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El chorreo de votos y la perversa lógica de Pilar Cisneros

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Vladimir de la Cruz

Tiene razón la diputada electa Pilar Cisneros en no haberse equivocado al decir que EXPRESAMENTE no se refirió al Tribunal Supremo de Elecciones, cuando en el mitin que tuvo su Partido Progreso Social Democrático, siendo ella la principal oradora, como lo ha sido en todo el país, afirmó, entre otras cosas, que la segunda vuelta no estaba ganada, y enfatizó que “Tenemos al frente un enemigo poderoso, con una estructura sólida y capaz de hacer chorreo de votos para quitarnos esta elección”. También afirmó que “Lo que nos preocupa es no tener fiscales de mesa en todas las mesas y que se pueda producir un chorreo por parte del partido rival”. También afirmó que esa práctica del chorreo es usual en todos los partidos políticos que realizan convenciones políticas para escoger sus candidatos.

Se refería al Partido Liberación Nacional, a su candidato, y a “la estructura sólida y capaz de hacer el chorreo”, donde IMPLICITAMENTE sí comprometió al Tribunal Supremo de Elecciones, porque esa es la estructura “sólida y poderosa” que es la única que puede facilitar “el chorreo de votos”. Salvo que Pilar Cisneros Gallo hable, o cante más que un gallo, sin conocimiento preciso de lo que afirmó, o lo que es peor, en una diputada, que no ligue el cerebro con la lengua.

Sí COMPREMETIÓ al Tribunal Supremo de Elecciones porque es éste el que prepara la papelería electoral, la imprime y la custodia hasta que, con actas en mano, la distribuye, en las tulas oficiales, a los miembros de mesa autorizados de todos los partidos para su custodia final, hasta el día de las elecciones, donde en ese proceso, de nuevo mediante dos revisiones, de esos miembros, de todo lo que contienen las tulas, se comprueba que toda la papelería electoral enviada es correcta, y que no falta nada.

COMPROMETIO LA INDEPENDENCIA del Tribunal Supremo de Elecciones y la transparencia de cómo trabaja. Lo IMPLICO con su afirmación en una POSIBLE componenda con un partido político en este fraude del “chorreo de votos”.

SI ACUSÓ IMPLICITAMENTE al Tribunal Supremo de Elecciones DE FAVORECER EL FRAUDE, en lo que dijo para la segunda vuelta electoral. Quizá lo pensó, pero no se atrevió a decirlo en la primera ronda porque su partido no estaba destacando como finalmente lo hizo.

Si el Tribunal estaba implícitamente comprometido, como ella aseveró, con su afirmación, tenía que estarlo, en ese compromiso de fraude, en primer lugar con el Partido de Gobierno, el Partido Acción Ciudadana, que de acuerdo a su insinuación, sin casi sacar un voto, en la práctica lo dejaron sin papeletas y sin chorreo, en el supuesto también de que los magistrados electorales le respondieran a ese Partido, así como todo el personal del Registro Electoral y del mismo Tribunal, igualmente, le respondieran a ese Partido en el Gobierno, con lo cual el Tribunal, o desde su entraña, se prestó entonces a facilitar papeletas para los partidos que llegaron a la segunda vuelta, en este caso tanto a Liberación como el Progreso Social Democrático, porque habría que pensar que también salió favorecido de ese supuesto chorreo de votos, porque las encuestas no lo colocaban de finalista.

De otra manera costaría pensar, de acuerdo con la perversa lógica de la diputada peruano costarricense, que los dos partidos finalistas llegaran a la final, y en esta segunda vuelta, con esa misma lógica, le preocupa que “el chorreo de votos” posible que pueda hacerse, ¿de nuevo?, se haga a favor de Liberación Nacional como partido y de su candidato, y ya no de su partido.

No sé cuánto sabrá la diputada peruana costarricense de la Historia Nacional, pero la década que culminó en 1948 se terminó con una guerra civil, que tenía como una de las banderas la lucha por la pureza del sufragio. En el otro bando, el del gobierno aliado a los comunistas y a la Iglesia Católica, los comunistas impulsaron la constitución del Tribunal Nacional Electoral y del Código Electoral, ambos de 1946, con al ánimo de frenar la corrupción electoral que entonces se acusaba contra los gobiernos de turno. Ambas instituciones permanecen, sobrevivieron a la Guerra Civil, a la Junta de Gobierno y a la Asamblea Nacional Constituyente, y hoy son sólidas columnas de la Democracia Electoral Nacional.

El actual Tribunal Supremo de Elecciones lo estableció la Asamblea Constituyente, respetando la propuesta que hizo la Junta de Gobierno encabezada por José Figueres, y el código electoral de 1946, con sus reformas llegó hasta el 2009 cuando se aprobó el actual Código Electoral.

La Asamblea Nacional Constituyente, con el apoyo de la Junta de Gobierno, le dio carácter de poder independiente, al Tribunal Supremo de elecciones, que así lo denominó la Junta de Gobierno, con exclusividad en su función electoral, único organizador, administrador y con capacidad declarativa, sin apelación alguna, de los resultados electorales, lo que ha sido pieza fundamental del desarrollo de la Democracia Costarricense, situación que seguramente en Perú donde la diputada electa inició su primera formación no se conocía, por su historia militar, de golpes de estado, poco democrática, comparada con la costarricense.

El chorreo de votos, como se conoce esta figura del fraude electoral, que usted trajo a cuento, generalmente se hacía en las elecciones oficiales de Costa Rica, antes de 1948, y se podría decir que en todas las elecciones anteriores a esa fecha había distintas formas de hacer fraudes.

En esa época anterior a 1948 el proceso electoral estaba totalmente controlado por el Poder Ejecutivo, y por el partido gobernante. Hasta 1924 el voto de los electores era público con lo cual se podía presionar de muchas maneras, por parte de empleadores, autoridades de gobierno, patronos en general, hacendados, a los electores votantes sabiendo cómo iban a votar. Hasta por la forma cómo se emitía el voto, que podía durar algunos días, era fácil alterar procesos electorales, o por la falta de cedulación, o por una lista abierta de electores donde estaban los fallecidos, por traslados de sitio electoral, por la forma como se leían los telegramas informativos del resultado, o por compra directa de votos etc.

Al controlar el sistema electoral el Poder Ejecutivo ejercía control en la práctica de todo el proceso, desde su organización hasta la elaboración del material electoral y su distribución, además del conteo de votos que prácticamente se hacía en la Casa de Gobierno. La declaración final de los resultados quedaba en manos del Congreso de conformidad al informe que enviaba el Tribunal Electoral de la época.

De esta manera cuando se empleaba el sistema del chorreo de votos se procedía así:

De las papeletas oficiales se sacaban algunas, que no eran impresas como lo hace actualmente el Tribunal Supremo de Elecciones, tantas como se quisieran emplear en distintos lugares, cantones o provincias, para asegurar el triunfo que se deseaba.

Por sacadas las papeletas, lo que era fácil hacer al partido político que estaba en el Gobierno, porque controlaba al Tribunal Electoral, la emisión de toda la papelería electoral, o al Gobernante de turno que complacía en que esas papeletas se sacaran para ese fin, de chorrear votos, esas papeletas se marcaban en la casilla del candidato que se quería favorecer. Marcada la papeleta entonces se acudía a un votante para proponerle que metiera esa papeleta marcada y trajera la que le daban en el recinto electoral, que era otra papeleta oficial. Así se iniciaba la cadena de votos que se provocaba con ese “chorreo”.

El chorreo se hacía con papeletas oficiales, reales, verdaderas, no con copias o falsas papeletas. Ese proceso podía implicar un acto consciente de quien lo hacía porque lo hacía a favor de un partido y un candidato o bien inducido mediante soborno, pago o compra del voto.

Técnicamente desde la organización de las elecciones nacionales, a partir de las elecciones de diputados de 1949 y las nacionales a partir de 1953 esa forma de fraude desapareció.

Los procesos electorales fueron perfeccionándose en su organización, administración, en la educación popular, en la formación ciudadana, y la cultura cívica que desde entonces se ha desarrollado alrededor del sufragio nacional, como proceso electoral y como ejercicio masivo del derecho político a elegir las autoridades supremas de los Gobiernos del país, el nacional, los diputados y los gobiernos locales. Que recuerde nunca ha habido desde la existencia del actual Tribunal Supremo de Elecciones ningún cuestionamiento a su manejo de las elecciones, hasta ahora que la diputada peruana costarricense lo ha hecho.

El Tribunal Supremo de Elecciones fue el cuestionado por la diputada electa. Con ello, con sus aseveraciones, se afectó la imagen pública, y posiblemente internacional del país, de la democracia nacional y del sistema democrático electoral del país. ¿Cabrá acusación penal contra la diputada electa antes de su juramentación, por el daño causado al país, a la imagen de la democracia costarricense?

La otra Costa Rica; la que resiste

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Albert Einstein (1879-1955): Si vamos a cuestionar la presencia viva de los Espíritus, empecemos entonces por negar la existencia del átomo, que continúa imperceptible a los ojos humanos desarmados, pero existe.

Rafael Ángel Ugalde Quirós* Especial para SURCOS.

I.- Imaginando un extraterrestre sobrevolando el país el pasado 6 de febrero quizá pensaría que la situación de 25 partidos políticos en la lucha por el sillón presidencial de Zapote alabaría seguramente la “perfección” del “Contrato Social” – obra de Jean Jacques Rousseau en 1762- en la pequeña “hacienda” de 51 mil kilómetros cuadrados y 3.541.908 “ticos” habilitados para sufragar. Nada más alejado de la realidad una vez con los pies sobre la tierra: El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aunque tuvo capacidad para dirigir un debate con 25 aspirantes presidenciales en condiciones de igualdad, no lo hace. No le interesa. Su mayor comodidad es contar votos y jamás profundizar la democracia con participación masiva de los ciudadanos en la “res” pública, como decían los romanos. Le interesa más que sean las dos grandes cadenas nacionales de televisión, con los riesgos, los sesgos e intereses que todos conocen a favor de dos partidos políticos, que sea este tribunal quien impulse el debate de ideas en igualdad de condiciones entre los candidatos presidenciales. Este desinterés del TSE, en gran medida, da así a los procesos electoreros un ambiente carnavalesco, con los grandes bancos y consorcios económicos, financiando y fiscalizando lo que ellos han sintetizado llamando la gran “fiesta democrática”.

Un estudio del semanario Universidad (21/11/2021) reveló, por ejemplo, que los bancos privados BCT y Banco Promerica concentraron el 80% de los bonos de deuda política, o certificados de cesión, liquidados en la campaña electoral del 2018. Eran los únicos dos bancos con créditos formalizados para las elecciones de 2022, según datos de la Tesorería Nacional.

El total cancelado por concepto de deuda política (incluyendo los intereses), asciende a los ¢14.808 millones, de los cuales los bancos BCT y Promerica concentraron ¢12.123 millones. La primera entidad bancaria es presidida por Leonel Baruch, mientras que el presidente de la Junta Directiva de Promerica es Edgar Zurcher.

Los certificados de cesión son un instrumento de financiamiento contemplado por la legislación costarricense en el que los partidos pueden ceder su acceso al financiamiento público a entidades bancarias o particulares. Los bancos en este caso financian de manera anticipada especulando cuánto recibirá de votos cada partido por medio de las encuestas públicas e incluso propias.

“Es un mecanismo especulativo como en la Bolsa de Valores. Tiene una expectativa de retribución de la inversión que hizo al comprar el título, más los intereses ganados por ese financiamiento que le está otorgando, quien recibe esa plata son los bancos. No van a perder ni los bancos, ni los financistas tipo A (los que tienen mayor posibilidad de ser cancelados) que compran estos bonos a varios partidos porque para ellos es un negocio, no hay necesariamente un vínculo partidario”, explicó Rotsay Rosales, coordinador del Observatorio de la Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

II. Una lectura cursi, con estándares oficiales reduccionistas, nos llevaría a pensar en más de 1.400.000 de votantes desinteresados por las elecciones del 6 de febrero pasado, con niveles de abstencionismo del 40% nunca visto desde 1958 y por lo cual, al TSE le cabe abundante responsabilidad.

Sin embargo, atendiendo otras sintomatologías sociales, infectadas por los grupos de poder desde hace 40 años, no podría cerrarse los ojos frente a la enfermedad que padece la “otra” Costa Rica. La marginada, la ausente de las pantallas de la televisión, a no ser por el proceso de “colombianización”, reducido desde la oficina del tecnócrata a una supuesta “lucha entre bandas” o “actuación de sicarios”, como si esos hechos no fueran cara de una misma moneda. Es el “otro” país, el del campesino quebrado a la fuerza, sin tierra y siervo perene de la banca, pueblos pesqueros que ven como otros se roban la riqueza marina en sus propias barbas, la otra república, la de los cientos y cientos de desempleados, los “informales” perseguidos noche y día, los desnutridos, etc., frente a la buena salud mostrada por miembros de los pequeños grupos beneficiados con la renuncia a la soberanía alimentaria, a la educación pública gratuita y de calidad, a la universalización de la salud, a la entrega de los puertos, las carreteras, las telecomunicaciones y los aeropuertos.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) lo están paralizando para luego, como buitres, caerle encima. El ex gerente de telecomunicaciones, Jaime Palermo, acaba de denunciar (Diario Extra 14/2/2022) que las autoridades actuales están paralizando las operaciones técnicas y comerciales del sector Telecomunicaciones, de modo que ponen en riesgo el futuro de la entidad. El hizo un recuento de las acciones que, según su opinión, han provocado que la entidad, en competencia desde el 2011, perdiera diez puntos del mercado de la telefonía celular y lo cediera a las empresas con las que compite tan solo en 2020.

Para el exfuncionario, la jerarquía del ICE, encabezada por su presidenta ejecutiva Irene Cañas, y su gerente general, Hazel Cepeda, ha priorizado la supuesta recuperación financiera de la institución sacrificando inversiones clave para su desempeño comercial, lo cual le ha generado una caída en la participación del mercado e incluso una baja en la calidad de los servicios móviles expuesta por informes de Sutel. Una vez enfermo y famélico el ICE se vende al mejor postor, o lo convierten en elefante blanco al mejor estilo de RECOPE, el CNP, el INVU.

A los foros mundiales “esta” Costa Rica floreciente asiste como hazmerreír junto con otras comparsas regionales, siendo el mejor ejemplo de ello el rol asignado en el “Grupo de Lima” o en la deteriorada OEA, a raíz del papel jugado en el golpe de estado en Bolivia. “Este” país floreciente habla en los foros mundiales de energías verdes, lucha pro ambiente, cero carbono y no más calentamiento global, pero sus ríos son cloacas a cielo abierto y sus océanos basureros de plásticos.

La “otra” Costa Rica, la que soportó la multimillonaria campaña politiquera, la que sigue resistiendo (La Nación acaba de descubrir que “alza en costo de la vivienda y baja en ingresos truncan sueño de tener casa propia” 14/2/2022), sea rural o urbana sabe perfectamente que el sistema de los partidos políticos es un negocio como es el fútbol, la venta de copos o cualquier otra actividad rentable, pues nuestros “lideres” políticos nos los dan empacados con lazos de colores, no existiendo además, posibilidad alguna de sustitución en caso que salgan mentirosillos o cleptómanos.

III. Un recuento de los votos en blanco y nulos realizados por Universidad (7/2/2022) en esta elección presidencial de 2022 da como resultado un total de 26.676, un número mayor que la cantidad de votos que obtuvieron individualmente 19 de los 25 partidos políticos que estaban en papeleta el domingo 6 de febrero.

Solo los partidos Liberación Nacional (PLN), Progreso Social Democrático (PSD), Nueva República (PNR), Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista (PLP) y Frente Amplio (FA), superaron esa cantidad de votos inválidos.

A esta lista se puede agregar la agrupación Costa Rica Justa (CRJ) si se tiene en cuenta solo la cantidad de votos nulos, que se situó en 16.565, con lo cual supera a las restantes 18 formaciones partidarias. Igualmente, los votos en blanco, que por el momento son 10.111, ganan a 12 partidos políticos.

Los campesinos subsisten a brincos y saltos y su crisis es evidente.

La Coalición Pueblo Unido, que a última hora superó serios problemas internos y se sobrepuso a los plazos para inscribirse, superó el último lugar en el escrutinio y dejó en la posición 25 al Movimiento Libertario (ML) que pareciera desaparecerá, al menos con su actual dirigencia. Según el análisis de Universidad, el Partido de los Trabajadores (PT) en estas elecciones incluso superó al ML. Años atrás esta organización se mantuvo en la pugna presidencial, siendo una de las fuerzas políticas con más adeptos. Por otra parte, destaca que el PLN y el PSD, los dos partidos que irán a segunda ronda el próximo 3 de abril, obtuvieron juntos el 43,96% de los votos válidos, pero solamente el 22,67% del padrón electoral. Esto quiere decir que las dos principales fuerzas políticas del país no alcanzan juntas ni la cuarta parte de la población votante. Al buen entendedor pocas palabras.

De esta manera, para el ganador de la segunda ronda de las elecciones del 3 de abril, sería ingenuo desconocer ese otro país que, en silencio, resiste la noche más larga y triste de la historia reciente de Costa Rica. Larga porque son 40 años desde que prometieron “desarrollo” con libre competencia; triste por el autoritarismo cada vez más asentado en los últimos gobiernos, con o sin pandemia. El encierro a que fuimos sometidos por la pandemia se tradujo en más de 2 mil millones de colones por multas a la restricción vehicular.

Sin embargo, los resultados de las pasadas elecciones, independientemente que sea electo José María Figueres, asiduo amigo de la ley de empleo público impulsada por Carlos Alvarado y el “gobierno corporativo”, o Rodrigo Chávez, un conocido pupilo del Banco Mundial, sumado a la formación de una asamblea legislativa controlada por la llamada “derecha”, hay una enorme reserva moral y espiritual que representan quienes desatendieron el llamado a votar. Estos espíritus, que no se ven, como diría Einstein, pero allí están atrincherados, pintan una Costa Rica de conflicto, donde las masas exigen un proyecto de sociedad nuevo, con inclusión social, con equidad, independencia y esperanza. Donde no bastaría la promesas de creación de empleo, sino que además implican ingresos blindados contra la inflación. Un país insuficiente si se habla de turismo como actividad para unas pocas empresas hoteleras, dejando a un lado las comunidades y el pequeño y mediano artesano. Un país cuyos espíritus arrinconados ya no quieren “gobiernos corporativos” y paralelos; menos “alianzas estratégicas” para que el Estado entregue sus recursos a pequeños grupos de poder en un nefasto juego de “tigre suelto” contra “burro amarrado”. Pareciera que en esta Costa Rica empeñada en configurarse para el 2026 los llamados partidos de “izquierda” conciliábulos, “light” y al mejor estilo de Boric en Chile o Castillo en Perú, tienen la última oportunidad para no correr la misma suerte del ML o el Acción Ciudadana (PAC). Ello, por cuanto, si aparece una organización que articule las demandas de salario mínimo digno, soberanía alimentaria, política exterior independiente, tierra para quien la produce, el Estado en función de los costarricenses y no protegiendo solo grupos oligárquicos, entre otros, esta masa “invisible” como reserva moral se abrirá paso entre fatales “progresismos” de cafetín o camuflados “patriotas” que dan la vida por los monopolios lácteos, financieros o del azúcar; contra todos los pronósticos exigen “otro” país en que volvamos a vivir todos con alguna dignidad.

Por el momento es lo que hay.

Periodista, abogado y notario por la U.C.R.

¿Desmantelar el Estado de Derecho para hacer el bien?

Escrito en . Publicado en Coyuntura, Derechos.

Oscar Madrigal

La campaña de Rodrigo Chaves en esta segunda vuelta se centra en aparecer como el adalid de la lucha contra los odiosos privilegios que los costarricenses detestamos; se propone su eliminación, lo cual es muy bueno y deseable. Sin embargo, él propone hacer eso desmantelando el Estado de Derecho. Pongamos un ejemplo.

Eliminar las pensiones de lujo ha sido una lucha de hace varios años. Chaves propone recortarlas hasta un mínimum que no explica. Propone para ello un referéndum. Asumamos que lo puede hacer.

Dicho referéndum no será para derogar las leyes que dieron origen a esas pensiones porque todas ellas están derogadas, por lo cual ya ningún trabajador puede ingresar a ninguno de esos regímenes.

El referéndum será entonces para quitarle a esos pensionados, las pensiones que reciben. Tendrá, entonces, que proponer que las nuevas leyes tengan carácter retroactivo, con lo cual variarían las condiciones con las cuales se pensionaron esas personas. Para ello, habría que eliminar un fundamento esencial del Estado de Derecho que dice que “las leyes no tienen carácter retroactivo”, con lo cual no habría seguridad sobre los derechos y obligaciones que las personas hayan adquirido con fundamento en el bloque de legalidad existente en determinado momento, por ejemplo, de firmar un contrato. Nadie podría estar seguro de nada.

Se derogaría, en consecuencia, el principio de “seguridad jurídica” basamento del Estado de Derecho, que garantiza a todo individuo la certeza de que su situación jurídica solo podrá ser modificada por procedimientos establecido previamente, lo cual da confianza de que podrá vivir con cierta tranquilidad. Dejarían de existir las certezas jurídicas. El Estado de Derecho queda castrado de uno de sus principios fundamentales.

El referéndum para quitar esas pensiones también tendría que eliminar otro principio de Derecho, los llamados “derechos adquiridos”, sea aquel derecho que la persona ha obtenido en firme por la vigencia de una ley o contrato, laudo o convenio internacional, aunque se haya derogado esa ley, pero el derecho seguirá existiendo porque ya el derecho se ha incorporado al patrimonio del ciudadano. De manera que este principio desaparecería, con lo cual ningún derecho producto de ley o contrato estaría seguro, pudiendo eliminarse o cambiarse a criterio del legislador o de referéndum. Sería un verdadero caos esa sociedad. Además, derechos adquiridos pueden ser el salario, las vacaciones, el aguinaldo, etc., que podrían ser sujetos a modificación o hasta eliminados al someterlos a referéndum.

Con el criterio esbozado por Chaves para eliminar las pensiones de lujo habría que desaparecer otro principio de Derecho, el de NO confiscación, que sería la posibilidad de darle al Ejecutivo el poder de incautar posesiones o bienes sin ninguna compensación. En Costa Rica a los pensionados de lujo les rebajan de la pensión hasta un 50% de su monto; un porcentaje superior sería confiscar un patrimonio lo cual no es permitido actualmente. Pero Chaves desea confiscar esa parte de la pensión, eliminando ese principio, con lo cual todas otras pensiones, la casa de habitación, la finca o la fábrica podrían ser tomadas por el Estado.

Además, habría que salir de los convenios internacionales, por ejemplo, el de la OIT sobre pertenencia a regímenes de pensiones y muchos otros, aislando al país del progreso social del mundo.

No sé si el grupo que asesora a Chaves habrá pensado en las consecuencias de sus planteamiento y si lo que desea es un Estado al margen del Derecho, sin seguridad jurídica, derechos adquiridos, irretroactividad de la ley y con confiscación de patrimonios.

La lucha contra los odiosos privilegios, que todos pedimos eliminar en todos los campos, no puede hacerse desapareciendo el Estado de Derecho.

Chaves propone además un referéndum sobre el aborto y la eutanasia. Luego podría ser otro sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, luego sobre el divorcio y cuantas cosas se quiera más. Los empresarios también exigirán un referéndum sobre las cargas sociales a la Caja porque les restan competitividad o eliminar el aguinaldo para poder competir con otros países. Se abre la Caja de Pandora y no se sabe dónde terminará y con quién, porque los Derechos Humanos estarían al vaivén de los votos.

Esta posición tiene su correlato con lo expresado por Rodrigo Chaves respecto a la Asamblea Legislativa. Más o menos dijo que si la Asamblea (el Parlamento) no se alineaba con sus políticas, gobernaría a puro referéndum. A buen entendedor pocas palabras.

Estas posiciones de Chaves van más allá del neoliberalismo.

(Por cualquier duda, aclaro que soy pensionado de la Caja, del régimen del IVM y me pensioné a los 68 años de edad).

UN NO TEMA EN EL DEBATE

Escrito en . Publicado en Coyuntura, Derechos.

Por Guillermo Acuña González (Sociólogo y escritor costarricense)

Las sextas elecciones presidenciales del nuevo siglo llevadas a cabo el pasado domingo 6 de febrero confirmaron varios elementos en la evolución de las culturas políticas costarricenses.

En primer término, la desafección con la política como norma, provoca entre otras cosas que sea inalcanzable un resultado en primera ronda. Como viene sucediendo ya en otros contextos, al menos en America Latina, el desgaste de los sistemas democráticos permea el ejercicio electoral: la ciudadanía no se siente convocada.

En segundo lugar y muy de la mano con esta primera dimensión, la confirmación de un desencanto que una vez más se ubica en la epidermis de las costas, los territorios rurales, la periferia.

La desatención crónica propiciada desde el centro del país hacia estos espacios marcados por la pobreza, la desigualdad y la gestión y administración fáctica, terminan por expresarse en un abstencionismo que ya ahora si tiene visos de perpetuarse. No es apatía lo que expresa este hecho: es enojo, cansancio, hastío, soledad.

Un tercer elemento coloca la calidad de la democracia costarricense en el centro de la discusión. Quizá fue pasado por alto en los análisis posteriores al desarrollo de las elecciones el domingo anterior, pero debe tomarse en cuenta el desafío planteado a la institucionalidad costarricense por la misión de observación internacional que acompañó el proceso.

Fueron dos señalamientos en concreto los que formuló: trabajar más y con firmeza el tema del abstencionismo y garantizar un acceso igualitario a todos los partidos políticos a los mecanismos de comunicación y divulgación existentes. De nuevo, desafección y acceso parecieran mostrar algunas debilidades del sistema, lejos de la caricatura acerca de la “fiesta electoral” con que suelen narrarse estos procesos.

Está claro que no todos entraron a la fiesta ni todos quisieron estar allí.

De cara a la segunda ronda en abril próximo, las dos opciones contendientes han empezado a señalar el camino, tratando de diferenciar sus tesis y sus argumentos. Otra vez el país pareciera estar en una encrucijada obligado por las circunstancias. Y de nuevo, el rigor de la lectura de sus propuestas es tarea obligada para tomar decisiones sobre eventuales apoyos.

En lo que a nuestras preocupaciones respecta, la consideración sobre Costa Rica como escenario migratorio debe ser tomada en cuenta. Desde esta columna hemos reflexionado en extenso sobre el tema de las movilidades humanas en todas sus variantes.

Por ello, nos alerta el hecho de que en ambas propuestas programáticas no aparezca del todo en un caso o en el otro caso continúa abordándose desde una perspectiva securitaria y restrictiva alejada de los mecanismos de implementación de los derechos humanos.

Este tema no es menor en un país cuyo 12% de su riqueza es generada por el trabajo que realizan hombres y mujeres trabajadores migrantes. La invisibilización de sus aportes y la negación de su importancia social, el tratarse justamente como un “no tema”, terminan por legitimar luego conductas reprochables de discriminación y xenofobia.

Para que la calidad de la democracia costarricense eleve su nivel, todos los aspectos deben ser considerados. Comencemos por reflejarlos en su importancia social y política: todas las personas cuentan. Todas.

Patria mía, ¿adónde vas?

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Manuel Delgado

1.-

Los resultados electorales de este domingo muestran la profunda crisis política por la que atraviesa el país. En esta elección hemos cosechado el mayor porcentaje de abstencionismo de la historia reciente. En ese resultado influyó, indudablemente, la epidemia de la Covid y sus secuelas. Pero ese no fue el factor principal. El abstencionismo es el rechazo a la oferta electoral. Demuestra que nuestro pueblo no fue convencido por ninguno de los partidos y candidatos.

Esos partidos y esos candidatos, a su vez, son rechazados por muchos motivos, entre los que destacan la corrupción y la ineficiencia de los últimos gobiernos. Pero sobre todo, son repudiados por la política económica aplicada por ellos y apoyada por sus diputados, y que ha llevado hambre, desocupación, sobreexplotación y desesperanza a los hogares. Es, en resumen, un rechazo a la política neoliberal. Esta ha estado conformada por una estrategia de congelamiento de salarios del sector público y una reducción constante de los salarios del sector público; por una reducción de los derechos laborales a largo plazo, desmejorando la cesantía y las condiciones de las jubilaciones; por una persecución a las organizaciones sociales y la criminalización de la protesta social; el aumento sistemático de los impuestos a los bienes y servicios que consumen los sectores populares; a una práctica de reducción en empeoramiento de los servicios públicos; a la práctica de la represión en las huelgas, manifestaciones, luchas de los indígenas y, en general, a toda manifestación de descontento. Y, además, mucha corrupción.

2.-

La principal muestra del rechazo ha sido la vapuleada obtenida por el partido de gobierno, aun cuando este partido pretendió levantar un programa de corte asistencialista, igual al que siempre en teoría ha defendido.

El Partido Acción Ciudadana no solo no elige ningún diputado, cosa que no había ocurrido nunca con el partido de gobierno, sino que recibe una cantidad marginal de votos: apenas el 0,66%. Es muy posible que como resultado de estas elecciones, desaparezca como fuerza activa.

El PAC es, por su extracción social, un partido de la “clase media” (la denominación no me gusta mucho), lo cual incluye a sectores de servidores universitarios, profesionales, empleados públicos, educadores, estudiantes, artistas y otros. Empujado por la oligarquía, en sus dos administraciones, pero sobre todo en la última, este partido se ha dedicado a perseguir y estrujar a esos sectores. Le impuso un plan fiscal que elevó sustancialmente sus impuestos, les redujo la pensión amparados en la consigna de la derecha de acabar con las “pensiones de lujo”, alargó las edades de pensión y les bajó sus montos, rebajó sus prestaciones de retiro, les aplicó impuestos a la transacción de sus inmuebles, les quitó potestades y derechos a sus organizaciones sindicales, redujo las condiciones de trabajo de las universidades. Pero además, los sometió a una constante campaña de persecución y desprestigio, dirigida en especial contra los empleados públicos. Con estos dos gobiernos, los sectores medios han vivido acosados y atemorizados. Todo esto ha estado acompañado de una política de congelamiento de salarios y la amenaza del descenso de los sueldos de los servidores públicos, especialmente a través de la llamada ley de empleo público. Es lógico pensar, entonces, que estos sectores le hayan vuelto la espalda en estas elecciones.

3.-

Otra muestra contundente del rechazo popular al neoliberalismo lo muestran los resultados obtenidos por las agrupaciones abiertamente liberales. Los partidos Libertario, Unión Liberal y Unidos Podemos obtienen el 1,2% de los votos emitidos (el 0,65% del padrón). Por su parte, el Liberal Progresista de Eliécer Feinzaig solo obtiene el 12,3% de los votos válidos (el 6,3% del padrón).

En su conjunto, ellos cosechan el 13,5% de los votos, muy por debajo de lo obtenido por el Partido Libertario en el 2010 (20,9%) y apenas similares a los del 2014. En relación con el número de votantes inscritos, es decir, el padrón electoral, la diferencia es más clara: esta vez esos cuatro partidos obtuvieron el apoyo del 6,9% de los costarricenses, en contraste con los porcentajes reunidos por el Libertario, que fueron del 11,9% del 2010 o el 11,3% del 2014.

4.-

Similar derrota han obtenido los dos partido fundamentalistas religiosos, que en la mayoría de las ocasiones han acuerpado los proyectos neoliberales del gobierno. Restauración Nacional solo ha cosechado el 0,55% de los votos. Mientras tanto, el partido Nueva República de Fabricio Alvarado ha obtenido el 14,8%, muy por debajo del 24,9% obtenido en primera ronda de la elección del 2018.

La desaparición de esos partidos como fuerza determinante es un hecho muy positivo para la lucha popular y para la democracia costarricense. Llama, sí, la atención de que este último partido siga siendo una fuerte alternativa para los sectores más pobres de la población y que haya obtenido altas votaciones en los litorales, es especial en Limón y Puntarenas. Ese apoyo se explica por el rezago social de esas provincias, por el abandono a que han sido sometidas por todos los gobiernos, y por el debilitamiento de los partidos de los trabajadores y señala una gran tarea y una gran responsabilidad para las organizaciones populares.

5.-

Los resultados de los partidos Liberación Nacional, Unidad Socialcristiana y Progreso Social Democrático son también muestra del deterioro del discurso y la práctica neoliberales.

Tanto Liberación Nacional y como la Unidad Socialcristiana (que incluso formaron parte del gobierno) han acuerpado ese programa antipopular del que hablamos, pero sus acciones no las han podido sostener ante la opinión pública a la hora de pedir el voto porque saben que ese programa es de rechazo popular.

Por el contrario, sabían que debían de cambiar el discurso y recurrieron a la vieja triquiñuela de ofrecer el oro y el moro: casas y becas, ayuda asistencial y empleos, todo en el intento de cazar incautos.

Curiosamente la Unidad Socialcristiana no logra convertir ese apoyo parlamentario en votos para su candidata presidencial, que cae al cuarto lugar de las preferencias electorales, con un 12,3% del padrón, muy por debajo del 15,9% cosechado hace cuatro años. Aunque el padrón, como es lógico, ha crecido, el número absoluto de votos recibidos por el PUSC se redujo en 118.625 votos, es decir, costarricenses concretos que decidieron darle su apoyo a otra candidatura.

Una cosa similar es el caso del PLN. Este partido obtiene la mayoría relativa con un 27,2% de los votos, un aumento en relación con las dos elecciones anteriores (nos referimos a los votos en primera ronda), pero su apoyo representa un sector más pequeño de la población. Apenas un 14% de las personas inscritas le dio su voto.

Los dos brazos del bipartidismo, juntos, apenas reúnen en 40% de los votos emitidos y el 20% de los inscritos en el padrón electoral.

6.-

Contrario a todos los pronósticos, Rodrigo Chaves se medirá con el PLN en la segunda vuelta. Esta enigmática figura ha tenido un paso rapidísimo por nuestro país y nuestra política. Proveniente del Banco Mundial en el que laboró largos años, ha mantenido un discurso comedido en lo económico. Aunque es de presumir que profese las mismas ideas que impulsó desde su posición de funcionario de ese organismo financiero internacional, ha tenido el cuidado de distanciarse de un liberalismo expreso, muy posiblemente solo de palabra. Al revés, se presenta como un impulsor del cambio, como una alternativa novedosa, que no se compromete con ninguna de las políticas del gobierno aunque formó parte de él por un breve plazo.

Chaves es otra muestra del rechazo que siente la población por la política y los políticos tradicionales. En cierta medida, los votantes lo han apoyado como muestra de protesta frente a una política tradicional corrupta e ineficiente. Su imagen de un tecnócrata sin compromisos con la política, aunque también sin compromisos con un programa clase, atrae a muchos sectores

Hay que llamar al pueblo a no dejarse engañar por esos nuevos espejismos. Tanto él, nuevo en nuestra política, como Figueres, viejo dirigente, serán en última instancia instrumentos de la misma política: esa que impulsa el FMI, brazo gemelo del Banco Mundial, y que tiene como norte acabar con nuestro maltrecho estado de bienestar y terminar de liberalizar nuestra economía.

7.-

Con especial cuidado debemos hablar del Frente Amplio. Este partido ha obtenido una nutrida cantidad de votos: 158.991 personas han votado por él, lo que corresponde a un 8,9% de los votos válidos emitidos. Supera así el amargo bache de la elección pasada cuando solo acumuló el 0.78%, pero queda muy lejos del 17,25% obtenido en las elecciones de 2014.

Después de 2014 y durante las dos administraciones consecutivas, el Frente Amplio se mantuvo como aliado y a veces defensor expreso del partido de gobierno y de sus dos presidentes. Esa política colaboracionista lo llevó incluso, como se sabe, a convertirse en parte del gabinete de Carlos Alvarado. Ese apoyo abierto o soterrado fue muy negativo para el movimiento popular y para el electorado costarricense, pues ayudó a consolidar el apoyo de amplios sectores progresistas al gobierno y fortaleció la imagen de “izquierdista” con el que muchos sectores, incluso desde la derecha, pretendieron clasificar al PAC y su gobierno. Esa colaboración le pasó una alta factura al Frente Amplio, que, sobre todo en la elección del 2018, apechugó con buena parte del desprestigio del PAC, lo que lo llevó a obtener una votación de pesadilla.

El buen resultado de este 2022 se debe a dos factores: primero, que logró atraer a una porción importante de los seguidores del Partido Acción Ciudadana, especialmente el sector más de izquierda de este partido, los cuales, hastiados del giro a la derecha del gobierno, pretenden encontrar en el Frente Amplio el tipo de agrupación política que ellos ayudaron a forjar a comienzos del siglo, aquel joven partido que era percibido como de centro-izquierda, inspirado en las luchas populares, en especial la lucha contra el TLC, desligado de los partidos del bloque oligárquico, alzado en la consigna de defender y ampliar el estado de bienestar y el sistema de seguridad social y que decía luchar contra la corrupción y por la protección de los trabajadores asalariados y los pequeños y medianos empresarios.

Todas ellas son consignas que se amoldan como anillo al dedo al discurso actual del Frente Amplio. Pareciera que el Frente Amplio ha logrado la meta que se proponía: colocarse en el sitio que dejó libre el PAC. De hecho, su líder, presionado por la prensa, se definió a sí mismo como político “de centro”. Un exceso, me parece, para un partido que a lo sumo llega a “centro-izquierda”.

“Panta rei”, decían los griegos: “Todo discurre, todo se mueve”. Y el Frente Amplio no es la excepción. Para crecer hasta convertirse en opción de poder, este partido debe moverse, y tiene dos y solo dos cauces posibles. O vuelve los ojos a la calle y al movimiento popular y se pone al frente de su lucha contra la arremetida neoliberal, es decir, o asume un papel de izquierda, o se posiciona ahora sí en el centro, haciendo nuevas concesiones a los de arriba. Yo espero que discurra por el primero, aunque temo que él más bien va a optar por el segundo.

8.-

Y a nosotros, ¿qué nos queda? Una segunda vuelta entre un malo y otro no peor, sino igual. Porque lo peor es votar por el “menos malo”, lo peor es que uno de los dos logre posicionarse en el imaginario del electorado como “el progre” o “el agente del cambio”. Ya Figueres anda buscando lo primero, el apoyo del electorado progresista, para obligarnos a repetir la pesadilla de hace cuatro años, la pesadilla de votar por una de las dos cabezas de la hidra, decisión que nos trajo tan malos resultados.

Conflicto OTAN – Ucrania – Rusia

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Una y otra vez la humanidad asiste expectante a una puja amenazante de conflictos bélicos entre países, por territorios, recursos, poder, entre otras cosas.

Estados Unidos en su afán de expandir y consolidar su imperio, en sociedad con los países que conforman la OTAN, envía tropas y armamento, a Europa del Este, más allá de su propia frontera, a miles de kilómetros, fomentando conflictos y creando una situación beligerante, en este caso, entre Ucrania y Rusia. Ocultando los verdaderos intereses. 

Otra vez estamos inmersos en una correntada de violencia y resolución de conflictos a través de guerras, armas y muertes, cómo en una rueda destinada a repetir y repetir sin ver la posibilidad de construir un futuro en donde sea eliminada esa carrera nuclear armamentista cómo resolución de conflictos, acercando la posibilidad de un mundo más humano y no violento.

Desde el Movimiento Humanista del cual el Partido Humanista es parte, se ha venido advirtiendo sobre estas manipulaciones mentirosas y larvadas para promover la guerra y por lo cual se realizó una” Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia”, la primera en su tipo de la historia, comenzando en Nueva Zelanda y finalizando el 2 de enero de 2010 en Argentina, en la cordillera de Los Andes, en Punta de Vacas, al pie del Monte Aconcagua.

Allí se pidió por los desarmes nuclear y convencional, el retiro de tropas invasoras, la firma de tratados de no agresión entre países, la renuncia a las guerras como solución de conflictos y el repudio a todas las formas de violencia.

Muchas otras manifestaciones en contrario de la guerra se han producido en los pueblos, pero en el poder establecido no está contemplado ese clamor, se ponen intereses que van por encima de las pérdidas humanas y la barbarie de acontecimientos que lleva aparejado la arremetida de unos contra otros en el violento apoderamiento de la subjetividad de las personas, en un sistema en donde tiene como valor central el poder económico y se descarta la vida humana, mientras se hacen jugosos negocios bajo la consigna de la libertad y resguardando la paz, como en el caso de la OTAN, no queda más que decir que esto es una acción mentirosa y fraudulenta en la que unos pocos se erigen como triunfadores, mientras muchos quedan postrados en un macabro sufrimiento sin encontrar una salida y aquellas promesas de mejorar las condiciones de vida quedan convertidas en un mal sueño del que se quiere despertar, pero no se sabe cómo hacerlo.

Desde el Partido Humanista Internacional cuya metodología de acción es la No Violencia activa vemos claramente el muro que separa al humanismo del anti-humanismo, levantamos esas exigencias promulgadas en La Marcha Mundial por la Paz y la No violencia y no claudicaremos en este intento, ya que aspiramos a un mundo múltiple, a una Nación Humana Universal y por lo tanto ¡Exigimos la vida humana como máximo valor!

Equipo de Coordinación Internacional
Federación de Partidos Humanistas
8-2-2022

Domingo 6 de febrero: lo que nos jugamos es mucho

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Luis Paulino Vargas Solís

No olvidemos: el voto, cuyo significado a veces es menospreciado con ligereza, es una conquista democrática que sintetiza una larga historia de luchas. Ni surgió fácil, ni fue fácil que se universalizara, cuando por mucho tiempo fue negado a las mujeres y a una porción mayoritaria de hombres. No exijamos del voto, más de lo que éste en sí mismo representa: la democracia debe ser mucho más que el voto, pero la democracia sin voto dejar de ser democracia.

Este domingo debemos ir a votar. Creo no exagerar si digo que esta elección no es una elección más. Más aún diré: creo que están en juego cosas importantísimas.

Lo resumo así: el Estado social costarricense, con sus múltiples defectos y limitaciones, con el cúmulo de distorsiones que en los últimos 35 años le ha sido introducidos, con su debilitada y desfalleciente capacidad de liderazgo estratégico, sigue siendo un patrimonio importante, fruto de muchas luchas a lo largo de muchas décadas, y, en particular, es el logro esculpido con lucidez por generaciones enteras de mujeres y hombres, comprometidas con los valores de la paz, la democracia, la justicia social y la equidad.

Nunca, como en esta oportunidad, he visto candidatos a tal punto dispuestos a ignorar esa historia y despreciar ese legado. Nunca vi candidatos con tal ímpetu mesiánico, dispuestos a arrasar con ese patrimonio. O, para ser más preciso, sí los hubo antes, pero nunca contando con tan poderosos altavoces para hacer oír su voz e influir en el ánimo de un electorado, al que la frustración y el disgusto, lo hace más vulnerable a esos cantos de sirena.

Una cosa es evidente: el paisaje electoral costarricense se ha movido pronunciadamente hacia la derecha del espectro político. No solo hay profusión de partidos que se sitúan a ese lado de la acera, sino que, claramente, las tesis de derecha se han vuelto ruidosamente dominantes y, cada vez más, aparecen algunas propuestas bastante recalcitrantes, enredadas en posicionamientos de tono subidamente autoritario.

Son muy pocas las opciones progresistas, o, por lo menos, relativamente sensatas y moderadas, dispuestas a reconocer y valorar el legado histórico que, en su momento, hizo de Costa Rica un país líder a nivel latinoamericano, y líder, además, en muchos aspectos a la vez: por su madurez democrática y su paz social; por la relativa equidad social lograda, pero, también, por su avance económico.

Ese legado se ha debilitado de a pocos a lo largo de los últimos 35 años. Hoy hay candidatos que parecieran dispuestos a darle una patada para, de una buena vez, tirarlo al canasto de la basura.

Votaré con mucha congoja en el corazón y teniendo todo esto en mente. Mi sugerencia para usted, supremamente respetuosa, es solo una: no deje de votar, por favor, y, al hacerlo, medítelo con mucho cuidado. Lo que hay en juego, es mucho y es muy grande.

Elecciones en Costa Rica, la izquierda en la encrucijada

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Organización Política Carmen Lyra, Costa Rica, 2022

La tradición democrática costarricense posee un secreto a voces: la proscripción, invisibilización y exclusión de la izquierda durante 25 años posteriores a la guerra civil de 1948. Dicho accionar de marginación y exclusión, instaurado en el artículo 98 de la Constitución Política del 49, y reiterado por el Parlamento en diversas ocasiones a vista y paciencia del Tribunal Supremo de Elecciones, fue modificado apenas en la década de 1970. Esta condición ha provocado, sin lugar a dudas, un impacto importante sobre la percepción de la izquierda en la población costarricense, así como en la organización misma de la izquierda costarricense.

Para los años 80, el panorama centroamericano de diversos conflictos armados y la firma de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe tuvieron repercusiones sobre Costa Rica y sobre la organización de la izquierda. La escisión del Partido Vanguardia Popular en los ochentas es producto tanto de los factores internos como externos del país; y en el marco de esta escisión surgen diferentes corrientes que hasta el día de hoy continúan por caminos “distintos”, que sin embargo parecen coincidir en diversos aspectos programáticos claves.

En este contexto de escisión los movimientos sociales y la sociedad costarricense han tenido que enfrentar, desde inicios de siglo, los embates del proyecto neoliberal que ha buscado de forma permanente el rompimiento con el modelo del Estado Social de Derecho. Primero fue la lucha contra el COMBO ICE (2000), que se logró detener en las calles; después, en 2003 inició la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y su agenda complementaria, que finalmente fue aprobado con fraude electoral el 7 de octubre de 2007, en el primer referéndum dentro de la II República; por último, la aprobación del nefasto COMBO fiscal de 2018, a pesar de haber tenido las manifestaciones más grandes del siglo.

Hoy se presentan al proceso electoral costarricense 25 organizaciones partidarias diferentes, lo cual refleja la descomposición política existente y un aparente pluralismo político nunca antes visto en la historia del país. En el marco de reflexionar el papel de la izquierda en este proceso electoral, la OPCL (Organización Política Carmen Lyra) presenta a continuación un balance de los tres partidos de izquierda: Partido Pueblo Unido, Partido Frente Amplio y Partido de los Trabajadores; los tres con participación en el proceso electoral del 2022 a escala nacional y provincial.

Partido Pueblo Unido

El Partido Pueblo Unido (PU), consolidado en 2018, es una formación política que busca rescatar el nombre del Partido Pueblo Unido fundado en 1978 como una coalición entre los partidos de izquierda Partido Vanguardia Popular, el Partido Socialista Costarricense (refundado en 1973) y el Movimiento Revolucionario del Pueblo (1974). En la elección de 1982, cuando el país se encontraba en una aguda crisis económica y social, llegó a conseguir 4 diputaciones en la Asamblea Legislativa. Nótese que, pese a haber vuelto a la legalidad apenas tres años antes, ya la izquierda costarricense se había dividido en, al menos, 3 partidos, lo cual requirió que, para esas elecciones de 1978 tuviera que acudir a la figura de la coalición.

PU presenta un plan de gobierno titulado “Por una vida digna 2022-2026” en un total de veinte páginas, lo que antaño podríamos llamar el “programa mínimo”. El plan se divide en tres ejes: 1. El Estado al servicio del pueblo, 2. Desarrollo social y cultural: Salud, Seguridad Social, educación, inclusión y violencia social; 3. Economía, producción y trabajo en armonía con la naturaleza: Una economía centrada en el bienestar del pueblo.

A lo largo del plan se identifica un componente preponderante para el Fortalecimiento del Estado social de derecho, donde se pretende invertir en las instituciones públicas y se apuesta a la creación de empresas estatales para el mejoramiento de la economía y productividad del país, poniendo el bien común en el centro.

En el primer eje, se hace énfasis en rescatar el Estado Social de Derecho para convertirlo en un instrumento al servicio del pueblo. Se enfocan en la seguridad jurídica, nacional y ciudadana; así como en la revisión de la legislación pertinente a los medios de comunicación. Este eje también incluye un apartado de movilidad para mejorar la productividad, en el cual se propone la mejoría del sistema de transporte público por medio de fuentes energéticas renovables, aunque sin mencionar cuáles serían esas fuentes, así como la derogación de la Ley de Concesión de Obra Pública. El último aspecto de este eje es el de Conservación y Protección Ambiental, el cual se enfoca en la prohibición de la explotación petrolera y minera a gran escala, sin embargo, no se plantea claridad en torno a los tipos de minería que se vetarían, o qué se haría con las actividades actualmente en desarrollo. También se hace un llamado a respetar los acuerdos internacionales que Costa Rica ha firmado en materia de pesticidas y agroquímicos. Finalmente prometen continuar con los esfuerzos que han hecho los recientes gobiernos para alcanzar la carbono neutralidad.

El segundo eje aborda la temática de la Salud, la Educación y la Cultura, el deporte, la Recreación y el Arte, la Inclusión y la Salud Animal. Para la niñez y la juventud proponen principalmente fortalecer el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) con más personal y los programas de cuido. No existe un despliegue sobre de dónde o cómo se hará este fortalecimiento, así como tampoco propuestas concretas en torno a proyectos de ley nuevos para la modificación o la modernización de leyes actuales.

El último y tercer eje contiene apartados para la transformación de la matriz productiva mediante la sustitución del modelo Neoliberal que actualmente rige al país, por un modelo Económico Social Inclusivo; sin embargo, queda pendiente la definición de lo que se entiende por este modelo Económico Social Inclusivo. Además, abogan por una Reforma Agraria y Pesquera para garantizar la soberanía alimentaria. Como organización entendemos la importancia de esta propuesta, no obstante, en el plan no se proponen acciones concretas para este fin. También se abordan temáticas de economía social, política fiscal, empleo, la inversión extranjera directa, entre otros.

Es importante mencionar que los ejes que se abordan más ampliamente tienen que ver con las aspiraciones sociales y económicas. Sin embargo, se muestra un débil planteamiento en materia de medio ambiente, ya que no se abordan las temáticas que tienen que ver con el recurso hídrico (ley de aguas y tratamiento de las aguas residuales o planes hídricos nacionales). A pesar de que hablan sobre el fortalecimiento de distintos ministerios e instituciones, no se hace mención sobre la figura del SINAC y el MINAE, que, como entes administradores de los Parques Nacionales, actualmente presentan grandes falencias presupuestarias. Los recursos marino-costeros y su ley respectiva se dejan de lado, así como la problemática de la ausencia de una rectoría clara en el manejo de los recursos naturales y la protección ambiental en general en Costa Rica.

Se encuentra otra carencia importante en el tema de género, no se visualizan propuestas reales para la igualdad de género y los retos que afrontan las mujeres en el campo político, económico y social. Además, a pesar de que se habla del apoyo al Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas, no se plantea nada con respecto a las otras minorías poblacionales del país, como la LGTBIQ+ y las afrodescendientes.

Partido Frente Amplio (FA).

Fundado en 2004 con una trayectoria de 4 campañas electorales, históricamente ha mantenido una presencia principalmente en la asamblea legislativa con un diputado, siendo la excepción el año 2014 donde logró el posicionamiento de 9 diputados, teniendo 6 curules masculinos y 3 curules femeninos.

De los tres planes de gobierno analizados, la propuesta frenteamplista es la que brinda mayor estructura y diversidad de temas, lo que refleja una madurez política en torno a una posible conducción del gobierno nacional. Ausente de discursos claros en torno a la lucha de clases o la conflictividad del modelo económico vigente, el FA plantea una propuesta moderada.

Este plan cuenta con un abordaje de 25 ejes de trabajo entre los que rescatamos los siguientes: Política económica, Política Social, Derechos de las Mujeres, Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y de inmigrantes, Vivienda, Trabajo Digno, Medio Ambiente, Lucha contra la corrupción, Políticas culturales, Ciencia y tecnología, Protección Animal.Se logran propuestas concretas para la atención de aspectos determinantes en la economía actual, una diversidad de propuestas encaminadas a la reactivación económica y un fortalecimiento del Estado Social de Derecho. A diferencia de las otras tendencias de izquierda costarricense analizadas anteriormente, el FA posee un amplio bagaje en propuestas vinculadas al ordenamiento territorial y el medio ambiente, teniendo dentro de su plan una muestra clara de hacia dónde apuntar políticas para una mayor sustentabilidad en el desarrollo del país.

Dentro de los aspectos que se podrían considerar falencias se encuentra la poca o nula conflictividad con el modelo “democrático” costarricense, que como ya vimos se suele inclinar en contra de los intereses populares, así como baja conflictividad con las clases dominantes. Consideramos que este partido ha perdido mucha de la conexión con sus bases y se ha enfocado en la labor legislativa, lo cual se evidencia en el discurso político de su candidato. El FA como partido de izquierda promulga un trabajo en donde el escenario político legislativo toma un papel más importante que un discurso consecuente de izquierda. Como partido electorero el FA propone más un continuismo progresista que un verdadero cambio revolucionario.

Partido de los Trabajadores

Esta formación política se conformó en el 2012 producto de una evolución política que inició en el Movimiento al Socialismo, resultado de las disidencias del Movimiento de Trabajadores y Campesinos. Desarrolló su primera participación en elecciones nacionales en el año 2014, y en adelante ha participado en elecciones municipales y nacionales, sin obtener, a la fecha, ninguna representación en un puesto de elección popular.

El programa que presenta el PT se divide en 7 ejes principales, cada uno de ellos muestra un fuerte componente ideológico de carácter clasista, revolucionario y anticapitalista. En este sentido existe un enfoque claro de no apuntar a un trabajo político de diálogo entre sectores, ni entre la izquierda, sino de confrontación directa con la burguesía y los grupos de poder económico, además de un rompimiento con el modelo político y económico actual, para abogar por una refundación en la mayoría de los ámbitos de la sociedad.

Al hacer una revisión de la estructura que posee la propuesta de Plan de Gobierno, se puede determinar que los componentes más fortalecidos se ubican dentro de aspectos como el empleo y el salario, con más de 36 propuestas concretas entre las que destacamos: la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el aumento del salario mínimo y el reconocimiento por parte de patronos de todos los trabajadores de plataformas digitales. El segundo componente de peso es lo referente a servicios como salud y educación. Varias de las medidas propuestas por el PT se encuentran dentro de un abanico de luchas que el movimiento sindical y social ha venido dando en las últimas décadas como son aumento del presupuesto en educación pública, congelamiento del precio de los alquileres o garantizar el financiamiento de la salud pública sin endeudamientos. No queda claro cuál sería el sustento económico de esas reformas.

Es importante hacer énfasis en que los puntos más débiles que posee el plan planteado por el PT se vincula a los temas ambientales, de donde no se pueden extraer con claridad las propuestas a nivel ambiental, qué se hará con la ley de aguas, qué se plantea trabajar o reformar entorno a instituciones como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), o medidas para la protección de riquezas naturales terrestres y marinas del país. Situación similar sucede con lo vinculado al ordenamiento territorial, concepto ausente dentro del plan, dado que si bien dentro del plan se plantean “agresivos planes” de infraestructura en obra pública, no hay una claridad en torno a cómo plantean disminuir o compensar los impactos de dicho desarrollismo, u ordenar la situación a nivel nacional en este tema.

Reflexión final

Las propuestas de la izquierda para este proceso electoral 2022 coinciden de forma plena en los siguientes 10 puntos:

  1. Detener el proceso de tercerización y privatización de las entidades públicas
  2. Reconocer los derechos plenos de las personas trabajadoras de los sectores digitales (como DiDi, UbeEats, Uber, Pedidos Ya!)
  3. Desarrollar las fuerzas productivas del país con sostenibilidad, soberanía, responsabilidad y distribución de la riqueza
  4. Mejorar el sistema educativo vigente con énfasis en condiciones de infraestructura y laborales
  5. Desarrollar políticas agresivas de inclusión y promoción de trabajo para las mujeres
  6. Reactivación económica a partir de una reforma fiscal progresiva
  7. Mejorar las condiciones laborales aumentando el salario de las personas trabajadoras
  8. Respetar y buscar garantizar la autonomía de los pueblos indígenas
  9. Fortalecimiento de las instituciones de seguridad social
  10. Un Estado laico

El modelo electoral costarricense posee una serie de sesgos, por ejemplo, las listas cerradas y bloqueadas a diputaciones, que permiten únicamente votar por listas de personas aspirantes de los partidos políticos y sin la posibilidad de cambiarse o modificar su orden, así como no permite candidatos únicos; además el método del subcociente como barrera legal para la participación por plazas en el ámbito de las elecciones parlamentarias provoca distorsiones en el comportamiento del voto, que no aportan ni ayudan a tener una representación más plural de ideas, sino todo lo contrario, ayudan a que el poder se concentre en algunas fuerzas políticas, que, como es tradición, ya han logrado amasar un flujo de votos y presupuestos que convierte las contiendas electorales en un escenario imposible para pequeñas o medianas fuerzas políticas.

A estos sesgos político-electorales de carácter nacional, se suma la manipulación de opinión a través de los medios de comunicación hegemónicos y las redes sociales. Actualmente muchas de las campañas políticas se basan en la imagen e interacciones en redes sociales, lo cual puede estar incluyendo sobre todo en el voto joven. Las autoridades electorales no poseen controles en redes sociales, ni sobre la veracidad de la información ni de los perfiles o seguidores de cierta afiliación política. Así mismo, la información que se distribuye a través de redes sociales, al igual que en los principales medios de comunicación tradicionales, tiene mucho que ver con el capital económico del partido político, resultando en una exclusión ex profeso de otras corrientes políticas con menos capital.

Bajo este escenario de “tradición democrática”, consideramos que la izquierda costarricense no ha logrado hacer una lectura dialéctica del contexto. Debilitada por un vicio de atomización, cada una de sus fracciones hace un nicho propio de lucha que, ante un escenario electoral, no queda claro cuáles y dónde están las fuerzas vivas que sostienen o canalizan el descontento ante el evidente fracaso del modelo neoliberal; cayendo y reproduciendo lo que el enemigo estructural quiere: dividir y vencer cualquier oposición. En este sentido, observamos que la única forma de vencer el modelo económico neoliberal es la unión de las corrientes de izquierda en el país, de manera que podamos continuar avanzando en la reconquista de las garantías sociales, políticas y ambientales del estado y la sociedad.

Pese a que en los úlitmos 25 años ha habido un descontento popular frente a las políticas neoliberales, los partidos de izquierda no han sabido canalizar ese decontento y ofrecer un frente permanente suficientemente robusto como para que se refleje en los procesos electorales. Ese descontento ha sido absorbido por una propuesta de centro izquierda que no vacila en invocar el anticomunismo cuando se habla de reformas sociales más profundas o que prioricen a la clase trabajadora o al sector público. No hay voto que logre salvar el panorama; a pesar de que existen propuestas concretas y amplias como las del FA, aunque exista un espíritu combativo y claro antisistema por parte del PT, o PU que nos presenta un romántico plan de volver al desarrollo del capitalismo con rostro humano del siglo XX y a intención del programa mínimo.

La única forma de poder ganar espacio en la contienda electoral es bajo una coalición de la izquierda, una coalición que bajo un programa mínimo de consignas se unifique y trabaje de forma conjunta con equidad representativa. Sin embargo, esta coalición debe gestarse y operar más allá de lo meramente electoral y surgir del intercambio de experiencias con las luchas y necesidades de las fuerzas vivas, comunales, sindicales, gremiales y estudiantiles.

Cinco propuestas para la ciudadanía costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Foro de Confluencia Solidaria y Red MMT Costa Rica
01 de febrero de 2022
Tiempo de lectura: 13 minutos

Durante las últimas cuatro décadas, Costa Rica -al igual que la mayoría de países del Sur Global- ha perseguido un modelo de desarrollo basado en el crecimiento con base en las exportaciones, liberalización de la inversión extranjera directa y de los mercados financieros, apertura de empresas estatales y promoción del turismo. A pesar de algunas ventajas y periodos de crecimiento, este modelo ha resultado en una de las mayores crisis vividas por la sociedad costarricense desde la segunda mitad del siglo XX. Entre los aspectos más determinantes de esta crisis se pueden señalar:

  • niveles de pobreza y desempleo persistentemente altos, así como una desigualdad social que ha crecido en las últimas décadas, con la correspondiente inseguridad laboral, financiera, física y alimentaria de un importante porcentaje de la población, especialmente de mujeres, trabajadores migrantes, grupos minoritarios, personas vulnerables y fuera de la edad productiva;
  • un deterioro de la capacidad pública para garantizar el acceso universal a la vivienda y el empleo dignos, la salud, la educación, el crédito, la seguridad y otros elementos esenciales para una vida gratificante;
  • una creciente desconfianza en las instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, en los mecanismos garantes de la democracia y en los partidos políticos, así como un aumento en la inseguridad ciudadana y los índices de violencia.

Estas y otras realidades requieren de una observación responsable, de intercambios respetuosos, solidarios y de un cambio profundo en la comprensión del marco institucional y de las herramientas legales, económicas y políticas que están al alcance de la colectividad para la búsqueda del bienestar de todas las personas. Costa Rica tiene la capacidad para ofrecer vivienda, salud y educación de calidad a todos sus habitantes, empleo para todas las personas con deseo de trabajar y seguridad social para quienes por diferentes razones no pueden hacerlo. Para ello, debemos colocar la ley y la economía al servicio de las personas, y no a las personas al servicio de éstas. En este sentido, el eje de economía del Foro de Confluencia Solidaria y la Red MMT Costa Rica hacen un llamado a la ciudadanía, a los partidos políticos y a las candidaturas a puestos de elección popular a reflexionar críticamente y tomar en consideración las siguientes propuestas que consideramos esenciales para construir una sociedad más próspera, justa y resiliente.

1. Garantía pública de empleo

La garantía pública de empleo o política de trabajo garantizado (TG) es una alternativa al desempleo cada vez más discutida en el plano internacional. Actualmente, el desempleo se utiliza como un estabilizador de precios. Es decir, para controlar la inflación se toman medidas que aumentan o mantienen el desempleo para disminuir el consumo de la población y de este modo evitar un aumento en los precios de los servicios y bienes de consumo (a lo que nos referimos comúnmente como inflación). En cambio, la garantía pública de empleo busca cumplir el mismo objetivo de estabilización de precios con una opción de empleo transicional distinta del régimen de empleo público. El programa funciona como estabilizador automático, aumentando el número de personas empleadas en él cuando baja la actividad del sector privado y reduciéndose cuando ésta crece.

Su objetivo es emplear toda la capacidad productiva del país ofreciendo un trabajo temporal con salario digno a todas las personas que así lo requieran. El programa debe ser lo más pequeño posible y ocuparse de actividades no realizadas por el sector público ni privado. Se puede implementar por etapas, con diferentes mecanismos de pago y enfocarse en áreas de trabajo estratégicas de construcción de capacidad productiva, infraestructura, descarbonización, economía de los cuidados, educación y cultura, entre otros. Es un programa financiado por el gobierno central y administrado localmente según las necesidades específicas de cada comunidad. Finalmente, el programa de garantía pública de empleo podría ser complementado con una renta o ingreso básico para aquellas personas que no puedan participar en el programa.

2. Reconcebir las finanzas públicas

Los fundamentos económicos de la austeridad fiscal han sido ampliamente refutados desde hace al menos dos décadas. El análisis convencional de las finanzas públicas parte de la premisa de que un gobierno se debe comportar igual a un hogar o una empresa del sector privado. En otras palabras, se sostiene que el gobierno debe mantener el mismo tipo de equilibrio presupuestario que el resto de los agentes de la economía.

No obstante, si se considera la economía en su conjunto, los balances positivos de un sector (público, privado o externo) deben venir necesariamente de alguno de los otros sectores. Esto quiere decir que para que un gobierno tenga balances positivos (superávit), es necesario que el sector privado nacional o el sector externo (o ambos) tengan balances negativos (déficit). Por lo tanto, si se quiere apelar al “saneamiento” de las finanzas públicas debe tomarse en cuenta que un balance positivo del gobierno significa, entre otras cosas, una disminución de la capacidad financiera de la población como un todo y, en especial, de los sectores más vulnerables.

Por esta razón, la mayor parte de las economías a nivel mundial han operado históricamente y operan en la actualidad con déficits públicos sostenidos (con excepción de períodos breves de algunas potencias exportadoras) sin que esto implique una amenaza para su estabilidad en el futuro. Al contrario, las medidas de austeridad fiscal implementadas alrededor del mundo han tenido consecuencias negativas. El ejemplo más claro ha sido Europa durante la crisis del euro, donde las medidas de austeridad han ralentizado su recuperación económica y su efecto ha sido especialmente devastador en países como Grecia, Italia o España.

Debido a su naturaleza procíclica, las reglas fiscales han tenido un efecto negativo en las economías en que han sido utilizadas. En momentos de depresión económica, han causado una disminución aún mayor en el consumo cuando lo que la economía requiere es lo opuesto, tal y como se ha observado en el contexto de la pandemia.

No existe ninguna base teórica ni respaldo empírico suficiente para establecer una restricción arbitraria de la capacidad financiera de un gobierno. Por el contrario, si queremos una sociedad que asegure el bienestar de su población (incluyendo sus generaciones futuras), es necesario que se invierta en crear las condiciones necesarias en términos de vivienda, salud, educación, empleo, infraestructura y otros.

3. Aumentar la capacidad productiva local en áreas estratégicas

La pandemia ha dejado claro que es vital que los países posean un alto grado de capacidad para producir dentro de su territorio el alimento y la energía que consumen, así como ciertas tecnologías cruciales para el bienestar de la población, en particular medicamentos y vacunas. Para esto se requiere de un plan nacional que contemple inversión en educación, investigación científica y tecnológica endógenas en áreas de importancia estratégica, promoción de sistemas de agricultura sostenibles y ecológicos de alimentos esenciales con una baja huella de carbono y de capacidad de producción farmacéutica a nivel público.

Para disminuir la vulnerabilidad que representa la dependencia energética del país, es imprescindible reducir drásticamente la importación de combustibles fósiles a través de medidas como desincentivar el transporte privado individual, implementar un programa de transporte colectivo urbano eficiente, promover el uso de la bicicleta, la producción local de biocombustibles de forma sostenible y el transporte eléctrico. Solo con un mayor grado de capacidad alimentaria, energética y tecnológica local se logrará fortalecer el estado de bienestar y dotar al país de la resiliencia necesaria para soportar crisis y shocks externos. Algunas de las áreas en las cuales Costa Rica tiene una amplia capacidad de competir son la industria y el turismo médicos, la educación, el desarrollo de energías renovables, la informática y otros.

Además, el gobierno debe mejorar su capacidad de gestión. Parte de la solución debe involucrar una estrategia, preferiblemente aprovechando y expandiendo el ecosistema actual de código abierto, para desarrollar los sistemas informáticos que permitan digitalizar procesos y facilitar la coordinación entre las diferentes entidades públicas. Esto, a su vez, requerirá de una expansión de la infraestructura digital del país, que puede ser también aprovechada por el sector privado. Las pequeñas y medianas empresas se verían especialmente beneficiadas, ya que la infraestructura que tenemos actualmente está orientada a las necesidades de empresas de mayor tamaño.

Todas estas medidas aumentarían la capacidad productiva del país para tener una economía más resistente a eventos fuera del control interno como, por ejemplo, incrementos de precios en los mercados internacionales. La capacidad para ejecutar esta estrategia ya existe en el país, pero hasta el momento no ha existido la voluntad política para dirigir los recursos necesarios.

4. Reducir progresivamente el endeudamiento en monedas extranjeras

Actualmente, el endeudamiento en moneda extranjera se justifica apelando a dos motivos principales. El primero es reducir el gasto público por concepto de pagos de interés sobre la deuda. El segundo es por la necesidad de importación de distintos bienes y servicios. El problema del endeudamiento en moneda extranjera, tanto público como privado, es que tiene un efecto distorsionante de las prioridades colectivas, pues ante la necesidad de invertir en políticas que mejoren la capacidad productiva y la calidad de vida de las personas, se impone un incentivo de protección del tipo de cambio. Proteger el tipo de cambio tiene la utilidad de estabilizar el precio de los bienes y servicios esenciales que son importados, pero también es una herramienta que protege el precio de las importaciones de lujo. Para proteger el tipo de cambio, generalmente se imponen políticas de austeridad que afectan negativamente a las poblaciones más vulnerables y que son susceptibles a la especulación financiera de diferentes entidades nacionales e internacionales.

Además, la deuda pública en moneda extranjera tiende a estar condicionada a la implementación de políticas -generalmente de austeridad- dictadas por entidades internacionales que no están sujetas a procesos democráticos. Todo esto crea un círculo vicioso donde la economía no tiene la capacidad necesaria para aumentar su productividad y se vuelve más dependiente de las importaciones. Dicha dinámica se agrava en períodos de crisis, en los cuales se genera un mayor endeudamiento para continuar importando. Este efecto negativo fue experimentado con fuerza durante la crisis de la deuda externa latinoamericana a principios de la década de 1980, desencadenada por la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de aumentar abruptamente las tasas de interés en dólares en el marco de una crisis inflacionaria global. En general, el país no tiene control real sobre las tasas de interés en dólares, por lo cual su aumento desestabiliza directamente la economía local. En contraste, las economías desarrolladas no tienen deuda pública en moneda extranjera a pesar de que también requieren de importaciones.

Por otra parte, el endeudamiento externo no es la única vía para reducir el costo de la deuda y tampoco para importar bienes y servicios. Para cumplir con sus objetivos de estabilidad macroeconómica, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) implementa política monetaria que busca aumentar o disminuir las tasas de interés a corto plazo en la economía. Para esto, vende bonos de estabilización monetaria que afectan las reservas del sistema bancario y provocan un aumento en las tasas de interés (una mayor cantidad de reservas presiona a la baja las tasas de interés, mientras que una menor cantidad de reservas las presiona al alza). El gasto público aumenta las reservas del sistema bancario, mientras que el cobro de impuestos y la venta de bonos por parte de Hacienda (un aumento en la deuda pública) contrarresta dicho aumento. El efecto de estos bonos en la economía es el mismo, independientemente de que los emita el Ministerio de Hacienda o el BCCR. Entonces, el BCCR podría coordinar la venta de bonos con Hacienda, lo cual en general bajaría las tasas de interés de los bonos de Hacienda al mismo nivel que la tasa de los bonos de estabilidad monetaria que emite. Si esto no es suficiente, el BCCR podría comprar bonos de Hacienda directamente en el mercado primario (tal como se hace, por ejemplo, en Canadá) y luego venderlos o emitir sus propios bonos de estabilidad monetaria para cumplir con sus objetivos. Finalmente, también se debe considerar el uso de herramientas de política monetaria alternativas a cambios en las tasas de interés como controles directos de crédito u otros.

En cuanto a la necesidad de importaciones, una alternativa al endeudamiento es la compra de las divisas extranjeras necesarias. Evidentemente, esto implica un riesgo de presión al alza en el tipo de cambio (devaluación) que, a su vez, representa un riesgo de estabilidad financiera según el nivel de endeudamiento público y privado en moneda extranjera. Debido a esto y a que el tipo de cambio responde a factores que están fuera de nuestro control, tal como lo hemos visto durante la pandemia, es necesario reducir progresivamente el endeudamiento en moneda extranjera. Paralelamente, el aumento en los costos de las importaciones puede ser manejado con políticas dirigidas específicamente a determinados bienes o servicios.

5. Implementación de medidas para aumentar la progresividad

El fenómeno de la desigualdad es una problemática global que se ha intensificado durante las últimas décadas. Todavía en la década de los ochenta, Costa Rica estaba posicionada como uno de los países más igualitarios de la región. A partir de los noventa, esta condición se fue deteriorando al punto en que hoy el país se encuentra entre los más desiguales del mundo. Esto se relaciona directamente con altos grados de inseguridad, violencia y desconfianza en las instituciones.

La concentración de poder económico ocasiona una concentración de poder político que debilita la democracia y la economía. Esto opera en diferentes niveles, pero puede llegar al extremo de manifestarse en casos de corrupción y colusión como los que recientemente se han denunciado entre poderosas empresas privadas y sectores del aparato estatal. Además, este exceso de poder adquisitivo en pocas manos se traduce en un consumo insostenible y en un deterioro de los recursos naturales del país. Ante esta situación, se hace necesaria la implementación de impuestos progresivos según los cuales los ciudadanos con mayor riqueza paguen más impuestos, mientras que aquellos que tienen una menor capacidad adquisitiva paguen menos. Esto difiere de impuestos regresivos como el IVA, con el cual las poblaciones con menores recursos pagan un monto relativo a sus ingresos mayor que el de otros sectores de la población. Un ejemplo de un impuesto progresivo sería un impuesto escalonado sobre la riqueza.

Otra ventaja de los impuestos progresivos es que tienen un carácter contracíclico: su recaudación disminuye en períodos de menor actividad económica y aumenta en períodos de mayor actividad. Por último, también es importante implementar políticas predistributivas cuyo objetivo sea empoderar y promover el bienestar de nuestras comunidades, así como implementar políticas que regulen el poder y la influencia de los diferentes actores de la sociedad.

La soga en la casa del ahorcado

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Al arribar a su final, se puede concluir que esta campaña electoral de cara las elecciones de este 6 de febrero, sigue sin mostrar la profundidad que ha debido tener ante la grave crisis múltiple que enfrenta Costa Rica en este duro y desafiante presente.

Casi todos los candidatos presidenciales se han dedicado a endulzar los oídos de los electores, practicando una comunicación política camaleónica. Sus estrategias de campaña se han centrado en ganar electores, o no perderlos si ya consideran que los han conquistado, evadiendo la apreciación diagnóstica rigurosa de la realidad del país. Consecuentemente, no han ahondado en soluciones que se ajusten a la gravedad de los problemas que enfrentamos como sociedad. Ese abordaje tangencial apenas ha rozado el epitelio de los problemas, desafíos y propuestas de solución que demanda el país, según hemos notado en entrevistas y declaraciones de la mayoría de los candidatos, así como en los debates presidenciales.

Un ejemplo concreto de esta situación lo hallamos en el tema de un posible impuesto a las llamadas Zonas Francas; las cuales se han convertido en un componente importante de la economía costarricense. Al definir qué es una Zona Franca, el artículo 1 de la Ley N° 7210, expresa que “es el conjunto de incentivos y beneficios que el Estado otorga a las empresas que realicen inversiones nuevas en el país, siempre y cuando cumplan los demás requisitos y las obligaciones establecidos en esta ley y sus reglamentos.”

Los incentivos y beneficios que el país les otorga a diversas empresas que se han acogido al Régimen de Zonas Francas (RZF), han hecho que este sector –desde que se establecieron las primeras empresas en el año 1990–, haya crecido significativamente a los largo de los últimos 30 años. Valga destacar que durante el gobierno de Carlos Alvarado se sumaron 153, con lo que actualmente existen 546 empresas beneficiarias de este régimen.

Un incentivo que se vuelve muy atractivo para las empresas que se acogen al RZF, son las múltiples exenciones tributarias que ofrece el país. En este sentido, un dato publicado recientemente por el “Semanario Universidad”, es muy ilustrativo: En el año 2019, las exoneraciones en las Zonas Francas alcanzaron la suma de 375.784 millones de colones; lo que equivale a 1,04 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Cuando en los intercambios entre los candidatos y los partidos, lo mismo que en la propaganda prevaleciente, se ha asociado el crecimiento del RZF casi exclusivamente, a tales exenciones impositivas, se atisba un claro reduccionismo argumental. Siendo como lo es un atractivo muy importante, desde luego que no es el único. La histórica estabilidad política y social del país, los servicios que brinda, un Estado de Derecho robusto, la formación académica y técnica de un sector de la población, el bilingüismo que ofrecen muchos potenciales trabajadores y, desde luego, la cercanía sus con casas matrices, sobre todo las ubicadas en Estados Unidos, constituyen componentes (que combinados), han convertido al país en un país atractivo para la inversión extranjera directa (IED) y para que muchas compañías se hayan acogido al RZF.

Como se ha indicado, aun cuando la economía costarricense sufrió los duros embates de la pandemia de la Covid-19, el sector de las Zonas Francas siguió creciendo, manteniendo un significativo dinamismo. El sector creció un 8 % en producción y generó alrededor de 20.000 empleos nuevos en 2020.

Todo indica que en este año 2022 y venideros, las empresas extranjeras atraídas por el RZF pueden seguir arribando al país por dos factores combinados. Por un lado, muchas empresas estadounidenses asentadas en China esterarían considerando su migración, porque en los últimos años los salarios en ese país se han incrementado entre un 10 y 15 %, con lo que el atractivo de mano de obra muy barata ha empezado a desvanecerse. Por otra parte, el altísimo aumento en los costos de los fletes en el transporte marítimo, están generando un incremento significativo en el costo de las mercancías al arribar a sus destinos de venta al por menor.

Así el llamado “offshoring” está convirtiéndose en “reshoring”; es decir empresas que tenían asentada la producción lejos de Estados Unidos, están desarrollando procesos de retorno. Este proceso se empezó a desarrollar con el gobierno de Donald Trump, cuando su administración decretó un paquete de medidas para incentivar la producción nacional y recuperar empleos perdidos. Eso tuvo un efecto breve pero no tan relevante como se esperaba. Mientras tanto la administración de Joe Biden ha buscado incentivar el “reshoring”, con el fin de resolver los problemas en las cadenas productivas, que han hecho que anaqueles de supermercados y almacenes, se hayan mostrado vacíos en los meses recientes.

Es dentro de este contexto que el propósito de seguir atrayendo IED y que compañías estadounidenses lleguen a las Zonas Francas, se convierte en una posibilidad real para el país, en el marco del denominado “nearshoring”, que es la alternativa a la repatriación productiva y que significa que las empresas desarrollen su producción en el “vecindario”. Y Costa Rica está relativamente cerca de Estados Unidos. Este es un factor a considerar seriamente a la hora de ofrecer las ventajas comparativas del RZF costarricense en la presente coyuntura.

Así las cosas, ofreciendo tantos atractivos, ¿Por qué casi todos los candidatos presidenciales no entran a considerar fijar un impuesto, justo y razonable, a las jugosas ganancias que obtienen las empresas ubicadas en las Zonas Francas? En entrevistas y debates, los candidatos reaccionan tan rápido como tensos resortes, rechazando la idea aun cuando la obtención de recursos frescos es un imperativo ante la grave situación económica y fiscal que enfrenta el país y para poder estimular y desarrollar un sector económico tan alicaído como el conformado por los productores nacionales, medianos, pequeños y micro emprendedores, que no cuentan con ningún tipo de estímulos y exoneraciones de impuestos.

Sin duda que es necesario darle impulso a la estrategia de desarrollo del RZF, creando las condiciones para que éstas se ubiquen no sólo en la Gran Área Metropolitana. Es urgente y necesario que se sitúen también en zonas rurales y costeras, a fin de abrir oportunidades laborales en esas regiones. Por supuesto, al mismo tiempo que se ofrecen oportunidades educativas en carreras que hagan que trabajadoras y trabajadores de esas zonas, adquieran los conocimientos técnicos para aprovechas esas oportunidades.

Pero insisto: ¿Por qué prácticamente se sataniza la posibilidad de que se fije una tasa impositiva que permita que esas empresas contribuyan al desarrollo del país, en un aspecto que no sea solo la contratación de trabajadores?

Es bien sabido que habitamos un país donde la evasión fiscal, la elusión y el contrabando impiden la recaudación de los urgentes ingresos para atender las obligaciones de la deuda, las inversiones públicas, los programas sociales y, en general, el desarrollo del país. Hace falta un Gobierno que realmente le ponga coto al no pago de impuestos, de grandes empresas y personas sumamente ricas. Solo de esta manera, se puede reducir la desigualdad y la repudiable concentración de la riqueza en pocas manos. Por otro lado, la necesidad de una reforma fiscal, progresiva y justa sigue siendo un tema pendiente.

Pienso, en suma, que desde las Zonas Francas podrían provenir recursos que ayuden al mejor desarrollo de Costa Rica, sin afectar en forma significativa los estímulos y condiciones favorables que el país ofrece mediante el RZF. No se trata de afectarlas sino buscar una solución justa y razonable para el país y las empresas, especialmente por los desafíos que impone el periodo pandémico y post pandémico que vivimos. Por eso no se justifica que en un tema de debate tan relevante en está gélida campaña electoral, casi todos candidatos, partidos y la mayoría de los medios informativos, lo hayan tratado como si se hablara de la soga en casa del ahorcado.

(2 de febrero, 2022)