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Las mujeres no están solas: llamamos a la alianza institucional

Enid Cruz Ramírez

En estos días, muchas organizaciones de mujeres, colectivos feministas y comunidades a lo largo del país estamos alzando la voz contra el proyecto de ley que pretende imponer jornadas laborales de 12 horas durante cuatro días (la llamada jornada 4×3), sin pago de horas extra y con impactos graves en la salud, la vida cotidiana y los derechos adquiridos por las personas trabajadoras, especialmente las mujeres.

Que la institucionalidad camine con nosotras

En Costa Rica, durante décadas se ha levantado un entramado institucional robusto en materia de igualdad y equidad de género: comisiones de género en instituciones públicas, redes interinstitucionales de atención y prevención a la violencia contra las mujeres, políticas públicas específicas como el Plan Nacional de Atención y Prevención de la Violencia (PLANOVI), Comisiones Municipales de la Mujer, y una Comisión Permanente de la Mujer en la Asamblea Legislativa.

Todas estas instancias existen, en teoría, para garantizar los derechos de las mujeres, prevenir las violencias estructurales y promover condiciones de vida dignas y equitativas.

Sin embargo, ante el actual debate sobre la propuesta legislativa para instaurar la jornada 4×3, una medida que implica trabajar 12 horas diarias durante cuatro días, sin reconocimiento de horas extra y con efectos negativos en la salud, la vida familiar, el tiempo de cuidado y la calidad de vida, el silencio institucional es ensordecedor.

El país ha invertido recursos humanos, económicos y políticos para crear un marco institucional que vele por la igualdad sustantiva. Pero la institucionalidad no puede ser solo ornamental ni técnica. Debe ser política. Debe alzar la voz cuando los derechos de las mujeres se ven amenazados por reformas regresivas que profundizan las desigualdades de género.

Cuando las mujeres luchan, las instituciones deben responder

Hoy no escribo solamente para denunciar la ausencia, sino para invitar a actuar. Este no es un llamado solo a la ministra o al INAMU, sino a todas las personas e instancias que alguna vez se han declarado aliadas de los derechos de las mujeres.

Es hora de pasar del discurso a la acción. De entender que la defensa de nuestros derechos no puede depender únicamente de las organizaciones sociales o del activismo de base: debe ser una responsabilidad compartida entre quienes habitamos las comunidades y quienes ocupan espacios institucionales.

La jornada 4×3 no es solo una propuesta técnica o económica. Es una amenaza que profundiza

desigualdades estructurales y precariza la vida, sobre todo de quienes históricamente han sostenido el país desde los márgenes: mujeres rurales, trabajadoras del sector informal, cuidadoras, migrantes, madres solas.

Si no logramos que el Estado escuche a estas voces, si no logramos que la institucionalidad responda, entonces estaremos fallando colectivamente.

Que el entramado institucional no le falle a las mujeres

Hoy hacemos un llamado firme y fraterno: necesitamos que cada comisión, cada red, cada oficina de género, cada voz con poder dentro del Estado se coloque del lado correcto de la historia. Que se sumen a esta defensa legítima, no desde la formalidad, sino desde la convicción.

Porque cuando los derechos de las mujeres están en riesgo, el silencio no es neutral: es cómplice.

Lo personal es político, y el trabajo también lo es.

Renunciar a la inmunidad

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

El ministro de Justicia, Gerald Campos, para evitarle al Estado, el gasto inútil de tiempo del Congreso, y, consecuentemente, de recursos financieros, renunció a su inmunidad, para ser procesado judicialmente, como ciudadano común sin privilegios odiosos. Por otro lado, la diputada oficialista Pilar Cisneros, adelantó que, si en el caso de la llamada «estructura paralela» de financiamiento electoral, por la que se le acusa y a otros seis funcionarios, la Corte Suprema de Justicia, solicitara a la Asamblea Legislativa el levantamiento de su inmunidad, ella, gustosa, renunciaría a la misma, por las mismas razones consideradas por don Gerald. Meses antes, la expresidenta ejecutiva de la Caja, doña Marta Esquivel, dio un mal ejemplo, pues, ante un muy delicado proceso en su contra, que afecta las finanzas de la CCSS, más bien corrió para que el presidente Chaves, la nombrara en el puesto de ministra de Planificación (para el que no cumple con los requisitos), para adquirir la inmunidad que no tenía. Es decir, hizo lo contrario a lo hecho por el ministro de Justicia, y lo anunciado por la diputada Cisneros.

En el caso que nos ocupa, al presidente se le acusa de haber facilitado, directamente, un pago, presuntamente a la medida, para favorecer a un asesor muy particular, aprovechándose de su alto cargo, incurriendo así en el delito penal de concusión.

Se trata de un proceso inédito, pues jamás antes, la Corte Plena del Poder Judicial, había tramitado algo semejante, y sucede a menos de un año del término de su gestión gubernamental. Por ello, de discutirse en el Congreso de la República, el caso podría hacerse más grande cada día, en virtud de la ya iniciada campaña electoral, por lo cual trastornaría, aún más, el ambiente de paz que demanda el país, ya muy golpeado por los casos de narcotráfico. Por ello creemos, que por prudencia, el señor presidente Rodrigo Chaves, debería considerar inteligentemente, las alternativas que se le ofrecen: 1. Seguir el camino de renunciar a la inmunidad, que ha marcado dignamente el ministro Gerald Campos, y acorde con lo manifestado por la diputada Pilar Cisneros, o, 2. El seguido por la ahora ministra inmune, Marta Esquivel.

Al momento de escribir este comentario, el mismo día de la decisión de los señores magistrados, no conocemos lo decidido por Chaves…

La ONU ha muerto (y nadie fue a su funeral)

Mauricio Herrera Kahn

Murió la ONU. No en un atentado, no bajo los escombros de Gaza, no entre gritos de guerra ni misiones de paz frustradas. Murió en silencio, en pasillos alfombrados, en comunicados tibios, en la indiferencia de los poderosos. Murió de irrelevancia. De burocracia. De cobardía. Y nadie fue a su funeral porque nadie la necesitaba viva.

La vimos agonizar en Siria cuando el Consejo de Seguridad se convirtió en un ring entre vetos y cinismos. La vimos perder credibilidad en Afganistán cuando no supo proteger ni a sus propios funcionarios. La vimos desangrarse en Ucrania convertida en espectadora de una guerra que no pudo frenar. Y la terminamos de enterrar en Gaza cuando miles de niños murieron y la ONU solo alcanzó a escribir informes. Informes que nadie lee. Informes que no detienen los drones.

La ONU ya no es garante de nada. Ni de paz, ni de justicia, ni de soberanía. Es un club de potencias con derecho a veto y una galería de países pobres que asienten. Un sistema donde los crímenes más graves pueden quedar impunes si los comete un aliado. Donde la masacre puede ser diplomáticamente “compleja” y la invasión puede rebautizarse como “operación preventiva”. Donde Israel puede bombardear escuelas sin sanción y Rusia puede vetar cualquier castigo. Donde los muertos pesan menos que los intereses.

El Consejo de Seguridad es hoy el consejo de la parálisis. Y la Asamblea General, una asamblea de discursos impotentes. Ya no hay liderazgo moral. No hay Kofi Annan. No hay Mandela. Solo queda Guterres recitando advertencias que rebotan como gotas en un desierto. No hay sanciones, no hay castigos, no hay protección. Solo hay declaraciones de preocupación. Condenas verbales. Misiones que no despegan. Y un cementerio de esperanzas.

Los cascos azules son un recuerdo de otra época. Hoy la ONU no puede proteger ni a los suyos. Ni siquiera a los niños palestinos que dormían en sus escuelas. Ni siquiera a los refugiados de Sudán. Ni a las mujeres violadas en Congo. La ONU se convirtió en testigo de su propia impotencia. Y en algunos casos en cómplice por omisión.

Pero no todo es incapacidad. También hay cálculo. Porque la ONU no murió solo por falta de poder, murió por exceso de hipocresía. Porque sus resoluciones valen dependiendo del país al que apuntan. Porque si eres Irán te sancionan. Si eres Arabia Saudita te invitan al Consejo de derechos humanos. Si eres Venezuela te vigilan. Si eres Israel te protegen. Si eres Estados Unidos te temen. Porque el multilateralismo murió el día que el poder se volvió selectivo.

Y entonces surge la pregunta incómoda, para qué sirve la ONU? ¿Para dar discursos? ¿Para firmar acuerdos que no se cumplen? ¿Para crear oficinas que nadie financia? ¿Para legitimar intervenciones disfrazadas de ayuda humanitaria? ¿Para instalar paneles solares en medio de una guerra?

El mundo ya no espera nada de la ONU. Los pueblos tampoco. No fue capaz de detener la invasión a Irak, ni la destrucción de Libia, ni la ocupación de Palestina. No fue capaz de impedir el genocidio en Ruanda, ni las limpiezas étnicas en Bosnia, ni la guerra eterna en Yemen. ¿De qué sirve una institución que llega después de las fosas comunes?

Lo más trágico no es su muerte. Es que no tenga reemplazo. Porque mientras la ONU se apaga, no hay otro organismo con legitimidad global. Y en ese vacío crecen las guerras, las alianzas armadas, los bloques cerrados. Crece la OTAN como brazo militar de Occidente. Crecen los BRICS como contrapeso económico. Crecen las cumbres sin reglas, los pactos bilaterales, los escudos nucleares. Pero no crece la paz.

Y sin paz, todo es humo. Porque no importa cuántos tratados se firmen si no hay instituciones que los hagan valer. No importa cuántas conferencias se celebren si las bombas siguen cayendo sobre hospitales. No importa cuántos premios Nobel se entreguen si la ONU ya no puede cumplir su carta fundacional.

El futuro no se juega en Nueva York, sino en Beijing, Moscú, Teherán, Bruselas y Washington. Naciones Unidas dejó de ser el foro principal. Ahora es un edificio simbólico rodeado de banderas y vigilado por cámaras. Un museo de lo que alguna vez fue el sueño del multilateralismo. La ONU está viva solo en los discursos. Pero muerta en el terreno.

Y sin embargo, nadie se atreve a enterrarla. Porque su cadáver aún es útil. Sirve para justificar inacciones, para dar apariencia de diálogo, para mantener una burocracia que sobrevive aunque el mundo colapse. La ONU es hoy un refugio de diplomáticos sin guerra, no un escudo para los pueblos sin paz.

Si mañana desapareciera, pocos lo notarían. Los poderosos ya negocian fuera de ella. Los débiles ya no esperan nada de ella. Los pueblos ya no la invocan. Solo queda el ritual. Las banderas, los traductores, los comunicados que nadie contesta.

La ONU ha muerto. Y nadie fue al funeral.

Porque todos estaban demasiado ocupados preparándose para la próxima guerra…..

Fuente: https://www.pressenza.com/es/2025/06/la-onu-ha-muerto-y-nadie-fue-a-su-funeral/

Imagen: Wikipedia

¿Le darías un cigarrillo a tu hijo? Si la respuesta es no, ¿por qué entonces permites que use redes sociales?

Krisbel Leiva Alvarado

En los últimos años, las redes sociales se han convertido en una parte esencial de la vida diaria, especialmente para los jóvenes. Plataformas como Instagram, TikTok y Snapchat son utilizadas a diario por niños y adolescentes durante varias horas. Muchos padres entregan teléfonos o tabletas a sus hijos sin percibir los posibles daños que esto puede causar en su salud mental.

Las redes sociales deberían regularse con la misma severidad que el alcohol o el tabaco, ya que tienen un impacto significativo en la salud mental de los jóvenes, particularmente por su accesibilidad, la presión social y el desgaste emocional que provocan.

  1. Acceso ilimitado

A diferencia del alcohol o el tabaco, las redes sociales son mucho más accesibles para los menores. Aunque las plataformas afirman tener restricciones de edad, estas son fácilmente eludidas. Algunos niños simplemente mienten sobre su fecha de nacimiento, y muchos utilizan cuentas de sus padres, hermanos o amigos. Un estudio hecho por el experto en tecnología Daniel Croft señala que un 54% de los menores de 13 años usan cuentas de adultos, mientras que otros utilizan las suyas propias sin control alguno.

Además, la mayoría de estas aplicaciones no cuentan con controles parentales predeterminados. Esto significa que la responsabilidad recae totalmente sobre los padres, quienes muchas veces no tienen idea del contenido que sus hijos consumen.

  1. Presión social constante

La presión de grupo relacionada con las redes sociales es similar a la que existe con el consumo de sustancias. Cuanto más las usan los demás, más sienten los adolescentes que también deben usarlas. Este impulso no solo responde al deseo de encajar, sino también al temor de quedar fuera de su círculo social. Publicar fotos o videos se convierte en una obligación para no sentirse excluidos.

La estudiante Aakanksha Yelishala, en un artículo para Youth Medical Journal, señala que muchos adolescentes afirman que las redes sociales perjudican a su grupo etario al generar una visión irreal de la vida de los demás. La comparación constante puede afectar seriamente su autoestima.

  1. Daño psicológico real

Así como el abuso de sustancias puede dañar el cerebro, el uso excesivo de redes sociales también puede tener efectos graves a largo plazo. Los “me gusta” y comentarios funcionan como recompensas químicas similares a las que producen las drogas o el alcohol. La especialista en neurociencias Laura Pigott lo resume así: “Las redes sociales están diseñadas para engancharte, igual que una bebida alcohólica”.

El impacto emocional también es comparable. Se ha encontrado una relación directa entre el uso excesivo de redes sociales y trastornos como la ansiedad, la depresión y la inestabilidad emocional. Según un estudio liderado por Zubair y colegas de la Universidad de Ciencias de la Salud de Dow, el uso intensivo de redes sociales está fuertemente relacionado con el desarrollo de problemas psicológicos en los jóvenes.

Conclusión

Al igual que el alcohol o el tabaco, las redes sociales representan riesgos serios para los adolescentes. Son accesibles sin control, alimentan la presión social y causan daño emocional. Si protegemos a nuestros hijos de sustancias peligrosas, también debemos protegerlos del uso excesivo de redes sociales.

Regular el uso de estas plataformas no es censura, es responsabilidad. Si no actuamos ahora, estaremos normalizando el daño en un mundo digital que avanza sin freno. Darles a los niños acceso libre a un celular es, en muchos casos, darles acceso a una enfermedad moderna: la adicción digital.

La trampa de la trampa: ¡Despierta! Se trata de desigualdades

Moisés Roberto Escobar
Investigador Asociado Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN)
Registro ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8746-6473
Correo: moises.escobar@catie.ac.cr

Sistemáticamente, organismos como CEPAL, FMI, BID, Banco Mundial y otros posicionan aspectos del crecimiento económico y la competitividad como el desafío estructural de nuestros tiempos (llamados como “la trampa”), y tienen buena parte de razón.

Sin embargo, como lo comprendió Joseph Lebret, luego lo midió Amartya Sen y, recientemente Thomas Piketty con su notable evidencia en el Capital del siglo XXI. Todo es cuestión de la desigualdad. El crecimiento económico se ha mantenido relativamente estable en el último siglo, aunque en niveles bajos. Pero, hay una profunda asimetría que, en la pandemia se nos hizo conocer en mejor medida. La acumulación de riqueza y la concentración exacerbada de la misma.

Según Oxfam, Fundación para el Desarrollo de Centroamérica – FUDECEN y otros, la prevalencia de ultrarricos que acapara la riqueza se da en una proporción cercana al 10/90, donde el 10% de la población acapara el 90% de la riqueza, mientras que el resto subsidia y se precariza ante esta asimetría. Que, además se prevalece como legal, incentivada y acompañada de lo gubernamental y de la institucionalidad. Porque hay leyes de exenciones a la inversión, las cuales por defecto acarrean empleo precario y sin cobertura de protección social.

Entonces, la trampa no es el bajo crecimiento económico (únicamente), sino y por sobre todo, la desigualdad estructural y subyacente: esa desigualdad política, económica, fiscal, de exenciones e incentivos, de dotación y calidad de equipamientos, de asequibilidad de bienes y servicios.

Romper, integralmente, con las trampas es atender, primero, la desigualdad. Luego, asumir corresponsabilidad multisectorial y diferenciada. Sí, todos para uno y uno para todos, dirá Alejandro Dumas y sus Tres mosqueteros. Es decir, debemos partir del principio de subsidiariedad (con el que menos tiene), acompañándole a que pueda, a que haga, a que sea y, logre plenitud de vida, satisfacción de todas sus necesidades fundamentales, consiga sus aspiraciones, sea feliz y pueda ser con los demás, en el Ubuntu. Esto nos lleva a lo otro: que nadie se quede atrás, ni para ser ayudado y reivindicado, ni para ayudar y acompañar en la reivindicación de los otros, el prójimo.

No es utopía. Es coexistencia, es dignidad, es lo ético, lo correcto, lo necesario para vivir y ser.

Avancemos en romper las trampas, todas.

Pensar las Ciencias Sociales a esta hora

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

En entregas anteriores hemos compartido nuestras preocupaciones acerca de la tendencia hacia el intelectualismo y el conocimiento científico, que se ha instalado en nuestras sociedades, con especial atención a las acciones del presidente Donald Trump ante las instituciones universitarias de prestigio.

No hay duda.

Nos encontramos en un momento especialmente delicado al que también las ciencias sociales se enfrentan. Por ello, quienes nos dedicamos a alguna disciplina de su vasto campo de pensamiento, debemos accionar hoy para construir su futuro, que está a la vuelta de la esquina.

Particularmente valoro la necesidad de recuperar para sí, conceptos que han sido disputados por otros campos de saberes. El de la inteligencia, por ejemplo.

Sin demeritar los aportes de una herramienta que puede aportar grandes contribuciones si es ética y pertinentemente utilizada, pienso que la Inteligencia Artificial debe ser complementada con lo que yo llamaría la Inteligencia Humana. Pareciera paradójico, pero no lo es. En tiempos que, al decir de Bertold Brecht, se debe salir a defender lo obvio, el campo de las humanidades requiere ser recolocado en su justa dimensión.

Pensar entonces ese sujeto contemporáneo como fin y objetivo de cualquier racionalidad científica y académica, pasa por fortalecer los vasos comunicantes que propongan más igualdad, más justicia y más equilibrio. Es que esto es hoy más urgente que nunca.

Entonces me concentro en unas ciencias sociales humanas, cuyas inteligencias sigan propiciando la criticidad y el compromiso con el bienestar de amplios grupos de población. Una sociedad como la costarricense, que se apresta a cerrar su histórico contrato social para entrar en una nueva etapa, requiere de disciplinas que la lean, la entiendan y la transformen desde la actualidad para pensar en el futuro que ya nos alcanzó. Por eso las Ciencias Sociales de esta hora para el futuro que ya está aquí.

Hace décadas, Inmanuel Wallerstein invitaba a abrir las ciencias sociales ante los inminentes cambios de paradigmas. Hoy de nuevo nos encontramos en un punto de inflexión, donde la dignidad humana debe ser el centro de toda acción de conocimiento. A esas Ciencias Sociales le apuesto. Con esas ciencias sociales voy. Lo siento y entiendo así.

Los distritos y su nivel de desarrollo social, ¿adónde estamos en el mapa del desarrollo?

Los de mayor desarrollo en la GAM y los del menor desarrollo en las regiones periféricas

German Masís

Es posible que alguna vez nos hayamos preguntado cuál es el nivel desarrollo socioeconómico del distrito donde vivimos o del distrito donde nacimos o crecimos, pero la realidad del desarrollo de todos los distritos se revela en el Índice de Desarrollo Social de MIDEPLAN, con datos al 2023, el cual nos permite ubicar el nivel de desarrollo de cada distrito del país, de acuerdo con 6 dimensiones de análisis: la Económica, la Salud, la Educativa, la de Seguridad y la de Participación Electoral.

Esta calificación por dimensiones de los distritos, a su vez conduce a ubicarlos en quintiles de desarrollo, en donde el V indica una situación social muy buena, el IV una situación buena, el III una situación regular, el II una situación mala y el I una situación social muy mala.

De esta manera, se configura un mapa de los 483 distritos, en el que es posible conocer por provincia, cantón o región, en cuál quintil se encuentran las diferentes distritos, y cuál es su nivel desarrollo, dividiendo el país en 5 estratos o al menos en 3, los distritos que tienen una muy buena o buena situación social, los que tienen una situación apenas regular y las que tienen una situación mala o muy mala.

En consecuencia, podemos señalar los distritos que pertenecen al quintil V, de una situación muy buena, que como veremos se concentra casi exclusivamente en los distritos de los cantones de las 4 provincias que conforman la GAM, así los distritos de los cantones de Santa Ana, Escazú, Goicoechea, Desamparados, Coronado, Curridabat, Moravia, Tibás y algunos de San José Centro, en la provincia de san José; los de Atenas, Palmares y algunos de Poás en Alajuela, el Cantón Central y La Unión en Cartago, Santo Domingo, San Rafael, Belén, San Joaquín, Barva, San Isidro y Heredia Centro. Esos son los distritos de mayor desarrollo social, desagregado en las mayores puntuaciones en Economía, Salud, Educación, Seguridad y Participación electoral de los cantones y provincias del país, siendo Heredia la provincia y sus cantones, los que tienen la mayor cantidad de distritos en el quintil V, de situación social muy buena. En total suman 94 distritos del quintil V, un 19% del total

En el quintil IV, de situación social buena, se encuentran la mayoría de los distritos de Desamparados, del cantón Central de San José, algunos de Goicoechea, Alajuelita y Puriscal en la provincia de San José, la mayoría de los del cantón central de Alajuela, de San Ramón, Grecia, Zarcero, Valverde Vega y algunos de naranjo en la provincia de Alajuela, la mayoría de los del cantón central de Cartago, de la Unión, de Alvarado y algunos de paraíso, en la provincia de Cartago, la mayoría de santa Bárbara y dos de Barva en la provincia de Heredia, la mayoría de los de Liberia, de Santa Cruz y algunos de Carrillo en la provincia de Guanacaste, algunos de Pococí en Limón, de San Carlos y de Pérez Zeledón.

En total son 96 distritos, un 19.8%, con una situación social buena, tanto de cantones de las provincias de la GAM, como incluyendo de cantones de guanacaste, como uno de Limón y las ciudades de San Carlos y Pérez Zeledón, fuera de la GAM, siendo que los cantones centrales de Alajuela, de Cartago, Desamparados, San Ramón, Grecia, Zarcero, Sarchí, Pacayas, Liberia y Santa Cruz de Guanacaste, son los cantones en los que se concentran los distritos del quintil IV.

Tratando de determinar el conjunto de distritos que se ubican en los quintiles V y IV, es decir los de una situación muy buena y buena, podemos establecer que son 190 distritos o el 39% de los distritos del país, ubicados sobre todo en los cantones de la GAM y algunos de Guanacaste y algunas ciudades intermedias periféricas los que tienen esta condición en el país, ostentando el mayor desarrollo económico, el mayor nivel de salud, de educación, de seguridad y de participación electoral. Esta es la Costa Rica desarrollada, próspera y de mejor calidad de vida.

En el quintil III de una condición social regular, se encuentran varios distritos de Aserrí, Mora, algunos de Desamparados, Puriscal, Alajuelita y del cantón central de San José, varios del cantón Central de Alajuela, de San Ramón, de Naranjo, de San Carlos y algunos de Poás, Zarcero, San mateo y Orotina, de la provincia de Alajuela, varios de Paraíso, de Oreamuno, de Jiménez, de la provincia de Cartago, la mayoría del cantón central de Puntarenas, varios de Nicoya, de Carrillo, de Cañas y Hojancha de Guanacaste, más Limón y Jiménez de Pococí en Limón. Son en total 97 distritos del quintil III, ubicados sobre todo en varios cantones de San José, Alajuela, Cartago, Guanacaste y Puntarenas, con una situación social regular. Es la Costa Rica de un desarrollo parcial e incompleto, que alcanza puntajes medios en una o dos de las dimensiones, ya sea en salud y educación, pero en las demás tienen un nivel desarrollo bajo, tanto a nivel económico, de seguridad y en participación electoral.

En cuanto al quintil II, de una baja situación social, en éste se encuentra la mayoría de los cantones de León Cortés, de Pérez Zeledón, de Turrialba, de San Carlos y del cantón central de Puntarenas y varios de San Ramón, de Esparza, de Quepos y de Corredores de Puntarenas, de Tilarán, Bagaces, Nandayure y Hojancha de Guanacaste, así como de Pococí, Siquirres y Guácimo en Limón. En total suman 98 distritos del quintil II, generalmente ubicados en las provincias periféricas de Puntarenas, Guanacaste y Limón, junto a varios de los cantones de León Cortés, Turrialba y San Ramón.

Finalmente, en el quintil I, de muy mala situación social, se ubican la mayoría de los distritos de Upala, Guatuso, Los Chiles y Río Cuarto de Alajuela, la Cruz de Guanacaste, Sarapiquí de Heredia, Buenos Aires, Osa y Coto Brus de Puntarenas, Matina, Talamanca y Siquirres de Limón, y algunos de León Cortés, Tarrazú, Dota, Acosta y Turrubares de San José, Turrialba, el cantón central de Puntarenas y Golfito, Cañas y Abangares de Guanacaste.

Son 98 distritos, un 20% del total, predominantemente de las regiones periféricas y de las zonas aledañas a San José, como los Santos y la Central Sur de cantones, que en su conjunto conforman distritos costeros, fronterizos y rurales. Los distritos de los quintiles I y II, de una condición mala y muy mala, suman 196 y representan el 40.5% de la totalidad de distritos del país, en donde las calificaciones de las dimensiones son en general bajas, expresadas en bajos niveles de desarrollo económico, de salud, educación y seguridad ciudadana, mientras que en ellos la participación electoral suele ser la más baja del país.

Estos dos segmentos, representan la Costa Rica, poco desarrollada, con grandes limitaciones, ubicada en las costas y las fronteras y abandonada por la acción estatal, asociada a los mayores niveles de pobreza, de desigualdad y desarrollo humano de las regiones y del país como lo hemos mencionado en artículos anteriores.

¿Ahora son tres Costa Ricas, la de situación social alta, media y la más baja, a cuál perteneces?

La trampa de las elecciones nacionales

Por José Rafael Quesada Jiménez

Cada cuatro años, los costarricenses nos sumergimos en un ritual cívico que despierta pasiones, esperanzas y falsas promesas: las elecciones nacionales. Una vez más, se nos dice que “ahora sí” todo cambiará o nos renovamos para cambiar. Pero, ¿y si la transformación que necesitamos no puede lograrse solo en las urnas? ¿Y si estamos atrapados en un mecanismo que reproduce el inmovilismo?

Elecciones sin rumbo

Las elecciones, aunque necesarias, no son suficientes. Las promesas se repiten, se diluyen, y al poco tiempo son sustituidas por la decepción. Los partidos —viejos y nuevos— insisten en discursos desgastados, carentes de visión estratégica. Pero lo más grave: no tienen un relato histórico nacional claro, ni un proyecto colectivo que inspire a las nuevas generaciones. Parece que solo el Ejecutivo parece tener una imagen de lograr la mayoría electoral para transformar el Estado Nacional, asamblea constituyente incluida.

Como diría Rodrigo Facio Brenes, se requiere una «revolución mental» para que el país tome conciencia de su propio destino. Pero en lugar de revolución, lo que vemos es reiteración. En vez de despertar, hay una anestesia colectiva sostenida por una clase política sin audacia ni profundidad.

Un país sin imagen de futuro

El país está extraviado. No porque falten candidatos o partidos —tenemos demasiados—, sino porque ninguno propone una visión transformadora de largo plazo. La política costarricense ha perdido altura y densidad histórica. Lo que hace falta no es más administración de lo mismo, sino una nueva dirección histórica, un nuevo relato. Desde mi mirada, ese relato debe ser humanista o al menos cercano a esa visión.

Como se afirma en el Documento Humanista:

Nada por encima del ser humano y ningún ser humano por debajo de otro.”

Ese principio esencial exige una transformación profunda del modelo político, económico y cultural. Las elecciones deberían abrir camino a esa transformación, pero hoy más bien la cierran, la disimulan o la falsean.

El problema es estructural, no coyuntural

No estamos ante una crisis de gestión; estamos ante el agotamiento de un modelo. Las instituciones fundamentales del país —educación, salud, transporte, seguridad, ambiente— no están funcionando como garantes del bienestar colectivo:

  • Educación: abandonada, rezagada, desarticulada, sin alma

  • Telecomunicaciones: Un ICE que termina siendo un competidor más en el mercado, sin entrar en la disminución de la brecha digital

  • Salud: colapsada, sobrepasada, burocratizada, deshumanizada

  • Transporte: anticuado, con estrés y contaminación, sin propuestas

  • Seguridad: realmente inseguridad, absorbida por la lógica del narco y la criminalidad, patrimonial y social.

  • Los seguros: El caso del INS que no permite pensar en la solidaridad como instrumento de cobertura de los más vulnerables

  • Crisis climática: sin alma para soluciones, sin emoción y apoyo de la población

Como decía don Manuel Mora Valverde, «el Estado debe ser el protector de los débiles y regulador del poder económico», pero hoy el Estado parece más bien desmantelado, impotente o cómplice de intereses privados.

El mesianismo electoral y la fragmentación sin sentido

Otra trampa es el mesianismo político: la creencia en que un solo líder (candidatura) «lo resolverá todo». Pero no hay mesías. Ni candidatos milagrosos. Hay cientos de candidaturas dispersas, promoviendo un nuevo mosaico partidario donde lo más probable es que uno o dos partidos concentren una fracción legislativa mayor a los 30 diputados, mientras el resto del Congreso se fragmenta en 10 o más fracciones políticas sin rumbo, sin propósito estratégico, sin unidad de proyecto país.

Este “picadillo” legislativo impediría la gobernabilidad real y favorece el chantaje parlamentario, los intereses particulares y la parálisis institucional.

Como advertía Alberto Cañas Escalante, “el país no necesita más partidos, necesita más ciudadanos con conciencia histórica, con ética pública y sentido de dirección”.

Desconexión con el mundo

Uno de los errores más graves de la actual dirigencia política (de gobierno y oposición) es no ver el mundo. No parecen leer los cambios de época. No entienden el papel de la inteligencia artificial, la transformación laboral, la crisis climática, ni las disputas geopolíticas globales en la transformación civilizatoria que se avizora en el camino mundial, como tampoco la posibilidad de avance hacia una “singularidad histórica y tecnológica” que transformaría la vida del Sapiens sapiens como lo conocemos hoy.

Costa Rica sigue alineándose a bloques de poder internacional sin análisis, sin estrategia. No tenemos política exterior, ni visión económica a largo plazo. Nuestra neutralidad histórica se desvanece sin reflexión colectiva, y parecemos repetir errores históricos por omisión.

¿Para qué sirven entonces las elecciones?

No hay que desecharlas. Las elecciones son un punto de partida, pero no un final. No se puede seguir presentándolas como la “gran solución nacional”. Su verdadero valor está en abrir posibilidades, generar pequeñas rupturas del orden establecido y permitir que nuevas fuerzas sociales impulsen un proceso profundo de transformación. Debemos avanzar hacia una democracia real y superar la insuficiente democracia representativa que nos caracteriza por imprimir negación a los avances, representación territorial y mecanismos realmente democráticos que requiere esta nueva época.

Como dice el Movimiento Humanista, “la verdadera revolución no se hace con armas, ni desde arriba, sino desde las conciencias, desde abajo, desde el cambio profundo de la mirada sobre uno mismo y los otros”.

Conclusión: una dirección histórica humanista

Costa Rica necesita despertar. No hacia la ilusión de un nuevo gobierno, sino hacia la construcción de un nuevo país. Un país donde el humanismo no sea un eslogan sino una dirección histórica. Donde la política no sea espectáculo sino servicio. Donde la ciudadanía sea protagonista y no espectadora. Donde la democracia sea Real y no una ilusión.

Y ese proceso no empieza ni termina con una elección. Comienza cuando decidimos romper con la trampa y asumimos la construcción colectiva de un nuevo horizonte civilizatorio.

Del combate a la corrupción al abuso de poder: Costa Rica en la mira

Martín Rodríguez Espinoza

Yo no sé ustedes, pero a mí como ciudadano me preocupa como se vienen dando estas, y muchas otras cosas sin que se le ponga freno, antes de que sea tarde. ¿Violar la Constitución Política, las Leyes y autonomía de los Poderes de la República?, me suena a que se cocina un régimen autoritario, con sesgos cercanos al fascismo muy fuertes. Esto, aunque crea que crea en que vivimos en una democracia de los ricos y no del pueblo, la Constitución, no perfecta, pero con cosas importantes, es La Constitución.

También creo que, desde el golpe de Estado en 1948, los años 50’s, 60’s, 70’s, y profundizándose más fuertemente desde los años 80’s a esta parte del siglo XXI, la corrupción descarada, el saqueo y la estafa han prevalecido. Hay un poder financiero de un grupúsculo de familias que han manejado títeres en la silla presidencial y las curules legislativas, así como en gobiernos locales, para seguir acrecentando sus ganancias a costa de la clase trabajadora y el pueblo en general.

Ya lo vemos hoy con el tema de la CCSS, la jornada de 12 horas, la Ley antihuelgas, el Combo Fiscal, la Ley de Empleo Público, el TLC y tantos otros nefastos inventos impulsados por ese poder económico y ejecutado por los verdugos del pueblo desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, aparte de los “medios de comunicación”, que pertenecen a esta casta financiera.

Claro que hay razón para hablar que hay una inmensa telaraña de corrupción y saqueo en Costa Rica, siempre dije que este país es de los más corruptos del mundo.

Pero en Costa Rica estamos viendo con profunda preocupación cómo el aparato estatal está siendo utilizado para perseguir políticamente a congresistas y periodistas, bajo el pretexto de combatir esa corrupción. Que una unidad como la UEI, adscrita al Ministerio de la Presidencia, reciba órdenes “de arriba”, como dicen los medios de comunicación, para vigilar a diputados vinculados a Huawei y a comunicadores sociales es un grave atentado contra la Constitución Política, aunque ya lo han hecho contra dirigentes sociales desde hace décadas.

No estamos hablando de una investigación judicial legítima, sino de seguimientos extralegales ordenados desde el poder Ejecutivo, lo cual recuerda los peores momentos del autoritarismo disfrazado de lucha contra la corrupción. Cuando el Estado vigila a quienes deben fiscalizarlo, cuando se espía a la prensa y al parlamento, no estamos ante un gobierno transparente, sino ante uno que abusa del poder para silenciar y amedrentar. La verdad no se busca con espionaje, se exige con rendición de cuentas, respeto a la libertad de expresión y al proceso de recolección de pruebas que demuestren el delito.

Esto que vivimos en este momento, como sucedió en la Alemania Nazi, en el Chile de Pinochet, de Efraín Ríos Montt en Guatemala, los Somoza en Nicaragua y tantos otros, puede convertirse en una dictadura fascista. Eso, quiéranlo aceptar o no, es una tragedia social de grandes y nefastas consecuencias.

En mi siguiente comentario, “El bonapartismo en Costa Rica”, que estoy por terminar, comentaré sobre cómo y por qué surgen este tipo de peligrosos sujetos, y cómo desde el marxismo ya estaba identificado este tipo de situaciones producto de la podredumbre del sistema capitalista en decadencia.

29 de junio de 2025

Costa Rica: ¿Progreso o retroceso? La contradicción de un gobierno que prioriza horas sobre desarrollo

Por JoseSo
Analista Político

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y numerosos estudios en especial en países europeos, además de Colombia y México qué están avanzando en este tipo de legislación, demuestran que reducir la jornada laboral a 40 horas semanales o menos aumenta la productividad porque mejora el equilibrio entre vida y trabajo, reduce el estrés y previene el agotamiento. Trabajadores más descansados y con mayor bienestar cometen menos errores, son más creativos y mantienen una mayor concentración. Países como Alemania, Dinamarca y Noruega, con jornadas más cortas que las de Costa Rica, registran altos niveles de eficiencia y competitividad, demostrando que no son las horas trabajadas, sino su calidad, lo que impulsa el rendimiento.

Además, la OIT sostiene que las jornadas excesivas generan costos ocultos en salud pública y rotación laboral. En Europa, experiencias como la de Islandia —que redujo la semana laboral a 35-36 horas sin bajar salarios— mostraron que los empleados mantuvieron o incluso incrementaron su productividad, mientras empresas reportaron menor absentismo y mayor retención de talento. Esto confirma que políticas laborales inteligentes no están reñidas con la eficiencia económica; al contrario, invertir en condiciones dignas es invertir en productividad sostenible.

Paradoja de la administración Chaves Robles y los partidos tradicionales que se les alían en esta contradicción

En los últimos años, Costa Rica ha enfrentado una paradoja difícil de ignorar: mientras el país necesita con urgencia modernizar su infraestructura y servicios públicos para no quedarse atrás en competitividad, el gobierno insiste en impulsar políticas que, en lugar de avanzar, nos retrotraen a modelos laborales del siglo pasado. La convocatoria a sesiones extraordinarias para aprobar las Jornadas 12 horas 4×3 es un ejemplo claro de esta contradicción. ¿Por qué dedicar esfuerzos políticos a flexibilizar horarios laborales —un tema que erosiona derechos históricos— en lugar de priorizar proyectos clave como la Ley Marco de Asociación Público-Privada (APP), que podría dinamizar la inversión en carreteras, transporte y energía?

Las jornadas de 12 horas 4×3: Un paso atrás en el Estado Social de Derecho

El proyecto de jornadas 4×3 no es neutral: representa un retroceso en las condiciones laborales que por décadas han distinguido a Costa Rica en la región. El país construyó su estabilidad social sobre pilares como el salario digno, la jornada de 8 horas y el respeto a los derechos de los trabajadores. Estas conquistas no son solo un legado ético; son también la base de una mano de obra calificada y productiva. Flexibilizar las jornadas sin garantías sólidas —como sucede en la propuesta actual— no solo desgasta la calidad de vida de las familias, sino que puede aumentar el desgaste físico y mental, reduciendo la eficiencia a mediano plazo.

El argumento de “generar empleo” es engañoso: el empleo precario no desarrolla un país. Si el gobierno realmente quisiera reactivar la economía, debería enfocarse en crear empleo de calidad, vinculado a proyectos estratégicos que resuelvan los cuellos de botella que ahogan nuestra competitividad.

La APP: La deuda pendiente con el desarrollo

Mientras el Congreso discute cómo alargar la jornada laboral, otros temas urgentes duermen en la gaveta. La Ley Marco de Asociación Público-Privada lleva años postergada, a pesar de que el modelo actual de concesiones —heredado de los 90— ha demostrado ser lento, opaco e ineficiente. Basta ver el estado del transporte público, las carreteras colapsadas o la lentitud en proyectos de energía renovable para entender que el Estado solo no puede resolver estos problemas.

Las APP bien diseñadas —con controles claros y participación ciudadana— podrían ser una herramienta para atraer inversión, descongestionar la infraestructura y mejorar servicios esenciales. Pero en lugar de impulsar este debate, el gobierno prefiere enfocarse en una reforma laboral que divide a la sociedad y beneficia solo a ciertos sectores empresariales.

¿Dónde está la prioridad?

No se trata de satanizar la flexibilidad laboral o idealizar las APP, sino de cuestionar la coherencia de un gobierno que habla de progreso, pero invierte su capital político en iniciativas regresivas. Costa Rica necesita un plan integral que:

  • Proteja los derechos laborales sin caer en rigidices, pero sin sacrificar el bienestar de los trabajadores.

  • Acelere la inversión en infraestructura mediante mecanismos modernos y transparentes, como las APP.

  • Priorice lo urgente. El país no puede permitirse otro lustro de debates circulares mientras el transporte colapsa y las empresas pierden horas en tacos.

Mientras otros países de la región avanzan en alianzas estratégicas para modernizarse, Costa Rica arriesga su futuro discutiendo si es aceptable que un trabajador labore 12 horas seguidas. La pregunta no es solo técnica, sino moral: ¿qué clase de desarrollo queremos? Uno que recorta derechos, o uno que construye bases sólidas para crecer.

El gobierno tiene la palabra. O mejor dicho, la acción en el año que le queda, después de tres años de hacer lo contrario, pelear hasta con partidos afines a sus políticas, solo para poner excusas y quedar bien por estilo retórica y no legado permanente.