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Si el sistema de justicia permite la impunidad de los grandes, la corrupción baja en cascada

Miguel Sobrado

Dos noticias recientes publicadas en el diario La Nación retratan de cuerpo entero la inequidad en la aplicación del sistema de justicia dependiendo del sujeto. La primera publicada en la página 11 del viernes 04 de julio del año en curso que menciona la condena a Rafael Ángel Zamora, el dueño de Pedregal por daño ambiental en áreas protegidas de Cañas, Guanacaste a 3 años de cárcel, con ejecución condicional de la pena. La Fiscalía acusó a Zamora de tres delitos de estrago y otros tres delitos de usurpación de aguas, así como la apertura de una trocha en bosque e invasión de áreas de protección. A Zamora se le achacó haber ordenado atascos en el rio Higuerón con el fin de captar aguas de ese cauce de manera ilegal para usarla en el riego de sus fincas. Según la Fiscalía el atasco que hizo en el rio Lajas aumentará su poder destructivo, dañando las cosechas de caña. En primera instancia a Zamora se le había condenado a 2 años y medio de prisión y al pago de 184 millones de colones al Estado por daño ambiental. Pero en segunda instancia se le subió la prisión a 3 años, pero se le eximio del pago de 184 millones.

La segunda noticia es de la página 11 de domingo 06 de julio bajo el título de “Hombre deberá pagar 20 millones a mujer por darle una nalgada”. Los hechos ocurrieron el 1 de marzo del 2023 cuando la víctima circulaba en bicicleta en Paquera de Puntarenas en la intersección de El Guarial y Praderas. Hernández el condenado, que viajaba en moto como pasajero aprovecho que el motociclista aceleró, cometió el delito sexual, para luego huir del sitio. El tribunal lo condenó por este delito a 3 años de prisión y al pago de 10 millones por daño moral y psicológico y otros 10 millones por daño físico, además deberá desembolsar 2,5 millones por costas personales.

Aunque se trate de jueces diferentes que dependen de las leyes aprobadas por los diputados, el sistema judicial es uno solo y como tal lo valoran los ciudadanos.

En Ecuador donde existe una élite que menosprecia a sus poblaciones originarias que se visten con ponchos, se dice que “las leyes se hicieron para los de poncho”, queriendo decir que se aplican especialmente para controlar a estos sectores sociales, no para sus amos. Aquí, por lo visto, aunque cubriendo las apariencias a la tica, las cosas no son muy diferentes cuando afectan a los poderosos. Se clama por más severidad en las leyes, pero cuando estas se aplican tienen un insoslayable sesgo de clase y su peso cae sin piedad sobre los que no tienen influencias.

Esto es muy grave, no solo porque hace perder la confianza del ciudadano en el sistema judicial, sino porque los grandes jerarcas políticos son un marco referencial como modelo para la población. Cuando estos montan redes de corrupción y resultan impunes de sus delitos, provocan un efecto en cascada que corrompe al resto de la estructura social soñando que pueden delinquir y ser protegidos por las redes montadas desde arriba.

Corrupción y justicia aplicada por parejo, afectando en primer lugar a los jerarcas.

De hecho, la corrupción se ha vuelto un mal, que conjuntamente con la organización criminal, se ha vuelto endémico en el mundo contemporáneo y amenaza la estabilidad política del planeta. Algunos países han podido resistir por cultura y estructuras institucionales muy sólidas especialmente en el norte de Europa, pero son pocos los que han caído en las garras del clientelismo y las organizaciones criminales, que han podido salirse de esa situación. Cabe mencionar algunos ejemplos destacados de Asia, donde la actuación de la justicia ha sido implacable con la corrupción entre los jerarcas, tal es el caso de Singapur, Vietnam y China donde se ha aplicado la pena de muerte a quienes se han enriquecido abusando de su posición. Esta medida que nos puede parecer muy radical y no tiene por qué reproducirse tal cual en nuestros países, ha cumplido la función de invertir el efecto cascada de la corrupción. Esto es muy importante, porque el castigo del jerarca, al cuestionar la impunidad en los niveles más altos, desalienta las tentaciones de enriquecimiento fácil en las bases de la institución.

Desde luego un sistema de justicia recto no es la única solución, es imprescindible, pero debe ir acompañado de un sistema que genere oportunidades de educación, salud y bienestar ambiental, esto, es de oportunidades de vida digna para la especie.

Compartido con SURCOS por el autor. Publicado además en La Nación.

Notas sobre el gobierno Chaves Robles (3)

Walter Antillón

Este escrito consta de tres partes: 1) Magia, saber y poder político; 2) El presidente Chaves y su modo de gobernar; y 3) Los delitos del presidente Chaves.

II.- El presidente Chaves y su modo de gobernar

La persona

Paradójicamente, del presidente Chaves tenemos hoy muchas referencias y múltiples, variadas impresiones, recogidas en los últimos cuatro años; pero podríamos decir que todavía lo estamos conociendo, por el simple hecho de que pasó toda su vida adulta fuera del País.

Don Rodrigo Chaves ha repetido una y otra vez que ama al pueblo de Costa Rica y que está gobernando en su beneficio; y en su oratoria de campaña se puso frecuentemente en los zapatos de la “señora de Purral”, es decir, de un prototipo de mujer de pocos recursos, que vive en un barrio modesto de la periferia y soporta como puede los vaivenes de la economía.

Habla sentenciosamente, con acento popular y aparente coherencia: oyéndolo perorar durante la campaña, cualquiera hubiera pensado que es un moderno Cincinato, un Pepe Mujica, contenido y austero: pero más allá de las palabras, lo cierto es que por ningún lado se le ven al señor presidente trazas de ser un creíble luchador con vocación de justicia en favor de los pobres:

  1. ni por su pasado de burócrata internacional, ausente del País durante un treintenio, al servicio de una entidad bancaria que ha sido reiteradamente señalada como culpable (junto al FMI y otros tinglados semejantes) del estancamiento económico del Tercer Mundo;

  2. ni por su conducción como alto funcionario, finalmente condenado y sancionado en el propio Banco Mundial por comportamiento inapropiado;

  3. ni por su presente de millonario, rodeado de lujo y aislado en una residencia de un millón de dólares, no en Purral de Guadalupe, sino en Monterán de Curridabat;

  4. ni por sus opciones y su praxis inequívocamente neoliberales, de cuño banco mundialista;

  5. ni por su entorno: una cúspide de millonarios que fueron los principales financiadores paralelos de su campaña electoral, y son ahora parte del círculo permanente de sus allegados y colaboradores. Entre ellos figuran: Jack Loeb, del Banco Prival; Calixto Chaves, de Pipasa; José Pablo Chaves, de la Sociedad Portuaria de Caldera; Esteban Ramírez, empresario de autobuses; Bernal Jiménez, de Mercadeo de Artículos de Consumo S.A; Arnoldo André, de Ata Trust Co.; Ana Catharina Müller, de las universidades Castro Carazo y Ulacit; etc.

Acompañado el presidente de tan homogénea ‘compaña’, sólo quien cree en milagros puede pensar que de allí surgirá una política a favor de los pobres, de la seguridad social y de la educación pública. Porque ¿cuál de esos señores ha mostrado una tan siquiera tibia militancia al servicio de la justicia social y del Estado social? Por el contrario: lo que hemos podido saber, porque es público y notorio, es que, ya en el poder el presidente Chaves Robles, sendas disposiciones gubernamentales no tardaron en favorecer los intereses de José Pablo Chaves en Caldera, de Bernal Jiménez con el arroz importado; y de Esteban Ramírez Biolley con el régimen de los autobuses (¡pura casualidad! dicen que dijo el presidente).

La popularidad del presidente

Partiendo de que en 2022 el total de votantes del Padrón Electoral era 3.570.807, y habiendo votado poco más de 2 millones en la 2ª vuelta (3 de abril), el presidente Chaves ganó con una cifra por debajo del 36 % del Padrón: poco menos de 1 millón de votos.

Pero lo espectacular fue que en agosto de 2022 el respaldo a su gobierno había crecido hasta alcanzar un 79 % (es decir: ¡2 millones 821 mil personas!); aunque también es verdad que tres meses después (en noviembre) había descendido a 68 %, y nueve meses después (en mayo de 2023) era del 63 %.

En todo caso, el insólito boom es digno de atención ¿Qué había pasado, específicamente, en esos primeros meses de gobierno? Respondo con cierto simplismo: me parece que lo ocurrido fue que una buena parte de los que se abstuvieron de votar en la segunda vuelta, más un grupo que votó resignadamente por Figueres por temor a lo desconocido, se sumaron al millón que le dio el triunfo al presidente Chaves en esa segunda vuelta: ¡ahí tenemos ese espectacular 79 %!

¿Por qué lo hicieron? No olvidemos que suman multitudes los ticos que vienen arrastrando un creciente descontento contra todos los gobiernos anteriores; de modo que, consumado el triunfo del nuevo presidente, se da un movimiento espontáneo de acercamiento que éste sabe aprovechar con gran habilidad: proyecta una figura fuerte, un felino poderoso (el Jaguar); denuncia con claridad y contundencia todo aquello que la gente ha empezado a detestar: las administraciones anteriores, sospechosas de fracaso y corrupción. Y sobre estas montañas de negatividad, un personaje nuevo, incontaminado, ofrece sus promesas con gran poder de seducción.

El programa de intenciones y actividades era rico y variado:

Atender a los niños que están en V año y no saben leer.

Me comprometo a nunca recurrir a la violencia

Construir un mega puerto.

Intervenir el A y A de manera inmediata

Poner a CR en el camino del progreso.

Frenar a los monopolios privados

Dar tutorías de manera urgente

Echar a andar una política sobre desechos sólidos

Utilizar la democracia participativa

Actuar contra la tramitología: la ventanilla única.

¿Quién se iba a poner en contra de esto?

El verdadero triunfo popular del presidente Chaves no es en abril, sino en agosto de 2022: es entonces cuando una multitud lo adopta, le entrega su confianza, decide apoyarlo y, consecutivamente, lo idealiza. Esta decisión masiva es altamente irracional, porque del misterio sobre la persona de Rodrigo Chaves lo único que sus adversarios se han esforzado en difundir es un hecho negativo: el escándalo sexual en el Banco. Había qué preguntar ¿quién es, realmente, Rodrigo Chaves Robles? ¿Cuáles son sus auténticas creencias, sus propósitos finales, sus vínculos más poderosos? Está comprobado que no le gustan los controles: el control político de la Asamblea; el control financiero-contable de la Contraloría; el control jurídico-constitucional del Poder Judicial. Y este odio a los controles ha determinado su forma de gobernar.

Pero a la gente que ahora lo sigue, que lo ha revestido de grandes virtudes y que le otorga un respaldo tendencialmente incondicional, aquellos temas le han parecido irrelevantes, como tampoco ha dado importancia a otros acontecimientos igualmente trascendentes. Es la apoteosis del pensamiento mágico.

Preámbulo bélico

Hay que entender que las peripecias de la política nacional ya mencionadas, y las que vamos a analizar después, sólo serán comprensibles si se las sitúa en su contexto internacional. Hoy el Mundo atraviesa momentos de máxima crispación, no menos cruciales que la crisis de los misiles soviéticos en tiempos de Kennedy. Ello ha provocado en muchos niveles de relaciones una renovación de lealtades, y nuestro Gobierno ha tomado sin dudarlo el bando de Trump y Netanyahu, junto a Bukele, Milei y Noboa. Pero es una decisión que, a la recíproca, va a terminar de garantizar el éxito crediticio del presidente Chaves con las agencias financieras internacionales que dependen del Departamento de Estado; es decir, en el Continente Americano, prácticamente todas. Y la holgura financiera en la que ya está nadando el Gobierno ha sido pensada para apuntalar oportuísticamente la campaña política del presidente para las próximas elecciones. ¿Nos atropellará de nuevo la geopolítica?

Estamos ante una novedosa modalidad de aquella Guerra Fría que tuvo sus inicios en 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, y que se prolongó por más de 50 años; porque también en aquellos años vimos a Reagan volcarse en apoyo de Luis Alberto Monge para arrinconar a Nicaragua; y posteriormente, ya en el siglo XXI, vimos a Bush junior, sus diputados y su secretaria de Comercio volcarse en apoyo de Oscar Arias para conseguir la aprobación del TLC.

América Latina está dividida, y Marco Rubio nos hizo el honor de su visita con el fin de afianzar sus alianzas, definir las cosas y repartir los premios y los castigos.

Por un lado están los que pretenden la consolidación de un bloque latinoamericano autónomo, libre del tutelaje imperial (Chile, Bolivia, Uruguay, Brasil, Colombia, Honduras, Venezuela, Cuba, México, etc., con la eventual cercanía de Canadá);

Y por el otro lado están los que apoyan a Trump y sus intentos supremacistas en el Continente (Argentina, Ecuador, Perú, República Dominicana, Surinam, Costa Rica, Panamá, Paraguay, El Salvador, etc.). Estos últimos tendrán, en el futuro cercano, el apoyo total del Gobierno Trump y las agencias financieras de su entorno.

Los hechos de gobierno:
1) Consecuencias de un mal comienzo

No se puede dejar de mencionar una de las primeras ‘ocurrencias’ del presidente: el reclutamiento de sus ministros, viceministros, etc., como si se tratara de la plana mayor de una empresa. Desde Max Weber sabemos que la lógica funcionarial es notablemente diferente de la lógica empresarial. ¿Lo ignoraba nuestro Mandatario, a pesar de su prolongada experiencia burocrática? Creo que no: no se trató de ignorancia, sino de que el presidente Chaves, después de Indonesia, ante el modesto escenario de Costa Rica tuvo la audacia de innovar, según lo que le pareció plausible; pero produjo el gabinete más inestable e ineficaz de la historia del País. Al 3 de febrero de este año, el noticiero ‘Costa Rica Hoy’ contabilizaba 66 movimientos de cambio (despidos, renuncias, traslados); y no sé cuántos más a la fecha: el marcador habrá continuado moviéndose.

Lo que tuvo que haberle causado una cantidad innumerable de pifias e inconvenientes; entre las cuales se destacan las discontinuidades en los proyectos y los repetidos nombramientos de personas que no cumplían con los requisitos del puesto.

2) Objetivos

El presidente Chaves declaró que su gobierno se propondría alcanzar, principalmente, tres metas: empleo, costo de vida y corrupción. Veremos someramente cada uno de esos ítems: pero los dos primeros lo serán en la sección de economía.

El tema de la corrupción es ciertamente recurrente en las declaraciones del presidente Chaves, pues lo esgrime repetidamente contra tirios y troyanos, pero lo que ha hecho varias veces hasta ahora es serruchar la rama en que él mismo está sentado; sin especificar los autores ni los actos concretos que configuran dicho mal. Porque ¿cómo va a perseguir la corrupción, si acusa de corrupción precisamente al Poder Judicial, que es la institución competente para investigarla y condenar a los culpables?

En efecto, el presidente recusa sistemáticamente por corrupción a numerosas fracciones de la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema y demás tribunales, al fiscal general, a la Contraloría General de la República, al Tribunal Supremo de Elecciones, al Organismo de Investigación Judicial, a las universidades públicas y a toda entidad o persona capaz de ejercer control o poner freno a sus actos o contradecir sus opiniones. Y es cierto que han existido y existen focos de corrupción en algunas de esas entidades. Pero el remedio es eliminar uno por uno a los corruptos y corregir una por una las deficiencias normativas y funcionales. El remedio no es abatir las instituciones que ponen freno al arbitrio del poder.

Y ciertamente no es corrupción ni mezquina obstrucción anular o poner coto a los actos arbitrarios o ilegales del Presidente, como han hecho la Sala Cuarta, la Contraloría General y el Tribunal Supremo de Elecciones; o acusar sus frecuentes ilícitos ante los tribunales, como ha hecho el Fiscal General; o allanar oficinas ministeriales en busca de evidencias delictivas, como ha hecho la Policía Judicial; o rechazar sus proyectos de ley perniciosos o inconstitucionales, como ha hecho la Asamblea Legislativa.

En su ataque a las instituciones el presidente ha dejado entrever una patente intolerancia hacia los controles, que no presagia nada bueno.

Economía y sociedad

Neoliberal pragmático, veterano en asesoría financiera internacional, el presidente Chaves adopta visiblemente un modelo orientado hacia el exterior, favoreciendo las zonas francas, promoviendo la liberalización del comercio y propiciando la ayuda financiera del Banco Mundial, que recién ha aprobado un generoso paquete de ayuda para Costa Rica, efectiva para 2025 y 2026.

Después de la crisis motivada por el Covid, se produjo en el Mundo una reactivación económica con una expansión significativa de las exportaciones que, para Costa Rica, fue del 5,8 %; La inversión extranjera directa creció un 14%; la inflación se mantuvo en un 0,84 %, mientras que la deuda del Gobierno descendió por debajo del 60 % del PIB; la pobreza cayó al 18 % y el desempleo al 6,9 %. Todo lo cual beneficia al Gobierno con tasas de crecimiento del PIB del 5,1% en 2023 y del 4,3% en 2024.

Se trata, sin duda, de números muy positivos, y deslumbrados con ellos, los partidarios del presidente han echado las campanas al vuelo.

Pero resulta que en 2021 el PIB creció en Costa Rica un 7,9 %: ¿genialidad de Carlos Alvarado? y en Nicaragua, ese mismo año, el PIB creció un 10,3 %: ¿genialidad de Daniel Ortega?

En todo caso se trataría de una sola de las facetas del poliedro de la economía nacional; hay que ver las otras:

El informe del propio Banco Mundial (2025) dice:

“…A pesar de esta coyuntura sólida, el modelo de desarrollo enfrenta retos importantes. La desigualdad es alta. Con un coeficiente de Gini de 49,2 en 2024, Costa Rica se encuentra entre los países miembros de la OCDE con mayor desigualdad en la distribución del ingreso.”

Jorge Arturo Sáenz, presidente del Colegio de Trabajadores Sociales (La República, junio de 2025, opina:

En Costa Rica, la tasa de pobreza se situó en un 20,61% en febrero de 2024, lo que refleja una leve reducción en términos estadísticos, con respecto al mismo mes de 2023. Sin embargo, este dato es cuestionable y merece un análisis más profundo (…) La realidad cotidiana muestra un agravamiento y precarización de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Esto se evidencia en el aumento constante de los precios de los productos de la canasta básica, cuyo crecimiento desproporcionado en relación con los salarios, afecta a quienes aún tienen empleo formal y, de manera más significativa, a quienes ocupan trabajos informales.

El informe sobre el Estado de la Nación para 2024 se refiere a una falla de varios gobiernos, en la que también incurre el actual, con respecto a la Economía. Después de anotar el éxito de las zonas francas en la inserción del País en los mercados internacionales, y sus beneficios en el PIB y en la creación de empleo calificado, el Informe observa:

“…Esta exitosa inserción internacional no estuvo acompañada por la creación de encadenamientos sociales, productivos y fiscales robustos entre la “nueva” y la “vieja economía” (Programa Estado de la Nación, varios años). Esta desconexión impidió generalizar las mejoras en productividad e ingresos al conjunto de la población. En particular, no se vinculó con la generación de empleo, de manera que incluso en años con crecimiento económico moderado, la creación de puestos de trabajo para la población ha sido poca o, incluso, negativa, en especial para la población con menor calificación educativa…” (Informe 2024, pág. 21)

Según la información, en enero de 2024 la Canasta Básica Alimentaria costaba ¢57.833 y en enero de este año había aumentado a ¢61.988” (Informe de INEC, febrero de 2025).

En cuanto a la adopción de una política nacional de beneficio popular, como bien dice el Informe sobre el Estado de la Nación, la apuesta tantas veces formulada y otras tantas preterida, era profundizar la democracia, para lograr gobiernos más comprometidos con los intereses del pueblo;

Por el contrario, la opción por el pago de la deuda externa, apremiado por la exigencia de conseguir nuevos créditos, ha llevado a los países deudores a sacrificar la importancia de bienes y servicios esenciales para la satisfacción de las necesidades actuales y futuras de la comunidad.

También en materia social hubo importantes avances en salud y educación durante los últimos 30 años, nos dice el Informe de 2024 sobre el Estado de la Nación, pero:

“…El mayor esfuerzo social no fue acompañado por políticas de fomento productivo y empleo, que incidieran sobre las oportunidades de la población para generar mayores ingresos. Tampoco se impulsaron políticas de tutela de derechos laborales, lo cual impidió corregir las fallas y las crecientes desigualdades en los mercados de trabajo…”

“…Los principales efectos de estos puntos ciegos de la apuesta social fueron que, durante el período bajo análisis, la desigualdad de ingresos más bien aumentó, pese a la expansión de la inversión social…” (Informe cit., pág. 22).

Considerando todo lo anterior, el Banco Mundial (2025) recomendó: “…Será crucial que Costa Rica adopte medidas para promover un crecimiento inclusivo mientras continúa sus esfuerzos por consolidar una estrategia de gestión fiscal efectiva. El país necesita establecer las condiciones para que el crecimiento sea amplio y alcance plenamente a su fuerza laboral y a todo su territorio…”

El Banco Mundial es neoliberal, pero no hasta la insensatez.

Seguridad

En el tema de la seguridad humana me parece que ha faltado desde hace muchos años una masiva estrategia con los niños y adolescentes más pobres, básicamente a cargo de los Ministerios de Educación, Cultura y Juventud, y una sólida política de justicia social. El presidente Chaves se topó en 2022 con un problema de inseguridad que ya tenía grandes dimensiones y que aumentó dramáticamente en los años siguientes, sobre todo en lo que atañe al delito de homicidio. En este rubro, la tasa de 12,6 homicidios por cada mil habitantes de 2022 se disparó en 2023 a más de 17 homicidios y, con leves variaciones, esas cifras se han mantenido para 2024 y 2025. También ha aumentado ominosamente la tasa de feminicidios, sin que tengamos respuestas convincentes.

Sabemos perfectamente que el grueso de esos crímenes se deriva de los conflictos entre bandas de sicarios al servicio de los carteles de la droga dominantes en el territorio nacional; y que acusan una tendencia a crecer, por la débil capacidad de contención de nuestro cuerpo de Policía Administrativa. Hay diversas iniciativas provenientes tanto del Poder Ejecutivo como de algunos diputados; e incluso hay diez proyectos que tuvieron el consenso de los tres Poderes, pero una respuesta contundente no termina de llegar.

Y a propósito del combate al narcotráfico, entre las medidas gubernamentales que se considera sumamente irresponsables e imprudentes por algunos, o directamente delictuosas por otros, está el traslado de la Escuela Nacional de Guardacostas de su asiento original del puerto de Quepos, en el Pacífico, a un local en Pococí, en tierra firme, a muchos kilómetros del Mar Caribe. Las justificaciones que se han aducido al respecto no se tienen en pie: falta una exhaustiva explicación oficial.

Educación

Decía el entonces candidato Chaves Robles (con toda razón) que el Ministerio de Educación Pública es el ministerio más importante de Costa Rica (Entrevista en No pasa nada, febrero 2022). Y eso sonaba muy alentador, dada la situación de abandono y consiguiente deterioro del sector educativo durante los años anteriores, agudizado por el trienio del Covid.

Era preciso, entonces, reaccionar enérgicamente:

revertir las políticas de austeridad fiscal desconectadas de una perspectiva de desarrollo del país” que venían causando un daño estratégico (Informe sobre el Estado de la Nación para 2022), y agregaba el Informe:

Costa Rica ha entrado a la tercera década del siglo 21 cometiendo el error de realizar una mejora fiscal a costa del deterioro de las oportunidades educativas de la población”.

Porque, en efecto (sigue diciendo el Informe)

en el contexto actual, en todos los escenarios analizados para este Informe, la caída en la inversión en educación experimentada en los últimos años limita seriamente las posibilidades de mejorar la calidad y la equidad educativas, desde la educación preescolar hasta la educación universitaria.” (informe sobre el Estado de la Educación, 2022).

Y concluía recomendando:

  • Revertir la caída de la inversión en educación.

  • Mejorar sustantivamente los aprendizajes de estudiantes y su evaluación.

  • Dignificar a las personas docentes y directoras y mejorar las condiciones de contratación y desarrollo laboral y profesional.

Consecuentemente, en vista de la cruda emergencia que atravesaba el sector, era de esperar que las declaraciones amorosas de Chaves Robles hacia la niñez y la juventud se concretaran en un extenso plan estratégico y una enérgica reversión de la asignación presupuestaria, para llegar, al menos, lo más cerca posible del 8% del PIB (mínimo fijado por la Constitución Política); pero lo que ocurrió fue muy diferente:

  1. En cuanto al plan estratégico, después de una pausa de varios meses, el MEP anunció la preparación de una ‘Ruta de la Educación’ que la ministra Müller presentaría en breve; pero pasaron los años y el documento continuaba en preparación …hasta que finalmente, ya en 2025, se supo, por vía oficial, que el documento no existía; y

  2. Algo similar pasó con la asignación de los recursos. Si para 2022 (último presupuesto aprobado en la administración Alvarado) la asignación para Educación había sido del 6.4 % del PIB, en cambio:

-para el presupuesto de 2023 Chaves bajó al 5,4 %;

-para 2024 bajó aún al 5,2 %;

-para 2025 fijó el 4,92 %; y

-para el 2026 la inversión en educación está en el 4.8 %: la más baja en decenios.

Entre el 8 % del PIB que la Constitución prescribe como mínimo para educación, y el 4.8 % destinado por el Gobierno en el Presupuesto para 2026, la diferencia dineraria es alrededor de 1 billón 300 mil millones de colones.

Y ¿cuáles han sido los resultados materiales de semejante desgobierno?

En lo que atañe a la calidad educativa de los jóvenes de nuestro País, la OCDE informa que, según los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), de los 87 países valorados, en 2022 Costa Rica descendió al puesto 57. ¿Preocupante? No para el señor Chaves, quien, como ya vimos, en los tres años siguientes de su gobierno fue asignando a educación porcentajes cada vez menores; con lo cual, de paso, consiguió (¿también casualidad?) que las universidades públicas tuvieran menos recursos.

Si nos referimos a los edificios escolares y estructuras anexas, tenemos que a inicios de 2023 había 722 establecimientos afectadas con sendas órdenes sanitarias prohibiendo total o parcialmente su ocupación; y el curso lectivo del presente año se inició con 849 centros educativos bajo órdenes sanitarias (CR HOY, 6 de mayo de 2025); lo cual es obvio que afecta duramente a decenas de miles de estudiantes en todo el País.

La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo contra el Ministerio de Educación Pública (MEP) y ordenó intervenir, de manera inmediata, una escuela ubicada en territorio indígena en Buenos Aires de Puntarenas, debido a las «deplorables» condiciones de infraestructura que ponen en riesgo a la comunidad estudiantil.

Según consta en la resolución, desde el 9 de junio de 2015 está vigente una orden sanitaria, y en abril de 2020 la Sala había emitido una sentencia en la que se instruía al MEP presentar un plan remedial para atender la situación; sin embargo, ambas disposiciones fueron incumplidas.

Ante la omisión reiterada, la Sala ordenó a las autoridades del MEP que realicen todas las gestiones necesarias para solucionar de forma integral y definitiva los problemas de infraestructura en un plazo máximo de 24 meses a partir de la notificación de la sentencia.”

Frente a semejante deterioro, que es claramente escandaloso ¿por qué el presidente Chaves insiste, año tras año, en escatimar los recursos financieros al MEP?

Consultada por el noticiero CR HOY, Lourdes Suárez, directora de Infraestructura Educativa del MEP, se refiere al problema con los términos de una capitulación:

“…Nosotros no vamos a poder atender el 100% (de las 849 órdenes sanitarias) en lo que resta del periodo, eso es así, pero podemos establecer prioridades. -…Aunque es algo que no es políticamente correcto, hay que decir que quedan unos en lista de espera, no los podemos trabajar, quedan en un grado de madurez (sic) y esperamos que quien continúe pueda darle atención que se requiere…”

Es decir, finalmente doña Lourdes confiesa que la solución del problema de los edificios escolares inutilizables será trasladada, con harto poca elegancia y mucho descaro, al próximo Gobierno.

Y entonces ¿cómo era aquello de que el presidente Chaves ama a los estudiantes, y que para él, el MEP es el ministerio más importante de Costa Rica?

Ambiente

Una muestra de la frivolidad con la que el presidente Chaves aborda un tema vital como el ambiente son los superficiales y deleznables motivos aducidos para descartar la promoción del Acuerdo de Escazú para su aprobación por la Asamblea legislativa. «El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno», dijo el Mandatario, haciéndole un guiño a UCAEP.

Pero el Acuerdo de Escazú no es una bicoca: se trata de un tratado interamericano que Costa Rica y Chile promovieron y defendieron apasionadamente durante años, hasta culminarlo en la ciudad de Escazú, en 2018, junto con otros Estados de la Región.

Ha sido aprobado por 18 países y, junto a su modelo europeo, el Convenio de Aahrus, presenta notables elementos dinamizadores de la toma de conciencia popular, y de movilización de las comunidades en defensa del ambiente.

Chaves afirma, erróneamente, sin intentar demostrarlo, que el contenido normativo del Acuerdo de Escazú ya se encuentra vigente en otros textos del ordenamiento costarricense; y esa actitud negatoria es reafirmada por la decisión de desfinancia el sector ‘ambiente’, tal como lo ilustra el informe sobre el Estado de la Nación (2024):

La desmejora de las capacidades técnicas y financieras de la institucionalidad pública con responsabilidades en el campo de la conservación de la biodiversidad es, quizás, la principal amenaza que enfrenta el país. Por tercer año consecutivo se registró una reducción en el presupuesto designado al Sinac, Minae y Fonafifo” (Informe 2024, pág. 195)

En consecuencia, el País experimenta un retroceso en importantes sectores ambientales, como el suministro de agua potable, reducción del área sembrada de granos básicos, aumento de la contaminación por energía térmica e hidrocarburos, aumento de la congestión vial y los accidentes, pérdida de la cobertura arbórea, etc.

Y el daño es percibido por doquier a nivel de comunidad.

Un ejemplo: el ciudadano Sergio Mora, geólogo (en Delfino, 2024) reprocha al presidente Chaves su inacción y la del Minae con respecto el desastre en Crucitas; el horror de los botaderos de basura; la contaminación crónica del río Virilla; la tragedia de los basureros; el impacto ambiental de los embotellamientos viales; y las muertes crecientes en accidentes de tránsito.

Final de fiesta

Creo que, a lo largo de estos 4 años casi cumplidos, el gobierno del Presidente Chaves ha conseguido importantes logros macroeconómicos, particularmente en el terreno crediticio y de la inversión, debidos en buena medida a su imagen neoliberal ‘amigable con el clima de los negocios’, a sus contactos personales y al apoyo del Departamento de Estado; pero ha fracasado en los campos laboral, educacional, ambiental: le ha fallado al componente más humilde de ese numeroso grupo que, deslumbrado por la personalidad y la parafernalia del Presidente, continúa dándole su apoyo.

En todo caso, parece que el propósito principal de las presentaciones públicas del presidente Chaves es exacerbar el odio contra sus críticos y la admiración por sus logros, a fin de aumentar el número de sus seguidores y alcanzar un triunfo rotundo en las próximas elecciones. Con ello, el nuevo gobierno y la nueva fracción legislativa, guiados por él, realizarán la reforma constitucional que elimine los supuestos obstáculos que, según su opinión, impiden hoy realizar un buen gobierno, privatizando, de pasada, el ICE, la Caja, el Banco de Costa Rica y cualquier otro vestigio de un Estado de Bienestar.

Y doy por descontado que, para los últimos meses de su gestión, el señor presidente y su equipo querrán deslumbrarnos a todos, empleando ostentosamente los recursos financieros que el Banco Mundial y el Fondo Monetario le han procurado en el momento oportuno. En efecto:

A) Desde el año pasado el Banco Mundial ha puesto a disposición del Gobierno Chaves Robles:

-$300 millones para apoyar la recuperación económica tras la pandemia;

-$120 millones para impulsar la agricultura sostenible, mejorar la competitividad y la participación económica de pequeños y medianos productores;

$350 millones para financiar infraestructura y servicios resilientes al clima;

$160 millones para acceso a financiamiento en caso de emergencias y desastres naturales;

-$200 millones para fortalecer la lectoescritura, las competencias digitales y la empleabilidad de los estudiantes;

-Además, sendos préstamo para fortalecer la gestión del riesgo social y focalizar los programas sociales; y para modernizar el Ministerio de Hacienda.

B) Y como resultado de la visita del secretario de Estado Marco Rubio, en enero de este año, cinco meses después el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó una línea de crédito flexible de dos años por $1.500 millones para el Gobierno de Costa Rica.

En la coyuntura de guerra en que nos hallamos, los Estados Unidos premia a sus fieles. Quiero pensar que todo ese dinero, que hoy sirve al propósito de posibilitar el triunfo electoral del partido del presidente, alcance también para traer provecho a nuestro pueblo.

En todo caso, lo que nos queda es resistir, conformando un frente de lucha para la preservación de la democracia y la defensa del Estado de Derecho.

Reprogramado: En Voz Propia invita al programa “Medios de comunicación alternativos y ciudadanía”

Comunicado:

Estimados amigos y amigas, reciban nuestras disculpas, pero por motivos de fuerza mayor, hemos tenido que reprogramar la presentación de En Voz Propia de esta semana.
Estaremos con ustedes, nuestro invitado y el tema de Medio Alternativos, el PRÓXIMO MARTES 15 DE JULIO 2025, a la misma hora, 7:00 p.m.
Agradecemos su comprensión.

Las lluvias de abril

Wilson Picado Umaña
Rafael Díaz Porras
Gerardo Jiménez Porras
Antonio Delgado Ballesteros
Investigadores del Proyecto “Cambio climático y relocalización del café en Los Santos, Costa Rica”, CINPE, Universidad Nacional, Costa Rica.

Quizás ustedes también han escuchado este refrán: “Las lluvias de febrero se van para el sombrero, las lluvias de marzo se van para el canasto y las lluvias de abril se van para el ferrocarril”. Habla del café, de su cosecha. De la relación entre la cosecha y las lluvias.

Sin decirlo, habla de la floración del café, de la “florea” del café, mejor dicho. De su ocurrencia en tres de los meses más secos del año en Costa Rica. O los más secos, para ser precisos. De la importancia de la florea en la cosecha de café dependiendo del mes en el que ocurra. Y habla de la figura del ferrocarril, del mercado, del puerto. El dinero y la bonanza que deparaba una gran cosecha.

Es un refrán sabio, como suele pasar con estos. Trata de procesos y datos que hoy desvelan a la ciencia, al gobierno y a la ciudadanía: la relación entre el clima y la producción agrícola. Habla de la oportunidad de las lluvias, de su justa ocurrencia para que la florea de café anticipe una buena cosecha, canastos llenos y ferrocarriles a rebosar.

Pero habla además de la incertidumbre. De lo que puede pasar si llueve antes o después, en mal momento, en el mes y de la forma menos indicada. Que la florea sea buena o mala.

Como otros cultivos, el café es una actividad muy sensible a las variaciones climáticas. Y como otros cultivos, los expertos pintan un futuro complicado debido al impacto del cambio climático. Abundan las proyecciones. Algunas afirman que en 2050 desaparecerá el 50 por ciento de las tierras más aptas para café del mundo. Otras, que será un futuro de pérdidas para algunas regiones y de ganancias para aquellas donde las variaciones climáticas sean menos acentuadas.

Se dice que el café arábica perderá y que el robusta ganará. Sin embargo, otros estudios advierten que la variabilidad climática afectará a los dos.

Los territorios del café se moverán en el futuro, quizás por el clima, quizás por una mezcla de factores climáticos y de mercado. El café siempre ha estado en movimiento a través de su historia. Véase un ejemplo. Hasta 1950 la mayor parte del café cultivado en Costa Rica estaba situado en el Valle Central. Cuatro o cinco décadas después, el paisaje era otro: buena parte del territorio cafetalero estaba distribuido entre Occidente, Los Santos, Pérez Zeledón, Coto Brus, la Península de Nicoya y la zona norte del país.

Presionado por la urbanización y el auge de nuevos sectores en la economía, el café encontró suelos y climas óptimos más allá de la capital. Y creció. Muchísimo.

Sin embargo, incluso en esas tierras de expansión, el área cultivada se ha reducido poco a poco en los últimos años. En 2001, de acuerdo con datos del CATIE y del ICAFÉ, el país contaba con unas 113229 hectáreas de café. Apenas unos años después, el censo cafetalero del ICAFÉ demostró que dicha mancha había disminuido a unas 98 mil hectáreas entre 2003 y 2006.

Y siguió bajando. En 2012, el área era de unas 93774 hectáreas, mientras que en 2017-2018 era de unas 92652 hectáreas. A excepción de Coto Brus, Pérez Zeledón y, sobre todo, Los Santos, en el resto del país la extensión cultivada del grano ha caído en las últimas dos décadas.

Donde todavía crece el área de cultivo, lo hace buscando las montañas y, en menor medida, buscando las tierras bajas y cálidas. Entre 2012 y 2017-2018, según datos del ICAFÉ, más de 2 mil hectáreas de café fueron cultivadas por encima de 1400 metros de altura, especialmente en regiones como Los Santos. Y en esta misma región, y en otras, nuevos cafetales han sido plantados bajo los 1000 metros sobre el nivel del mar.

El café se mueve, como ha pasado desde el siglo XIX y lo seguirá haciendo en el siglo XXI. Lo hará, sin embargo, en distintas circunstancias. Hay nuevas certidumbres en el sector: nuevas variedades, nuevos tipos de café y mercados, una participación mayor de las y los productores en la cadena de valor, múltiples iniciativas empresariales de pequeña y gran escala, y una cultura de la calidad que enorgullece a cada una de las regiones cafetaleras.

Pero también hay nuevas incertidumbres: las lluvias inusuales que causan enormes pérdidas en la cosecha, el impacto de los huracanes y las sequías, la migración del café a las tierras altas y su impacto ambiental, la transición generacional, las condiciones laborales del trabajo inmigrante y la convivencia no siempre pacífica entre el cafetal y el bosque en ciertas regiones del país, entre otras.

Se trata del cambio climático, seguro que sí. Pero, asimismo, se trata de un cambio estructural del sector no solo desde el punto de vista del mercado o de las instituciones, sino también social y ambiental.

A pesar de esto, se sabe mucho para enfrentar aquello sobre lo cual abundan las dudas en el futuro. El país cuenta con un extraordinario conocimiento acumulado sobre el café en las manos de las y los productores, de los micro y grandes beneficios, de las cooperativas y empresas privadas, y de la institucionalidad alrededor del ICAFÉ.

El refrán de las lluvias de abril habla de la incertidumbre. Pero, si lo leemos bien, también habla de la certidumbre, del conocimiento sobre lo que puede pasar ante la variabilidad no esperada. Es una breve reflexión ante lo desconocido y lo imprevisto.

Solo faltó decirnos lo que pasaría con las lluvias de mayo.

UCR, Voz experta: Alma Mater se escribe con a… ¿de autonomía o de autoritarismo?

Rosaura Chinchilla Calderón, docente en la Facultad de Derecho-UCR, jueza en materia penal.

Por. Rosaura Chinchilla-Calderón

In memoriam a Néstor Zeledón Guzmán, profesor emérito de la UCR

Desde hace décadas, tanto el Instituto de Estudios en Población (IDESPO) en la Universidad Nacional (2012) como el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) en la Universidad de Costa Rica han medido las manifestaciones crecientes de autoritarismo en la población costarricense. Los acontecimientos-país de los últimos años confirman esa tendencia. El psicólogo social Marco Vinicio Fournier, apoyándose en Adorno, en su artículo El autoritarismo en Costa Rica (2023) destaca que, en condiciones sociopolíticas y culturales deterioradas y marcadas por la incertidumbre, las personas tendemos a refugiarnos en una personalidad autoritaria. Esta, entre otros rasgos, simplifica deliberadamente la realidad, muestra agresividad, rigidez e intolerancia; encuentra satisfacción en la sumisión, adopta normas culturales inflexibles y estereotipadas, desarrolla patrones de interpretación basados en el pensamiento mágico y dirige el enojo hacia grupos minoritarios de la sociedad. Aunque, según esos estudios, a mayor nivel educativo menor autoritarismo, es claro que este rasgo forma parte de un fenómeno cultural que permea a todos los colectivos y, por ello, la comunidad de la UCR no escapa a esa tendencia. Así las cosas, conviene repasar algunos eventos recientes a fin de encender las alarmas y hacer un llamado para que, desde todas las unidades académicas, empecemos a reflexionar sobre este tema.

Los hechos. Diversos eventos acaecidos en nuestra casa de estudios en los  últimos días deberían generarnos una profunda reflexión y ser objeto de encendidos análisis institucionales. Pese a ello, salvo escasos pronunciamientos públicos[1] han estado atravesados por un preocupante y generalizado silencio. Veamos:

i.- 30 de mayo: un funcionario administrativo de la Escuela de Estudios Generales de la UCR arranca carteles de protesta pegados por el estudiantado en un edificio universitario. Cuando se le graba e interpela, con respeto según se muestra en los videos públicos, por la razón de su actuación, aduce que “se viola la reglamentación universitaria” y, de inmediato, pide el apoyo de oficiales de la policía universitaria (que ya estaban en el sitio) a fin de exigir la identificación de las personas que lo captan y se verifique “si cuentan con carné universitario”. Los oficiales, sin embargo, valga destacarlo, muestran una actitud respetuosa y aunque no siguen los requerimientos del funcionario sí permanecen cerca. Algunas personas estudiantes denuncian otros actos de violencia presuntamente acaecidos en esa ocasión y refieren haber presentado un recurso de amparo.

ii.- 02 de junio: las máximas autoridades administrativas y docentes de la Escuela de Estudios Generales —es decir, de lo que debería ser la cuna del pensamiento crítico y el humanismo en la UCR, pues así fue concebida en el III Congreso—  suscriben un pronunciamiento conjunto en el que apoyan lo actuado por aquel funcionario. Nuevamente se alude a violaciones reglamentarias y que ese hecho “desencadenó una escala de violencia” (sic). Curiosamente, las autoridades que se dicen personalmente afectadas por los actos suscriben el pronunciamiento en solidaridad consigo mismas.

iii.- 03 de junio: un miembro del Consejo Universitario (valga indicar, el máximo órgano deliberante y decisor de las políticas universitarias) y representante del área de Ingenierías, presenta una moción para solicitar la intervención de la Unidad Especial de Intervención, policía adscrita a la Presidencia de la República, a fin de que esta diera el criterio técnico sobre cómo abordar las protestas estudiantiles. Ante intervenciones acertadas del resto del pleno, retira la moción. El órgano institucional, en un escueto comunicado, se limitó a describir lo anterior, sin calificar lo sucedido.

iv.- 03 de junio: La ex directora de la Escuela de Estudios Generales denuncia disciplinariamente a varios estudiantes, por su intervención en la protesta.

v.- 04 de junio: La Escuela de Estudios Generales efectuó la elección de su Dirección. Las instalaciones donde el acto se iba a desplegar tuvieron, desde primeras horas, una importante y atípica presencia de policías universitarios.

El marco jurídico. La protesta social es un derecho humano, integrante de la libertad de expresión, establecido en normativa nacional (Constitución Política) e internacional (CADH). Por tanto, no puede sancionarse (penal o disciplinariamente) a quien ejerce un derecho. Reglas jurídicas de menor rango, como reglamentos, no pueden dejar sin efecto normas constitucionales o convencionales. Por supuesto que ningún derecho es absoluto, sino que todos tienen límites derivados de otros derechos del mismo rango. Empero, para determinar cuándo ha habido exceso en el ejercicio de uno, debe hacerse un juicio de ponderación que solo pueden efectuarse las autoridades jurisdiccionales nacionales competentes, previo debido proceso iniciado por quien se dice afectado y asumiendo esta persona la responsabilidad por denuncias calumniosas o falsas. Así, si en el ejercicio del derecho de protesta social se cometen delitos (contra la propiedad, contra el honor, entre otros), las personas afectadas (solo ellas en el último caso) pueden plantear procesos para que tal cosa se verifique, pero no actuarse de forma directa o por las vías de hecho.

Por otro lado, ninguna policía nacional, y tampoco la universitaria con un marco jurídico mucho más reducido, puede exigir identificaciones solo porque así se le ocurra a alguien. La obligación de identificarse alude a la cédula de identidad o, en algunos casos, a la licencia de conducir, no a documentos de pertenencia institucional, y solo puede ser exigida por autoridades públicas en ejercicio legítimo de sus cargos, sin que pueda ser invocada abusivamente, como lo ha establecido múltiple jurisprudencia constitucional. Inclusive, la transgresión a ese deber de identificación es una simple contravención y no un delito.

Asimismo, en espacios públicos como es el campus, el derecho a la intimidad no es pleno, por lo que, en principio, cualquier persona puede documentar, inclusive con uso de material audiovisual, lo que suceda. Cualquier exceso en el uso de la imagen debe ser resuelto por los tribunales nacionales civiles o constitucionales.

Finalmente, la sola moción para pedir la intervención de la UEI no es un asunto menor. No solo se le está pidiendo a un órgano político (cualquiera que este sea) que asesore en un tema delicado y que toca el núcleo duro de la autonomía universitaria como es la protesta estudiantil, sino que se pretendía que lo hiciera una unidad policial  que ha estado en la palestra pública pues, desde noviembre 2024, vía decreto, se le modificaron sus competencias para quedar al mando directo de la Presidencia del Poder Ejecutivo, entidad que ha atacado —verbalmente y mediante el no giro de recursos— a las universidades públicas. Además,  se trata de la policía que, desde su origen,  ha estado ligada a operaciones de alto riesgo contra actividades de terrorismo y narcotráfico. Es decir, con la referencia se implanta la idea subliminal de que la protesta social y estudiantil en particular tiene un ligamen con actividades delictivas. Esa ha sido, justamente, una de las excusas que han usado gobiernos autoritarios de la región, de derecha e izquierda, de ayer y de hoy, para intervenir universidades, lugares donde se gesta el pensamiento crítico, se articulan movimientos pro derechos y se denuncia y documenta la corrupción y la falsedad.

“Yo protesto” del escultor Néstor Zeledón Guzmán (elaborada en 2008 como crítica ante la aprobación del TLC-EUA). El proceso final de la escultura con su autor, en el taller de este. (Foto. Ilka Tremino)

La interpretación. Los elementos referidos son indicios de un ambiente cultural en donde, tal y cual sucede a nivel nacional, se ha dado un importante retroceso en el respeto de derechos humanos y de la autonomía universitaria. Si eso es preocupante en cualquier ámbito, más debería serlo cuando sucede en donde debería primar el pensamiento y la discusión crítica y argumentativa. Nótese que, con actuaciones de autoridades universitarias en ejercicio de sus cargos, se han efectuado tentativas de afectar el núcleo esencial de la autonomía universitaria, tradicionalmente asociado tanto a la imposibilidad de ingreso policial al campus académico como a la actuación del movimiento estudiantil que, con sus reivindicaciones desde la Reforma de Córdoba de 1918, hizo emerger la propia autonomía de las universidades. Es decir, intentonas de disminuir la autonomía provienen de lo interno de la institución.

La criminalización de la protesta estudiantil ha sido una constante en la región en el marco del ataque al pensamiento crítico por regímenes autoritarios y por avances en el desmantelamiento de la educación pública. Así fuertes represiones a la protesta estudiantil, ya a escala nacional, se han registrado en países como Colombia y Argentina en 2024, en Guatemala en 2022-2023, en Nicaragua y en México en 2018-2020, para no mencionar casos más remotos en toda América Latina.

Los eventos reseñados de nuestra Alma Mater deben llevar a cuestionarnos si, inclusive con nuestra pasividad, estamos escribiendo la historia institucional  con la “A” de la autonomía constitucional o la del autoritarismo de turno. Aquellos actos deberían generar honda preocupación, así como propiciar planes institucionales de capacitación general del personal docente y administrativo, incluyendo el policial, sobre cómo posicionarse democráticamente ante la protesta social y estudiantil.

El autoritarismo está entre nosotros, en nuestras sociedades, en el inconsciente colectivo  y no es un juego. Es imperativo que, en el marco de todos los cursos, de todas las actividades administrativas y de todos los procesos, empecemos a examinar nuestras propias actitudes cotidianas (por ejemplo, aquellas en donde una persona docente no da argumentos para evaluar) que condenan la diferencia, la inflexibilidad y el diálogo. Nuestros tiempos demandan argumentos y razones, no imposiciones.

[1] Cfr. entre otros: Observatorio de Bienes Comunes (Alerta en la UCR: una amenaza contra la protesta y la autonomía universitaria, 3 de junio); Centro de Investigación de Estudios de las Mujeres-CIEM (Sobre el autoritarismo y el derecho a la protesta, 16 de junio), de la Escuela de Ciencias Políticas en sus redes sociales; de parte del Movimiento Estudiantil a través del Consejo Superior Estudiantil (CSE) en su acuerdo CC-CSE-4-2025 del 16 de junio; de la docente PhD. Gabriela Chavarría Alfaro. (Retrato de una elección, 5 de junio) y de  la seccional del SINDEU en la Escuela de Psicología (10 de junio).

“Yo protesto” del escultor Néstor Zeledón Guzmán (elaborada en 2008 como crítica ante la aprobación del TLC-EUA) Ubicación actual de la escultura en la plazoleta de ingreso a la Facultad de Ciencias Sociales-UCR ornamentada con elementos naturales en homenaje a su creador recientemente fallecido. (Foto. Facultad de Ciencias Sociales)

Rosaura Chinchilla-Calderón
Docente Facultad de Derecho-UCR

Fuente: https://www.ucr.ac.cr/noticias/2025/7/10/voz-experta-alma-mater-se-escribe-con-a-de-autonomia-o-de-autoritarismo.html

¡Dios te salve, Patria Sagrada!1: el asunto fiscal y la (in) responsabilidad conjunta al desarrollo

1 Texto de la Oración a la bandera salvadoreña, símbolo nacional

Moisés Roberto Escobar
Investigador Asociado Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN)
Registro ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8746-6473
Correo: moises.escobar@catie.ac.cr

¿Por qué importan los asuntos fiscales y cuál es la coyuntura salvadoreña en su situación fiscal?

La evasión y elusión fiscal constituyen un reto significativo para los países en desarrollo, afectando la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales (Cobham y Janský, 2020). El Salvador enfrenta pérdidas anuales de $239,844,117 debido al abuso y evasión fiscal global, equivalentes al 5.1% de sus ingresos fiscales totales. Estas pérdidas superan los promedios globales (2.8%) y regionales (2.3%), limitando la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales y afectando la competitividad del país ((Tax Justice Network, 2024). A partir de esto, pretendo analizar brevemente el impacto socioeconómico y fiscal de estas pérdidas, proponiendo estrategias técnicas y políticas ante los desafíos de los asuntos fiscales en el contexto salvadoreño.

¿Elusión, evasión y algo más en el asunto fiscal?

La evasión fiscal se entiende como un fenómeno que amplifica las desigualdades económicas y debilita la capacidad del Estado para promover el desarrollo (Stiglitz, 2000). La competitividad de una economía también se ve afectada por la pérdida de ingresos tributarios, ya que limita la inversión en infraestructura y capital humano (World Bank, 2023).

El abuso y la evasión fiscal representan un desafío global que afecta desproporcionadamente a economías en desarrollo, como la de El Salvador. Según datos recientes, el país pierde anualmente $239,844,117 debido a estas prácticas, lo que equivale al 5.1% de sus ingresos fiscales (Tax Justice Network, 2025). Estas pérdidas tienen implicaciones significativas en la provisión de servicios públicos, la competitividad económica y la equidad social. Este artículo examina el impacto de estas pérdidas desde un enfoque multidisciplinario, integrando perspectivas técnicas, políticas y de economía heterodoxa.

Pero antes, veamos el cómo o método para lograr algunos análisis

La presente nota es una reflexión con base en los datos cuantitativos del Tax Justice Network (2025) y su Corporate Tax Haven Index del año 2024, así como y el Financial Secrecy Index del año 2022. También, se utilizan algunas estadísticas fiscales y socioeconómicas de El Salvador. Se analizan los datos con un enfoque descriptivo que reflexiona sobre el impacto de las pérdidas fiscales y ofrece algunas posibles medidas basadas en evidencia.

Y ahora ¿Qué pasa y cómo afecta el asunto fiscal al país?

El Salvador pierde 239,844,117 anuales debido al abuso y evasión fiscal. Estos US$239,844,117 perdidos anualmente por la economía nacional se distribuyen en US$203 millones por abuso fiscal corporativo y en US$37 millones por evasión individual (Tax Justice Network, 2025). Las pérdidas equivalen al 20.31% del presupuesto de salud y al 25.56% del gasto en educación. Es decir, se pierde el equivalente a al menos un quinto del presupuesto en los principales sistemas de protección social del país o en inversión en infraestructura y otros aspectos fundamentales para dinamizar y fortalecer la económica, que son habilitadores de mayor prosperidad. La restricción fiscal limita la implementación de políticas alternativas que podrían estimular el crecimiento y reducir la desigualdad (Stiglitz, 2000).

Conviene conocer un panorama de detalle de El Salvador. El Salvador es un país centroamericano con alrededor de 6.4 millones de habitantes, un economía que desde el PIB le indica un monto de US$ 34,015.63 millones, con una presión fiscal (la relación entre los ingresos fiscales y su PIB) del 11.95% (un tercio del promedio de economías europeas). Pero, hay una subyacencia de asimetrías estructurales. Donde, cerca de un cuarto de los hogares padecen pobreza monetaria y hasta seis de cada 10 hogares padecen algún tipo de inseguridad alimentaria por razones económicas; al menos un tercio de sus hogares yacen en carencias de sistemas de protección social integral (como apoyos gubernamentales en servicios básicos, pensión menor al equivalente del salario mínimo nacional, seguro médico). Es decir, aunque el país tiene una capacidad económica robusta, presenta desafíos estructurales en el bienestar humano y el progreso integral. Esto último, se evidencia en la disparidad económica donde se identifica que el 10% de la población con los mayores ingresos presenta umbrales de hasta 30 veces más que el 40% del total de población con ingresos iguales o menores al salario mínimo vigente, que equivale a US$365.00 mensuales (ONEC-BCR, 2024).

¿Qué podríamos hacer?

La magnitud de las pérdidas fiscales en El Salvador subraya la urgencia de reformas en la política tributaria y la administración fiscal. De acuerdo con la literatura, la aplicación de medidas más estrictas para combatir la evasión fiscal puede aumentar la competitividad del país y fortalecer la sostenibilidad fiscal a largo plazo (OECD, 2024). O desde otra perspectiva, la competitividad de una economía también se ve afectada por la pérdida de ingresos tributarios, ya que limita la inversión en infraestructura y capital humano (World Bank, 2023).

Sin duda, la contraloría multisectorial, principalmente social, que incida al buen funcionamiento gubernamental en la justa cobranza tributaria. Otras que son posibles o en cierto modo se tienen avances indirectos, pero, que podrían dirigirse a fortalecer el asunto fiscal, son las reformas técnicas y políticas que contrarresten los vacíos legales o inoperancias en el registro y la fuga de riqueza en las transacciones, con enfoque de progresividad multiparamétrica. También, y donde se tienen mayores avances en este contexto salvadoreño son la digitalización de la administración tributaria para mejorar la recaudación y reducir la evasión. Otras pueden ser una mayor educación y concientización sobre la importancia del cumplimiento fiscal y el impacto negativo de la evasión. Una reivindicatoria del asunto fiscal posibilitaría la recuperación de recursos para inversión estratégica, mayormente en áreas prioritarias como la salud, la educación y la infraestructura, mejorando integralmente la competitividad y el bienestar social.

Referencias

Cobham, A., y Janský, P. (2020). Estimating Illicit Financial Flows: A Critical Guide to the Data, Methodologies, and Findings. Oxford University Press. Recuperado de https://academic.oup.com/book/40564

OECD. (2024). Tax Transparency and Exchange of Information for Developing Countries. OECD Publishing. Recuperado de https://www.oecd.org/en/publications/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-azerbaijan-2024-second-round_61475f9f-en.html

Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC) del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR). (2024). Estimaciones con base en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), del año 2023. Recuperado de https://onec.bcr.gob.sv/Repositorio_archivos/

Stiglitz, J. E. (2000). Economía del sector público. Barcelona: Antoni Bosch Editor. Recuperado de https://frh.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/112801/mod_resource/content/0/stiglitz-2000-tercera-edicion.pdf

Stiglitz, J. E. (2019). People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent. W.W. Norton & Company. Recuperado de https://dokumen.pub/qdownload/people-power-and-profits-progressive-capitalism-for-an-age-of-discontent-1nbsped-9781324004219-1324004215.html

Tax Justice Network. (2025). Country profile: El Salvador. Recuperado de https://taxjustice.net/country-profiles/el-salvador/

World Bank. (2023). World Development Report: Financing for an Equitable Future. World Bank Group. Recuperado de https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/736921644987190024

¿Dónde está Chile? BRICS, Brasil y la estrategia fallida de Boric

Por Félix Madariaga

Mientras se desarrolla una nueva cumbre de los Países BRICS — el bloque formado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, junto a nuevos miembros como Egipto, Irán, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos —asistimos a un cambio geopolítico de gran envergadura: el mundo ya no gira exclusivamente en torno al eje Washington-Bruselas y América Latina vuelve a tener voz propia, esta vez con el protagonismo de Brasil y de su presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha insistido en la necesidad de construir un orden multipolar, menos dependiente del dólar y más justo para los países del Sur Global.

En este contexto, la pregunta obvia que muchos nos hacemos es: ¿dónde está Chile?, ¿cuál será su posición?

Una oportunidad perdida

En tanto muchos países latinoamericanos se acercan o, al menos, observan con interés el desarrollo del bloque BRICS+, Chile se mantiene tímidamente al margen. No hay señales claras de interés o acercamiento, ningún gesto hacia esta nueva arquitectura económica alternativa. Al contrario, la política exterior del gobierno de Gabriel Boric ha dado muestras de una incomodidad abierta con ciertos actores del BRICS, particularmente con Rusia, pero también con China – nuestro principal socio comercial, con un intercambio superior a los 65.000 millones de dólares anuales.

Esta distancia no es neutra ni accidental. El propio presidente Boric ha insistido, en más de una ocasión, en condenar sin matices la política exterior de la Federación Rusa, alineándose con el discurso de la OTAN y de los países del G7. En foros multilaterales, ha optado por repetir la narrativa occidental sin aportar una mirada crítica o latinoamericana al conflicto. Esta posición lo ha ido distanciando no solo de Rusia, sino también de aliados como Lula, quien ha permanentemente abogado por una salida negociada a la guerra en Ucrania, sin dobles estándares.

El discurso de Trump y el bloque anti-BRICS

En paralelo, voces como las de Donald Trump —y sectores conservadores de EE.UU.— insisten en atacar al BRICS como una amenaza directa al dominio económico norteamericano. Temen que la desdolarización y el fortalecimiento del comercio en monedas locales reduzcan la influencia de Washington. En esa lógica, cualquier acercamiento latinoamericano a los BRICS es visto como traición o peligro, y no muchos se atreverían a hacer enojar al gran hermano del norte.

Chile, al no tomar una postura clara y soberana, termina orbitando en torno a ese discurso anti-BRICS. Una estrategia miope que no solo aleja al país de nuevas oportunidades de inversión e intercambio comercial, sino que también reduce su margen de autonomía política.

¿Por qué para Chile es importante el BRICS?

El bloque BRICS representa más del 40% de la población mundial y un porcentaje creciente del PIB global. En un escenario internacional donde los países del Sur buscan mayor soberanía energética, alimentaria y tecnológica, el BRICS se consolida como una plataforma de colaboración Sur-Sur con enormes beneficios.

Algunos datos duros para entender su importancia: en 2024, los países BRICS superaron por primera vez al G7 en participación del PIB global en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA): 32.1% frente al 29.9% del G7, según datos del FMI; China representa el 18.6% del PIB global (PPA), seguida por India (7.4%) y Brasil (2.3%). Estos tres países, junto con Rusia y Sudáfrica, lideran el crecimiento económico del Sur Global y en términos de comercio, los BRICS controlan más del 30% de las exportaciones de productos agrícolas, más del 40% del petróleo mundial (con la incorporación de nuevos miembros) y gran parte de los minerales estratégicos como el litio, cobre, coltán y tierras raras.

Brasil y Lula: liderazgo desde el Sur

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha devuelto a Brasil su peso diplomático y económico global. Bajo su liderazgo, el país ha promovido el fortalecimiento del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) —el “banco de los BRICS”— que ya ha financiado proyectos por más de 32.000 millones de dólares en infraestructura, energía y tecnología en países del Sur. Brasil también ha impulsado el comercio en monedas locales (particularmente yuan, rupia y real) como medida para reducir la dependencia del dólar, un paso clave para blindar a las economías emergentes frente a crisis externas y sanciones unilaterales.

¿Por qué Chile no forma parte de ese esfuerzo? ¿Por qué seguimos atados a los dictados del Departamento de Estado norteamericano mientras el mundo avanza hacia una reconfiguración multipolar? Aliarse con los BRICS no significa romper con Occidente, sí implica diversificar las alianzas estratégicas, pensar desde América Latina, desde nuestras necesidades y nuestras prioridades.

Conclusión

La política exterior de Gabriel Boric muestra una profunda contradicción: se proclama progresista, pero actúa subordinada a los intereses de la potencia hegemónica, adoptando una postura rígida y hostil hacia la Federación Rusa, incluso en foros donde la mayoría de los países latinoamericanos apuestan por la neutralidad y el diálogo. Mientras tanto, Lula, desde Brasil, lidera una visión alternativa para América Latina y el mundo. Chile no puede seguir perdiendo el tren de la historia. Aliarse con los BRICS es apostar por la soberanía, el desarrollo autónomo y la dignidad regional. La pregunta ya no es si debemos unirnos, sino cuándo despertaremos, esperando que ese tren no se haya alejado definitivamente para nosotros.

Fuentes:

https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=301015

https://radio.uchile.cl/2025/06/20/chile-los-brics-y-la-autonomia-estrategica/

https://www.infobae.com/america/america-latina/2025/07/07/la-oportunidad-de-lula-da-silva-en-la-cumbre-de-los-brics-naufrago-entre-criticas-externas-y-disenso-interno/

https://www.dw.com/es/arranca-la-cumbre-de-los-brics-en-brasil/a-73177492

https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20250708-economia-trump-aranceles-brics-tension

https://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/mundo/2025/07/gobierno-de-lula-considera-que-amenazas-de-trump-refuerzan-posicion-del-brics-contra-tarifas.shtml

La Guarida de Zapote sigue sin verse, sin encontrarse. ¿Hacia dónde vamos?

Vladimir de la Cruz

La reelección continua presidencial funcionó en el pasado histórico costarricense. Se prohibió en 1949. Actualmente se permite alternativa luego de 8 años de haberla ejercido.

Es una práctica que sigue existiendo en la mayoría de los países, limitada a una elección adicional continua. En los sistemas parlamentarios se permite más. En los gobiernos autoritarios como los de Venezuela o Nicaragua se permite la reelección sin límite.

Los períodos presidenciales o de gobierno de 4 años resultan cortos para quienes lo ejercen, porque al iniciar su gobierno el presidente encuentra un Presupuesto Nacional en el que él no participó en su definición ni en la política que lo estructura, que fue aprobado en noviembre anterior a su ascenso presidencial, que solo puede administrar por el resto sus primeros meses de gobierno. A partir del inicio de su presidencia, en noviembre de sus primeros meses de gobierno, se aprueba el Presupuesto Nacional, para el siguiente año, a partir de enero, que es la primera propuesta del Presiente, con su visión, con sus compromisos de campaña electoral que puede trazar el camino que quiere darle a los principales ejes del desarrollo nacional.

Lo usual es que, en los primeros meses de gobierno, de mayo a julio, el presidente pueda presentar alguna modificación presupuestaria, pero no le permite modificar todas las partidas del Presupuesto Nacional.

Esta situación ha colaborado en mucho para los ciudadanos se desinflen de los gobiernos que inician, de sus partidos políticos gobernantes y obviamente de sus presidentes, porque no pueden percibir ni sentir reformas o políticas concretas asociadas al entusiasmo con el votaron por ese nuevo gobierno y ese presidente.

Esta situación era más grave hasta los gobiernos que terminaron en el 2022. Ese año, 2022, con el actual presidente Rodrigo Chaves Robles, empezó a funcionar la reforma constitucional con la que se invirtió las sesiones parlamentarias, que empezaban en mayo en Sesiones Ordinarias, que son las que los diputados y sus partidos tienen la iniciativa parlamentaria, mientras en las Sesiones Extraordinarias, es el presidente el que tiene la iniciativa de ley. En el período anterior al 2022 el presidente se obligaba a acatar el presupuesto nacional y cumplirlo como se había aprobado en noviembre anterior a su ascenso presidencial. Ahora no. En el 2022, el presidente Rodrigo Chaves inició con las Sesiones Extraordinarias Legislativas, pero no tenía nada preparado para impulsar como proyectos de su iniciativa, en correspondencia con lo que había hablado en su campaña electoral, que fue un discurso vacío de contenidos relacionados con el desarrollo nacional e institucional. Sus primeros días de gobierno fueron un desastre legislativo. De hecho la Asamblea Legislativa se paralizó uno días.

Antes del 2022 los problemas y dinámica política del país, de mayo a noviembre, obligaban a postergar o ignorar las promesas electorales, porque toda la gestión gubernamental se anclaba en el presupuesto aprobado en noviembre del 2021.

Es en el Presupuesto Nacional, que elabora el presidente con su gabinete, montado sobre la estructura existente de presupuestos nacionales que se presentan para su aprobación, para su siguiente año, donde el presidente puede trazar o fijar sus intenciones novedosas frente a lo que el gobierno quiere impulsar.

En los Presupuestos de noviembre del 2022, noviembre del 2023 y noviembre del 2024 no se destacó nada relevante en este sentido. Ha sido un gobierno sin nueva visión de país. Ha sido de continuismo, pero destruyendo lo que pueda del andamiaje institucional existente.

El presupuesto del próximo año, 2026, ya se está proyectando en las instancias técnicas, para ser presentando en los próximos meses ante la Asamblea Legislativa, para su trámite de aprobación, que sería el Presupuesto Nacional del 2026, con el que arrancará sus tareas y labores el gobierno que se elija en febrero o abril del 2026.

El presidente Chaves ha venido insistiendo en la necesidad de proyectar su gobierno, sus “políticas” y sus “directrices”, que solo él conoce para el próximo ejercicio presidencial. Ha insistido que para ello se necesita tener por lo menos 38 diputados, que es lo que él impulsa en sus arengas de los miércoles para poder, en el nuevo gobierno, o desde la Asamblea Legislativa con esa mayoría de diputados poder iniciar o realizar los cambios institucionales que cree son necesarios para el desarrollo futuro de Costa Rica.

Desde la primera experiencia que tuvimos, en mayo del 2022, cuando inició este gobierno, del Jaguar de Zapote, se produjo una desinflada. El Jaguar no ofreció nada a la Asamblea Legislativa, por lo que en esos días la Asamblea quedó entrabada en su funcionamiento. Sigue entrabada en la iniciativa presidencial. Lo hemos visto estos días cuando propone una vía rápida para la discusión del proyecto de ley de las jornadas esclavistas, y cuando inicia su discusión retira de la vía rápida ese proyecto, e introduce otro, relacionado con el préstamo de $500 millones del BIRF. Ojo, la introducción de este proyecto es la discusión ordinaria legislativa.

Este proyecto de aprobación de los $500 millones no puede tramitarse por la vía rápida que se había establecido específicamente para el proyecto de las jornadas esclavistas. Eso sería un fraude de ley en el procedimiento parlamentario, sería meter gato por liebre en la discusión parlamentaria.

El presidente al haber retirado el Proyecto de Ley de las Jornadas esclavistas de 12 horas diarias sacó ese proyecto de esa discusión y anuló la vía rápida que se habían aprobado de manera específica para la discusión de ese proyecto. Automáticamente, no significa que la vía rápida que se había aprobado funcionara para todos los proyectos que están en la discusión parlamentaria. La vía rápida, si se aprueba, se hace para el proyecto de ley particular y específico que se quiere acelerar en su aprobación mediante ese mecanismo legislativo de aprobación de proyectos de ley.

Los trastornos político-mentales del Jaguar pueden afectar su capacidad para funcionar en su vida política diaria de gobernante, mantener e impulsar relaciones políticas ilusorias, que le impiden proponer Proyectos de Ley que indiquen y proyecten el modelo ideal de país, y de nueva República, que quiere impulsar. Esto es ir al garete, a la deriva, sin control, ni dirección, prácticamente sin gobierno, dejándose ir por la acción del viento y corrientes de los otros actores políticos nacionales.

En sencillo, el pequeño gobierno, de la Ínsula de Barataria, de la Guarida de Zapote a lo tico, sigue sin verse, sin encontrarse.

El Jaguar de Zapote, por lo que leyó en inglés, en el foro mundial de Francia, parecía no saber leer o entender lo que leía. Si lee algo será libros de caballerías en los cuales puede imaginarse como el Caballero, en este caso el Jaguar, que ejerce su gobierno en su Ínsula.

El Jaguar no tiene posibilidad real de reelegirse en el 2026. En el 2034…si sigue en política activa. Para seguir en política activa solo si renuncia a la presidencia, el 31 de julio, y se presenta como candidato a diputado…, o eventualmente se espera al nuevo gobierno anhelando que algún partido jaguar gane las elecciones y lo nombre ministro, para tener alguna presencia pública.

En toda la gestión política administrativa que lleva el actual gobierno, y el Jaguar de Zapote, a pesar de sus rugidos, por más explosivos y profundos que parezcan, salidos forzadamente a través de su boca abierta, ¿hocico, por ser un jaguar?, como los hace, no se ha presentado un solo proyecto, uno solo, que refleje una visión de país, un modelo de país, una meta a la que se quiere llevar al país, que indique que avanzamos hacia una nueva república, hacia la cuarta o quinta república como a veces ilusoriamente, o con mente trastornada, dice el Jaguar que quiere construir.

En la teoría y práctica histórica vivimos la II República. El período histórico de la Segunda República inició el 8 de mayo de 1948. Todavía no hemos cerrado oficialmente ese período. No se ha establecido una tercera republica, ni una cuarta república. La Constitución Política que cubre esa Segunda República todavía está vigente, vivita y coleando.

Ha habido esfuerzos teóricos de ver que la II República está superada. Algunos políticos, incluso en campañas electorales hablaron de una III República. Hay quienes hablan de una IV República y hasta de una V República, sin hacer los balances históricos de esas etapas, que pueden definirse como II, III, IV o V República.

Generalmente, en la actualidad estas Repúblicas descansan también en nuevas constituciones políticas. En Costa Rica en diversos momentos el péndulo de la convocatoria de una Asamblea Constituyente se mueve en la dirección de convocarla, pero el temor y la incertidumbre alrededor de lo que puede salir lo frena. Para el mes de setiembre próximo el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica desarrollará un ciclo de jornadas de reflexión en torno a una nueva Asamblea Nacional Constituyente, que puede ser un buen insumo para preparar el ambiente hacia esa convocatoria nacional.

En la Historia de Costa Rica, después de 1821 tuvimos un Estado de Costa Rica, entre 1824 y 1838, cuando fuimos parte de la República Federal de Centroamérica, prolongado ese nombre hasta 1848, cuando el Dr. José María Castro firmó el 31 de agosto de 1848 el nombre aprobado por el Congreso el día anterior, de República de Costa Rica.

Cien años después en 1947, estaba terminando el gobierno de Teodoro Picado Michalski, 1944-1948 y había elecciones en las cuales el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, aspiraba a un nuevo período presidencial, a partir de 1948. Las elecciones fueron muy violentas y finalmente su resultado favorable a Otilio Ulate Blanco, fue anulado por el Congreso, lo que dio origen al levantamiento armado de José Figueres Ferrer, para garantizar ese triunfo.

De paso, Figueres y su grupo consideraban que los ocho años de gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, y el de Teodoro Picado Michalski, 1944-1948, habían sido de gran corrupción, nepotismo y de fraudes, que habían acabado con el espíritu de la República, que hasta entonces se estaba viviendo. De allí surgió el planteamiento de Figueres de fundar la II República, considerando el centenario de la fundación de la República y la necesidad de fundar una nueva República, que el 8 de mayo, cuando asumió el gobierno transitorio de 1948-1949, llamó a la fundación de la Segunda República. Esta Segunda República la acompañó de una nueva Constitución Política, para lo cual llamó a elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente que funcionó en el año 1949, promulgando la actual Constitución Política.

Así, vivimos desde 1948 el período histórico de la Segunda República. Este ciclo oficialmente no se ha cerrado. No se ha enterrado oficialmente la Segunda República.

Tampoco ha nacido una Tercera, ni una Cuarta República, que dé origen a una posible nueva República, como algunos la sueñan, ni se ha asociado esta nueva República a una Nueva Constitución.

Para ello se necesita una opiomanía constitucional nacional, que todos soñemos con una Nueva Constitución Política, como marco político institucional de esa Nueva República que es necesario refundar, con reelección o sin reelección continua de diputados y presidente, al menos por un período gubernativo

¿Estaremos preparados para esto? ¿O seguiremos en la improvisación de gobiernos jaguares o similares? ¿Zapote seguirá como guarida de jaguares o de otros animales políticos?

El proceso electoral en marcha sigue sin claras definiciones partidarias y de candidatos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Estaremos en capacidad de enfrentar este desafío histórico a partir del 2026, hacia una Nueva Costa Rica, hacia una nueva etapa histórica?

Compartido con SURCOS por el autor.

En Voz Propia invita al programa “Medios de comunicación alternativos y ciudadanía”

El programa En Voz Propia invita a su próxima emisión titulada “Medios de comunicación alternativos y ciudadanía”, que se llevará a cabo este viernes 11 de julio a las 7:00 p.m. La producción será transmitida a través de sus redes sociales y busca abrir un espacio de reflexión sobre el rol de los medios independientes en la defensa de la democracia y los derechos ciudadanos.

En esta edición participará Martín Rodríguez, de En Voz Propia, y se realizará una entrevista al comunicador Héctor Ferlini-Salazar, director del medio digital SURCOS, quien compartirá su visión sobre el papel de los medios alternativos frente a la concentración mediática y las amenazas a la prensa libre.

El programa será transmitido en vivo por las redes sociales de En Voz Propia:

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Notas sobre el gobierno Chaves Robles (2)

Walter Antillón

Este escrito consta de tres partes: 1) Magia, saber y poder político; 2) El presidente Chaves y su modo de gobernar (pendiente); y 3) Los delitos del presidente Chaves.

III. Los delitos atribuidos al presidente Chaves

Existe algo que podría llamarse “síndrome de impunidad”, muy frecuente en las cúpulas políticas y funcionariales y endémico en la alta burguesía. Otorga al afectado la sensación de que bien puede permitirse ciertas transgresiones sin sufrir consecuencias desagradables. Conocí hace años la historia de un joven de ‘buena familia’ que se vio envuelto en un asunto dudoso y, lleno de temor, acudió al consejo de un expresidente, quien lo tranquilizó diciéndole: “personas como Usted y como yo no deben inquietarse por esas cosas”. Al final el asunto no terminó bien, gracias a que en Costa Rica, a pesar de la Corte y muchas circunstancias obstaculizadoras y frustrantes, al día de hoy parece que hemos superado la plaga de los fiscales amigables, de modo que subsisten cuerpos del Ministerio Público, de la Judicatura y de la Policía Judicial que conservan la mística de la justicia.

Pienso que el presidente Chaves ha estado aquejado del síndrome de impunidad desde hace años, inoculado durante su larga exposición a la influencia del alto funcionariado internacional. Muestra de ello fue, sin duda, su desafortunado conflicto con algunas excompañeras, que lo llevó a su condena y su salida del Banco Mundial. Sin embargo, ya de regreso en Costa Rica parece que las cosas no han mejorado.

Frecuente uso arbitrario y antijurídico del poder

Todos sabemos que cada presidente de Costa Rica, por mesiánico que pueda sentirse, debe mantener sus actuaciones dentro de los límites de la Constitución y la Ley: las potestades presidenciales, aún las discrecionales, no son legibus soluta; al contrario, caen enteramente bajo el principio de legalidad.

¿No es lamentable comprobar que el presidente Chaves, desde su candidatura, se ha ido hundiendo en el ilícito?

El régimen normativo e institucional de un Estado de Derecho se aviene mal con la investidura mesiánica, y el actual titular del alto cargo, haciendo gala de la inteligencia de un jaguar, parece que no ha conseguido digerirlo:

ya desde la campaña electoral, pero sobre todo una vez electo, el presidente Chaves ha asumido una pose de supremacía más allá de los límites normativos de su cargo; ha pretendido mano libre en sus designios, como si fuera un dueño de empresa; y por ese camino ha ido incurriendo en actitudes aberrantes y ha tomado decisiones inadecuadas que han tenido consecuencias.

En efecto, una abundancia de actitudes violatorias de límites y prohibiciones legales y reglamentarios de parte del presidente (en solitario, o en compañía de sus ministros) han provocado una avalancha de denuncias que el Ministerio Público está investigando, y que, hasta donde conozco, son alrededor de 70:

12 por incumplimiento de deberes

9 por tráfico de influencias

4 por nombramientos ilegales

4 por prevaricato

3 por abuso de autoridad

2 por influencia contra la Hacienda Pública

1 por financiamiento privado de la campaña electoral

1 por desobediencia

1 por fraude de ley

1 por legitimación de capitales

1 por coacción

1 por penalidad del corruptor, etc.

Lo anterior, sin contar con las numerosas causas pendientes contra ministros y otros personeros del Gobierno. Se trata de una cifra escandalosa, sin parangón en la historia Patria. ¿Cómo llegamos a este grado de litigiosidad penal?

Según el Gobierno Jaguar y sus seguidores la responsabilidad por la situación recae espectacularmente en el fiscal general y su equipo del Ministerio Público; en la Corte Suprema y en los partidos, los diputados y la prensa canalla. Pero lo que la masa chavista generalmente no sabe es que el Ministerio Público sólo actúa por denuncia proveniente de otras autoridades, o de personas o grupos privados.

Y entonces ¿quiénes son las decenas de denunciantes del presidente Chaves y sus colaboradores ante el Ministerio Público? No la Corte Suprema ni los jueces, sino funcionarios públicos en ejercicio de sus cargos y mucha gente integrante de la sociedad civil: sindicalistas, empresarios, maestros, miembros de las directivas de las instituciones, funcionarios subalternos de los ministerios, antiguos personeros del propio Gobierno que, en un cierto momento, entraron en pugna con el presidente o sus ministros: fueron despedidos o renunciaron a sus cargos, etc.

Por mucho que se admire al presidente Chaves, es insensato seguir aferrados al prejuicio de que todo se trata de injustas persecuciones; que los grandes burócratas de la vieja guardia, como la Contralora General, los Procuradores, la Defensora de los Habitantes conspiran contra el presidente porque temen ser descubiertas sus fechorías y no quieren perder sus supuestas prebendas, etc. No: muchas de esas causas penales serán desestimadas, y lo están siendo ahora; también habrá sentencias absolutorias; pero es muy posible que en algunos casos el ciudadano Rodrigo Chaves Robles y algunos de sus ministros resulten justamente condenados; y lo serán, con toda probabilidad, por jueces independientes e imparciales.

Los casos

Mostraré los datos de algunas de las causas pendientes, por vía de ilustración:

1.- Cause seguida por llevar adelante el candidato Chaves, junto con un grupo de sus partidarios, la trama del financiamiento paralelo de la campaña, a pesar de la prohibición legal contenida en los artículos 273, 274 y 275 del Código Electoral. Dicha trama ha sido investigada por el Tribunal Supremo de Elecciones desde 2022, y culminó con la acción penal del Ministerio Público que dio lugar al Expediente Judicial 22-000210-0276-PE. En materia judicial nadie es dueño de la verdad, y la suerte de los procesos es incierta (habent sua sidera lites, decían los antiguos), pero la documentación de la causa es abundante y, francamente, no tiene un buen pronóstico.

ARTÍCULO 274.- Delitos sobre las contribuciones privadas

Se impondrá pena de prisión de dos a cuatro años: a) A quien, en nombre y por cuenta de una persona jurídica nacional o extranjera, o persona física extranjera, contribuya, done o realice aportes, en dinero o en especie, a favor de un partido político. b) Al extranjero(a) que contribuya, done o realice aportes, en dinero o en especie, a favor de un partido político, excepto cuando se trate de lo establecido en el artículo 124 de este Código. c) Al extranjero(a) o representante legal de persona jurídica extranjera que adquiera bonos o realice otras operaciones financieras relacionadas con los partidos políticos. d) A quien realice contribuciones, donaciones o aportes directamente a favor de tendencias, candidatos o precandidatos oficializados por el partido político, evadiendo los controles de las finanzas partidarias. e) A quien contribuya, done o entregue cualquier otro tipo de aporte, en dinero o en especie, a favor de un partido político por medio de terceras personas, grupos u organizaciones paralelas o mediante la utilización de mecanismos de gestión o recaudación que no estén previamente autorizados por el comité ejecutivo superior del partido.

En estos días la Corte Plena ha pedido a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero constitucional del presidente y demás funcionarios imputados en esta causa.

2.- Por afectar los derechos políticos fundamentales del ciudadano Claudio Alpízar, el Tribunal Supremo de Elecciones acogió un recurso de amparo contra el presidente Chaves, quien además resultó condenado en costas, daños y perjuicios (Resolución del TSE número 4259-E1-2025, emitida el 24 de junio pasado). Un presidente no puede abusar de su alto sitial para tratar de destruir políticamente a un ciudadano. Esto, en Costa Rica, no es un acto típico penal, pero sin duda es un ilícito y una inmoralidad.

3.- Por solicitar el presidente Chaves un beneficio patrimonial indebido (“un cariñito”) a favor de su colaborador Federico Cruz Saravanja, en el marco del contrato con la empresa RMC Productora S.A., con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Previa denuncia, el hecho fue investigado por el Ministerio Público como configurador del delito de concusión descrito en el artículo 355 del Código Penal, y dio lugar al expediente judicial número 25-000019-0033-PE. También en relación con esta causa, la Corte ha pedido levantar el fuero de inmunidad del presidente.

El citado artículo 355 dice: “se impondrá prisión de dos a ocho años, al funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”

Nota al margen: El delito de concusión es una práctica arraigada en muchos gobiernos. En Nicaragua lo practicaban sistemáticamente los Somoza; en Costa Rica lo practicó, comprobadamente, Daniel Oduber. En el apogeo de la corrupción de la Democracia Cristiana en Italia, este país fue llamado ‘Tangentopoli’: “País de la concusión”. La operación ‘manos limpias’ ejecutada por los jueces y los fiscales a fines del siglo XX, acabó con la concusión en Italia … por un tiempo.

4.- Por ofrecer el presidente Chaves los votos de su bancada al diputado Rodrigo Arias, a cambio de que se archive la causa 22-000210-0276-PE por financiamiento paralelo. Se trata del llamado delito de “penalidad del corruptor” (tal vez mejor llamarlo delito ‘de oferta ilegal’) descrito en el artículo 345 del Código penal. Con la noticia del hecho, el Ministerio Público promovió, a su vez, la causa penal a que se refiere el expediente 24-000031-0033-PE.

El artículo 345 del Código Penal dice: Las penas establecidas en los cinco artículos anteriores (modalidades de cohecho) serán aplicables al que dé, ofrezca o prometa a un funcionario público una dádiva o ventaja indebida.

Nota: lo escrito entre paréntesis no corresponde al texto original del artículo.

5.- Al disponer, perniciosa y arbitrariamente, que La Rueda de la Fortuna (programa de la Junta de Protección Social de San José) pasara de Canal 7, donde siempre disfrutó de un público masivo, al Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) con audiencia muy reducida, el Presidente incurrió en el delito de tráfico de influencias, previsto y sancionado por el artículo 52 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. La denuncia dio lugar al expediente judicial número 23-000082-0033-PE.

Dispone el citado artículo 52:

Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quien directamente o por interpósita persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro (. . .) Con igual pena se sancionará a quien utilice u ofrezca la influencia descrita en el párrafo anterior (. . .) Los extremos de la pena señalada en el párrafo primero se elevarán en un tercio, cuando la influencia provenga del presidente o del vicepresidente de la República, de los miembros de los Supremos Poderes, o del Tribunal Supremo de Elecciones, del contralor o el subcontralor generales de la República; del procurador general o del procurador general adjunto de la República, del fiscal general de la República, del defensor o el defensor adjunto de los habitantes, del superior quien debe resolver o de miembros de los partidos políticos que ocupen cargos de dirección a nivel nacional.”

6.- El presidente Chaves hizo sendos nombramientos ilegales en las personas de Cindy Quesada Hernández y Erika Nahrgang Rodríguez, y como ministro de Hacienda en el Gobierno Alvarado, había hecho lo propio con Jacqueline Soto Rivel. Expediente judicial número 22-000052-0033 PE.

ARTÍCULO 337.- Será reprimido con treinta a noventa días multa el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público a persona en quien no concurrieren los requisitos legales.

7.- En suma, desde el inicio del Gobierno del presidente Chaves se ha observado en el presidente, en su Consejo de Gobierno y en varios de sus ministros una actitud desafiante ante el bloque de legalidad del País:

A) como fue el caso de la suspensión ilegal de algunos directivos de la Caja en 2022, que fueron reinstalados por la Sala Constitucional en 2023;

B) la misma Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia «en defensa de la libertad de prensa», anuló el abuso palmario de poder constituido por la orden de cierre emitida por el Gobierno contra el centro de eventos Parque Viva, propiedad del Grupo Nación y condenó al Ejecutivo al pago de daños y perjuicios;

C) miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional, fueron destituidos arbitrariamente en mayo de este año, violando autonomías garantizadas en la Constitución y en las leyes, tal como lo tiene establecido reiteradamente la Sala Constitucional. Se trata, como el anterior, de una clara desviación de poder, y su destino más que probable es la anulación.

Como consecuencia de la transgresión constante y el discurso disolvente e intransigente de don Rodrigo, el escenario actual es de odio, de confrontación y de zozobra; y estoy seguro de que él está consciente de ello. Y entonces, ante la inevitabilidad de su condena en algunas de las decenas de causas penales pendientes en su contra ¿qué hará?

¿Extremará su esfuerzo carismático apostando a un triunfo aplastante en las próximas elecciones, a fin de tratar de influir a posteriori en el destino de tantos procesos? Pero no cuente con ello, si Costa Rica mantiene la institucionalidad del Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

¿Tentará entonces el camino de la sedición, como algunas veces lo ha dejado entender? ¿se arriesgará al golpe de Estado, confiando en una supuesta lealtad de la Policía Administrativa, o en la remota posibilidad de ayuda militar de un país extranjero?

Ni el auténtico pueblo costarricense ni el orden jurídico interamericano lo permitirían; y nuestra Policía Administrativa conoce la Constitución. Y, por último, sería cruelmente irónico que una persona que vio transcurrir la vida fuera de la patria, regrese a hundirla en el caos de la reyerta fratricida, asegurándose con ello un lugar en el estercolero de la Historia, un piso por debajo de los Tinoco.