SURCOS publica un video de Giovanni Beluche Velásquez como homenaje a los pueblos indígenas en su día. La producción fue compartida con este medio por Arabella Salaverry.
En la exposición, Beluche expone datos significativos sobre los pueblos indígenas.
¡Basta ya! con del velo verde sobre la realidad ambiental del país, y si todavía queda tiempo, profundicemos la denuncia y exijamos del Estado, su obligación ineludible con la vida ecológicamente sana en esta Nación; según lo demanda la Carta Magna y el bloque de legalidad aún vigente. A la vez, si el gobierno de la República, “enchompipado” en sus intereses también odia hasta la referencia a las crisis que padecemos1 pues es claro que, otros son sus propósitos; en vista de las elevadas cifras de violencia social y la destrucción ambiental de la situación cuyos estragos cunden en este país, es un deber aceptar que, el fondo se observa lejos y a las autoridades es a quien menos interesa. Por esto y mucho más, es hora de que, por ejemplo, los cientos de asesinatos durante el presente año en su mayoría calificados como “ajuste de cuentas” y los más de 10 mil incidentes ambientales del 20222, para algo diferente o “más que noticias” deben servir.
Respecto a los incidentes (quejas y denuncias) registrados sólo en un año por parte de cuatro entidades estatales y que, como describe el medio informante, “más del 90% corresponden a perdida de la biodiversidad causada por acciones humanas”; estos, son efectivos hechos de impacto negativo sobre el ambiente. Pensemos por lo tanto en miles de actividades, obras o proyectos en desarrollo; los cuales, bajo la eficiente aplicación de la legislación ambiental (Ley Orgánica del Ambiente, Ley de Biodiversidad) y así prevenir sus daños, deberían haber sido evaluadas por parte del Órgano responsable. Además, informa la Contraloría Ambiental3 que, de las 6318 denuncias ingresadas durante el mismo año 2022 al Sistema Integrado de Trámite de Denuncias Ambientales (SITADA), la Setena sólo investigó (atendió) la insignificante cifra de 28 denuncias de ese total. Este dato específico, es un detalle en apariencia asociado a lo establecido en el Reglamento General de Evaluación de Impacto Ambiental, en cuanto a su deber de cumplir el trámite correspondiente, sólo de las denuncias sobre casos que abrieron expediente en esta Institución evaluadora, aunque no hayan concluido con la obtención de la Viabilidad Ambiental (Capítulo V -Reglamento General).
Sin embargo, dicho detalle es al mismo tiempo relevante y significativo, si en atención a esas denuncias anuales y el tratamiento que reciben algunas por parte de la Setena, con los mismos datos oficiales inferimos que, la evaluación de impacto ambiental (EIA) de actividades, obras o proyectos en concordancia con la Constitución (Artículo 50), ley Orgánica del Ambiente (Artículo 17) y Reglamento (D.E. 31849 y reformas) se está violentando tanto por acción como por omisión. Vale preguntar hasta aquí ¿De cuál otro instrumento técnico científico diferente y superior a la EIA, dispone el Estado costarricense para forjar el desarrollo ambientalmente sostenible y por consiguiente garantizar la vida saludable en este territorio? También ¿Por qué si está vigente el cuerpo normativo que establece y regula la EIA, la práctica demuestra que estas obligaciones no se están cumpliendo?
Es fácilmente constatable que, casi desde la promulgación del cuerpo de normas citado, experimentados especialistas en derecho ambiental, de buena fe le han señalado algunos errores u omisiones necesarias para honrar la debida progresividad y obvio mejoramiento, pero que nunca han tenido eco por parte de las autoridades competentes de hacerlo efectivo. En su lugar, sí han llevado a cabo muchas reformas reglamentarias y leyes de naturaleza netamente regresivas (Ej. zonas francas, caminos, torres de telecomunicaciones); especialmente durante los últimos diez años. En esta línea, se encuentra hasta hoy el nuevo Reglamento4 que, sólo espera unos días para entrar en vigencia; por su parte y quizás en meses, también habrá nueva ley según el expediente legislativo No. 23.213.
De manera que, esa es la principal razón por la cual, la Institución Rectora de la EIA (Setena), hoy yace agonizante frente a los daños ambientales que seguirán en aumento y multiplicando la fuerza destructiva de los eventos naturales extremos. Mientras tanto, el caballo troyano llamado reactivación económica y efectivamente neo extractiva; la cual, no es y tampoco será nunca sostenible ni inclusiva, continuará la concentración y exportación de toda la riqueza que generan nuestros recursos hasta su extinción. Consecuentemente, acrecentando los estragos apuntados junto a más desempleo, la precarización del trabajo y el desfinanciamiento institucional de la salud pública, tanto como otros servicios sociales. Así repitan desde el gobierno, que el espíritu conservacionista lo llevan en su ADN.
Decíamos que la Setena sólo espera el “disparo” final de su defunción, y por ende, retroceder institucionalmente 30 años en el proceso de la EIA, pues desde la creación de la llamada CONEIA, su antecesora adscrita al entonces MIRENEM (Decreto No. 23783-1994), fue constituida como Órgano técnico de desconcentración máxima; y así sucede. En lo inmediato el primer paso ya ejecutado, es la derogación de su Reglamento General de la EIA mediante el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA). Luego seguirá la eliminación de su máxima instancia colegiada para la toma de decisiones conocida como comisión plenaria, así como, la desaparición como Institución de desconcentración máxima, por medio del proyecto de ley referido. Es decir, algo sui géneris, primero reglamentan y luego adecuan la Ley. Tómese en cuenta también que, aunque con otra función y quizás alcances menores pero complementarios, una similar situación se proyecta contra el SINAC, CONAGEBIO y otras imprescindibles entidades comprendidas en ese proyecto de ley del expediente anteriormente citado. Se ha informado que, dicho proyecto cuenta con el respaldo mayoritario de diputados. Obviamente nada extraño en el poder de la República donde hace años, la representación del pueblo es una aberración por parte de tales mayorías.
Además, desde la primera intervención oficial a la Setena decretada durante la administración Chinchilla5 y las diferentes acciones regresivas cada vez más severas por parte de las administraciones Solís, Alvarado y la actual; se propusieron su “modernización y remozamiento” a toda costa, especialmente del ambiente, principal capital a conservar mientras contribuya a su mercantilismo. Vale puntualizar que, durante estos años, el número total de la planilla laboral de la Setena se ha mantenido en un promedio de 80 a 90 funcionarios. De ellos, los profesionales técnicos encargados de la EIA y distribuidos en tres departamentos técnicos, ha sido inferior a 50 para cubrir la demanda del fundamental servicio evaluador para todo el país, lo cual, entre los años 2014-2019 era de aproximadamente 2300 proyectos, obras o actividades por año; por lo tanto, es notable que, el recurso humano siempre fue insuficiente para el cumplimiento cabal.
Sin embargo, las preocupaciones reales por esa “modernización institucional”, se debe decir, no ha sido para mejorar la labor institucional y la normativa específica; sino, en unos casos para eliminar los procesos evaluativos y con los otros que dejan, debilitarlos; a esto último le llaman “adelgazamiento (reducción)” según informe 2021 -pg.19. Y para ello, además de preponderar la economía procesal más una supremacía indebida de la ley 8220; en julio del 2019, se ejecutó la reforma reglamentaria más regresiva hasta ese momento hecha, mediante el Decreto Ejecutivo No. 41.815, con el cual, se relegó el proceso para el 54% de los trámites de EIA que hasta dicho momento se presentaban; según los datos aportados por el propio gobierno6,7.
Pero esa no fue la única medida tomada en la misma línea, lo cual, se puede observar en los informes anuales de labores 2021 y 2022, donde encontramos que, para esos dos años, la cantidad de expedientes recibidos por la institución fue de 1962 y 2199 respectivamente8,9. De la primera cantidad no recibió la EIA el 65% (1276), de la segunda el 60% (1317); obviamente como efecto directo de la reforma reglamentaria. Las restantes cantidades de cada año y que mayoritariamente representan la aplicación del instrumento de evaluación D1, sí recibieron el proceso, pero previamente adelgazado. La prioridad repetidamente expuesta, ha sido y es reducir los costos económicos, así como los tiempos de tramitación en lo que queda para atender; casi todo convertido en ligeros trámites administrativos.
Estos son resultados de la “modernización” en la que como dicen falazmente sus promotores y jefes, prevalece el compromiso de construir una mejor SETENA. También, por medio de la cual “Uno de los objetivos más importantes que hoy nos direccionan es trasladarnos a de un modelo de EIA de escritorio a un sistema de seguimiento ambiental…” Y, “Siempre buscando cumplir con los objetivos de la institución, logrando automatizar y simplificar trámites, sin caer en regresión ambiental”. “Existe una SETENA que se ha modernizado, se actualizado tanto en estructura como a nivel de conocimiento del personal, donde los funcionarios tienen claro las aplicaciones a la EIA, y lo importante de acatar lo que establece la Ley 8220, las competencias institucionales, cuyo resultado es una institución comprometida con los objetivos de desarrollo sostenible y con un servicio de calidad al usuario”. Como se dijo en un artículo anterior, tanta claridad existe en estos funcionarios sobre las aplicaciones a la EIA y el compromiso institucional que, su jefe, hace pocos meses expuso ante diputados y representantes comunales del cantón de León Cortés que, “la Setena no es quien hace esta evaluación”.
En fin, informes oficiales como los referidos, leídos con detenimiento nos permiten comprobar el mar de deficiencias y contradicciones internas en la gestión de esta institución pública, la cual, posee encargo de las más altas responsabilidades científicas y técnicas para el país y el Planeta. Así mismo, las verdaderas intenciones de sus actores (propios y foráneos), a pesar de que, la ciudadanía, cada día más, ejercita su derecho fundamental de participación como defensor del ambiente por medio de la denuncia; no obstante, el riesgo e indefensión que le acarrean y que no dudamos, por las acciones oficiales y los grupos de interés que en ellas encuentran apoyo, se multiplican. La difamación, el hostigamiento, el asesinato y por ende, la violación de derechos humanos, son hechos de la vida actual en este país y no inventos de quien quiera dañar su imagen internacional. Los pueblos aborígenes, aunque no los únicos, padecen de estos hechos en los que domina la atención oficial negligente y la impunidad.
Indicamos antes que, las cifras son elocuentes y lo repetimos, el SITADA reportó 6318 denuncias ambientales para el 2022 y por su parte la Fiscalía Adjunto Agraria Ambiental 2358; y aunque desconocemos si en la primera cantidad está contemplada la segunda, seis mil o más denuncias y sus posibles daños ambientales, implica una situación crítica y alarmante. Sin embargo, la participación reportada sobre ello por parte de la Setena, sin duda que es la de mirar para otro lado. Una conducta que, aunque no es nueva, responde a la política pública continuada por el actual gobierno, cuyo mejor ejemplo a ese nivel, es la oposición a ratificar el Acuerdo de Escazú10,11; mientras que, a nivel de la Setena, resulta evidente su constante manipulación y cuando no, la oposición a cumplir lo que debe con los mecanismos de participación pública.
En estos días y como sucede con frecuencia con las autoridades de la Setena, obligados por la Sala Constitucional tendrán que llevar a cabo una Audiencia Pública en el cantón de León Cortés, por los vicios cometidos en la Viabilidad Ambiental al proyecto de gasificación de residuos en ese territorio; asunto denunciado por la comunidad movilizada como una férrea y digna Defensora del Ambiente12. En el Caribe Sur limonense, una situación similar se presenta, con el Plan Regulador Costero de Talamanca13, territorios donde ya conocemos las maniobras institucionales cómplices con los intereses privados, cuando se trata de Audiencias públicas. No obstante, abrigamos la esperanza de que, algún día se haga realidad lo que con frecuencia es señalado por la Sala Constitucional sobre el tema de la participación ciudadana; tema trascendente del Acuerdo de Escazú:
“…este Tribunal ha potenciado el derecho que tiene la población de participar en aquellos asuntos que sean de su interés y que involucren la afectación al ambiente. Sobre el particular se ha indicado, que la participación ciudadana en los asuntos ambientales abarca 2 puntos esenciales: el derecho a la información relativa a los proyectos ambientales, o que puedan causar una lesión a los recursos naturales y al medio ambiente, y la garantía de una efectiva participación en la toma de decisiones en estos asuntos. Por ello el Estado costarricense no sólo debe invitar a la participación ciudadana, sino que debe promoverla y respetarla cuando se produzca” (Sentencia Constitucional No. 6922-2010).
Referencias:
Imagen ilustrativa, UCR.
He decidido, con la venia y apoyo de mi familia, postular mi nombre para luchar por la Alcaldía de mi cantón natal Alajuela y con el Partido Renovemos Alajuela.
Una decisión que tomo con total responsabilidad a sabiendas que puedo aportar, junto con todos los compañeros y compañeras involucrados, para hacer de nuestro cantón un cantón más próspero y seguro y una municipalidad transparente, libre de corrupción, solidaria y con la eficiencia en el manejo de los recursos que se traduzcan en servicios tales que mejoren la calidad de vida de los alajuelenses de los catorce distritos.
Las palabras escritas por Natalia, nuestra hija mayor, me ayudan en motivación y fortaleza para esta nueva convocatoria a servir a los alajuelenses.
Ella dice:
“Dos de las características que sobresalen en mi papá José Luis Pacheco son el SERVICIO y su deseo de mejorar el entorno en el que se encuentra.
Sus formas de servir y crear un impacto en la sociedad van desde aquellas que nadie ve hasta las que, si vemos en nuestra familia, sus amigos, sus clientes, la iglesia, el Hogar de Ancianos, el Club Rotario, el Hospital San Rafael, entre otras.
Papi tiene un deseo profundo de servir desde un lugar que le permita influir amplia y positivamente en la renovación del cantón de Alajuela.
Su experiencia, preparación profesional, autenticidad, honestidad, habilidades de negociación y demás cualidades, lo hacen la persona ideal para asumir el rol de Alcalde de Alajuela.
Por eso les pido a todos los Alajuelenses su APOYO en las próximas elecciones el 4 de febrero 2024. Si tienen deseos de servir y ser parte de la renovación de nuestro cantón, ÚNANSE al Partido Renovemos Alajuela e inviten a otros a hacerlo.”
Alajuela como cantón merece la transformación que todos deseamos y que podemos alcanzar porque estoy convencido que OTRA ALAJUELA ES POSIBLE.
Si queremos ver que lo que deseamos se haga realidad debemos involucrarnos y eso es lo que he decidido hacer: INVOLUCRARME y junto con todos los que se han unido y los que se unirán hacer de Alajuela el cantón seguro y la municipalidad transparente y al servicio de los alajuelenses que todos queremos.
Le pido a DIOS que me ilumine y me guíe en este caminar y a usted le pido humildemente su apoyo y le solicito que nos ayude para obtener el triunfo el próximo 4 de febrero. Dios quiera y así sea.
Inmediatamente a la detención de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro Urrego, ante la posibilidad de haber recibido dinero de narcotraficantes para la campaña electoral del segundo, ya sabíamos que la derecha colombiana y sus medios, utilizarían esta detención para ir tras el presidente de Colombia, embarrando su incipiente primer año su gestion de gobierno, así como su imagen, y los más temido, como ocurrió, la maniobra política infame de solicitar nuevas elecciones.
Recordemos que en América Latina, es una práctica de los políticos de derecha, atacar a las figuras prominentes, cuando un familiar es caído en desgracia, por cualquier motivo.
Veamos su protagonista y los hechos
¿Quién es Nicolás Petro Burgos? Nicolás Fernando Petro Burgos, nació en Ciénaga de Oro, Departamento del Córdoba, Colombia, el 21 de junio de 1986), es político, abogado y ambientalista colombiano.
Es hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Estuvo casado con Daysuris Vásquez. Desde 2020 hasta su detención en 2023, fue diputado del departamento Atlántico, después de obtener el segundo lugar en las elecciones para el cargo de gobernador.
Ante su comparecencia en la Fiscalía de Bogotá, y después de haber obtenido libertad condicional por orden judicial, Nicolás Petro Burgos, ha presentado una renuncia formal a su posición como diputado representante del Atlántico.
Nicolás Petro Burgos se volvió una especie de escudero de su papá en el Palacio Liévano y, aunque no tenía cargo oficial, permanecía junto a él. Apasionado por las historias y proyectos de su padre.
Los hechos de esta trama, tienen muchos recovecos y simulan una mala novela trágica.
No obstante, nos limitamos a indicar que Nicolas Petro, podría convertirse en una piedra en el zapato de su padre, por sus andanzas, que en este artículo no vamos ni a desmentir ni a aprobar.
No obstante, veamos algunos elementos a favor de Nicolas Petro:
+ No participó en la campaña presidencial como tesorero, contador o gerente. Y no tuvo ningún nombramiento especial dentro de esa campaña.
+ No hay ninguna prueba o evidencia escrita o telefónicas que indique que el presidente Petro haya manifestado a su hijo, que solicitara dinero para su campaña o para él.
+ Según la compañera de vida de Nicolás (Daysuris Vásquez), él actuó solo sin ninguna orden de alguien y simplemente se dedicó a solicitar dinero por su cuenta y riesgo. Así mismo, el presidente Petro no estaba al tanto de dichas solicitudes de apoyo económico, ni antes ni durante la campaña. A su vez, Vásquez afirma tener en un CDT bancario (un certificado de depósito a término (CDT), que es un instrumento de inversión establecido mediante certificado, que permite invertir una cantidad de dinero en una entidad financiera por un plazo determinado, generalmente 30, 60, 90, 180 o 360 días), parte de ese dinero, sin que el Presidente Petro se lo hubiera ordenado. Fue su decisión personal.
Luego de la comparecencia de Nicolas Petro ante el juez de la Fiscalía, Nicolas fue puesto en libertad condicional, declarando que, que sí ingresó recursos, no reportados, a la campaña electoral de su papá, pero que el mandatario Gustavo Petro no tuvo conocimiento.
«Mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris (su expareja) y yo de, Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca. Obviamente, no sabían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay otras circunstancias», precisó al medio colombiano ‘Semana’ el sábado 05.08.2023.
Como indicamos, en esta trama novelesca, todavía los acontecimientos están en pleno desarrollo, pero lo que sí está claro es que:
Concluimos recalcando que, lo que pretenden los círculos fascistas y retrógrados colombianos, es barrer y truncar la ruta de las profundas transformaciones promovidas por el presidente y el gobierno en los últimos 12 meses.
Horacio Duque afirma, «el fascismo no quiere la paz que se construye con el ELN; odia la reforma agraria democrática; detesta la reforma a la salud, para recuperar este derecho fundamental; repele la reforma educativa; degrada la implementación de los acuerdos con las FARC; añora la guerra, los falsos positivos, la masacre y el exterminio masivo de los liderazgos sociales. En fin, lo que estas mafias quieren ya, es liquidar el primer gobierno popular y democrático en la historia de esta nación. No lo soportan y viven su propia pesadilla».
Lo que se presenta en el horizonte inmediato es; hacia el 29 de octubre, día en que se realzarían las elecciones de alcaldes y gobernadores lo que viene es lucha de masas; acción política multitudinaria. En este sentido, para la izquierda y el bloque popular y democrático (Pacto Histórico, Colombia Humana, UP, Polo D, PCC, PTC, Comunes) es la oportunidad de recuperar la brillante y contundente campaña presidencial del año anterior, que quebró el poder de la ultraderecha y apalanco el acceso de Gustavo Petro a la Casa de Nariño el 7 de agosto del 2022.
Adelante Gustavo Petro, ninguna piedra obstaculizará el rumbo de una Colombia en paz, seguridad, bienestar y progreso.
Marcos Chinchilla Montes
Debo de reconocer que luego de la alharaca de vestimentas rosa relacionadas con el lanzamiento de la película Barbie, tanto en Costa Rica como a nivel internacional, no tenía la menor expectativa sobre los alcances de la misma.
La primera advertencia vino de parte de una de mis sobrinas, quién haciendo un resumen de la misma, trajo a colación los conceptos de machismo, patriarcado y misoginia; todo un logro comprensivo para una chica de quince años, formada toda su vida en centros educativos de naturaleza católica, y para rematar, viviendo en una sociedad que privilegia valores conservadores que cosifican y discriminan a la mujer.
El empujón definitivo para verla lo encontré en un video que me llegó por Whatsapp, en el cual una mujer del movimiento profamilia atacaba la película, y aducía que la misma procuraba destruir los valores de la familia tradicional.
Barbie plantea una ficción temporal y espacial que se enfrenta de manera violenta en varios planos con la realidad en la que nos desenvolvemos. En primera instancia, encontramos una sociedad material, perfectamente organizada alrededor de la protagonista, y en la cual dominan las mujeres hermosas y estilizadas, con una organización social superficial, inamovible, repetible todos los días.
En contraposición a ese escenario, el acercamiento de Ken a la sociedad humana, le hace copiar y disfrutar de los “mejores valores” del patriarcado, para imponerlos en Barbieland, mediante un supuesto proceso democrático (dicho sea de paso, manipulado) que terminaría beneficiando a los machos.
Barbie, la película, coquetea con algunas explicaciones y posibles soluciones al nefasto patriarcado, incluso hace una velada crítica a la sociedad capitalista norteamericana. Aunque, es insuficiente en explicaciones (léase a Simone de Beauvoir, Rita Segato o Judith Butler) hay que reconocer que para ser una comedia de cuño hollywoodense, se toma algunas libertades políticas de mal gusto para algunos de los sectores más conservadores: la mujer dueña de su cuerpo, de sus afectos, de sus proyectos personales, de su capacidad organizativa.
Barbie, la película, habría sido imposible en nuestras sociedades hace unos 15 o 20 años, lo que hace alusión a los limitados, pero decididos avances que el movimiento femenino ha venido alcanzado, pero que en cualquier momento pueden ser cercenados como de hecho ya ocurre en El Salvador, Estados Unidos de América o Polonia.
Tengo la sospecha que a diferencia del capítulo titulado “Lisa contra la Baby Malibú” (Los Simpson, 1994, quinta temporada), en el cual solo una niña aprovechaba el trabajo crítico de Lisa, esta producción cinematográfica influirá de manera positiva en millones de mujeres y varones, deconstruyendo así prácticas nocivas para el desarrollo de la humanidad. Sobre el particular, en 1992 Gabriel García Márquez externó una idea que tiene plena vigencia: “Lo único realmente nuevo que podría intentarse para salvar la humanidad en el siglo XXI es que las mujeres asuman el manejo del mundo (…) Sería, por primera vez en la historia, una mutación esencial del género humano (…) Pero, aunque solo fuera por eso, la inversión de poderes es de vida o muerte”.
Al final de la comedia, en esas reservas que permite la ficción, me encantó que Barbie, la muñeca, se convirtiera en una humana imperfecta, y que, de paso, se decantara por ser una chancletuda; el pensamiento crítico en plena construcción, tan necesario en una sociedad en que se exaltan la discriminación, el odio, la exclusión social, el individualismo, y el nefasto neo fascismo que ya toca a nuestras puertas.
German Masís Morales
La llegada al poder del nuevo partido Progreso Social Democrático y con él un nuevo grupo político y económico, la alianza de éste con otros partidos nuevos o emergentes, el desarrollo de la Administración Chaves en un año de su gestión y los cambios institucionales impulsados, el respaldo sostenido de buena parte de la población y las posiciones y el discurso polarizante de los nuevos líderes políticos, no son elementos casuales del acontecer político y económico del país, sino un fenómeno de cambio social que ha iniciado, impulsado por ciertos sectores sociales y económicos con propósitos muy definidos, que es necesario analizar y esclarecer en la coyuntura actual.
De acuerdo con la teoría y el desarrollo histórico del cambio social, del que se ha ocupado la Sociología, existen razones sociohistóricas objetivas, factores explicativos, características particulares y agentes de cambio que están interviniendo en el cambio social de la II década del siglo XXI en nuestro país.
Frente a la realidad actual, nos preguntamos si estamos ante un verdadero proceso de cambio social, surgido de contradicciones propias de la sociedad costarricense y de la lucha entre sus clases sociales y en particular del deterioro de los partidos políticos tradicionales y los sectores que los han apoyado.
El tipo de cambio social se origina en la pugna social entre un grupo económico y político nuevo y los grupos de la política y la economía tradicional, donde aquellos quieren imponer su visión de la sociedad mediante el impulso de cambios significativos a pesar de la oposición de otros sectores de la sociedad.
Los factores de cambio predominantes son factores político-ideológicos que responden a la aparición de nuevas corrientes de pensamiento político y económico, que se han manifestado en partidos políticos nuevos y emergentes en ascenso, que han aprovechado el vacío político dejado por los partidos tradicionales y por los gobiernos del PAC.
Se mencionan como agentes de cambio personas que han tenido la capacidad de incidir en la manera en que la sociedad costarricense está estructurada, porque poseen poder económico o han tenido capacidad de convocatoria política en las últimas elecciones nacionales, como los líderes y dirigentes surgidos en los partidos emergentes, encabezados por un político tecnócrata y antisistema y los empresarios que financiaron la campaña política de esos partidos.
De manera evidente, la ciudadanía votó por el cambio político, representado por esos partidos y esos líderes, pero ya en el poder la Administración Chaves, ha ido mostrando las propuestas del cambio, a saber:
-una lucha contra la corrupción y contra los sectores que el nuevo partido y los nuevos líderes identifican como responsables: los partidos tradicionales y el PAC
-la reducción en el costo de la vida, que según los nuevos grupos, se encuentra elevada por la acción de grupos económicos tradicionales e instituciones que se han favorecido de los altos precios de los productos.
-la reactivación de la economía, luego de la pandemia y de la crisis económica en que se encuentra el país, resultado según ellos, del mal manejo de la economía y de las instituciones por parte de los grupos tradicionales.
Pero esas fueron las razones aparentes o explícitas del cambio que se divulgaron en la larga carrera de la campaña política y que sedujeron a buena parte de los votantes a apoyar al nuevo partido y a los nuevos dirigentes.
Sin embargo, en el transcurso de la gestión de la Administración actual, han venido quedando en evidencia las verdaderas razones o las razones no explícitas del cambio propuesto, entre ellas:
-el cuestionamiento y las acciones desestabilizadoras contra el Estado Social de Derecho, surgido de la II República y de los gobiernos de los últimos 70 años, en sus postulados, en el irrespeto a las potestades de los otros 2 poderes (el Legislativo y el Judicial) y en los intentos de reducir la institucionalidad, que según sus detractores ha crecido de manera desmedida y distorsionada.
-la arremetida contra el sistema de partidos políticos y el golpe de gracia a los partidos tradicionales para lograr su desaparición definitiva y la de sus líderes históricos e invisibilizar los logros de estos partidos en el pasado.
-el recambio de los grupos económicos tradicionales, por grupos económicos emergentes, interesados en un mayor protagonismo y en aumentar sus ganancias, en actividades principalmente dedicadas a la importación, transporte e internalización de mercancías, como productos agrícolas, insumos, medicamentos, entre otros
-la nueva generación de políticas públicas, expresadas en las Rutas de la Educación, del Arroz, de la Seguridad, del Empleo, junto al cuestionamiento y redireccionamiento de los ministerios e instituciones autónomas, como el Ministerio de Salud, el de Vivienda, el de Ambiente, el de Obras Públicas, el de Agricultura y Ganadería e instituciones como la Caja, el ICE, el INS, Ay A, el INA, Recope, ya sea mediante modificaciones de sus leyes constitutivas o en sus estructuras de funcionamiento.
-la reducción del tamaño del Estado, a partir de la modificación de esas instituciones, en sus funciones esenciales, en la conformación de las juntas directivas, en la toma de decisiones y en los activos pertenecientes a todas ellas, incluyendo los bancos estatales.
-el aprovechamiento y profundización de las políticas aprobadas por gobiernos anteriores que podrían ir en la dirección de los intereses que convienen a los nuevos grupos políticos y económicos, como la reforma fiscal, la regla fiscal, la ley de empleo público, la ley antihuelgas, la ley de educación dual, la ley de jornadas extraordinarias, la reforma a la ley de la Caja, la reforma a la ley del INA, la reforma a la ley de pensiones del Magisterio y hasta la ley para modificar las fechas patrias y los feriados.
-la promoción de medidas liberalizadoras y desreguladoras de actividades económicas, productivas o de servicios, como la eliminación de restricciones o “cuellos de botella” en las gestiones institucionales, el cuestionamiento de la ARESEP por la aplicación de tarifas, la reducción del precio de la revisión técnica, la ampliación de los años de vigencia del transporte público, la modificación de las plataformas de transporte para favorecer a sectores económicos específicos.
-el nombramiento discrecional de autoridades de instituciones y diplomáticos cercanos a los líderes del grupo político y económico que manejó la campaña política o de sus aliados políticos durante la gestión, que justifica su defensa incondicional o su remoción según los resultados definidos por esos líderes.
-el cuestionamiento y restricción a los derechos humanos de sectores particulares de la sociedad, como población LGTBi, feministas, ambientalistas, pensionados y sindicalistas, que según los nuevos grupos y sus líderes, habían venido obteniendo logros en la reinvindicación de sus derechos.
-la descalificación y debilitamiento de la educación, la cultura y el conocimiento y de las institucionales encargadas de ejecutar esas actividades públicas, como los Ministerios de Educación, de Cultura y las Universidades Públicas.
-el discurso grandilocuente del Presidente y de las Autoridades institucionales en sus conferencias de prensa y actos gubernamentales, reiterando que todas las acciones son en beneficio del pueblo y sus necesidades, referencia innecesaria pero muy efectiva en la intención de mantener su popularidad.
Si algunos ciudadanos distraídos siguen pensando que este es un gobierno más, que lo que ha ejecutado en este año de gestión, no tiene gran trascendencia, debieran comenzar a entender que la Administración Chaves tiene una orientación definida y que los elementos antes mencionados son parte de un cambio social acorde con los intereses de determinados grupos económicos y políticos, que podría consumarse plenamente en los próximos 3 años.
Es innegable que hay un cambio social en marcha y que este cambio podría modificar seriamente la estructura social y económica del país, hacia una menos democrática, menos incluyente, menos equitativa y menos respetuosa de los derechos humanos.
Manuel Mora Salas:
Conservatorio Castella 11 años, acordeón y viola.
Educación Militar Superior en la Unión Soviética, Seguridad.
57 años de karate con el maestro Sunichi Kabayashi, padre e introductor del karate en CR. Décimo Dam.
Árbitro Internacional de Karate.
Ex seleccionador de CR en Karate.
Experto en Seguridad y asesor de ministro de Seguridad en CR.
Analista de temas geopolíticos y geoestratégicos.
Comandante de dos brigadas internacionalista en Nicaragua: Brigada Calufa (contra Somoza), Brigada Mora y Cañas (guerra de la Contra en Nicaragua).
La Costa Rica mayoritaria, la que desde hace cuatro décadas soporta privatizaciones, corrupción sin precedentes en las altas esferas, tráfico de influencias increíbles y “ajustes fiscales” a diestra y siniestra, en espera del “desarrollo” y el añorado derrame de riqueza para mojar los de abajo, sigue a la espera de un “proyecto país” por parte del movimiento popular que de otro aire a la democracia representativa e incluya a campesinos, obreros, estudiantes, amas de casa, intelectuales y profesionales etc. con otra visión de la dignidad y la justicia social; mientras la oligarquía local aspira jugar en las “grandes ligas” al estilo Singapur, entregándose al capital transnacional y fortaleciendo su bien disimulado autoritarismo, frente a una alta y media burguesía asustadiza por una eventual disminución de sus privilegios.
Cuando a mediados del mes de julio de 2023 el presidente Rodrigo Chaves proclamó en Europa una Costa Rica para el mundo y el mundo para Costa Rica no estaba otra cosa que anunciando un cambio de paradigmas por el pequeño grupo gobernante en el país desde hace más de 200 años. Esto explica, por ejemplo, que el Ministerio de Salud sacara de los etiquetados advertencias sobre cantidad de grasas, calorías y sodio (La Nación 2/8/2023); en obvio beneficio para las grandes compañías de gaseosas y vendedoras de “comida chatarra”, relacionadas con la diabetes, obesidad y problemas cardíacos. O que el Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador, planteara en junio pasado la posibilidad de hacer exploraciones en busca de gas natural en nuestro territorio..
Una de las mayores prioridades que tenemos en el sector de comercio exterior es la generación de empleo y desarrollo económico a todas las regiones de Costa Rica – justificó en Bélgica recientemente el ministro de Comercio Exterior y presidente de la Junta Directiva de PROCOMER, Manuel Tovar- especialmente en aquellos lugares a fuera de la Gran Área Metropolitana. Por esta razón, buscamos oportunidades en mercados europeos como Bélgica, donde empresas de diversos sectores han mostrado interés en nuestro país, aseguró. (Ver . (La República 12 de julio 2023).
Las empresas europeas pertenecen a sectores como ciencias de la vida, manufactura avanzada, tecnologías digitales, procesos empresariales, industrias creativas, proyectos agrícolas y agroindustria, biomateriales, manufactura liviana, alimentos procesados, logística, infraestructura, servicios de salud, industria cinematográfica, farma y biofarma, añadió la fuente.
Con antelación, el gobierno rompió con una serie de estructuras paraestatales que crecieron al calor de los negocios con el Estado costarricense, controladas desde su inició por dirigentes de dos de los partidos políticos tradicionales e indiscutibles representantes de la alta clase social. Sin duda, sin el apoyo de estos lideres de la burguesía local el esquema de “desarrollo” vigente desde los años ochenta, hubiera sido imposible desplegarlo en el campo de la educación, las privatizaciones, promoción de las inversiones, ni la destrucción del agro, la renuncia a la soberanía alimentaria etc.
Es obvio que estos “desencuentros” ocasionales entre la clase surgida con el joven Estado inaugurado tras la guerra de 1948, con la oligarquía acostumbrada a vivir sin sobresaltos en estos último 75 años, tendrían en algún momentos que tensarse frente a la voltereta dada por las finanzas y los mercados en el mundo, junto a un globalismo que pareciera cederá terreno frente al surgimiento de poderosos bloques de poder económico, la aparición con fuerza de los llamados Brics y un esclavizante dólar amenazado como moneda universal de intercambio.
En estas circunstancias pareciera que el punto de inflexión entre el “gobierno de unos pocos” con las clases sociales de banqueros, propietarios de inmuebles y enormes negocios, es “aliviada” por un nefasto recurso llamado “politiquería”, entendida ésta como medio para apagar el interés del ciudadano común por la cosa pública y contraria a la politización del elector. Enseñar a pensar a la gente es peligrosísimo. Es entonces cuando surgen en la Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo y otras instancias, verdaderas joyas del fascismo moderno costarricense como eso “es comunismo”, “quieren ustedes que nos parezcamos a la Venezuela de Maduro”, “la dictadura orteguista no merece respeto”, “el régimen cubano tiene miles de ciudadanos en las cárceles” o carteles comunales con “llegó la hora de la limpieza social”.
De esta manera, el reclamo de miles de costarricenses por un salario digno, un empleo de calidad, el auxilio estatal para conseguir una vivienda, una atención pronta y de calidad en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), así como educación como derecho y no negocio de unos pocos, son linchados por la matriz mediática, cuando les va bien, porque en la mayoría de los casos, son invisibilizados ya saben por quienes.
No importa que como país tengamos el “honor” de estar en el top de las 10 naciones con más desigualdad social en el mundo, junto con Sudáfrica, Haití, Honduras, Colombia, Brasil, Panamá, Chile, Ruanda y México.
De hecho, el presidente Chaves, para “desactivar” reclamos populares, ha recurrido al menos dos veces en la conferencia de prensa de los miércoles a criticado las posiciones, según él, de “comunistas” o “socialistas”; mientras las ideas del gobernante relacionadas con los altos costos de los medicamentos, el arroz o, lo que él llama excesiva tramitología, de inmediato sus adversarios en la Asamblea Legislativa o algunas organizaciones sociales se descalifican diciendo que es “populismo”.
Así, el enfrentamiento entre Chaves y el periódico Crhoy, medio propiedad del banquero Leonel Baruch, cuyo banco financió a la mayoría de los partidos con representación en la Asamblea Legislativa, así como con el diario La Nación, explica en parte, estos juegos de poder en las más altas esferas de nuestra democracia, llámense “defensa de la libertad de prensa”, “confrontación” o preocupación por los derechos humanos, etc.
Subyace, por tanto, en todo lo anterior, una especie de reacomodo entre nuestras clases tradicionales, ante la nueva realidad del fin del globalismo, como se dijo, y la aparición de cambios sustanciales ocurridos en la región desde México hasta la Argentina, tomados por unos con la madurez y seriedad política del caso y, por otros, colocándose dentro de la nueva “guerra fría “y su consecuente politiquería que, lejos de educar, nos programan para que sigamos sumisos y desarticulados.
EL DIABLO LOS JUNTA.
Según la firma de inteligencia y análisis Wealth-X el país “más feliz del mundo” tiene 85 millonarios, que en total acumulan una fortuna de $12 billones. Sí bien ese número significa poco en relación con los otros millonarios que viven en México, Colombia o Argentina, la llamada “Suiza Centroamericana “alberga tres de los diez millonarios más poderosos del istmo: Rodolfo Jiménez Borbón, Carlos Cerdas Araya y Steve Aronson.
Por otra parte, el Diario La República, situó a dos más de estos diez millonarios de la región en nuestro país, se trata de Francis Durman, gerente de Operaciones de Grupo Montecristo, y Luis Javier Castro, socio director de Grupo Mesoamérica, según la revista Forbes. La fortuna de Durman se estima en $400 millones, mientras que la de Castro no fue revelada por el medio de comunicación; lo que significaría el 50% de estos 10 afortunados en nuestro suelo.
“Investigadores económicos y sociales proponen diseñar un aporte solidario con sus ingresos y patrimonios. Un cálculo del economista Lorenzo Ramírez (Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica) propone que con “un impuesto al 1% del patrimonio de FIFCO, Grupo Nación y Grupo Britt, sería posible financiar alrededor de 76.000 ‘ayudas’ del Plan Proteger de ¢62.500”, precisó la fuente indicada en ocasión de la pandemia por Covid 19.
En Centroamérica entre todos los millonarios se acumula una fortuna de $ 2.185 billones, siendo Guatemala el que encabeza la lista con 235,Honduras con 205,Nicaragua con 190, El Salvador con 145, Panamá con 105 y por último nuestro país con 85 millonarios. (Wealth-X y nación.com).
En cuanto al buen ambiente que registra el país para la clase exportadora e importadora, tenemos, según las Estadísticas de Comercio Exterior 2021, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos el 25 de noviembre de 2022, para 2021 una balanza comercial deficitaria de 6 541 millones de dólares, motivado principalmente por un mayor valor de importación desde las regiones de América y Asia. Ambos flujos comerciales obtuvieron variaciones porcentuales anuales positivas en el 2021 y en comparación con el 2020; el valor de las exportaciones aumentó en un 26,25 %; por su parte, el valor de las importaciones, creció en un 41,59 %.Los productos de exportación más significativos de Costa Rica en el 2021 fueron los instrumentos de la industria médica, las frutas frescas comestibles y los artículos y aparatos de ortopedia. Para las importaciones sobresalieron los combustibles, los circuitos electrónicos, los contenedores y los medicamentos.
En contraste, citando la emisora CRC89.1, el 13 de octubre de 2022, se derogaron decretos de 2019 y 2020 que autorizaban aumentos salariales para el sector público. En cuanto a los salarios para el sector privados las distintas centrales sindicales sostienen que condenan al hambre a millones de ticos, porque son insuficientes para el pago de alquiler de casa, pasajes, servicios y alimentación.
Para 2018, según el Semanario Universidad Costa Rica estaba entre los 10 países con mayor desigualdad social en el mundo. En primer lugar, está Sudáfrica, siguen Haití y Honduras. Después están Colombia, Brasil, Panamá, Chile, Ruanda, Costa Rica y México. Según la fuente citada sobre la desigualdad social, hay varios factores que inciden como el nivel de desempleo que pasó de un 9.1% a 10.3% entre el primer trimestre del 2017 y el 2018, así como que el nivel de subempleo femenino que aumentó un 1.7% con respecto al mismo período del año anterior. Otro elemento relevante, según la fuente, es el nivel de pobreza mantenido en los últimos 20 años prácticamente con poca disminución.
Como si fuera poco lo anterior, el presupuesto nacional como la mayor herramienta en la lucha contra la pobreza y la vulnerabilidad enfrenta una tendencia a la reducción, al punto de que, según el último dato de presupuestario, representaría una reducción en términos reales de una tercera parte desde el 2018. Así, el contenido financiero para el 2023 del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), consignó el semanario citado, sería de ₡471.561 millones. Esto representaría una reducción nominal de ₡138.635 millones con el presupuesto de ₡610.196 millones de 2018, un 22% en términos nominales.
Desde la perspectiva de los trabajadores, la coyuntura actual nos dice que ya no basta que el movimiento popular se auto declare la cabeza en la defensa de los intereses de campesinos, obreros, amas de casa, intelectuales, estudiantes o profesionales, entre otros, sino que ese privilegio ante las mayorías se gana articulándolo para profundizar la democracia con verdadera participación, abriendo el camino de poder revocar a quienes se nombre y resulten corruptos o incumplan sus deberes, bregar por tierras para quienes quieren trabajarla, no haya un joven en edad universitaria expulsado de la educación, con la excusa de mecanismos lejos de medir la inteligencia etc, más allá de exabruptos lanzados por las “benditas redes sociales” por diversos grupos de sobrevivientes de 40 años de vendaval neoliberal.
Olger Sánchez, auditor interno de la CCSS acaba de decir en una Comisión Legislativa que hay 875 mil personas esperando una cita en el Seguro y que las deudas del Estado con la institución son de más de tres billones de colones (Telenoticias 28/ 7 /2023).
Sin embargo, en aras de la verdad, hay que situar el origen de la crisis financiera en la Caja, los maquillajes contables, su saqueo sufrido desde distintos frentes y la incertidumbre por el futuro de las pensione, en 1973 cuando empezó desvirtuándose la seguridad social y el 24 de setiembre de ese año reformaron el artículo 2 de la ley 5349.
Para dar una idea del asunto el artículo 2 de la ley citada está referido a la Universalización del Seguro de Enfermedad Y Maternidad, quedando así: “Los traspasos a que se refiere el artículo anterior, se harán a título gratuito en la forma y condiciones que convenga la Caja y la entidad correspondiente, conforme lo permita el proceso de universalización de los seguros sociales. En esos casos la Caja deberá prestar asistencia médico-hospitalaria a la población no asegurada incapaz de sufragar los gastos de sus servicios médicos y para atender tales obligaciones se dotará a la Caja de las rentas específicas necesarias. Conforme a las disposiciones del párrafo tercero del artículo73 de la Constitución Política, la Caja no podrá en ejecución de esta Ley, contraer obligaciones que impliquen transferencias o empleo de los fondos y reservas de los seguros sociales en finalidades distintas a las propias de su creación.».
Este acto de politiquería significó trasladar a la Caja competencias exclusivas del Ministerio de Salud, con los consecuentes efectos en la prestación de sus servicios, sus finanzas y el futuro de las pensiones hasta nuestros días, cuando en la querida institución pusieron verdaderos “expertos” en maquillajes financieros para ocultar las deudas acumuladas por todos los gobiernos de años anteriores..(Sobre el tema ver en el Semanario Universidad: “Así perdimos la Caja,” 26 de junio 2018 y “ Hablemos de IVM.. Parte II”, en SURCOS, 9 de setiembre de 2020). Es entendible que sindicatos, políticos y asegurados prefieran olvidar el origen del desfinanciamiento doloso de la Caja, cuya crisis nos estalló en la cara, no aparecen los partidos responsables y ocho de los principales hospitales privados están listo para apoyar la tercerización de servicios de la CCSS, como la salida más fácil, aunque espeluznante para las futuras generaciones. ¡El pueblo que olvidan de dónde viene no sabrá para dónde va!; y a eso nos han acostumbrado.
Un viejo amigo de la Universidad el pasado fin de semana puso en duda que a estas alturas del proyecto en que nos metieron todos los partidos políticos, con honrosas excepciones, quieran ya vender las pocas instituciones que quedan en pie. Ojo con la Caja, el Banco de Costa Rica, los Parques y las pocas playas públicas etc.: “Lo que quieren ahora es comprarlas a precios irrisorios, y luego, llevarlas a sus puestos de bolsa y de las transnacionales, vendiéndolas al precio que verdaderamente valen y que costó sudor a todos los costarricense”.
¡Pareciera que la historia ciertamente cuando viene por segunda vez supera la tragedia y se presenta como farsa!
El máster en Matemática Actuarial Rodrigo Arias López publicó en su espacio de Facebook y compartió con SURCOS un oficio que le envié al auditor interno de la CCSS en el mes de febrero de 2023.
Arias López indaga acerca del desvío de fondos del régimen de pensiones (Invalidez, Vejez y Muerte – IVM).
En su publicación señala:
“Espero que los asegurados activos y pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), entiendan cómo es que le han venido desviando fondos al IVM (cambiando de forma espuria el fin que la Constitución y la Ley 17 establecen). Los datos del Cuadro B.1 que adjunto son cifras oficiales de la CCSS incluidas en el informe EST-0076-2022 de Octubre 2022; lo que hice fue ordenar las cifras para que en ellas se vean los dineros que el Estado debe aportar de conformidad con el artículo 9 de la Ley 7374 para el primer nivel de atención de la salud, que esconden en los informes de la CCSS y que los gobiernos de turno hasta la fecha no han pagado ni un centavo en 30 años, a pesar de que los amigos que tienen en la Caja solo cobran anualmente un 3% del costo real incurrido”.
El experto puntualiza: “Observen que en el título del Cuadro B.1 dice que esas cifras son del Seguro de Salud y como pueden ver, en 2022 a los asalariados les sobró casi un billón de colones (999.425 millones de colones) -incluso, le sobró dinero a los trabajadores independientes y a los pensionados- los cuales, por disposición del párrafo tercero del artículo 73 de la Constitución y los artículo 32 y 43 de la Ley Constitutiva de la CCSS, son fondos que debieron destinarse al régimen de capitalización IVM. Sin embargo, los usaron para cubrir los faltantes que los gobiernos de turno no le giran a la CCSS a pesar de que lo ordenan las leyes 7374, 5349 y otras”.
El actuario matemático agrega: “Les comento que este año 2023 separé por primera vez los gastos de atención primaria; en años anteriores no había realizado esa separación y por eso los fondos sobrantes de los asalariados eran menores y los pensionados y trabajadores independientes más bien mostraban faltantes de ingresos para financiar los gastos. Con esta corrección, para ajustarla con la Ley 7374, esos dos últimos regímenes de salud también serían solventes, si es que esas cifras que publica la CCSS son correctas. Por eso lo informé al Auditor Interno de la CCSS, ante quien interpuse la denuncia con el oficio RAL-004-2023”.
Arias López finaliza: “Este 28 de julio escuché la participación del Auditor Interno de la CCSS ante la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa. No vi que el Auditor informara sobre esta situación a los diputados; pero tampoco observé que algún diputado le preguntara. ¿Por qué será? En todo caso, este documento es público, cualquiera tiene acceso a él, igual que el documento de la CCSS EST-0076-2022 de octubre 2022, por lo que nadie podría alegar que desconocía estas cifras; mucho menos los nueve directivos de la Caja”.
SURCOS comparte la imagen de la carta enviada al auditor interno de la CCSS, así mismo, el video de la sesión de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa que menciona Arias López en su nota.
A raíz de la II cumbre Rusia-África, celebrada en la ciudad de San Petersburgo, se concluyeron en dos aspectos muy importantes.
Lo primero es que hubo sendas y abundantes declaraciones, acuerdos y reconocimientos:
Sin duda alguna, todas estas consideraciones de Rusia hacia el continente africano, tiene como móvil recordar la deuda de este con Occidente.
Según el luchador social Ramiro Chimuris, en su artículo «Neocolonialismo jurídico en la educación del siglo XXI«, nos recuerda que, «No hay relatos de cómo Europa subdesarrollò a África. Poco o nada sabemos de África, sus vidas, lenguas, multiplicidad de saberes ancestrales, geografía, historia, educación, filosofía, matemática, literatura, poesía, danzas, comidas. África ha sido negada sistemáticamente desde que los primeros africanos comenzaron a caminar hacia los restantes continentes hace aproximadamente un millón cuatrocientos mil años. Grégoire Biyogo, define esta situación como una “amnesia milenaria”, porque nada se enseña sobre el saber científico, filosófico egipcio, ni de las culturas Ishango, Fang, Dogon, Woyo, Yoruba, Walaf o Wolof, y tantas “otras” culturas africanas. Poco o nada sabemos sobre los movimientos de liberación del siglo XX en África, el panafricanismo de 1919, ni de la Filosofía e ideología de la conciencia africana propulsadas por Kwame Nkrumak (1957). Lo mismo ocurre con el movimiento metafísico de Alexis Kagame o la filosofía de la historia de Cheik Anta Diop, que en 1951 presentó una tesis doctoral en la Universidad de París en la cual argumentó que el antiguo Egipto había sido una cultura negroide, tesis que fue rechazada por no cumplir los requisitos.
Reunió investigaciones y trabajos, y en 1960 su tesis fue aceptada. El filósofo Eugenio Nkongo Ondó reivindica en sus obras toda la cultura y conocimientos ancestrales africanos, recuerda que la Teología Africana de la Liberación con aportes de varios autores entre ellos, Meinrad P. Hebga, Engelbert Mveng, Monseñor Tshibangu y Vicent Mulago, proclaman la misma doctrina de la Teología de la Liberación que en América Latina y el Caribe de manera simultánea. En las bibliografías de los programas de estudio de América Latina y el Caribe, además de los antes mencionados, no encontramos autores como Alain Bourgeois, Iván Van Sertima, Théophile Obenga, o la filosofía radical de Eugenio Nkogo Ondó. En cambio, dedican muchos recursos y horas para que se recuerde a Sócrates, Platón, Descartes, Hegel, Kant, Washington, Montesquieu, Voltaire y Rousseau.
El colonialismo y el neocolonialismo, desde hace siglos cumpliendo con sus intereses y cometidos realizan una succión, extracción y robo de bienes y riquezas materiales e inmateriales, tangibles e intangibles. Mediante tácticas violentas de humillación, mutilación, usurpación, despojo, tráfico de personas, memoria, historia y cultura de los diferentes pueblos, además de sus bienes naturales (tierra, agua, minerales). En pleno siglo XXI las vitrinas de los museos de Europa exhiben como “trofeos” de la barbarie y el robo del patrimonio cultural, la estatua de Osiris en el Museo de Louvre, la cabeza de Thutmés III, XVIII dinastía en una vitrina del British Museum, la famosa escultura del año 1330 a.C. de la reina egipcia Nefertiti y grabados del antiguo Egipto en el Nues Museum de Berlín, los “bastones de los Ishango” en el Musee d´Histoire Naturelle de Bruselas, el inventario puede llevar varias horas».
Por otro lado, haciendo un resumen de las agencias de noticias, Europa Press, Resumen latinoamericano y Canal Informativo NPVe, resaltamos lo más significativo, importante, hermoso y digno de copiar, producto de la segunda parte de la II Cumbre Rusia-África.
+ El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que «su país ha condonado aproximadamente US$ 23.000 millones de la deuda que los países africanos tienen contraída con su país, antes de manifestar su intención de aportar otros 80 millones de euros más para reducir “la carga” económica del continente».
+ A su vez recordó, que «su país estaba dispuesto a proporcionar a Burkina Faso, Zimbabue, Malí, Somalia, República Centroafricana, y Eritrea “entre 25.000 y 50.000 toneladas de grano sin coste” para aliviar sus crisis alimentarias». Putin destaco además que, «durante la primera mitad del año 2021, Rusia ha exportado casi diez millones de toneladas de grano a varios países africanos, frente a los 11,5 millones que se enviaron en todo 2022».
+ Igualmente, Rusia anunció más de 90 millones de dólares para fines de desarrollo de África.
Finalmente, deseamos hacer mención del papel idéntico de China, según el economista Claudio Della Croce, en su artículo «China, Indonesia, la Unión Africana y el equilibrio en un nuevo G-20«, cuando el año pasado 2022 informó que:
«El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, anunció que “perdonará” 23 préstamos sin intereses a 17 países africanos, redirigiendo también 10.000 millones de dólares de sus reservas en el Fondo Monetario Internacional (FMI) a las naciones de ese continente, y anunció que China apoyará la entrada de la Unión Africana (UA) al G20».
Así mismo, «desde 2000 y a lo largo de los años China anunció múltiples rondas de préstamos sin intereses a países africanos y canceló millones de dólares en deudas, siendo Zambia la nación que salió más favorecida en el año 2019. Muchos de los préstamos recientes de China no se consideraron para la cancelación, y otros tantos fueron reestructurados».
Imagen: https://www.radiohc.cu/