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Día Internacional del Fútbol Femenino

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

El 23 de mayo e celebra el Día Internacional del Fútbol Femenino, como un homenaje a aquellas personas que han ido venciendo barreras en un deporte que ha sido considerado tradicionalmente solo para hombres.

Esta celebración se creó en el año 2015 por iniciativa de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF), para fomentar la práctica del fútbol en niñas y mujeres en todo el mundo, así como promover la igualdad de género en este deporte. La participación femenina en el fútbol ha sido sorprendente y gracias a ello los logros alcanzados han ido en aumento, hasta lograr incluso el reconocimiento económico igual al de los hombres, al menos en algunos países.

Pese a que es hasta ahora que se ha vuelto muy popular el fútbol femenino y que ya tanto radio como televisión le prestan mayor atención y que la FIFA organizó el primer mundial de fútbol femenino en China en 1991 y que el Comité Olímpico Internacional incluyó el fútbol femenino en las olimpiadas en 1996, el fútbol femenino se ha practicado desde finales del siglo 19 y ya en 1894 existió el British Ladies Football Club, es decir, que desde ese tiempo hasta ahora, de alguna manera se invisiblizó el fútbol femenino y vivió una discriminación enorme con relación al fútbol masculino.

Esas distancias se han acortado y en partidos femeninos se observa excelente calidad de fútbol y en la mayoría de los casos sin tantas fricciones y tantas faltas como sucede con los hombres e incluso sin tanto drama cuando ocurre una falta. El fútbol femenino no está impregnado de la malicia con la que actúan muchos jugadores masculinos para engañar al árbitro, eso es una conducta antideportiva que solamente en muy contadas excepciones se dan en el fútbol femenino.

Felicidades a todas las mujeres que practican el fútbol independientemente de su edad así mismo a los cuerpos técnicos, arbitras y árbitros y dirigentes y a aquellas que lo practicaron y fueron pioneras para lograr lo que hoy posee el fútbol femenino.

Dios quiera que siga creciendo en participantes y en calidad y podamos a disfrutar de excelentes partidos femeninos tanto nacionales como internacionales.

Lasso en Ecuador, una gestion y actuar anunciada/o

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Mg. José A. Amesty Rivera

El tétrico millonario banquero, exitoso evasor de impuestos, Guillermo Lasso, quien había intentado por tres veces, en 2013 y 2017, llegar al poder absoluto en Ecuador, finalmente inicia la presidencia de Ecuador desde el 24 de mayo del 2021.

Primero, Lasso, como banquero y candidato a la presidencia de Ecuador, violó e incumplió con la Ley de Pacto Ético ecuatoriana, que prohíbe a los aspirantes a un cargo público tener vínculos con paraísos fiscales.

Segundo, en una de las empresas fuera de Ecuador, del multimillonario financiero, una de sus empresas históricas es Banisi Holding S.A., con sede en Panamá. El Banisi Holding es propiedad del Banco de Guayaquil, matriz de la fortuna de Lasso desde los años 1990. En el directorio del Holding, se encuentran sus hijos, Juan Emilio Lasso Alcívar, que figura como director y presidente ejecutivo, y Santiago Lasso Alcívar con los cargos de Director y Presidente de la Junta Directiva. Este lazo familiar es una expresa violación de la Ley del Pacto Ético, promulgada luego del referendo de 2017 en Ecuador.

Tercero, como descubrió la periodista argentina Cynthia García, los negocios en el exterior de Lasso comienzan a inflarse, desde 1970, y luego en 1999-2002, a raíz del feriado bancario del año 2000 en Ecuador. La fortuna de Lasso pasó de 1 millón, a 31 millones de dólares, a través de la especulación con los bonos emitidos tras el feriado bancario.

Cuarto, el Banco de Guayaquil, propiedad de Guillermo Lasso, fue uno de los bancos que mayor cantidad de (bonos) Certificados de Depósito Reprogramados (CDRs) canjeó, esto quiere decir que se aprovechó de las necesidades de la gente para incrementar su fortuna. Esto convierte a Lasso en cómplice de la peor crisis económica del país, pues se benefició del salvataje bancario.

Quinto, en la cartera central, fuera de Ecuador de Lasso, el Banisi Holding constituido por 49 firmas en el extranjero, le permitieron ganancias a Lasso de hasta el 3000 por ciento, desde 2015.

Sexto, su banco de Guayaquil, ha sido uno de los principales beneficiarios de un sistema que ahoga el crecimiento económico nacional de Ecuador, en 2019, uno de los peores años de la historia reciente del país, aumentó sus ganancias en un 17 por ciento. Ni la pandemia contuvo la fiebre ganadora del banco. En los primeros ocho meses del 2020, sus ingresos por intereses aumentaron en un 26 por ciento respecto al récord que había registrado el año previo.

Séptimo, Guillermo Lasso fue el único candidato que representa a los banqueros y empresarios de las cámaras de la producción. Estos sectores, de los más atrasados en América Latina en cuanto a responsabilidades estatales y sociales, no comprenden el sentido del progreso económico con bienestar humano, lo confunden como simple éxito en los negocios privados, el mismo que suponen irradiará los beneficios colectivos, algo que históricamente nunca ha ocurrido en Ecuador, pues tal “modelo” solo ha ahondado las diferencias sociales, el dominio político de las élites y el abismo en el reparto de la riqueza.

Octavo, ya desde 2017 y mucho antes, el mañoso banquero se ha negado a dar explicaciones sobre sus negocios financieros. Guillermo Lasso, sus hijos y allegados tendrían empresas en los paraísos fiscales de las Islas Caimán, Panamá, Delaware y en Florida.

Noveno, el colmo del cinismo, es que, en uno de sus discursos, dijo: “vivimos la dictadura de un partido político, integrado mayormente por aquellos corruptos que se llevan dinero del Ecuador a depositarlo en paraísos fiscales, porque tienen que esconder el dinero mal habido, y que le pertenece a todo el pueblo ecuatoriano”, en referencia al proyecto que lideró Rafael Correa, pero es como si hablara de sí mismo.

Como dice un dicho popular, todo tramposo y ladrón, es mentiroso; este alude a una de las tantas promesas de campaña de Lasso, cuando alguna vez ofreció “crear un millón de empleos” en cuatro años, cuando otros ofrecieron, 800.000, 470.000 y 250.000.

Por otro lado, su gestion en Ecuador, podemos resumirla así:

  • Las autoridades ecuatorianas (policía, fuerzas armadas y gobierno) están en una violación flagrante de los Derechos Humanos, reprimiendo, a los indígenas del Ecuador, aglutinados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y a las que se han ido sumando otros sectores como estudiantes, maestros, transportistas, sindicatos, entre otros.
  • La CONAIE, La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras FENOCIN, la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos FEINE, entre otras, han solicitado las siguientes reivindicaciones:
  1. Congelación de los precios de los combustibles y dirigir subsidios para los sectores más vulnerables.
  2. La prórroga de deudas de la banca pública, privada y cooperativa y el perdón para pequeños y medianos productores, los precios justos en los productos del campo, el impuesto agrícola y el rechazo a la firma de Tratados de Libre Comercio.
  3. Generación de empleo, regulación de derechos laborales y el respeto a la libertad de sindicatos y organización de la clase trabajadora.
  4. La espera a la expansión de la frontera extractiva, petrolera y minera, y la auditoría y reparación integral por los impactos socio-ambientales.
  5. El respeto a los derechos colectivos logrados, la prohibición de la privatización de sectores estratégicos.
  6. Las políticas de control de precios y de especulación en el mercado de productos de primera necesidad.
  7. La garantía del acceso a la educación superior, y el refuerzo de las políticas públicas de educación y salud.
  8. Afrontar la inseguridad, expresada en el aumento de la violencia, con altos índices de criminalidad, expresada en las ciudades y cárceles del país, especialmente a sectores indígenas.

Todas estas políticas erradas son impulsadas por el presidente Guillermo Lasso, quien gobierna a Ecuador acompañado de un cártel bancario. Según la profesora Adoración Guamán, «El gobierno de Lasso, el principal banquero del país que ganó las elecciones en abril del 2021, ha agudizado la crisis estructural ya iniciada por el ajuste neoliberal implementado por el gobierno anterior y profundizado durante la pandemia. El banquero presidente ha dado continuismo a las políticas fondo monetaristas, algo esperable, pero también ha ido mucho más allá, agravando los problemas de precarización, pobreza, inseguridad, desinstitucionalización y primacía del lucro personal, con un traspaso sin precedentes de los bienes públicos a manos privadas (evidenciada entre otras actuaciones en los reiterados intentos de vender el Banco del Pacífico). De hecho, el Presidente se jacta de haber ampliado las reservas internacionales, garantizar el pago de la deuda, mejorar el movimiento de capitales y asegurar derechos a los inversores extranjeros. Mientras arruina los servicios públicos del país, en particular la sanidad y la educación, al tiempo que instaura una lógica oligárquica-autoritaria-racista, completamente desapegada de la realidad social del Ecuador que él y su entorno parecen desconocer«.

No es nada extraño entonces que, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolviera el Parlamento para evitar su posible destitución. La decisión implica la convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales. El mandatario elude así el juicio político en su contra, por supuestamente haber tolerado un presunto desfalco en una empresa estatal.

La acusación en sí es por un presunto delito de malversación, al no haber tomado acciones ante un contrato entre la empresa pública de transporte de petróleo, Flopec, y Amazonas Tanker, que representó un perjuicio al Estado de al menos, seis millones de dólares.

Por primera vez en la historia de Ecuador, Lasso decretó la disolución del Parlamento alegando que el juicio, que podría provocar su destitución por haber tolerado un supuesto caso de corrupción, había provocado una “grave crisis política”. Mientras tanto, Lasso gobernará por decreto durante seis meses. En ese tiempo se espera que anuncie si aspira a la reelección.

El mandatario tomó esta decisión drástica para frenar el proceso en su contra. Acaban así dos años de mandato del político conservador que ha acabado acorralado. En los últimos días había estado negociando votos entre la oposición para que el juicio político no saliera adelante, pero temía que a última hora la presión para su destitución fuera mayor. Lasso no quería que la que considera una Asamblea de poca talla política acabara con su mandato, por eso ha preferido invocar la figura constitucional de muerte cruzada, que cierra su periodo, pero también el de los parlamentarios. Además, le deja una puerta abierta a presentarse en las próximas elecciones.

La figura de «Muerte cruzada«, implica la finalización de mandato tanto de los miembros del Poder Legislativo (cierre de la Asamblea) como del Ejecutivo. El Consejo Nacional Electoral deberá llamar dentro de los próximos siete días para realizar una nueva elección en 90 días; pero mientras tanto, durante seis meses, Lasso gobernará por decreto. Para justificar la medida la encuadró en situación de «conmoción social interna», lo cual fue rechazado por una parte de la oposición.

Y es que, la Constitución de Ecuador, establece tres causales para que el Poder Ejecutivo pueda activar el mecanismo de muerte cruzada: a) Si la Asamblea se atribuye funciones que no le competen legalmente. B) Si de forma reiterada e injustificada el poder legislativo obstruye la ejecución de un Plan Nacional de Desarrollo que establece políticas públicas. C) Por una grave crisis política y conmoción interna. Esta última fue la causal invocada por Lasso este 17 de mayo 2023.

La premura de Lasso al disolver el parlamento ecuatoriano, por un lado, podría permitir la aprobación de varios decretos de Ley que no fueron aprobados por la asamblea legislativa y que ahora, por medio de su gobierno interino lo podría hacer, los decretos leyes son:

  • La reforma legal enfocada en el sector petrolero. Uno de los cambios apuntaba a que Petroecuador pueda delegar a la inversión privada sus campos en producción. Estos decretos fueron declaradas inconstitucionales en octubre de 2022.
  • La creación de zonas francas que benefician al sector privado.
  • La reforma (privatización) al sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
  • Lasso también intentó hacer cambios laborales y en septiembre de 2021 cuando presentó a la Asamblea Nacional la Ley de Creación de Oportunidades y Sostenibilidad Fiscal. En su capítulo laboral, proponía crear un sistema paralelo de contratación de trabajadores bajo normas más flexibles que las que tiene el Código de Trabajo. El Legislativo devolvió el proyecto al Ejecutivo sin aprobarlo. Sin embargo, el Ministro de Trabajo se refirió a la necesidad de desburocratizar y avanzar ahora con esas reformas.
  • La ley de incentivos a la inversión privada, que promociona la asociación pública privada y avanzar con privatizaciones en telecomunicaciones.

En síntesis, el presidente Guillermo Lasso da un cobarde autogolpe de Estado, con ayuda de la policía y las fuerzas armadas, sin apoyo ciudadano, convirtiéndose en una inminente dictadura. Además, es un auto golpe para avanzar con el neoliberalismo salvaje, reflejado en el fracaso del modelo de la derecha ecuatoriana, que ha llevado al Ecuador a la peor crisis de la historia de este país, a todo nivel, el 70% de la población no tiene un empleo adecuado; más de 6 millones de familias ecuatorianas viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza; más de 70.000 jóvenes sin poder acceder a la Universidad; más de 25 muertes violentas por día; la falta de acceso a todos los derechos básicos, entre otras arriba descritas.

Lo que le queda a Lasso es la dictadura, apoyada por el imperialismo para seguir en el gobierno.

Imagen: https://www.celag.org/

Repaso de las causas de la ruina del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) (Parte IV)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rodrigo Arias López
Máster en Matemática Actuarial

Estos desvíos de fondos (https://surcosdigital.com/repaso-de-las-causas-de-la-ruina-del-seguro-de-invalidez-vejez-y-muerte-ivm-de-la-caja-costarricense-de-seguro-social-ccss-2/) los denuncié ante Román Macaya Hayes, presidente Ejecutivo de la CCSS y activista del difunto PAC y ante la Fiscalía General de la República. Macaya trasladó el asunto a los mismos maquillistas para que siguieran pintando y la fiscala general de entonces Emilia Navas, asignó el caso a Diana Mora Hernández, quien pidió al Tribunal Penal la desestimación de la denuncia, indicando que “no ha sido posible proceder con la acusación y solicitud de apertura a juicio debido a la carencia probatoria que impera en este proceso”. Por su parte, el Tribunal desestimó la denuncia argumentando que yo “no había sido afectado” y “no es víctima”. Los jueces dijeron que este humilde servidor “no es la persona directamente afectada ni tiene ningún tipo de participación en asociaciones o socios o miembros de la persona jurídica que está siendo afectada, ni a las fundaciones o asociaciones que tengan carácter registral”. Así mismo, que “De la referencia que a (sic) hecho el ministerio Público se observa que el señor Rodrigo Arias López no ostenta la condición de víctima en el presente proceso, sino que figura como denunciante ante un delito de acción pública”. Además, no me permitieron presentarme a la audiencia oral. Adjunto varios links donde pueden ver los documentos y podrán notar que el expediente elaborado es un completo desorden; no sería extraño que por eso “no logró encontrar” ni entender las pruebas y enredó o convenció al tribunal. A mí ni siquiera me entrevistó.

Denuncia ante Román Macaya Hayes: https://es.scribd.com/document/640782681/A-Denuncia-Solicitud-PE

Apelación:
https://es.scribd.com/document/640787442/Apelacion-Expediente-18-119-1218-Pe

Desestimación de la denuncia por parte del TRIBUNAL PENAL DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ: https://es.scribd.com/document/640776113/Desestimacion-1171-0951-886704783-3038-F

El expediente que elaboró la fiscalía: https://es.scribd.com/document/640787828/Expediente-180001191218PE-Completo

La desestimación de la audiencia oral por parte del JUZGADO PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ: https://es.scribd.com/document/640789083/Desestimacion-oral-1171-0515-886639190-2044-F

En mi humilde opinión, las causas de la crisis del IVM también se pueden resumir como una violación al Estado Social de Derecho, impunidad y corrupción, dentro y fuera de la CCSS. No es porque sorpresivamente nos hayamos hecho viejos, ni porque los dineros ya no alcanzan, como dicen Jaime Barrantes Espinoza, Gustavo Picado Chacón, Luis Guillermo López Vargas y otros gurúes de la CCSS.

Tampoco creo que sea porque no haya pruebas para determinar el posible delito de desvío de fondos, como dijo la fiscala Diana Hernández, ni porque el suscrito no tenga afectaciones, ni derecho a denunciar y a reclamar esos posibles delitos, como dijo el tribunal citado. Más bien presuntamente algunos fiscales y jueces podrían tener enormes conflictos de interés porque ellos tienen un régimen de pensiones que financia pensiones de lujo de hasta 10 millones de colones mensuales o hasta 10 salarios mínimos del Poder Judicial, con retiro por vejez en el pasado a edades juveniles. Incluso en la actualidad pueden retirarse a partir de los 60 años de edad, anticipando el retiro hasta cinco años, con una ridícula penalización de 1,5% por año. A los pensionados por ese régimen por ley les realizan reajustes de acuerdo a la inflación de los precios -lo cual es justo en la mayoría de los casos- y para ese régimen de privilegio disponen de una prima de un 30% o más sobre los salarios, mientras que para el IVM de la CCSS no hay plata.

Por lo tanto, es comprensible que, a algunos empleados o empleadas del Poder Judicial con algún poder de decisión o influencia, o de relación con autoridades del Poder Ejecutivo, no les importe la misera que puedan padecer los pensionados y cotizantes del IVM de la CCSS.  Pero no podemos generalizar. Posiblemente la mayoría de los jueces y vigilantes de que se haga justicia, son muy rectos y con una moral muy alta, muy profesionales y justos. Recordemos que tanto el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Goicoechea, como la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, no aceptaron el desvío de fondos del seguro social para financiar el costo del primer nivel de atención de la salud ante demanda interpuesta por el entonces diputado José María Villalta, por el cual la CCSS está reclamando en la liquidación de sentencia ₡6 Billones, a razón de ₡400 mil millones de costos por año del primer nivel de atención de la salud, aunque internamente en la CCSS los maquillistas solo le cobran al Estado ₡20 mil millones por año, de los cuales no recibe la CCSS ni un céntimo en 30 años.

Causa risa escuchar que el Estado podría tener una deuda con la CCSS de ₡2,5 Billones a ₡3 Billones. Los maquillistas de la CCSS y amigos de políticos de muchos gobiernos de turno tienen esa deuda bien desinflada, pues en realidad la deuda no registrada bien supera los ₡50 Billones.

¿Qué opinan los lectores de SURCOS, en particular los cotizantes y pensionados del IVM de la CCSS?

Robarle la esperanza al pueblo es el acto más vil

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

Robarle la esperanza al pueblo es el acto más vil que se comete en contra de quienes sueñan y confían en que, por fin, las cosas cambiarán para bien de los que más necesitan.

Si bien es cierto se pueden dar actos y se pueden tomar decisiones que hacían suponer que efectivamente las cosas cambiarían, ha habido otras que llevan a pensar que será más de lo mismo y ahí es donde la ilusión y las esperanzas se hacen añicos.

El tema del desarrollo económico y generación de empleo, el ataque frontal a la corrupción y a la inseguridad, buscar el mejor de los funcionamientos de la Caja Costarricense del Seguro Social eliminando filas y haciendo que los especialistas permanezcan en la Caja con medidas oportunas… En todo ello falta mucho por hacer y el pueblo mantiene la esperanza de que se haga.

Pero el que ahora se pretenda cargar de impuestos a los que siempre son los que pagan los platos rotos, los trabajadores, y lo poquísimo que queda de clase media, es una injusticia, máxime cuando aún se dan casos de gastos excesivos y de acciones de corrupción que no son atacados en debida forma.

Aún se está a tiempo para que el gobierno enderece su rumbo, logre una estabilidad en su gabinete y se ejecuten las acciones que deparen el desarrollo económico y el bienestar social que todos esperábamos y seguimos esperando. No es tiempo de impuestos, es tiempo de control en el gasto y de ejecución de acciones que demuestren que se cumplirán las promesas de campaña, entre ellas la de no imponer más impuestos.

Dios quiera que tanto el presidente como sus ministros, especialmente el de Hacienda, enderecen el rumbo y se encaminen a lograr esas metas que se propusieron como promesas de campaña.

Las funciones exclusivas y excluyentes en la Caja Costarricense de Seguro Social

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Manuel Hernández, abogado laboralista

“Ser o no ser, esa es la cuestión” (Shakespeare)

El núcleo duro de la Ley Marco de Empleo Público está radicado en la gobernanza general del sistema de empleo público, que se le atribuyó a MIDEPLAN.

Esta rectoría política prácticamente se extiende a todo el aparato estatal: los poderes del Estado, las instituciones descentralizadas, autónomas, empresas públicas.

No obstante, la ley expresamente excluyó de esta rectoría “(…) las relaciones de empleo de las personas servidoras públicas que desempeñan funciones o labores administrativas, profesionales o técnicas, que sean exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa, según la determinación que realice la respectiva institución.” (artículo 6).

Esta exclusión se reitera en varias normas que regulan los componentes de la relación de empleo público.

La ley vino aquí a incorporar una cláusula de salvaguarda, con la finalidad de rescatar el principio de separación de poderes, la independencia judicial y la autonomía institucional de las universidades públicas, Caja Costarricense de Seguro Social y municipalidades.

La incorporación de esta cláusula de salvaguarda fue producto de la aplicación de la Opinión Consultiva de la Sala Constitucional, Voto 2021-017098, de las 23:15 horas del 31/07/2021, que atendió, en su oportunidad, la consulta facultativa acerca del proyecto de dicha ley.

Recordemos que este pronunciamiento de la Sala Constitucional estableció que más de 30 artículos del proyecto resultaban inconstitucionales, porque vulneraban el principio de separación de poderes, independencia judicial y la autonomía de gobierno u organizativa de aquellas instituciones públicas.

Este pronunciamiento de la Sala Constitucional reconfiguró el proyecto de ley. Así las cosas, para definir, en el ámbito de los poderes del Estado y esas instituciones autónomas, incluida la Caja Costarricense de Seguro Social, aquellas funciones exclusivas y excluyentes, resulta imprescindible recurrir a la doctrina constitucional contenida en ese voto.

Por una parte, el voto desarrolla una consideración de principio, de carácter general: no es inconstitucional que exista una Ley Marco de Empleo Público, siempre y cuando respete los principios de separación de poderes y no vacíe el contenido de las autonomías reconocidas a las universidades, CCSS y municipalidades.

El voto afirma que la potestad de dirección del Poder Ejecutivo, es incompatible con esos principios constitucionales y la autonomía de esos entes.

Asimismo, advierte que compete a los órganos supremos de los poderes del Estado e instituciones autónomas, definir cuáles son los servicios o actividades que inciden sobre las competencias exclusivas y excluyentes y las funciones administrativas necesarias para el cumplimiento de estas.

Por otra parte, en el caso particular de la CCSS, ese voto vuelve sobre la propia jurisprudencia de la Sala Constitucional, la cual destaca la autonomía administrativa y de gobierno, que le reconoce el artículo 73 de la Constitución Política, cuya autonomía la protege de la intervención del Poder Ejecutivo y hasta del Legislativo.

Esta autonomía la faculta determinar su régimen interior, incluso el régimen de empleo y contratación de los funcionarios que requiere, para el cumplimiento de su cometido constitucional: la administración y gobierno de los seguros sociales (Voto N°2011-14624).

Asumiendo estas premisas, en lo que concierne específicamente a la Caja Costarricense de Seguro Social, el voto afirmó que los artículos 6, 9, 17,18 y otros del proyecto consultado son inconstitucionales, porque violentan la autonomía administrativa y gobierno de esa institución, en virtud que “no se excluye de la potestad de dirección [de MIDEPLAN] a los funcionarios que participan de las actividades vinculadas a los fines constitucionalmente asignados a la CCSS, y quienes ejercen cargos de alta dirección política, así como todo aquel funcionariado administrativo, profesional y técnico, que establezcan los máximos órganos de la entidad aseguradora”.

Asimismo, reparó que el artículo 13.b) también es inconstitucional, “por no incluir en el citado inciso a los servidores que realizan labores sustanciales y administrativo, profesionales y técnicos, necesarios para alcanzar los fines constitucionalmente asignados a la CCSS, en los términos que se explica en el considerando general y supra”.

Con fundamento en estas consideraciones de la Sala Constitucional, generales y específicas, que recogen la doctrina de la materia, a la luz de la cual hay que interpretar aquellas normas de la Ley Marco de Empleo Público, se puede sostener que todas las clases del Manual de Puestos de la Caja Costarricense de Seguro Social, ya sean de carácter asistencial, auxiliar, técnicas, administrativas, profesionales, reconducen a funciones de carácter exclusivas y excluyentes, absolutamente imprescindible para el cumplimiento del objetivo constitucional asignado a esa institución.

Las funciones que comprenden todas estas clases de puestos son de carácter exclusivas y excluyentes, indispensables para garantizar la operatividad, regularidad, continuidad y eficiencia en la prestación del servicio público.

Todas las clases de puestos cumplen cometidos vinculados a la prestación de los servicios que le corresponde asumir a la Caja Costarricense de Seguro Social.

La autonomía de la Caja es política, orgánica y funcional, que comprende unitariamente todos los servicios y actividades que realizan sus servidores, desde las labores asistenciales, auxiliares, administrativas, técnicas, profesionales, hasta las funciones profesionales más especializadas en el campo de la medicina, por lo que resultaría totalmente artificioso establecer una dualidad de colectivos funcionariales, unos sujetos a la gobernanza de MIDEPLAN, y los demás, sometidos a la regulación de la propia institución, a contrapelo del precepto constitucional, y en menoscabo de la regularidad, continuidad y eficiencia en la prestación de los servicios.

La consigna asumida por los sindicatos: “Qué nadie se quede atrás, ni afuera”, constitucional e institucionalmente es la correcta, porque la autonomía de la Caja cobija a todos sus servidores y servidoras, sin distingos de ninguna especie.

 

Enviado a SURCOS por el autor.

Gustavo Petro: un visionario

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

Que atrevido libreto el de la derecha defenestradora. Ya nuestro presidente no es guerrillero ni comunista. Ahora resulta que es Marxista.

Según un gerentólogo de la derecha militarista actualmente no hay pobres, no existen discriminados ni desplazados, ni corrupción, como tampoco Narco Estado.

Que todo lo va a producir y está condicionando «el marxista presidente». Olvidan que el marxismo explica la existencia misma del capitalismo, su naturaleza, función y fines.

El marxismo jamás ha sido un modelo sino una metodología y guía para la acción. Si existe algo no dogmático es el marxismo. Tenemos un gurú de la derecha contradictorio y sigue la misma línea: en Colombia no hay nada que cambiar, absolutamente nada.

Por eso expongo que en Colombia no existe una oposición estructurada (no me refiero al escenario politiquero de la piara congresional). Eso resulta provisorio para la cualificación política y triunfos del movimiento popular y me atrevo a decir, aunque estalle centellas r e v o l u c i o n a r i o.

¡Puro Abogado!

Comparación del impuesto de renta actual con el proyecto de renta global

Escrito en . Publicado en Análisis.

Marco Fallas Díaz *

Es importante recordar lo que planteaba Rodrigo Chaves sobre el tema de los impuestos en campaña electoral (Revista Forbes Centroamérica, marzo 16,2022):

“Forbes (F) ¿Cómo va a tratar la disminución de impuestos, sabiendo la gran deuda que tiene Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional?

RC: Costa Rica no necesita más impuesto, Costa Rica tiene maneras de arreglar los desbalances fiscales, el déficit estructural con cambios que no implican necesariamente subir ni la tarifa, ni la carga tributaria, primero tenemos que entender que en este país hay más o menos 3.600 millones de dólares (mdd) de elusión y evasión, y se puede reducir con mejor admiración (sic) tributaria”

Hoy, al haberse cumplido su primer año de mandato nos recetan más impuestos que impactan, de manera muy fuerte, en los sectores de ingresos medios de la clase trabajadora y jubilados y al mismo tiempo se sepulta en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 21414 “Ley para fortalecer el combate al delito de fraude a la Hacienda Pública”, presentado en su oportunidad por el exdiputado José María Villalta Flores.

Con el propósito de aclarar las diferencias entre el impuesto de renta actual y el proyecto de renta global presentado por el Poder ejecutivo el día 18 de mayo de 2023 y que ello permita medir los impactos en salarios y en las jubilaciones presento la siguiente información.

Impuesto de renta actual a partir de enero 2023

Tabla 1: Propuesta de renta actual/1

Ingreso bruto mensual (colones)Porcentaje de impuesto
Hasta 941.0000
De 941.000 a 1.381.00010
De 1.381.000 a 2.423.00015
De 2.423.000 a 4.845.00020
De 4.845.000 en adelante25

 1/ Fuente: Ministerio de Hacienda

La propuesta de renta global

En la siguiente tabla, se resumen los tractos del impuesto sobre la renta global, presentada por el Poder Ejecutivo el día 18 de mayo de 2023. Es importante señalar de partida un error en la publicación, en vez de salario bruto mensual, debe leerse salario bruto anual y debería agregarse gravable (una vez descontada la base mínima vital estimada en ₡10.1 millones anuales).

Tabla 2

Fuente: La Nación del 19 de mayo 2023, página7

A partir de la información que se suministra se construye la tabla con información equivalente a tractos de ingresos brutos mensuales, consistentes con la propuesta de renta global, para compararla luego con la tabla de impuesto de la renta actual, dado que la presentación del Ministerio de Hacienda no permite visualizar de manera directa el impacto real.

Tabla 3: Propuesta de renta global/1.

Ingreso bruto mensual (colones)Porcentaje de impuesto
Hasta 841.6670
De 841.667 a 1.235.66710
De 1.235.667 a 1.799.66715
De 1.799.667 a 2.499.66720
De 2.499.667 a 3.999. 66725
De 3.999.667 en adelante30

1/ Se construye con información de la tabla2

Comparación y consideraciones

Comparación y consideraciones

– En la propuesta se disminuye el monto a partir del cual se empieza a pagar el impuesto de renta. En vez de empezar a pagar a partir de ₡941mil se paga el impuesto a partir de ₡842mil y se disminuye el tracto del 10%. Es una diferencia pequeña, pero anuncia por dónde va el diseño.

– En la propuesta el tracto en el que se comienza a pagar el 15% es más bajo, es decir contribuyentes que hoy están en el tracto del 10% empiezan con la propuesta a cotizar el 15%. Y lo mismo ocurre con los otros tractos: El tracto actual del 20% empieza en un monto de ₡2,4millones, con la propuesta se empieza en ₡1,8millones. El tracto actual del 25% empieza en un monto de ₡4,8millones, con la propuesta se empieza en ₡1,8millones. Contrario a lo que plantea el ministro de Hacienda, el proyecto tiene una clara intención de aumento de los ingresos fiscales.

– Como se deben sumar todos los ingresos que se tengan, además del salario o jubilación, el pago del impuesto respectivo sobre la renta puede corresponder sobre tractos más altos. Un ejemplo: los rendimientos sobre certificados a plazo (que no necesariamente se asocian a riqueza, en muchos casos son previsiones para emergencias), al sumarse a los ingresos totales anuales pueden tener que pagar no un 15%, como actualmente, sino un 20, 25, o 30%.

– Se crea un nuevo tracto a partir de los ₡4millones con una tasa del 30%.

– En el caso de las jubilaciones el efecto progresivo del que habla el ministro de Hacienda colisiona con el mandato constitucional que establece un tope a la carga tributaria total de los jubilados de un 55%. Para jubilaciones con montos superiores a ₡5,3millones el impacto de la propuesta se anula con el ajuste que se debe hacer por la vía de las cotizaciones para no exceder el tope de carga tributaria.

– En la Tabla 3 se presentan algunos ejemplos del impacto de la propuesta de renta global.

Tabla 3: Ejemplos

Conclusión

La demagogia, populismo y cinismo parece no tener límites para el señor Presidente Rodrigo Chaves y su Ministro de Hacienda Nogui Acosta. Con el propósito de granjearse el apoyo electoral y emocional del ciudadano costarricense ofreció entre otras cosas que no serían necesarios más impuestos, pero si una administración tributaria eficiente que considerara la evasión y elusión presupuestaria, pero ni una ni otra promesa ha cumplido, todo lo contrario, más impuestos, resultados poco significativos contra la evasión y no se apoyó el proyecto de ley que procuraba atacar el fraude fiscal. El Ministro de Hacienda, por su parte, tiene el cinismo de negar que la propuesta de renta global trate de más impuestos.

El análisis que se presenta está referido solamente al impacto al salario y jubilaciones producto de la propuesta de renta global, sin embargo, sus efectos deben analizarse integralmente. Las personas asalariadas y jubiladas de ingresos medios y bajos han venido soportando además una escalada en las acciones que deterioran su bienestar social y económico: congelamiento de salarios, no reconocimiento del costo de la vida, como consecuencia de la aplicación de la Ley de equilibrio fiscal, en un contexto inflacionario. De conformidad con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), de diciembre 2019 al mes de abril 2023 el deterioro del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones a las que no se les ha reconocido ajuste, supera el 11%. En el caso de las jubilaciones del Régimen Transitorio de Reparto se aprobó la Ley 9796 que disminuyó significativamente el monto efectivamente recibido por las jubilaciones medias y bajas y continúan las amenazas con nuevos proyectos de ley.

*Economista, ex vicerrector de Desarrollo de la Universidad Nacional.

El valor político de una espalda

Escrito en . Publicado en Análisis, Cultura.

Por Memo Acuña (sociólogo y escritor costarricense)

El cuerpo como reducto, recurso, representación social. El cuerpo como arma, signo, símbolo. Donde se inscriben las marcas de la desigualdad, al mismo tiempo que la respuesta.

El cuerpo, poner el cuerpo, es quizá de los enunciados más claros a nivel político en los últimos tiempos.

La primera línea de personas jóvenes en los hechos del Chile de finales de la última década pagó prácticamente con sus ojos la acción cruenta y salvaje de personas entrenadas para matar.

Las 40 personas migrantes centroamericanas y de otros orígenes asesinadas en un centro de detención incendiado en Ciudad Juárez, pusieron su cuerpo para tratar de salvarse.

Los dos dirigentes indígenas costarricenses asesinados por defender sus territorios y sus familias marcadas con fierros calientes, estuvieron allí con sus cuerpos como dispositivo de resistencia.

Nunca como ahora el valor del cuerpo mecanismo de protesta y resistencia. Nunca como en estos tiempos de regresión neoliberal, el significado de un acto en el mismo corazón de la hegemonía cultural en Costa Rica.

Dar la espalda significa no reconocer, desconocer, resignificar, dignificar el trabajo del artista. Dar la espalda al poder es simbólicamente resistir a su funcionamiento. No verle la cara. Apelar a otros lenguajes corporales para decir, gritar.

En la reciente ceremonia de entrega de los premios nacionales de cultura, el acto fue justamente resignificado por un grupo de mujeres artistas en el campo visual, que bajo la consigna del hartazgo (qué más harta puede estar una mujer que un día sí y otro también experimenta violencia, acoso, discurso de poder y discriminación) expresó su profundo enojo contra los intentos de las elites dominantes por aniquilar la cultura, el arte y la educación del escenario nacional.

Lo hicieron allí, en ese otro escenario dispuesto para la alta cultura, las “bellas artes”. Son Las Hartas. Así se llaman. Así actúan. Así confrontan.

“Las artes, ni bellas ni apolíticas: críticas y combativas” rezaba uno de los carteles en la protesta convocada por personas trabajadoras del sector mientras adentro la espalda de Las Hartas enseñaba, implicaba, decía.

Dar la espalda como valor político. En otros momentos ha sido el puño en alto, el valor simbólico de una boca cosida, la inscripción de discursos de protesta y respuesta en todo el cuerpo.

El cuerpo como posibilidad y activación de una forma, otra, en la que lo político emerja desde la pulsión, desde adentro.

Dime a quién favoreces desde el gobierno y te diré qué tipo de gobernante eres

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

“Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo,

Pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo”.

(Abraham Lincoln. Presidente de los EE. UU)

“Los políticos son iguales en todas partes.

Prometen construir un puente incluso donde no hay río”

(Nikita Kruschev. Presidente de la URSS)

Introducción.

En materia gubernamental, las promesas planteadas en una campaña electoral mueren en la propia acción de gobierno. Todo político acostumbrado a mentir para ganar votos tiene una vida política corta y no perdurará en el recuerdo del pueblo.

Siempre he creído que la mejor promesa es únicamente un programa de gobierno serio, hecho en equipo y que contenga en su base un análisis riguroso de la realidad. La improvisación en la política es el peor de los engaños; nadie sabe para donde va una agrupación que nace apenas unas pocas semanas antes del proceso de una elección. Por añadidura el agrupamiento de personas en torno a una figura exclusivamente impide que aflore la cohesión, disipa la solidez política que podría forjarse en el seno de la nueva agrupación, puesto que, la adhesión se producirá únicamente en torno a la figura del supuesto líder. Por otra parte, la improvisación alimenta el engaño y las promesas vacuas ante la debilidad programática. En este contexto crece la lealtad al líder como una forma de conseguir prebendas personales por eventuales puestos de gobierno y concesiones a proyectos particulares o familiares. Este contexto es propicio para que aflore el clientelismo político.

 Alguna gente piensa que los programas no sirven para nada; juicios como estos están basados en un conocimiento pobre y errado de la realidad política. La experiencia política demuestra por el contrario que, por lo general la propuesta programática forjada sobre la base del conocimiento y el estudio de una realidad concreta, cuando hay verdadera voluntad de llevarla a cabo es lo único que produce alguna garantía de seguridad en el curso de la futura acción de gobierno. Nada preconiza que las cosas saldrán bien, ese es otro asunto; porque la realidad es compleja como para asegurar que se alcanzará una “gobernanza” que permita unir la acción de gobierno con el deseo de cambio residente en las personas, en especial las más urgidas de políticas públicas que en verdad lleguen a ellas y viabilicen la participación ciudadana. La solidez programática lo que garantiza, como quedó expresado es un curso de acción del partido político; no significa que ese curso de acción sea el adecuado para comenzar a resolver los problemas sociales. El éxito dependerá de la orientación justa y equitativa de la propuesta. Lo dicho lo sustento en una vasta literatura politológica que ha estudiado experiencias en diferentes partes del mundo.

El primer año de gobierno de Rodrigo Chaves.

En el medio costarricense, algo se ha escudriñado sobre el primer año del gobierno del presidente Chaves. Por lo consiguiente intentaré referirme sobre todo a un punto de vista que no se ha vertido, o no con suficiente intensidad acerca del curso que lleva este gobierno. Mi planteamiento intentará examinar primordialmente hacia dónde se ha orientado la política pública del actual mandatario, valga decir a quién beneficia principalmente.

El “Partido Progreso Social Democrático” se fundó en Costa Rica desde el 2018, por Luz Mary Alpízar Loaiza, quien fue su presidenta. Luz Mary Alpízar provino del “Partido Nueva Generación” del cual fue su secretaria general entre el período del 2012 al 2017. Mediante conversaciones con Rodrigo Chaves, concede en favorecer la candidatura de este último a la presidencia de la República para las elecciones del 2022. Ella misma, fue postulada a una diputación por la provincia de San José en el tercer lugar; en estos comicios mencionados resultó electa dentro de la fracción del PPSD. A pesar de ser la presidenta del partido, se separó de la fracción oficialista en varias ocasiones en la Asamblea Legislativa, lo que provocó que fuese censurada por sus compañeros debido a su conducta política. Lo menciono porque es un claro ejemplo de un partido político que, no obstante haber sido inscrito formalmente por el Tribunal Supremo de Elecciones en el 2018, el agrupamiento de fuerzas para las elecciones de febrero del 2022 fue el resultado del prematuro liderazgo personalista ejercido principalmente por Rodrigo Chaves en conjunto con la periodista Pilar Cisneros.

El gabinete integrado por el presidente Chaves fue una ensalada de personas ideológicamente heterogéneas, la mayoría de los cuales tenían como único punto de contacto al presidente de la República. Un rápido examen desde un punto de vista formal, del programa de gobierno del PSD presentado ante el TSE, tal como fue analizado por el Programa Estado de la Nación (PEN) antes de las elecciones, evidenció que el documento contiene 105 propuestas de carácter general, o sea sin desarrollar los detalles, dice la PEN; 7 fueron las propuestas acompañadas de metas cuantificables; además presentaron 20 propuestas concretas, lo que significa según la PEN, aquellas propuestas que se formularon con un cierto grado de detalle de cómo lo realizarían. Por otra parte, el estudio de la PEN destaca que el partido oficialista presentó solamente tres propuestas que la misma PEN denominó “robustas” (frente a 32 del PLN, 22 del Frente Amplio, 17 del Partido Liberal Progresista y 2 del PUSC). Estas propuestas “robustas”, explica la PEN, son aquellas que tienen tres características a la vez: en ellas se señala lo que se pretende realizar, en segundo término, se describe una meta definida indicando cuánto va a ser el impacto y en tercer lugar se puntualiza cómo lo van a realizar de manera concreta.

En cuanto al análisis de contenido del programa de gobierno, hay una importante cantidad de promesas incumplidas por parte de la administración Chaves; especialmente se han dejado de lado aquellas que se orientan de alguna manera a disminuir el peso del costo de la vida y otras dificultades para sectores vulnerables, mientras se repuntan aquellas otras que tienden a beneficiar a los sectores cúpula de la sociedad.

Nos centraremos en algunas propuestas que permiten afirmar que el gobierno se orienta a impulsar una contrarreforma encaminada a desmontar el “Estado Social de Derecho” que Costa Rica había venido construyendo, no sin dificultades, desde los primeros años de la década de los cuarenta.

Algunas de las principales medidas del gobierno de Chaves.

Destaco un primer y notable cambio de perspectiva por parte del gobierno de Chaves, en lo concerniente a su promesa de bajar el costo de la vida. Es notable en su primer año de gobierno, que la Canasta Básica Alimentaria, de acuerdo con los cálculos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en lugar de bajar aumentó de mayo del 22 a marzo del 23, un 10,16%. En contraposición, cediendo a las presiones neoliberales provenientes tanto de fuera de la administración como dentro de ella, en el mes de agosto, el gobierno anunció su afán de vender el Banco de Costa Rica, junto con BICSA y el 49 % de las acciones del INS, para hacerle frente con ello a la deuda pública y a la vez recaudar recursos para supuestamente atender las necesidades del Estado. El proyecto presentado por el poder ejecutivo en setiembre fue severamente cuestionado en la Asamblea Legislativa (AL) así como por la Contraloría General de la República (CGR). En ambos casos se le formularon “fuertes cuestionamientos” relacionados con la transparencia. (Basado en datos de los periódicos La República y La Nación del 8 de mayo).

En este mismo orden de cosas, el gobierno también propuso la fusión de las instituciones del sector vivienda: el Ministerio de la Vivienda, el BANHVI y el INVU, con el fin de ahorrar recursos. Un propósito que podría ser loable, siempre que se evitara con ello la duplicidad del trabajo de las instituciones del sector, pero el proyecto fue elaborado de tal manera que recibió un sinfín de críticas de sectores y diputados, ya que en el texto queda eliminado el bono de vivienda para los sectores sociales más postergados, de igual manera, se afecta a las mutuales y por ende los créditos que ellas otorgan. Por su parte la CGR cargó contra el proyecto tras advertir que se traducía en un incremento de la burocracia, acarreando riesgos financieros. O sea, un desaguisado desde el punto de vista social y financiero.

Por otra parte, Chaves anunció en conferencia de prensa el propósito de enviar a la AL un proyecto de ley, que ya había sido presentado por el gobierno anterior en febrero del 2021, dirigido a crear el impuesto de “Renta Global Dual”, según el cual tanto las empresas como las personas físicas quedarían obligadas a declarar la totalidad de las ganancias. El proyecto, el 19 de mayo todavía no habíase presentado en la Asamblea Legislativa, aun cuando el asunto se anunció en conferencia de prensa argumentando que revestía cierta urgencia debido a que se orienta a equilibrar las finanzas públicas. Aunque el proyecto busca cobrar todos los ingresos de las personas asalariadas e independientes, para que no resulte tan regresivo, desde la administración pasada, se estableció una escala para reducir el impuesto según los gastos y, por otra parte, aplicar a la base imponible una escala progresiva de tarifas. Dice el proyecto literalmente: “La iniciativa incluye todos los ingresos de las personas asalariadas e independientes en un mismo “canasto” y a partir de allí, cobrar los tributos en una escala. Eso sí, con la opción de reducirse según los gastos.” (Cfr. https://observador.cr/gobierno-de-chaves-retoma-proyecto-de-impuesto-de-renta-global-dual-idea-fue-planteada-por-administracion-alvarado/).

Como se acaba de expresar, al 18 de mayo del 2023 y como ha ocurrido con otras tantas promesas de campaña electoral, el proyecto de ley no había sido enviado a la Asamblea Legislativa. Es notable que, el que por fin se envió a la corriente legislativa por parte del poder ejecutivo, llevaba un acento de regresividad, puesto que el peso impositivo se hizo recaer en los sectores de salarios bajos y medios, valga decir sectores por encima de la línea de pobreza y capas medias de la población.

En cambio, al tenor de esta orientación todavía no se presenta ante la Asamblea Legislativa el proyecto que se había prometido, para reducir las exoneraciones fiscales a diversos sectores. Mientras tanto, aun cuando se haya incrementado desde la administración anterior el monto de los tributos recaudados, la evasión y elusión fiscal por parte de las grandes empresas continúa siendo un deporte nacional para los grandes intereses. O sea, en lo medular se gobierna para favorecer los intereses de los sectores cúpula de la sociedad.

En lo concerniente a la producción interna el presidente Chaves había insistido en bajar el costo de la vida, pero, no se ve todavía que el camino emprendido esté dando resultado. En lo relativo a la producción interna de arroz, el gobierno emitió dos decretos el 3 de agosto del 2022 mediante los cuales se redujo drásticamente un arancel que existía a la importación del grano, arancel que protegía a los productores nacionales. En consonancia con lo anterior, el otro decreto eliminó el precio mínimo del grano. La respuesta del sector productivo nacional no se hizo esperar condenando ambos decretos. De acuerdo con datos de Conarroz, la actividad productiva del arroz se redujo un 43% comprendiendo los períodos 2021-2022 y 2022-2023, sin que la reducción de los precios del grano hubiese sido significativa. Los precios bajaron un 2,42% desde mayo 2022 a marzo del 2023, pero, ello ocurrió por efecto del crecimiento de los precios internacionales en dólares que subieron 11,85%. Al caer el precio del dólar el costo del grano de arroz importado bajó un 11,46%, pero en colones. Por último, a causa de la presión de los arroceros nacionales, el gobierno anunció que enviaría a la AL un proyecto para subsidiar a los productores que tuviesen 100 hectáreas o menos; en efecto, se anunció un subsidio de 2.800 millones de colones. El anuncio fue hecho sin reparar en que, la “Regla Fiscal” impide al gobierno otorgar subsidios, excepto si es autorizado por la AL; debe saberse que, el proyecto, luego de haberse presentado fue retirado de la corriente legislativa.

En otro orden de cosas, en varios asuntos, el gobierno deja en evidencia un supino desconocimiento de la administración pública y al mismo tiempo adolece del defecto de descoordinación. Por ejemplo, el proyecto de ley presentado a la AL en esta legislación contra la corrupción no aportó mayor cosa, repitiendo las leyes vigentes, por lo que la reforma tal como se presentó deviene innecesaria. Otro tanto ocurrió con la promesa de transmitir las sesiones del Consejo de Gobierno en un alarde populista con diversos sectores sociales. El mismo mandatario abandonó la idea, al reconocer que tal como estaba planteada era cosmética y contenía problemas técnicos en su realización. Ante la promesa de apertura total con la prensa, varios hechos demuestran que el afán del mandatario era una mera pose: las actas del Consejo de Gobierno son ahora puros resúmenes sin detalle alguno; asimismo se ordenó a las oficinas de información y comunicación de diversos ministerios e instituciones de gobierno, restringir la información a la prensa; en concreto, la ex titular de salud obligó a subalternos suyos a solicitar permiso a la jerarca del ramo antes de brindarle información a la prensa. En este caso la Sala Constitucional declaró la nulidad de la orden ministerial, tras encontrarla inconstitucional. En el INS, ocurrió otro tanto, ya que la presidenta ejecutiva, Mónica Araya ordenó la inspección de computadores de varios funcionarios, por una supuesta filtración de datos de interés público a la prensa. Todo esto se tradujo como lo expresa un reporte periodístico en que Costa Rica hubiese caído 15 puestos en el índice de libertad de prensa que realiza la organización no gubernamental internacional de origen francés y sin ánimo de lucro “Reporteros sin Fronteras”. (Cfr. La Nación, 8.05.23. pág. 6)

Entre lo más grave:

1. Educación. Sigue el “apagón educativo: Pese a la promesa hecha por el presidente Chaves de declarar una emergencia educativa, pasan los días y no ha habido declaratoria alguna en ese sentido, pese a la difícil situación por la que atraviesa el MEP. Este ministerio realizó pruebas nacionales para alumnos de sexto grado, undécimo y duodécimo año, sin que las pruebas piloto de abril pasado hubiesen realizado la evaluación prometida de la calidad del aprendizaje que Chaves había adelantado. Lo más grave es que las pruebas a realizarse en octubre y noviembre equivaldrán al 40% de la nota de los educandos. A su vez, las pruebas Faro para primaria (de ámbito internacional), fueron eliminadas por el Consejo Superior de Educación a tan solo cinco días de su realización. El gobierno ordenó la suspensión del arrendamiento de tres edificios por un costo de 3.000 millones de colones, también se decidió un traslado de supervisiones educativas a centros de educación para ahorrar 600 millones de colones; dichas supervisiones debieron terminarse en febrero del 2023. Hasta la fecha, el gobierno no brindó a los medios informativos una actualización acerca del estado de situación. Grave ha sido el intento por violar la autonomía de las universidades, tanto al pretender restringir el presupuesto de las universidades públicas (por ahora se echó marcha atrás, merced a una movilización de los estudiantes), como en cuanto a la pretensión de que cuatro ministros del gobierno intervengan en la discusión y aprobación de los presupuestos de las universidades públicas. El MEP ha sido omiso en brindar otra información relativa a la urgencia de construir 38 centros educativos integralmente por órdenes sanitarias presentadas. Las órdenes sanitarias fueron 722 en total. (Cfr. Ibid).

2. Golpe a la cultura costarricense. El gobierno se propone recortar el 8.4% del presupuesto del ministerio de Cultura y Juventud, equivalente a 4.000 millones de colones. La medida que pretende el gobierno ha concitado al sector cultura que tomó las Instalaciones del Teatro Nacional y está solicitando la renuncia de la ministra de esa cartera Nayuribe Guadamuz. Semejante recorte no tiene precedentes en el país. Implicaría, entre otras cosas, la desaparición de nuestra emblemática Orquesta Sinfónica Nacional. (Cfr. Cultura CR.net, 18 de mayo 2023).

3. Graves retrasos en las obras de infraestructura pendientes: Sobre la carretera San José-San Ramón, todavía no se firma una adenda con el Banco de Costa Rica, que permita llevar el proceso de transición hasta el finiquito del contrato. La mayoría de las obras impostergables tienen un año de estar detenidas. Igualmente paralizada se encuentra la concesión de la ruta 27, cuyas negociaciones tenían un 80% de avance en el gobierno anterior. La ruta a San Carlos se continúa en las negociaciones con el BID y al 8 de mayo de este 2023, no se conocían los avances de dichas negociaciones. Semejante carencia de información existe sobre la ampliación de la ruta San José- Cartago; se sabe al menos que, el Consejo Nacional de Concesiones acordó no continuar con la iniciativa privada que llevaba la concesionaria MECO, para la ampliación de los 20 Kms de la ruta. Igual retraso sufre la ruta 32, carretera a Limón, ya que falta financiar obras por valor de $150 millones, pero, a la fecha se desconoce de dónde se obtendrán estos recursos. A estas alturas se carece de un plan para ejecutar las obras complementarias, así como también quedan pendientes 300 expropiaciones para poder completar la obra. A la fecha, también queda pendiente resolver si se aprueba o no la realización de la obra del tren eléctrico de carga para exportaciones, que conectaría la zona norte de Limón con el área metropolitana. Sobre esta obra el ministro Luis Amador señaló que tenía dudas sobre la ejecución de este plan, no obstante que el presidente se había mostrado interesado en ella. El proyecto de Ciudad-Gobierno para albergar más de 10.000 funcionarios públicos en el sur de la capital, se ejecutará mediante un préstamo con el BCIE. Todo parece indicar en este caso que el proyecto se desarrollará mediante un financiamiento de $450 millones.

4. Las finanzas públicas continúan siendo un tema harto complicado. Hay contradicciones en varios puntos: el presidente había expresado que negociaría con el FMI un programa completamente nuevo. Pero, el ministro Nogui Acosta ha sostenido que se ejecutará el mismo programa ya negociado con la Institución Financiera. Es decir, en las mismas condiciones. En cambio, hubo una flexibilización de la regla fiscal, para permitir aumentar el tope del gasto público en 433.000 millones de colones y otros cambios de significación. Por su parte la Ley de empleo público que fue aprobada, generó la protesta del Fondo Monetario Internacional, por el hecho de que el gobierno no entra a ejecutarla, sino que la ha sometido a un nuevo proceso de negociación con diversos sectores sociales. Lo anterior es debido a que, en este momento (19 de mayo), persisten contradicciones interinstitucionales con el gobierno, ya que más de 70 instituciones declararon que no acatarán lo dispuesto por MIDEPLAN relacionado con los salarios comunes.

En conclusión, en lo medular el gobierno comienza su segundo año dejando a su paso una estela de autoritarismo en las decisiones, falta de planificación, desorden, descoordinación en el seno de la institucionalidad pública y un apresuramiento por desmantelar la administración pública, en especial en lo concerniente al Estado Social de Derecho, sin que medie estudio alguno al respecto. En cambio, es clara la tendencia a favorecer el clima de negocios en la cúpula de la escala social, incumpliendo por contraposición compromisos contraídos con la ciudadanía de a pie en el proceso electoral. Hay una subvaloración de la importancia de la cultura nacional en el contexto costarricense, e igualmente un claro menosprecio por las universidades públicas y su autonomía. No se muestra una real decisión gubernamental por acometer un plan para hacerle frente a la seria problemática de la educación costarricense en sus niveles de preescolar, primaria, educación técnica y secundaria. Así como tampoco existe voluntad clara de ejecutar el plan nacional de infraestructura. Finalmente, grave es el desconocimiento mostrado por el presidente de la República y su equipo de trabajo en seguridad, acerca de la situación salarial de la policía y las condiciones deplorables de una buena parte de los inmuebles en los que deben trabajar los miembros de la fuerza pública, en momentos en los que se les exige el máximo esfuerzo para enfrentar la seria amenaza que constituyen para la seguridad ciudadana, tanto el sicariato como las bien asentadas y financiadas bandas del narcotráfico. En suma, el gobierno carece todavía de un verdadero plan de prioridades. Es lamentable, dados los muy diversos y serios problemas que afronta la sociedad costarricense.

Se está creando un ambiente hostil en el país, es necesario que la comunicación verbal y no verbal enriquezca el diálogo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

1.- Las formas son muy importantes en las relaciones humanas y en eso hay una falta y grave por parte del presidente Chaves Robles. No es correcto referirse a un diputado de la República como él lo hizo, por temas de investiduras. Es muy claro que existe una relación muy tensa entre el presidente y algunos diputados, entre el presidente y algunos periodistas. Eso puede ser normal y debería de llevarse de tal forma que lo primero que debe prevalecer es el respeto, para de esa forma darle el lugar que se merece a las investiduras de cada quien.

2.- Por otra parte, con el pretendido recorte presupuestario al Ministerio de Cultura es otro tema álgido y se ha complicado más por las frases fuera de lugar que se han utilizado para justificar el mismo. La cultura, desde cualquier punto de vista es importante para el desarrollo de los pueblos. La cultura y todo lo que ella encierra es importante para el desarrollo humano en lo social y en lo emocional, y hay que buscar las alternativas para quienes aman, viven y trabajan en la cultura también tengan su espacio y también se puedan desarrollar talentos en las diferentes áreas de la cultura.

3.- Lo que si no deja de sorprendernos es la insistencia de una diputada del Partido Liberación Nacional de impedir que un proyecto de ley importantísimo contra el crimen organizado no se pueda votar. Tiene poco sentido ese comportamiento cuando se sabe sobre las consecuencias que tendrá el que no se vote a tiempo ese proyecto de ley. Debe votarse y debe hacerse ya.

4.- Ha sido una decisión poco ejemplarizante la de autorizar la devolución de pasaportes a los involucrados en el caso diamante sin que se haya acabado con el proceso de investigación, y sin que se tomen decisiones finales sobre esos imputados. Una muestra de que la justicia no anda bien tampoco.

Todo lo anterior está creando un ambiente hostil en el país y eso no es bueno. Es necesario que las relaciones entre quienes detentan el poder sean consecuentes con esas investiduras y es necesario que la comunicación verbal y no verbal enriquezca el diálogo y logre consenso.

Dios quiera que lo entiendan y que haya un mejor ambiente para producir más y mejor en todas las áreas del gobierno y en todos los poderes de la República.