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Lero, lero, calzón de cuero. Queerizar la burla para pensar la democracia

Por Msc. Rodrigo H. Campos Hernández

Rodrigo Campos Hernández

Quizá dentro de algunos años, cuando intentemos recordar este extraño momento de la historia costarricense, no sean los grandes discursos políticos los que primero regresen a nuestra memoria. Tal vez recordemos una frase infantil:

“Lero, lero, calzón de cuero”.

Pronunciada por Rodrigo Chaves ante un ciudadano que cuestionaba por qué debía mostrar su cédula para ingresar a la Plaza Mayor de Cartago durante los actos de celebración de la Independencia, la expresión provocó indignación, risas, memes y comentarios de toda naturaleza.

Podríamos quedarnos allí. Podríamos responder a la burla con otra burla, fabricar el meme correspondiente y continuar la interminable batalla de las redes sociales.

Pero también podemos hacer algo diferente.

Podemos queerizar el lero lero.

Queerizar, en este caso, significa tomar aquello que pretendía ridiculizar, desplazarlo de su lugar original y devolverlo convertido en pregunta. Quitarle a la burla su capacidad de humillar y utilizarla para mirar críticamente las relaciones de poder que hicieron posible aquella escena.

Entonces el “lero lero” deja de ser una simple ocurrencia presidencial y comienza a preguntarnos cosas.

¿Cuándo dejamos de escucharnos?

La escena es sencilla.

Un ciudadano interpela a una autoridad pública. Pregunta por qué debe presentar su identificación para ingresar a un espacio donde se desarrolla una celebración nacional. La respuesta termina convertida en sarcasmo.

Podemos discutir si la pregunta era adecuada, si el ciudadano estaba molesto, si existían razones de seguridad para los controles o quién había tomado la decisión.

Pero queda una cuestión anterior a todas ellas:

¿qué sucede con la conversación democrática cuando quien pregunta deja de ser interlocutor y se convierte en objeto de burla?

La pregunta importa porque el episodio no ocurrió aisladamente.

Llegó después de meses de enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y otras instituciones, cuestionamientos al Poder Judicial, conflictos presupuestarios, acusaciones cruzadas, manifestaciones, discursos sobre seguridad, criminalidad y enemigos políticos.

Y ocurrió precisamente durante la celebración de la Independencia.

La fotografía de Cartago

Quizá la imagen más poderosa de aquella noche no sea ninguna declaración.

Es una valla.

De un lado estaban autoridades y simpatizantes gubernamentales dentro de la Plaza Mayor. Del otro, manifestantes contrarios al Gobierno que habían participado en la llamada faroleada por la democracia.

Hubo policías, controles, revisiones y restricciones de acceso.

También hubo autobuses que trasladaron simpatizantes gubernamentales desde diferentes regiones del país y distribución de alimentos, capas y banderas.

Las redes hicieron inmediatamente su trabajo y apareció uno de esos productos inevitables del humor político costarricense: el “escuadrón arroz con pollo”.

Podemos reírnos.

Pero después de la risa queda la fotografía:

unos adentro, otros afuera y una valla en medio.

No necesitamos afirmar que alguien diseñó deliberadamente aquella imagen para reconocer su enorme potencia simbólica.

Era Cartago.

Era la Plaza Mayor.

Era la Antorcha.

Era la víspera del 15 de septiembre.

Era una celebración que supuestamente nos recordaba aquello que compartimos.

Y aparecimos separados físicamente.

La escenografía del poder

Hay otro elemento que merece atención.

La política no solamente habla.

También se viste, camina, gesticula, organiza espacios, construye escenarios y produce imágenes.

Erlin Rojas llamó recientemente la atención sobre la vestimenta presidencial y recuperó una provocadora categoría contemporánea: el fascismo-core. Partiendo de la conocida reflexión de Walter Benjamin sobre la estetización de la política, la categoría permite preguntarnos cómo determinadas imágenes de autoridad, disciplina, seguridad y orden pueden circular culturalmente antes incluso de convertirse en formulaciones ideológicas explícitas.

Conviene ser prudentes.

Una capa azul no convierte a nadie en fascista.

Un despliegue policial tampoco demuestra por sí mismo la existencia de un régimen autoritario.

Y atribuir intenciones políticas precisas a una elección de vestuario sin evidencia sería sustituir análisis por especulación.

Pero observar la escena completa sí resulta legítimo.

Vestimenta presidencial austera. Policía. Vallas. Controles. Autoridades protegidas. Símbolos patrios. Discursos sobre seguridad. Ciudadanos separados.

El objeto de análisis deja entonces de ser una prenda.

Es la escenografía del poder.

La pedagogía de la excepcionalidad

Durante los últimos meses hemos utilizado una expresión para intentar comprender algunos de estos acontecimientos: pedagogía de la excepcionalidad.

No significa que Costa Rica viva necesariamente bajo un régimen de excepción.

Significa algo más sencillo y quizá más difícil de percibir: la posibilidad de que determinadas prácticas inicialmente extraordinarias vayan incorporándose paulatinamente a nuestra experiencia cotidiana.

Primero sorprenden.

Después se repiten.

Finalmente dejan de sorprender.

La pedagogía puede operar mediante discursos: inseguridad, amenazas, enemigos, crisis.

Puede materializarse mediante prácticas: escoltas, barreras, controles, dispositivos policiales.

Y ahora advertimos una tercera dimensión:

la estética.

También aprendemos mediante imágenes.

Aprendemos cómo luce la autoridad.

Cómo luce el peligro.

Quién debe ser protegido.

Quién debe ser vigilado.

Quién ocupa el centro.

Quién permanece afuera.

Pero aquí aparece una cuarta dimensión todavía más preocupante:

aprender quién merece ser escuchado.

Cuando al adversario político se le responde mediante la ridiculización, la lección puede ser sencilla: con determinadas personas ya no hace falta discutir.

Basta reírse.

Pero cuidado: el miedo también puede enseñarse desde la oposición

Aquí necesitamos detenernos.

Sería demasiado cómodo observar exclusivamente al Gobierno.

Durante meses, sectores opositores han advertido sobre autoritarismo, deterioro institucional, amenazas a la división de poderes y eventualmente tendencias fascistas.

Algunas advertencias se apoyan en acontecimientos concretos que merecen escrutinio.

Pero también debemos preguntarnos qué ocurre cuando cada nuevo acontecimiento es interpretado como confirmación definitiva de que la democracia está a punto de desaparecer.

Una hipótesis que explica absolutamente todo corre el riesgo de volverse imposible de refutar.

Si el Gobierno confronta, confirma el autoritarismo.

Si retrocede, fue porque la resistencia lo obligó.

Si aumenta la seguridad, confirma la excepcionalidad.

Si modera el discurso, podría interpretarse como estrategia.

Entonces debemos hacernos una pregunta incómoda:

¿qué evidencia nos haría cambiar de opinión?

La pregunta vale para todos.

También para nosotros.

Nosotros también sentimos el miedo

Esta reflexión no nace desde una supuesta neutralidad exterior.

Quienes observamos críticamente estos acontecimientos también podemos experimentar indignación, cansancio y temor.

Después de Cartago resulta comprensible que algunas personas piensen:

“Hasta aquí. Hay que hacer algo más fuerte”.

Pero precisamente ahí debemos observarnos.

Porque del otro lado puede estar ocurriendo exactamente el mismo proceso.

Algunos simpatizantes gubernamentales consideran que el Gobierno intenta transformar el país y que determinados sectores institucionales y políticos impiden hacerlo.

En redes sociales aparecen entonces palabras como “antipatriotas”, “traidores”, “zurdos” o “enemigos”.

Mientras tanto, desde sectores opositores aparecen “fascistas”, “dictadores” y otras categorías igualmente absolutas.

Las posiciones son distintas y sus fundamentos deben examinarse por separado. Pero pueden producir una emoción semejante:

miedo al otro.

Y cuando cada grupo comienza a considerar al otro una amenaza existencial, la política cambia.

Ya no discutimos sobre cuál Costa Rica queremos.

Comenzamos a discutir sobre quién tiene derecho a pertenecer a Costa Rica.

La ternera

Existe una expresión popular bastante menos académica que quizá explique mejor el problema:

tanto se le jala el rabo a la ternera que termina pateando.

Y cuando patea, poco importa hacia dónde.

Patea.

Una sociedad sometida permanentemente a tensión puede llegar a un punto donde un acontecimiento relativamente pequeño produzca consecuencias enormes.

Una provocación.

Una detención.

Un empujón.

Una actuación policial equivocada.

Una imagen difundida fuera de contexto.

Un video viral.

Después cada grupo podría decir:

“¿Ven? Nosotros teníamos razón”.

Y atribuir al otro toda responsabilidad.

Por eso quizá deberíamos preguntarnos si la principal amenaza inmediata no reside únicamente en determinadas acciones gubernamentales, sino también en la pérdida progresiva de nuestra capacidad colectiva para procesar democráticamente el conflicto.

¿Se rompió la excepcionalidad costarricense?

Durante décadas nos contamos una historia.

Costa Rica era diferente.

La Suiza centroamericana.

El país sin ejército.

El país del diálogo.

El país donde los conflictos se resolvían institucionalmente.

Esa representación siempre fue parcialmente mítica. Nuestra historia contiene desigualdad, exclusión, violencia y enfrentamientos sociales.

Pero los mitos nacionales también cumplen funciones sociales.

Quizá lo que se está quebrando no sea necesariamente la democracia costarricense, sino la representación que teníamos de nosotros mismos.

Nos miramos y ya no reconocemos aquella fotografía.

El 14 de septiembre Cartago ofreció otra:

dos grupos de costarricenses separados por una valla.

Y al día siguiente, durante otra ceremonia de Independencia, volvimos a observar enfrentamientos verbales entre autoridades nacionales y municipales.

Algo está ocurriendo.

Reconocerlo no exige anunciar una dictadura.

Pero negarlo tampoco parece sensato.

¿Pacifismo o blandenguería?

Entonces aparece otra vieja pregunta costarricense.

¿Nuestro pacifismo constituye una fortaleza democrática o simplemente hemos aprendido a soportarlo todo?

Probablemente pueda ser ambas cosas.

Existe un pacifismo que significa:

“Mejor no meterse”.

Eso puede convertirse en pasividad.

Pero existe otro:

“Estoy profundamente en desacuerdo con usted, protestaré contra usted y utilizaré todos los mecanismos democráticos disponibles, pero no necesito destruirlo para hacerlo”.

Eso no es debilidad.

Es una forma exigente de fortaleza democrática.

Protestar no contradice la paz.

Fiscalizar tampoco.

Denunciar abusos no destruye la convivencia.

Recurrir ante tribunales, organizarse, marchar, investigar, escribir, cuestionar y exigir explicaciones forman parte de una democracia viva.

La pregunta es cómo hacerlo sin reproducir aquello mismo que denunciamos.

Quizá no necesitamos unidad

Durante mucho tiempo hemos repetido otra expresión hermosa:

unidad en la diversidad.

Pero quizá estamos pidiéndole demasiado a la democracia.

No necesitamos estar unidos.

No necesitamos pensar parecido.

Ni siquiera necesitamos caernos bien.

Podemos sostener proyectos de país profundamente incompatibles.

Lo indispensable es algo anterior:

reconocimiento mutuo de legitimidad.

Yo acepto que usted pertenece legítimamente a esta comunidad política aunque quiera una Costa Rica distinta de la que deseo.

Y usted reconoce exactamente lo mismo en mí.

Mientras eso exista, tenemos adversarios.

Cuando desaparece, comenzamos a fabricar enemigos.

Quitar la valla

Al principio parecía sencillo decir:

hay que quitar la valla.

Ahora sabemos que no basta.

Primero debemos preguntarnos si quienes están a ambos lados desean quitarla.

Porque ninguna convivencia democrática puede reconstruirse unilateralmente.

Tampoco significa tolerarlo todo.

Diálogo no significa sometimiento.

Pacifismo no significa pasividad.

Pluralismo no significa aceptar la destrucción del pluralismo.

Esperanza no significa ingenuidad.

Quizá necesitamos algo bastante más difícil:

vigilancia democrática sin pánico; resistencia sin odio; movilización sin violencia; denuncia sin exageración; esperanza sin ingenuidad.

No porque exista una vía correcta perfectamente trazada.

Precisamente porque no existe.

Volvamos al “lero lero”

Y entonces regresamos al comienzo.

Lero, lero, calzón de cuero.

Queericemos la frase.

Quitemos al insulto su capacidad de cerrar la conversación y obliguémoslo a abrirla.

Que ya no signifique:

“No merezco responderle”.

Que nos obligue, por el contrario, a preguntar:

¿cuándo dejamos de escucharnos?

¿En qué momento convertimos al adversario en enemigo?

¿Qué estamos aprendiendo a considerar normal?

¿Qué límites democráticos no estamos dispuestos a abandonar?

¿Qué tendría que ocurrir para que cambiáramos nuestra interpretación de los acontecimientos?

¿Podemos protestar sin odiarnos?

¿Podemos defender nuestras instituciones sin convertir el miedo en nuestra principal herramienta política?

¿Podemos disentir radicalmente y continuar reconociéndonos como costarricenses igualmente legítimos?

Quizá la democracia no dependa de encontrar respuestas idénticas.

Tal vez dependa de conservar el espacio donde todavía podamos formularnos juntos esas preguntas.

Porque el verdadero problema no comenzará cuando desaparezca la valla de la Plaza Mayor.

Comenzará si algún día descubrimos que la valla ya no necesita estar allí porque la llevamos instalada dentro de nosotros.

Y entonces ningún “lero lero” tendrá gracia.

El laboratorio del malestar: Costa Rica como advertencia internacional

«La excepcionalidad democrática no es un objeto de vitrina que se hereda intacto; es un pacto social vivo que se destruye silenciosamente cuando el crecimiento económico se divorcia de la justicia social y la redistribución»

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

A propósito del reciente análisis de la politóloga Alicia Lissidini en la prensa internacional; una mirada al espejo de nuestra degradación institucional y el peligro de habituarnos al odio selectivo y la desconexión democrática en Costa Rica.

Alicia Lissidini

Resulta profundamente doloroso mirarse en el espejo cuando el reflejo muestra el rostro de la decadencia. Durante décadas, los costarricenses nos jactamos ante el mundo de nuestra «excepcionalidad democrática». Nos autoproclamamos la «Suiza de América», orgullosos de un Estado social de derecho robusto, una estabilidad republicana envidiable y la histórica abolición del Ejército en 1948.

Hoy, sin embargo, esa etiqueta de prestigio se ha desvanecido en la prensa internacional. En su lugar, prestigiosos análisis académicos del Cono Sur, como el publicado recientemente por la politóloga Alicia Lissidini en La Diaria de Uruguay, nos retratan de una manera radicalmente distinta: Costa Rica es hoy el gran laboratorio latinoamericano del malestar democrático y del ascenso de una derecha radical de rasgos autoritarios.

¿Cómo perdimos nuestra excepcionalidad? La respuesta que la comunidad internacional observa con preocupación no radica en un accidente político, sino en el quiebre sistemático de nuestro pacto social. Costa Rica dejó de ser la excepción igualitaria de la región para convertirse en una de las economías más desiguales del planeta. El desmantelamiento y castigo presupuestario a la educación y la salud públicas terminaron por triturar la movilidad social.

Los informes del Estado de la Nación confirman que el estancamiento de la inversión social por habitante incubó un descontento estructural legítimo. En ese caldo de cultivo, los discursos que prometen «poner orden» y castigar a las élites se vuelven sumamente atractivos, abriendo las puertas a liderazgos personalistas que juegan dentro de la democracia, pero recortan sus componentes liberales.

La gran paradoja costarricense es que la bonanza macroeconómica se ha vuelto un espejismo lejano para las mayorías. En los últimos años, el país registró tasas de crecimiento admirables ante la OCDE, logrando incluso reducir algunos indicadores de pobreza por puros efectos de rebote e inflación baja. Sin embargo, el Estado de la Nación advierte que este repunte es frágil, desigual y territorialmente concentrado.

El crecimiento sin redistribución no genera empleo formal y deja intacta la precariedad estructural. Cuando la ciudadanía percibe que «la política no llega» y que la opulencia de unos pocos coexiste con el endeudamiento de los hogares, el avance del crimen organizado y el deterioro ambiental, los partidos tradicionales pierden credibilidad y las urnas se vacían. El auge del «partido abstencionista» —que ya supera el 40% en los balotajes— refleja una peligrosa retirada silenciosa de la competencia electoral.

El vacío dejado por la desafección ciudadana ha sido ocupado de forma agresiva por la polarización afectiva y la instrumentalización dogmática. Costa Rica atraviesa una alarmante escalada de discursos de odio y discriminación en redes sociales que han crecido más de un 1000% en temas de realidad nacional, dirigidos a demoler la legitimidad de la Asamblea Legislativa, las universidades públicas, el Poder Judicial y la prensa independiente.

A este fenómeno se suma la peligrosa confluencia de redes religiosas conservadoras que pretenden trasladar sus dogmas al aparato estatal. Cuando las políticas de derechos humanos o la laicidad se transforman en guerras morales exclusivas, la igualdad ante la ley se dinamita. La laicidad no es un adorno técnico; es la única garantía republicana de que ninguna moral particular capture los recursos y el poder de la colectividad.

El espejo que nos devuelve la mirada desde el exterior no es un ejercicio de fatalismo, sino una advertencia severa para nuestra propia supervivencia cívica. Si la población costarricense asume con resignación que la protesta social no genera cambios y que las urnas tampoco, terminaremos validando a caudillos que prometen «pasar por encima de los controles» del Estado de derecho.

El gran desafío de nuestra sociedad es recomponer urgentemente el contrato social y rescatar la ejemplaridad de las instituciones. Necesitamos una narrativa de porvenir que vuelva a hacer deseable, defendible y habitable una democracia inclusiva.

Costa Rica debe apagar de una vez por todas la estridencia del agravio y entender que la paz pública no se sostiene con consignas publicitarias, sino con justicia social, equidad distributiva y el respeto absoluto a la dignidad humana.

El valor de sobrevivir

José A. Amesty Rivera

Después del 3 de enero 2026, comenzó a circular con fuerza, y continúa circulando, una idea que merece ser discutida seriamente desde la izquierda, y es que Venezuela debió responder a la intervención militar de EEUU con una guerra abierta, sin importar el costo, y que, llegado el caso, se debía combatir “hasta la inmolación”.

La frase puede sonar heroica y despertar sentimientos legítimos de dignidad, soberanía y rechazo al imperialismo. Pero una cosa es defender la soberanía de un país, y otra muy distinta confundir soberanía con el sacrificio de su pueblo.

Desde una perspectiva de izquierda latinoamericana seria, hay que decirlo sin rodeos, una guerra convencional entre Venezuela y EEUU habría significado una derrota militar prácticamente segura para Venezuela, y podía haber transformado esa derrota en una catástrofe nacional. No se trata de rendirse ante el imperialismo, sino de distinguir entre resistencia y suicidio político.

El 3 de enero de 2026, EEUU realizó una operación militar en Venezuela, capturaron y secuestraron a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Reuters informó que EEUU había atacado el país y que Donald Trump incluso habló de que el Estado norteamericano administraría Venezuela durante una transición. La operación provocó condenas internacionales y preocupación en Naciones Unidas por el precedente que representaba.

Pero una cosa es esa agresión y otra declarar una guerra convencional contra EEUU. La pregunta debe hacerse con los pies en la tierra, ¿qué habría ocurrido?

Es conocido que EEUU posee una superioridad militar enorme en aviación, marina, inteligencia satelital, drones, guerra electrónica, logística, armamento de precisión y experiencia militar. Venezuela sencillamente no podría igualar esas capacidades; reconocerlo no es ser “proimperialista”; es reconocer una realidad.

El problema aparece cuando algunos sectores hablan de “resistir hasta la muerte” como si una guerra fuera una escena de película heroica en la que unos pocos se sacrifican y el pueblo finalmente obtiene la victoria. Las guerras reales no funcionan así; mueren también el trabajador, la campesina, el maestro, el jubilado, el niño que necesita un hospital y la familia que simplemente quiere vivir en paz.

Se destruyen hospitales, carreteras e instalaciones eléctricas; se paralizan transportes y empleos; se interrumpe el suministro de alimentos; aumenta la inflación y se producen desplazamientos masivos. Por esto, ante quienes hablan de “inmolación”, habría que hacer una pregunta sencilla, ¿quiénes se inmolan? Casi nunca son quienes pronuncian esta consigna desde un despacho o cualquier otro escenario. Son los hijos de los trabajadores, los jóvenes, los campesinos y los sectores populares, precisamente quienes ya han soportado años de crisis.

Segun una investigación que hicimos, debemos aprender de algunas lecciones de la guerra. La historia reciente ofrece ejemplos que deberían ser obligatorios para cualquier izquierda que quiera hablar seriamente de imperialismo.

En Irak, EEUU ganó rápidamente la guerra convencional de 2003, derrotó al ejército iraquí y ocupó Bagdad. Pero la victoria militar no resolvió el problema. La ocupación, la insurgencia y los conflictos posteriores provocaron enormes costos humanos, económicos y sociales. El proyecto Costs of War de la Universidad Brown, ha estimado más de 940.000 muertes directas asociadas a las guerras posteriores al 11 de septiembre en distintos países, además de las muertes indirectas producidas por la destrucción de sistemas sanitarios, economías e infraestructura. La lección no es que Irak debió rendirse, es otra, una guerra puede derrotar a un ejército y destruir al mismo tiempo a una sociedad.

Libia resulta todavía más relevante para Venezuela, porque ambos países poseen enormes recursos petroleros. Antes de la guerra de 2011, Libia producía alrededor de 1.7 millones de barriles diarios. Durante el conflicto, la producción cayó drásticamente y su economía sufrió una enorme contracción. La caída de Gadafi tampoco significó el final del conflicto, llegaron la fragmentación política, las milicias, los enfrentamientos internos y las disputas por el control del petróleo. El petróleo, por tanto, no protege a un país de la guerra. Puede convertirlo, precisamente, en un objetivo estratégico.

En el caso de Venezuela, ¿Qué habría ocurrido con su petróleo? Venezuela posee algunas de las mayores reservas petroleras del mundo, pero el petróleo no sale de la tierra por sí solo. Para producirlo hacen falta trabajadores especializados, electricidad, oleoductos, carreteras, puertos, refinerías, transporte e infraestructura. Una guerra prolongada habría puesto en peligro todo este sistema. Y la contradicción sería enorme, quienes quisieran defender la soberanía sobre el petróleo podrían terminar destruyendo la capacidad material necesaria para producirlo. Y el petróleo continúa teniendo un enorme valor geopolítico. Reuters ha informado que, después de la operación de enero, Washington buscó ampliar su acceso no solamente al petróleo venezolano, sino también a otros recursos minerales.

Precisamente por esto había que actuar con inteligencia. Los recursos estratégicos deben defenderse, no convertirse innecesariamente en víctimas de una guerra que Venezuela difícilmente podía ganar.

Otro punto fundamental es que una guerra no habría sido una confrontación entre “chavistas y gringos”. Habría ocurrido sobre territorio venezolano, donde viven más de 30 millones de personas, donde hay chavistas, opositores, personas que no votan, ciudadanos cansados de unos y de otros, trabajadores, campesinos, estudiantes, jubilados y familias que simplemente quieren vivir y sacar adelante a sus hijos. ¿Todos ellos tendrían que morir para demostrar una posición política?

Esto no puede ser un programa de izquierda. La izquierda nació, entre otras cosas, para defender la vida y la dignidad de los trabajadores y de los pueblos, no para convertirlos en carne de cañón. Además, una guerra prolongada podría destruir al propio Estado. Y cuando las instituciones pierden el control del territorio, el vacío puede ser ocupado por bandas criminales, milicias, grupos paramilitares, estructuras de narcotráfico o caudillos regionales. Venezuela ya enfrenta problemas relacionados con economías ilegales, grupos armados y fronteras complejas. Una guerra difícilmente habría mejorado esta situación.

La experiencia de Irak y Libia, demuestra además que hay una diferencia entre ganar una batalla y ganar una guerra, y una diferencia todavía mayor entre ganar una guerra y construir un país después de ella.

Asi mismo, supongamos, hipotéticamente, que después del 3 de enero una parte importante de las Fuerzas Armadas y sectores civiles hubieran decidido continuar la lucha. En una primera etapa, las principales capacidades militares venezolanas habrían sido neutralizadas y las instalaciones estratégicas atacadas. La producción petrolera y la economía se habrían reducido, mientras aumentaban los desplazamientos de población. Posteriormente podría haber surgido una resistencia prolongada basada en sabotajes, ataques y enfrentamientos locales. EEUU podría ganar las grandes batallas y, aun así, encontrar dificultades para estabilizar el país. Pero aquí aparece una cuestión que suele olvidarse, Venezuela también se convertiría en un caos. Con el tiempo, una resistencia inicialmente política podría fragmentarse. Aparecerían disputas por territorios, contrabando, combustible, minería ilegal, narcotráfico, armas y control de recursos. Lo que comenzó como una lucha por la soberanía, podría terminar convertido en una lucha por el territorio.

Asi mismo, los países vecinos tendrían fuertes incentivos para buscar una salida. Colombia y Brasil enfrentarían nuevas olas migratorias; otros gobiernos latinoamericanos presionarían por una negociación, mientras potencias como China y Rusia intentarían limitar la expansión de la influencia estadounidense. Finalmente, Venezuela podría encontrarse ante dos caminos, una negociación política con garantías internacionales o una fragmentación mucho más peligrosa, con un Estado debilitado, millones de desplazados y una economía petrolera incapaz de recuperar su capacidad anterior. ¿Sería una victoria? No creemos.

Incluso si una resistencia prolongada obligara finalmente a EEUU a retirarse, habría que preguntar ¿qué quedaría de Venezuela? miles, o potencialmente decenas de miles de muertos, millones de desplazados, infraestructura destruida, hospitales y escuelas deteriorados, una economía devastada y una sociedad más violenta. Y no llamaríamos a esto una victoria revolucionaria.

Por otro lado, si algo debería enseñar la experiencia latinoamericana es que la soberanía no consiste únicamente en tener un ejército. También significa tener comida, hospitales, escuelas, electricidad, industrias, trabajadores, científicos, campesinos produciendo, instituciones funcionales y una economía capaz de sostener al país, y todo esto también es independencia.

Una estrategia que, en nombre de la independencia, terminara destruyendo estas capacidades sería contradictoria. La defensa de Venezuela debería buscar, ante todo, proteger las condiciones que permitan a su pueblo seguir viviendo, organizándose y decidiendo su propio futuro. Para ello, pueden ser necesarias distintas formas de acción: la resistencia popular, la defensa de la soberanía, la denuncia del imperialismo, la solidaridad de otros países y la movilización internacional.

Pero “morir todos antes que ceder” no es un programa político, es una consigna de desesperación. Una revolución que necesita destruir a su propio pueblo para demostrar que es revolucionaria, ha dejado de preguntarse para quién hace la revolución.

Hay una izquierda latinoamericana que conoce profundamente la palabra resistencia. Cuba, Nicaragua, El Salvador, Chile, Colombia y Argentina conocen el significado de enfrentar poderes enormes. Pero precisamente por esto deberíamos saber también que la vida humana tiene un valor político superior, al de cualquier consigna.

Aquí llegamos a una cuestión más incómoda, ¿qué está haciendo hoy el gobierno venezolano después del 3 de enero? ¿Está sobreviviendo? ¿Está resistiendo? ¿Está negociando? ¿Está tratando de ganar tiempo? Probablemente exista un poco de todo. Después de una agresión de semejante magnitud, la política deja de ser una cuestión de consignas, nimiedades y se convierte en una cuestión de supervivencia. Sobrevivir no necesariamente significa rendirse. Resistir no necesariamente significa disparar. Negociar no necesariamente significa traicionar.

Un gobierno puede intentar conservar las instituciones, el territorio, la población, la economía, la industria petrolera y las relaciones internacionales, mientras mantiene abierta la posibilidad de que Venezuela vuelva a decidir su propio destino. Desde esta perspectiva, aquello que algunos consideran “falta de radicalidad” podría ser una forma diferente de resistencia.

Lo fácil habría sido disparar y convertir el país en un campo de batalla. Lo difícil es evitarlo, no destruir las instalaciones petroleras, no provocar una nueva ola gigantesca de migración, no entregar el país al caos de las armas y no permitir que una confrontación política termine transformándose en una guerra entre venezolanos/as. Esto también es resistencia.

Quizás incluso sea una de las formas más difíciles, porque es mucho más fácil pronunciar “hasta la muerte” que asumir la responsabilidad de que millones de personas tengan comida, medicinas, electricidad, empleo y seguridad. Por supuesto, las decisiones del gobierno pueden y deben ser criticadas. Se pueden cuestionar sus errores, negociaciones, silencios y contradicciones. Pero hay que tener cuidado con exigir desde fuera y desde dentro una guerra, cuyos costos pagarían principalmente todos/as los venezolanos/as.

La pregunta no debería ser si un gobierno está dispuesto a morir. La pregunta es si el pueblo tiene posibilidades de seguir viviendo, organizándose y decidiendo su propio futuro. Compañeros y compañeras, no necesitamos mártires, necesitamos futuro. Quizás aquí esté la diferencia entre una izquierda que solamente quiere tener razón y una izquierda que realmente quiere transformar la realidad.

El heroísmo puede producir mártires. La política debería producir futuro. Venezuela no necesita convertirse en una gigantesca tumba antiimperialista. Necesita estar viva, ser soberana y tener capacidad para reconstruirse. Necesita que su petróleo pueda financiar educación, salud, vivienda e infraestructura; que su clase trabajadora tenga futuro; que sus jóvenes puedan quedarse porque quieren, y que la soberanía sea una realidad económica, social y política, no solamente una bandera.

Frente a quienes dicen que Venezuela debió responder al 3 de enero con una guerra hasta la inmolación, la pregunta correcta no es quién tuvo más coraje. Es otra, ¿Qué estrategia habría permitido preservar la soberanía venezolana, proteger a su población y mantener abierta la posibilidad de reconstruir el país? Si una estrategia puede dejar millones de desplazados, destruir la economía, paralizar la producción petrolera, devastar infraestructura y convertir al país en un escenario permanente de guerra, hay que tener el valor de decirlo, esto no es una estrategia revolucionaria; es una apuesta al desastre, al caos.

La izquierda latinoamericana debe ser suficientemente antimperialista para denunciar una intervención extranjera, pero también suficientemente racional para no convertir esa denuncia en una invitación al suicidio colectivo. Porque el objetivo de una revolución debería ser que el pueblo viva mejor, no que muera solamente con una consigna heroica en los labios.

Irak, Libia y las guerras interminables de las últimas décadas nos enseñan que ganar una batalla puede ser relativamente fácil; reconstruir un país después de haberlo destruido puede tomar generaciones.

Venezuela no necesita una generación perdida, necesita sobrevivir. Y sobrevivir, en determinadas circunstancias históricas, también puede ser una forma de resistencia. Por esto, quizá la palabra más importante hoy no sea inmolación, sino paciencia. No se trata de ignorar los problemas ni de justificar cada concesión o cada decisión del gobierno. Se trata de mirar el bosque y no perderse en los árboles; de entender que preservar las fuerzas sociales, económicas y políticas de un país puede ser más importante que satisfacer la necesidad inmediata de demostrar quién es más radical. No necesitamos demostrar quién está dispuesto a morir, necesitamos demostrar quién tiene la capacidad de construir. Venezuela necesita futuro.

Los intocables y los cómplices de la política global

Juan Huaylupo[1]

En nuestra casa nacional estamos viviendo una experiencia, no conocida en la historia costarricense, el tener un gobierno que se burla de la ciudadanía, atentando contra ella, lo hace con la participación y complicidad de funcionarios públicas que complacen a la tiranía, a la que temen. Los ejecutores de las acciones contra personas de su propia clase e intereses asumen inocencia por cumplir órdenes, pero son culpables, como los decisores y gobernantes que obedecen y protegen.

La historia está plagada de inocentes, corruptos, traidores y criminales al servicio de gobernantes tiranos, que participan en innumerables delitos, como múltiples son los pretextos para reprimir, secuestrar o desaparecer a las personas por ideas, etnias, religiones, ideologías, culturas, migrantes, miedos, o por la apropiación de territorios ajenos. Los ejecutores de los vejámenes y crímenes de lesa humanidad son los subordinados y los delincuentes. Las víctimas y victimarios son instrumentos del despotismo totalitario.

La política fundada en el miedo distorsiona y niega la libertad y la democracia, como impide imaginar un mundo sin regulación y coacción, como en la libertad de no tener miedo en sociedades del miedo. Al parecer la historia se repite aquí como caricatura, como nos recuerda Erich Fromm “… hemos debido reconocer que millones de personas, en Alemania, estaban tan ansiosas de entregar su libertad, como sus padres lo estuvieron de combatir por ella”. La libertad, esa utópica esperanza antagónica a los miedos, es quizás la ilusión cada vez más olvidada de la humanidad.

Es una obviedad el afirmar que las tiranías de todo tipo, así como las guerras, se sustentan en funcionarios incondicionales y de otros dispuestos a todo, que ejecutan ordenes, pero también habrá que reconocer, que en la manipulación de la historia han omitido los infinitos casos, donde la desobediencia permitió desenmascarar culpables y revelar injusticias, así como evitar tragedias o poner fin a guerras.

Evidenciamos una violencia verbal gubernamental de odio permanente contra la ciudadanía y la institucionalidad pública, como infames son los calificativos a quienes demandan y protestan por las obligaciones incumplidas del Estado en salud, educación, seguridad, así como con la protección a las mujeres, niños, jóvenes, migrantes y poblaciones originarias. La liquidación de la institucionalidad pública que efectúa el cogobierno no destruye entidades bajo su control, lo hace contra las políticas públicas, que fueron creadas históricamente por las necesidades y las problemáticas sociales que no han desaparecido. El gobierno se enfrenta ilegal, ilegitima y cobardemente contra las poblaciones que tiene el deber de proteger y amparar, en la inequidad y la desigualdad existente que ha agudizado.

Es una lástima que los funcionarios de la institucionalidad pública sean impasibles ante las prácticas de jerarcas que violentan sus obligaciones, mientras sus obedientes subalternos no están eximidos de culpabilidad ni de las consecuencias de sus propios actos. Los autócratas destruyen nuestra precaria democracia, sin cuestionamiento por los abusos contra los derechos ciudadanos y constitucionales. Al parecer los inmunes, luego de los juegos de poder, concertan en coexistencia pacífica, mientras …

Es patológica la actuación de individuos que, desde poder estatal, atentan contra la calidad de vida de una población y los valores nacionales, como es, de cobardes insultar, difamar y mentir contra los ciudadanos, cuando dispone de todos recursos del poder para ampararse y ser intocables.

Las tiranías del presente arguyen ser demócratas y a todos que los cuestionen les dicen izquierdistas, -aunque no es ningún problema ni un delito- o cualquier calificativo que los degradan o los condenan, cuando precisamente es lo inverso. La democracia implica el respeto a la heterogeneidad de pensamientos, análisis y posiciones, porque las personas y las realidades son diversas, como sus desenvolvimientos y perspectivas, así como, por existir intereses y tendencias contradictorias en un universo desigual e inequitativo. Si bien, la igualdad es una utopía, porque no somos robots, ni poseemos idénticas culturas, ni deseamos ni aspiramos lo mismo, pero no implica enfrentarnos e intentar liquidarnos, porque los tiranos han mostrado, hoy y siempre ser capaces de destruir sociedades y civilizaciones.

La democracia supone y requiere del diálogo, para negociar, conciliar o disentir, porque somos interdependientes y convivimos en el mismo espacio social, económico y político. Así, creer que empobrecer y destruir a unos, será el enriquecimiento y la usurpación de otros, es una visión que también un economista premiado, James Buchanan, creía que “una situación ideal” es “dominar un mundo de esclavos”. Sin duda, una ignorante y estúpida posición, además de ser una regresión cognoscitiva e histórica.

El disidente no merece ningún calificativo que afecte su integridad, capacidad ni derechos, pero suponer que la verdad es la enunciada por el poder gubernamental, y que los críticos están equivocados, que deben callarse, irse o ser aislados, es precisamente la posición antidemocrática y totalitaria que se observa tendencialmente aquí y en la globalidad imperial.

[1] Catedrático jubilado. Facultad de Economía. Universidad de Costa Rica.

Los faroles y antorchas de la Independencia

Vladimir de la Cruz

Desde 1964 se celebra en Centroamérica, de manera conjunta la fecha del 15 de setiembre, como la fecha de la Independencia de Centroamérica, recordando el Acta de Independencia declarada esa fecha, en 1821, en Guatemala, que era la cabecera principal de la Capitanía General de Guatemala, también, antiguo Reino de Guatemala.

La celebración conjunta en Centroamérica, de la fecha del 15 de setiembre de 1821, se determinó por declaración así establecida por la Asamblea Nacional Constituyente, de las Provincias Unidas de Centroamérica, de la cual formábamos parte, indicando que “ la memoria del glorioso 15 de setiembre de 1821, en la que el pueblo de esta capital (Guatemala), proclamó su Independencia del gobierno español, se celebre con todas las demostraciones…, ha tenido a bien decretar y se decreta:…1.- El día 15 del próximo mes de setiembre será feriado en esta capital (Guatemala)…2…, 3…, 4…, 5…, 6…, 7, … 8…, 9…, 10…, 11.- El Supremo Poder Ejecutivo, al circular este (decreto) dispondrá que en todos los pueblos de las Provincias Unidas, se celebre la Memoria del día en que cada uno proclamó su Independencia del Gobierno español…” Así se dispuso y comunicó el 26 de agosto de 1823.

Así, la Independencia de Guatemala se constituyó en el detonante para que las Provincias Unidas de Centroamérica, cada una por su parte, tomara la decisión de su Independencia, en tanto iban recibiendo la noticia de lo dispuesto en Guatemala, que dejaba en libertad a cada provincia para que decidiera lo propio. De esa manera, El Salvador declaró su Independencia el 21 de setiembre, Honduras y Nicaragua lo hicieron el 28 de setiembre. Nicaragua en esa fecha hizo su declaración indicando que la decisión de la Independencia quedaba sujeta “hasta que se aclararan los nublados del día”. Esta situación la corrigieron el 11 de octubre cuando declaró su Independencia. A Costa Rica la noticia de lo dispuesto en Guatemala llegó acompañada de lo decidido en Nicaragua, el 12 de octubre de 1821.

El último gobernador colonial, Juan Manuel de Cañas, no pudo ocultar la noticia, que se traía de pueblo en pueblo por toda Centroamérica, provocando distintas reacciones.

En Costa Rica la noticia de la Independencia pasó primero por San José donde fue acogida. Siendo Cartago la capital de la Provincia de Costa Rica, la discusión de lo dispuesto en Guatemala y Nicaragua se mantuvo por varios días, en los pueblos del Valle Central, para lo que se solicitó se enviaran delegados a Cartago para tomar la decisión sobre la independencia declarada en las otras provincias.

En Cartago estaban reunidos los delegados de los pueblos desde la noche del 28 de octubre, y en la mañanita del 29 de octubre, se aprobó declarar la Independencia de Costa Rica, constituyéndose esta fecha como la Fecha de la Declaración de la Independencia de Costa Rica.

Así, por la misma declaración de la Asamblea Nacional Constituyente, de las Provincias Unidas de Centroamérica, la fecha del 15 de setiembre se debe celebrar en memoria de lo sucedido en Guatemala, y la del 29 de octubre por ser la fecha en que Costa Rica, de manera definitiva tomó la decisión de independizarse. Debe ser la fecha del 29 de octubre y no cualquier otra porque Cartago era la capital de la Provincia de Costa Rica. El Acta de Independencia de Costa Ria se juró el 10 de noviembre de 1821, reafirmándose de esa forma lo dispuesto en Cartago el 29 de octubre.

De igual manera se podría considerar que las fechas de independencia de los pueblos de la provincia de Chiapas, como lo fueron Ciudad Real, Comitán y Tuxtla, que proclamaron primero su Independencia, antes que Guatemala, a la que pertenecían, deban tenerse como las fechas de Independencia, de Guatemala y del resto de Centroamérica. Influyeron esas declaraciones en Guatemala para la decisión que se tomó el 15 de setiembre.

Lo que recorrió el territorio de Centroamérica a partir del 15 de setiembre de 1821 fue la noticia de la Independencia de Guatemala.

Lo que recorrió el territorio de Centroamérica a partir de esa fecha fue la invitación para que cada Provincia, entre ellas Costa Rica, tomara su propia decisión.

El recorrido de la noticia se hizo de día, no de noche. A caballo o a pie se trajo la noticia. De noche no se podía porque no había buenos caminos para transitar. No había telégrafos ni teléfonos. Había peligros reales de animales salvajes, felinos especialmente, para los viajeros que pudieran movilizarse nocturnamente. Había que hacer paradas obligadas. Por eso la noticia duró muchos días, casi un mes, en llegar a Costa Rica. Quienes traían la noticia, uno o varios viajeros, se desplazaban de día, sin antorchas ni teas.

A principios de la década de 1960, en el contexto de la Integración Centroamericana que se impulsaba y de la reunión de presidentes de Centroamérica con el presidente Kennedy, del 18 al 20 de marzo de 1963, el Profesor, y Director de la Dirección General de Deportes, Alfredo Cruz Bolaños, impulsó la idea, acogida en esa reunión de Presidentes centroamericanos, que se materializó por primera vez en 1964, de festejar la Independencia del 15 de setiembre de Guatemala y el recorrido de su noticia por toda la región, con un recorrido oficial que se iniciaría en Guatemala hasta llegar a Costa Rica, recorrido que se haría portando una Antorcha, en manos de estudiantes de toda la región.

Es claro que la celebración de este recorrido no se hace por las noches. Se hace durante todo el día, pueblo a pueblo, por la ruta que se disponga.

La Antorcha se propuso como símbolo de la luz frente a la oscuridad de la dominación española, como símbolo de la luz contra la opresión colonial, como símbolo de la libertad, del pueblo y del país, como símbolo de la soberanía popular, del pueblo en capacidad de tomar sus propias decisiones y la independencia nacional frente al sometimiento político e institucional del orden colonial español, o de cualquier otro orden imperial que nos amenace.

El 14 de setiembre de cada año, desde 1964, el pueblo costarricense, y el estudiantado nacional, se moviliza para recordar, exaltar y festejar la noticia de la Independencia que nos llegó, en el desfile así organizado, para consolidar la Independencia de Costa Rica, y la de Centroamérica. Eso celebraremos el próximo 14 de setiembre en Costa Rica.

Para esta fecha, para este próximo 14 de setiembre, se está invitando a participar a todo el pueblo, en todas las comunidades del país, por donde pase la Antorcha traída de Guatemala, y en los pueblos por donde no pase, para que la gente se reúna con antorchas para celebrar la Independencia Nacional, pero especialmente para fortalecer la Independencia, la Soberanía y la Libertad del pueblo de Costa Rica.

Se está llamando a defender las libertades y derechos sagrados que la Independencia nos dio y que, en el desarrollo institucional del país, desde aquella gloriosa fecha hasta hoy, se han logrado como grandes conquistas populares y ciudadanas, establecidas en la Constitución Política, hoy diariamente amenazadas por las acciones autoritarias que se impulsan por el Gobierno de la República.

Se está llamando a defender la institucionalidad democrática nacional, el Estado de Derecho, que implica defender la independencia de los Poderes Públicos, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Poder Electoral.

Se llama a luchar para que el Poder Ejecutivo no controle dictatorial, tiránica, ni autoritariamente todos los Poderes de Estado, para que no se entronice una Dictadura, una Tiranía, un Gobierno Absoluto en el país, ni se establezcan las bases de una Costa Rica dependiente, como una nueva colonia de una potencia extranjera, ni como una República alquilada a esos intereses, ni como un Protectorado político y militar como pareciera se está gestionando por el Gobierno de Laura Fernández.

El 14 y el 15 de setiembre hay que afirmar la verdadera Independencia Nacional.

Los faroles y antorchas de la Independencia, de esta fecha, son para afirmar, consolidar y defender el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho que malos costarricenses, y en cierta forma traidores a la Patria, están despedazando.

El caso Cerimedo: enfrentando el juego de las narrativas

Álvaro Fernández González | Setiembre 2026

El caso del consultor argentino Fernando Cerimedo permite observar, casi como bajo una lupa, una transformación profunda de la política latinoamericana: las narrativas ya no son solamente discursos destinados a interpretar la realidad. Se han convertido en operaciones permanentes para captar la atención, activar identidades, fabricar sensaciones de mayoría y mantener emocionalmente movilizadas a las audiencias.

Cerimedo adquirió notoriedad mediante una combinación característica de esta nueva industria política: consultoría electoral, campañas negativas, medios partidarios, segmentación de públicos y amplificación coordinada en redes.

Su trayectoria atraviesa Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y otros países de la región. No representa, sin embargo, a toda la derecha ni permite explicar por sí solo sus triunfos. Su importancia reside en mostrar cómo determinados operadores pueden trasladar métodos, relaciones y narrativas de una campaña nacional a otra.

El episodio brasileño de 2022 resulta especialmente revelador. Después de la derrota electoral de Jair Bolsonaro, Cerimedo difundió una presentación que cuestionaba la confiabilidad de las urnas electrónicas. Sus argumentos fueron desmentidos, pero alcanzaron una audiencia considerable y alimentaron el ambiente de sospecha en torno al resultado electoral.

La eficacia política de una narrativa semejante no depende únicamente de que consiga demostrar algo. Puede cumplir otras funciones: transformar una derrota en agravio, preservar la cohesión de los seguidores, desplazar la discusión desde el resultado hacia una supuesta conspiración y presentar al grupo derrotado como víctima de fuerzas ocultas. La falta de pruebas se incorpora entonces al relato como evidencia de censura o encubrimiento.

Cerimedo no fue acusado finalmente por la Procuraduría brasileña en el proceso sobre la tentativa de golpe. Según lo informado, no se logró demostrar que supiera que el material divulgado contenía falsedades fabricadas.

Esta precisión es indispensable. Difundir información falsa, conocer previamente su falsedad, participar en su elaboración y asumir responsabilidad penal son cuestiones diferentes. Enfrentar el juego de las narrativas exige conservar estas distinciones, incluso cuando favorecen a un adversario político.

El caso adquirió una dimensión mucho más grave en Bolivia después del ataque armado contra Nadia Beller, expareja de Cerimedo, en agosto de 2026. Beller lo acusó de haber ordenado el atentado; él lo niega y permanece en prisión preventiva mientras se desarrollan distintos procesos. Las investigaciones se ampliaron hacia posibles delitos económicos, violencia doméstica y una eventual influencia irregular dentro del entorno gubernamental boliviano.

Durante los allanamientos, las autoridades informaron del hallazgo de equipos que podrían corresponder a una pequeña “granja de bots”. Todavía se requiere un peritaje capaz de determinar qué cuentas manejaban esos dispositivos, quién financiaba su operación y para cuáles campañas se utilizaron. Mientras tanto, circuló un video que supuestamente mostraba los equipos incautados, pero que en realidad correspondía a una instalación en Vietnam.

La paradoja es notable: una investigación sobre manipulación digital produjo inmediatamente nueva desinformación.

Este detalle encierra una lección fundamental para la izquierda. No se enfrenta la posverdad difundiendo información no verificada porque perjudica al adversario.

Cuando una denuncia legítima se mezcla con exageraciones, las falsedades descubiertas permiten desacreditar también los hechos comprobados. La credibilidad democrática se construye corrigiendo incluso aquello que confirma nuestras propias expectativas.

También debemos evitar la imagen del estratega todopoderoso que controla mecánicamente a las masas. Los bots pueden incrementar artificialmente la circulación de un mensaje, pero no crean por sí solos las frustraciones sociales que lo vuelven atractivo.

Los operadores de la nueva derecha trabajan sobre malestares existentes: inseguridad económica, pérdida de confianza institucional, resentimientos culturales y necesidad de pertenencia. Su habilidad consiste en traducir esos malestares en adversarios reconocibles y relatos emocionalmente movilizadores.

La respuesta no puede limitarse, por tanto, a desmentir cada falsedad. La avalancha de acusaciones obliga a periodistas, organizaciones y militantes a dedicar tiempo y energía a reaccionar. De esta manera, el adversario termina imponiendo tanto el tema como el ritmo de la conversación.

La indignación permanente puede desembocar en doomscrolling, ansiedad, agotamiento político y retirada.

Enfrentar este juego significa recuperar la iniciativa. Hace falta investigar las redes de financiamiento, exigir transparencia a consultores y plataformas, proteger a quienes sufren hostigamiento y fortalecer la educación crítica.

Pero también necesitamos narrativas capaces de vincular los problemas cotidianos con acciones colectivas concretas.

El caso Cerimedo no debe convertirse únicamente en otro espectáculo escandaloso. Puede servir para construir una política comunicativa que no confunda atención con organización, viralidad con mayoría ni denuncia con transformación.

Frente a la fabricación industrial de urgencia y enemistad, la izquierda necesita verdad verificable, conversación democrática, eficacia colectiva y cuidado.

Su mejor respuesta no será producir una maquinaria más estridente, sino una comunidad política más lúcida, solidaria y difícil de manipular.

Después de la Segunda República: Neoliberalismo, hegemonía y la disputa por el futuro de Costa Rica

Por MSc. Rodrigo H. Campos Hernández

Rodrigo Campos Hernández

Hay cifras que informan y cifras que obligan a pensar. El 64 % de valoración positiva que registra la presidenta Laura Fernández en la encuesta publicada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) pertenece a la segunda categoría.

No se trata de una encuesta improvisada en redes sociales ni de una medición contaminada por granjas de bots. El estudio entrevistó a 994 personas adultas mediante una muestra aleatoria de telefonía celular, con un margen de error de ±3,1 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %. El resultado es contundente: 64 % califica positivamente la gestión presidencial, 25 % negativamente y 11 % mantiene una valoración neutra. Cuando se pregunta directamente si se respalda al Gobierno, la cifra alcanza el 69 %.

El dato resulta todavía más interesante por el momento en que se produce. Costa Rica atraviesa una seria discusión sobre seguridad y crimen organizado, tensiones alrededor del presupuesto público, enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Poder Judicial y un ambiente político crecientemente confrontativo. A pesar de ello, la popularidad presidencial permanece elevada.

La reacción más sencilla sería preguntarse: ¿cómo es posible que tanta gente no vea lo que está ocurriendo?

Quizá esa sea la pregunta equivocada.

Tal vez no estamos frente a personas incapaces de ver la realidad. Quizá estamos frente a personas que observan la misma realidad, pero han aprendido a interpretarla mediante categorías diferentes.

Y si esto es así, el problema deja de ser electoral.

Se convierte en un problema de hegemonía.

No necesariamente se vota contra los propios intereses

Desde cierta izquierda se ha repetido durante décadas una afirmación aparentemente evidente: “la clase trabajadora vota contra sus propios intereses”.

Pero esa frase contiene una trampa: Presupone que nosotros conocemos los intereses de las personas mejor que ellas mismas.

El trabajador que respalda a Laura Fernández puede estar votando exactamente de acuerdo con los intereses que ha aprendido históricamente a reconocer como propios: quiere pagar menos impuestos, quiere seguridad, considera injusto que el Estado “mantenga vagos”, desea eliminar “privilegios”, aspira a emprender, quiere que los empleados públicos trabajen, quiere delincuentes encarcelados y quiere, finalmente, que “dejen gobernar”.

Ese mismo trabajador posiblemente utiliza la Caja Costarricense de Seguro Social, envía a sus hijos a la educación pública, espera que alguno pueda ingresar a una universidad estatal, utiliza infraestructura financiada colectivamente y espera recibir una pensión cuando llegue a la vejez.

No necesariamente experimenta contradicción alguna entre ambas cosas.

Porque esos elementos no están articulados políticamente como un sistema.

Ahí está la hegemonía.

Antonio Gramsci comprendió tempranamente que ninguna clase puede gobernar de manera estable recurriendo exclusivamente a la coerción. Necesita conseguir que una determinada interpretación del mundo aparezca como razonable, natural y hasta evidente.

Mucho después, Stuart Hall analizaría el neoliberalismo precisamente desde esa dimensión cultural. Su éxito no dependió solamente de privatizaciones, apertura comercial o disciplina fiscal. Dependió también de construir sujetos capaces de reconocerse dentro de sus categorías.

La hegemonía no consiste en convencer al explotado de que disfrute su explotación.

Consiste en conseguir que interprete su experiencia mediante categorías funcionales al orden existente.

El neoliberalismo también ocurrió dentro de nosotros

“El pobre es pobre porque quiere”.

“Hay trabajo para quien realmente quiere trabajar”.

“Sea su propio jefe”.

“Todo depende de su actitud”.

“Cambie usted y el mundo cambiará”.

Estas expresiones parecen inocentes. Incluso pueden resultar motivadoras. Pero detrás de ellas existe una profunda transformación cultural.

El desempleo deja de relacionarse con la estructura económica y comienza a explicarse mediante falta de iniciativa personal. La pobreza deja de ser una relación social y se convierte en fracaso individual. La precariedad laboral se transforma en falta de emprendimiento. El éxito demuestra mérito; el fracaso revela insuficiencia personal.

El sujeto colectivo se fragmenta.

Ya no somos trabajadores insertos en determinadas relaciones de producción. Somos emprendedores, colaboradores, consumidores, usuarios y contribuyentes.

Una persona puede pertenecer objetivamente a la clase trabajadora y subjetivamente imaginarse completamente fuera de ella.

Quizá por eso uno de los mayores triunfos del neoliberalismo costarricense no ocurrió en el Ministerio de Hacienda.

Ocurrió en nuestras cabezas.

Y ese triunfo cultural ayuda a explicar una paradoja fundamental: personas que dependen materialmente de instituciones públicas pueden apoyar proyectos que pretenden reducirlas.

No necesariamente han sido engañadas.

Han aprendido a imaginar su bienestar como resultado fundamentalmente individual.

Esto no comenzó con Rodrigo Chaves

Responsabilizar al chavismo de haber inventado todo aquello que hoy preocupa sería históricamente cómodo.

También sería falso.

La transformación del Estado costarricense comenzó mucho antes.

La crisis económica de comienzos de los años ochenta abrió el camino a programas de estabilización y ajuste estructural. A partir de entonces comenzó una transformación progresiva del modelo de desarrollo: apertura comercial, promoción de exportaciones, atracción de inversión extranjera, disciplina fiscal, transformación institucional y redefinición de las funciones económicas y sociales del Estado.

PLN y PUSC participaron, con diferencias, conflictos y ritmos distintos, en ese proceso. Posteriormente también lo hicieron las administraciones del PAC.

Decir esto no significa afirmar que todos los gobiernos hayan sido iguales. Las diferencias importan.

Pero las continuidades también.

Y existe un episodio reciente particularmente revelador.

Rodrigo Chaves no ingresó inicialmente a la política costarricense como dirigente antisistema ni como enemigo de las élites que posteriormente denunciaría.

Después de 27 años trabajando en el Banco Mundial, fue nombrado ministro de Hacienda por Carlos Alvarado en noviembre de 2019. El comunicado oficial de Presidencia estableció entre sus tareas continuar la consolidación fiscal, sanear las finanzas públicas y mejorar la eficiencia del gasto.

El dato merece ser recordado.

Chaves entró al Estado costarricense no para romper con el proceso de transformación económica existente, sino para administrar una de sus dimensiones fundamentales.

Eso obliga a formular una hipótesis incómoda: ¿y si el chavismo no representa la ruptura con el neoliberalismo costarricense, sino su mutación política?

Cuando el consenso deja de ser suficiente

Durante cuatro décadas las transformaciones económicas avanzaron mediante negociaciones, reformas parciales, pactos, resistencias sociales y límites institucionales.

El resultado fue contradictorio.

El Estado social sobrevivió, pero no permaneció intacto.

Sobrevivieron la CCSS, las universidades públicas, instituciones autónomas, derechos laborales y una determinada concepción de ciudadanía social.

Simultáneamente avanzaron la mercantilización, la disciplina fiscal, la desigualdad, la precarización laboral y una creciente deslegitimación cultural de lo público.

Quizá el chavismo haya identificado algo que los reformadores anteriores no pudieron resolver completamente: el obstáculo pendiente ya no es solamente económico. Es político y cultural.

Laura Fernández ha denominado “Tercera República” al proceso político que pretende impulsar y ha hablado de transformaciones profundas.

Conviene tomar esas palabras en serio, aunque nuestra interpretación no tenga por qué coincidir con la del Gobierno.

Porque la pregunta relevante no es qué significa retóricamente “Tercera República”.

La pregunta es qué transformaciones materiales podrían terminar asociándose con ella.

Y aquí podemos formular una hipótesis provisional: podríamos estar frente al intento de culminar una transformación neoliberal mediante una nueva forma política: un Estado económicamente menos universalista, políticamente más ejecutivo y penalmente más fuerte.

Un Estado selectivamente fuerte

Nicos Poulantzas introdujo hacia el final de su obra la categoría de “estatismo autoritario” para describir transformaciones de las democracias capitalistas caracterizadas por el fortalecimiento del Ejecutivo, la pérdida de capacidad de determinadas mediaciones políticas y una creciente concentración de decisiones estatales.

No estamos afirmando que la Costa Rica actual corresponda mecánicamente a aquella categoría.

Las categorías sirven para pensar, no para sustituir la realidad.

Pero Poulantzas permite cuestionar una asociación particularmente engañosa: neoliberalismo no significa necesariamente Estado débil, puede significar Estado selectivamente fuerte.

Menos Estado para redistribuir.

Más Estado para disciplinar.

Menos universalidad social.

Más disciplina fiscal.

Menor capacidad colectiva de negociación.

Mayor capacidad administrativa.

Menos protección.

Más control.

Menos bienestar.

Más seguridad.

El aparente “Estado mínimo” puede convertirse entonces en un Estado extraordinariamente fuerte precisamente allí donde necesita garantizar orden.

Y aquí la seguridad adquiere una función política fundamental.

El miedo no necesita enemigos imaginarios

El crimen organizado existe.

Los homicidios existen.

El narcotráfico existe.

La inseguridad ciudadana existe.

Negarlo sería absurdo.

Precisamente porque la amenaza es real, no resulta necesario inventarla.

Lo políticamente relevante es cómo esa amenaza se interpreta, se jerarquiza y se convierte en argumento para determinadas soluciones.

La encuesta del CIEP ofrece una pista formidable.

Entre las acciones gubernamentales mencionadas positivamente, seguridad y lucha contra el crimen representan 24,3 % y sistema penitenciario 23,1 %. Juntas concentran 47,4 % de las menciones positivas.

El apoyo posee entonces un relato extraordinariamente sencillo: seguridad, cárcel, orden.

El descontento, en cambio, aparece fragmentado entre numerosas preocupaciones.

Aquí debemos proceder cuidadosamente.

No existe evidencia suficiente para afirmar que el Gobierno esté produciendo deliberadamente una crisis de seguridad con el objetivo posterior de justificar medidas excepcionales.

Afirmarlo significaría sustituir investigación por sospecha.

Pero existe otra hipótesis más sólida.

Una crisis real puede convertirse en una estructura de oportunidad política para legitimar transformaciones que, fuera de esa crisis, resultarían mucho más difíciles de aceptar.

No hace falta conspiración. Hace falta oportunidad.

La pedagogía de la excepcionalidad

Si la inseguridad permanece como preocupación fundamental; si determinadas instituciones encargadas de combatirla son representadas como ineficientes; si jueces, fiscales, diputados o controles constitucionales comienzan a aparecer como obstáculos; si simultáneamente se fortalecen las políticas penitenciarias y entran en la discusión pública nuevas formas de cooperación internacional en seguridad, la frontera entre lo normal y lo excepcional comienza lentamente a desplazarse.

La propia presidenta ha declarado que determinadas operaciones terrestres estadounidenses podrían resultar beneficiosas frente al crimen transnacional, aunque también ha aclarado que no existe actualmente una operación concreta y que cualquier ingreso requeriría autorización legislativa.

Precisamente por eso el punto no consiste en anunciar tropas estadounidenses recorriendo mañana las calles costarricenses. Sería irresponsable. El fenómeno interesante es otro: algo que anteriormente habría parecido políticamente extraordinario ha ingresado en el campo de las posibilidades discutibles.

Y una sociedad comienza a transformarse mucho antes de que cambien sus leyes. Comienza a transformarse cuando cambia aquello que considera razonable.

“No nos dejan gobernar”

Otro dato del CIEP adquiere entonces una importancia enorme: El 75 % considera que existen actores que obstaculizan la labor de Laura Fernández. Entre quienes perciben obstáculos, las principales menciones recaen sobre la Asamblea Legislativa y sus diputaciones, con 35 %, y los partidos de oposición, con 33 %.

El conflicto institucional puede entonces dejar de funcionar como costo político. Puede convertirse en prueba de autenticidad. “Si todos se oponen al Gobierno, debe ser porque está tocando intereses”.

La universidad critica: forma parte del sistema.

El Poder Judicial protesta: defiende privilegios.

Los sindicatos se movilizan: protegen intereses particulares.

Los partidos se oponen: no dejan gobernar.

La evidencia contraria termina confirmando la narrativa.

Ernesto Laclau estudió precisamente cómo demandas heterogéneas pueden articularse mediante la construcción de una frontera política que separa “el pueblo” de aquellos representados como responsables de impedir la satisfacción de sus demandas.

Entonces el 64 % deja de ser únicamente un indicador de popularidad. Comienza a mostrarnos una posible reorganización del sentido común.

No existe una sola clase dominante

Llegados a este punto sería tentador preguntar quién está detrás de todo esto.

La pregunta puede conducirnos nuevamente a una simplificación.

No existe “la clase dominante” como un sujeto homogéneo reunido alrededor de una mesa.

Poulantzas insistió en comprender el Estado como condensación material de relaciones de fuerza entre clases y fracciones de clase.

Capital financiero, exportador, comercial, inmobiliario, turístico, empresas transnacionales, sectores vinculados a zonas francas y empresariado nacional no poseen intereses perfectamente idénticos.

Algunas de esas fracciones pueden compartir objetivos como disciplina fiscal, apertura económica, reducción de determinadas cargas o flexibilización y simultáneamente rechazar inseguridad jurídica, enfrentamiento con los tribunales, imprevisibilidad administrativa o excesiva concentración personalista del poder.

Aquí aparece una contradicción importante: las élites tradicionales pueden rechazar las formas del chavismo mientras comparten partes importantes de su horizonte económico.

Eso permite comprender también por qué fuerzas políticas que participaron históricamente en transformaciones económicas de orientación semejante pueden enfrentarse hoy al Gobierno.

Quizá una parte de la disputa no enfrente neoliberalismo contra Estado social. Podría enfrentar: neoliberalismo institucionalizado frente a neoliberalismo plebiscitario y securitario.

El primero reforma negociando con las mediaciones existentes. El segundo puede comenzar a considerar esas mediaciones precisamente como el problema.

¿Terminar lo que comenzó en los ochenta?

Aquí nuestra hipótesis adquiere su forma más provocadora.

El chavismo podría no haber llegado para destruir el proceso iniciado durante los años ochenta.

Podría haber llegado convencido de que finalmente puede culminarlo, no porque exista necesariamente un plan maestro elaborado hace cuarenta años. Los procesos históricos no funcionan así.

Gobiernos cambian. Intereses cambian. Fracciones de clase compiten. Existen resistencias, retrocesos, improvisaciones y contingencias. Pero una dirección estructural puede sobrevivir a quienes inicialmente la impulsaron, y puede encontrar, décadas después, una forma política más adecuada para profundizarse.

En ese sentido, la “Tercera República” podría terminar significando algo mucho más profundo que un cambio de gobierno. Podría expresar la tentativa de sustituir definitivamente el pacto social que, con todas sus contradicciones, estructuró la Costa Rica posterior a 1949.

La incómoda posición de la izquierda

Aquí el análisis debe dirigirse también hacia quienes nos ubicamos en la izquierda.

Defender la independencia judicial, las libertades públicas, la división de poderes, las universidades públicas y los controles constitucionales resulta indispensable. Pero defender la democracia liberal no obliga a convertirla en horizonte último de emancipación humana.

Podemos defender elecciones libres y preguntar simultáneamente cuánta democracia existe dentro de una empresa.

Podemos defender el Estado de derecho y preguntar qué libertad material posee quien debe aceptar condiciones laborales precarias para sobrevivir.

Podemos defender igualdad jurídica y preguntarnos qué igualdad política real existe cuando la riqueza se concentra extraordinariamente.

El problema aparece cuando la defensa democrática reúne al Frente Amplio con PLN, sectores provenientes del PAC y otras fuerzas sin que resulte suficientemente visible dónde termina la alianza táctica para defender instituciones y dónde comienza el proyecto alternativo de la izquierda.

Porque el chavismo obtiene entonces gratuitamente la imagen que necesita:

“ellos”: Partidos tradicionales, izquierda, sindicatos, universidades, instituciones y “privilegiados”.

Frente a: “nosotros”: El pueblo al que no dejan gobernar.

Cuando la izquierda conserva y la derecha promete transformar

Aquí aparece quizá la inversión política más inquietante de todas.

La izquierda defiende la CCSS.

Defiende las universidades.

Defiende derechos laborales.

Defiende convenciones colectivas.

Defiende pensiones.

Defiende instituciones públicas.

Y tiene razones históricas poderosas para hacerlo.

Pero defender conquistas no equivale todavía a construir futuro.

Mientras tanto, la derecha habla de: cambio, ruptura, transformación, refundación, Tercera República.

La paradoja resulta brutal: la izquierda corre el riesgo de convertirse en la fuerza conservadora de la Segunda República mientras la derecha se apropia del lenguaje revolucionario.

El Frente Amplio posee propuestas programáticas diferentes. Negarlo sería intelectualmente deshonesto. Pero un programa no constituye hegemonía.

Una alternativa contrahegemónica necesita organización social, presencia territorial, comunidades, sindicatos renovados, movimientos sociales, jóvenes, intelectuales orgánicos, producción cultural, pedagogía política y una imagen del futuro capaz de convertirse en deseo colectivo. No basta escribir la sociedad que queremos. Hay que conseguir que millones de personas quieran vivir en ella.

El vacío dejado por la izquierda

Y aquí Costa Rica deja de ser excepcional.

La reciente victoria de Alternative für Deutschland (AfD) en Sajonia-Anhalt, Alemania, donde obtuvo cerca del 44 % de los votos, debería obligarnos a pensar.

No porque Costa Rica y Alemania sean sociedades equivalentes. No lo son. Sino porque determinadas fuerzas de extrema derecha parecen haber comprendido algo que buena parte de la izquierda perdió de vista: La política no consiste solamente en administrar intereses. También consiste en producir sentido.

Al trabajador precarizado le dicen: alguien te quitó aquello que merecías.

Al habitante de territorios abandonados: las élites se olvidaron de vos.

Al pequeño empresario: el Estado te asfixia.

Al ciudadano asustado: recuperaré el orden.

Y al conjunto:

“Vos no fracasaste. Te traicionaron”.

Podemos cuestionar esas respuestas, pero antes debemos comprender por qué encuentran receptores.

Cuando desapareció el otro futuro

La caída del llamado socialismo real entre 1989 y 1991 significó mucho más que una derrota geopolítica. Contribuyó a destruir un horizonte.

Durante buena parte del siglo XX, capitalismo y socialismo aparecieron —con todas sus variantes, horrores, conquistas y contradicciones— como futuros posibles.

Después de 1989 comenzó a consolidarse la idea de que el capitalismo no constituía una forma histórica de organizar la sociedad, sino prácticamente la única realidad imaginable.

China demuestra que las relaciones entre planificación, mercado, propiedad, tecnología y Estado pueden adoptar configuraciones distintas, aunque su trayectoria histórica sea singular y resulte imposible trasladarla mecánicamente a otras sociedades.

Cuba y Nicaragua obligan, desde experiencias completamente diferentes, a discutir también los límites de proyectos que se presentan como alternativas al capitalismo liberal. Ser socialista no debería exigir suspender nuestra capacidad crítica precisamente cuando analizamos experiencias realizadas en nombre del socialismo.

Mark Fisher denominó “realismo capitalista” a esa dificultad contemporánea para imaginar una organización social más allá del capitalismo.

Quizá allí resida una parte fundamental de nuestra crisis.

La izquierda no perdió solamente elecciones: Perdió, en buena medida, el monopolio sobre la idea de futuro.

Defender ya no alcanza

Durante demasiado tiempo las fuerzas progresistas han sido colocadas a la defensiva:

Defender la Caja.

Defender el FEES.

Defender salarios.

Defender pensiones.

Defender sindicatos.

Defender instituciones.

Defender la democracia.

Todo ello puede resultar indispensable.

Pero resistir solamente responde una pregunta: ¿qué no queremos perder? No responde la pregunta decisiva: ¿qué queremos construir?

Una izquierda transformadora no debería limitarse a defender condiciones laborales de quienes todavía conservan derechos. Debería universalizarlos.

No solamente defender buenas pensiones para quienes aún las tienen, sino garantizar una vejez digna para todos.

No solamente defender estabilidad en el empleo público, sino combatir la precarización laboral pública y privada.

No solamente defender las universidades estatales, sino convertir el acceso al conocimiento superior en un derecho material para las clases populares en todo el territorio.

No defender privilegios: Universalizar conquistas.

Ese pequeño desplazamiento cambia completamente la conversación: Convierte una reivindicación defensiva en proyecto político.

¿Qué viene después de la Segunda República?

Llegamos entonces a la pregunta que quizá debimos hacernos desde el principio.

La Segunda República fue una construcción histórica. No apareció naturalmente. Tampoco constituye el destino eterno de Costa Rica.

Construyó instituciones extraordinarias, amplió derechos y desarrolló mecanismos de integración social que marcaron profundamente nuestra historia. También produjo exclusiones, contradicciones y límites que no debemos romantizar. Pero el consenso que la sostuvo parece agotarse.

El chavismo ya ofrece una respuesta para aquello que debería venir después: La llama Tercera República.

Quienes no compartimos ese proyecto tendremos que hacer algo mucho más ambicioso que defender indefinidamente aquello que todavía sobrevive del anterior. Tendremos que imaginar nuestra propia respuesta.

¿Qué significaría una Costa Rica donde el aumento de productividad producido por inteligencia artificial y automatización se convierta en reducción del tiempo de trabajo y no en desempleo?

¿Por qué no discutir una jornada laboral de treinta horas?

¿Por qué no ampliar sustancialmente la propiedad cooperativa?

¿Por qué los trabajadores no deberían participar en las decisiones estratégicas de las empresas?

¿Por qué la vivienda debe funcionar fundamentalmente como mercancía?

¿Por qué los cuidados continúan siendo tratados como responsabilidad privada?

¿Por qué no pensar una banca pública deliberadamente orientada hacia una transformación productiva ecológica?

¿Por qué no discutir formas públicas y comunitarias de propiedad sobre determinadas infraestructuras tecnológicas y datos?

¿Por qué no construir una política de seguridad capaz de perseguir implacablemente al crimen organizado mientras combate simultáneamente desigualdad, exclusión educativa y abandono territorial?

¿Por qué la democracia debe detenerse en la puerta del lugar de trabajo?

Eso todavía no constituye un programa. Es algo anterior. Es recuperar el derecho a imaginar.

Recuperar el futuro

La crisis histórica de la izquierda no consiste solamente en perder elecciones. Consiste en haber perdido, durante demasiado tiempo, la capacidad de hacer deseable otra sociedad.

Mientras tanto, nuevas derechas han comprendido el vacío y están intentando ocuparlo.

Por eso nuestra tarea no puede reducirse a conservar aquello que todavía queda de la Segunda República.

Hay que volver a imaginar el futuro.

No sabemos todavía cómo llamar a esa nueva Costa Rica. Tampoco sabemos exactamente cómo construirla.

Pero una transformación auténticamente democrática, solidaria, socialista y ecológica tendrá que recuperar aquello que cuatro décadas de neoliberalismo consiguieron debilitar: la convicción de que los grandes problemas colectivos no se resuelven individualmente y de que una sociedad conserva el derecho democrático de decidir cómo organiza su economía, distribuye su riqueza, utiliza su tecnología y construye su vida en común.

Quizá una revolución del siglo XXI comience precisamente allí. No necesariamente tomando un palacio. Sino recuperando algo que parecía habernos sido arrebatado: la posibilidad de imaginar que las cosas pueden organizarse de otra manera.

Porque si nosotros no somos capaces de imaginar qué viene después de la Segunda República, otros ya lo están haciendo por nosotros. Y hasta le han puesto nombre:

Tercera República.

Referencias orientadoras

CIEP-UCR. (2026). Informe de resultados de la encuesta CIEP-UCR, septiembre de 2026. Universidad de Costa Rica.

Fisher, M. (2016). Realismo capitalista: ¿No hay alternativa? Caja Negra.

Gramsci, A. (1981-2000). Cuadernos de la cárcel. Ediciones Era.

Hall, S. (2018). El largo camino de la renovación: el thatcherismo y la crisis de la izquierda. Lengua de Trapo.

Laclau, E. (2005). La razón populista. Fondo de Cultura Económica.

Poulantzas, N. (1979). Estado, poder y socialismo. Siglo XXI.

Costa Rica ante retos fiscales ineludibles

Fernando Rodríguez Garro.

Fernando Rodríguez Garro
Observatorio Económico y Social, Universidad Nacional

Hace poco más de un año publiqué en este mismo medio un artículo refiriéndome a lo que creía debían ser temas de abordaje obligatorio de la administración que iniciaría en mayo del 2026, en cuanto a la situación fiscal del país. Dividí en ese momento el análisis en 3 áreas, gasto público, ingresos tributarios y deuda pública, advirtiendo de cosas que tenían que considerarse como elementos ineludibles de la política fiscal de la administración entrante. Hoy quiero volver sobre ellas, no solo porque los temas pendientes siguen estando pendientes, sino porque el panorama se ha complicado y el entorno internacional dificulta las cosas.

Decía el año pasado que “en materia de gasto algunas facturas se han ido acumulando a lo largo del tiempo, no solo por el gasto recortado, sino por el gasto evitado que se acumula como necesidades sin atender que se hace cada vez mayor”. Esto no sigue siendo cierto, sino que se vuelve cada vez más evidente en cuanto al resultado de casi 7 años de un proceso de ajuste fiscal enfocado en el gasto. El presupuesto del año 2026 se presentó después de haber hecho ese comentario, con un signo claramente restrictivo, mientras que durante este año se anunciaron recortes para compensar la caída en los ingresos tributarios y ahora sabemos que el presupuesto del año 2027 se mantendrá en una línea muy restrictiva.

El problema con esto es suponer que podemos restringir, o incluso recortar, recursos a programas públicos y al financiamiento de políticas públicas, de manera indefinida, sin que existan consecuencias. Tiene sus consecuencias, tal vez no todas las estamos viendo en el corto plazo o no estamos asociando algunas situaciones presentes a esas decisiones, pero se están sucediendo y algunas instituciones ya están advirtiendo del impacto que finalmente tendrá el ajuste previsto en el presupuesto del 2027.

Desgraciadamente también se ha estado alimentando un argumento complejo, sobre la posibilidad de resolver problemas públicos con decisiones políticas o legales, como si eso no tuviera una repercusión en el uso de recursos o no requiriera de recursos para su ejecución. Toda política pública requiere recursos para su implementación y todo cambio en esas políticas puede tener una incidencia en el uso de los recursos. Por ejemplo, cada vez que creemos que podemos atender el problema de seguridad con medidas punitivas en vez de gastar en seguridad preventiva, no solo estamos suponiendo que ambas son equivalentes en su resultado (al menos), sino que podemos recurrir a más medidas punitivas sin costo.

Otro problema con las decisiones actuales de gasto, que ya señalé en el artículo del año pasado, es que no estamos midiendo el costo de los recursos no gastados, porque, como decía líneas más arriba, decidir no gastar en algo tiene consecuencias y la acumulación de estas consecuencias podría implicar un mayor gasto en el futuro. La seguridad, la administración de justicia, la política social, la educación y la infraestructura pública, son apenas algunos ejemplos de áreas donde el ajuste puede tener efectos acumulados en el futuro que son más caros que los recursos “ahorrados” en el presente. A esa lista se sumarán, de forma inevitable, aquellas cosas en las que el Estado ha obviado actuar y en la que tendrá que hacerlo para evitar un impacto negativo mayor, como el apoyo financiero al transporte público, medidas para atender el cambio demográfico y el impulso de acciones de adaptación al cambio climático

En cuanto a los ingresos tributarios, desde el año pasado advertía de la pérdida de impulso de las medidas de reforma tributaria aprobadas en noviembre del 2018 y de cómo la reforma había dejado resultados por debajo de las metas esperadas. Además, se señaló en ese momento el impacto de decisiones tomadas por la Asamblea Legislativa, que empezaban a sumarse a decisiones tomadas vía decreto por la administración anterior y que las actuales autoridades han tenido que reconocer y revertir. La recaudación de impuesto en el 2025 terminó por reducirse como porcentaje del PIB y la pérdida de recursos continuó en el 2026, lo que incluso permeó las decisiones del presupuesto para el año 2027.

Los propios números presentados por el gobierno en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2031, confirman el deterioro de la recaudación de impuestos, indicando que hacia el 2031 el país alcanzaría el 11,7% del PIB en ingresos tributarios, en un escenario base. Es llamativo que la proyección prevea una reducción en la recaudación de los tres principales impuestos del país, impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado e impuesto único a los combustibles, que explicarían esa reducción de un 1% del PIB de recaudación en comparación con lo observado en el 2025, aunque la reducción acumulada alcanzaría el 2% del PIB si lo comparamos con la recaudación máxima alcanzada en años recientes, que fue de 13,8% del PIB en el año 2021.

A fin de recuperar la máxima capacidad tributaria del país de los últimos años y evitar que la pérdida de ingresos impulse la deuda pública a niveles no vistos en las últimas décadas, Costa Rica necesita tomar medidas tributarias y de gestión de cobro de impuestos equivalentes al 2% del PIB. Pero, si pensamos, además, en aquellas áreas de gasto que requieren de más recursos, el reto de ajuste se hace mayor, lo que no podrá resolverse con medidas de poco calado o con reformas pequeñas, hará falta una reforma tributaria con una visión de mediano plazo y con una ambición de ajuste mucho mayor que la demostrada en la reforma del 2018, donde, por ejemplo, será inevitable tocar la tasa del IVA.

Retomando lo indicado en el artículo del 2025, la próxima administración deberá revertir la pérdida de recursos provocada por la decisión legislativa del 2023, que redujo el impuesto a la propiedad de vehículos, deberá empezar a sustituir los ingresos tributarios perdidos en la recaudación del impuesto único a los combustibles, que seguirá viéndose afectado por el proceso de electrificación del transporte y deberá cerrar los portillos que facilitan la evasión del impuesto al valor agregado, propiamente por medio del uso de la plataforma SINPE-Móvil.

Debe sumarse en ese listado de cosas la tarea de completar la reforma pendiente del impuesto sobre la renta, una aspiración que ya suma más de dos décadas sin lograrse, así como impulsar una agenda de reformas para fortalecer la gestión de la administración tributaria y procurar mayor eficacia en su gestión de cobro, algo que señalé también hace un año, y que debe ser parte de una estrategia amplia, que se ponga como meta que Costa Rica alcance el promedio de ingresos tributarios del gobierno central en América Latina, que es del 18% del PIB.

Finalmente, está el tema de la deuda pública, algo cuyo manejo reciente se está convirtiendo en un dolor de cabeza. Luego de que la crisis provocada por la pandemia del Covid19 hiciera saltar la deuda muy por encima del 60% del PIB, activando además las disposiciones más restrictivas de la regla fiscal, hemos quedado atrapados en un nivel de deuda que ronda, e incluso supera, ese porcentaje de la producción, a pesar de la severidad del ajuste de gasto realizado desde el año 2020, al que ahora se suma la caída en la recaudación. En pocas palabras, el ajuste se quedó corto en cuanto a uno de sus objetivos primordiales, como lo es estabilizar la deuda.

Según las propias estimaciones del Ministerio de Hacienda, la deuda no se reducirá del 60% del PIB de aquí al 2031, y probablemente más allá, bajo las condiciones actuales de resultados fiscales, tasas de interés y crecimiento real de la economía. Mientras tanto el gasto en intereses sigue creciendo, a pesar de la reducción observada en el 2025, con respecto al 2024, el Ministerio de Hacienda prevé que el pago de los intereses alcance el máximo de 4,9% del PIB en el 2028, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (aunque en el presupuesto del 2027 podría llegarse a ese nivel).

De lo señalado hace un año, sigue pendiente una cuestión que hemos advertido desde la Universidad Nacional en el pasado y que se mantiene sin abordarse, que es el costo de la deuda pública. A pesar de estar en un entorno sin inflación, e incluso con inflaciones negativas, la tasa de interés que se paga por la deuda pública no se ha reducido, algo que no solo ha pasado para el financiamiento público, pero que obliga a gastar una cantidad muy importante de recursos en retribuir a los tenedores de deuda pública. Urge reducir el gasto en intereses, lo que su vez permita más espacios de acción a la política pública, sumado a los ingresos adicionales que se generen en el futuro.

Sigue sin atenderse, al igual que hace un año, el asunto de la deuda con la CCSS, pues el reconocimiento de esta deuda como parte de la deuda del gobierno central, sumaría varios puntos del PIB al nivel de deuda que existe hoy, obligando al reconocimiento del pago de intereses correspondiente, lo que haría crecer también ese rubro de gasto. Esto suma otra razón para contar con ingresos tributarios adicionales, así como reducir el pago de los intereses, que abra un espacio para la incorporación de la deuda con la CCSS y su eventual atención en el largo plazo.

En resumen, la situación fiscal es compleja, aunque se sigue recurriendo al ajuste por la vía del gasto, esta estrategia ya muestra sus limitaciones y sus fisuras, ni qué decir su impacto en el propio desarrollo del país. La situación de los ingresos tributarios es, en este momento, el principal problema que enfrenta el país, complicando la capacidad de acción del gobierno central y empujando por encima del umbral del 60% del PIB a la deuda pública, mientras el gasto por pago de intereses que ésta genera no se reduce y estruja la posibilidad de canalizar recursos a la atención de aspectos esenciales para la población.

Septiembre bajo la sombra del miedo. Seguridad, soberanía y normalización de la excepcionalidad en Costa Rica

Rodrigo Campos Hernández

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

Hay momentos en los que el miedo deja de ser solamente una reacción frente a determinados acontecimientos y comienza a convertirse en una manera de interpretar la realidad.

Quizá Costa Rica esté atravesando uno de esos momentos.

Durante los últimos meses hemos escuchado hablar insistentemente de narcotráfico, sicariato, organizaciones criminales, amenazas, balaceras, inseguridad, Fuerza Élite, secreto de Estado y debilitamiento de las capacidades institucionales para enfrentar el crimen organizado. Ahora se ha incorporado un elemento particularmente sensible: la presidenta de la República ha considerado públicamente que eventuales operaciones terrestres estadounidenses contra el crimen transnacional podrían resultar beneficiosas para la seguridad nacional.

La afirmación merece atención. También merece serenidad.

Hasta donde se conoce públicamente, no existe una operación terrestre estadounidense anunciada para Costa Rica. Tampoco disponemos de evidencia que permita afirmar que una intervención extranjera sea inminente. La propia presidenta ha señalado que no existe actualmente un plan concreto y que una eventual presencia de tropas tendría que transitar por los procedimientos constitucionales correspondientes.

Pero algo importante sí ocurrió: la posibilidad fue introducida en la conversación política nacional desde la propia Presidencia de la República.

Eso es suficientemente relevante como para discutirlo. No necesitamos convertirlo en algo que todavía no es.

El miedo tiene razones

Sería irresponsable negar la gravedad del problema de seguridad que enfrenta Costa Rica.

El narcotráfico existe. El sicariato existe. Las disputas territoriales entre organizaciones criminales existen. Hay comunidades en las cuales las personas han modificado sus rutinas por temor a la violencia.

La propia presidenta ha recurrido a su experiencia cotidiana para describir esa realidad. Ha contado que las balaceras la despiertan durante la noche y ha explicado que las amenazas recibidas le impiden realizar actividades tan sencillas como salir tranquilamente a comprar pan.

Son imágenes comunicativamente poderosas.

La inseguridad deja entonces de expresarse mediante estadísticas, tasas de homicidios o distribución territorial del delito y adquiere un rostro cotidiano: si hasta la presidenta, protegida por los cuerpos de seguridad del Estado, no puede comprar pan tranquilamente, ¿qué puede esperar el ciudadano común?

La pregunta parece inevitable.

Pero precisamente allí debemos detenernos.

Una cosa es la violencia realmente existente. Otra, la percepción social de inseguridad. Y otra distinta, la construcción política del significado de esa inseguridad.

Las tres pueden coexistir y retroalimentarse sin ser exactamente lo mismo.

Reconocer esa diferencia no significa minimizar las víctimas ni negar la criminalidad. Significa impedir que el miedo sustituya al análisis.

La paradoja institucional

Hay además una cuestión difícil de ignorar.

Mientras el crimen organizado es presentado como una amenaza de enorme magnitud, hemos asistido a discusiones y reducciones presupuestarias que afectan precisamente a instituciones nacionales encargadas de investigarlo, perseguirlo y juzgarlo.

El Poder Judicial ha advertido sobre los efectos que determinadas reducciones pueden producir sobre las capacidades del OIJ y del Ministerio Público para enfrentar el crimen organizado.

La paradoja merece explicación.

Si la amenaza es tan grave, ¿por qué no ocupa un lugar igualmente urgente el fortalecimiento presupuestario, técnico y humano de las instituciones nacionales encargadas de combatirla?

No tenemos elementos para afirmar que exista una estrategia deliberada consistente en debilitar esas instituciones para justificar posteriormente soluciones extraordinarias o extranjeras.

No debemos afirmarlo.

Pero tampoco necesitamos demostrar semejante intención para formular una pregunta legítima sobre la coherencia de las políticas públicas.

Y esa pregunta resulta todavía más importante cuando, simultáneamente, empieza a presentarse como beneficiosa la posibilidad de operaciones terrestres extranjeras.

Cooperación e intervención no son sinónimos

Costa Rica necesita cooperación internacional.

El narcotráfico es un fenómeno transnacional. Combatirlo requiere intercambio de información, inteligencia, tecnología, cooperación policial y judicial y coordinación con otros Estados.

Confundir toda cooperación con una intervención militar sería tan equivocado como presentar cualquier presencia operativa extranjera simplemente como una forma más de cooperación.

Las palabras importan porque las diferencias también importan.

Una cosa es cooperación internacional.

Otra, asistencia policial.

Otra, coordinación operativa.

Y otra cualitativamente distinta son operaciones terrestres desarrolladas por fuerzas extranjeras en territorio nacional.

Costa Rica, país sin ejército permanente desde hace décadas, debe discutir esa última posibilidad con particular cuidado. No desde un nacionalismo elemental ni desde un rechazo automático a Estados Unidos, sino desde nuestra historia institucional, nuestra Constitución, nuestra soberanía y nuestra concepción civil de la seguridad.

Cuando lo excepcional se vuelve imaginable

Quizá allí se encuentre uno de los cambios más importantes que estamos experimentando.

Las sociedades no cambian solamente cuando se aprueba una ley, se firma un decreto o ingresan tropas por una frontera.

También cambian cuando determinadas posibilidades dejan de parecernos extraordinarias.

Primero algo resulta impensable.

Después alguien lo menciona.

Luego provoca escándalo.

Más tarde se discute.

Finalmente puede incorporarse al repertorio normal de alternativas políticas.

No sabemos si Costa Rica recorrerá ese camino respecto de operaciones extranjeras. Precisamente porque no lo sabemos debemos evitar hablar como si ya hubiese ocurrido.

Pero sí podemos observar que algo anteriormente excepcional ha entrado en el campo de lo políticamente imaginable.

Y eso merece discusión democrática.

El problema del secreto

A este panorama se agrega la utilización del secreto de Estado respecto de determinadas materias vinculadas con seguridad e inteligencia.

También aquí necesitamos mesura.

Todo Estado requiere reservar determinada información. Ningún gobierno puede revelar anticipadamente tácticas policiales, fuentes de inteligencia, investigaciones en curso o detalles operativos cuya publicidad pueda beneficiar a organizaciones criminales.

El problema democrático no consiste, por tanto, en afirmar que todo secreto es ilegítimo.

La pregunta es otra:

¿cuánto secreto, sobre cuáles materias, durante cuánto tiempo y sometido a qué controles puede admitir una democracia?

Mientras mayor sea la excepcionalidad invocada para protegernos, mayor debería ser nuestra preocupación por conservar controles institucionales capaces de vigilar a quienes ejercen esas facultades.

Vigilancia democrática, sin embargo, no significa paranoia.

Preguntar no equivale a inventar una respuesta cuando todavía no la conocemos.

Denuncias que deben preocuparnos, pero también investigarse

En este clima han aparecido además denuncias de personas activistas y críticas del Gobierno que aseguran haber abandonado Costa Rica y solicitado protección internacional alegando amenazas o persecución política.

El asunto es suficientemente grave como para no trivializarlo.

Y precisamente por eso es suficientemente grave como para no convertir una denuncia en una conclusión antes de investigarla.

Hay que escuchar a quienes denuncian.

Documentar sus casos.

Conocer las amenazas.

Determinar su procedencia cuando sea posible.

Distinguir actuaciones de particulares de actuaciones estatales.

Exigir respuestas institucionales.

Y, si la evidencia permite establecer persecución política, denunciarla con toda contundencia.

Pero anticipar esa conclusión sin disponer todavía de pruebas suficientes puede terminar debilitando precisamente aquello que pretendemos denunciar.

La democracia necesita vigilancia. No necesita que sustituyamos los hechos que desconocemos por aquello que tememos que pueda estar ocurriendo.

Una pregunta incómoda para quienes criticamos

Y aquí quienes nos oponemos a determinadas decisiones gubernamentales deberíamos hacernos también una pregunta incómoda.

¿No estaremos contribuyendo nosotros mismos a propagar el miedo?

Las declaraciones presidenciales sobre eventuales operaciones estadounidenses han provocado preocupación comprensible. Muchas personas defensoras de los derechos humanos, de la soberanía y de nuestra tradición civilista han reaccionado denunciando los riesgos que podría representar una intervención extranjera.

La advertencia es necesaria.

Yo mismo me opongo firmemente a que la lucha contra el narcotráfico termine utilizándose para normalizar operaciones terrestres de fuerzas extranjeras en Costa Rica.

Pero advertir no es lo mismo que anunciar la catástrofe.

Cuando convertimos una posibilidad en certeza, un anuncio en un hecho consumado o una preocupación legítima en evidencia de que lo peor resulta inevitable, podemos terminar participando involuntariamente en la misma circulación social del miedo que cuestionamos.

Y entonces ocurre una paradoja.

Desde el Gobierno puede decirse:

la criminalidad es tan grave que necesitamos pensar en medidas extraordinarias.

Y desde la oposición podemos terminar respondiendo:

las medidas extraordinarias son tan graves que debemos vivir aterrados por lo que viene.

Los discursos son políticamente antagónicos.

Pero ambos pueden producir un mismo resultado emocional:

miedo, ansiedad e impotencia.

Cuando el miedo gana la discusión

El miedo posee una extraordinaria capacidad para reducir el espacio de las preguntas.

Frente a una amenaza presentada como extrema dejamos poco a poco de preguntarnos:

¿qué debemos hacer?

Y comenzamos a preguntarnos:

¿cuánto estamos dispuestos a permitir para que nos protejan?

Pero existe otro efecto menos visible.

Cuando desde posiciones críticas presentamos el deterioro democrático, la intervención extranjera o la excepcionalidad como acontecimientos prácticamente inevitables, también podemos producir otra pregunta:

¿para qué hacer algo si ya todo está perdido?

Ahí el miedo deja de movilizar.

Paraliza.

Satura.

Agota.

Produce la sensación de que las decisiones ya fueron tomadas en algún lugar inaccesible y que al ciudadano solamente le corresponde esperar sus consecuencias.

Ese quizá sea uno de los mayores peligros del momento.

No solamente que tengamos miedo.

Sino que el miedo termine convenciéndonos de nuestra propia impotencia.

No regalemos el miedo

Quienes cuestionamos al poder no necesitamos competir con él para determinar quién describe el futuro más aterrador.

Podemos hacer algo mucho más difícil.

Advertir sin aterrorizar.

Denunciar aquello que podemos demostrar.

Investigar aquello que sospechamos.

Preguntar aquello que desconocemos.

Y reconocer expresamente la diferencia entre las tres cosas.

La posibilidad de operaciones terrestres extranjeras debe discutirse.

Los recortes que puedan afectar la capacidad del OIJ, del Ministerio Público y del Poder Judicial deben cuestionarse.

El alcance del secreto de Estado debe vigilarse.

Las denuncias de persecución deben investigarse.

La violencia debe combatirse.

Pero ninguna de esas tareas exige convencernos anticipadamente de que la democracia costarricense está condenada.

La esperanza también puede ser política

Tal vez aquí necesitamos recuperar una palabra que parece haber desaparecido de nuestra conversación pública:

esperanza.

No la esperanza ingenua de quien piensa que nada malo puede ocurrir porque «Costa Rica siempre ha sido diferente».

La historia no concede semejantes garantías.

Tampoco la esperanza como simple optimismo.

Hablo de otra cosa: la esperanza crítica que nace precisamente de reconocer que el futuro todavía no está decidido.

Una posibilidad no es un destino.

Una amenaza no es un acontecimiento consumado.

Una democracia bajo tensión no es necesariamente una democracia derrotada.

Todavía existen instituciones.

Todavía existen tribunales.

Todavía existe prensa crítica.

Todavía existen universidades, organizaciones sociales, movimientos ciudadanos y personas dispuestas a cuestionar al poder.

Todavía podemos investigar.

Todavía podemos denunciar.

Todavía podemos recurrir.

Todavía podemos organizarnos.

Todavía podemos escribir.

Todavía podemos disentir.

Y precisamente porque todavía podemos hacerlo, debemos hacerlo.

La esperanza, entendida de esta manera, no es la antípoda ingenua del pensamiento crítico.

Es la antípoda política de la impotencia.

Septiembre bajo la sombra del miedo

Todo esto ocurre durante septiembre.

Banderas, faroles, himnos, independencia y soberanía forman parte durante estas semanas de nuestra liturgia cívica.

Quizá la coincidencia pueda servirnos para algo más que repetir ceremonias.

Soberanía no significa aislamiento.

Independencia no significa rechazo a la cooperación internacional.

Y defender nuestra tradición civilista no significa cerrar los ojos ante las nuevas dimensiones del crimen organizado.

Pero tampoco deberíamos celebrar la independencia mientras renunciamos a discutir serenamente qué significa ser soberanos frente al miedo.

Antes de preguntarnos si necesitamos fuerzas extranjeras operando en nuestro territorio, podemos preguntar qué necesitan nuestras propias instituciones.

Antes de aceptar que solamente medidas extraordinarias pueden protegernos, podemos exigir evidencia sobre la eficacia de las medidas existentes.

Antes de anunciar que la excepcionalidad es inevitable, podemos impedir que se vuelva normal.

Y antes de concluir que nada podemos hacer, podemos recordar que la democracia nunca consistió en tener garantías de que todo saldrá bien.

Consiste precisamente en conservar espacios colectivos para decidir qué hacemos cuando las cosas pueden salir mal.

Quizá esa sea una tarea apropiada para este mes patrio.

Mientras encendemos faroles para recordar una independencia conquistada hace más de dos siglos, convendría proteger otra forma menos visible de independencia:

la capacidad de una sociedad para pensar políticamente sin que el miedo piense por ella.

Y si el miedo pretende convencernos de que ya nada podemos hacer, quizá nuestra respuesta democrática más sencilla y más contundente sea:

todavía podemos.

«Dime de qué presumes y te diré de qué careces»: La paz no se construye con bombillos

«La grandeza de una república no reside en la estridencia de quienes gobiernan, sino en los anhelos de dignidad de su gente y en los límites que la ley le impone al capricho del poder».

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

A propósito de la alocución de la escolar Keyla Chavarría; por qué el reclamo de la infancia al respeto y al diálogo desarma la propaganda de la General Cañas y nos recuerda que la paz se practica con el ejemplo y no con la estricta estrategia del insulto.

Hay algo profundamente desconcertante en contemplar, durante este Mes de la Patria, la palabra PAZ iluminando la carretera General Cañas mientras Costa Rica atraviesa uno de los períodos de mayor crispación política de sus últimas décadas.

La instalación lumínica de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) es hermosa, pero las palabras en el escenario público también funcionan como espejos. Esta imagen nos obliga a plantear una pregunta incómoda: ¿es este despliegue un simple gesto patriótico o una flagrante contradicción política que pretende maquillar con propaganda la retórica oficialista de la confrontación?

El viejo refrán popular alberga una sabiduría implacable: «dime de qué presumes y te diré de qué careces». En este contexto, resulta contradictorio que el Poder Ejecutivo exalte la concordia en las carreteras mientras, en la práctica cotidiana, se cultiva el enfrentamiento permanente como método de gobierno.

Como hemos podido observar, durante la administración de Rodrigo Chaves, y ahora bajo la línea de continuidad de la presidenta Laura Fernández, el aparato estatal se ha concentrado en deslegitimar de forma sistemática a las instituciones que garantizan el equilibrio republicano. La Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones y la prensa independiente han sido convertidos en blancos recurrentes de descalificaciones y etiquetados oficiales desde el poder.

Frente a este ambiente de constante hostilidad que promueven las altas esferas gubernamentales, la verdadera sensatez cívica ha brotado desde las aulas escolares. Los actos del pasado 1ero. de setiembre en el cantón de Coronado quedaron marcados por la intervención de Keyla Chavarría Jiménez, una estudiante de segundo grado y apenas ocho años de edad, quien con enorme lucidez sacudió la complacencia de los adultos al recordarles una verdad medular: «la democracia no solamente se hereda, también se cuida». Su mensaje desarmó la propaganda política actual, evidenciando que la estabilidad de una nación no se decreta, sino que se construye tolerando la disidencia.

Lamentablemente, el comportamiento del Gobierno transita por el rumbo contrario. En el preciso momento en que la escolar recordaba que el civismo exige convivir en la diversidad al dictar que «aprendemos democracia cuando vemos que las personas pueden pensar diferente y aun así se hablan con respeto», el ministro de Justicia y Paz utilizaba su papelería oficial para validar el rastreo y etiquetado de profesores y defensores civiles bajo la premisa de tenerlos «identificados». De manera simultánea, la presidenta de la República arremetía contra la independencia judicial, acusando públicamente a los veintidós magistrados de la Corte Suprema de amoldar sus fallos a conveniencias de continuidad de sus cargos.

Estos ataques rompen el tejido social elemental, dado que no puede haber paz institucional cuando se pretende arbitrariamente dividir al país entre «ciudadanos legítimos» que aplauden al oficialismo, y supuestos «enemigos de la patria» bajo registro y vigilancia estatal.

Por esa razón, las peticiones de Keyla constituyen un severo y directo emplazamiento ético a las autoridades del Estado. Al exhortar a los adultos a deponer los discursos de odio, Keyla sentenció: «Enséñennos con su ejemplo, enséñennos que podemos estar en desacuerdos sin convertirnos en enemigos. Enséñennos que nuestras palabras pueden construir en lugar de lastimar».

Lamentablemente, el oficialismo actual intenta validar su opacidad y sus despliegues autoritarios bajo la premisa de que el triunfo en las urnas les concede un poder absoluto e incuestionable. Olvidan de forma voluntaria que en nuestro ordenamiento constitucional el gobernante es un simple administrador transitorio y que el verdadero soberano es el pueblo. Los frenos técnicos de los tribunales y la fiscalización del periodismo independiente no son obstáculos ni complots; son las salvaguardas que protegen la libertad de la ciudadanía frente a los abusos del mandatario de turno.

La paz, tal y como lo resumió de forma magistral la escolar, va mucho más allá del desarme militar: «La paz no significa solamente vivir en un país sin ejército; significa también aprender a convivir, perdonar, escuchar y resolver nuestras diferencias sin violencia».

Siendo así, es claro que la auténtica fortaleza republicana no radica en gritar más fuerte desde un micrófono presidencial ni en atemorizar a la judicatura, sino en respetar la legalidad y actuar con la humildad de saber que el poder puede equivocarse.

Este próximo 14 de septiembre, cuando la ciudadanía responda a la convocatoria de participar activamente en la faroleada nacional portando luces y banderas blancas por la concordia, se estará enviando una advertencia contundente a las cúpulas políticas.

Es hora de que los inquilinos temporales de Casa Presidencial abandonen la estricta estrategia del insulto y demuestren con acciones que, tal como concluyó Keyla en Coronado, «todas las personas merecen ser tratadas con dignidad».

Imagen: Página de la CNFL en Facebook aportada por el autor.