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Gaza / Israel / Derecho internacional: desde una Costa Rica ausente, análisis de la reciente ordenanza de la CIJ en el caso Sudáfrica vs. Israel

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR
nboeglin@gmail.com

El pasado 21 de mayo, en el marco de la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel por el genocidio en curso en Gaza, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) adoptó una ordenanza (véase texto en francés y en inglés) en la que le fija a Sudáfrica y a Israel, los plazos para la presentación de sus respectivos escritos de segunda ronda de alegatos.

En las líneas que siguen, analizaremos los alcances de esta decisión y la estrategia legal de Sudáfrica, no sin antes recordar las reglas sobre plazos y otros detalles que establece el procedimiento contencioso en la CIJ entre dos Estados, así como el repudio generalizado que ha causado y sigue causando Israel por su accionar militar insensato, que ya no se limita al territorio palestino ocupado. Al respecto el reciente fracaso diplomático de Alemania para acceder a una silla en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no es ajeno a su incapacidad de condenar claramente las acciones ordenadas por las máximas autoridades de Israel desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023: se trata de un aspecto notoriamente omitido en la prensa internacional, como por ejemplo en esta nota de la DW.

El procedimiento contencioso en La Haya: una secuencia de plazos

Cabe recordar que ante la CIJ, el procedimiento contencioso entre dos Estados prevé varias etapas: usualmente, los Estados proceden primero a dos rondas de alegatos escritos, que son seguidas luego de las audiencias orales que se celebran en La Haya, durante las cuales también es muy usual observar dos rondas de alegatos.

En la fase escrita, luego de entregar el Estado demandante una memoria, el Estado demandado deposita su contra memoria. Siguen luego el depósito de un segundo documento denominado «réplica» por parte del Estado demandante, y de una «dúplica» por parte del Estado demandado. Con respecto a las audiencias orales, que pueden durar varias semanas, es su conclusión oficial la que inicia el denominado «délibéré» de la CIJ: al respecto, tuvimos recientemente la ocasión de analizar las audiencias orales entre Guyana y Venezuela realizadas en mayo del 2026, habiendo Guyana presentado su demanda contra Venezuela en el mes de marzo del 2018 (Nota 1).

Para cada fase de este extenso contradictorio entre dos Estados, hay que fijar los plazos de presentación de los escritos, lo cual se materializa, previa consulta con las delegaciones de ambas partes, mediante la adopción de una ordenanza por parte del Presidente de la CIJ.

Con relación a Israel y a sus múltiples exacciones en Gaza, esta misma CIJ emitió una contundente opinión consultiva dada a conocer el 22 de octubre del 2025 sobre las obligaciones de Israel en Gaza como Estado Miembro de Naciones Unidas: véase el texto en francés y en inglés, y en particular el párrafo operativo final 223, en el que la CIJ le señala a Israel (entre muchos otros puntos) que no puede usar el hambre como arma de guerra. Como lo indicábamos al analizar los alcances de esta opinión consultiva (Nota 2), es la primera vez en la historia que la CIJ le recuerda a un Estado una obligación de esta índole.

Foto extraída de artículo de prensa publicado en Israel, «How do you curate a genocide», Magazine+972, edición del 21 de mayo del 2026. Texto disponible en este enlace.

Este 4 de junio del 2026, en las afueras del Consejo de Seguridad, la Liga de Estados Árabes, la Organización de la Cooperación Islámica, Palestina y un nutrido grupo de representantes de diversos Estados, realizaron una conferencia de prensa (véase video), en la que denunciaron las exacciones de todo tipo de Israel en el territorio palestino registradas en las últimas semanas, aprovechando Israel el desvío de la atención internacional en razón de las fuertes tensiones en el Golfo Pérsico y así como en el Líbano.

Los plazos fijados en breve

En su ordenanza en el marco de la demanda de Sudáfrica contra Israel por el genocidio en curso en Gaza (véase texto en francés y en inglés), los plazos fijados para el depósito de la réplica (Sudáfrica) y de la réplica (Israel) son:

– 22 de noviembre del 2027 para Sudáfrica

– 22 de mayo del 2029 para Israel.

En esta misma ordenanza se puede leer que mientras Israel no consideraba necesario proceder a una segunda vuelta de alegatos, Sudáfrica insistió en la importancia de mantener una segunda ronda de alegatos, pidiendo incluso un plazo bastante extenso de 18 meses para preparar su escrito, plazo que le fue concedido por la CIJ.

Como se podrá observar, se trata de un nuevo fracaso de la diplomacia israelí, al parecer extremadamente urgida en que este caso sea lo más rápidamente resuelto y archivado por parte de la CIJ (de manera a añadir una decisión más en su contra de la CIJ, irrespetada y desacatada de manera desvergonzada por Israel).

Cabe recordar que en una ordenanza similar sobre plazos de abril del 2024 entre Sudáfrica e Israel (véase texto), la CIJ había ordenado un plazo de nueve meses, plazo intermedio entre los doce meses que solicitaba Sudáfrica y los seis meses solicitados por Israel. En lo que respecta al plazo otorgado a Israel, una segunda ordenanza de la CIJ de abril del 2025 (véase texto) le otorgó a Israel una prórroga adicional, evidenciándose la improvisación y la poca preparación de Israel para respetar los plazos inicialmente fijados para la entrega de sus argumentos.

No es la primera vez que Israel improvisa sus participaciones ante los jueces de la CIJ de manera errática. En el marco esta vez del procedimiento consultivo que concluyó con la opinión de la CIJ del 19 de julio del 2024 sobre la colonización y la ocupación ilegal del territorio palestino (véase texto completo), la jueza norteamericana de la CIJ notó en su opinión individual (véase texto) que:

« 4. Il est également regrettable qu’Israël n’ait pas réellement pris part à la présente procédure consultative. Celui-ci a soumis à la Cour un exposé écrit de cinq pages, assorti d’annexes. Il a choisi de ne pas participer à la procédure orale, bien que la Cour lui eût, jusqu’à l’ouverture des audiences, réservé trois heures pour présenter ses vues, soit un temps de parole égal à celui alloué à l’État observateur de Palestine et six fois supérieur à celui accordé à chacun des autres participants. La présente instance étant de nature consultative, aucun État n’avait l’obligation d’y prendre part, et Israël pas davantage qu’un autre. Cependant, la participation de ce dernier à la procédure orale eût été bénéfique pour la Cour.

../..

4. It also is unfortunate that Israel did not meaningfully participate in these advisory proceedings. Israel submitted a five-page written statement to the Court, together with annexes. It chose not to participate in the oral proceedings, despite the fact that up to the opening of those proceedings, the Court had reserved three hours for Israel to present its views — the same amount of time allocated to the observer State of Palestine, and six times the amount allocated to any other participant. This is an advisory proceeding, and no State was under an obligation to participate, including Israel. Israel’s participation in the oral proceedings, however, would have benefited the Court.»

Es de notar que el pasado 28 de mayo, Israel evidenció el nivel de creatividad al que han llegado sus máximas autoridades, al decidir “romper sus relaciones” con el Secretario General de Naciones Unidas (véase nota de prensa del New York Times y tweet oficial de su aparato diplomático): salvo error de nuestra parte, se trata de una verdadera “première” en toda la historia de Naciones Unidas, al nunca haberse registrado con anterioridad a un Estado Miembro anunciando semejante “rompimiento” con el máximo representante de la organización. Al no contarse con precedente alguno, no se tiene muy claro cuáles serán las consecuencias exactas para Israel: al respecto, será de gran interés observar lo que precise, haga o bien deje de hacer, el delegado de Israel con ocasión de una próxima sesión del Consejo de Seguridad en presencia del Secretario General.

La demanda de Sudáfrica en breve

Como se recordará, Sudáfrica presentó una demanda contra Israel el 29 de diciembre del 2023 por genocidio en Gaza (véase texto), acompañando su demanda de una solicitud urgente de medidas provisionales.

Esta primera solicitud urgente fue objeto de una respuesta de la CIJ, con una primera ordenanza emitida el 26 de enero del 2024 que tuvimos la ocasión de analizar (Nota 3): desde enero del 2024, Israel desafía abiertamente la autoridad de la CIJ, al no haber en lo más mínimo modificado la forma de llevar a cabo sus operaciones militares en Gaza, tal como ordenado por la CIJ.

Cabe precisar que este caso contencioso que Sudáfrica a Israel ha propiciado solicitudes de intervención de varios Estados, en apoyo a la demanda sudafricana, siendo los últimos en hacerlo Países Bajos e Islandia, y que tuvimos la ocasión de detallar en cuanto a su contenido (Nota 4).

Por parte de América Latina, a diferencia de una diplomacia de Costa Rica inaudible y ausente cuando se trata de condenar las exacciones cometidas por Israel en Gaza y más generalmente, en el territorio palestino ocupado, los Estados que han presentado solicitudes de intervención en apoyo a la demanda de Sudáfrica contra Israel son: Brasil en septiembre del 2025 (véase texto), Belice en enero del 2025 (véase texto), Cuba en enero del 2025 (véase texto), Bolivia en octubre del 2024 (véase texto), Chile en septiembre del 2024 (véase texto), México en mayo del 2024 (véase texto), y Colombia en abril del 2024 (véase texto). Es de recalcar además que el primer Estado europeo en haber presentado una solicitud similar fue España, en el mes de junio del 2025 (véase texto).

Foto extraída de artículo de prensa publicado en Israell, titulado “Rats, raw sewage, skin diseases: Israel’s siege is ravaging Gaza’s displaced”, Magazine+972, edición del 29 de mayo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.

Con relación a las tesis jurídicas de Israel aduciendo que la CIJ no tiene ninguna competencia al no observarse ningún genocidio en Gaza, Israel ha podido contar, como previsible, con las solicitudes de intervención presentadas en el mes de marzo de manera extrañamente coordinada: el mismo día el 12 de marzo del 2026 por parte de Estados Unidos (véase texto), Hungría (véase texto), Islas Fidji (véase texto), antecedidas por una solicitud remitida por Paraguay presentada el 2 de marzo (véase texto). La extrañeza resulta en la coincidencia exacta de fechas de tres Estados muy lejanos geográfica y políticamente (a saber Estados Unidos, Hungría e Islas Fidji), así como en el interés, algo súbito, en el mes de marzo del 2026, de presentar solicitudes en apoyo a Israel en el marco de un contencioso iniciado en diciembre del 2023.

El pasado 2 de junio del 2026, se informó de un intercambio de palabras bastante inusual entre el actual ocupante de la Casa Blanca y el Primer Ministro de Israel (véase nota de The Guardian) que pone en evidencia que todo tiene un límite en este bajo mundo (incluyendo la tolerancia del ocupante de la Casa Blanca ante las acciones insensatas del aparato militar de Israel): en esta entrevista de la cadena gala France24, se detalla la secuencia de fracasos de Israel de la que pareciera quererse ahora desmarcar el precitado ocupante.

En el caso específico de Costa Rica, cabe señalar una nueva incoherencia con respecto a los principios defendidos tradicionalmente en el ámbito internacional, relacionada esta vez a una muy cuestionada ley sobre la pena de muerte adoptada en Israel en el mes de marzo del 2026 (Nota 5): esta nueva inconsistencia, bastante notoria, se explica en razón del verdadero «alineamiento» de Costa Rica con Israel detallado en este artículo publicado el pasado 15 de mayo en El País (España), en el cual se indica la disposición de la nueva Presidenta de Costa Rica para el período (2026-2030) en trasladar la embajada de Costa Rica de Tel Aviv a Jerusalén: de materializarse el traslado de su embajada, Costa Rica estaría violando abiertamente el consenso internacional acordado desde 1947 sobre el estatuto internacional particular de Jerusalén. Al respecto, no está de más indicar lo que se lee en el capitulo sobre el traslado de la embajada de Costa Rica a Tel Aviv y el reconocimiento de Palestina como Estado, en una obra publicada en el 2013 por parte del ex canciller de Costa Rica en el período (2006-2010). Al concluir este capítulo, cuya lectura completa se recomienda, al pasar en revista todas las resoluciones de Naciones Unidas que Costa Rica violó desde 1982 (año en que decidió trasladar su embajada de Tela Aviv a Jerusalén), el autor indica que:

«Al concluir el acto protocolar, me encontré rodeado de distintos miembros de la comunidad que venían a saludarme y felicitarme por mis palabras, mi valor y mi candor. Algunos no estaban necesariamente de acuerdo con mis planteamientos, pero respetaban nuestro modo de pensar. Otros se expresaron a favor, e incluso unos cuantos me abrazaron y dos lloraron sobre mis hombros. Fue un momento de catarsis. Al Ex–Presidente Monge no lo volví a ver, ni tenía muchas ganas de verlo. El 20 de mayo, sin embargo, publicaría un artículo en el cual, desprovisto de argumentos, arremetería contra los “neo-nazis” de la administración Arias Sánchez (Nota 27). Supongo que mis palabras no fueron de su entero agrado” (Nota 6).

Sudáfrica: una hábil estrategia legal ante la CIJ

Más allá de las incoherencias a las que Costa Rica se ha prestado en los últimos cuatro años cuando de proteger a Israel se trata en el ámbito internacional, poniendo en entredicho la imagen internacional que ha forjado en los últimos 60 años (Nota 7), es de saludar la ejemplar actitud de Sudáfrica, y ello desde que inició este procedimiento contencioso contra Israel ante la CIJ. Así como el apoyo recibido a su gestión por parte de varios Estados de América Latina, África y Europa (al que podrían sumarse más dada la pérdida de toda credibilidad de Israel y el repudio generalizado que ha provocado en el mundo la insensatez de su accionar en Gaza, pese al incondicional apoyo que ha recibido Israel por parte de Estados Unidos). Cabe señalar que previamente a la solicitud de intervención de Palestina del 31 de mayo del 2024 (véase texto en francés y en inglés), habían presentado su solicitud de intervención México (24 de mayo del 2024), Libia (10 de mayo) y Colombia (5 de abril).

En un primer momento (diciembre del 2023), Sudáfrica se empleó a encontrar la manera de frenar el ímpetu destructor e insensato del aparato militar de Israel en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023, logrando obtener en tres ocasiones por parte de la CIJ (entre enero y mayo del 2024) medidas provisionales de carácter urgente ordenadas por la CIJ a Israel: se trata de tres ordenanzas que fueron una tras una, objeto de un desacato desvergonzado por parte de Israel, que no encontró mejor argumento que tildar de «antisemita» a la CIJ (véase nota de prensa del Jerusalem Post del 2024). Se recomienda, en particular a quiénes consideran en sus columnas de opinión que Israel respeta las reglas del derecho internacional, leer y si es del caso volver a leer;

– el párrafo operativo 86 de la ordenanza del 26 de enero del 2024 (véase texto);

– el párrafo 51 de la ordenanza del 28 de marzo del 2024 (véase texto) y;

– el párrafo operativo 57 de la ordenanza del 24 de mayo del 2024 (véase texto).

A partir de esta actitud de Israel consistiendo en desafiar abiertamente a la autoridad del máximo órgano judicial de Naciones Unidas, Sudáfrica ha optado por extender el procedimiento en el tiempo, de manera a exponer ante el mundo a Israel, y mantener al aparato diplomático de Israel con un incómodo «asunto pendiente por genocidio en Gaza» ante la justicia internacional de La Haya.

Esta exposición en el tiempo de Israel sobre lo que es capaz de hacer Israel en Gaza, y más generalmente en el territorio palestino ocupado, no invalida los hallazgos que puedan hacer otras entidades de Naciones Unidas. Más bien, puede incitar a mayores investigaciones sobre el drama indecible que vive Gaza desde la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023, que permitirán a los jueces de la CIJ tener un panorama mucho más completo a la hora de dictaminar su decisión sobre el fondo.

A modo de ejemplo, el pasado 20 de abril se dio a conocer un informe del Banco Mundial y de la Unión Europea (UE) que cuantifica en más de 71.000 millones de US$ la destrucción causada por Israel en Gaza desde el 7 de octubre del 2023 (véase comunicado oficial de Naciones Unidas).

En esta entrevista de Democracy Now a uno de los mas renombrados expertos sobre el Holocausto realizada el 19 de mayo, se detalla la deriva genocida y supremacista que Israel ha emprendido en los últimos años y que debiera interpelar a muchos, incluyendo a los integrantes de la comunidad judía en todo el mundo: al respecto, resulta de cierto interés observar que un sector de la comunidad judía ha desarrollado una campaña mundial denominada «Not in our Name» (véase enlace), al tiempo que otras organizaciones judías como la UJFP en Francia han condenado a Israel por sus exacciones en Gaza (véase sitio), así como la Jewish Voice for Peace (véase sitio), y que se ha observado una importante cantidad de personas de ascendencia judía en las multitudinarias marchas de protestas en favor de las víctimas palestinas en Gaza en las principales capitales europeas, en Canadá y en Estados Unidos. No obstante, en otras latitudes, no se ha registrado crítica alguna a Israel ni manifestaciones colectivas de repudio: una de las pocas voces judías críticas en Costa Rica es la de una joven estudiante de la Facultad de Derecho de la UCR (véase su artículo titulado «No en nuestro nombre» publicado en septiembre del 2024 y uno anterior sobre el uso del «antisemitismo» en Costa Rica para intentar descalificar a quienes exigen a Israel respetar las normas del derecho internacional).

Con relación al calificativo de «antisemita» agitado por Israel, cabe recordar que cuando la Fiscalía de la CPI anunció que había procedido a iniciar formalmente una investigación en Palestina en diciembre del 2019, el primer ministro y el ministro de Defensa en Israel no encontraron mejor argumento que el de descalificar a la CPI indicando que es «antisemita» (véase la nota del Jerusalem Post y este cable de la agencia Reuters). Ello como parte de las gesticulaciones iracundas del aparato estatal israelí cuando fracasa, y que ya no impresionan mayormente, salvo algunos pequeños círculos.

El 1ero de junio del 2026, un comunicado oficial conjunto de varios expertos de Naciones Unidas denuncia la «política de terror» que fomenta Israel en todo el territorio palestino ocupado, Jerusalén Oriental incluida (véase texto del comunicado). Es de notar que Israel ha aprovechado también de la confrontación contra Irán iniciada conjuntamente con Estados Unidos el 28 de febrero, para expandirse como nunca en el Sur del Líbano, con acciones que califican como crímenes de guerra y debieran poder interesar a la justicia penal internacional, si es que las actuales autoridades del Líbano así lo quisieran (Nota 8): en esta nota de prensa del 29 de mayo del 2026, el número de personas fallecidas en el Sur del Líbano desde inicios del mes de marzo del 2026 asciende a 3324, de las cuales 55 son menores de edad, con 15 de ellos habiendo sido ultimados por el ejército de Israel en una sola semana. Esta otra nota refiere a más de 10.000 personas heridas en el Líbano en razón de las acciones militares israelíes. Este 5 de junio, un colectivo de juristas en Francia denunció la estrategia de asesinatos deliberados de periodistas libaneses por parte de Israel, tendiente a evitar que el mundo esté informado de su accionar en el Sur del Líbano (véase comunicado). En esta entrevista de France24 del 6 de junio, se detalla la destrucción deliberada de sitios declarados patrimonio mundial de la Humanidad por la UNESCO por parte de Israel en el Sur del Líbano.

Con relación a Gaza, resulta oportuno recordar que en septiembre del 2025, una comisión de investigación de Naciones Unidas concluyó a la perpetración de un genocidio en Gaza, siempre en curso (véase el texto completo de este informe y el comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas). Este informe de septiembre del 2025 confirmó los hallazgos anteriores de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Palestino, la jurista italiana Francesca Albanese, en su informe (véase texto) titulado «Anatomía de un genocidio» presentado en julio del 2024. Imperturbable, pese a sufrir una fuerte campaña de desprestigio en su contra propiciada por Israel, Estados Unidos (y por los círculos de influencia que gravitan alrededor de las embajadas de Israel en todo el mundo) con incluso sanciones en su contra ordenadas por Estados Unidos y, en febrero del 2026, aparatos diplomáticos en Europa extremadamente hacendosos para desacreditarla (Nota 9), en el mes de marzo del 2026 esta valiente jurista italiana presentó un informe adicional, titulado «Tortura y genocidio» (véase texto).

Con respecto a Costa Rica, resulta oportuno señalar que, al finalizar el mes de febrero del 2026, la Universidad de Costa Rica (UCR) anunció el otorgamiento de su máxima distinción académica a Francesca Albanese (véase anuncio oficial de la UCR): un apoyo a su valentía y a su labor que bien podría replicarse en otros recintos universitarios. El pasado 2 de abril, se informó que esta valiente jurista recibió también la máxima distinción académica remitida por tres universidades en Bélgica (véase nota de prensa). En Costa Rica, personalidades e intelectuales han saludado esta llamativa iniciativa de la UCR (véase artículo de opinión publicado el pasado 29 de marzo en La Extra y este otro publicado con anterioridad en Delfino.cr, entre muchos más), al tiempo que otros han considerado oportuno repetir en artículos de opinión el guion del aparato diplomático israelí y las falacias que ha difundido en contra de Francesca Albanese, y ello desde su primer informe antes mencionado y titulado «Anatomía de un genocidio«, cuya lectura integral se les recomienda.

Como parte de esfuerzos (no gubernamentales) para dar a conocer a la opinión pública de Costa Rica lo que ocurre en Gaza, la película La Voz de Hind Rajab, ganadora de varios premios internacionales, se presentó en Costa Rica por vez primera, a partir del 5 de junio del 2026 en el Cine Magaly (véanse enlace de anuncio del Cine Magaly, así como este video de la larga ovación vivida durante la presentación de esta conmovedora película durante el Festival de Venezia, así como esta nota de prensa). En este enlace de una fundación que lleva su nombre, el detalle del asesinato de esta niña palestina ocurrido el 29 de enero del 2024 en Gaza permite entender mucho mejor las razones por las que esta película ha conmovido a tantas personas en todo el mundo. En este otro enlace de una fundación que lleva su nombre, se enlista parte de los 24 militares israelíes involucrados en el asesinato de Hind Rajab y de su familia, así como el de dos socorristas cuya ambulancia fue bombardeada horas después de llegar cerca del vehículo en el que se encontraba esta pequeña niña palestina aún en vida.

A modo de conclusión

Ante el drama indecible que se vive en Gaza desde hace más de dos años y medio, y la extrema urgencia de la situación para muchas familias palestinas, la justicia internacional de La Haya cuenta con un procedimiento contencioso que no hay cómo modificar, alterar o agilizar.

Este procedimiento contencioso se extiende durante varios años, en razón de las reglas procesales aplicables: como muchas veces ocurre con la misma justicia a nivel nacional, la justicia internacional puede llegar en algún momento, pero no es necesariamente una justicia pronta, como se quisiera. Desde este punto de vista, la justicia internacional no escapa a lo que pareciera ser una verdadera patología de la justicia en el plano nacional.

Ahora bien, desde el 26 de enero del 2024, fecha de la primera ordenanza de la CIJ, fueron en total tres los intentos de Sudáfrica de solicitarle medidas urgentes a la CIJ sobre el genocidio en curso en Gaza, siendo la última la ordenanza de la CIJ del mes de mayo del 2024, que tuvimos la ocasión de analizar (Nota 10): conforme pase el tiempo, y se registren más exacciones de Israel en Gaza, la actitud desafiante de Israel puede contribuir a garantizarle a Sudáfrica una futura sentencia de la CIJ particularmente contundente y ejemplarizante. Paralelamente, los diversos informes de Naciones Unidas ya elaborados (y por elaborar) así como otros informes preparados por otras entidades de la sociedad civil, como por ejemplo uno reciente elaborado sobre lo que viven las personas palestinas detenidas en las cárceles israelíes (Nota 11), permitirán, sin lugar a dudas, a los jueces de la CIJ contar con elementos adicionales para condenar con mayor dureza a Israel como Estado: desde este preciso punto de vista, hay que saludar la magistral estrategia legal de Sudáfrica contra la que no pueden hacer mayor cosa, ni Israel, ni sus influyentes círculos de influencia, como tampoco su incondicional aliado norteamericano.

Este último por cierto, no encontró nada mejor que atacar conjuntamente con Israel a Irán, el 28 de febrero del 2026, tres días después de haber sido notificado por la CIJ de la apertura de la fase de compensación en el marco esta vez de otro caso: la demanda interpuesta por Irán contra Estados Unidos en el 2018 relativa al secuestro ilegal de sus activos bancarios en Estados Unidos (véase texto en francés y en inglés de la ordenanza de la CIJ del 25 de febrero del 2026).

– Notas –

Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Audiencias orales de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el marco de la controversia Guyana vs. Venezuela: algunas reflexiones«, 11 de mayo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes sobre el alcance de la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 22 de octubre del 2025. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 3: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito de la ordenanza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 26 de enero del 2024. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: Países Bajos e Islandia solicitan intervención en el marco la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza», 11 de marzo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 5: En efecto, en marzo del 2026, mientras que toda la comunidad internacional repudió la adopción de una polémica ley en Israel instaurando la pena de muerte de manera discriminatoria, al ser aplicable únicamente para condenados palestinos (véanse entre muchos comunicados oficiales, el de España, de Francia, de la misma Unión Europea y el comunicado conjunto de Alemania, Francia, Italia, Nueva Zelanda y Reino Unido así como este comunicado de varios expertos de Naciones Unidas), el aparato diplomático costarricense se mantuvo totalmente omiso y enmudecido. En este comunicado, un colectivo de juristas en Francia denominado JURDI concluye de manera muy certera, que:»La loi israélienne du 30 mars 2026 ne constitue pas une simple modification de politique pénale. En réintroduisant la peine de mort dans un système marqué par l’occupation, la colonisation, la ségrégation raciale et l’apartheid, mais aussi un génocide à Gaza, elle contrevient aux exigences fondamentales du DIDH, du DIH et du droit international pénal. Elle s’analyse moins comme une réponse au « terrorisme » que comme un instrument d’aggravation de la répression exercée contre le peuple palestinien, renforçant un régime de domination institutionnalisée«. Mientras el repudio ha sido generalizado con respecto a esta ley votada en Israel el 30 de marzo del 2026, … resulta oportuno leer lo que decía el comunicado oficial de Costa Rica en el año 2024, para conmemorar el día internacional de la abolición de la pena de muerte: reafirmaba entonces su defensa de los principios … pasados completamente por alto tratándose de Israel en este 2026 con relación a la penal capital.

Nota 6: Véase STAGNO UGARTE B., Los caminos menos transitados: La administración Arias Sánchez y la redefinición de la política exterior de Costa Rica, 2006-2010, Editorial Universidad Nacional (UNA), 2013, pp. 74-75. Texto completo de la obra disponible en este enlace.

Nota 7: Véase BOEGLIN N., «El tratado de libre comercio (TLC) con Israel firmado por Costa Rica el 8 de diciembre del 2025: reflexiones y preguntas, algunas incómodas«, 22 de diciembre. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 8: Véase al respecto BOEGLIN N., «La justice pénale internationale et la CPI au Moyen Orient: bilan et perspectives, notamment au vu de ce qui se passe au Liban«, 11 de abril del 2026. Texto integral disponible en este enlace .

Nota 9: Véase al respecto este comunicado de febrero del 2026 de Amnistía Internacional denunciando el burdo montaje a partir del cual Austria, Francia y República Checa pidieron sanciones contra Francesca Albanese. El 12 de febrero del 2026, un colectivo de juristas franceses presentó una demanda contra las autoridades francesas (véase comunicado del 12 de febrero) y emplazó al Secretario General de Naciones Unidas ante una condena por parte de Francia a la persona de Francesca Albanese (condena hecha con base en un montaje bastante burdo y grosero que al parecer no detectó el jefe de la diplomacia de Francia, lo cual plantea algunas interrogantes sobre su capacidad de lectura y la de su equipo de asesores): véase al respecto la carta del Presidente de la ONG francesa JURDI con fecha del 20 de febrero del 2026 con dos anexos que evidencian la maniobra de la que fue víctima Francesca Albanese. Se recomienda leer el texto de la misma Francesca Albanese publicado en Le Monde Diplomatique (número de marzo 2026), titulado «Réponse a mes détracteurs» y (cuyo texto integral esta disponible desde el 1 ero de abril del 2026).

Nota 10: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordena a Israel suspender de inmediato su ofensiva en Rafah y abrir Gaza a investigación por parte de agencias de Naciones Unidas «. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 11: Véase el informe presentado por una ONG en Ginebra en abril del 2026 titulado «Another genocide behind walls”: New report documents testimonies of rape and sexual violence in Israeli prisons«. En materia de tortura, el pasado 16 de mayo, fue el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Tortura el que envió una misiva urgente a Israel (véase carta), objeto incluso de un comunicado oficial de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (véase comunicado del 19 de mayo del 2026 titulado “Special Rapporteur on torture warns of persistent risks for Palestinian detainees, implores Israel to change course”). Como ya viene siendo costumbre desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023, este comunicado de prensa no fue referenciado en prácticamente ningún medio de prensa internacional ni nacional en Costa Rica, por razones que sería de sumo interés conocer.

Los hechos no hablan solos – Colombia

José A. Amesty Rivera

En muchos países de América Latina ocurre algo que llama la atención de la gente, gobiernos o movimientos políticos de izquierda llegan con mucha fuerza al poder, impulsan reformas, crean programas sociales, mejoran servicios públicos y promueven cambios que consideran importantes para la mayoría de la población, sin embargo, cuando llegan nuevas elecciones, muchas veces encuentran dificultades para mantener el apoyo de los votantes.

¿Por qué algunos gobiernos hacen cambios importantes y aun así tienen dificultades para ganar elecciones?

Algunas personas creen que esto ocurre porque gobernaron mal, o porque cometieron demasiados errores, pero la realidad suele ser más complicada.

Las elecciones no funcionan como un examen de matemáticas, donde se suman aciertos y errores para obtener una nota final. Las personas votan influenciadas por muchas cosas, como, lo que ven, lo que escuchan, lo que sienten, lo que conversan con sus vecinos/as, lo que reciben por redes sociales y, sobre todo, por la idea que tienen sobre el rumbo del país.

Por eso, entender una elección requiere mirar mucho más allá de los números y las estadísticas, por ejemplo, la situación actual de Colombia es un buen modelo de ello.

La disputa entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella no enfrenta únicamente dos candidatos, también refleja debates que vienen de muchos años atrás, a saber, la violencia política, el conflicto armado, las desigualdades sociales, el proceso de paz, las diferencias entre regiones, el papel de los medios de comunicación y las distintas ideas sobre el futuro del país, entre otros.

Existe una situación que se repite en muchos gobiernos que buscan hacer cambios profundos, dedican enormes esfuerzos a mejorar programas sociales, ampliar derechos, fortalecer la educación, la salud o las oportunidades para los sectores más vulnerables.

Pero esos cambios casi nunca producen resultados inmediatos; una reforma educativa puede tardar años en mostrar resultados, una política para reducir la pobreza puede necesitar varios gobiernos para consolidarse, una transformación económica no ocurre de la noche a la mañana.

Mientras tanto, la gente sigue enfrentando problemas cotidianos; si una persona siente inseguridad en su barrio, le preocupa el precio de los alimentos o teme perder su empleo, esas preocupaciones pueden pesar más que otros avances que no percibe directamente.

Por esto muchas veces los gobiernos, son juzgados no por todo lo que hicieron, sino por los problemas que la población considera más urgentes. Y esto ha ocurrido en distintos países.

En Brasil, muchos ciudadanos/as reconocían avances sociales de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, pero el desgaste político terminó favoreciendo a Jair Bolsonaro en 2018.

En Ecuador, una parte de la población valoraba logros del Correísmo, pero otra parte quería un cambio de rumbo.

En Argentina, el deseo de alternancia ayudó a llevar a Mauricio Macri a la presidencia.

Pero también existen casos contrarios, veamos…

Lula volvió a ganar en Brasil en 2022, Gabriel Boric triunfó en Chile, Gustavo Petro llegó a la presidencia en Colombia en 2022.

Esto demuestra que el problema no es simplemente ser de izquierda o de derecha. La verdadera pregunta es otra, ¿Quién logra convencer a más personas de que su plan para el futuro es mejor?

En el caso de la política colombiana, para entenderla hay que mirar hacia atrás, durante décadas, Colombia vivió marcada por el conflicto armado, la violencia política, el narcotráfico y enormes desigualdades sociales; millones de colombianos/as crecieron escuchando noticias sobre guerrillas, paramilitares, secuestros, atentados y enfrentamientos, y esta historia dejó huellas profundas.

Por esto palabras como seguridad, paz, autoridad, orden, justicia o cambio no significan exactamente lo mismo para todos los colombianos/as. La firma del acuerdo de paz abrió una esperanza para muchos sectores de la sociedad, pero también generó dudas y preocupaciones en otros, y estas diferencias siguen presentes hoy.

Por esto las elecciones actuales no son solamente una evaluación del gobierno de Gustavo Petro, también son una discusión sobre qué país quieren construir los colombianos/as para las próximas décadas.

Y aquí aparece una idea muy importante, muchas personas que apoyan al gobierno de Petro sostienen que una parte de la población no conoce realmente muchos de los avances realizados durante estos años, y esta situación no es exclusiva de Colombia, ocurre en muchos países, por ejemplo:

Una carretera puede ser construida gracias a recursos del gobierno nacional, pero la gente piensa que fue obra de la alcaldía. Un programa social puede beneficiar a miles de familias, pero con el tiempo deja de verse como algo especial y pasa a considerarse normal. Una mejora económica puede atribuirse al esfuerzo personal y no a decisiones del gobierno.

En otras palabras, no basta con hacer las cosas, también hay que lograr que la gente sepa quién las hizo y por qué fueron importantes; si los ciudadanos no relacionan los cambios positivos con quienes los impulsaron, esos logros pueden desaparecer políticamente, aunque sigan existiendo en la realidad.

Y aquí aparece una de las mayores debilidades históricas de muchos movimientos progresistas en América Latina: han dedicado enormes esfuerzos a gobernar, pero muchas veces han prestado menos atención a comunicar. Durante años, una parte de la izquierda creyó que los hechos hablarían por sí solos, pensó que una buena gestión sería suficiente para convencer a la población.

Pero la política moderna funciona de otra manera, los hechos no hablan solos; alguien siempre los interpreta, los explica y les da significado. Mientras algunos gobiernos se concentran en ejecutar programas y reformas, otros actores políticos trabajan constantemente construyendo relatos, mensajes, símbolos y emociones, y muchas veces esos relatos terminan teniendo más fuerza que los propios hechos.

Otro problema frecuente es creer que una estadística puede derrotar una emoción, cuando una persona tiene miedo por la inseguridad, un gráfico no siempre cambia su percepción, cuando una familia siente dificultades económicas, un informe técnico puede parecer lejano a su realidad.

Las personas necesitan datos, pero también necesitan explicaciones sencillas que les ayuden a entender lo que está ocurriendo, la política no se mueve solamente por números, también se mueven por sentimientos, experiencias y esperanzas.

Por esto comunicar bien no significa hacer propaganda vacía, significa explicar claramente qué se hizo, por qué se hizo y cómo mejora la vida de la gente.

A su vez, hoy la comunicación política es mucho más complicada que hace veinte años; antes la información circulaba principalmente por televisión, radio y periódicos, ahora millones de personas reciben información por Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, YouTube y muchas otras plataformas.

Así en cuestión de minutos una noticia verdadera o falsa puede llegar a millones de personas, un video de treinta segundos puede tener más impacto que un informe de cien páginas.

Esto obliga a los gobiernos y a los movimientos políticos a adaptarse a una realidad completamente nueva; quien no entiende esta transformación corre el riesgo de perder la batalla de la opinión pública, incluso cuando tiene resultados para mostrar.

Existe otro factor que pocas veces se menciona; los gobiernos de cambio suelen despertar enormes esperanzas. Prometen combatir la desigualdad, reducir la corrupción, mejorar la seguridad y transformar la economía, sin embargo, los cambios profundos necesitan tiempo.

Las instituciones avanzan lentamente, las reformas encuentran obstáculos, los resultados tardan en llegar. Cuando las expectativas crecen más rápido que los resultados, aparece la frustración; y muchas veces esa frustración surge precisamente entre quienes más esperaban del gobierno, por esto algunos proyectos políticos terminan siendo víctimas de sus propias promesas.

Otro elemento importante es que, tal vez la discusión más importante ocurre en un terreno que muchas veces pasa desapercibido, no basta con ganar elecciones, tampoco basta con gobernar, también es necesario ganar la batalla de las ideas.

Las personas construyen sus opiniones en muchos lugares, como, la familia, la escuela, la iglesia, las redes sociales, los medios de comunicación, las universidades y las organizaciones sociales, allí se forman las ideas sobre qué significa progreso, justicia, libertad, seguridad o democracia.

Quien logra influir en esas ideas tiene una enorme ventaja política, por esto algunos gobiernos logran ganar elecciones, pero no logran consolidar una visión compartida del país. Y cuando esto ocurre, cada elección vuelve a convertirse en una disputa desde cero.

Finalmente, la historia demuestra que los movimientos progresistas no están condenados a perder elecciones; existen muchos casos de derrotas, pero también numerosos ejemplos de victorias, sin embargo, sí parece existir un problema recurrente.

Muchos gobiernos logran hacer cambios importantes, pero encuentran dificultades para convertir esos cambios en una percepción positiva y duradera dentro de la sociedad. El caso colombiano muestra claramente este desafío.

La discusión sobre el gobierno de Gustavo Petro no gira solamente alrededor de lo que hizo o dejó de hacer, también gira alrededor de cómo esos resultados fueron comunicados, comprendidos y valorados por la ciudadanía. Aquí la principal lección quizás sea esta:

Gobernar bien es indispensable, pero en la política del siglo XXI no es suficiente, también hay que explicar, convencer, escuchar y construir una visión compartida del futuro, porque los hechos son importantes, pero los hechos, por sí solos, no hablan.

Un dato final, sin entrar en polémicas. En el caso de Iván Cepeda, muchas personas lo reconocen por su trabajo en temas de Derechos Humanos, y por hablar sobre la historia del conflicto armado en Colombia, esto le da importancia y reconocimiento en la política del país.

Sin embargo, en una elección nacional, el reto para un candidato con este perfil es lograr que esos temas se conviertan en mensajes claros, sobre lo que más preocupa a la gente todos los días, la seguridad, el empleo, la economía y el costo de vida.

En una segunda vuelta, esto suele ser muy importante; muchos ciudadanos no votan pensando tanto en ideologías o debates políticos complejos, sino en quién creen que puede ofrecer un mejor futuro para ellos y sus familias.

Por esto, en Colombia las segundas vueltas muchas veces no las gana quien tiene el plan más detallado, sino quien logra conectar mejor con las preocupaciones de la gente. Normalmente tiene ventaja el candidato que habla de forma sencilla, transmite confianza y hace sentir a los votantes que entiende sus problemas.

En este escenario, no basta con proponer cambios, también es necesario explicarlos de una manera fácil de entender y demostrar cómo pueden mejorar la vida diaria de las personas. Al final, suele ganar quien logra presentar una idea de futuro clara y cercana para la mayoría de los ciudadanos/as, incluso para quienes no pensaban votar por él desde el principio.

No estamos afirmando que esto ocurrió o vaya a ocurrir de una manera u otra, simplemente es una situación que suele aparecer en elecciones muy divididas y polarizadas.

Y afirmo categóricamente, ojalá, que sea así, que Ivan Cepeda gane las elecciones en Colombia, para que este país siga cambiando, para que los colombianos/as, tengan una sociedad de justicia, paz, prosperidad y tranquilidad, en fin, que sea un triunfo de la izquierda latinoamericana.

Teletica, La Nación y el poder

Por José Luis Amador

José Luis Amador.

Se atribuye a Voltaire la frase “no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresar tus ideas”. Esta frase resume el principio democrático de respetar el derecho a la expresión y al disenso.

En los últimos años, hemos defendido a la Nación y Teletica por su derecho, (el nuestro y el de todos) a la libre expresión de las ideas. Durante estos años hemos sido testigos de la antidemocrática actitud de Rodrigo Chaves al golpear y constreñir la libre expresión de una serie de periodistas, periódicos, analistas y pensadores que van desde La Nación, y Teletica hasta periodistas de UCR, Vilma Ibarra y tantos otros grandes y pequeños que no fueron del gusto del señor presidente.

Pero la razón por la que hemos opinado en defensa de estos periódicos no es porque pensáramos que estos medios: “la Nación” o “Teletica” fueran adalides de la libertad de prensa, de la expresión de todos o de la defensa de la verdad y la objetividad. Sino porque en este mundo de pesos y contrapesos, la mordaza sobre esos periódicos es una mordaza que pesa para todos los actores de la sociedad, reduciendo el respeto al disenso y la democracia.

Hablo como ciudadano independiente, que se manifiesta libremente en las redes, que no tiene ninguna militancia con ningún partido, ni con ningún medio de comunicación, pero que siente como propia, la vejación y la constricción que se hace a cualquiera que sea reprimido en su libertad de expresión.

Como trabajador del ICE, me tocó muchas veces enfrentar la todopoderosa voz de esas empresas de opinión, La Nación y Teletica. Me tocó salir a defender los intereses institucionales y nacionales, llevando como único escudo mi convicción y los colores amarillos de esa institución.

Fue así como muchas veces nos tocó salir a enfrentar el TLC, afrontar la amenaza del Combo Eléctrico o simplemente salir durante el período 2002 – 2006, a luchar, porque los asesores neoliberales de Abel Pacheco lo convencían de negar la aprobación del presupuesto mínimo, para garantizar los recursos institucionales necesarios para construir obras hidroeléctricas. Ya desde aquellas épocas la intención era ahogar presupuestariamente al ICE, para que no pudiera construir sus obras, y dejar el espacio cómodamente a los cogeneradores privados.

Sin presupuesto, varios proyectos en proceso quedaban paralizados, los trabajadores sin actividad, y si no había una solución, el ICE tendría que despedirlos. Ante esas situaciones acuciantes, hubo un año en que nos lanzamos tres veces a paros y marchas, no por aumento de sueldo, no por beneficios para los trabajadores, sino por presupuesto para no paralizar las obras

El papel de La Nación
Porque cuero sí nos daban

Como trabajador del ICE no fue difícil aprender que cuando los políticos tomaban acciones y propuestas en contra de la institución, ya desde varias semanas antes, los titulares de primera plana de la Nación empezaban a expresar opiniones en contra del ICE, para preparar el terreno, indisponer la opinión pública y predisponerla a favor de los actos, leyes, proyectos, recortes y otras acciones de su interés, en contra del ICE.

Como muchos de ustedes bien saben, el periódico no es un noticiero. El periódico es un formador de opinión y una herramienta al servicio de sectores económicos y políticos. Y como comprenderán, no fue Chaves el que vino a abrirnos los ojos. Ya los teníamos abiertos desde chiquitillos. Estos medios nunca fueron favorables al proyecto nacionalista energético. ni de telecomunicaciones. Ni de la Caja, ni de ningún proyecto de índole social. Siempre estuvieron en contra de las posiciones progresistas de trabajadores y sus sindicatos. Siempre del lado libertario, del lado de los Guevara, del lado de quienes querían privatizar o como dicen ellos “abrir” las instituciones, Siempre favoreciendo a la cogeneración y a la competencia privada. En energía salud educación y en lo que sea.

El argumento es por supuesto, defender al usuario, lo cual no siempre es cierto, pero como propaganda funciona. Aunque la mayor cantidad de veces, la motivación sea más bien beneficiar al empresario privado, aún a costa del usuario final. En los últimos meses me ha llamado la atención ver algunas posiciones más nacionalistas y si se quiere más solidarias de parte de la Nación. Posiblemente por su enfrentamiento con Chaves y el duro revés de perder la visa que experimentaron sus directivos. Pero su posición ha sido siempre la descrita.

Chaves y Teletica

Recientemente Rodrigo Chaves se reunió con René Picado dueño de Canal 7. Esto ocurre luego de un periodo de más de cuatro años de agresión permanente, explícita o velada, de Chaves hacia ese medio televisivo. Conociendo a este personaje, no deja uno de preguntarse ¿Qué cosa estará tramando Chaves?

Lamento decir que no espero nada bueno de este señor. Aunque Chaves nunca ha expresado abiertamente su ideario, para quienes hacemos una lectura de lo que ha venido haciendo, queda claro que ese ideario no está muy lejos del ideario de un Milei. Arrasar con el Estado Social de Derecho, derribar los derechos adquiridos por los costarricenses en el plano social. Reducir aún más los presupuestos en salud, educación, seguridad, todo ello en beneficio de los sectores empresariales y de los números a nivel macroeconómico. Hablo sin ser experto, pero por ahí va la cosa.

El punto es que hemos defendido durante todos estos años a la Nación y a Teletica y hemos querido hacer valer su derecho a la libre expresión. Y había que hacerlo. No es por casualidad que a los directivos de la Nación se les quitaron sus visas a Estados Unidos. Eso, todos lo sabemos, es un guiño de la administración Trump a su colaborador Chaves.

Pero la reunión de Chaves con Picado deja abierta una serie de preguntas. ¿Será que por unos dólares más y pauta publicitaria René Picado cambiará sus posiciones y hará causa común con Rodrigo chaves en lo que atañe al derribo del Estado social de Derecho?

¿Será que ahora Teletica contribuirá, una vez más, a invisibilizar la realidad y a ponerla a tono con el interés del gobierno chavista, en desmedro de la verdad, y del objetivo ejercicio del periodismo, en aras de mayor rentabilidad para su negocio??

Nadie duda de que en nuestras sociedades los medios son un cuarto poder, uno de los más importantes: el periodismo y la comunicación formadora de opinión, pero también es cierto que fácilmente se convierten en un poder donde la verdad, queda al servicio del mejor postor.

¿Nos tendremos que acostumbrar, otra vez, a ver a Teletica, totalmente, al servicio del poder?

¿Pasará lo mismo con la Nación?

A Repretel ya ni le preguntamos.

El trago amargo del FMI, la canasta básica y el pulso fiscal de 2026

Por: JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

La reciente alerta emitida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las finanzas públicas de Costa Rica nos coloca, una vez más, frente al espejo de nuestras contradicciones estructurales. A pesar de exhibir un crecimiento impulsado por las zonas francas y una inflación controlada, el país enfrenta una erosión silenciosa pero agresiva en su recaudación fiscal. El Ministerio de Hacienda estima una brecha para este 2026 cercana a los 300.000 millones de colones.

Desde el punto de vista macroeconómico, este hueco no es producto del azar. Es, en buena medida, el efecto secundario de la apreciación sostenida del colón frente al dólar, lo cual ha comprimido las utilidades del sector exportador, turístico y financiero que transa en moneda extranjera, reduciendo drásticamente su aporte en el impuesto sobre la renta. A esto se suma una deuda pública que coquetea nuevamente con superar el 62% del PIB, un umbral crítico que restringe aún más el margen de maniobra bajo las normativas de la regla fiscal.

La receta que el FMI propone para sanear este faltante es conocida y profundamente ortodoxa: aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de la Canasta Básica Tributaria (CBT) del 1% actual a la tarifa general del 13%, gravar el salario escolar y eliminar exenciones históricas. Desde la teoría, ampliar la base impositiva aumenta el flujo de caja estatal; pero desde la economía política y social, gravar bienes de demanda inelástica como la alimentación básica es la medida más regresiva posible, pues castiga desproporcionadamente a los deciles de menores ingresos.

La contradicción en Zapote

La reacción del Poder Ejecutivo ante este escenario fue un ejercicio de equilibrismo político. En la reciente conferencia de prensa en Casa Presidencial, vimos a Rodrigo Chaves —ahora operando desde el Ministerio de Hacienda bajo la administración de Laura Fernández— enfrentarse al choque entre la realidad contable y la promesa electoral. El Ejecutivo debe presentar un «plan fiscal», pero intenta desligarse del costo político que implica acatar al FMI.

Decir, como sugirió el viceministerio, que la brecha se cubrirá a corto plazo mediante sistemas tecnológicos para combatir la evasión es, en el mejor de los casos, un optimismo desmedido y, en el peor, una cortina de humo. La tecnología aduanera y tributaria tiene rezagos de implementación y sus rendimientos no son inmediatos; mientras tanto, el déficit estructural exige liquidez hoy.

El debate en la oposición: Tres visiones, un mismo rechazo

El espectro político y técnico de oposición ha reaccionado con un justificado nivel de alarma, aunque partiendo de diagnósticos muy distintos:

  1. La visión progresista y estructural: Economistas como Leiner Vargas, Luis Paulino Vargas y la diputada Sofía Guillén coinciden en que la propuesta del FMI es un asalto a la equidad. Gravar con un 13% el arroz, los frijoles y el pan pulveriza el poder adquisitivo de hogares que ya destinan la mayor parte de su presupuesto a la subsistencia. Este sector señala que Costa Rica gasta cerca de un 5% de su PIB solo en el pago de intereses de la deuda. La salida, afirman, no está en exprimir a la base trabajadora, sino en una reforma tributaria progresiva (renta global, control de grandes capitales) y una renegociación agresiva de las condiciones de la deuda interna.
  2. El pragmatismo financiero: Analistas como Gerardo Corrales advierten que la caída en la recaudación es un síntoma de un modelo que está ahogando su propio aparato productivo mediante un tipo de cambio artificialmente apreciado. Para esta visión, imponer un 13% de IVA a la canasta básica en un entorno donde el sector productivo local pierde competitividad terminaría por deprimir el consumo interno, generando un efecto bumerán que estancaría la economía y, paradójicamente, reduciría aún más la recaudación a mediano plazo.
  3. La ortodoxia liberal: Figuras como Eliécer Feinzaig y Pedro Muñoz rechazan categóricamente nuevos impuestos, argumentando que el problema central de Costa Rica no es la falta de ingresos, sino la mala calidad y la ineficiencia del gasto público. Su propuesta es condicionar cualquier debate fiscal a una reducción severa del aparato estatal, la eliminación de monopolios y el recorte presupuestario de las instituciones públicas.

El veredicto: Competencia ineludible del Gobierno Central

A la luz de estas posturas, es fundamental trazar una línea de responsabilidad política. Yo, en lo personal, pienso que la oposición tiene razón en una cosa, sin importar si analizamos esto desde el liberalismo económico, el conservadurismo o el progresismo democrático de izquierda: NO SE DEBE CARGAR A LA CLASE MEDIA Y BAJA, como se ha hecho siempre, la ineficiencia del Poder Ejecutivo en este periodo y el anterior.

Porque, aunque tratarán de culpar a los otros poderes de la República —como acostumbran a hacer en sus discursos Rodrigo Chaves y ahora la presidenta Laura Fernández—, la formulación de la política fiscal y el manejo de las finanzas son competencia directa, exclusiva e ineludible del Gobierno Central chavista. Trasladar la factura de la impericia gubernamental al plato de comida de las y los costarricenses no es «responsabilidad fiscal», es una abdicación de la justicia social.

El país requiere soluciones estructurales, sí, pero estas deben surgir de gravar la riqueza y dinamizar la producción, no de encarecer el costo de sobrevivir en uno de los países más caros de la región.

El Atlas de Desarrollo Humano 2025: el bajo desarrollo humano, la desigualdad y la inseguridad se conjugan en los cantones de las regiones periféricas

German Masís

Se presentó recientemente el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de2025 y entre los índices analizados se encuentran los índices de desarrollo humano, de desarrollo humano ajustado por desigualdad, de desigualdad de género y el de pobreza multidimensional, a los que se suma el índice de seguridad cantonal.

En esta oportunidad, el Atlas incorpora el Índice de Seguridad Ciudadana (ISC), que permite vincular a nivel cantonal el bienestar humano con la incidencia delictiva. Los resultados muestran que entre 2020 y 2023, un 70% de los cantones experimentaron una disminución en el valor del ISC y un aumento de la inseguridad.

La incorporación de esta dimensión dentro de los análisis sobre desarrollo humano responde a la necesidad de comprender cómo la violencia y el delito afectan el bienestar integral y sostenible de las comunidades.

Índice de Desarrollo Humano (IDH, señala al igual que el Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad IDH-D 2023 que la desigualdad territorial es persistente: los cantones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) siguen rezagados con respecto a los del centro del país.

Según el IDH, los cantones con mayor desarrollo humano son: Escazú, Santa Ana, Belén y Montes de Oca; en contraste, los cantones con menor desarrollo humano son Talamanca, Los Chiles, Matina y Buenos Aires.

Al ser ajustado por desigualdad los cantones con mayor IDH-D son Belén, Montes de Oca, Curridabat, Santa Ana y Santo Domingo, mientras que Los Chiles, Puntarenas, La Cruz y Buenos Aires registran los valores más bajos.

En cuanto al IPM 2024, los mejores resultados (muy bajas privaciones) se ubican Montes de Oca, Flores, Santo Domingo, San Pablo y Belén. En el extremo opuesto, con mayor pobreza multidimensional, figuran La Cruz, Talamanca, Coto Brus y Los Chiles.

El IPM 2024 evidencia que el 3,8% de la población vive en cantones con alta pobreza multidimensional, concentrada principalmente en zonas fronterizas del norte y sureste del país. En contraste, la Región Central concentra la mayoría de los cantones con IPM bajo o muy bajo, reafirmando la disparidad territorial.

En igualdad de género, los avances son moderados: mejora el desempeño en educación y salud, pero persiste el rezago en la participación laboral femenina, lo que limita la autonomía económica y el rendimiento del desarrollo en varios territorios.

Según el IDH, los diez cantones con menor desarrollo humano son: Buenos Aires (posición 84), Matina, Los Chiles, Talamanca, Corredores, Guácimo, Parrita, Montes de Oro, La Cruz y Coto Brus.

A nivel provincial, se observa que todos los cantones de Limón se ubican por debajo del promedio nacional, situación que prevalece desde el primer lanzamiento del Atlas en el año 2007 . En Puntarenas, únicamente Puerto Jiménez se encuentra por encima de dicho promedio, mientras que en Guanacaste destacan Liberia y Tilarán como los únicos dos cantones que superan el promedio nacional

Si se analiza el IDH por región de planificación se observa una clara distinción entre la región Central y el resto de las regiones. Mientras que en la región Central solo ocho municipalidades (Acosta, Alajuelita, Dota, Jiménez, León Cortés, Puriscal, Sarchí, Tarrazú) se encuentra por debajo del promedio nacional, en el resto de las regiones solo cinco cantones se encuentran por arriba de dicho promedio: Liberia, Tilarán, Puerto Jiménez, San Carlos, San Mateo. Cabe destacar que la región Huetar Caribe no tiene ningún cantón por arriba del promedio nacional. (Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, Análisis de Resultados p.11)

Al ajustar el IDH por la desigualdad que viven las personas dentro de un mismo cantón en áreas como salud, educación y economía, se obtiene el Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad (IDH-D), los 10 cantones con los menores índices son: Sarchí, Hojancha, Orotina, Golfito, Sarapiquí, Matina, Los Chiles, Puntarenas, La Cruz y Buenos Aires, en último lugar.

Igualmente, al observar geográficamente los cantones clasificados según la igualdad de género, nuevamente se tiene un patrón que deja en desventaja a aquellas personas que están en las zonas alejadas del centro del país, siendo la excepción algunas de la provincia de Guanacaste. Para este último año, se identifican 7 cantones con alta desigualdad, que son: Hojancha, Osa, Río Cuarto, Talamanca, Los Chiles, Turrialba y Coto Brus.

En cuanto al Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) del 2024, los cinco cantones que presentan un IPM alto (Upala, La Cruz, Talamanca, Coto Brus, Los Chiles, completan los 10 cantones con este nivel Siquirres, Guatuso, Buenos Aires, Sarapiquí, Turrialba y Upala.

El análisis de los cantones según el Índice de Seguridad Cantonal dejó en evidencia que los problemas de seguridad ciudadana se dan tanto dentro como fuera de la GAM, sin embargo, al ver la evolución en el tiempo (2020-2023), son los cantones fuera de la GAM los que están evidenciando un mayor deterioro.

Los cantones con la mayor pérdida de valor del índice son: Nicoya, Parrita, Santa Cruz, Cañas, Garabito, Los Chiles, Puerto Jiménez, Guatuso y Limón y en consecuencia con el mayor deterioro de la seguridad en el período.

En 59 cantones (70,2 %) el valor del índice disminuyó lo que evidencia el aumento de la inseguridad ciudadana en una buena parte de los cantones del país, que se suman a los anteriores que son: Osa, Garabito, Corredores, Talamanca, Matina, Quepos, Puntarenas, Golfito, Siquirres, Carrillo, San José, Abangares, Orotina, Pérez Zeledón, La Cruz, Pococí y Turrialba.

La inseguridad, no solo refleja la ausencia de control del delito, sino también la fragilidad de los vínculos comunitarios, la precariedad de los entornos urbanos y la limitada presencia del Estado. (Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2025, p.27)

La inseguridad ciudadana representa una barrera significativa para el desarrollo humano, al limitar las oportunidades, libertades y condiciones de vida de las personas en los cantones costeros, fronterizos y rurales.

El decoro constitucional

Walter Antillón

Parte I. En general

El ejercicio del derecho público nos ha permitido comprobar que, de la vida y de la estructura del Estado, las constituciones sólo regulan explícitamente los aspectos primarios; de modo que aquella compleja realidad estatal se nutre y se concreta mediante una pluralidad de elementos provenientes de otras diversas fuentes.

El primer constitucionalista en identificar algunos de esos elementos fue el profesor británico Albert V. Dicey (Introduction to study of the law of the Constitution; MacMillan, London, 1914, pág. 244), quien a fines del Siglo XIX acuñó el sintagma ‘Constitutional conventions’ para indicar los acuerdos alcanzados en las altas esferas del poder acerca del significado de palabras clave, o de comportamientos adecuados, frente a los vacíos de la Constitución, lo cual tuvo gran difusión en el mundo del ‘Common Law’ (entre muchos: Wade-Phillips: Constitutional Law; Longman Green Co., London, 1948; pág. 87).

En el campo del Derecho Continental fue el gran maestro italiano Santi Romano quien primero se ocupó del fenómeno en su ensayo de 1909 Diritto e correttezza costituzionale (Ahora en Scritti minori, I, Diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 1990, p. 331 sigtes.). A partir de dicho ensayo, la doctrina ha elaborado el concepto de “correttezza costituzionale”, que traduzco como “decoro constitucional” (porque se trata precisamente de la dignidad, el respeto y la decencia en el comportamiento y en el lenguaje adoptados por los funcionarios) en los siguientes términos:

El decoro constitucional se traduce en deberes que no están previstos en la letra de la Carta, cuya vigencia, sin embargo se presupone. Junto a los acuerdos y las costumbres constitucionales, las reglas del decoro concurren a regular los actos y los modos de ejercicio del poder de los sujetos políticos, llenando los espacios vacíos dejados por las disposiciones de la Constitución formal, o integrando, o especificando el significado que debe atribuirse a dichas disposiciones. Se suelen expresar tanto en las actuaciones directas del funcionario como en forma de pactos, en compromisos de honor entre contrarios; en la mutua deferencia, respeto, cortesía entre los poderes públicos, etc. La comunidad ciudadana los adopta como parte de su educación política.

Las reglas del decoro constitucional son, por ende, de distinta naturaleza y cumplen diversos papeles: reglas de moral política, de equidad, de colaboración leal, de buena fe y de debida diligencia en la vida pública; de buen uso de poderes discrecionales, del lenguaje y los modales, etc.; contribuyen a asegurar el buen funcionamiento de los órganos supremos y a evitar que el ejercicio de los poderes discrecionales desemboque en abusos, disputas o tensiones interinstitucionales.

La doctrina moderna del Derecho Constitucional confiere suprema importancia a las reglas del decoro. Grandes publicistas como Santi Romano y Paolo Biscaretti di Ruffia hicieron importantes aportaciones al tema.

En opinión del profesor y juez constitucional Gustavo Zagrebelsky (en Enciclopedia Treccani: Voz “Correttezza Costituzionale”), el desprecio a las reglas del decoro debilita los pilares invisibles de la Democracia: su abandono genera peligros sistémicos graves:

  1. Degradación de la lealtad institucional

  • Guerra entre poderes: Las instituciones dejan de cooperar y comienzan a bloquearse mutuamente.

  • Uso estratégico del derecho: Las leyes se aplican para destruir al adversario político y no para el bien común.

  • Pérdida de la «buena fe»: Desaparece la confianza mínima necesaria para que los órganos del Estado negocien y dialoguen.

  1. Erosión del sistema democrático

  • Tiranía de la mayoría: El partido en el poder utiliza los vacíos legales para aplastar a las minorías, ignorando el pluralismo.

  • Degeneración en «autocracia electiva»: Se respetan las votaciones, pero se destruye el espíritu de la separación de poderes.

  • Polarización extrema: La política se convierte en un juego de suma cero donde el rival no es un competidor, sino un enemigo a eliminar.

  1. Inestabilidad y parálisis del Estado

  • Vacíos de poder: El bloqueo de nombramientos clave (como jueces constitucionales o defensores del pueblo) paraliza órganos vitales.

  • Crisis constitucionales continuas: Conflictos institucionales constantes que la Constitución escrita no puede resolver por sí sola.

  • Pérdida de credibilidad ciudadana: La población pierde la confianza en la política al ver el espectáculo de la confrontación total.

Zagrebelsky advierte literalmente que…

“…una Constitución no puede sobrevivir solo con el texto escrito. Si los actores políticos pierden la ética de la moderación y el autocontrol (constitutional forbearance), las normas escritas se vuelven inútiles y el sistema camina hacia el autoritarismo o el colapso…”

En la segunda parte de este artículo se analizará la situación de las reglas del decoro constitucional en Costa Rica.

Los fascistas ya no usan uniformes

José A. Amesty Rivera

Durante décadas, cuando se habla de fascismo, la imagen era bastante clara, Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, uniformes militares, propaganda del Estado abierta, censura directa y persecución sistemática de quienes se oponían.

Sin embargo, en el debate político actual ha surgido una pregunta cada vez más común en sectores críticos de la academia y la comunicación, ¿y si las formas de autoritarismo del siglo XXI ya no necesitan ese rostro clásico? ¿Y si hoy funcionan de maneras más difíciles de ver, más integradas en la vida cotidiana y, por eso mismo, más complicadas de identificar? ¿Y si su principal herramienta ya no es el ejército, sino la comunicación global?

No se trata de afirmar que exista un nuevo fascismo completamente definido o planificado, sino de una hipótesis de análisis, los sistemas de poder cambian de forma, pero no desaparecen.

En las últimas dos décadas se ha consolidado un fenómeno sin precedentes, la concentración de la comunicación global en manos de un pequeño grupo de empresas tecnológicas; plataformas como Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, WhatsApp, Telegram, entre otras menos conocidas, se han convertido en la principal forma de acceso a la información para miles de millones de personas.

Desde una mirada crítica latinoamericana, esto no es solo un cambio tecnológico, sino una nueva etapa del capitalismo, conocida como capitalismo de plataformas o capitalismo de la atención. Su idea central es simple, la atención humana se convierte en un recurso económico, y este recurso se obtiene mejor a través de emociones intensas que mediante información compleja o reflexión profunda.

El resultado es que los contenidos que más se difunden no son necesariamente los más verdaderos o importantes, sino los que provocan más reacción. El miedo se expande, la indignación circula, la rabia se multiplica y la polarización crece; así, la esfera pública deja de ser un espacio de debate democrático y se transforma en un mercado de emociones. Veamos algunos autores que ya planteaban el problema en cuestión.

Antonio Gramsci explicó que el poder no se sostiene solo por la fuerza, sino por la construcción del consenso cultural, a lo que llamó hegemonía. Desde esta perspectiva, los medios de comunicación y hoy también las plataformas digitales no son neutrales, son espacios donde se disputa el sentido común de la sociedad.

Actualmente, esta disputa está atravesada por la concentración económica; no se trata solo de quién produce información, sino de quién controla los canales por los que circula.

Hannah Arendt, política y filosofa, judeo-alemana, advirtió que los regímenes autoritarios se fortalecen cuando se destruye la idea de una realidad compartida; la propaganda no solo busca imponer mentiras, sino debilitar la noción misma de verdad común.

En el mundo digital, este fraccionamiento es aún más profundo. Distintos grupos pueden vivir en universos informativos separados, donde los mismos hechos se interpretan de maneras completamente opuestas. Esto debilita la base mínima para el diálogo democrático.

Noam Chomsky y Edward Herman, con su modelo de propaganda, mostraron que los medios tienden a reproducir los intereses de las estructuras económicas que los sostienen.

Desde una mirada latinoamericana, esto es clave, la concentración mediática no es un accidente, sino una expresión del poder económico sobre la producción de ideas.

No hace falta un control directo, basta con la dependencia de la publicidad, la propiedad cruzada de medios y la lógica de la rentabilidad, el resultado es una agenda pública donde algunas voces se amplifican y otras quedan al margen.

Umberto Eco propuso la idea de un “fascismo eterno”, entendido como un conjunto de rasgos que pueden reaparecer en distintos momentos históricos, como el miedo a lo diferente, el culto a la tradición, el rechazo al pensamiento crítico, la obsesión con conspiraciones y creación constante de enemigos internos.

Desde esta idea, el fascismo no es solo un fenómeno del pasado, sino una posibilidad que puede reaparecer en distintos contextos sociales y tecnológicos.

Jason Stanley, filósofo estadounidense, sostiene que las democracias no suelen caer de golpe, sino de forma gradual, ante debilitamiento de la prensa, pérdida de legitimidad de la oposición, normalización del discurso de odio y creación de enemigos internos.

En América Latina, este proceso puede entenderse en continuidad con formas históricas de exclusión social, donde muchos sectores han sido incluidos formalmente en la democracia, pero excluidos en la práctica.

Boaventura de Sousa Santos señala algo similar, muchas democracias son formales, pero limitadas en lo social, es decir, la ciudadanía existe en teoría, pero el poder real está concentrado.

Una diferencia importante con el siglo XX es el papel de las grandes empresas tecnológicas. Estas corporaciones concentran poder económico, tecnológico y comunicacional al mismo tiempo, esto les permite influir en la política, la cultura y las elecciones a nivel global.

Desde una mirada crítica, esto representa una nueva fase de concentración del capital, ahora también sobre la información y la forma en que percibimos el mundo.

Además de Gramsci, Arendt, Chomsky o Eco, en América Latina contamos con pensadores que han ayudado a comprender cómo opera el poder en nuestras sociedades.

Paulo Freire, advertía que toda educación puede convertirse en una herramienta de liberación o de dominación, dependiendo de quién controla el conocimiento y para qué fines. Hoy esa reflexión cobra nueva vigencia cuando buena parte de la información que consumimos, llega filtrada por cifras que deciden qué vemos, qué ignoramos y hasta qué temas terminamos discutiendo.

Por su parte, el argentino Ernesto Laclau analizó cómo se construyen los discursos políticos capaces de articular demandas sociales diversas, mientras que el peruano Aníbal Quijano explicó cómo muchas formas de dominación nacidas durante la colonia, continúan presentes bajo nuevas apariencias. Desde esta mirada, la concentración mediática y tecnológica, no puede separarse de las relaciones históricas de dependencia que han marcado a América Latina durante siglos.

También el venezolano Ludovico Silva insistía en que la dominación ideológica no funciona únicamente mediante la fuerza, sino a través de mecanismos culturales que llevan a los pueblos a aceptar como naturales situaciones que en realidad responden a intereses de grupos de poder. Hoy, en la era digital, esta reflexión adquiere una actualidad sorprendente.

Si observamos nuestra región, encontramos ejemplos que ayudan a entender estas dinámicas. En Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Venezuela, los debates políticos aparecen cada vez más atravesados por campañas digitales, noticias falsas, operaciones mediáticas y una creciente polarización que dificulta el diálogo. Cada país tiene sus particularidades, por supuesto, pero existe un fenómeno común, la lucha por controlar el relato público. Por ejemplo…

En Brasil, las redes sociales jugaron un papel determinante en la expansión de discursos radicalizados durante los últimos años. En Argentina, la confrontación mediática se ha convertido en parte cotidiana de la vida política. En México, el debate sobre el papel de los grandes medios y las plataformas digitales continúa siendo un tema central. En Colombia, las redes han sido escenario de fuertes disputas narrativas sobre la paz, la seguridad y los movimientos sociales. Mientras tanto, en Chile, Perú y Ecuador se observa una creciente fragmentación informativa donde amplios sectores de la población reciben versiones completamente distintas de una misma realidad.

En Venezuela, esta situación adquiere características particulares debido al peso simultáneo de las sanciones económicas, la confrontación política interna, la presión mediática internacional y la intensa batalla comunicacional que se desarrolla dentro y fuera de las plataformas digitales. Allí puede observarse con claridad cómo la información se ha convertido en un terreno estratégico de disputa política.

Como diría cualquier persona de nuestro pueblo, ya no se trata solamente de quién tiene el micrófono, sino de quién controla el escenario completo, las luces, el sonido y hasta la entrada al lugar. Esa es quizás una de las transformaciones más profundas de nuestro tiempo.

El sociólogo brasileño Emir Sader ha señalado reiteradamente que las disputas contemporáneas no ocurren únicamente en el terreno económico, sino también en el campo de las ideas. Del mismo modo, el argentino Atilio Borón ha advertido sobre la enorme capacidad de los poderes económicos para moldear percepciones colectivas, a través de sistemas de comunicación altamente concentrados.

Por eso la discusión de fondo no es tecnológica, el problema no son las redes sociales en sí mismas; la cuestión es quién las controla, bajo qué intereses operan y qué consecuencias tienen para la democracia, que una parte tan importante de la conversación pública mundial dependa de corporaciones privadas que no rinden cuentas ante los ciudadanos/as.

Dicho en palabras sencillas, cuando unas pocas empresas pueden influir sobre lo que millones de personas ven, piensan, temen o desean, estamos frente a una concentración de poder que merece ser debatida con la misma seriedad, con la que antes se discutía el poder financiero, militar o industrial.

Tal vez por eso la pregunta sigue siendo tan vigente como incómoda, ¿estamos frente a nuevas formas de autoritarismo adaptadas al siglo XXI o simplemente ante viejos mecanismos de dominación vestidos con ropajes tecnológicos? La respuesta todavía está en construcción, pero lo que parece claro es que los pueblos de América Latina, no pueden darse el lujo de mirar para otro lado mientras esta transformación ocurre delante de sus propios ojos.

Asi mismo, un elemento común en muchos discursos políticos actuales es la construcción de “enemigos”, como los migrantes, feminismos, pueblos indígenas, movimientos sociales, intelectuales críticos, minorías sexuales o políticas, entre otros.

No importa tanto el grupo específico, sino la función, canalizar el malestar social hacia un “culpable externo”; el miedo cumple aquí un papel central, organiza apoyos, simplifica problemas complejos y debilita el análisis de las causas reales. Veamos estas ideas en otros paises y regiones concretas hoy:

En EEUU, diversos análisis han mostrado una fuerte polarización mediática y política, donde parte de los medios contribuye a una narrativa de confrontación constante, esto refuerza la idea de que la política es una batalla permanente más que un espacio de acuerdos.

En Europa, casos como Hungría muestran procesos de concentración mediática y cambios institucionales que varios organismos han descrito como retrocesos democráticos, aunque manteniendo elecciones formales.

En países como Francia y Alemania, el crecimiento de la extrema derecha ha ido acompañado por un aumento del enfoque en inmigración y seguridad, dejando en segundo plano temas como desigualdad o redistribución.

En América Latina, la concentración de medios ha sido históricamente una barrera importante para una democracia más profunda. Grandes grupos empresariales han tenido un rol clave en la formación de opiniones públicas y agendas políticas.

Hoy, además, las sociedades dependen cada vez más de plataformas digitales controladas por empresas globales. Esto crea una nueva forma de dependencia, no solo económica, sino también informativa y conocedora. La disputa por el poder ya no es solo territorial o productiva, sino también sobre la infraestructura de la comunicación.

No es necesario pensar en conspiraciones para entender este escenario, basta observar cómo coinciden ciertos intereses, como, plataformas que ganan dinero con la atención, actores políticos que se benefician de la polarización y estructuras económicas que se reproducen en contextos de desigualdad. El resultado no siempre es planificado, pero sí coherente en sus efectos.

Finalmente, tal vez estemos ante una nueva etapa de la crisis del capitalismo, donde la tecnología amplifica viejas formas de dominación, o tal vez estemos viendo el surgimiento de nuevas formas de autoritarismo que aún no sabemos nombrar.

En cualquier caso, la pregunta sigue abierta, ¿qué tipo de gobernanza es posible cuando la información, la atención y hasta la forma en que percibimos la realidad están mediadas por estructuras muy concentradas de poder económico y tecnológico?

Porque quizá el cambio más profundo no es que alguien nos obligue a pensar de cierta manera, sino algo más sutil, que las condiciones mismas de lo que creemos pensar libremente están siendo moldeadas, día a día, por fuerzas que operan más allá del control de nuestros gobiernos.

El señor de los anillos quiere ganar la guerra

Gilberto Lopes
San José, 3 de junio 2026

Los ingenieros de élite de Silicon Valley tienen la obligación de participar en la defensa de nuestra nación, de nuestros valores. De preservar la ligera ventaja que los Estados Unidos y sus aliados occidentales todavía tienen sobre sus adversarios.

Así comienzan Alexander C. Karp, cofundador y CEO de Palantir, y Nicholas W. Zamiska, encargado de asuntos corporativos y consejero legal en la oficina de Karp, La República Tecnológica (*), un libro de 220 páginas, publicado en febrero del año pasado.

Este libro –dicen– pretende promover la discusión sobre el papel que Silicon Valley puede jugar en la reinvención del proyecto nacional; su base es un firme compromiso con el liberalismo y sus valores.

Palantir

¿Qué es Palantir? Es el nombre de la piedra de obsidiana con la que Sauron vigila a sus subordinados en la obra “El señor de los anillos”, de J.R.R. Tolkien. Es el nombre elegido para esta firma, una empresa de software de Silicon Valley, nacida en 2003 con una inversión de In-Q-Tel, el fondo de capital de riesgo de la CIA, que presta servicios a los sectores de defensa, seguridad e inteligencia, no solo de los Estados Unidos, sino de otros diversos países.

Peter Thiel, multimillonario fundador de Palantir y de Paypal, entre otras empresas, se ha instalado en la Argentina de Javier Milei, con quien comparte los principios del anarcocapitalismo.

Se estima que Palantir vale hoy cerca de 400 mil millones de dólares, más de 80 veces su ingreso anual, gracias a sus contratos con los órganos de defensa y de seguridad, con departamentos de policía, sin que se sepa bien la extensión de sus negocios, entre cuyos clientes se incluye el ministerio de Defensa británico, las Fuerzas de Defensa de Israel y las fuerzas armadas de Ucrania.

Inspirados en su visión liberal de la sociedad –Karp hizo un doctorado en filosofía en la Universidad Goethe de Frankfurt y estudió brevemente con el recientemente fallecido filósofo alemán, Jürgen Habermas, que cita en su libro– aseguran que “la capacidad de las sociedades libres y democráticas para imponerse exige algo más que un llamado moral. Exige hard power, y el hard power de este siglo se basará en el software”.

Silicon Valley

La República Tecnológica comienza con una crítica a lo que califican como una pérdida de rumbo de las tecnológicas de Silicon Valley. Habiendo sido abandonada el alma del país en nombre de la inclusividad, reivindican la necesidad de apoyar un “proyecto político más ambicioso”, hacer algo que “realmente valga la pena”. No ahorran críticas a personajes como el ya fallecido CEO de Apple, Steve Jobs, ni a su empresa, dedicada a satisfacer la demanda de un público ávido de Iphones o de computadores portátiles, pero poco comprometidas con un proyecto nacional.

No se trata solo, para Palantir, de un compromiso con el capitalismo y los derechos del individuo, que estiman insuficientes “para sostener el alma humana”. Reivindican “una noción sustantiva de una vida buena o virtuosa”, una definición que “excluye algunas ideas y defiende otras”.

“Hoy en los Estados Unidos, los principales temas que comparte la sociedad no son cívicos o políticos. Son, más bien, entretenimiento, deportes, celebridades y moda. Los viejos temas que conformaban una nación, un sistema educacional, el servicio militar obligatorio, la religión, el lenguaje común, una prensa próspera y libre, han sido desmantelados”.

Será a esa República Tecnológica que corresponderá recuperar la identidad perdida, los objetivos compartidos, los rituales cívicos capaces de mantener la sociedad unida.

¿Cuáles son? No quedan definidos claramente en la propuesta de Karp y Zamiska.

La defensa de la Nación

Palantir encontró, en la guerra de Afganistán, a principios del siglo, un escenario particularmente importante para las aspiraciones de la empresa.

“Había información suficiente para trabajar, pero estaba repartida en docenas, o centenares, de departamentos, que no la compartían. La tarea de unirla, de hacerla útil para decidir qué poblado atacar, qué prisioneros interrogar, qué preguntas hacer, era una tarea imposible”. Para hacerla posible el software de Palantir jugó un papel esencial, unificando la información y poniéndola a disposición de los militares, “que necesitaban navegar rápidamente en una base de datos que les permitiera ver el contexto en el que iban a desarrollar su misión”.

Los vientos estaban cambiando. Era esencial dirigir nuestra atención hacia la construcción de una nueva generación de armas con Inteligencia Artificial. En marzo del 2019, “Palantir ganó un contrato para construir nuevas plataformas de inteligencia para el Pentágono. “Según el Washington Post, por primera vez el gobierno tocaba la puerta de una compañía de software de Silicon Valley, en vez de los contratistas militares habituales”.

El secretario de Defensa (o de Guerra, como prefiere el gobierno actual), Pete Heghset, definió los nuevos objetivos en dos discursos, en octubre y noviembre del año pasado.

El 7 de noviembre, en el National War College de Washington, Hegseth habló ante generales y representantes de la industria de defensa. Les dijo que “el sistema de contratación pública de defensa, tal y como lo conocen, ha dejado de existir. Ahora es un sistema para la guerra”.

Para Hegseth la revisión de esos criterios “es un paso decisivo en la reconstrucción de la nación que en su día lideró el mundo, transformando las ideas en poderío bélico, los pensamientos en letalidad”. Queremos que las empresas “aporten soluciones innovadoras a nuestros combatientes para que podamos tener una ventaja abrumadora en las guerras futuras”.

¿Ventajas abrumadoras en guerras futuras? ¿En cuáles estará pensando Hegseth? ¿En qué ventajas?

Paslantir encaja bien, en todo caso, en el nuevo escenario. El sector tecnológico –dicen Karp y Zamiska– “se había alejado de los militares, desinteresado de pelear con una creciente burocracia y con una opinión negativa del público”.

Palantir tomó otra decisión, “quizás por algún gusto por el conflicto o la obstinada persecución de algo, de algo que funcionara”. Creen que fue “la voluntad de responder al mundo tal como es, no como nosotros desearíamos que fuera, la principal razón por la que la última generación de gigantes de Silicon Valley ha llegado tan lejos como ha llegado”.

EL MANIFIESTO DE PALANTIR

El 18 de abril pasado, Palantir publicó, en su cuenta de X, un manifiesto de 22 puntos donde resumía lo esencial de La República Tecnológica. En solo dos días tenía ya más de 30 millones de visualizaciones.

El manifiesto inicia con un llamado a “rebelarnos contra la tiranía de las aplicaciones”. “Silicon Valley tiene una deuda moral con el país que hizo posible su ascenso”, afirman. Luego se refieren a la forma como piensan cumplir esa misión: “La élite de la ingeniería de Silicon Valley tiene la obligación positiva de participar en la defensa de la nación”.

Su visión sobre el papel de los Estados Unidos no es distinta a la de prácticamente todos sus dirigentes políticos. Ningún otro país en la historia del mundo –afirman-, “ha impulsado más los valores progresistas que este”. Agregan que el poder estadounidense ha hecho posible una paz extraordinariamente prolongada.

Las dos afirmaciones merecen alguna reflexión. Sobre el papel de los Estados Unidos, surgido del desarrollo del capitalismo hace ya más de dos siglos, libre de las trabas que, en Europa, significaba el viejo orden feudal, no solo les permitió una rápida expansión geográfica, ocupando territorios indígenas y avanzando sobre territorios de naciones vecinas, sino que extendió sus intereses económicos, hasta imponer un sistema prácticamente universal.

Sistema en el que se percibe hoy formas de decadencia que Palantir pretende enfrentar. No se trata solo del orden económico, sino también del político, como la democracia liberal sometida a nuevas formas, tanto en Estados Unidos como en otros países del mundo.

Su visón de que “el poder estadounidense ha hecho posible una paz extraordinariamente prolongada” se refiere, naturalmente, al territorio norteamericano. El resto del mundo vivió una guerra permanente, llevada a cabo por Estados Unidos a los más diversos rincones del mundo, en la misma medida en que iba extendiendo su influencia económica e imponiendo su orden político.

La propuesta de Palantir no es otra cosa que mantener viva esa condición, amenazada por otros modelos de organización económica y política con fuerzas que, paulatinamente, se han ido equiparando y, en algunos casos, superando a las de los Estrados Unidos.

Palantir y la encrucijada

Palantir sugiere que la era de disuasión atómica ha llegado a su fin. Una nueva generación de armas basada en la Inteligencia Artificial sustituirá a las nucleares como nuevo instrumento de disuasión. Es ahí donde Silicon Valley puede desempeñar un papel decisivo, muy distinto al que ha venido desempeñando, orientado a la defensa de la nación, como Karp y Zamiska proponen en su libro.

Estiman que hemos llegado a una nueva encrucijada, similar a la que enfrentaron los inventores de la bomba atómica: el software y las capacidades de la inteligencia artificial que Palantir y otras compañías están desarrollando facilitan el despliegue de nuevas armas letales. Un sistema de armas con una Inteligencia Artificial cada vez más autónoma que tiene sus riesgos, contra los que el Papa advirtió recientemente, como veremos.

Karp ve la aplicación de la inteligencia artificial al desarrollo de armas modernas como un instrumento del equilibrio de poder. Desde su punto de vista, la nueva tecnología tiene el potencial de condicionar la política internacional en este siglo y en el próximo, del mismo modo que las armas nucleares lo hicieron en el siglo pasado.

Los ingenieros de Silicon Valley se ven entonces –como los del Proyecto Manhattan, con el que Estados Unidos construyó la primera bomba atómica– enfrentados a una nueva encrucijada, ética y política. Un dilema resuelto, como sabemos, con la decisión de avanzar en la construcción de las nuevas armas, como se hizo entonces y como hacen hoy empresas como Palantir.

La crítica

John Ganz, escritor y columnista de The Nation, no ahorró críticas al libro de Karp y Zamiska.

Para Ganz es un libro “terrible”. Es, literalmente, un llamado a las armas. Anuncia un futuro oscuro y deprimente. Es pésimo tanto en forma como en contenido. Mal escrito, aburrido, lleno de ideas malas –cuando logramos entresacarlas de los clichés y las repeticiones­– que van desde lo simplemente dudoso hasta lo execrable e inquietante.

Los autores defienden la democracia como uno de los valores occidentales, pero parece que tienen algo más en mente. Miran con envidia a nuestros rivales autoritarios, dice Ganz. De hecho, la visión que plantea el libro es profundamente antidemocrática y elitista. En su opinión, el libro y el manifiesto son poco más que una estrategia de ventas.

Naturalmente, no es el único crítico. Gideon Lewis-Kraus, columnista del The New Yorker, se le adelantó unos días. En un artículo con el título de “La guía de Palantir para salvar el alma de Estados Unidos”, dice que el argumento central del libro es que la supervivencia de los Estados Unidos depende de la revitalización del complejo militar-industrial.

Con la posible excepción de “De cero a uno” (libro de Peter Thiel, que Lewis-Kraus califica como uno de los ejemplos más sólidos de un género que combina negocios y autoayuda), “la mayoría de los libros de los expertos en tecnología resultan decepcionantes. Karp parece el tipo de persona que podría haber incrementado la lista”.

Las aspiraciones de algunos ingenieros de Silicon Valley, de restaurar la grandeza de un Estados Unidos que visualizan en decadencia, no es nueva. Karp piensa que restaurando el complejo militar-industrial puede “hacer nuestro país grande nuevamente”.

El mismo Lewis-Kraus cita, al inicio de su artículo, publicado el 19 de febrero del año pasado, que en la primavera del 2014, un ingeniero transnarquista de Google demandó a la Casa Blanca “parar la decadencia nacional”. Su plan era sencillo: pensionar a todos los empleados gubernamentales; transferir la autoridad administrativa a la industria tecnológica; nombrar a Eric Schmidt CEO de los Estados Unidos. Schmidt –nos recuerda– era CEO de Google y un “avatar del liberalismo tecnocrático”.

El exministro de economía griego, Yanis Varoufakis, fue otro, entre muchos, de los que salieron al paso de la propuesta, en el artículo “Palantir y el nuevo orden”.

Surge una nueva forma de capital, un capital en la nube, máquinas algorítmicas que aseguran a sus propietarios el notable poder de cambiar nuestro comportamiento, afirmó.

La República Tecnológica sería un intento de definir la ideología que lo justifica. Varoufakis la llama “techlordism”. Los “señores de la tecnología”, cuya tarea sería proveer la cobertura ideológica para colonizar todo: el comportamiento humano, las instituciones públicas y el mismo Wall Street, lo público y lo privado, además de los individuos.

Desarmar la IA

El Papa León XIV también ha sumado su voz al debate. El uso de la inteligencia artificial para fines militares fue analizado en la reciente encíclica “Magnifica Humanitas”, de cerca de 42 mil palabras, de gran repercusión, más allá de sectores religiosos.

El «crecimiento del complejo militar-industrial se ha convertido en una característica propia del panorama político actual», con el “resurgimiento de la guerra como instrumento de la política internacional», dijo el Papa, que ya en un discurso ante los cardenales, el año pasado, había advertido que la IA era una amenaza potencial para la «dignidad humana, la justicia y el trabajo».

No se debe confiar decisiones letales o irreversibles a sistemas artificiales”, dijo el Papa, en lo que parece ser una velada referencia a lo ocurrido en la guerra contra Irán, cuando misiles norteamericanos, basados en mapas antiguos, utilizados por el software de Palantir para definir objetivos, destruyeron una escuela primaria femenina en la localidad de Minab, causando la muerte de más de cien niñas.

Antonio Spadaro, un jesuita italiano que fue cercano al Papa Francisco comentó la encíclica de León XIV en una entrevista concedida a Gilles Gressani, director de la página Le Grand Continent.

“La encíclica es más política, más geopolítica, más conflictiva”. Las novedades doctrinales más relevantes son al menos cinco, afirmó, entre ellas la introducción del concepto de desarmar la IA, sustrayéndola de la lógica de la competencia armada. La posibilidad de delegar en una máquina la decisión de matar es un fenómeno sin precedentes. “La decisión letal no puede delegarse a procesos automatizados, debe permanecer bajo un control humano efectivo”, afirma el documento.

La encíclica no menciona a Trump, pero la referencia es evidente en varios pasajes, dice Spadaro, como cuando critica la normalización de la guerra, el rearme como respuesta a toda crisis o cuando desmonta la lógica del “yo primero”.

Spadaro destaca el significado de la presencia de Christopher Olah, un millonario cofundador de Anthropic, una empresa de inteligencia artificial, en la mesa con el Papa, cuando se anunció la Magnifica Humanitas. Trump canceló contratos con Anthropic en febrero pasado, después de que la empresa se negara a permitir el uso de su software en vigilancia interna o en armas totalmente autónomas.

Una mirada al mundo

Nos parece que aquí hace falta una pausa, para ver más allá de Silicon Valley y hacer una mirada hacia el mundo. Al de entonces y al de ahora. Karp afirma que la supremacía del poder militar norteamericano en el siglo pasado ayudó a mantener la actual frágil paz en el mundo. Para mantenerla hoy propone un nuevo tipo de Proyecto Manhattan, manteniendo “el control exclusivo de las formas más sofisticas de Inteligencia Artificial en el campo de batalla”.

Pero eso ya no parece posible. El análisis obvia –por un lado– la naturaleza de una guerra donde la capacidad destructiva de las armas es cada vez mayor, sin descartar, ciertamente, las nucleares. Por otro, la decadencia de los Estados Unidos, enfrentado al surgimiento de China como una nueva potencia mundial.

La ausencia de esa consideración política mina el argumento de Karp, concentrado siempre en la preocupación de mantener una ventaja tecnológica que él mismo reconoce precaria. Probablemente cada vez más precaria y, en algunos aspectos, ya sobrepasada por sus adversarios.

Es muy distinto enfrentar a un enemigo mucho más débil, aunque fuera también una potencia nuclear (como La Unión Soviética, durante la Guerra Fría; o Rusia, después), que enfrentar a una potencia emergente que lo supera ya en diversos aspectos, inclusive militares, como China. Y que, además, no es el único rival. Hay que sumar Rusia y potencias nucleares como Corea del Norte, un escenario mucho más complejo que el de hace tan solo unos 45 años.

Es evidente –y el mismo Karp lo sabe– que en una confrontación de la naturaleza que él se imagina no habrá ganadores. Sería simplemente el fin de la humanidad. Sin embargo, sueña con una República Tecnológica capaz de ganar esa guerra. No se le escapa del todo la idea de la decadencia de las sociedades que llama “libres” y “democráticas”. Lo hace cuando reconoce que necesitan hoy más que un atractivo moral para atraer aliados. “Eso sirvió durante algunas décadas”, después de la Guerra Fría. Hoy hace falta, más claramente que entonces, poder militar.

Es una república muy parecida a la que Hegseth propone cuando delinea las nuevas orientaciones del Pentágono, cuando afirma que “no nos conformamos con construir un ejército más fuerte. Estamos sentando las bases para un dominio continuo durante las próximas décadas”. “Si es necesario, entraremos en guerra con el ejército y el equipo que tenemos, y ganaremos”. “Tendremos el arsenal necesario para defender la libertad y seremos sus guardianes”, agrega.

A Karp, como a Hegseth, les falta la visión de que, más que la bomba, fue el desarrollo de la economía norteamericana el fundamento de la preponderancia de los Estados Unidos. Como he sugerido en otro trabajo (y no me voy a extender sobre eso aquí), Estados Unidos llegó a la cumbre de su poder con la victoria en la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética. Desde entonces vive su lenta decadencia, algunas de cuyas expresiones más acabadas son la enorme concentración de la riqueza (de la que Palantir es un ejemplo) y el crecimiento insostenible de su deuda fiscal.

Quisiera sugerir que esa decadencia es no solo el fundamento de un rezago que no puede remontar, sino también la causa fundamental del desorden político que vive hoy la democracia liberal.

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(*) The Technological Republic

Hard power, soft believe and the future of the West

Alexander C. Karp and Nicholas W. Zamiska

Crown Currency, New York

Feb, 2025

La independencia del juez es una garantía ciudadana

Gustavo Román Jacobo

La independencia del juez es una garantía ciudadana que, en el caso de los magistrados o jueces supremos, se refuerza aún más. Les garantiza a los ciudadanos que la persona en el cargo va a decidir los delicados asuntos que deba juzgar solamente conforme a Derecho y de acuerdo con su conciencia; que a la hora de resolver no va a temer con volverse incómodo para el partido X o el Y, pensando en que podrían influir para quitarlo del cargo. Dicho en sencillo: un juez sin estabilidad en el cargo no es independiente, y un juez no independiente es algo malo para la ciudadanía en general; algo que solo pueden desear quienes tienen el “sartén por el mango” y aspiran a mangonearlo.

Una sencilla indagación en los motores de búsqueda de Internet o en los Chatbots de IA generativa, permite constatar que, en todas las democracias del mundo, para proteger esa independencia de los más altos jueces, se establecen distintas garantías reforzadas de estabilidad en el cargo, pero siempre bajo la misma lógica: un juez que puede ser removido fácilmente por una mayoría ordinaria corre el riesgo de decidir según intereses políticos y no jurídicos. Y como en las democracias se quieren jueces que solo se postren ante la ley y no ante ninguna autoridad humana, ni siquiera la de la opinión pública, se diseñan distintos mecanismos para darles esa seguridad.

En Estados Unidos, por ejemplo, los jueces de la Corte Suprema ocupan el cargo “during good behaviour”, lo que en la práctica significa un mandato vitalicio salvo renuncia, jubilación o destitución por impeachment. En Canadá, los jueces de la corte suprema permanecen hasta una edad obligatoria de retiro. Este modelo busca que el juez no tenga que preocuparse por una futura reelección ni por agradar a quienes podrían renovarle el mandato.

Otra fórmula es la de los mandatos largos no renovables. Es el caso de Alemania, con los jueces del Tribunal Constitucional Federal, de Italia, con los de su Corte Constitucional, y de España, respecto de los magistrados del Tribunal Constitucional. Se pretende así que el período sea suficientemente largo para aislar al juez de presiones políticas y que la prohibición de reelección elimine incentivos para buscar el favor de quienes deciden la renovación de su mandato.

Un tercer mecanismo, no excluyente con los anteriores, es el que impide que los jueces supremos puedan ser removidos por decisión discrecional del gobierno o por una mayoría parlamentaria ordinaria. Un juez cuya permanencia en el cargo dependa del agrado que por él tenga el gobierno o una fuerza parlamentaria mayoritaria, no será independiente. Será un intérprete de las leyes temeroso de los políticos de turno y presto a satisfacer sus deseos. Por eso, para cesarlos suele exigirse una causal específica (delito, incapacidad, falta grave, etc.) y un procedimiento especial, en ocasiones con la intervención de distintos órganos.

Por último, en los sistemas que se prevé la posibilidad de la reelección, no es raro encontrar mecanismos que la faciliten, es decir, que dificulten la no reelección, por ejemplo, exigiendo para ello mayorías especiales. Esa fue la opción de nuestros constituyentes. El numeral 158 de la Constitución Política dispone que los “Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por un período de ocho años y por los votos de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa (…) y se considerarán reelegidos para períodos iguales, salvo que en votación no menor de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario”. De modo que el mismo amplio consenso del órgano elector requerido para nombrarlos se requiere para no reelegirlos.

En el caso de los magistrados del TSE, los artículos 100 y 101 de la Constitución disponen que son nombrados por la Corte Suprema de Justicia “por los votos de no menos de los dos tercios del total de sus miembros”, por “seis años” y que “podrán ser reelectos”. ¿Por cuántos votos? No lo dice la Constitución. Es el Código Electoral, en su artículo 13, el que, tras reiterar que serán electos por la “Corte Suprema de Justicia con el voto de por lo menos dos tercios del total de sus integrantes”, dispone que “se considerarán reelegidos para períodos iguales, salvo que por la misma mayoría se acuerde lo contrario.”

Esa fue una decisión legítima, válida y razonable del legislador que aprobó el Código Electoral vigente en 2009. Legítima porque, en su calidad de representantes del pueblo soberano, los legisladores tienen la potestad de aprobar las leyes y, mediante ellas, desarrollar los preceptos constitucionales. Válida porque la disposición del artículo 13 de la ley no contradice el texto constitucional, omiso respecto a la votación requerida para reelegir a los magistrados electorales. Y razonable porque no tiene sentido pensar que el constituyente quiso, como establecen los artículos 100 y 101, otorgar a los magistrados electorales las mismas “condiciones de trabajo”, “remuneraciones”, “inmunidades y prerrogativas” que a los magistrados del Poder Judicial, pero no proteger su estabilidad en el cargo. Menos aún tendría sentido que, además de no exigir una mayoría calificada para no reelegirlos –como ocurre con sus homólogos de la Corte Suprema de Justicia–, se les obligara a reunir la misma mayoría calificada con la que fueron elegidos para poder reelegirse.

Para razonar así, es necesario pensar que la naturaleza jurídica de una elección es idéntica a la de una revalidación del cargo. Es necesario obviar el principio del paralelismo de las formas (la votación que se requirió para elegir a un magistrado debe ser la misma para no prorrogar su nombramiento). Es necesario desconocer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha calificado la estabilidad de los jueces en sus cargos como un derecho humano (Tribunal Constitucional vs Perú, Apitz Barbera y otros vs Venezuela, y Reverón Trujillo vs Venezuela). Y es necesario, sobre todo, tener muchas ganas de sustituir a los magistrados electorales por otros que sean dóciles al poder político. Pues lamento truncarles la ilusión de llegar a tener un tribunal electoral de mentirillas: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Aguinaga Aillón vs Ecuador (30 de enero, 2023) sentenció que “las garantías de inamovilidad y estabilidad de los jueces electorales deben ser reforzadas. En ese sentido, la Corte considera que cualquier demérito o regresividad en las garantías de independencia, estabilidad e inamovilidad de los tribunales electorales, son inconvencionales en cuanto su efecto se puede traducir en un impacto sistémico igualmente regresivo sobre el estado de derecho, las garantías institucionales y el ejercicio de los derechos fundamentales en general. La protección de la independencia judicial en este ámbito adquiere una relevancia especial en el contexto mundial y regional actual de erosión de la democracia, en donde se utilizan los poderes formales para promover valores antidemocráticos, vaciando de contenido las instituciones y dejando solo su mera apariencia”.

Las peligrosas líneas que ya se cruzaron

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La semana anterior observamos con preocupación algunos hechos que conducen a pensar en la instalación de una deriva autoritaria sin retorno en Costa Rica.

Pienso en el manual aprendido y puesto en práctica.

Me quedó bastante claro luego de la lectura del buen trabajo periodístico y testimonial de la comunicadora Patricia Navarro, otrora ministra de Comunicación de la Administración Chaves, quien con gran argumentación y respaldo de fuentes logró explicar, entre otras cosas, cómo la construcción narrativa va socavando la realidad hasta convertir en verdades, mentiras absolutas. Su trabajo puede ser leído en el libro “Las máscaras del presidente” (Uruk, 2025).

Estamos ya en el cruce de líneas peligrosas, realizado irresponsablemente por la misma presidenta de la República.

Tachar de comunistas a quienes le adversan no cae en suelo estéril. Ese ha sido durante años el coco que asusta la epidermis conservadora que subyace la identidad costarricense.

Recordemos cómo fue prácticamente “bajado” del primer lugar de las encuestas José Maria Villalta al ser identificado como comunista por sus inmediatos seguidores, entonces de espectro aparentemente progesista, durante la contienda electoral de 2014.

La diferencia con el contexto actual radica en que esa denominación es asumida por una masa que ha sido bien trabajada a nivel de comunicación política. En el manual de construcción del enemigo es una de las principales tareas a realizar de forma cotidiana. Por eso recomiendo la lectura del texto de Navarro donde se explica este ABC de forma clara y contundente. Es peligroso, si, que incluso se busque crear un clima desestabilizador alrededor de las universidades públicas con ese argumento. Ya sabemos de todas maneras que vienen a ponerles candado. Y esa tarea no bajarán la guardia argumentando que en sus aulas se ideologiza y orienta el pensamiento hacia un enfoque político. Nada más lejos de la realidad.

Pero no solo a nivel discursivo se cruzan líneas peligrosas. El joven estudiante recién graduado de la carrera de sociología de la UNA Elian Xavier Jiménez fue golpeado y arrestado durante las manifestaciones contra la aprobación de la ley de armonizacion eléctrica. Para él la presidenta también tuvo palabras descalificadoras y amenazantes.

El mensaje es claro: ante la oposición y el cuestionamiento, se usará la fuerza como instrumento de intimidación.

Aún no se cumple un mes de instalado el nuevo gobierno en Costa Rica. Pero la víspera no anuncia cosas buenas, ni saca el día, como suele decir el dicho popular.

Se deberá conformar un verdadero frente opositor civil para resistir los embates de cuatro años que seguramente pesarán en la historia costarricense.