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La hostilidad contra el voto electoral

Escrito en . Publicado en Análisis.

José A. Amesty Rivera

Durante las últimas tres décadas, América Latina ha vivido una intensa pelea política entre proyectos que buscan ampliar derechos sociales, fortalecer el papel del Estado y reducir desigualdades, y sectores económicos, mediáticos y políticos que defienden modelos más conservadores o neoliberales. En este escenario, las elecciones han sido fundamentales, pero no siempre suficientes.

Cada vez que un proyecto progresista o de izquierda, ha logrado llegar al gobierno por la vía democrática, han aparecido distintos mecanismos para limitarlo, debilitarlo o expulsarlo del poder. Algunas veces fueron golpes de Estado clásicos, con militares en las calles, otras veces se utilizaron fórmulas más sofisticadas como: campañas mediáticas permanentes, persecuciones judiciales, destituciones exprés, bloqueos institucionales o procesos conocidos como lawfare, es decir, el uso político del sistema judicial para neutralizar adversarios.

No existe consenso absoluto sobre cuántos casos deben clasificarse como golpes, lawfare o maniobras antidemocráticas. Sin embargo, al observar la región entre mediados de los años noventa y la actualidad, pueden identificarse al menos una decena de episodios relevantes que afectaron a gobiernos o líderes progresistas elegidos democráticamente.

Uno de los casos más conocidos ocurrió en Venezuela en abril de 2002. Tras una intensa confrontación política, sectores militares y empresariales lograron sacar temporalmente del poder al presidente Comandante Hugo Chávez y durante horas se instaló un gobierno de facto encabezado por Pedro Carmona.

La movilización popular y la reacción de sectores militares leales permitieron el retorno de Chávez al poder en menos de 48 horas. Este episodio mostró que, incluso en pleno siglo XXI, los golpes tradicionales seguían siendo una posibilidad.

En junio de 2009, militares hondureños sacaron de su casa al presidente Manuel Zelaya del país y lo enviaron al extranjero. Aunque los promotores intentaron presentar la acción como una medida constitucional, buena parte de la comunidad internacional la calificó como golpe de Estado.

El caso hondureño marcó una nueva etapa, la combinación de instituciones civiles, tribunales y fuerzas armadas para justificar la ruptura del orden democrático.

Otro caso fue la destitución relámpago de Fernando Lugo en Paraguay, fue sometido a un juicio político que duró apenas unas horas y tuvo escasas garantías para ejercer su defensa. Aunque formalmente se respetó el procedimiento constitucional, numerosos gobiernos latinoamericanos consideraron que se trató de un “golpe parlamentario”. El mensaje fue claro, ya no era necesario sacar tanques a la calle para remover a un presidente incómodo.

Recordemos igualmente la caída de Evo Morales en Bolivia, la crisis boliviana de 2019 sigue siendo objeto de debate político e histórico. Tras denuncias de irregularidades electorales, presiones policiales y militares llevaron a la renuncia de Evo Morales.

Sus partidarios sostienen que fue un golpe de Estado; sus detractores afirman que fue consecuencia de una crisis institucional provocada por el propio gobierno. Lo cierto es que un presidente electo abandonó el cargo bajo presión de las fuerzas armadas y la policía, un hecho extremadamente grave para cualquier democracia.

Por otro lado, irrumpe el Lawfare, que es la nueva cara de los golpes del siglo XXI. Durante buena parte del siglo XX, cuando las élites económicas y políticas querían sacar del camino a un gobierno popular, recurrían a los cuarteles, los tanques y los golpes militares. América Latina conoció demasiado bien esa historia.

Sin embargo, en el siglo XXI, esos métodos comenzaron a tener un alto costo político, ya no era tan fácil justificar ante el mundo que un grupo de militares derrocara a un gobierno elegido por el pueblo. Fue entonces cuando apareció una herramienta más sofisticada, el lawfare.

La palabra combina los términos ingleses law (ley) y warfare (guerra). En términos simples, significa utilizar las instituciones judiciales como armas de combate político. Desde la perspectiva de amplios sectores de la izquierda latinoamericana, el objetivo no es hacer justicia, sino neutralizar, desacreditar o sacar de la competencia electoral a dirigentes populares que no pudieron ser derrotados en las urnas electorales.

El mecanismo suele repetirse así: primero aparecen denuncias amplificadas durante meses por grandes medios de comunicación; luego llegan filtraciones selectivas, titulares escandalosos y una condena mediática anticipada; finalmente, fiscales y jueces impulsan procesos que terminan debilitando políticamente al dirigente señalado, aunque años después muchas de esas causas se derrumben o sean anuladas.

Para millones de latinoamericanos, el caso de Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, representan ejemplos de esta nueva modalidad de confrontación política. La acusación central es que determinados sectores del poder económico, mediático y judicial habrían actuado coordinadamente para impedir que proyectos populares mantuvieran o recuperaran el gobierno.

Por esto muchos movimientos sociales sostienen que los golpes del siglo XXI, ya no siempre usan botas militares, muchas veces usan trajes, micrófonos y togas.

Ahora, hablar de democracia, desestabilización y participación en América Latina sin mencionar a EEUU, sería dejar incompleto el análisis.

Durante décadas, Washington intervino abierta o encubiertamente en los asuntos internos de la región. Los golpes contra gobiernos reformistas o nacionalistas, en distintos países dejaron una huella profunda en la memoria colectiva latinoamericana. Esta historia explica por qué muchos sectores populares observan con desconfianza cualquier forma de injerencia extranjera.

Aunque los tiempos han cambiado y ya casi no predominan las intervenciones directas que marcaron gran parte del siglo XX, desde la izquierda latinoamericana existe la percepción de que continúan operando mecanismos de presión política, económica y diplomática destinados a influir en el rumbo de los países de la región.

Cuando gobiernos progresistas intentan fortalecer el papel del Estado, recuperar el control de recursos naturales estratégicos, impulsar proyectos de integración regional o desarrollar una política exterior más independiente, suelen encontrarse con fuertes resistencias provenientes de centros de poder internacionales.

Desde esta mirada, la disputa no es solamente entre izquierda y derecha, también es una disputa por la soberanía; es decir, por el derecho de los pueblos latinoamericanos a decidir su propio destino sin tutelas externas.

Por esta razón, para amplios sectores progresistas, la defensa de la democracia implica no solo impedir golpes o maniobras internas, sino también proteger la capacidad de cada nación para tomar decisiones de manera autónoma.

Hay otro elemento que se suma al análisis como un nuevo campo de batalla político. Si en el siglo pasado la batalla por la opinión pública se libraba principalmente en periódicos, radios y canales de televisión, hoy una parte importante de esa lucha se desarrolla en las redes sociales.

Facebook, X, Instagram, TikTok y otras plataformas se han convertido en espacios donde millones de personas reciben información política todos los días, pero también se han transformado en escenarios de confrontación ideológica permanente.

Desde la perspectiva de la izquierda latinoamericana, las redes han permitido romper parcialmente el monopolio informativo de los grandes grupos mediáticos. Movimientos sociales, organizaciones populares y medios alternativos han encontrado allí un espacio para difundir sus ideas y disputar el relato dominante.

Sin embargo, las mismas herramientas que democratizan la comunicación también pueden utilizarse para manipularla. Campañas de noticias falsas, ejércitos de bots, cuentas automatizadas, operaciones coordinadas de desinformación y ataques digitales forman parte del nuevo arsenal político del siglo XXI. En cuestión de horas puede construirse una narrativa capaz de instalar sospechas, destruir reputaciones o generar climas de descontento social.

El problema se agrava, porque los datos de redes suelen premiar los contenidos más emocionales, agresivos o escandalosos. La mentira muchas veces circula más rápido que la verdad, y una acusación impactante suele tener más alcance que una explicación rigurosa.

Por esto, para muchos analistas progresistas, las redes sociales se han convertido en un terreno decisivo de la lucha política contemporánea; allí se construyen consensos, se moldean percepciones y, en algunos casos, se preparan las condiciones para procesos de desestabilización.

La disputa por la democracia en América Latina ya no ocurre únicamente en los parlamentos, los tribunales o las calles, también ocurre en las pantallas de millones de teléfonos móviles, donde cada día se libra una batalla silenciosa por las ideas, la memoria y el sentido común.

Igualmente, si los golpes clásicos generan rechazo internacional inmediato, el lawfare suele ser más difícil de identificar, porque utiliza instituciones que, en teoría, deberían actuar con imparcialidad. Veamos algunos casos concretos:

Probablemente el caso más citado sea el de Lula da Silva. El ex presidente brasileño fue condenado y encarcelado en 2018, quedando fuera de las elecciones que encabezaba en las encuestas.

Años después, las condenas fueron anuladas por el sistema judicial brasileño debido a irregularidades procesales y cuestionamientos sobre la imparcialidad de algunos magistrados. Para millones de personas, aquello confirmó que la justicia había sido utilizada como herramienta política.

Recordemos que antes del encarcelamiento de Lula, la presidenta Dilma Rousseff fue destituida mediante un juicio político. Sus adversarios argumentaron que había cometido irregularidades fiscales; y sus partidarios sostuvieron que se trató de una maniobra para revertir en el Congreso lo que no habían logrado en las urnas. La destitución abrió una profunda discusión sobre los límites entre los mecanismos constitucionales y la utilización política de esos mecanismos.

Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, la ex presidenta enfrentó múltiples causas judiciales durante años; sus seguidores denunciaron una estrategia coordinada entre sectores judiciales, políticos y mediáticos para impedir su regreso al poder o debilitar su influencia. Más allá de las posiciones partidarias, el caso se ha convertido en una referencia obligada en los debates latinoamericanos sobre lawfare.

Rafael Correa en Ecuador, tras dejar la presidencia, Rafael Correa fue objeto de varios procesos judiciales que culminaron en condenas que le impidieron competir electoralmente. Sus partidarios consideran que se trató de una persecución política, destinada a excluirlo de la vida pública. Sus adversarios sostienen que se aplicó la ley; la controversia sigue abierta.

Los golpes y el lawfare no son los únicos mecanismos utilizados para debilitar gobiernos progresistas, también, han surgido, otras formas de desgaste y desestabilización, como: la Guerra Mediática. En varios países, grandes conglomerados de comunicación han mantenido enfrentamientos permanentes con gobiernos de izquierda o centroizquierda. La crítica periodística es parte esencial de la democracia, pero cuando la información se mezcla con campañas sistemáticas de desinformación, el debate público se deteriora.

El Bloqueo Legislativo, algunos gobiernos han enfrentado congresos hostiles que utilizan todos los mecanismos disponibles para impedir reformas o paralizar la gestión pública. Aunque estas prácticas pueden ser legales, a veces terminan vaciando de contenido el mandato popular expresado en las urnas. La Persecución Económica, fugas de capitales, ataques especulativos, boicots empresariales o presiones financieras, también han sido señalados en distintos momentos como herramientas para debilitar gobiernos considerados incómodos por ciertos sectores económicos. La Interferencia Externa, la historia latinoamericana está llena de intervenciones extranjeras. Aunque los métodos han cambiado, muchos analistas sostienen que continúan existiendo presiones diplomáticas, económicas y políticas sobre gobiernos que buscan caminos autónomos de desarrollo.

¿Cuántos casos hubo realmente de Intervenciones Extranjeras?

Si se consideran únicamente los episodios más relevantes de los últimos treinta años, pueden identificarse aproximadamente, 4 casos ampliamente descritos como golpes o rupturas del orden democrático contra gobiernos progresistas. Venezuela (2002), Honduras (2009), Paraguay (2012) y Bolivia (2019).

Entre 4 y 6 casos frecuentemente señalados como ejemplos de lawfare o judicialización de la política. Brasil (Lula y Dilma), Argentina (Cristina Fernández), Ecuador (Rafael Correa) y otros procesos discutidos en distintos países.

Numerosos episodios de bloqueo institucional, campañas de desinformación y conflictos de alta intensidad política. La cifra exacta depende de la definición utilizada, pero el patrón es evidente, cuando sectores populares logran conquistar gobiernos mediante el voto, la disputa por el poder no termina el día de la elección.

¿Cómo evitar estas anomalías intervencionistas?

La experiencia latinoamericana deja varias lecciones. Democratizar la justicia. Los sistemas judiciales deben ser independientes, tanto de los gobiernos como de los grandes poderes económicos; los procesos de selección de jueces deben ser transparentes y sometidos al escrutinio público. Combatir la concentración mediática. Una democracia saludable necesita pluralidad informativa, ningún grupo económico debería tener la capacidad de monopolizar la construcción de la opinión pública. Fortalecer la educación política. Una ciudadanía informada es menos vulnerable a campañas de manipulación. La formación cívica debe convertirse en una prioridad regional. Garantizar la subordinación militar al poder civil. Las fuerzas armadas deben mantenerse alejadas de la disputa partidaria; la historia demuestra que cuando los militares se convierten en árbitros políticos, la democracia se debilita. Construir organismos regionales fuertes. La integración latinoamericana puede actuar como mecanismo de protección frente a rupturas institucionales; cuando los países reaccionan de manera coordinada, resulta más difícil legitimar acciones antidemocráticas. Mayor transparencia en el financiamiento político. Es fundamental conocer quién financia campañas, fundaciones, organizaciones políticas y operaciones comunicacionales; la confusión suele favorecer la influencia de intereses ocultos. Movilización popular permanente. La democracia no puede reducirse al acto de votar cada cierto año, la organización social, sindical, comunitaria y ciudadana es una garantía fundamental frente a intentos de desestabilización.

Finalmente, la historia reciente de América Latina demuestra que la democracia sigue siendo un terreno de disputa. Los golpes militares tradicionales son menos frecuentes que en el siglo XX, pero han surgido nuevos mecanismos para alterar o condicionar la voluntad popular expresada en las urnas.

Sea mediante golpes abiertos, destituciones aceleradas, persecuciones judiciales o campañas de desgaste permanente, el objetivo suele ser el mismo, modificar por vías extraordinarias lo que fue decidido por la ciudadanía.

La principal enseñanza de estas tres décadas, es que la democracia no se defiende sola, requiere instituciones sólidas, justicia independiente, medios plurales, participación ciudadana y una vigilancia constante, frente a cualquier intento de sustituir la soberanía popular por intereses minoritarios. Porque cuando el voto deja de ser respetado, no pierde únicamente un partido o un líder político, pierde la democracia entera y el pueblo.

El atraso catracho

Escrito en . Publicado en Análisis.

Marlin Óscar Ávila.

Marlin Oscar Ávila

Salí de Honduras solamente por dos semanas. Después de dejar el aeropuerto a mi regreso, sentí como si hubiese viajado hacia atrás algunas décadas por «un túnel del tiempo».

Trato de explicarme las razones y factores que incidieron para que este país se estancara en su desarrollo.

Sería fácil creer que los períodos de dictadura militar fuese el factor esencial de este hecho. Sin embargo, hay otros que contribuyeron y contribuyen en ello.

Uno de ellos es el desconocimiento general de la existencia de otras sociedades latinas que han superado a este país, donde su economía y sociedades son mucho mejor educadas y dominan la tecnología de punta con mucha habilidad. Posiblemente a algunas de las empresas, de dominio mayormente jordano, no les conviene tener competencia en una sociedad abierta a la inversión internacional.

Cualquier persona que llega del exterior puede notar los atrasos de Honduras, tanto en la industria, como en la infraestructura para el transporte, la comunicación y movilización.

Hasta la vivienda de su ciudadanía expresa la segregación existente entre distintos sectores, con una pesada mayoría de pobres y una reducida minoría de ricos. Desde que Honduras está dirigida directamente por una élite de corte poco profesional, sin planes de desarrollo modernos, que hagan concierto con los países integrantes de la ONU, y otros grupos, existe pocas esperanzas de un desarrollo equilibrado.

Nada extraño es que la juventud hondureña se arriesgue en buscar en el exterior mejores condiciones de vida.

El sistema neoliberal que predomina, mixto con estructuras decadentes, mantienen un panorama singular que solamente favorece a una pequeña casta de empresarios cuyo aislamiento les beneficia.

Aquí no es Jordania, tampoco es Jerusalén, pero se vive dentro de condiciones muy parecidas a donde ha habido una guerra.

Esto, sin que se tenga, de nuevo, el dominio del expresidente Juan Orlando Hernández (condenado en Estados Unidos por narcotráfico en 2024), quien parece que muy pronto tomará nuevamente las riendas del país.

Es decir, Honduras volverá a ser un territorio del narcotráfico, ahora con el visto bueno del presidente Trump.

¿Por qué los Papas suelen llegar antes?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Glenm Gómez Álvarez, Pbro.

Recientemente un colega periodista me hizo una observación que merece ser pensada. Si la Iglesia suele ser percibida como una institución lenta, prudente y, a veces, excesivamente cautelosa, ¿por qué con frecuencia los Papas parecen adelantarse a debates que después terminan ocupando el centro de la discusión pública?

Ocurrió con la cuestión social en el siglo XIX, cuando León XIII publicó Rerum Novarum en medio de las tensiones provocadas por la revolución industrial. Mientras muchos observaban únicamente los conflictos laborales inmediatos, el Papa comprendió que estaba surgiendo una nueva cuestión social que marcaría buena parte del siglo siguiente.

Más recientemente ocurrió con Juan XXIII. Cuando convocó el Concilio Vaticano II en 1959, no pocos consideraron que se trataba de una iniciativa innecesaria. La Iglesia parecía estable y el mundo occidental vivía una etapa de prosperidad. Sin embargo, el Papa percibió transformaciones culturales que apenas comenzaban a manifestarse y comprendió que la Iglesia debía prepararse para dialogar con una sociedad profundamente distinta.

Ocurrió también con Pablo VI. En Populorum Progressio (1967), advirtió que el desarrollo humano no podía reducirse al crecimiento económico y alertó sobre las desigualdades entre naciones. Décadas después, la globalización, las migraciones y las persistentes brechas sociales confirmaron la vigencia de aquellas intuiciones.

Algo semejante sucedió con Juan Pablo II. Mucho antes de la caída del comunismo, percibió que los sistemas políticos que negaban la libertad humana contenían contradicciones internas que terminarían debilitándolos.

Ocurrió con la ecología integral en el pontificado de Francisco, mucho antes de que numerosos actores políticos asumieran plenamente la gravedad de la crisis ambiental. Y vuelve a ocurrir hoy con León XIV y su reflexión sobre la inteligencia artificial, la dignidad humana y el futuro de la civilización tecnológica.

La explicación más sencilla sería atribuirlo a la inteligencia excepcional de algunos pontífices o, para quienes somos creyentes, a la asistencia del Espíritu Santo. Sin embargo, esa respuesta tiene matices. Los Papas no son futurólogos ni disponen de una bola de cristal.

Quizá la explicación sea otra. Mientras gran parte de la política, de los medios de comunicación y de la vida pública está obligada a responder a la urgencia del día, los Papas suelen trabajar con horizontes mucho más amplios. Piensan en décadas; a veces, en siglos.

Mientras muchos observan los acontecimientos, los Papas suelen preguntarse por los procesos que los hacen posibles. Más que observar qué está ocurriendo hoy, se preguntan qué está ocurriendo con la persona humana. Y esa diferencia es decisiva.

Cuando una sociedad discute una nueva tecnología, normalmente se concentra en sus ventajas, riesgos o aplicaciones inmediatas. El Papa, en cambio, pregunta qué efectos tendrá sobre la libertad humana, sobre la verdad, sobre la dignidad de la persona, sobre la vida familiar o sobre la cohesión social. No comienza por la técnica. Comienza por la antropología. Por eso muchas veces parece llegar antes.

Existe además otro factor que suele pasarse por alto. La Iglesia está presente en todos los continentes, culturas y contextos sociales. Escucha simultáneamente las inquietudes de académicos, trabajadores, campesinos, empresarios, científicos, familias y comunidades pobres. Esa experiencia acumulada le permite percibir tendencias que a veces aún no son visibles para quienes observan únicamente una realidad local o nacional.

Paradójicamente, esta capacidad de anticipación convive con una realidad incómoda. Con frecuencia los Papas llegan antes que las propias estructuras. Las grandes intuiciones del magisterio pontificio suelen encontrar resistencias, cautelas excesivas o simples demoras en su recepción. Mientras los pontífices intentan leer los movimientos profundos de la historia, no pocas instancias eclesiales permanecen absorbidas por la administración cotidiana de problemas inmediatos.

No se trata de una crítica a personas concretas. Es una tensión inherente a toda institución. Quien debe gobernar una realidad compleja tiende a concentrarse en las urgencias del presente. Pero la historia demuestra que los grandes cambios culturales no anuncian su llegada con estridencia. Cuando se vuelven evidentes, normalmente ya llevan años actuando silenciosamente.

Tal vez por eso la pregunta correcta no sea por qué los Papas llegan antes. La pregunta verdaderamente inquietante es por qué nosotros llegamos después.

Quizá porque hemos desarrollado una extraordinaria capacidad para reaccionar y una preocupante incapacidad para anticipar. Quizá porque resulta más fácil administrar lo urgente que comprender lo importante. Y quizá porque no abundan —ni en la sociedad ni dentro de la Iglesia— liderazgos con la profundidad intelectual y la libertad interior necesarias para leer los signos de los tiempos antes de que se conviertan en crisis.

Juan XXIII vio venir una transformación cultural. Pablo VI percibió las fracturas de un desarrollo económico sin suficiente justicia. Juan Pablo II comprendió la crisis de los sistemas que negaban la libertad. Francisco advirtió los límites de una cultura que trata a la naturaleza y a las personas como objetos descartables. Y hoy León XIV nos obliga a preguntarnos qué ocurrirá con la dignidad humana en una civilización cada vez más gobernada por algoritmos.

OMERCON invita a conversatorio sobre rescate financiero de los hogares endeudados

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) invita a participar en el conversatorio “Rescate financiero de los hogares endeudados”, una actividad que busca abrir un espacio de reflexión, análisis y construcción de propuestas frente al creciente problema del sobreendeudamiento que afecta a numerosas familias costarricenses.

La actividad se realizará el sábado 20 de junio de 2026, de 9:00 a.m. a 10:45 a.m., en las instalaciones de AFS, Los Yoses, ubicadas de la Casa Italia, 100 metros al sur y 200 metros al este, sobre avenida 10.

Según la convocatoria, el encuentro abordará la pregunta “¿Se puede salir de las deudas?”, con el propósito de discutir alternativas y propuestas orientadas a rescatar financieramente a los hogares que enfrentan dificultades económicas derivadas del endeudamiento.

Las personas organizadoras destacan que el conversatorio pretende generar un intercambio de ideas sobre mecanismos para proteger a las familias consumidoras, fortalecer sus derechos y promover soluciones ante una problemática que tiene impactos económicos y sociales cada vez más visibles.

La actividad se desarrollará en el marco de la Asamblea General del Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON). Una vez concluido el conversatorio, a partir de las 11:00 a.m., la organización llevará a cabo su Asamblea Extraordinaria.

OMERCON extiende la invitación a personas interesadas en los temas de endeudamiento familiar, derechos de las personas consumidoras, economía doméstica y políticas públicas orientadas a la protección de los hogares costarricenses.

Celebraciones de este día

Escrito en . Publicado en Formación.

Por Arturo Fournier

Día Internacional del Justo Proceso o Juicio Justo. Esta conmemoración se realiza en honor a Emru Timtik, abogada turca, defensora de las causas justas, fallecida tras una huella de hambre.

Nace en 1811 Harriet Beecher Stowe novelista norteamericana, autora de La Cabaña del Tío Tom.

En 1928 nace el Che Guevara.

En 1943, el Partido Comunista de Costa Rica cambia su nombre a Partido Vanguardia Popular para conseguir la inclusión de las Garantías y Derechos Sociales en la Constitución, el Código de Trabajo, el seguro social, y otros derechos fundamentales.

En 1985 muere Isaías «Cabo» Marchena, histórico dirigente sindical bananero, con quien trabajé mucho. Y en esta fecha nació Vanessa Ramos, actual secretaria general de la Asociación Americana de Juristas.

A don Rodrigo Carazo Odio, in memoriam. Una reflexión en tiempos de servilismo incondicional

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Herbert E. Contreras Vásquez

Herbert E. Contreras Vásquez, M Sc.

Conocí a Carazo en 1968, como Diputado y como padre de familia, sus hijos estudiaban conmigo en el Liceo de San José.

El 24 de abril de 1970 estuve a la par suya en Cuesta de Moras, vociferando contra ALCOA.

Coincidí posteriormente con su hijo Jorge en Arquis en 1974, ya fallecido, al igual que Rolando.

Volvimos a encontrarnos en San Pedro de Montes de Oca en 2006 y 2007, reunidos para luchar contra la aprobación del TLC, a la par de Rubén Pagura, doña Hilda Chen Apuy y otras figuras relevantes de la Sociedad, la Política y Academia.

Le hice entrega de 150 folios impresos con ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y NACIONAL y mi TEORÍA DE SÍNTESIS.

Me dijo: _»Herbert me gustó mucho tu libro…»_ Nos hicimos un par de fotos abrazados.

En otro orden de cosas, la leyenda negra sobre su gestión y la crisis nacional que enfrentamos tuvo tres causas estructurales:

1. La no devaluación oportuna del Colón de parte del gobierno del PLN, por razones electoreras.

2. La caída del precio internacional de nuestro grano de oro.

3. La confrontación de Macho con el FMI, al manifestarles que no acataría sus exigencias de golpear las instituciones de carácter social y por ende, al pueblo costarricense.

A pesar de las penurias económicas y penumbras sociales que sufrimos entre 1978 y 1982, este ha sido el período gubernamental que más obra pública construyó.

Después de él, solamente hemos tenido Administradores de la cosa pública o, peor aún; delegados de la Iglesia Económica Ortodoxa del Neoliberalismo (In God We Trust).

Para mí fue el último estadista, the last standing man…

Cuando se ignoró el espejo: la FIFA 2026 y la cultura de la humillación

Escrito en . Publicado en Lucha Cultural.

David Andersson / pressenza

Los eventos deportivos internacionales suelen presentarse como celebraciones de nuestra humanidad compartida. Su objetivo es trascender las fronteras, la política, la religión y los conflictos. Durante unas semanas, el mundo se une en torno a un lenguaje común, el del juego, donde se supone que el talento, el esfuerzo y el trabajo en equipo importan más que la nacionalidad, la riqueza o el poder.

Sin embargo, a veces estos eventos revelan más sobre quiénes somos que los valores que pretenden encarnar.

Los incidentes que rodearon la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 —jugadores detenidos en aeropuertos, árbitros y delegaciones enteras a los que se les denegaron visados, aficionados a los que se les impidió el paso a pesar de tener permisos de viaje válidos— pueden interpretarse, sin duda, como fallos administrativos, medidas de seguridad necesarias o excepciones desafortunadas. Pero, vistos en conjunto, plantean una pregunta más profunda: ¿Qué supuestos culturales hacen que ciertas formas de trato desigual parezcan normales, necesarias o aceptables?

Durante la pandemia de COVID-19, publiqué The White-West: A Look in the Mirror, una recopilación de ensayos publicados originalmente en Pressenza. En esos artículos, sostuve que muchas de las tensiones que suelen explicarse a través de la política o la economía tienen su origen en algo más profundo: una formación histórica y cultural que sigue moldeando el modo en que Occidente se entiende a sí mismo y se relaciona con los demás.

Llamé a esta formación el «Occidente blanco», no como una categoría racial ni como un juicio moral sobre los individuos, sino como un panorama cultural e histórico moldeado por siglos de imperialsmo, expansión colonial, jerarquías de civilización y la convicción de que algunas instituciones poseen la autoridad para definir los términos en los que otros participan en el mundo.

Desde esta perspectiva, la Copa del Mundo no es simplemente un evento deportivo perturbado por incidentes desafortunados.

Se convierte en un espejo.

En enero de 2026, mientras aumentaban las preocupaciones en torno al torneo, defendí que el diálogo con la FIFA —y no un simple boicot— podría redefinir el papel del deporte mundial. En lugar de esperar a que surgieran las crisis, la FIFA tenía la oportunidad de iniciar conversaciones difíciles pero necesarias sobre la dignidad, la participación equitativa y las responsabilidades éticas que acompañan al privilegio de acoger un evento mundial. El aplazamiento, los acuerdos alternativos o las consultas más amplias no eran expresiones de hostilidad hacia el fútbol. Eran invitaciones a la reflexión.

Por esas mismas fechas, sugerí que la FIFA renunciara voluntariamente a la comodidad simbólica de su Premio de la Paz, no como un acto de autocondena, sino como una invitación a la humildad. La paz no es un título que se posea. Es una práctica que hay que ganarse continuamente mediante la defensa de la dignidad, la inclusión y la participación equitativa.

La intención nunca fue avergonzar a una institución. Se trataba de preguntar si el deporte mundial está dispuesto a ajustarse a los estándares éticos que tan a menudo proclama.

Estas propuestas, y otras similares formuladas por personas preocupadas de todo el mundo, fueron ignoradas.

Antes de que sonara el primer pitido, surgieron reportes de atletas, árbitros, oficiales y aficionados que se enfrentaban a obstáculos que muchos consideraban discriminatorios, arbitrarios y degradantes.

Entre los incidentes reportados se encontraban los siguientes:

  • El visado del futbolista suizo Breel Embolo fue sometido a revisión, lo que retrasó su llegada e impidió que se uniera a su equipo según lo previsto.

  • Según se informó, el jugador de la selección iraquí Aymen Hussein fue retenido para ser interrogado durante casi siete horas al entrar en Estados Unidos.

  • La selección iraní pasó días tramitando los visados en el consulado estadounidense en Turquía. Según se informó, solo se les permitió la entrada los días de partido, mientras que a quince miembros de la delegación se les denegaron los visados.

  • A Omar Abdulkadir Artan, nombrado Mejor Árbitro Africano de la CAF de 2025, se le denegó el visado y fue devuelto a pesar de viajar con pasaporte diplomático. La FIFA anunció posteriormente que no arbitraría en el torneo.

  • La selección sudafricana llegó más tarde de lo previsto porque a parte de su delegación no se le concedieron los visados.

  • Según se informó, a los miembros del cuerpo técnico de la selección de Senegal se les exigió que se quitaran los zapatos y fueron sometidos a largos registros, lo que provocó acusaciones de discriminación racial.

  • La selección de Uzbekistán fue registrada con perros detectores de explosivos, y las imágenes del incidente circularon ampliamente en los medios internacionales.

  • A algunos aficionados escoceses, a pesar de cumplir los requisitos para viajar sin visado en virtud del programa ESTA, se les revocaron las autorizaciones poco antes de la salida.

  • A numerosos aficionados que ya habían comprado entradas y reservado alojamiento se les denegaron las solicitudes de visado, lo que les supuso importantes pérdidas económicas.

Cada uno de estos incidentes puede explicarse de forma individual. Sin embargo, en conjunto, revelan un patrón reconocible.

Algunas personas se mueven por el mundo con confianza, mientras que otras lo hacen bajo sospecha. Algunas viven las fronteras como formalidades rutinarias, mientras que otras las enfrentan como espacios de incertidumbre, humillación y poder arbitrario. Algunas llevan pasaportes que les abren las puertas casi automáticamente; otras descubren que su dignidad es condicional, dependiente de decisiones tomadas sin explicación y sin posibilidad de apelar.

La cuestión no es si los Estados tienen derecho a proteger sus fronteras. Toda sociedad debe abordar las preocupaciones legítimas relativas a la soberanía y la seguridad pública. La cuestión más profunda es cultural: ¿Qué formas de dignidad hemos decidido que son negociables? ¿Quién se considera aceptable que sufra inconvenientes? ¿En qué momento el ejercicio de la autoridad se convierte en la normalización de la humillación?

Aquí es donde el debate se cruza con la violencia doméstica.

La violencia doméstica se entiende a menudo como una tragedia privada confinada al hogar. Sin embargo, su característica definitoria no es meramente la agresión física. Se trata de un patrón de comportamiento a través del cual el poder y el control se utilizan repetidamente para socavar la autonomía, la dignidad, la seguridad y la libertad de otra persona. Puede implicar intimidación, presión psicológica, aislamiento social, dependencia económica, vigilancia, amenazas o la erosión gradual del sentido de identidad de otra persona.

Estas dinámicas no surgen de la nada. Se desarrollan en culturas que, de manera sutil y abierta, enseñan que la dominación puede justificarse, que las relaciones desiguales son naturales y que quienes poseen autoridad pueden imponer la indignidad en pos de un supuesto bien mayor.

Esto no significa que las restricciones de visado sean equivalentes a la violencia doméstica, ni que los funcionarios de inmigración sean maltratadores. Las relaciones son diferentes y las experiencias no son las mismas.

Pero la lógica cultural subyacente merece ser examinada.

Cuando la humillación repetida se convierte en algo normal, cuando se valora sistemáticamente el control por encima de la reciprocidad, cuando la sospecha se dirige de manera desproporcionada hacia ciertos grupos, y cuando se espera que quienes son objeto de un trato desigual lo acepten en silencio como el precio de participar, estamos presenciando patrones que pertenecen al mismo ecosistema más amplio de dominación.

Quizás esta sea una de las lecciones más difíciles de nuestro tiempo.

La violencia no es solo un acontecimiento. También es una cultura.

Reside en los hábitos de pensamiento, en las instituciones, en las suposiciones sobre quién merece confianza y quién no, quién tiene derecho a decidir y quién debe someterse. Se reproduce cada vez que la dignidad se vuelve condicional y la humanidad se organiza en categorías de mayor y menor valor.

Si esta lógica cultural puede moldear eventos internacionales destinados a celebrar nuestra humanidad común, entonces no debería sorprendernos que también aparezca en nuestros hogares, lugares de trabajo, escuelas y comunidades.

El reto, por lo tanto, no es simplemente condenar actos individuales de injusticia. Es examinar los marcos culturales que hacen que esos actos sean imaginables y aceptables en primer lugar.

El deporte internacional ofrece una oportunidad única para practicar otra forma de convivir. Puede afirmar que la seguridad no tiene por qué requerir humillación, que la diferencia no tiene por qué generar sospecha, y que la dignidad no es un privilegio concedido a unos y negado a otros.

Si los patrones culturales que sustentan la violencia se aprenden, también se pueden desaprender.

Un espejo no acusa. Simplemente refleja.

El espejo estaba ahí en las historias que heredamos. Estaba ahí en las advertencias que se hicieron antes de que comenzara el torneo. Estaba ahí en la invitación al diálogo y en el llamamiento a las instituciones para que alinearan sus prácticas con los valores que celebran.

La tragedia no es que el espejo existiera.

La tragedia es que se ignorara.

Es posible que, en última instancia, la Copa Mundial de la FIFA 2026 sea recordada no solo por lo que ocurrió en el campo, sino por lo que reveló fuera de él: una oportunidad para preguntarnos qué tipo de cultura estamos reproduciendo y qué tipo de cultura deseamos construir.

Porque el juego al que realmente estamos jugando va mucho más allá del fútbol.

Y en ese juego, la comunidad, la dignidad y nuestra humanidad compartida nunca podrán ganar de verdad si la humillación sigue formando parte de las reglas.

Miguel Ángel Rodríguez y el tribunal de la historia

Escrito en . Publicado en Análisis.

Glenm Gómez Álvarez, Pbro.

“La justicia juzga actos. La opinión pública suele juzgar personas enteras.”

Hay imágenes que una nación no debería olvidar. No para alimentar resentimientos ni para reabrir heridas, sino porque contienen lecciones que una democracia madura está obligada a aprender.

Una de esas imágenes pertenece a la memoria reciente de Costa Rica. El Dr. Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República y secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), regresaba al país para enfrentar la justicia y nunca utilizó la importancia de su cargo para evadir los procedimientos judiciales.

Regresó. Y el país entero observó cómo era trasladado bajo custodia —en perrera— mientras grupos de personas golpeaban el vehículo en que viajaba, gritaban insultos y celebraban anticipadamente una condena que todavía no había sido pronunciada por ningún tribunal.

Para algunos, aquellas escenas fueron presentadas como una victoria contra la “impunidad”. La prensa, ciertamente, cumplió un papel indispensable al investigar hechos que merecían ser investigados. Precisamente por la importancia de esa función resulta legítimo preguntarse también por los límites y responsabilidades de ese poder, pues existe una diferencia fundamental entre una acusación y una sentencia, entre investigar y condenar. Cuando esas diferencias desaparecen, la verdad deja de ser el objetivo principal y pasa a serlo la satisfacción colectiva de ver a alguien caer.

La historia demuestra que las multitudes rara vez condenan por sí solas. Antes se construyó un relato, se seleccionaron los hechos que debían recordarse, se estableció quiénes serían los héroes y quiénes los villanos. La indignación colectiva suele tener arquitectos, aunque con frecuencia permanezcan fuera del foco público. Por eso toda democracia debería preguntarse no solo quién fue acusado, sino también quién tuvo el poder de moldear la percepción de quienes acusaban.

Veinticinco años después, los procesos siguieron su curso, los tribunales emitieron sus resoluciones y los expedientes se cerraron.

Por eso resulta tan pertinente la insistencia de don Miguel Ángel Rodríguez en la memoria histórica. No se trata de reivindicar privilegios. Se trata de recordar los hechos completos. Todos los hechos. No solamente aquellos que favorecían las tesis dominantes de un determinado momento.

La memoria histórica tiene una curiosa tendencia: recuerda perfectamente a los acusados y olvida con facilidad a los acusadores. Costa Rica recuerda los nombres de Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón Fournier y José María Figueres. Pero pocos recuerdan hoy los nombres de quienes ejercían el poder de acusar, investigar, filtrar información o construir las narrativas públicas que marcaron aquellos años.

La historia exige examinar con el mismo rigor todas las formas de influencia pública. La observación no busca desacreditar a nadie. Busca recordar que acusar también es ejercer poder.

Por eso el caso de Miguel Ángel Rodríguez trasciende la figura de un expresidente, pues existe además una dimensión que suele desaparecer detrás de los expedientes y los titulares. Quien es sometido a una condena pública anticipada no enfrenta únicamente un proceso judicial. Enfrenta la sospecha permanente, el deterioro de su reputación, el silencio de antiguos amigos, el sufrimiento de su familia y una forma particular de soledad que pocas veces aparece en las crónicas.

No se trata de debilitar a la prensa- soy orgullosamente periodista-. Sería un grave error. Se trata de recordar que ninguna institución puede reclamar para sí una autoridad moral exenta de responsabilidad. Ni los políticos. Ni los jueces. Ni los fiscales. Ni los periodistas. La democracia exige rendición de cuentas para todos.

Miguel Ángel Rodríguez acudió a los tribunales. Compareció ante la opinión pública y ante el juicio inquisitorial de otros políticos. La pregunta que permanece abierta es si quienes contribuyeron a aquella gigantesca maquinaria de acusación están dispuestos a comparecer con la misma honestidad ante el tribunal de la historia.

Sobre la marihuana y el patrocinio del alcohol a las actividades deportivas

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Cuando estaba en la escuela Claudio González Rucavado, donde hice toda la primaria, en la década de 1950, con una sola maestra, como se acostumbraba, la niña Julieta de Vargas, que nunca he olvidado, que siempre la tengo presente en mi formación, se acostumbraba a llevarnos al Museo Nacional.

Una de esas visitas era para ir a visitar la parte del edificio que había que bajar, donde había, de entrada, en el sótano, unos carruajes tipo “diligencias” y pasar a un gran salón que permanecía literalmente a oscuras. Al centro del salón había una vitrina, que recuerdo tenía una luz naranja, que de esa manera se veía, custodiada por dos guardia civiles armados. En la vitrina, exhibida estaba una mata de marihuana. Allí nos explicaban brevemente el significado de la mata, su peligro, el daño y el por qué la tendían custodiada. Era una forma de advertirnos a los niños del peligro del consumo de drogas. Supongo que a jóvenes colegiales les repetían el tour al museo, con el mismo objetivo. El combate fundamental era la droga de la marihuana.

Drogas en Costa Rica existían desde mucho tiempo atrás. Así, por ejemplo, cuando trajeron chinos para trabajar en la construcción del ferrocarril al Atlántico, entre 1870 y 1884, en su contrato de trabajo se les autorizaba el consumo de opio, que obviamente lo traían los contratistas. De ese modo, empresarios, cafetaleros que contrataron chinos, y los empresarios e industriales a cargo de la construcción del ferrocarril, tenían que satisfacer las necesidades opiómanas de los trabajadores chinos. Por ello, debió haber habido un negocio de drogas, controlado o no, pero lo había.

Para la década de 1920-1930 ya se hablaba de la heroína en Costa Rica. Drogas fuertes que solo ricos, o personas adineradas, podían consumir. Drogas fuertes que solo ricos, o personas adineradas, podían consumir. Si había consumo, había negocio de traer y vender la heroína, como se trajo opio o como se producía marihuana.

Cuando estaba en la Universidad de Costa Rica, en los años 1967-1972, como estudiante enfrentábamos le penetración de la marihuana, el LSD y otras drogas que metían para el consumo de los estudiantes. Eran los tiempos de la asquerosa guerra colonial e imperialista en Vietnam. A los jóvenes soldados, el ejército estadounidense, y el Estado norteamericano, les facilitaban drogas para que pudieran combatir.

Así, las drogas de este tipo se generalizaron a la sociedad norteamericana y las esparcieron a todos los conglomerados juveniles y universitarios. En los Estados Unidos impulsaron festivales contra la Guerra de Vietnam y por la Paz, donde las drogas era pan cotidiano.

En la Universidad, en las luchas estudiantiles que iniciábamos, tuvimos que batallar contra esta “corriente” que se introducía para desorientar y desviar a los jóvenes de las luchas políticas, introducidas para embrutecerlos, para que perdieran sus funciones perceptivas, sus estados de ánimo, su conciencia y alteraran su comportamiento. Con el padre, el sacerdote Fernando Royo, dimos parte de esas batallas.

El sociólogo comunista Miguel Sobrado elaboró un afiche muy lindo para enfrentar a quienes metían droga y para ilustrar a los universitarios en el daño que se les hacía, y el comportamiento social que exhibían.

El afiche de Sobrado era con la imagen de un mono, juvenil, que exhibía a esos jóvenes drogados y aislados de las luchas políticas estudiantiles. El afiche se titulaba “el drogomono”.

La marihuana se fue distribuyendo cada vez en mayor escala, y se ligó a una imagen de “aceptación” social. con la marihuana introdujeron pastillas depresoras, estimulantes y alucinógenas. Se oía de heroína y metanfetaminas. La LSD era corriente. El alcohol y la cerveza se introdujeron en las celebraciones de las “semanas universitarias”. En una ocasión se llegó a decir que se había vendido más cerveza en una semana universitaria que en todo el mes de diciembre del año anterior en el país. A partir de allí se empezaron a establecer más controles en estos consumos en esas “semanas universitarias.”

Durante la lucha armada en Centroamérica, como resultado del triunfo de la revolución sandinista, el Ejército de los Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia, empezaron a distribuir drogas en la región, ya no solo marihuana, sino especialmente cocaína, y otras, para que su venta contribuyera a financiar a los grupos paramilitares y contra revolucionarios en Centroamérica. Ello provocó el escándalo que fue conocido como Irán-Contras o Irangate, como se le llamó en Estados Unidos, entre 1985 y 1986, bajo el gobierno de Ronald Reagan. Así se vendían armas a cambio de rehenes, como sucedió en Líbano, y se desviaban fondos para financiar a los grupos contra revolucionarios en Nicaragua. A cargo de esta operación de traída y venta de drogas estaba Oliver North un alto miembro del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. En lo referente a Irán era para procurar la liberación de rehenes estadounidenses que tenían en Líbano. La venta de armas la hacían a través de Israel.

El caso Irangate, o Irán contras en Centroamérica, resultó en un escándalo político que puso en evidencia acciones criminales de los Estados Unidos donde se evidenció el flujo de drogas y armas para financiar actividades políticas y militares en la región, para tumbar gobiernos y enfrentar movimientos insurgentes, y para “embrutecer” a la juventud y alejarla de las luchas políticas antiimperialistas.

La cocaína adquirió su lugar de prestigio en la región desde aquellos años. La marihuana y otras drogas se mantuvieron, empacadas “socialmente” para grupos diversos, que justificaron y toleraron su consumo. A la marihuana le atribuyeron facultades medicinales para facilitar su consumo y venta. Venta no oficial ni médicamente autorizada.

En Estados Unidos abrieron la puerta para su consumo. Hay 24 Estados, en los Estados Unidos, donde la producción de marihuana es legal. Para uso comercial y personal. Incluido el Distrito de Columbia, donde está la capital de los Estados Unidos, en Washington DC.

En los Estados Unidos cada Estado regula su forma de comercialización y producción. El consumo personal lo justifican bajo dos rubros, recreativo y medicinal. De esta forma, 40 Estados, en Estados Unidos, venden y permiten el consumo del cannabis, la marihuana, si se toma en cuenta el permiso para su uso recreativo. Si no es “medicinal” su uso se considera en los Estados Unidos como “droga peligrosa”. Aunque la marihuana se sigue considerando “ilegal” a nivel federal, su consumo está regulado legalmente.

En Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay tienen regulaciones para el uso de la marihuana o cannabis medicinal. El presidente Trump ha afirmado que flexibilizará las restricciones federales sobre la marihuana para reclasificarla como una droga menos peligrosa. En los Estados Unidos la marihuana la llaman popularmente “weed”, como “mala hierba”, que es la forma más común y universal de llamarla. También la refieren como “Pot” o “Grass”.

En los países donde se permite su uso recreativo se exige inscripción en un Registro Público de consumidores, bajo control de los Ministerios de Salud, personas que pueden “autocultivar” su marihuana. En Panamá y Costa Rica se permite el uso medicinal de la marihuana. No se permite para fines recreativos.

El consumo siempre estará determinado por el hábito, el presupuesto que se tenga para pagar la droga y el método de consumo. En Costa Rica, la situación legal de la marihuana depende de su uso. El consumo personal está despenalizado, aunque a veces lo controlan policialmente. El consumo de uso medicinal está regulado y el uso recreativo sigue siendo técnicamente ilegal. El uso medicinal hay que documentarlo.

Desde que se modificaron las leyes para no tener a quien porte una cantidad mínima, que se pueda justificar para uso personal, se facilitó de manera indirecta, pero real, que se comercialice la marihuana, y con ello que se produzca para esas ventas. La marihuana no es maná que caiga del cielo. Se produce, se distribuye para la venta y se promueve el mercado de consumo. Junto con las otras drogas, como la cocaína, produce también pleitos de bandas distribuidoras por controlar mercados de venta y consumo, y por controlar regiones. Así se realiza el gran negocio de las drogas, con facilidades institucionales y con complacencia o complicidad de autoridades policiales, de seguridad y políticas del Estado y de los gobiernos.

En la Asamblea Legislativa los intereses de las drogas están bien metidos, desde la llanura como desde las alturas gubernativas, y hasta con jugadores propios. Han querido ampliar el tema de la marihuana. Ahora es el del alcohol y las bebidas alcohólicas llevándolo bajo el Caballo de Troya del patrocinio de actividades deportivas.

Ahora quieren estimular el consumo de alcohol, de bebidas alcohólicas y similares a todo nivel, en toda la cancha nacional, en los estadios, en todos los sitios de concentración deportiva. Quieren asociar los deportes con el alcoholismo, con la bebida de licores de distinta naturaleza. Los estadios y los espacios quieren convertirlos en “Bares públicos”, con vallas, con ofrecimiento de licores, y de bebidas alcohólicas. La palabra BAR con la que se distingue el sitio donde las personas llegan a beber cervezas y otros licores, es un anglicismo que significa “Beer and Alcoholic Room”, dicho en sencillo, “lugar para beber cervezas y bebidas alcohólicas”.

Así los emborrachadores, los que pretender vender en exceso las bebidas alcohólicas, que ya hacen grandes negocios “emborrachando” personas, con lo que existe en el país, ahora dirigirán sus baterías de propaganda de consumo de bebidas alcohólicas a todo público, hacia los niños, los jóvenes, las mujeres y varones de todas las edades, engañándolos con que esa propaganda va a servir para ayudar a “combatir” el consumo dándole “dineros” de esas ventas de propaganda a clubes deportivos, asociaciones deportivas, a deportistas que anunciarán los licores y bebidas alcohólicas, a las instituciones sociales que atienden a los “enfermos” de alcoholismo.

Hoy el “alcoholismo” tiene categoría de enfermedad y a los “alcohólicos” hay que darles el trato de “personas enfermas”.

Las cifras de alcoholismo nacional son enormes. Las cifras de personas drogadictas son igualmente enormes. Esas personas “enfermas por el alcoholismo” son una gran tragedia para miles de familias costarricenses.

Me atrevo a decir que no hay una sola familia en el país que no conozca, o tenga, o haya sufrido, una situación de estas, de tener uno de esos “enfermos” alcohólicos. Con ellos también las familias se “enferman” de diversos males. Esa es la realidad. He vivido de cerca estas situaciones y no se las deseo a nadie.

“Ebrios” o “Beodos” los llaman para disimular socialmente. Borrachos muchas veces agresores de sus parejas matrimoniales, agresores de sus hijos, de sus hermanos, hermanas y padres. No tienen control cuando adquieren esa condición de borrachos.

En los Estados Unidos tienen hospitales para atender a los soldados afectados por las guerras en que participan, pero también los hay para desintoxicarlos del consumo de drogas que han hecho en el ejército para poder mantenerse combatiendo y matando. Se les llama en Estados Unidos Instalaciones de Tratamiento Militar, MTF.

Los centros de rehabilitación de adicciones, como espacios especializados para ofrecer tratamiento y acompañamiento de estas personas enfermas por las drogas o el alcohol, no reciben el suficiente apoyo estatal. Lo que se ofrece económicamente, a favor de este tipo de instituciones, y también deportivas, por aprobar los permisos para publicitar el consumo de bebidas alcohólicas en estadios, salones deportivos y en cualquier lugar es una verdadera mentira, una gran estafa nacional.

Se está ofreciendo criminalizar a todos los ciudadanos y familias. La Asamblea Legislativa está a punto de aprobar la etiqueta criminal que es la autorización para la venta de bebidas alcohólicas en todo sitio público, deportivos y recreativos.

Solo les ha faltado ofrecer que con esas ventas de bebidas alcohólicas van a arreglar las 800 escuelas que quieren cerrar por sus pésimas condiciones sanitarias.

Solo les falta ofrecer unos dos hospitales especializados para atender a los alcohólicos y a los drogadictos, así como se tiene el Hospital Gerontológico, bastante maltrecho en sus finanzas, para atender en mayor escala a los futuros borrachos, beodos, ebrios, enfermos alcohólicos, y a sus familiares afectados por esa enfermedad del alcoholismo.

No se debe autorizar ese permiso para la propaganda masiva de consumir bebidas alcohólicas de ningún tipo. De por medio está el bien superior de la buena salud física y mental de las familias y sus integrante, esposas, esposos, hermanos, hermanas, hijos, hijas, nietos, nietas, abuelos y abuelas.

La Salud de las Familias es lo primero. No se trata de la buena salud de los empresarios y empresas que producen enfermos sociales, que ellos no atienden, ni hay capacidad nacional para atenderlos. No se debe aprobar el patrocinio de bebidas alcohólicas para el deporte. Si así lo deciden por borrachera en la Asamblea Legislativa, hay que llevar el caso a las Defensorías de los Habitantes, de los niños, de las mujeres y a la misma Sala IV.

Los “justos” son condenados a pagar por unos pocos “pecadores”

Escrito en . Publicado en Análisis.

Rafael A. Ugalde Q.*

A diferencia de lo enseñado en la catequesis, en relación con un “infierno” repleto de “mal portados”, en nuestro país quienes venden el alma al diablo son muy “poquitos” y sumamente poderosos, con “letras de cambio” avaladas por toda la mayoría, por lo menos mientras andemos en este “valle de lágrimas”. Gústenos o no.

Ni siquiera calentaba el presente mes de junio, cuando la presidenta, Laura Fernández, nos afirmó públicamente que su ministro de Hacienda, el exmandatario, Rodrigo Chaves Robles, “alista” un plan fiscal para sortear el incremento la deuda pública.

Según datos oficiales a disposición de quien quiera enterarse, nuestra deuda pública del Gobierno Central está alrededor de un 60,0% del Producto Interno Bruto (PIB), con un saldo estimado de unos 33,8 billones de colones.

Esto significa, a decir de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), que más ha alertado a los costarricense por tan pesado fardo, unos ¢16.000 millones diarios. Convertido a dólares son unos $31,2 millones al día solo por pago de intereses de la deuda pública., sostiene.

Para que el trabajador, el empleado público, el estudiante o el campesino tenga una noción de la magnitud de cualquier paquete fiscal, ese monto indicado es como sí cada hora tuviéramos que producir ¢666 millones destinados al pago, solo de intereses.

Visto con humor propio del “pura vida” tico equivale a una maquinita tirando ¢11,1 millones por minutos sin detenerse ni calentarse, ni siquiera durante las fiestas navideñas ni la romería a Cartago.

A semejante ritmo no hay fondos posibles para surtir de presupuesto justo a la educación pública de calidad para todos los costarricenses, menos para vivienda digna, salarios aceptables y disminuir velocidad brutal con que empujan a la Caja hasta su foso final, donde es esperada con los brazos abiertos por el negocio de la medicina privada.

Un dictamen de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) vaticinó una baja de 60% de la deuda pública hasta finales de este año, en relación con PIB, según su Informe Perspectivas Económicas, con enfoque hacia América Latina. (Consúltese: https://semanariouniversidad.com/pais/ocde-preve-que-deuda-publica-de-costa-rica-baje-del-60-hasta-finales-de-2026/).

Advertimos que este estudio no podía prever los acontecimientos habidos en Oriente Medio, a raíz de la guerra provocada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, a partir de febrero pasado, elevándose así abruptamente el precio mundial del petróleo, los alimentos y el valor del dólar estadounidense.

Sin embargo, no siempre esta situación es como ahora. Nos tocan la puerta todos los días como si fueran prestamistas del “gota a gota”, recordándonos el pago, No tiene sentido discutir si entregan o no factura electrónica. Las deudas que por años diligenciaron nuestras élites nos tienen agarrados del pescuezo.

Aquellos días de la gloriosa Costa Rica como “Suiza Centroamérica”, anteponiéndola como antítesis de la “Cuba comunista” llegó a su fin. Ahora es paga o paga. No hay vuelta atrás.

Solo entre 1960 y 1986, Estados Unidos desembolsó “ayudas” a la ejemplar democracia costarricense por cerca de $1.1 mil millones de dólares; es decir, la considerable “asistencia económica” de $1.100 millones.

Pero la mala suerte nos cayó encima. El imperio “raspa” a más no haber, similar como ocurre con los grandes banqueros, donde no existen amigos en el mundo de los negocios, evidenciando la mentira en torno la existencia de un “capitalismo” con “rostro humano”, “sostenible”, etc.

Ya para la década de los ochenta, recordaran como el gobierno estadounidense y la USAID centraron principalmente su estrategia en “estabilizar la economía costarricense y promover la democracia frente a los conflictos regionales.” (Consúltese: https://www.everycrsreport.com/reports/RL32487.html) .

Así, llegamos a un camino lleno de recovemos – un auténtico “infierno” para nuestro pueblo – construido exclusivamente por nuestras élites de todos los tiempos, independiente de que sus ayatolas tecnócratas llamen a este bulto “deuda privada” y a este otro “deuda pública”.

Ambas, usted las paga, independientemente de cuánto otros mal gastaron los recursos, cuánto se dejaron para sí, o en todo esto hay subfacturación, contrabando, evasión, exoneraciones repugnantes, transferencias financieras artificiales, usan paraísos fiscales y sociedades offshore con fines de estafa, recurren al llamado falso factureo y fidecomisos con fines de ardid contra Hacienda.

¿Acaso se preguntan cuántos seremos humanos podrían tratar su cáncer en laboratorios de aceleradores de partículas, si la Caja en todos sus hospitales provinciales fuera dotada de estos modernos aparatos de medina nuclear, que en el mercado privado cada sesión no baja de los $ 2000, como promedio?

Algunos, quienes dilapidaron en el pasado los recursos económicos del pueblo, se preguntarán ahora que ya empezaron a “sensibilizarnos” para que aceptemos aceptar aumento de 13% a 15% en el IVA en los alimento de consumo masivo, ¿cuántos barrios estigmatizados de “peligrosos”, de “narcomenudeos”, tendría hoy niños y jóvenes jugando felices, si a esas comunidades las hubieran dotado de parques y recreación sana?

Sí bien la manía de echar sobre las espaldas de los menos favorecidos, con excusa de la “sostenibilidad fiscal” no es nueva, desde la últimas dos administraciones – PAC de Carlos Alvarado (2018-2022) y Rodrigo Chaves, (2022- 2026), el asunto, en lugar de bajar endurece el leño.

Como se recuerda, mediante ley N° 9635 se ordenó que ningún salario público crecería por costo de vida, si la relación deuda/PIB del que hablamos líneas arriba, superaba el umbral del 60%. No hay por qué quejarse. Todo se hizo bajo el principio de la legalidad republicana, diversos diputados y líderes políticos de entonces dijeron sí. ¡Adelante, es parte de la institucionalidad democrática!

En aquella ocasión votaron en contra de la Ley de Empleo Público solo seis legisladores: Pedro Muñoz, del PUSC; Enrique Sánchez, del PAC; Walter Muñoz y Patricia Villegas, del PIN; José María Villalta, del Frente Amplio, y los independientes Dragos Dolanescu, Erick Rodríguez Steller y Paola Vega. (Fuente: https://www.diarioextra.com/noticia/diputados-aprueban-ley-de-empleo-publico/).

Ya como presidente, Rodrigo Chaves, con una pequeña representación en el congreso logra que, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, rechazara un proyecto de ley para romper el congelamientos de salarios propuesto por los diputados Rocío Alfaro, FA, Francisco Nicolás, Danny Vargas y Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional, consignó el diario digital CR Hoy.

Así, la gran fiesta montada por años, llámese la deuda soberana, gubernamental o pública, como la externa – para efecto da lo mismo, porque hay que saldarla – va llegando a su fin. Y usted, olvídese, que va escaparse.

“El informe de la deuda: Costa Rica” es irrebatible. A manera de solo para que conserve un poco de memoria, ¡no lo olvide!, sí llegan a tocar su puerta por más plata, es porque la “fiesta” iniciada desde la década de 1970, terminó.

El gasto público generalmente superó los ingresos, lo que llevó a que nos endeudaran dentro y fuera del país.

La deuda aumentó rápidamente del 24% del PIB en 2008 al 49% en 2017, razón por la cual, el gobierno ni lerdo ni perezoso, adquirió en 2021 un préstamo de USD 1,8 mil millones del FMI, con las consecuentes medidas de austeridad que todos conocemos sobre quiénes pagan siempre “los platos rotos”.

En 2025, el FMI, siempre servicial con quienes nos han gobernado, otorga otra línea crediticia por USD 1,5 mil millones. (Fuente: http://www.google.com/search?q=quienes+son+los+principales+acreedores+de+nuestra+deuda+p%C3%BAblica&oq=quienes+son+los).

Independientemente de la fuerza emanada desde las curules de la “Alianza de los 26” esta comunicó que rechaza desde ya impuestos sobre los productos de la canasta básica, los sueldos, el salario escolar y los premios de la lotería, entre otros (La Nación 04/6/ 2026); tendremos qué preguntarnos sí tienen escondido algún proyecto de “país soberano, independiente, solidario y anti injerencista”.

Alguna sorpresa guardada debe tenernos para ser tan categóricos. Ya era tiempo de tanta sumisión ante el Banco Mundial y el FMI.

Maxime ahora que existen ya 120 países en el mundo experimentando nuevas vías de desarrollo independiente y convivencia pacífica.

*Periodista, abogado, notario por la U.C.R., miembro del Comité Bolivariano de Solidaridad con los pueblos.