerar medulares en declaraciones internacionales de este tipo, en la Carta de Naciones Unidas suscrita en 1945 es realmente muy poco lo que se indica sobre el procedimiento a seguir para la designación del Secretario General, al precisar solamente que:

«Artículo 97

La Secretaría se compondrá de un Secretario General y del personal que requiera la Organización. El Secretario General será nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. El Secretario General sera el más alto funcionario administrativo de la Organización«.

En una carta con fecha del 25 de noviembre del 2025, la Presidenta de la Asamblea General y el Presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas recordaron a los Estados miembros de Naciones Unidas el procedimiento establecido para presentar postulaciones a este importante cargo dentro de Naciones Unidas, a definirse en el marco de la próxima Asamblea General de Naciones Unidas (a realizarse en septiembre/octubre del 2026). Se considera que nuevas candidaturas pueden presentarse en estos primeros meses del 2026, sin que la precitada carta fije una fecha límite para ello. En esta misma misiva del 25 de noviembre, se lee que:

«Noting with regret that no woman has ever held the position of Secretary-General, and convinced of the need to guarantee equal opportunities for women and men in gaining access to senior decision-making positions, Member States are encouraged to strongly consider nominating women as candidates. We note the importance of regional diversity in the selection of SecretariesGeneral«.

Como bien se sabe, la Asamblea General vota por un candidato (o lo aclama por unanimidad) luego de haber recibido una recomendacion por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

En el caso de Costa Rica, habíamos tenido la oportunidad de analizar su fracasado intento en el 2016, al designar a una nacional con un perfil bastante original con respecto a la hoja de vida que usualmente poseen las personas designadas por Estados para ser postuladas a este importante puesto dentro del organigrama de Naciones Unidas (usualmente, ex cancilleres, ex primer ministros, o ex jefes de Estado): al respecto, se puede consultar la hoja de vida de cada uno de los 13 aspirantes al cargo disponibles en este enlace oficial de Naciones Unidas, enlace el que se detalla la contienda del 2016 (en la que, además de una nacional de Costa Rica, participó una de Argentina, frente a 10 candidaturas provenientes de Europa y una de Nueva Zelanda). En la contienda del 2006, fueron siete candidaturas las presentadas (seis de Asia, una de Europa), de las que resultó designado el candidato de Corea del Sur (véase enlace).

Con respecto al proceso observado en el 2016, nos permitimos remitir a nuestros estimables lectores a esta nota nuestra publicada en el sitio jurídico especializado de DIPublico (Argentina) en septiembre del 2016, con ocasión del cuarto sondeo informal dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Este cuarto sondeo informal selló definitivamente la suerte de quien finalmente sería designado en diciembre del 2016, el actual Secretario General de Naciones Unidas (ex primer ministro de Portugal), en sustitución del anterior Secretario General (ex canciller de Corea del Sur) designado en octubre del 2006, luego de terminar su mandato el Secretario General anterior (ex vice primer ministro y excanciller de Egipto), designado en diciembre de 1991. 

Tuvimos la oportunidad de analizar en una nota anterior el segundo sondeo en el seno del Consejo de Seguridad (véase nuestra nota publicada en DIPublico en agosto del 2016) que ya indicaba las posibilidades (bastante remotas) de la candidata costarricense, y de elaborar una nota anterior con ocasión del primer sondeo informal realizado por el Consejo de Seguridad, el mismo 21 de julio del 2016.

Es de recordar que fue por aclamación de la Asamblea General que fue designado el actual Secretario General de Naciones Unidas en octubre del 2016, luego de ser recomendado por el Consejo de Seguridad (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas). En junio del 2021, el Consejo de Seguridad adoptó una resolución endosando un segundo mandato para el actual Secretario General (véase la resolución 2850 adoptada el 8 de junio del 2021).

Un detalle de forma que plantea algunas interrogantes

Por alguna razón, que sería de cierto interés conocer, en este enlace oficial de Naciones Unidas sobre el proceso iniciado en el 2025 de cara a designar a un persona con el puesto  de mayor responsabilidad dentro del organigrama de Naciones Unidas, por un mandato de cinco años y renovable, únicamente aparecen la candidata chilena y el candidato argentino, con sus respectivas hojas de vida y su visión a futuro de la organización. 

Este mismo enlace en idioma castellano mantiene las mismas dos únicas candidaturas, con acceso a su hoja de vida, su trayectoria y su visión a futuro de la organización: se trata de documentos de cierta importancia, que permiten a la comunidad internacional y en particular a los 191 Estados restantes que integran a Naciones Unidas, conocer un poco mejor a cada una de las personas postuladas y la visión que defienden sobre el futuro de la organización mundial, en particular ante los numerosos retos que debe enfrentar. 

Al parecer, un trámite que sí realizaron en meses pasados ante Naciones Unidas Chile por su parte y Argentina por otra parte, al menos a la fecha de redactar estos apuntes (23 de febrero del 2026), no se ha realizado por parte de las autoridades diplomáticas costarricenses.

Naciones Unidas: dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad haciendo de las suyas con la Carta de Naciones Unidas  y con la justicia penal internacional en tiempos recientes

Como bien es sabido la organización de Naciones Unidas enfrenta retos cada vez mayores, y ha sido objeto de fuertes cuestionamientos en los últimos tiempos.

En particular luego de la agresión militar de Rusia contra Ucrania iniciada el 24 de febrero del 2022 y luego de la respuesta militar insensata de Israel al ataque sufrido el 7 de octubre del 2023, cuyas autoridades militares han reconocido recientemente el saldo de victimas mortales (véase al respecto nuestra nota titulada «Gaza / Israel: un reconocimiento por parte de militares en Israel sobre la cifra de muertes en Gaza que plantea algunas interrogantes en Costa Rica«). En ambos casos, se ha observado a dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad fomentar violaciones graves a disposiciones fundamentales de la Carta de Naciones Unidas (de manera directa en el caso de Rusia, indirecta en el caso del apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel), con ambos llegando incluso, por razones distintas, a adoptar sanciones contra jueces y contra el mismo Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya. 

Ante violaciones tran graves de la normativa internacional existente, Ucrania ha acudido a la CPI y a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), asi como al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de Naciones Unidas. De igual manera, Palestina ha recurrido a todos los mecanismos existentes, incluyendo a la CPI y a la CIJ, para hacer valer las normas internacionales que protegen el territorio palestino ocupado por Israel. En ambos casos, las demandas están en trámite y pendientes de resolución, en particular para Palestina, la posibilidad que la CPI juzgue a dos altos responsables de Israel, incluyendo a su actual primer ministro, objeto de una orden de captura por parte de la CPI desde noviembre del 2024.

Estados Unidos se ha mostrado incluso más «creativo» en materia de sanciones que Rusia: en el mes de julio del 2025, una reconocida ONG como Amnistía Internacional calificó de «vergonzosas» las sanciones tomadas por Estados Unidos contra, esta vez, ya no integrantes de la CPI, sino contra la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Palestino, la jurista italiana Francesca Albanese (véase comunicado de prensa).Tuvimos la oportunidad de analizar su tercer informe sobre Gaza del mismo mes: remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota titulada «Gaza / Israel: reflexiones desde una Costa Rica omisa sobre reciente informe de Naciones Unidas detallando la responsabilidad directa de empresas privadas en el genocidio en curso en Gaza«. 

Quisiéramos agradecer al equipo editorial de LaRevista.Cr por habermos concedido una extensa entrevista para conmemorar en el 2025 las 80 primaveras de las Naciones Unidas, en la que pudimos profundizar algunos aspectos relacionados a estas fuertes críticas contra la organización ante al drama indecible que se vive en Gaza (véase entrevista). Dicho sea de paso, la primavera 79 de la organización en el 2024 nos permitió en ese mismo espacio, reflexionar sobre los diversos desafíos que enfrenta Naciones Unidas, y que siempre se mantienen en este inicio del 2026 (véase entrevista).

Un 2026 que inicia con una fuerte arremetida de Estados Unidos contra la Carta de Naciones Unidas y contra el multilateralismo

 El 3 de enero del 2026, Estados Unidos volvió a violar las reglas más elementales del derecho internacional plasmadas en la Carta de Naciones Unidas, con un ataque militar contra Venezuela para capturar a su mandatario y entregarlo a la justica norteamericana.

Este ataque fue precedido de violaciones reiteradas a las reglas internacionales en materia de captura y secuestro de cargamentos de droga en altamar y de naves sospechosas, realizadas frente a las costas de Venezuela desde el mes de septiembre del 2025. Es de notar que a la fecha de redactar este texto (23 de febrero del 2026), Venezuela no ha acudido a la CIJ, ni a la CPI, ni al Consejo de Seguridad, ni a la Asamblea General, como sí lo hicieron en su momento Ucrania y Palestina. Hay que tener claro que nadie puede sustituirse a Venezuela como Estado para reclamar por algun tipo de reconocimiento de responsabilidad internacional de Estados Unidos por parte de una jurisdicción internacional en lo ocurrido el 3 de enero del 2026, con todas las consecuencias legales que ello implica. En 1986, Nicaragua obtuvo una histórica sentencia de la CIJ contra Estados Unidos, por adiestrar, financiar y asesorar a fuerzas contrainsurgentes en su contra.

El 7 de enero del 2026, Estados Unidos anunció a la comunidad internacional que se retira de una importante lista de organizaciones internacionales en muy variados temas, so pretexto que atentan contras los intereses norteamericanos (véase el texto integral de esta inusual Executive Order).

La amenaza de Estados Unidos con recurrir a la fuerza contra Irán hecha desde inicios del 2026 constituye otra muy clara violación a una disposición fundamental de la Carta de Naciones Unidas. 

No está de más precisar que muchas de las ocurrencias del actual ocupante de la Casa Blanca son declaradas totalmente ilegales por los tribunales norteamericanos, como por ejemplo la reciente sentencia de la Corte Suprema dada a conocer el pasado 20 de febrero, precisando que los aranceles unilateralmente (y arbitrariamente) fijados contra un gran número de Estados en materia comercial por parte del actual ocupante de la Casa Blanca (véase nota de la BBC).

En el caso de Groenlandia, las recientes amenazas proferidas por el ocurrente ocupante de la Casa Blanca para adquirir este territorio que se encuentra bajo la jurisdicción de Dinamarca «por las buenas o por las malas» demonstró su profundo desconocimiento de su parte de las reglas internacionales en la materia vigentes desde 1945. Por cierto este 22 de febrero del 2026, Groenlandia y Dinamarca, algo desconfiadas y precavidas, rechazaron la oferta de enviar un barco hospital a Groenlandia ofrecido por Estados Unidos (véase nota de The Guardian). Tuvimos la oportunidad de indicar en un breve análisis desde la perspectiva legal sobre este repentino apetito norteamericano por adquirir Groenlandia observado en estos primeros meses del 2026 (véase nota nuestra titulada «Groenlandia y Estados Unidos: aspectos desde la perspectiva jurídica internacional muy, pero muy, basicos …» ) que:

«no hay manera de sostener en este inicio del 2026  que Groenlandia está en venta o que puede ser adquirida. Sostenerlo es hacer un ridículo internacional, raramente observado por parte de un jefe de Estado en ejercicio gozando de sus plenas facultades«.

A modo conclusivo

Más allá de la total impericia que demuestra el actual ocupante de la Casa Blanca y su equipo para resolver álgidos problemas de la agenda internacional, ignorando las reglas más elementales del ordenamiento jurídico internacional, y enviando a negociar por parte de Estados Unidos a un equipo conformado por hombres de negocios y promotores inmobiliarios y no por experimentados profesionales de la diplomacia, lo cierto es que la carrera por el puesto de Secretario General de Naciones Unidas se va perfilando en este inicio del 2026.

Resultará sin duda de cierto interés observar a las diplomacias de Argentina por un lado, asi como la de Costa Rica por otro, y la de tres Estados como Brasil, Chile y México apoyando una tercera candidatura de una nacional chilena, desplegar gestiones de muy diversa naturaleza en favor de su candidato(a) a nivel mundial: para el resto de los integrantes de la comunidad internacional que recibirán solicitudes diversas de apoyar a estas candidaturas, resulta indudable la poca cohesión y capacidad de consenso existente en América Latina. No se puede descartar del todo que nuevas candidaturas vean la luz en los meses venideros, incluso las de nacionales de un Estado latinoamericano.

Esta situación desde ya, con tres candidaturas, es bastante llamativa y vaticina una fuerte contienda diplomática en los meses venideros, con respecto en particular a los aparatos diplomáticos de los Estados que integran actualmente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (15 Estados miembros), y en particular con los cinco Estados permanentes de dicho Consejo: así como en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, órgano plenario que cuenta con 193 Estados miembros. 

Independientemente de las simpatías que pueda generar Argentina por un lado, Costa Rica por otro, así como Chile segundado por Brasil y México, la verdadera llave de esta designación se encuentra en la evaluación que hará el Consejo de Seguridad de cada uno de los tres postulantes: cada candidato(a) posee indudablemente puntos a su favor (y otros … a su defavor), que serán debidamente ponderados por sus Estados miembros, en particular cinco de ellos que poseen la calidad de Estado miembro permanente. La sensibilidad de estos cinco Estados al revisar con detenimiento las manifestaciones hechas en el pasado por cada candidato(a) en su contra, sea de manera directa o velada, podría incluso tener cierto peso en la balanza, a la hora de decidirse por apoyar (o no) una de estas tres candidaturas.

En aras de convencer a los demás Estados que forman la comunidad internacional, los Estados que postulan a un(a) nacional para ocupar la silla de Secretario General deberían también mostrar cierta consistencia y cierta coherencia, y en particular su máxima autoridad. Sobre este preciso punto, cabe recordar que en su primer discurso como mandatario de Argentina en septiembre del 2024 durante la Asamblea General (véase texto), el actual Presidente de Argentina emitió duras críticas contra Naciones Unidas y contra su agenda, en particular la Agenda 2030, y contra el multilateralismo, a diferencia de su homólogo chileno, fiel defensor, desde su primer discurso en el 2022, del multilateralismo y de la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como de la justicia penal internacional (véase texto de su discurso pronunciado en septiembre del 2025).

Es de precisar que, con respecto a Argentina y a Costa Rica,  Chile lleva muy adelantada la candidatura de su nacional: en efecto, en el mes de septiembre del 2025, el Presidente de Chile en persona fue a Nueva York, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, a presentar oficialmente a la candidata chilena (véase comunicado oficial de prensa) y se mantuvo presente personalmente en las Asambleas Generales  en los años anteriores. Un dato que contrasta con el siguiente hecho, bastante inusual en Costa Rica: en los últimos cuatro años, el Presidente de Costa Rica no ha asistido a ninguna Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

La mayoría de diputados de Pueblo Soberano le permite actuar con cierto autoritarismo, e imposición, en la conducción de la Asamblea Legislativa

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

La mayoría de los diputados, 31 de 57, que tiene el Partido Pueblo Soberano le permite holgadamente dirigir la Asamblea Legislativa.

Con 29 diputados, sin transar con nadie, de ninguna otra de las fracciones que allí van a coexistir, la de Liberación Nacional, la del Frente Amplio, la de la Coalición Agenda Ciudadana y la de la Unidad Social Cristiana, necesitan sus votos para integrar todo el Directorio Legislativo y para dominar y presidir todas las Comisiones Parlamentarias.

Los grupos opositores o minoritarios ni siquiera deben preocuparse por obtener ventaja en estas decisiones. Lo mejor que pueden hacer es apoyar todos los nombramientos que ellos quieran hacer, sin ofrecerles contrincantes. No vale la pena, ni siquiera para la foto. Que se luzcan en esos puestos los diputados de Pueblo Soberano, para ver si cómo roncan, duermen.

Así pueden elegir todo el Directorio Legislativo sin compartir puestos, y sin discutir quien preside el Poder Legislativo y quien es su secretario, que son los puestos más importantes del Congreso, y sin discutir quien preside las Comisiones legislativas.

La Presidencia Legislativa es la más importante por ejercer públicamente la dirección y representación del Poder Legislativo y por ser quien, en una situación excepcional, le correspondería asumir la Presidencia del Poder Ejecutivo, por muerte y ausencia absoluta del presidente y de las dos vicepresidencias.

En el segundo caso, ausencia de las dos vicepresidencias y del presidente de la República ya sucedió, cuando el presidente de la Asamblea Legislativa, Francisco Antonio Pacheco, asumió por unos días, la Presidencia de la República en el gobierno de Oscar Arias Sánchez, que en su tercer año de gobierno se había quedado sin vicepresidentes y él tuvo que salir del país. Ha sido el único caso en el período de la Segunda República, 1949-2026, en que esto sucedió.

El secretario de la Asamblea Legislativa por ser, en la práctica, el jefe de Personal de todo el Poder Legislativo, de más de 900 empleados del Poder Legislativo, le sigue en importancia de nombramiento.

Los demás puestos son literalmente de relleno. Para figurar en el protocolo legislativo y constar en el currículum de quienes ocupen esos cargos.

El presidente legislativo tiene además la función de nombrar, él, solo él, si así quisiera, a todos los miembros de las distintas Comisiones Legislativas. Literalmente lo puede hacer cómo le dé la gana. Generalmente, se acostumbra a negociar con las otras fracciones legislativas la integración de sus diputados en las Comisiones, en la que a los partidos políticos les interesa estar.

En las últimas Asambleas Legislativas cuando no ha habido una sola fracción parlamentaria que por sí misma se imponga en los nombramientos y en las Comisiones, la negociación era obligatoria, sobre todo en los últimos tres gobiernos en que el partido de gobierno, ganador de las elecciones, no pasaba de los 12 diputados, como fue el caso de los dos gobiernos de Acción Ciudadana y el actual de Rodrigo Chaves, con el partido Progreso Social Democrático.

En ocasiones, a la fracción de gobierno, se le daba la Presidencia de la primera Legislatura, del primer año de gobierno, lo que no es obligatorio. Se ha hecho por cortesía política para el arranque del primer año de gobierno del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Así se hizo con el partido Acción Ciudadana.

En el caso del actual gobierno no se le dio esa cortesía en ninguna de las cuatro legislaturas, en ninguno de los cuatro años de gobierno. Quien ha presidido durante todo el período de cuatro años, y lo ha hecho muy bien, en las condiciones difíciles que se ha tenido de la relación Poder Ejecutivo-Poder Legislativo, ha sido Rodrigo Arias Sánchez, diputado del partido Liberación Nacional.

Mi consejo para las diputadas de la Unidad Social Cristiana y de Agenda Ciudadana, es que no se dejen embarcar en algún nombramiento de dirección de las Comisiones. Eso es amarrarles las manos y su capacidad de discusión.

Es obvio que en los próximos cuatro años solo habrá presidentes electos por el Partido Pueblo Soberano. En las condiciones de ese partido, seguramente, cada año cambiarán de presidente legislativo, porque resaltará en sus filas el ego político de los diputados que querrán tener el Honor de presidir la Asamblea Legislativa. Y de la posibilidad de sustituir a Laura Fernández si así llegare a suceder, como en el gobierno de Oscar Arias.

Aparentemente, hoy no tienen condiciones para proponer un presidente Legislativo que se mantenga por los cuatro años seguidos. No es obligatorio rotarlo, cambiarlo, pero en la actual fracción mayoritaria de gobierno ya hay más caciques que indios disputándose ese galardón y ese chicharrón.

En la lucha por presidir la Asamblea Legislativa ocasionalmente, y cada vez con mayor frecuencia, ha florecido la tesis de que una mujer la presida. En las condiciones actuales la Asamblea legislativa tiene más mujeres diputadas que hombres diputados. Es la primera vez que esto sucede, reflejando también que había más mujeres votantes que hombres votantes. ¿Por qué no pensar desde ahora que sea una mujer, aunque sea de Pueblo Soberano, la que presida al Poder Legislativo, en el primer año de arranque del gobierno de Laura Fernández, la segunda mujer en presidir al Poder Ejecutivo? Sería hasta congruente que Laura Fernández impulsara esta tesis e impulsara su propia candidata.

La fracción mayoritaria de Pueblo Soberano se constituyó con el apoyo de los grupos cristianos, no católicos, que le dieron apoyo a Laura Fernández, que se lo quitaron a Fabricio Alvarado y sus grupos conservadores. Por todo el territorio nacional estos grupos así se expresaron a favor de Laura Fernández, con el empujón y apoyo que les hadado Rodrigo Chaves. En este sentido, por amplitud política Pueblo Soberano podría promover, a la Presidencia del Congreso, al diputado Gonzalo Ramírez Zamora, quien ya ocupó en una ocasión anterior la Presidencia legislativa. Tiene la ventaja de que ha sido diputado y también presidente legislativo. Para el inicio del gobierno de Laura Fernández esto puede ser importante, porque él tiene capacidad de negociación política parlamentaria comprobada. Desde el momento mismo en que fue electo presidente parlamentario demostró esa capacidad. Además, tiene buen carácter, buenas relaciones sociales, personales y políticas, lo que le ayuda mucho. Hay que tomar en cuenta que, según la experiencia y práctica parlamentaria, los diputados recién electos se llevan casi ocho meses en aprenderse los trámites legislativos y el uso del reglamento parlamentario. Ya Gonzalo lleva eso adelantado. De todos los 57 diputados, muy pocos, entre ellos Gonzalo Ramírez, han sido diputados, y conocen ese trajín parlamentario. Los otros son duchos parlamentarios y el más destacado es José María Villalta, que inicia su tercer período de diputado. El que algunos diputados electos hayan sido ministros o funcionarios públicos no les da esa experiencia, por esa razón.

Otro grupo que se mueve en el Congreso en lucha por la Presidencia es el del diputado Nogui Acosta Jaén, quien ha sido ministro de Hacienda, uno de los hombres más cercanos al presidente Chaves y el de su mayor confianza. Tiene el carácter para presidir la Asamblea Legislativa, y la experiencia de su ministerio para atender situaciones complejas de sectores sociales y empresariales difíciles.

Un grupo de diputados que lucha por estar presidiendo la Asamblea Legislativa es el que reúne a todos los diputados, que son bastantes, que son imputados judiciales, que son sospechosos de haber cometido delitos, que son deudores del erario público y de instituciones como la CCSS. Es el grupo de los diputados imputados, que quieren dirigir el Congreso, que representa, a modo de imagen, a un sindicato mafioso, también por las vinculaciones de algunos de ellos, interesado en dominar el Poder legislativo. Hace algunos años un diputado de igual ralea intentó presidir el Congreso. Fue rechazado y su historia post legislativa demostró sus vínculos constantes con la narco mafia.

Las comisiones legislativas se dividen en permanente ordinaria, permanente especial, las especiales, los mini plenarios, donde también se pueden aprobar ciertas leyes.

De las comisiones legislativas, las de mayor importancia política son la de asuntos hacendarios, económicos, gobierno y administración, de control y gasto público, jurídicos, de consulta de constitucionalidad, agropecuarios y sociales y 13 comisiones más. Hay comisiones sobre Provincias, Regiones y asuntos particulares. Los mini plenarios son tres, cada uno de ellos con potestad legislativa que conocen proyectos de ley delegados por el Plenario Legislativo.

Puestas así las cosas es entendible que la oposición parlamentaria tiene pocas posibilidades de estar en todas las comisiones. Liberación Nacional y el Frente Amplio son los partidos que más posibilidad tendrán de atender la mayor parte de las comisiones lo que dependerá del interés de los diputados y de las fracciones. Los diputados miembros de las comisiones actúan con derecho a voz y voto en ellas. Los otros que quieran asistir solo tiene derecho a voz.

La Comisión que estudia y atiende lo del Presupuesto Nacional ha sido usual que la mayoría de los diputados sean del partido de Gobierno, para facilitar su aprobación en Comisión y así pasarlo con votos de mayoría al Plenario para su aprobación final. En este momento, si Pueblo Soberano quisiera tener la totalidad de los miembros de esa Comisión lo podría tener. Pienso, por ahora, que allí permitirán tener un representante de cada una de las otras fracciones para guardar las apariencias, sin que ellos puedan tener capacidad de decisión sobre el diseño del Presupuesto que se prepare para su aprobación en el Plenario. En cualquier caso, en esta Comisión habrá minoría opositora. De esto no queda duda.

La Discusión fuerte en la materia hacendaria nacional será en el Plenario Legislativo, y dependiendo de los temas y partidas que se reduzcan o se aprueben, el escenario también será la calle, con movilizaciones populares, sindicales y de los distintos grupos que puedan verse afectados, sectores universitarios, de salud, de educación en general, y también de salarios.

Las luchas por la defensa de los salarios y las pensiones, las luchas por la defensa de los derechos laborales, como las jornadas de trabajo, tendrán que empezarse a mover en las calles, en el escenario público, en la conciencia ciudadana, con fuerte presión en las instancias judiciales para evitar que se lesionen derechos constitucionales, legales y los derechos adquiridos no se menoscaben y violen.

Con la mayoría de diputados de Pueblo Soberano le permitirá al gobierno de Laura Fernández actuar con cierto autoritarismo político público, y por su imposición, en la conducción de la Asamblea Legislativa, se le facilitará su conducción política hacia el continuismo autoritarista político, al riesgo de su desviación hacia las formas tiránicas y dictatoriales de gobierno, sin descuidar el nepotismo político y la persecución oficial e institucional hacia ciudadanos disidentes y opositores en general.

Por ahora, hasta finales de abril, hay que concentrarse en las luchas que vienen por la presidencia de la Asamblea Legislativa, donde las aguas del partido Pueblo Soberano se mueven agitadamente, en esas direcciones, por ahora conocidas, con iniciativas de grupos internos: las mujeres, los cristianos, los de Nogui, que son los del presidente Chaves, los de los diputados y la del sindicato de los diputados ligados a los grupos narco delincuenciales, y los que la propia Presidenta Laura Fernández impulse como su tendencia.

Recordemos sus palabras la noche de su triunfo: “los diputados electos serán disciplinados”, es decir llevarán línea de gobierno, y actuarán “disciplinadamente”, sin divisiones ni fracciones, sin negociación si es necesario …tic tac, tic tac…

Del vergel al páramo: fragilidad territorial y recomposición hegemónica en las elecciones de 2026

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

Los resultados de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica son la manifestación territorial de una crisis del orden sociopolítico que durante décadas sostuvo la estabilidad democrática del país. Lo que alguna vez se presentó como el “vergel” del excepcionalismo centroamericano muestra hoy densas manchas donde la integración económica, la presencia estatal y el consenso político se han deteriorado de forma visible.

Uno de los rasgos más reveladores de ese resultado fue la concentración del apoyo al Partido Pueblo Soberano (PPS) en cantones caracterizados por mayores niveles de pobreza, informalidad laboral, desigualdad y problemas de seguridad. Al cruzar los resultados electorales con el Índice de Desarrollo Humano cantonal, se observa que varios de los cantones donde el PPS obtuvo sus mejores desempeños se ubican en los quintiles inferiores del desarrollo humano. Del mismo modo, los cantones con menor inserción en sectores económicos dinamizadores del empleo y el ingreso muestran mayor inclinación hacia opciones políticas de ruptura.

Este patrón no es un dato anecdótico. Sugiere que el voto responde a trayectorias desiguales de desarrollo. Allí donde la promesa histórica de movilidad social y protección estatal se ha erosionado, emergen con mayor fuerza opciones que cuestionan el orden político establecido.

Para comprender este fenómeno resulta útil la noción de fragilidad territorial. No se trata simplemente de pobreza o rezago económico, sino de una condición estructural donde convergen precariedad productiva, debilitamiento institucional y erosión de los vínculos simbólicos con el proyecto nacional. Son territorios donde la reproducción social depende crecientemente de economías informales, empleos precarios o transferencias públicas; donde la presencia estatal es intermitente; y donde la confianza en las mediaciones políticas tradicionales se debilita.

En varios casos, este patrón también coincide con cantones con tasas elevadas de homicidio en los últimos años. Más que establecer una relación mecánica entre violencia y voto, esta superposición sugiere la existencia de territorios donde la capacidad regulatoria del Estado se percibe limitada y donde la demanda por orden, protección y autoridad adquiere centralidad política. La violencia no explica por sí sola el comportamiento electoral, pero forma parte de una ecología territorial de fragilidad acumulada.

La hipótesis que aquí se plantea es que la geografía electoral de 2026 revela la territorialización de una crisis hegemónica. Durante la segunda mitad del siglo XX, Costa Rica consolidó un bloque histórico relativamente estable que, entre otras bases, se sustentó en la expansión del Estado social, la movilidad ascendente a través de la educación pública y el crecimiento de amplias clases medias. Más allá de la alternancia partidaria, existía una narrativa compartida de progreso, institucionalidad confiable y excepcionalidad regional. La hegemonía no se reducía al control del gobierno; implicaba dirección moral e intelectual sobre el conjunto de la sociedad.

Ese bloque tuvo una base territorial concreta. La expansión de infraestructura, servicios públicos, crédito agrícola y empleo estatal permitió integrar progresivamente regiones rurales y urbanas al proyecto nacional. La promesa de movilidad social tuvo fundamentos materiales reales. Sin embargo, esta articulación comenzó a erosionarse con la reestructuración económica asociada a la apertura comercial, la globalización y la transformación del régimen de acumulación.

El nuevo patrón productivo se orientó hacia sectores altamente integrados a mercados globales —zonas francas, servicios empresariales, exportaciones especializadas— reduciendo la centralidad del mercado interno y debilitando la articulación tradicional entre capital nacional y Estado social. El resultado fue una diferenciación creciente entre territorios dinámicamente conectados a cadenas globales y territorios rezagados o subordinados. La integración dejó de ser progresiva y se volvió selectiva. Cada vez más, el mercado —y no el Estado— pasó a ser el principal gestor de esa transformación.

En este contexto, la desigualdad adquirió un rostro territorial marcado. Existen enclaves altamente productivos y conectados, junto a periferias rurales y urbanas donde predominan la informalidad y el empleo precario. La fractura ya no puede explicarse únicamente como urbano versus rural o centro versus periferia, sino como integración versus desconexión respecto al régimen de acumulación dominante. Allí donde el crecimiento se concentró, también se fortalecieron las oportunidades y la densidad institucional. Donde no ocurrió, se acumuló fragilidad.

Políticamente, esta transformación se hizo más visible a partir de 2014. La derrota del Partido Liberación Nacional marcó el debilitamiento del eje histórico del bloque dominante. El ascenso del Partido Acción Ciudadana fue interpretado como una renovación ética e institucional, pero la crisis fiscal, la conflictiva reforma tributaria de 2018 y el creciente malestar social evidenciaron las dificultades para reconstruir bases materiales de consenso en un contexto de desigualdad persistente.

En diversos territorios periféricos se consolidaron patrones de distanciamiento respecto a las fuerzas tradicionales. El proceso electoral de 2022, con la irrupción de liderazgos disruptivos, y el posterior ascenso del PPS en 2026 pueden leerse como momentos sucesivos de una crisis orgánica más amplia. Allí donde la integración socioeconómica era más débil, el consenso se fracturó antes y con mayor intensidad.

Este fenómeno también está vinculado a la transformación de las clases medias. Durante décadas cumplieron una función estabilizadora: moderaron polarizaciones, sostuvieron el pacto redistributivo y ofrecieron una base electoral relativamente predecible. Sin embargo, procesos de precarización, endeudamiento y diferenciación ocupacional han fragmentado este estrato. Hoy las clases medias se distribuyen en posiciones divergentes frente al mercado laboral y al Estado, generando orientaciones políticas más volátiles y menos previsibles.

La fragmentación de las clases medias debilita uno de los pilares del bloque histórico desarrollista. Al disminuir su seguridad material, también se reduce su capacidad de sostener el consenso redistributivo que legitimaba a las élites tradicionales. En ese escenario emergen nuevas alianzas entre sectores empresariales más transnacionalizados y liderazgos políticos que apelan directamente a territorios excluidos, configurando una recomposición hegemónica aún incompleta.

La dimensión territorial de este proceso es central. La desigualdad no solo implica brechas de ingreso, sino también diferencias en densidad institucional, acceso efectivo a derechos y capacidad de regulación pública. Cuando la presencia estatal es desigual, también lo es la experiencia de ciudadanía. La crisis hegemónica se expresa, por tanto, en la fragmentación territorial de los derechos y del consenso.

El resultado de las elecciones parece cristalizar estas tensiones acumuladas. En esos territorios socialmente deprimidos este no puede interpretarse únicamente como un giro ideológico hacia posiciones conservadoras o autoritarias. Más bien refleja una búsqueda de protección, orden o reconocimiento en contextos donde la promesa histórica del Estado social perdió credibilidad. Se trata de un voto situado territorialmente, arraigado en experiencias concretas de precariedad y desconexión.

Lo que emerge no es todavía un nuevo bloque histórico plenamente consolidado y tampoco democrático. El orden anterior muestra signos de agotamiento, pero la alternativa en gestación aún no logra articular un consenso amplio y duradero. El escenario resultante es de mayor volatilidad electoral, fragmentación partidaria y disputa por la definición misma de “pueblo”, “orden” y “Estado”.

La cuestión de fondo es si Costa Rica transita de un modelo de integración territorial progresiva hacia uno de integración selectiva y segmentada. Si el viejo “vergel” se transforma en un paisaje de archipiélagos de prosperidad rodeados de territorios frágiles, la cohesión democrática podría verse comprometida. La estabilidad histórica del país descansó en la capacidad de articular crecimiento económico, redistribución moderada e institucionalidad sólida sobre bases territoriales relativamente integradas. Cuando esa articulación se fragmenta, también se debilita la hegemonía que la sostenía.

Comprender el momento actual exige ir más allá de la coyuntura electoral y situar los resultados de 2026 en una trayectoria iniciada al menos desde 2014, con raíces estructurales que se remontan décadas atrás. No se trata simplemente de alternancia partidaria, sino de la transformación de las bases sociales y territoriales del poder. La fragilidad territorial no es un fenómeno marginal; puede estar convirtiéndose en el escenario privilegiado de la recomposición hegemónica.

En última instancia, el desafío para la democracia costarricense consiste en reconstruir mecanismos de integración territorial capaces de restituir bases materiales de consenso. Sin esa reconstrucción, la fragmentación espacial de la desigualdad continuará traduciéndose en fragmentación política. Las elecciones de 2026 podrían entonces recordarse no como un episodio aislado, sino como el momento en que se hizo visible la transición entre un orden que se agota y otro que aún no termina de definirse.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

El autor reconoce el uso de herramientas de IA para la revisión de aspectos formales del artículo, pero las ideas son enteramente suyas.

La efectividad de la estrategia de continuidad del gobierno de Chaves

Escrito en . Publicado en Análisis.

German Masís

Mientras muchos todavía nos preguntábamos por las razones del ascenso al poder del Partido Progreso Social Democrático y luego en los meses y años siguientes íbamos tratando de asimilar un estilo de gobierno del presidente agresivo y confrontativo, el grupo político en el poder iba tejiendo su estrategia para convertir la Administración actual en la plataforma para garantizar el triunfo en las elecciones del 2026 y consecuentemente la continuidad de este grupo en otro período gubernamental.

Si atendemos al pasado reciente, podemos identificar algunas posiciones y argumentos del Presidente y su equipo de gobierno, que iban en la dirección, de no sólo gobernar en el período 2022-2026, si no proyectar lo que sería una estrategia de continuidad, que fue anunciada prácticamente desde la primeras semanas de ésta Administración y en especial en el informe de los 100 días y en los informes anuales del Ejecutivo, en la que afirmaban la dificultad de gestionar el gobierno y la necesidad de un período más amplio para concretar la reestructuración del Estado para hacerlo “más efectivo y más ligado a las necesidades del pueblo”, según lo enunciaba el Presidente en cada acto político y en sus discursos semanales.

Entre los argumentos esgrimidos frecuentemente por el presidente, su asesora Cisneros y los delfines formados en el proceso, entre ellos la presidente electa, se encuentran algunos que eran estratégicos para los intereses de ese grupo y los cuales fueron muy efectivos para estructurar la propuesta de continuidad que fueron consolidando durante los 4 años, entre ellos están:

El primer argumento, fue que los proyectos que no se podían concretar en el período 2022-2026, como el de la Ciudad-Gobierno, el de la marina y el puerto de cruceros de Limón, el del aeropuerto de la zona Sur, el de la carretera de San Carlos y las reformas institucionales a Ministerios como el MOPT, el MAG y el MINAE, así como las instituciones autónomas, como el ICE, Recope, el INA, JAPDEVA, INAMU, el PANI y radio nacional y canal 13 (que debían ser los canales de propaganda gubernamental), se podían alcanzar si el pueblo les daba un período más en el poder, a lo que posteriormente agregaron que también se necesitarían 40 diputados para lograr todos los cambios mencionados.

El segundo fue que la oposición tiene tomada la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República y no los deja gobernar, bloquea sus iniciativas y hace una oposición negativa frente a los intereses del pueblo que el gobierno representa, por lo que se requeriría de un período amplio de gobierno, para reformar esas instancias y ponerlas a funcionar de manera eficiente y fluida según sus necesidades y demandas.

El tercero, sería que de los mayores errores de los gobiernos de los partidos tradicionales, el más perjudicial es el abandono por parte de las instituciones estatales, tanto centralizadas como autónomas, que incluye las universidades, de la población que vive en las zonas costeras y fronterizas en términos de prestación de servicios, infraestructura y beneficios sociales, dicha población se encuentra marginada del desarrollo y de las oportunidades, de ahí que la posibilidad de revertir esa condición, está ligada a extender el período de gobierno a otros 4 años más.

El cuarto argumento es que el país está muy bien bajo este gobierno, la economía funciona muy bien, la pobreza se ha reducido, se está generando empleo, los indicadores macroeconómicos son excelentes, que hay crecimiento y prosperidad.

Los argumentos sociopolíticos y hasta psicológicos, de tenemos un proyecto de cambio que va a mejorar la situación de todas las personas, pero que no lo podemos realizar en 4 años, que somos víctimas de las instituciones del sistema político controladas por la oposición(los malos) que no nos dejan gobernar (a los buenos), que la situación del país es muy buena, por lo que no hay que hacer caso a los que señalan problemas que no existen (entre ellos las universidades y el Estado de la Nación), que sólo quieren desprestigiar la labor del Gobierno y que en el país los más perjudicados por los gobiernos de los partidos tradicionales han sido las personas pobres y marginadas de las zonas costeras, fronterizas y urbano marginales del Valle Central a los que este gobierno quiere ayudar, han sido argumentos que han calado fuertemente en las poblaciones populares que tienen mayores limitaciones de recursos e información (los “Básicos” como diría la diputada Cisneros), pero que habían apostado a un gobierno fuerte, directo, de mano dura, sin importar si eso implica un estilo autoritario y de concentración de poder.

Por su parte con respecto a las posiciones tácticas que el gobierno de turno tomó y le resultaron efectivas durante el período de gobierno, para crear las condiciones para la continuidad y como preparación para las elecciones del 2026, fueron las siguientes:

1. Promover e impulsar desde el primer día de gobierno, una campaña política a favor de la continuidad, que se reproducía semanalmente en las conferencias de prensa, en las visitas a las regiones y comunidades y en los discursos durante actos públicos diversos y el encuentro con miembros de otros poderes, que en los últimos meses del 2025, se constituyó en una campaña abierta y beligerante a favor de la candidata oficialista, que ni el TSE, ni la Asamblea legislativa lograron detener.

2. La cooptación de dirigentes locales y alcaldes de gobiernos locales, por lo general de cantones de las regiones periféricas, mediante una acción directa de la Casa Presidencial y de autoridades de instituciones del gobierno Central, para ofrecer recursos y obras para las comunidades de referencia de éstos, que generó un apoyo y un vínculo de al menos 15 alcaldías, en una labor que en el pasado era realizada por delegados presidenciales que tenían los gobiernos de los partidos tradicionales.

3. La descalificación constante de los partidos de oposición y de sus dirigentes, utilizando todo tipo de mecanismos directos e indirectos, de burla, ofensa o vocabulario “pachotero”, que el presidente y sus seguidores adoptaron, reproduciendo según ellos la forma de comunicación del pueblo y la que es de más fácil comprensión para estar en sintonía con los sectores populares.

4. La sustitución del espacio comunal y político que tenían las iglesias evangélicas ligadas al partido Renovación y luego Nueva República, en las zonas costeras y fronterizas, a través de un enfoque de oferta y ejecución permanente de obras y asistencia desde el gobierno a las comunidades, frente a las ayudas puntuales a las familias de los fieles que aquellas les ofrecen.

La táctica del grupo en el poder para procurar la continuidad, no ha sido casual, ha sido bien orquestada, tanto para mantener la popularidad del Presidente como para montar la plataforma de apoyo a la candidata oficialista, que se resume en: hacer una campaña permanente desde el gobierno hacia la continuidad, captar el apoyo local y de los gobiernos locales en las zonas costeras, fronterizas y marginales, desprestigiar constantemente a los partidos y dirigentes de oposición y desplazar los simpatizantes del partido evangélico en esas zonas. Parece maquiavélico, pero definitivamente que la estrategia funcionó.

El Riesgo de un “Cambio” que desmantele el Estado Social de Derecho

Escrito en . Publicado en Análisis.

JoseSo (José Solano-Saborío)

La victoria de Laura Fernández en febrero de 2026 no es un verdadero cambio de mando; representa el clímax de una visión política que busca redefinir los cimientos de la Segunda República. Lo que se presenta como “eficiencia” y “mano dura” contra el crimen oculta, en realidad, una ofensiva contra el sistema de pesos y contrapesos que ha hecho de Costa Rica una excepción democrática en la región.

La venta del BCR: ¿Solución fiscal o liquidación de activos sociales?

La propuesta de vender el Banco de Costa Rica (BCR) se vende bajo la premisa de reducir la deuda pública o salvar el sistema de pensiones de la CCSS. Sin embargo, el análisis riguroso sugiere que el impacto en el stock de deuda o un placebo para la solvencia del sistema de pensiones, que sería marginal —apenas un “vaso de agua para un incendio”— comparado con la pérdida de una herramienta de desarrollo y competencia bancaria. Al privatizar el BCR, el Estado renuncia a utilidades anuales que financian programas de seguridad social e infraestructura, entregando el mercado a un oligopolio privado que rara vez prioriza las zonas rurales o los sectores vulnerables. Igual sucede con la excusa de ayudar al sistema de pensiones de la CCSS, cuando el Gobierno tiene una billonaria deuda que, de pagarla le permitiría a la institución administrar sus propias soluciones estructurales.

La reelección continua: El espejismo de la estabilidad

El debate sobre la reelección continua e indefinida es, quizás, el síntoma más alarmante de un personalismo ascendente. Costa Rica ha evitado el caudillismo precisamente gracias a la alternancia obligatoria. Permitir la reelección inmediata no fortalece la gestión; crea un incentivo perverso para utilizar los recursos del Estado en función de la campaña permanente, erosionando la equidad electoral y concentrando un poder que, históricamente en América Latina, tiende a no querer retirarse.

El asalto a la Judicatura y al TSE

La intención de modificar el sistema de elección de magistrados y jueces para que dependan más directamente de mayorías políticas circunstanciales es un ataque al corazón de la independencia judicial.

Poder Judicial: Si los jueces se eligen por criterios políticos, la justicia deja de ser ciega para volverse servil.

TSE: Cambiar las reglas del Tribunal Supremo de Elecciones es jugar con el árbitro. La legitimidad de nuestras elecciones descansa en un TSE técnico e independiente, no en uno capturado por el oficialismo de turno.

La “mano dura” y el Estado de Excepción

La narrativa de suspender garantías individuales bajo el pretexto de la seguridad ciudadana es una pendiente peligrosa. Aunque el artículo 121, inciso 7 de la Constitución permite la suspensión de garantías en casos de extrema necesidad, su uso como promesa de campaña normaliza la excepcionalidad. El modelo de “seguridad” que ignora los derechos humanos puede ofrecer resultados inmediatos, pero a largo plazo debilita las instituciones y deja al ciudadano común indefenso ante posibles abusos de poder.

¿Qué debe hacer la oposición?

Ante un oficialismo que cuenta con 31 escaños —una mayoría simple sólida pero no calificada (38 votos)—, la oposición tiene el deber histórico de:

Unidad programática: Dejar de lado el fraccionamiento para formar un bloque de contención que proteja la Constitución.

Control político riguroso: No basta con decir “no”; es necesario proponer alternativas estructurales para la inseguridad y la deuda que no impliquen el desmantelamiento del Estado.

Movilización ciudadana: Informar a la población sobre las implicaciones técnicas de estas reformas, rompiendo la burbuja de la retórica populista.

La democracia costarricense no se pierde en un día; se desgasta en cada decreto que ignora un contrapeso y en cada ley que debilita una institución. La vigilancia debe ser absoluta.

Costa Rica: un proceso electoral sin democracia

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Huaylupo Alcázar

En Costa Rica conquistamos, respetamos y admiramos los procesos electorales por ser un derecho individual, que se ha convertido en una apuesta legal y en un juego político ciudadano que sabe, cree o se imagina ser quien decide el destino político nacional, aun cuando la decisión individual adquiere significación solo con la totalidad de los votos. La elección es un proceso técnico-instrumental, no es ni representa la democracia, tampoco la libertad ni la democracia son expresiones individuales, son sociales.

La individualidad se unifica en las elecciones, pero sin concertación, dialogo ni comunidad de ideas, en un contexto donde las preferencias del voto no se divulgan, es secreto y personal. No obstante, aparenta ser un voto colectivo que no es presagiado por ningún partido ni los rentables negocios de la manipulación cuantitativa de las opiniones, que son especulaciones parciales, parcializadas y especulativas que denigran la epistemología contemporánea y el conocimiento científico.

Si bien los resultados electorales no son un albur, hay una comunidad de ideas sobre nuestra realidad fáctica de los partidos políticos, de sus dirigencias y su comprometido pasado; sobre la educación de nuestros hijos; de la atención de la salud pública, de la corrupción y crisis de la institucionalidad pública; del costo de vida, de la usura, trato y discriminación social y etaria en las entidades financieras; del infinito rezago en resolver las demandas judiciales y de las profundas y evidentes contradicciones entre las absolutas resoluciones constitucionales; de la creciente inseguridad ciudadana; de los obsoletas y las corruptas componendas en el transporte público; de los impuestos temporales que se cobran infinitamente como con la renovación de hidrantes; de los modos como las municipalidades esquilman los recursos ciudadanos con servicios y costos inventados, de una fuerza pública que no previene, que solo aparece en los desalojos y en los recurrentes accidentes y asesinatos; de las autoridades y gobernante que solo justifican sus incapacidades con agresiones contra las instituciones y la inteligencia ciudadana, etc.

Estas son algunas de las muchas inconformidades en la cotidianidad de la sociedad civil, de los que no formamos parte del aparato estatal, que constituimos y plasmamos una comunidad de pensamientos y sentimientos. Esa es la comunidad descontenta que decidió el resultado electoral, sin haberse manifestado en protestas ni movimientos sociales, salvo honrosas excepciones de los agricultores y las luchas por la devolución del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) que está siendo apropiado por las operadoras privadas y estatales.

El descontento existe aunque silencioso, porque la individualidad no se manifiesta en acciones colectivas, porque no se tiene la convicción de lo justo de nuestras demandas, porque no creemos ser los suficientes para alcanzar nuestros derechos y anhelos de justicia, porque nuestra cultura e historia nos impone una regularidad que nos limita cuestionar el poder constituido o, porque estamos esperanzados en el “papá Estado” resuelva la problemática ciudadana, el cual contradictoriamente es el causante de las angustias, miedos y quien, en nuestro nombre, decide el presente y futuro cercano nacional.

Estamos disconformes en una evidente crisis política, mientras el gobernante y su futura heredera, conspiran contra la institucionalidad pública a quienes le otorgamos la facultad de gobernar, no para instaurar una tiranía. Nuestra ciudadanía fue defraudada y engañada ante el malestar existente que confió en la mentira infantil “no me dejaron hacer nada”, aun cuando es quien paradójicamente crea las angustias y miedos desde el poder estatal, como otros en nuestra América, aquí el gobernante grita, ofende e insulta, abusando de nuestra tolerancia, mientras destruye la institucionalidad para monopolizar absolutamente el poder del Estado e imponer una reestructuración de la sociedad, que sin participación, debate ni decisión ciudadana pretenderá imponerse con una legalidad indigna y tiránica.

Estamos viviendo en Costa Rica y en el espacio latinoamericano un proceso de instauración de regímenes totalitarios con triunfos electorales en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Nicaragua, Guatemala, El Salvador o Venezuela que evidencian no ser representantes de la pluralidad social que desprecian, para encarnar intereses ajenos a la ciudadanía, al progreso social y la democracia. El descontento y la crisis sin alternativas sociales, políticas ni económicas han sido en la historia, procesos que han nutrido las formas más sanguinarias y regresivas que ha conocido la humanidad.

Nuestra ciudadanía muestra coyunturalmente su incapacidad orgánica, analítica y de acción colectiva, importantes en el pasado, pero imprescindibles ante un gobierno que expresa ser continuador de la destrucción del Estado Social de Derecho, que sin dialogo, análisis, debates ni oposición consistente, ya anuncia la supresión de las garantías ciudadanas, así como amenaza a la oposición, algunos medios y a todos que ofrezcan resistencias ante la liquidación de las conquistas sociales e históricas que fundaron el Estado moderno costarricense.

Incendiar la casa para luego “salvarla”

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juliana Martínez Franzoni

En agosto de 2025, luego de varios años de recortes presupuestarios que se tradujeron en desabastecimiento de medicamentos, denuncias de más de 300 especialistas y un crecimiento sostenido de las listas de espera, el presidente Bukele anunció “la medicina”. No era una reforma al sistema existente, sino algo distinto: una Red Nacional de Hospitales completamente separada de las instituciones públicas tradicionales, bajo control directo de la Presidencia. Esta nueva red tendría dos facultades particularmente llamativas: concesiones y asocios con el sector privado, por un lado, y la capacidad de requerir apoyo inmediato del sector público cuando así se mandatara, por el otro lado.

La promesa fue presentada como modernización, eficiencia, ruptura con la burocracia y la “ineficiencia histórica”. Sin embargo, el anuncio llegó después de años de deterioro documentado del sistema público: escasez crónica de medicamentos, tensiones laborales, migración de especialistas, y una creciente desesperación de pacientes atrapados en listas de espera cada vez más largas, todo ocurrido bajo el propio gobierno de Bukele, el administrador de la medicina.

Varios cientos de kilómetros al sur, en Costa Rica, el guion no es idéntico, pero suena inquietantemente familiar.

En mayo de 2023, el presidente Rodrigo Chaves anunció que la seguridad social estaba “quebrada”. El mensaje fue dramático: el sistema estaba al borde del colapso. La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), históricamente una de las instituciones más robustas del Estado costarricense adonde cualquier persona asegurada, pague o no pague, puede recibir desde una vacuna hasta un trasplante, fue presentada como un gigante ineficiente, fiscalmente insostenible y capturado por intereses corporativos. La seguridad social había sido una bonita idea… pero de otro tiempo. Y ello a pesar de que el Presidente Ejecutivo de la Seguridad Social nombrado por el propio Cháves, el economista Álvaro Ramos, había mostrado con claridad y evidencia, que la Caja gozaba de buena salud y que estaba completamente al alcance del gobierno mediante un plan que él mismo propuso, ampliar los servicios, reducir las listas de espera, y efectivamente llegar a cada hogar costarricense.

Estas buenas noticias a Ramos le valieron el despido. Para la seguridad social, sin embargo, lo peor estaba aún por venir porque tras el anuncio vino algo más complejo. El Estado, no contento con que la Caja no estuviera quebrada, tomó medidas para… quebrarla. Así, en solo 3 años incrementó en un 63% su deuda con la CCSS, de ¢2,7 billones en 2022 a ¢4,4 billones en 2025. Es una deuda de 850 mil colones por parte de cada una de las 5.2 millones de personas que habitan en el país. Esa deuda, en 2023 era de 500 mil colones por habitante.

Las listas de espera crecieron. Cientos de especialistas renunciaron o migraron hacia el sector privado. La narrativa del colapso comenzó a convertirse en realidad. Y mientras tanto, la proporción del dinero que destinan los hogares costarricenses a la salud privada se duplicó: de 3,3% en 2018 a 6.5% en 2024.

¿Suena familiar?

La historia en común no es solo la de dos presidentes con estilos confrontativos sino la historia de una estrategia política que se repite en distintas latitudes: permitir —o acelerar— el deterioro de un sistema público hasta que la frustración social alcance un punto crítico. Cuando la casa parece incendiada, cualquier propuesta de “cambio radical” luce razonable, incluso inevitable.

En El Salvador, “La medicina” administrada por Bukele propone hospitales concesionados, alianzas público-privadas, personal de salud contratado por servicios profesionales, todo bajo una estructura paralela a las instituciones existentes. En Costa Rica, el planteo de concesionar hospitales públicos a manos privadas laborales está a la vuelta de la esquina.

En ambos países, la pregunta no es si el sector privado puede gestionar un hospital con eficiencia administrativa y lucrar con ello. Ya existen montones de hospitales privados que lo muestran. La pregunta central es otra: ¿qué ocurre con el principio que sostiene a la seguridad social cuando los servicios dejan de financiarse desde una gran “caja común” solidaria y pasan a depender de contratos, concesiones y pagos por servicio?

La Caja funciona porque todas las personas aportan según su capacidad y reciben según su necesidad. Ese es el corazón del modelo. La persona joven y sana financia hoy a la mayor que necesita un trasplante. Quien nunca usará un servicio de alta complejidad contribuye a que alguien más pueda recibirlo mañana. Esa es la lógica del seguro social: una gran bolsa común que redistribuye riesgos y recursos.

Cuando los hospitales se concesionan o se fragmentan en asocios público-privados, esa lógica comienza a erosionarse. El financiamiento deja de ser plenamente colectivo y se vuelve contractual. El riesgo deja de compartirse de manera integral y se distribuye por servicios, por paquetes, por convenios. Y tarde o temprano aparece la constatación inevitable: es del bolsillo que hay que sacar diferencia.

Un sistema concesionado funciona más como un peaje que como un seguro solidario. Se paga por pasar. Se paga por servicio. Se paga por cada oportunidad. Incluso si el pago no es inmediato porque hay un seguro privado, termina trasladándose al bolsillo de las personas y debilitando cobertura universal. La “gran caja” pierde tamaño y capacidad redistributiva. Y cuando la caja se hace pequeña, también se hace pequeña la solidaridad.

No se trata de demonizar al sector privado sino de entender que la seguridad social es mucho más que un proveedor de servicios: es un mecanismo de redistribución de oportunidades. Si esa caja común se fragmenta, el sistema deja de poder garantizar que cada persona reciba atención independientemente de cuánto dinero aporte individualmente.

El riesgo es de principios con enormes efectos prácticos en el bolsillo y en las posibilidades reales de acceder a servicios por parte de la mayoría de la población: pasar de la solidaridad colectiva a un esquema en el que cada persona depende, directa o indirectamente, de cuándo puede pagar.

Por eso, antes de incendiar la casa para luego ofrecer el extintor, conviene preguntarse si la solución no termina desmantelando precisamente aquello que hizo posible que la casa existiera: una gran caja común que financia la salud como derecho y no como transacción.

Compartido con SURCOS por la autora y publicado también en Divergentes.

El “Conejo Malo” Rebelde

Escrito en . Publicado en Análisis.

Mg. José A. Amesty Rivera

Al margen de las siguientes consideraciones, en torno a la figura del reguetonero puertorriqueño “Bad Bunny”: que no canta muy bien, que sus canciones son vulgares al igual que sus shows, que no se entienden sus palabras, es decir no vocaliza bien, que no sea del agrado de muchas personas, en este sentido, como decía el teólogo puertorriqueño Carmelo Álvarez: “esto es otro tema”, que no abordaremos aquí.

No obstante, vamos a resaltar algunos aspectos valiosos de sus últimas actuaciones. Veamos cuál fue su aparición y actuación en la entrega de los premios Grammy, cuando hace alrededor de una semana a “Bad Bunny” le fue entregado el premio, por vez primera, al mejor álbum totalmente en español, en la categoría del reguetón titulado: “Debí tirar más fotos”.

Al momento de la entrega y sus primeras palabras, una ceremonia marcada por mensajes en contra de las redadas del ICE y las medidas de mano dura promovidas por Donald Trump hacia los migrantes en EEUU, el cantante señalo: “Antes de darle las gracias a Dios, voy a decir: Fuera ICE”, enfatizando además que: “No somos salvajes, no somos animales, no somos extranjeros, somos humanos y somos estadounidenses”.

Luego, veamos que paso en el escenario del Super Bowl 2026 en el Estadio Levi’s. Tenemos que acentuar que el presidente Trump no deseaba que los organizadores del segundo tiempo en el juego entre los Seattle Seahawk y el New England Patriots, hubieran invitado al conejo malo de Puerto Rico y presionó para que no estuviera allí.

Ya mencionamos que Bad Bunny ya había hecho críticas y denuncias anteriores ante el actuar del ICE hacia los migrantes, además de otros artistas, así mencionamos que antes iniciar el juego, el jugador de New England Patriots, Mack Hollins, llegó descalzo y esposado al Super Bowl 2026, como protesta contra ICE y las agresiones criminales a migrantes y ciudadanos estadounidenses, que ya han dejado varios muertos.

Al llegar el segundo tiempo del juego, entra en escena Bad Bunny, que por cierto su verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio (un nombre muy común en los sectores populares de las barriadas y pueblos de América Latina); recuerdo que en un Municipio de Maracaibo-Estado Zulia, Venezuela, se venera un santo llamado San Benito, un santo negro.

La puesta en escena de Benito tomó por sorpresa a muchos; entra con un enjambre de personas con las banderas de los países de A.L., grita Dios bendiga a América en inglés y de inmediato, pasa a nombrar a todos los países del continente americano. Luego tira el balón que traía en sus manos que decía “Juntos somos América”, finalmente señala aquí estamos.

La escenografía resalta con dos elementos importantes, una recreación de su pueblo natal en Puerto Rico, con cañaverales, árboles de plátano, (que nos recuerda a Cuba, Haití, Venezuela) así como una representación casi idéntica con los elementos pueblerinos y urbanos, como parte de la identidad latina, tales como: un niño durmiendo en una boda con reguetón de fondo, tienditas, peluquerías, personas jugando dominó, una boda en pleno acontecimiento, los quinceañeros, el boxeo, el barrio, el tender la ropa, niños y niñas jugando, el pitorro (un ron aguardiente artesanal de alto grado alcohólico, tradicional de Puerto Rico, a menudo elaborado ilegalmente y conocido como “ron caña”, entre muchos otros. En fin, danzas, bailes y alegría.

El otro elemento importante fue como telón de fondo un aviso grande, escrito en inglés, que decía: “The only thing more powerful than hate is love” (“Lo único más poderoso que el odio es el amor”). Ya antes cuando recibía el Grammy había dicho: “El odio se hace más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor, así que, por favor, necesitamos ser diferentes. Si vamos a luchar, tenemos que hacerlo con amor”.

Estas palabras no sabemos si son propias de él, o de algún personaje histórico. Pero lo cierto es que cuando leemos o escuchamos estas palabras, pensamos que son familiares, suenan como un versículo bíblico, suena como una sentencia bíblica.

Hubo otros personajes en este relato, en este juego, en este escenario que muestran como Benito Antonio deseaba resaltar la identidad latina, la confluencia de países, que son un continente, no un país, a saber:

-La presencia de Cuba fue una de las naciones que se mencionó, no solo por el paseo de la bandera de la estrella solitaria en el estadio, sino por la invitación directa a un hijo de La Habana. Hablamos de Juan Carlos Piñeiro, basquetbolista profesional y dueño de un carrito de piraguas en San Juan, quien le sirvió un raspado (granizado para los cubanos) a Bad Bunny al inicio del show, cuando la estrella boricua cantaba “Tití me preguntó”.

-El esquinero de origen colombiano, Christian González, debutó en el Super Bowl LX con los New England Patriots. Se convirtió en el primer jugador de raíces colombianas en disputar el Super Bowl, siendo titular indiscutido en la defensiva.

-Además, el ala cerrada el novato Elijah Arroyo, formado en Cancún-México, también tuvo su debut con los Seattle Seahawks en esta misma edición.

-A su vez, Andrés Borregales hizo historia al convertirse en el primer venezolano en participar en el evento más grande del deporte estadounidense. El novato pateador de los New England Patriots es importante, ya que su presencia en el Super Bowl importa más allá del resultado deportivo, consolida la creciente representación latina en la NFL y coloca a la comunidad venezolana en el escenario más grande del futbol americano profesional.

Un hecho notorio e inusual es que la boda durante el show de medio tiempo de Benito fue real. Al parecer la pareja había invitado a Bad Bunny a su boda y en lugar él los invitó a casarse en el Super Bowl.

Otro momento muy comentado fue cuando conejo malo le hace entrega un Grammy en pleno escenario a un niño una escena cargada de simbolismo y emoción. Hay dos especulaciones de quien fue el niño galardonado. Una es que fue el niño Liam Conejo Ramos, el menor detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minnesota; cuando en realidad era un actor de ascendencia argentina llamado Lincoln Fox, en las redes sociales del joven, su familia agradeció al cantante.

¿Cuáles fueron las reacciones de sectores políticos y religiosos?

Luego del show de Benito Antonio el presidente norteamericano Donald Trump escribe en su red social “El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia! No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia. Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo. Este ‘espectáculo‘ es una bofetada a nuestro país, que establece nuevos estándares y récords cada día, ¡incluyendo el mejor mercado de valores y los mejores planes de jubilación de la historia! No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo; recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el mundo real. Y, por cierto, la NFL debería reemplazar de inmediato su ridícula nueva regla de inicio. HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE DE NUEVO”.

Resulta irónico que un presidente acusado por delitos sexuales con menores de edad, publicados en la lista Epstein, hable de ética.

Así mismo, está claro que Trump haya reaccionado de esta manera, ya que el espectáculo de Bad Bunny va en contra de su MAGA, que es el acrónimo de “Make America Great Again” (Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo), el lema de campaña y movimiento político de Donald Trump que representa un nacionalismo populista, proteccionista y conservador. Busca restaurar un pasado idealizado, con un enfoque en “America First” (América Primero), reduciendo regulaciones y promoviendo una lealtad absoluta a Trump.

Otra reacción fue la del excongresista de EEUU Anthony Sabatini, quien arremete contra Bud Bunny, y exige deportarlo “inmediatamente”.

En el campo religioso veamos las declaraciones del arzobispo católico José Manuel Guerrero Noyola quien señalo que “En los pueblos latinoamericanos, hay mucha riqueza cultural, y también, una profunda unidad familiar. Hay muchas personas dignas y trabajadoras, que migran desde sus lugares de origen, buscando un futuro mejor. Se llevan su fe y su esperanza para compartir; por eso, aunque no entienda lo que canta Bad Bunny, sin embargo, creo que me interpela la unidad latinoamericana, frente al capitalismo neoliberal, que está empobreciendo los pueblos, y quitándoles dignidad. Que siga creciendo entre nosotros la comunión latinoamericana, que nuestras lenguas traspasen fronteras, y que más allá de las diferencias religiosas y políticas, podamos encontrarnos como hermanas y hermanos, hijos de Dios, y habitantes del mundo”.

El Arzobispo Ronald Hicks, en su reciente instalación como arzobispo de Nueva York, sorprendió al citar la canción “NUEVAYoL” de Bad Bunny en la Catedral de San Patricio, usándola como un llamado a la unidad y la alegría en la diversidad.

El Obispo Ángel Luis Ríos Matos, el obispo de Aguadilla (Puerto Rico) elogió públicamente la canción “Lo que le pasó a Hawái” del álbum de Bad Bunny, destacando su mensaje sobre la defensa de la identidad puertorriqueña. El Padre Jorge Rodríguez, recordó en una entrevista que Bad Bunny fue monaguillo en su parroquia de Vega Baja-Puerto Rico cuando era niño.

En el campo protestante evangélico el sitio en Facebook llamado Mis tiliches teológicos indica: “El Medio Tiempo de Bad Bunny, ni hablar, fue un desplante de TEOLOGÍA POPULAR. Ni siquiera “teología de la liberación” en su sentido académico. Ya hay reacciones de Trump que no está soportando, pues se hizo un posicionamiento “latino” (como constructo político) en medio de una de las peores épocas de xenofobia y violencia migrante. Fue una exhibición simbólica, sí, bajo los esquemas económicos del multiculturalismo, pero que justo con ello amplifica el mensaje. Se utilizaron “estereotipos latinos” sobre el parrillado (un niño durmiendo en una boda con reguetón de fondo, tienditas, peluquerías) para afirmar una presencia. Lo musical queda a gusto de cada quien, pero el acto de reclamo territorial y visibilización social es innegable.

¿POR QUÉ ES “TEOLOGIA”? Porque son creencias, códigos sagrados y, vimos a gente compartiendo la mesa, el sillón, la pista de baile. Sí, los de Un Corazón van a celebrar la Santa Cena en el Auditorio (otro acto de reclamo identitario del espacio) Pero esto fue una Eucaristía Ecuménica Masiva, con pleno derecho: Un acto multitudinario de “acción de gracias” por las raíces”.

Para ir concluyendo este artículo, deseamos resaltar que el Super Bowl no es solo un juego. Es el ritual anual del capitalismo estadounidense, un megaproducto que fusiona deporte, publicidad (a US$10 millones por 30 segundos) y espectáculo para promover un estilo de vida basado en el consumo.

No en balde, este 2026 algo cambió, la audiencia ya no es un bloque unificado. Con Bad Bunny en el show oficial y un evento “patriótico” paralelo, vimos cómo el capitalismo de identidades reemplaza al de masas. La polarización no debilita el sistema; lo hace más astuto. Segmenta el mercado y nos vende, incluso, nuestra propia rebeldía.

Bad Bunny llevó su cultura y su mensaje a millones. Sin embargo, ese gesto de inclusión, dentro de este marco, termina legitimando la misma maquinaria que comercializa la identidad latina. Es la paradoja: una aparente transgresión que, al final, refuerza el statu quo mercantil. Solo preguntémonos ¿qué patrones de consumo nos están vendiendo? ¿Qué estilo de vida alienante nos hacen desear? ¿Y cómo se nos convence de que “pertenecer” significa, sobre todo, comprar?

Hubo un evento paralelo llamado “patriótico” que fue el All-American Halftime Show, un concierto alternativo de temática patriótica y conservadora organizado por la organización Turning Point USA.

Este show se realizó para contraprogramar la presentación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, bajo el argumento de ofrecer una opción “tradicional” frente al artista puertorriqueño.

Fue impulsado por el grupo conservador estadounidense Turning Point USA, afín a sectores de derecha. Contó con la participación de figuras como Kid Rock y Brantley Gilbert. Se centró en símbolos patrióticos de Estados Unidos y un mensaje político explícito como contrapropuesta cultural. La transmisión en YouTube alcanzó un pico de 6.1 millones de espectadores simultáneos.

No obstante, la figura de Benito Antonio le dio un Touchdown (anotación) a Donald Trump. El artista puertorriqueño puso a bailar al mundo entero en una actuación que fue mucho más que música, fue un homenaje a Puerto Rico, a Latinoamérica entera. Su mensaje fue claro, América es mucho más que la apropiación que hace el país más rico de todo un continente.

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró oficialmente el 9 de febrero como el “Día de Bad Bunny”, consagrando simbólicamente la irreverencia caribeña en el corazón del imperio.

Nos guste o no su música, “El Conejo Malo” mandó un mensaje al mundo de unidad y amor en el momento que el planeta más lo necesita. Y esa es su verdadera trascendencia. El mensaje fue claro, el futuro de los Estados Unidos ya no suena en inglés puro, sino en español con acento de resistencia, de rebeldía.

Y es que Benito Antonio es independentista, ya que alzar la bandera de Puerto Rico en palos de madera (como la usan los activistas puertorriqueños) fue un momento clave en el show de Bad Bunny en el Super Bowl.

Su canción “La Mudanza” recuerda que “mataron gente por sacar la bandera”, refiriéndose a los independentistas puertorriqueños que han muerto luchando. Y él la sacó. En un evento que, históricamente, ha presentado “valores estadounidenses”, Bad Bunny interpuso el valor de la independencia de su isla, aún colonizada.

En estos momentos la cultura latina está recibiendo la atención y el respeto que tanto se merece, y todo eso es gracias al conejo malo. Qué rebeldía. Rechaza la apropiación del término “América” para referirse solo a EEUU y reclama una identidad continental compartida, desde Alaska hasta la Patagonia.

En un momento donde se intenta aislar y asfixiar a Cuba, a Venezuela y a otros países, este mensaje de unidad continental resuena como un recordatorio político, América es una, plural y solidaria. La cultura, como la dignidad, no conoce bloqueos. Se amplifica un mensaje de integración y resistencia cultural, un acto de descolonización simbólica.

Gaza / Israel: un reconocimiento por parte de militares en Israel sobre la cifra de muertes en Gaza pasado … desapercibido en la prensa costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis.

«Lo que está ocurriendo en Gaza no es una operación militar, es una agresión a gran escala contra nuestro pueblo. Son masacres contra civiles inocentes. Nada en el derecho natural ni en el derecho internacional permite atacar a civiles y perpetrar contra ellos ataques tan indiscriminados y bárbaros  /  What is happening in Gaza is not a military operation, it is a full-scale assault against our people. It is massacres against innocent civilians. Nothing in natural law or international law allows for the targeting of civilians and such indiscriminate, barbaric attacks against them» 

(Intervención del representante de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su sesión del 16 de octubre del 2023 (véase acta S/PV/9439, en página 9 / Statement by the representative of Palestine to the United Nations Security Council, at its meeting on 16 October 2023 (see verbatim  S/PV/9439,  at page 9)

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com

Funerales de un periodista asesinado por Israel en Gaza, realizados el pasado 21 de enero del 2026. Foto extraida de articulo de prensa publicado en Israel, titulado «The legal fight to open Gaza to foreign press has failed. It’ s time to change course», Magazine +972, en su edición del 6 de febrero del 2026.

El 29 de enero del 2026, se informó desde Israel que sus altos mandos militares reconocen la cifra de unas 70.000 personas como saldo de las personas que han perdido la vida en Gaza desde el inicio de la insensata ofensiva militar de Israel, en respuesta al ataque sufrido el 7 de octubre del 2023: véanse al respecto esta nota del TimesofIsrael.  Se puede de igual manera consultar, en Estados Unidos esta otra de la cadena norteamericana de noticias CNN y en Francia, esta nota de Liberation, entre muchas otras de prensa sobre este reconocimiento, al igual que este cable de la agencia de noticias Reuters, con fecha del 30 de enero.

Esta nota de la BBC mas reciente del 6 de febrero, por su lado, alerta sobre el hecho que Israel sigue asesinando a menores de edad en Gaza en la mayor impunidad desde la vigencia del cese al fuego.

Las consecuencias de este reconocimiento hecho por militares en Israel

Este reconocimiento por parte de militares en Israel tiene varias consecuencias, y en particular, viene:

–  por un lado, a desmentir toda y cada una de las innumerables aseveraciones hechas por las autoridades oficiales de Israel y por sus aliados sobre la pretendida exageración por parte de las autoridades sanitarias palestinas a la hora de registrar y de contabilizar a las personas fallecidas, y; 

– por otro lado, confirma los datos y las alertas que diversas agencias de Naciones Unidas han denunciado pocas semanas luego del 7 de octubre del 2023, con un conteo semanal de muertes y de heridos en Gaza que no ha cesado, y ello hasta la fecha. Este texto del 24 de octubre del 2023 presentado ante la Asamblea General de Naciones Unidas contabilizando ya 5000 muertes en Gaza al 24 de octubre, es una es de estas tempraneras alertas. 

De igual manera, estas aseveraciones hechas en el seno de las altas esferas militares en Israel, vienen a refutar una gran variedad de textos y opiniones suscritas por columnistas, editoristas y denominados «expertos internacionales» en una multitud de espacios informativos,y ello en muy diversas latitudes del mundo.

Desde la perspectiva jurídica, y en particular la del derecho internacional público, este reconocimiento tiene serias implicaciones legales para Israel, ya que tanto la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como la Corte Penal Internacional (CPI), ambas ubicadas en La Haya, tramitan acciones legales que involucran a Israel por sus acciones militares insensatas en Gaza: 

– una demanda contra Israel (como Estado)  ante la CIJ interpuesta por Sudáfrica desde el mes de diciembre del 2023, cuyos detalles y numerosos documentos – como la solicitud  de intervención presentada por Bélgica el 23 de diciembre del 2025 – desde el punto de vista pricesal se encuentran todos disponibles en este enlace oficial de la CIJ, y;

– una demanda penal contra dos altos dirigentes de Israel (en el caso de la CPI), con una orden de captura en su contra emitida por una Sala de lo Preliminar de la CPI desde el mes de noviembre del 2024, la cual incluye al actual Primer Ministro de Israel (véanse el comunicado oficial de la CPI al respecto y la sentencia rechazando los alegatos de Israel sobre una presunta incompetencia de la CPI, adoptada el 21 de noviembre)..Las insólitas sanciones que Estados Unidos ha tomado contra jueces de la CPI a cargo de estas demandas y contra su Fiscal en aras de satisfacer los caprichos del actual Primer Ministro que gobierna los destinos de Israel, fueron objeto de un nuevo comunicado oficial de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas, el pasado 26 de enero del 2026 (véase comunicado conjunto). 

Ello sin hablar, a nivel de la justicia interna esta vez, de diversas acciones legales contra individuos que, ya sea poseen una nacionalidad adicional a la israelí, ya sea al vacacionar en el exterior con un pasaporte otorgado por Israel, se percatan que la justia nacional de algunos Estados los busca para que respondan por sus crímenes de guerra cometidos en Gaza.

En el mes de julio del 2025, una reconocida ONG como Amnistía Internacional calificó de «vergonzosas» las sanciones tomadas por Estados Unidos contra esta vez la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Palestino, la jurista italiana Francesca Albanese (véase comunicado de prensa), cuyo tercer informe sobre Gaza del mismo mes tuvimos la oportunidad de analizar: remitimos a nuestros estimanles lectores a  nuestra nota titulada «Gaza / Israel: reflexiones desde una Costa Rica omisa sobre reciente informe de Naciones Unidas detallando la responsabilidad directa de empresas privadas en el genocidio en curso en Gaza«.

Tanto ante la CIJ como ante la CPI, la linea de la defensa legal de Israel ha consistido en indicar a los jueces internacionales que las cifras de las autoridades sanitarias palestinas de Gaza sobre el saldo de personas fallecidas son irreales y deben considerarse como simple propaganda en contra de Israel.

Costa Rica y su entusiasmo por comerciar libremente con un Estado cuyo aparato militar reconoce la magnitud de su ofensiva militar insensata a la que se libra desde el 7 de octubre del 2023 en Gaza: 70.000 muertes, es decir casi 2600 personas asesinadas  por mes.

En Costa Rica, este reconocimiento reciente por parte de mandos militares en Israel viene a poner en evidencia  la facilidad con la que, de manera muy certera y muy decidida, analistas, columnistas, editorialistas, colegas, incluso universitarios, y «expertos» rechazaron durante todo este tiempo las acusaciones contra Israel so pretexto que estas cifras no corresponden a la realidad en el terreno, al provenir de las autoridades sanitarias palestinas en Gaza. Dicho sea de paso, estos reconocidos analistas y «expertos» nunca refirieron en sus numerosos escritos al hecho que los servicios de inteligencia de Israel conocían desde mucho antes del 7 de octubre del 2023, los planes del Hamás (tal y como lo detalla este reportage  del New York Times de diciembre del 2023).

Tuvimos la oportunidad en el mismo mes de octubre del 2023 de analizar desde el portal de la Universidad de Costa Rica (UCR) los alcances y el significado del «asedio total» con el que mandos militares amenazaban en aquel momento a los habitantes de Gaza y de alertar sobre el riesgo de que ello degenere en una masacre a gran escala en Gaza (véase nuestra nota publicada en el portal de la UCR el 30 de octubre del 2023).

Con respecto al saldo de personas fallecidas en Gaza, pudimos incluso explicarle tempranamente y de viva voz al entonces Consul de Israel en Costa Rica algunas cosas que al parecer lo incomodaron sobre estos mismos saldos, refiriendo a las cifras relacionadas a la ofensiva militar de Israel en Gaza en el 2009 y en el 2014, en un programa radial en el que participó en el mes de noviembre del 2023: véase al respecto video, después de que el locutor le indicara al distinguido diplomático israelí, algo molesto, un “Amir, Amir, no me obligue a decirle mentiroso“, minuto 2:03:40 en adelante. Salvo error de nuestra parte, este programa radial pareciera ser el único en Costa Rica el que se pudo contar con la presencia de diplomáticos israelies dispuestos a debatir públicamente de la situación en Gaza.

En el último informe de Naciones Unidas (al 12 de febrero del 2026),sobre la realidad que se vive en Gaza desde el punto de vista humanitario, se detalla el nivel de violencia al que Israel sigue sometiendo a los habitantes de Gaza con bombardeos incesantes, destruyendo lo que queda de la poca infraestructura educativa existente. Se lee en particular, entre muchos otros aspectos, que:

«Over the past two weeks, strikes were reported on both sides of the “Yellow Line,” including in densely populated areas, heightening risks to civilians. Médecins Sans Frontières (MSF) reported that its teams across Gaza treated seven patients, including two children, injured in incidents attributed to Israeli attacks between 31 January and 2 February. On 5 February, Israeli forces reportedly demolished an UNRWA school that was the last remaining structure within a compound of six schools. Highlighting the extremely precarious situation for many children in Gaza, UNICEF noted that children continue to be affected by airstrikes and the disruption of essential services, with 37 children reported killed since the beginning of the year«.

Este informe puede ser completado con el anterior informe  de Naciones Unidas (al 28 de enero del 2026), en el que se lee que: 

«The MoH reported that since the ceasefire, 492 Palestinians have been killed, 1,356 injured, and 715 bodies retrieved from under the rubble«.

Esta nota de prensa de la BBC del pasado 1ero de febrero refiere a la muerte de 32 personas en Gaza luego de un bombardeo por parte de Israel, objeto de una condena pr parte de una ONG palestina: véase al respecto este comunicado titulado «Another Bloody Day in Gaza Exposes the Sham Ceasefire and the Ongoing Systematic Bloodshed of Palestinians«. Por su parte, un colectivo de ONG en Francia exigió a sus autoridades condenar este nuevo ataque de Israel y mucho mayor respaldo a las organizaciones humanitarias en Gaza (véase comunicado conjunto). 

En Cisjordania, la violencia contra pobladores palestinos se ha incrementado, tal y como lo denuncia este comunicado oficial del 4 de febrero del 2026 del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Es de indicar que desde inicios del 2026, las ocurrencias  reiteradas del actual ocupante de la Casa Blanca en temas de agenda internacional (Venezuela, Groenlandia, Iran, Cuba) han invibilizado el genocidio en curso en Gaza.

A modo conclusivo

Nos habíamos permitido hace ya varios meses (en agosto del 2025) plantear una pregunta que titulaba esta nota nuestra (del 10 de agosto del 2025) sobre Costa Rica y su entusiasmo por comerciar libremente con Israel. Al finalizar el 2025, nos permitimos reiterarla y ampliarla a otras interrogantes en esta nota nuestra (del 22 de dicembre del 2025), sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito por Costa Rica con Israel el 8 de diciembre del 2025 en Tel-Aviv. Estas y muchas otras interrogantes persisten en este inicio del mes de febrero del 2026.

Debemos indicar que este reciente reconocimiento por parte de mandos militares en Israel, el cual ha sido ampliamente referenciado en la gran prensa internacional (basta de manera muy sencilla con colocar «IDF, 70.000, Gaza»  o bien  «Israel, 70.000, Gaza» en un buscador en internet para comprobarlo) no pareciera haber encontrado eco alguno en la prensa nacional costarricense: una omisión que merece una mención y/o alguna manera de explicarla, estimado / a lector/ a, …  ¿no le parece? 

De tener a lectores de otra nacionalidad que la costarricense, se les sugiere de igual manera  realizar el mismo ejercicio comparativo con los contenidos publicados en la prensa nacional de su país en esta primera semana de febrero del 2026.  Ello de manera a verificar si es solamente en Estados que se entusiasman por comerciar libremente con Israel que se omiten ciertas cosas.

Después de las elecciones del 1 de febrero del 2026

Escrito en . Publicado en Análisis.

Gilberto Lopes

Un clima enrarecido

Que nos vamos a convertir en una Venezuela, que se van a suspender las garantías constitucionales, que la presidente electa ha sido nombrada ministra de la Presidencia, que el presidente ha ocultado la paternidad de una hija de tres años hasta después de las elecciones, que decenas de diputados electos arrastran causas penales, que Costa Rica camina con paso firme hacia el amanecer de una desconocida “Tercera República”. La oposición insistiendo en la importancia de ir a votar; los costarricenses yendo a votar contra la oposición.

No es poca cosa.

Quisiera sugerir que ese clima político y social enrarecido no es solo una característica de la reciente campaña electoral, sino resultado de la larga puesta en escena de una obra de la que los actuales son solo los (pen)últimos actores. Se trata de otra cosa, más profunda. De las consecuencias de un vasto proceso político que ha minado la confianza de la población y transformado las características de la Segunda República en Costa Rica.

Sobre la “institucionalidad democrática”

Nunca nada más antidemocrático que el “No hay alternativa”, la consigna del neoliberalismo con la que Margaret Thatcher y Ronald Reagan se lanzaron a la conquista del mundo en la década de los 80’s del siglo pasado, en los años finales de la Guerra Fría.

Aquí, voces alarmistas insisten en que está en juego la democracia, como si no se hubiese estado destruyendo esa democracia a mordiscos desde hace más de 40 años, cuando nos sumamos a la alternativa neoliberal e hicimos nuestro aporte (modesto) al desquiciado modelo concentrador de la riqueza en manos del 1% de la humanidad.

No es posible una elección con 20 partidos. No hay 20 proyectos políticos en el país. Difícilmente puede haber más de tres o cuatro. Solo un escenario político desdibujado justifica la aparición de 20 alternativas electorales. En ese escenario, el voto vale poco. O nada. Vale lo que valen esas 20 alternativas.

Quisiera sugerir que no es el voto el que le da sentido a la democracia. Es la democracia la que le da sentido al voto.

Para que el voto valga necesitamos alternativas bien construidas, claras. Solo así mi voto vale, solo así permite elegir una opción.

A qué nos enfrentamos

¿A la creación de la Tercera República? ¿De qué se trata? ¿De darle forma al legado de Rodrigo Chaves?

En realidad, nos enfrentamos a un proyecto de una derecha privatizadora. Nos ofrecen la “continuidad del cambio”, el “rechazo al pasado”, la “defensa irrestricta de la vida y la familia”, el “respeto a la dignidad del trabajo que se acrecienta con la propiedad”.

Hay que pensar un poco: ¿qué significa todo eso, qué se esconde detrás de esas mal trazadas consignas? Se podría decir que nada. Pero no es cierto. Significan algo. Algo que no tienen el coraje de anunciar claramente.

En todo caso, nada muy distinto al que el país ha venido transitando en los últimos 40 años, cuando se empezó con la privatización de los depósitos bancarios y se siguió con los más diversos sectores económicos, incluyendo la salud, la educación, las obras públicas, las telecomunicaciones… Todas las instituciones se vieron afectadas: la banca pública, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), escuelas, colegios, universidades, el ICE.

Para la mayoría, los servicios se deterioraron. Se fue extendiendo la idea de que el Estado es un gasto, no un servicio. Privado de importantes ingresos, el déficit público creció y, con él, la deuda y sus intereses. Para tratar de hacerle frente, se recortaron aún más los recursos. Se deterioraron los servicios públicos y la calidad de vida de los ciudadanos.

Se nos ha tratado de convencer de que cada uno es responsable de su futuro, de que el orden social, político y económico en que vivimos tiene poco que ver con eso. Que los lazos entre todos se deben adelgazar, que cada uno vele por sus intereses mientras el modelo va concentrando la riqueza hacia arriba.

Sueñan con un Estado que ofrezca los servicios indispensables para el desarrollo de los negocios y muy poco más (la seguridad no es lo único, pero es lo políticamente más sensible). Lo demás, cada uno tendría que procurar resolver por su cuenta.

Lo público-privado

Se habla de un modelo de desarrollo público-privado. Como idea general, no solo tiene sentido, sino que no hay otra manera de desarrollar una sociedad.

Pero aquí se usa con un sentido más específico. El término sirve para ocultar un proyecto que pone lo público al servicio de lo privado. De modo que todo nos conduce –de nuevo– a ese modelo concentrador de la riqueza que ha llevado a extremos la tensión económica y política.

La presidente electa insiste en la idea de vender el Banco de Costa Rica y su filial BICSA. Ya lo había propuesto Chaves al inicio de su gobierno, especulando con la cifra de 1,2 billones de colones –2,8% del PIB– cálculo probablemente muy por encima de las posibilidades reales de venta, eventuales recursos cuyo destino nunca precisó.

En su conferencia de prensa, el día siguiente del triunfo electoral, Fernández sugirió financiar con esos recursos el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS. Apuró el negocio, afirmando que debe darse antes de que el banco “quiebre” o caiga por “problemas de corrupción y eventuales malos manejos”.

Pero el BCR no está en quiebra, aunque quizás Fernández lo sepa. Es un buen negocio y los inversionistas lo saben. Sobre todo, si pueden comprar barato. Como lo decía Rodrigo Carazo, lo que esta gente quiere no es vender, sino comprar.

¿Qué sentido tiene vender un activo que dejó el año pasado una utilidad de ¢38.494 millones? Recursos públicos que financian diversos proyectos.

Los bancos públicos, como el BCR, ya tienen, por ley, una serie de cargas fiscales y parafiscales, incluyendo un 15% sobre sus ganancias destinada al régimen de IVM. De modo que su venta para capitalizar este régimen no tiene sentido. Lo dejaría desfinanciado cuando los recursos de la venta -si se vendiera– finalmente se agotarán.

Tratarán de seguir profundizando el proceso de privatización de los servicios de la CCSS, tanto en salud como en pensiones, que les gustaría transformar en un sistema como el chileno, de capitalización individual, que ha significado una tragedia para miles de adultos mayores en ese país (nada de esto tiene que ver con la necesaria revisión de los diversos sistemas de pensión existentes en Costa Rica, de modo que nadie reciba más de lo que cotizó, pero que tampoco reciba menos). Tampoco se trata de que se transforme nuestro sistema solidario en un multimillonario negocio privado a favor del 1% más rico de la sociedad.

Déjeme poner otro ejemplo de proyectos privatizadores particularmente ineficaces e irritantes por las condiciones tan desfavorables para el país. Se trata de la carretera a Caldera, transformada en un gran embudo por donde el dinero de los costarricenses fluye hacia una empresa que recibe miles de millones, amparada por un contrato leonino que impide al recuperación por el Estado de la empresa, pese a que lo invertido ya ha sido remunerado con creces.

Esa es una empresa curiosa cuyo funcionamiento evidencia lo absurdo de la concesión: la empresa más gana cuando presta peor servicio. Cuando el tránsito se multiplica, en las horas o las fechas de mayor movimiento, las decenas de casetillas de cobro se llenan, mientras el tránsito se atasca cuando el espacio de cobro se va reduciendo a uno o dos carriles de tránsito. Mientras mayor sea la presa, más gana la empresa.

Como ya dijimos, los proyectos públicos serán cada vez menos relevantes para atender las necesidades de la población. Los recursos se orientarán a atender los intereses privados.

Desde nuestro punto de vista, eso no le sirve al país, a nadie. Ni siquiera a aquellos a los que pretende favorecer. Solo exacerbará las tensiones económicas y políticas.

Pero dar vida a esa ley de privatización de la obra pública y la aprobación del TLC, fueron dos razones principales de los esfuerzos de Oscar Arias para promover un cambio constitucional que le permitiera aspirar a un segundo mandato. Luego, estas tendencias siguieron. Llegaron a extremos durante el gobierno de Alvarado, adquirieron un tono chabacano en el de Chaves, y nos amenazan de nuevo, en el de Fernández.

Desde mi punto de vista, todo mal. De modo que quienes no compartimos esas políticas deberíamos desde ya explicar nuestras razones y prepararnos para el debate.

Dos Costa Ricas

¿Cuál es el secreto detrás del éxito de Costa Rica? se preguntaba la organización no gubernamental norteamericana Social Progress Imperative en diciembre pasado.

No se trata de suerte, sino de una estrategia desarrollada desde hace décadas, afirman. Con el reconocimiento de que un crecimiento inclusivo y la cooperación comunitaria era esencial para el desarrollo, se avanzó hacia un modelo que beneficiaba a todos, invirtiendo recursos masivos en el capital humano.

Pero, en determinado momento del siglo pasado, el progreso parece haberse estancado en determinadas áreas, afirma la organización, que conversó con el director de Impacto y Sostenibilidad del INCAE, Jaime García. Identificaron los principales puntos de inflexión, como seguridad personal y educación superior, discutieron sobre el progreso social concentrado en el área metropolitana, que dejó atrás las costas y las zonas fronterizas. Llegaron a la conclusión de que había ahora “dos Costa Ricas”.

En un artículo publicado en La República, el pasado 19 de enero, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez se había referido a esa características de la economía costarricense, aunque él agregaba un tercer aspecto, como veremos.

Rodríguez hurgaba en algunas características de esa economía, poniendo en evidencia el carácter dual del crecimiento. “El crecimiento del PIB y de las exportaciones se genera fundamentalmente gracias al régimen de comercio especial. El régimen definitivo, que engloba aproximadamente el 85% de la producción, crece cuatro veces menos que el especial”, afirmó.

La caída del desempleo –un logro reivindicado por el actual gobierno– “no se explica por la creación de nuevas fuentes de trabajo, sino por la enorme disminución de personas que buscan empleo”. “El nivel de ocupación de febrero de 2020 —último mes antes de la pandemia— se redujo en 30.290 personas para noviembre de 2025, último mes con datos de la Encuesta Continua de Empleo”, dice Rodríguez.

En febrero de 2020, la tasa de ocupación era de 56,1%, mientras que en noviembre de 2025 fue de apenas 51,4%.

Y se pregunta “¿Cómo explicar la reducción de la pobreza sin un aumento del volumen de empleo ni de los ingresos salariales de los sectores más pobres? ¿Cómo entender un crecimiento económico significativo sin creación de empleo, acompañado de un exceso de divisas, inflación negativa y una revaluación persistente del colón?”.

Con menos gente empleada, la reducción de la pobreza solo se explica por el aumento de los ingresos autónomos. En cuanto al aumento de los ingresos de divisas afirma que “no tiene una explicación clara” y sugiere la conformación de una “tercera economía, paralela a los regímenes de comercio definitivo y especial”.

Fernando Naranjo, exministro de Hacienda, ya se había referido a estos problemas en un artículo publicado en El Financiero el 16 de diciembre pasado, titulado “De paso de jaguar a ritmo de tortuga”.

“La economía costarricense, en su parte doméstica —donde se concentra aproximadamente el 85% de la producción nacional— crecía en años anteriores alrededor de 4,7%, el año pasado 3,0% y en lo que llevamos del presente año, con dificultad, la actividad económica apenas llega a un 2,3%”. “No sólo la actividad económica ha bajado, sino que la creación de empleos se convirtió en una reducción de los puestos de trabajo de 50 mil personas”.

Naranjo agrega un dato sobre la situación de los jóvenes. “En 2010 había 313.903 jóvenes trabajando activamente. En noviembre del 2025 la cifra descendió a 191.198”. “En noviembre del 2025 la tasa de desempleo juvenil llegó a 17,6%, comparada con una tasa de desempleo total de 6,6%. O sea, el desempleo juvenil es 2,6 veces mayor que el desempleo total”.

No nos vamos a extender aquí en unas consideraciones ya largas. Pero nos parece importante compararlas con los datos que difunde el gobierno y que pueden revisarse en una nota de la página Novedades publicada el pasado 3 de febrero, donde se habla de reactivación de la economía, creación de empleo y reducción de la pobreza, entre otros aspectos.

El desprecio de una clase política

Así las cosas, ¿es tan difícil explicar el desprecio por un una clase política que ha llevado el país a este callejón sin salida, que la expresión más chabacana de esa clase política sabe explotar muy bien, precisamente porque es la expresión más chabacana de esa política?

¿Es tan difícil entender por qué el crimen organizado y el narcotráfico convocan a sectores cada vez más amplios de nuestra juventud y la violencia no para de crecer?

¿Es tan difícil entender porque el sector más chabacano de esa política logra éxitos tan extraordinarios en las zonas más marginales de ese modelo dual, que las deja sin opciones mientras ve alejarse la barca de la “otra” Costa Rica?

Me parece que necesitamos un cambio de rumbo. Ese modelo dual funciona así como lo vemos: crecen las exportaciones, las inversiones extranjeras, el país se inunda de dólares, mientras la mayoría de los costarricenses, principalmente los jóvenes, ven desde la orilla alejarse el barco de las oportunidades y de una vida digna.

El periodo de transición

Chaves nombra ministra a Fernández. ¿De qué se trata? Me imagino que pensarán así preparar, en los tres meses que faltan para que asuma el (nuevo) gobierno, los proyectos de ley con que sueñan fundar la Tercera República.

Instalada la nueva asamblea legislativa, elegida la Junta Directiva, conformadas las comisiones (todas con mayoría oficialista), el gobierno estaría en condiciones de aprobar rápidamente una serie de reformas, sin que la oposición tuviera apenas tiempo de reaccionar.

Han lanzado algunas ideas sobre las privatizaciones: venta del BCR, apertura del mercado eléctrico, jornadas 4/3, reforma del sistema de pensiones de la CCSS, para transformarlo en uno de capitalización individual.

Mientras nos distraemos en comentarios sobre la extraña decisión de incorporar la presidente electa al gobierno saliente, me parece que lo importante son las movidas para preparar el paquete legislativo con el que sueñan, mientras tratan de amarrar los votos necesarios para su aprobación.

Nosotros, esa mayoría que no votó por la papeleta ganadora, ¿qué hace mientras tanto? No tiene siquiera un diagnóstico preciso de la situación, ni un programa alternativo al de esa Costa Rica dual. Pelea con fantasmas, como si la amenaza a la democracia más peligrosa fueran los escarceos de este gobierno (y probablemente del que sigue) contra las instituciones del país. Son ciertamente un peligro al que debemos poner atención. Pero tengo la impresión de que el peligro mayor es ese modelo de desarrollo que ha venido construyendo esa Costa Rica dual, navegando en la ola ya muy antigua del “no hay alternativa”, con el que fueron minando los fundamentos de la II República, sin que, por ningún lado, aparezcan ideas capaces de llevarnos a la III.

La conformación de la próxima Asamblea Legislativa parece dejar pocas opciones a la resistencia del programa privatizador. ¡Parece! Pero no tenemos derecho a darlo por sentado, ni será inevitable si nos preparamos también en este período de transición para resistir contra estas propuestas.

El tiempo para organizar programas y alianzas es ahora

Para finalizar estas ya muy largas reflexiones: el tiempo para organizar programas y alianzas es ahora. En la víspera de las elecciones cada partido pelea por lo suyo. Entonces es muy difícil hacer alianzas. Me parece que ahora el clima no podría ser más favorable.

No estoy pensando solo (ni principalmente) en los partidos, aunque no podrían ser olvidados. Pero hay que movilizar más que eso, a organizaciones locales, representantes de los más variados sectores sociales, para ponernos de acuerdo, primero, en una idea y, después, en formas de organización para pelear por ellas.

Desde mi punto de vista, se trata de poner fin a ese modelo en que se basa la Costa Rica dual. No se trata de cerrar el país a la inversión extranjera, sino de entender que así quienes se desarrollan son esas empresas. No nosotros.

Por lo tanto, la otra cara de esa moneda es el desarrollo de nuestras empresas –bancos públicos, ICE, INS, etc.– base de nuestra riqueza que, bien administradas, son el fundamento de los recursos para hacer navegar la Costa Rica hoy varada en la orilla.

Para mí, ese es el fundamento, aunque, naturalmente, una enorme variedad de asuntos debe ser tratados también, siempre con el cuidado de no minar los fundamentos del edificio que tratamos de construir.

No veo cómo se puede desarrollar un país como Costa Rica sin fortalecer el tejido social, debilitando los servicios públicos y dejando a los ciudadanos por su cuenta para resolver aspectos básicos de la vida colectiva y la de cada uno, como la educación o la salud. Ese es el camino que hemos venido transitando, con los resultados evidentes de una creciente inseguridad, consecuencia del deterioro de ese red social que dio fundamento a la II República.

La base de la III República no es la destrucción de los fundamentos de la II. Eso lo han venido haciendo hace ya más de 40 años los diversos gobiernos.

La base de esa III República debe ser la recuperación de los fundamento de la II, que hicieron de Costa Rica una nación destacada en la región, adaptándolos, naturalmente, a las realidades políticas, económicas, sociales y tecnológicas de nuestra época.