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Franklin Chang-Díaz, astronauta, científico y atleta

Escrito en 20/02/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Pionero de nuestro Atletismo Nacional

Por. Raúl López Gilles
Marchista Nacional

La historia de nuestro atletismo nacional tiene muchos actores y referentes que fueron pioneros de esta bella disciplina deportiva.

De una manera excepcional y de mucho orgullo para nuestro país, tuvimos un atleta destacado en las pruebas de velocidad, en una época muy brillante de este querido deporte.

Reseña Académica y Profesional

El Dr., Franklin Chang Díaz, nació en el cantón de Escazú, el 5 de abril de 1950, a la fecha 72 años, sus padres, Ramón Chang Morales y María Eugenia Díaz, estudió en el Colegio La Salle y posteriormente con mérito ganó una beca para realizar estudios en Hartford Public High School donde se graduó en 1969 y en 1973 ingresó a la Universidad de Connecticut donde se graduó en Ingeniería Mecánica y en 1977 el obtuvo el doctorado en Ingeniería Nuclear, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ingresó a la NASA en 1980 y realizó su primer viaje espacial el 12 enero de 1986 (Misión STS61-C Transbordador Columbia).

Ha sido el astronauta que más vuelos espaciales ha realizado con un total de 7 con diferentes misiones.

El gobierno de Costa Rica le otorgó la ciudadanía honoraria, el más alto honor concedido a un ciudadano extranjero, siendo el primero en recibir este mérito.

Su Paso por el Atletismo

Al Dr. Chang le tocó enfrentarse a una camada de excelentes velocistas de los diferentes partes del país, inicialmente en Juegos Intercolegiales y luego en torneos nacionales, participaba representando al Colegio la Salle que en ese momento contaba con excelentes atletas de diferentes modalidades.

Sus compañeros en ese momento conformaban un equipo de muy buenos referentes, entre ellos estaban, Felipe Corriols, Eduardo Gurdián, Javier Casanovas, Antonio Orlich, Gerardo Esquivel, Luis Bolaños, Gerardo Herrera, Manuel Zeledón, Javier Sobrado, Carlos Miranda y otros, que se enfrentaban a los mejores exponentes del atletismo, que pertenecían a instituciones como el Liceo de Costa Rica, Liceo Rodrigo Facio, Covao, Liceo San Luis Gonzaga, Liceo del Sur, Limón, Esparza, Atenas, Liberia, Santa Cruz, etc.

Exponentes que en un futuro fueron dignos representantes de justas internacionales de la talla de un Eustace Bryce, Carlos Abbott, Carlos Symes, Ricardo Foster, Glen Clark, Danny Jhonson, Minor Ovares, Clinton Crunskshank, Mario Johnson, Alfredo Cubero, Jorge Cubero, Antonio Arias, Rafael Ángel Pérez, Rafael Sandí, Luis Gamboa, Santiago Espinoza, Julio César Marín, Gerardo Artavia, John Martin Douglas, Levi Jackson y otros.

El Dr. Chang para esa época corría 100 y 200 metros y le pisaba los talones a quien fuera posteriormente campeón centroamericano Carlos Abbott, y vemos aquí un resultado de los 200 metros planos, ingresando en un segundo lugar:

Para esa época se realizaban las eliminatorias para clasificar a los Juegos Olímpicos de México 1968, una comisión técnica nombrada por el Comité Olímpico Nacional estableció las respectivas marcas clasificatorias, siendo que solo 2 atletas lograron las mismas y con ello, solo 2 atletas representaron a nuestro país en estas justas.

Nuestros atletas fueron Rafael Ángel Pérez Córdoba en 5.000 y 10,000 metros y por primera vez una mujer costarricense Jean Roborthan Gourzong en el Pentatlón, nuestros representantes en los Juegos Olímpicos México 1968.

En esta imagen podemos apreciar al Dr. Franklin Chang integrando el equipo de relevos del Colegio La Salle ganador del relevo 4 x 100 metros en los Juegos Intercolegiales de 1967.

Astronauta, científico, profesional y atleta, aparte de ser un excelente padre de familia con una hija Sonia Chang Díaz, candidata a ser gobernadora por el Estado de Massachusetts, una prominente política de carrera que tiene mucho apoyo por parte de la comunidad latina, de 44 años y casada, un orgullo para la comunidad que representa.

Honor al mérito a nuestro notable científico y deportista, pionero de nuestro atletismo nacional.

Estado Nacional y lista negra

Escrito en 20/02/2023. Publicado en Análisis.

Miguel Ureña Cascante. SITRAHSAN

Licenciado Miguel Ureña Cascante, secretario general de SITRAHSAN.

Al observar el programa “ESTADO NACIONAL” que recién se transmitió, con la participación de Sofia Guillén, Eliécer Feinzaig, y Diego Salto, nos surgen muchas inquietudes.

SITRAHSAN, es claro al manifestar que nosotros vivimos el día a día del quehacer fiscal, tanto en Aduanas, en Tributación, en la DG Hacienda, en la PC Fiscal, en materia de Presupuesto. Somos vigilantes del flujo diario, en materia de obligaciones contraídas por la Tesorería Nacional, como también la responsable captación de recursos para atender precisamente las obligaciones del Estado mismo contraídas, con un fin general, el Bienestar Nacional.

La apreciación de actores, sigue siendo externa, exógena y quizás un poco sesgada a los intereses subjetivos de una agrupación política en particular, aquí, es claro que la especialidad quizás como economista, o tributarita, requiere hacer ese clip, ante el eventual costo político de los participantes y en materia del tributaria, su imagen profesional y el resguardo de los clientes que representa, porque sus últimas palabras, pareciera vaticinar una resolución judicial, de los casos que se gestan en materia de actuaciones y operaciones en el mercado internacional financiero, si mal no percibimos.

SITRAHSAN, ha enviado sendos correos a los actores políticos, previniéndolos de las lesiones constantes que recibe el SOBERANO MISMO, ante la inacción o miopía del impacto que genera, ese “IMPORTA MI”, de esos actores políticos de turno, aunque; se ha logrado avanzar en materia de control fiscal con la factura electrónica, aún hay sectores que gozan de exoneraciones y que el beneficiario final es un foráneo, ejemplo el turismo médico, la exoneración en insumos agrícolas para bienes que son exportables, como el banano, el melón, la piña, la exoneración en bienes industriales con un régimen de zona franca quizás, con la visión de mejorar el empleo, pero la riqueza al final se va al extranjero o se queda en manos de grandes consorcios financieros y empresariales, y la burla disfrazada de “ asesoría fiscal legal”, en materia de elusión o evasión fiscal, son prácticas en mucho consentidas o vistos quienes las brindan como “genios” o “gurús” para pagarle al ESTADO lo menos posible en tributos.

SITRAHSAN ha señalado, como una eventual intromisión, de esas cupulas de poder en la Dirección Política de este Ministerio, de ahí, nuestra denuncia, de posibles “INTERESES DIFUSOS”, ya que quién ostente la gobernabilidad del Ministerio de Hacienda, debe ser un técnico reconocido y no un representante promovido por un sector poderoso.

Son décadas, lustros, dónde se han denunciado viles prácticas del hueco fiscal, el CEMENTAZO, Perdida de Expedientes, Acreedores de Deuda Pública, en fin, SITRAHSAN con autoridad moral, podría señalar que el componente Político ha sido en mucho un actor complaciente, tolerante y omiso de la responsabilidad misma a un juramento, cuando son nombrados JERARCAS INSTITUCIONALES, al abrigo de su principal proponente, quizás los banqueros, los importadores o las cámaras mismas.

Nos consta dichosamente, que hay actores muy enfocados a robustecer a este Ministerio, de ahí; las ultimas denuncias de mega casos de fraude, flagelo que “GRITANDO SITRAHSAN” lo alaba, pero no sólo eso, sino la eventual reforma legal que se avecina, a partir del nuevo proyecto del Ejecutivo en materia del cambio o salida de la “LISTA NEGRA DE PARAISOS FISCALES”, ahora este equipo político tiene una responsabilidad o una oportunidad para hacer eco del “DISCURSO DE YO ME COMO LA BRONKA”, dirían los abuelos “ a ver si como roncan duermen”.

La estructura administrativa interna debe modificarse, no así la estructura tributaria, las tediosas divisiones en materia de competencia material y territorial, las tediosas divisiones internas, que impiden esa comunicación centralizada y bien canalizada, exige un nuevo instrumento legal, que SITRAHSAN ha señalado o denomina CODIGO PROCESAL TRIBUTARIO, lo ha propuesto verbalmente con el siguiente bosquejo, no se pretende tampoco justificar la autoridad formal o aspectos de la Ley General de Administración Pública, pero es viable al fin, simplemente se requiere voluntad política, se requiere esa “CAMISETA POR COSTA RICA”, aunque a los más poderosos no les gusta, pero al final, es su mercado el que está en peligro, están enfermando la estructura misma que les brinda la posibilidad de obtener un socio que les brinde “competencia pura”, porque hay un hecho, entre los “poderosos se vuelan filo” y las ganancias o buenos negocios de otros “ les chiman”, haberlos obtenido la competencia, entonces, nada como regular jurídicamente “la cancha” para obtener mediante un árbitro “ESTADO” las facilidades para atraer inversiones y generar riqueza, situación a la que SITRAHSAN justificaría, únicamente con la posibilidad de traer bienestar nacional y recaudo tributario razonable (principio no confiscatoriedad) y generar trabajo en tiempos de crisis para los más necesitados, porque es claro, según apreciamos, los más pobres seguimos en crisis, el ESTADO y sus INSTITUCIONES abogan por una recuperación económica postpandemia, pero se ha legislado sólo en beneficios a los importadores y a los grandes consorcios económicos de este país, se cree, son los que mueven los hilos detrás de algunos legisladores, pagan impuesto, pero en mucho es por ser receptor o retenedor del impuesto mismo, ejemplo IVA en WALMART o similares, de paso, no auditados durante muchos años y hasta con presunta facilitación interna en el comercio internacional.

Ely caso en concreto después de toda esta “retahíla”, es que se menciona el área financiera responsable quizás del lavado de dólares, mientras tenemos representación en órganos como el Banco Central de Costa Rica o CONASSIF, en COMEX, y en el exterior participamos en Foros Mundiales de Transparencia, tenemos tratados de doble imposición o intercambio de información, así las cosas, se intenta algo, pero a lo interno, fluyen las oportunidades para seguir burlando el sistema, un Ministerio de Hacienda, poco presente físicamente, poco controlador, ( 18 mil declarantes en promedio para cada auditor) mal direccionado quizás en materia de riesgo ( 1% en DUAS ROJAS, a lo inverso es casi 95% de éxito para fraude y elusión), inadecuadamente parametrizado en materia de renglones de interés fiscal quizás que evidencian malas prácticas fiscales, como se señaló, los intereses pagados, los dividendos, el rubro por concepto de salarios, la cuantía por provisiones, la reiteración de esas provisiones en materia de derechos laborales, año a año, pero que al trabajador, solo le están reconociendo no más de 23 días por año, y cada día se legisla en bajar la cesantía misma como reconocimiento en materia de derechos laborales, pero en materia fiscal, la empresa o el patrono, puede año a año sumar la planilla y aplicarle los porcentajes mismos, y año a año tener ese escudo fiscal en materia de afectación a las utilidades mismas, entonces seguimos “dando tumbos”, queremos regular lo laboral, pero en materia fiscal “sigue la fiesta”, no somos quizás proactivos o consistentes.

SED- Sofia, Eli y Diego, tres actores sociales interesantes, bien ubicados o posesionados en el mercado nacional, no obstante, el Sector Laboral sigue siendo de poco interés o noticia en este país, para incorporarlo en el tratado de temas de interés nacional, es claro, debe vender la Televisora, la posición es clara ELI señala su óptica desde la experiencia misma, creo convence en que no estamos cobrando bien los impuestos nacionales, lo compartimos y al señalar el 56% promedio de cargas sociales, Ojo, luz amarilla, debe recordarse que las cargas sociales, en el Estado de Resultados, representa un rubro para determinar la utilidad, y es de la utilidad donde se recogen los tributos, es decir DE LA RIQUEZA, es que no se vale, tener certeza jurídica, gozar de estabilidad política y una democracia, sin un impuesto al SOBERANO, y la utilidad está determinado DESPUES DE GASTOS, de tal manera, que un empresario puede obtener 1000 millones de ingresos al año, y puede mostrar, 998 millones de gastos, que sólo 600 mil colones tributa, es decir, 0.6, un poco más de medio punto porcentual. ENTONCES NO TAPEMOS EL SOL CON UN DEDO

Diego, en sus manifestaciones, muy bien informado quizás, nos hace referencia a sistemas tributarios, que en DERECHO COMPARADO podrían ser salidas a este inconveniente, pero; nos preocupa, que la población civil, interprete esta incorporación como una cortina de humo, para seguir señalando que no sirve de nada seguir poniendo las denuncias en sede judicial, también es importante destacar de lo dicho, que nuestro sistema debe mejorar, que debemos ser muy puntuales en que debemos mejorar, pero no significa que debamos detener el “TREN DE DENUNCIAS” que vienen de camino, exigimos quizás, en el estrado judicial, JUECES que tengan experiencia comprobada y certificada en ambas disciplinas, DERECHO Y CIENCIAS ECONOMICAS, de lo contrario seguiremos presentando casos mal fundamentados y motivados, ya que si les señalamos conceptos de triangulación quizás en materia de CERTIFICADOS DE ORIGEN, dónde hay un documento suscrito entre las partes y firmado, dónde se le brinda un sustento legal y formal, la correspondencia con el Derecho Mercantil, la correspondencia en materia Civil, y para terminar la ratio del DERECHO PENAL, sin comprender, el concepto de DEBE Y HABER, pues seguiremos obteniendo SENTENCIAS DESFAVORABLES.

Sofia, como referente del FA, gran luchadora, activista en mucho desde la gran reforma promovida por ROCIO AGUILAR, con el denominado social de COMBO FISCAL, surge como la voz de muchos de los Costarricenses, de promover un sistema tributario ordenado, consideramos que su atinada y estudiada ponencia, sigue dejando por fuera a los TRABAJADORES DE LA HACIENDA PUBLICA, dónde pedimos participación en la discusión de temas tan importantes, y acudimos en ese sentido a llamar a todos los legisladores, a conocer nuestra realidad, cuando vamos a un secuestro de documentos quizás, apoyados por la PCF, y sin muchas facilidades, vehículos ya desgastados en materia de exigibilidad nos ponen en riesgo la vida de compañeros en una persecución a un infractor, y en lo mínimo, tener que esperar un fiscal hasta seis horas, para que llegue a obtener los instrumentos legales, para procesar un caso, es decir, seguimos siendo mediadores y constructores de pruebas para que otro externo, valore si o no procede la persecución penal, y si es en sede administrativa, a lo interno seguimos en mucho, haciendo folder o carpetas físicas, sin una fiscalización adecuada y lo que determine uno, quizás otro lo desestime.

De ahí la importancia, de un Código Procesal tributario, que unifique las actuaciones, les brinde mayor robustez a esos actos, las sanciones sean más inmediatas, podamos acudir a la medida cautelar y resguardar bienes de los potenciales infractores como garantías a la recuperación de la infracción determinada, disponibles, tal cual la Ley del ICD, de ponerlos a disposición o venta inmediata, y en el peor de los casos, si se demuestra actuación procesal defectuosa, y por orden judicial se restituya el daño, pues mediante la ejecución de sentencia se pueda indemnizar el daño ocasionado.

El Código Procesal Tributario, ideado a partir de nuestra experiencia, requiere la introducción de la figura del Comisionado fiscal, un actor del control fiscal, provisto en cientos de personas nombradas como tal, diseminados en todo el país, con competencia material en todas las áreas de TRIBUTACION y ADUANAS, control de exoneraciones, y con la posibilidad de sancionar ipso facto la flagrancia cometida por el infractor, con una modificación estructural administrativa, bajo la autoridad del Superintendente de Ingresos, con una concentración de los dos tribunales actuales, en uno solo, con dos salas especializadas, integradas no solo por Abogados y especialistas, sino también por un trabajador como garante de la eficiencia en las labores de fundamentación y motivación de los procesos y bajar el umbral de impunidad fiscal tanto en Aduanas como en Tributación y consolidar la pena de cárcel a quién cometa un delito de LESSA HUMANIDAD, como el robarle los recursos a la seguridad social, a la seguridad civil, a las escuelas y colegios, a los estudiantes, a los pacientes en mala medicina, etc.

Soñar no cuesta nada, pero esperaríamos, que el interés nacional, subsista ante el interés individual, persiste la tesis del respeto a la individualidad en criterios y formas de “cómo llegar a Roma”, igual como sucedió por el default técnico de los EUROBONOS, donde se depuso por ambos lados, para legislar en contra de los cancerígenos actos de fraude, evasión y contrabando, de ahí nuestro interés y señalamiento también de que SITRAHSAN diseminado de puerto a puerto, de frontera a frontera, cuenta con personas capacitadas para ofrecer una solución consensuada y bien fundada, para el ideal en materia fiscal, que desde hace muchos años atrás le exige el ESTADO mismo, y ahora la comunidad internacional.

Nos sigue, sin importar, quién venga a invertir, a hacerse millonario, si nos importa y mucho; se someta a nuestra legislación, y cumpla con sus deberes tributarios, a pesar de que algunos asesores tributarios, les digan hay salidas legales para evitar pagar impuestos de una estructura tributaria progresiva.

Los cincuenta años de la UNA y el ethos de sus fundadores(I)

Escrito en 19/02/2023. Publicado en Análisis, Educación.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).

De aquella Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), que fuera fundada hoy hace medio siglo, un 15 de febrero de 1973, durante la tercera administración de José Figueres Ferrer (1970-1974) queda, como suele suceder, la institucionalidad que se ha venido consolidando con el paso del tiempo de larga duración histórica. El riesgo de que la propia institucionalidad se haya convertido en un fin sí mismo existe, y resulta ser el producto de una encrucijada inevitable una vez que la fase carismática (Max Weber, dixit) de la “dominación” (entendida en el buen sentido del término, no en el peyorativo), propia del proceso fundacional se fue agotando, de manera gradual y casi imperceptible, durante la primera década de su existencia, para entrar en otro proceso de racionalización y burocratización creciente, como resultado de la influencia y las presiones externas a la institución, especialmente de las fuerzas conservadoras y los medios de comunicación interesados en encuadrar a la UNA, dentro de los intereses del establecimiento político imperante, e incluso de aquellos que responden a los poderes fácticos, por lo general hostiles a los procesos democráticos.

A lo anterior, se une la fragilidad de la “memoria histórica” de la gran mayoría de las gentes, como un factor que se acentúa con la llegada de nuevas generaciones de académicos, estudiantes y administradores que, por lo general, ya no vienen impregnados del ethos que quisieron imprimirle a la institución sus fundadores. Además la nueva universidad recogía la herencia del importante proyecto académico que representó la vieja Escuela Normal de Costa Rica, fundada en 1915, por Alfredo González Flores, un presidente reformista que marcó una ruptura dentro de la república liberal.

Convendría entonces, examinar o explicitar ¿cuáles fueron las visiones y las expectativas de los fundadores de la entonces nueva institución universitaria, ubicada en la ciudad de Heredia, sin que aquellos se hicieran manifiestos, como por arte de magia, para la totalidad de las gentes que intervinieron en la vida de la naciente universidad. Lo cierto que algunos de sus fundadores más importantes como el sociólogo y presbítero Benjamín Núñez Vargas y el abogado, politólogo y notorio dirigente liberacionista Francisco Morales Hernández, entre otros que no vienen por ahora a mi memoria, se inspiraron e impulsaron un modelo universitario, propuesto por el antropólogo brasileño Darcy Ribeiro (autor de obras tan importantes como EL PROCESO CIVILIZATORIO) que buscaba, entre otras cosas, una integración horizontal de los saberes y disciplinas universitarias, partiendo de una sólida base humanista y propedéutica que encontraron eco en muchos de los académicos y estudiantes de aquellas generación que dieron el punto de partida a la nueva universidad.

La existencia de los certificados integrados que se aprobaban en bloque en las distintas carreras, a diferencia de las redes curriculares de cursos, con años o niveles, por lo general verticales marcaban un nuevo paradigma educativo en la institucionalidad universitaria de Costa Rica. Todo esto, sin que el nuevo proyecto abandonara en lo esencial muchas de las premisas de lo que fuera el espíritu de la Reforma Universitaria, de 1954, promovida por Rodrigo Facio Brenes desde la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR), la que marcó un parteaguas en el fortalecimiento de los valores humanistas, al lado del conocimiento científico y los saberes disciplinarios e interdisciplinarios en las universidades públicas de Costa Rica.

No en vano, el propio Benjamín Núñez Vargas, quien fuera el primer rector de la UNA (1974-1977) había sido parte importante de la Cátedra de Fundamentos de Sociología en la UCR, y se había impregnado del espíritu de aquella Reforma Universitaria tan importante, durante la segunda mitad de los años cincuenta y los sesenta del siglo anterior. El propio Núñez nos dejó un importante opúsculo, bajo el título de LA UNIVERSIDAD NECESARIA, el que muy pocos académicos y estudiantes se preocuparon de examinar con detenimiento para asumirlo como hecho consciente, esencial para marcar los vectores más importantes del propio proceso fundacional, evitando convertirlo en una mera consigna con propósitos electorales, dentro de la toma de decisiones en la administración y la política universitaria.

A propósito del tema de las políticas públicas

Escrito en 18/02/2023. Publicado en Análisis.

Eugenio Jiménez H.
eugenionotifica@hotmail.com

Estimamos pertinente, la invitación que hace don Alberto Salom Echeverría al debate, relacionado este, con el tema de las políticas públicas, en razón a una reciente publicación de SURCOS del 20 de enero del 2023, misma en la que nos vincula con su experiencia académica, aprendizaje y arrestos que le fueron procurados, en un evento de estudio denominado: teoría del Gobierno y las políticas Públicas, según nos informa.

Precisamente, – tal y como lo deja ver don Alberto- se trata de un tema tan apasionante como desconocido, y, a nuestro juicio, no solo en el ámbito académico si no, lo que resulta peor, en el ejercicio del gobierno de las distintas administraciones públicas que se han turnado en nuestra vida institucional, esto, a través de muchas décadas. En especial, hacemos referencia, a lo que parece ser una deliberada actitud de asumir la construcción y el diseño de la política pública, como algo ignoto, una “tarea sagrada” reservada para expertos, en la que sólo ellos, son los llamados a elaborarla y proponerla.

Ningún gobierno, como tampoco ningún partido político hasta la fecha, ha intentado forjar una escuela de formación de cuadros especializados en el diseño y construcción de la política pública. Las universidades en general carecen, en sus academias de ciencias sociales, de programas que procuren un mediano dominio de sus educandos relacionado con el tema. Esto tiene que ver, sin lugar a duda con la deficitaria productividad de muchas de las políticas públicas emanadas en distintas administraciones.

Precisamente, queriendo contribuir con el estudio de tan intricado asunto, en mi tesis de graduación de la Maestría de Estudio de la Violencia Social y Familiar, UNED ( 2015 ), denominada: “La Perspectiva de Género en la Política Pública dirigida al Combate de la Violencia Masculina contra las Mujeres, 2008- 2013”; me di a la tarea de hacerlo sobre el estado de situación de la política pública dirigida a la erradicación del flagelo de la violencia ejercida del hombre contra la mujer, en el período: 2008 -2013- en C.R.

En síntesis, un tema que invitó a plantearse y a intentar evaluar, acerca de los esfuerzos sociales invertidos, en la <<de construcción>> del modelo patriarcal, esto, en una de sus más abyectas expresiones: la violencia de género ejercida en contra de la mujer. El abuso y el exterminio de la mujer, por su sola condición de ser mujer. Ya habían transcurrido aproximadamente ocho lustros, desde la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer (México, 1975) de donde surgió el compromiso de que los gobiernos debían construir mecanismos internos para mejorar la situación de las mujeres. Costa Rica ha sido un Estado suscriptor de todas las Conferencias y Tratados sobre la condición de la mujer. El Consejo de Europa (1990 elaboró herramientas teórico-metodológicas para implementar la institucionalización de la perspectiva de género y, las presentó en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, en Beijing. A partir de entonces, ciento ochenta y un Estados miembros de la ONU se comprometieron a integrarla en sus leyes, planes, programas y políticas. Esto significa, que los servidores públicos, están obligados a incorporar la perspectiva de género en todo lo que hacen en su condición de funcionarios. La cuestión más importante en este sentido es la especificidad del compromiso del Estado costarricense, como contra parte de la Convención -de incluir la perspectiva de género en todas sus políticas a partir de la ratificación de la Convención de Beijing, por ejemplo: Objetivo estratégico H.2. Integrar perspectivas de género en las legislaciones, políticas, programas y proyectos estatales. Objetivo estratégico F.6. Se propone fomentar la armonización de las responsabilidades de las mujeres y los hombres en lo que respecta al trabajo y la familia. Objetivo estratégico D.1. Adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer. Destacando en el punto g), en cuanto a “Promover la integración activa y visible de una perspectiva basada en el género en todas las políticas y programas en materia de violencia contra la mujer; En el punto “k) Adoptar todas las medidas necesarias, especialmente en el ámbito de la enseñanza, para modificar los modelos de conducta sociales y culturales de la mujer y el hombre (p. 3)

Como consecuencia, se observa que, la incorporación del enfoque o perspectiva de género en la formulación, y por ende en la ejecución, de las políticas públicas, demandará un amplio y sostenido esfuerzo social que debe articularse de manera estratégica.

Pero, en la primera fase de inmersión de la citada investigación y, sobre todo, viviendo en esos momentos la sociedad costarricense un crecimiento del flagelo, en especial del femicidio, nos encontramos en esa primera fase, con respuestas públicas escasas y de corta visión, en especial, la producción de legislaciones de corte represivo y, respuestas a medias ante a una realidad que exigía – tal como hoy – ir más allá: remover patrones culturales, según las demandas del Orden Internacional como norte de una respuesta necesaria, tal y como se señaló líneas atrás.

Ese estado de la situación nos llevó a preguntarnos sobre el diseño y la naturaleza de la política pública en C.R. para enfrentar el flagelo de la opresión contra la mujer y nos dotamos de una agenda muy básica, consistente en: 1) Necesidad de un concepto de lo que debe entenderse por P.P. 2) Formulación metodológica. 3) Eficacia 4) Evaluación. ¿Qué clase de política pública disponía el Estado costarricense, hasta ese momento, después de varias décadas transcurridas de los compromisos adquiridos en el orden internacional? El reto, no era letra menor. Sobre todo, porque tal y como lo plantea El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, México, (INAPAM, 2011) “La institucionalización del género en las políticas, requiere la adopción de una variedad de estrategias, desde la igualdad de oportunidades a las acciones afirmativas, a la transversalidad y a otros instrumentos, todas regidas por una amplia noción de igualdad que combata explícitamente las causas múltiples y entretejidas que producen y reproducen la desigualdad de género (p.1)”

En sus observaciones, dicha institución observa requisitos básicos y favorables para institucionalizar la perspectiva de género, en la medida que se quiera una correcta implementación de esas políticas y, señala al menos:

La voluntad política de las autoridades
El diagnóstico integral y profundo de las relaciones de género
Contar con estadísticas desagregadas por sexo e indicadores de género
Conocimiento de los procedimientos de formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas
Presupuestos públicos sensibles al género

Cuatro de los citados elementos, constituyen categorías de análisis – en la investigación- que en nuestro país se debían abordar con urgencia: perspectiva género, políticas públicas, indicadores y conocimiento de la citada perspectiva por parte de los funcionarios.

La Comunidad Europea (2008), propone por su parte una estrategia de cuatro etapas para la aplicación de la perspectiva de género en las políticas públicas, las cuales son: 1. Organización interna, 2. Aprendizaje de las diferencias, 3. evaluación de impacto del Género y 4. Rediseño de políticas.

La Comunidad Europea es muy enfática en que las acciones aisladas, las políticas aisladas no van a producir los cambios sociales y culturales necesarios para hacer efectivos los derechos de las mujeres.

Como se puede ver, la cuestión de la incorporación de la perspectiva de género es un elemento vital de la política pública moderna de todo país democrático, y se muestra tan compleja y desafiante como vital.

En la citada investigación, determinamos los elementos que pueden aplicarse como criterios específicos para comprender si una producción normativa nacional, llámese política, ley, reglamento, directriz o programa, contiene, está sustentado, y ha integrado a plenitud y de manera concreta y formal, la perspectiva de género. Esta determinación, se basó en mucho de lo expuesto y analizado por las diferentes fuentes de autoras feministas; también de la Comunidad Europea y de los avances del INAPAM en México, entre otros.

En esa primera fase, consistente en el análisis del estado de situación en C.R. pudimos concluir (2015), que, entre la lista propuesta por INAPAM, de sus siete requisitos, en C.R. existían serias fallas en cuanto al menos cinco de ellos: Voluntad política, estadísticas desagregadas por sexo e indicadores de género, conocimiento de los procedimientos de formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, presupuestos públicos sensibles al género y recursos humanos coordinados y formados en género (Fuente: entrevista con jerarcas institucionales y miembros de ONG`S)

El Concepto de política pública.

En un primer avance de la investigación sobre el tema en cuestión, concluimos acerca de la necesidad de que el Estado costarricense proporcione al conjunto de sus servidores y, en especial a sus jerarcas, conocimiento suficiente sobre un concepto apropiado y comparable de lo que en Costa Rica podríamos entender como PP. Esto porque, la construcción y diseño de PP no es igual en todos los países. Primero que todo, porque se trata de una categoría propia y acuñada en los países de corte democrático institucional, en especial, con una raigambre social de derecho en su ordenamiento jurídico. Como punto de partida, creímos necesario, recurrir a la historia institucional, a la forma en que se han convenido y procurado las construcciones institucionales, lo que permitiría arribar a un concepto de PP como facilitador para la comprensión y resolución del conflicto social del cargo. De esa manera, con conocimiento de nuestro andamiaje institucional, podemos también con mayor claridad, incorporar y comprender los aportes teórico-sociológicos que, sobre el tema, distintas corrientes del pensamiento vienen contribuyendo. Sin eximirnos por supuesto, del deber de construir nuestra propia teoría.

Y, sobre este último aspecto, se hace – en dicha investigación – una sintética y rica exposición sobre los distintos aportes de figuras prominentes. Así por ejemplo, Mény y Thoenig (1989), Lehera (2004:7) Lindblom (1959), quien señala, que los objetivos sociales no siempre tienen el mismo valor relativo, pues uno de ellos puede ser altamente valorado en una circunstancia y tener un valor nulo ante otra, y que no es posible la jerarquización de los objetivos, pues normalmente el administrador debe elegir entre políticas que combinan los valores asociados de distinta manera. Denominando su postura como incrementa lista. Siendo el fundador, de lo que se conoce como el “método de las comparaciones limitadas sucesivas”, Incremental ismo o análisis incremental, mediante el cual la política pública se crea y se modifica paso a paso.

De esa manera, son muchas las concepciones teórico-metodológicas, que las ciencias sociales han aportado acerca del trasunto. Y no se trata en este documento de ser exhaustivos al respecto, interesa más bien explicar nuestra posición de frente al constructo de la PP, que fue lo que de una u otra forma nos invita don Alberto en su artículo, según lo entendimos. Quien tenga el interés en ahondar sobre la temática metodológica, puede consultar mi investigación en la UNED, directamente.

En esa primera aproximación concluimos que, una realidad política pluralista y democrática impone, sin mayor problema intelectivo, una vocación de ajuste y articulación negociadora, mediante la cual se posibilita a los actores sociales involucrados alcanzar – tras el objetivo común – diferenciados niveles de compromiso. Si bien es cierto que, en última instancia tocará al administrador público tomar la decisión final, este debe convenientemente haber agotado el máximo intercambio dialógico con los sectores sociales involucrados. Y, como cuestión metodológica, concluimos también que, el análisis incremental, resulta ser, un procedimiento idóneo en materia de política pública de género, y más en concreto, para el abordaje de la violencia masculina, en tanto los grandes marcos teóricos de esas políticas nacionales ya se encuentran debidamente construidos y vigentes, no solo se habla de la teoría feminista histórica y acumulada sino, en especial, de los productos alcanzados por el feminismo internacional sobre todo a partir de las conferencias y tratados suscritos sobre los temas de la mujer.

Se obtiene de allí, un andamiaje muy sólido y dinámico. Constantemente se renueva y reproduce. La comunidad Internacional no cesa en la construcción de nuevas agendas, la revisión de acuerdos y las nuevas propuestas sobre las conferencias de muchos años realizadas en el pasado y evaluadas de manera constante.

De esa manera nos permitimos arribar, a la construcción propia de un concepto de PP, el cual se fue mejorando, en el transcurso de la investigación, y que en un primer momento definimos como:

“Una decisión del Poder Ejecutivo en materia de gobierno, que busca la construcción de respuestas a determinados problemas sociales, que es su interés resolver en beneficio de sectores sociales demandantes en un lugar y tiempo determinados, y que cumple con un conjunto básico de requisitos formales de carácter jurídicos y políticos.”

Necesidad y aproximación a un Concepto de política pública en Costa Rica

Para poder desentrañar, el diseño de política pública que se ha seguido en el país, estimamos se debía considerar, sobre todo, la evolución histórica del régimen político costarricense. El Estado nacional y las formas de gobierno que el pueblo se ha dado, a lo largo de 200 años de vida institucional, – salvo en muy escasos y breves lapsos de tiempo -siempre han estado afincadas en un régimen de carácter republicano, es decir, entendido como un régimen político asentado en una distribución democrática de poderes públicos, con competencias bien delimitadas y sancionadas por un ordenamiento jurídico constitucional.

Las corrientes doctrinarias – metodológicas, que se analizaron anteriormente y que, explican desde distintos puntos de vista, las formas en que se pueden diseñar las políticas públicas, estimamos que no están destinados a una aplicación pura y, menos aún, podrían aplicarse de manera directa a la realidad política administrativa de cada país. Ante todo, se estima, que se debe considerar en la construcción de las políticas públicas nacionales, las particularidades históricas, jurídicas y socio políticas de cada nación.

De ahí que, bien se podría afirmar que en Costa Rica como en cualquier otro país, un modelo conceptual de política pública involucra una evolución histórica e institucional, evolución en la cual, la doctrina sobre los modelos conceptuales de política pública, expresados por los distintos autores ya citados, podrían aportar de manera distinta y variada y muy probablemente, de forma combinada en mayor o menor medida, con las formas de los diseños nacionales.

Esto, porque se considera que los componentes de cada modelo teórico no resultan ajenos a las realidades socio políticas, en la medida en que estas son realidades cambiantes y, en esos cambios los aportes doctrinarios bien pueden convertirse en insumos oportunos. No obstante, el norte lo debe dar el ordenamiento jurídico nacional a la luz de una determinada evolución política histórica e institucional en la forma de gobierno de cada nación. Sin que esto comporte una teoría jurídica acerca de la concepción de PP.

En Costa Rica quizá, no se encuentra sistematizada, de manera unificada una conceptualización acerca del diseño y naturaleza de las políticas públicas, pero sí se pueden encontrar voces autorizadas que han venido construyendo pensamiento en esa materia de suyo compleja. Así, entre otros, el Dr. Johnny Meoño Segura, (2014), quien ha dedicado gran tiempo de su actividad intelectual a aportar al esclarecimiento institucional nacional en múltiples aspectos, y, en cuanto a la política pública expresa lo siguiente:

“En Costa Rica no ha habido un modelo o un patrón o parámetro incidente – por así decirlo – que concilie el modelo país estatuido en la Constitución Política, tanto en lo económico como en lo social y en su control político superior, con las claras y determinativas enunciaciones jurídicas. Más bien en punto a derechos de los habitantes y competencias de conducción, el sistema se orientará a un abordaje integralista o comprensivo, no incrementalista, de las políticas públicas o gubernativas para el desarrollo global del país.”

Agrega además Meoño (2014) que, “las competencias bien delimitadas, en la práctica, no han sido ni percibidas ni aplicadas por ningún gobernante ni por los cuadros tecnocráticos de MIDEPLAN -órgano movilizador de todo un ambicioso sistema de planificación nacional- ni de ministerios ni de entes autónomos para «bajar a tierra» – de manera unitaria e integrada – los derechos constitucionales de los habitante que han sido plasmados visionariamente, en leyes muy buenas que los instrumentarían de manera eficaz.”

Y concluye Meoño (2014) en que, “ni políticos ni los funcionarios han actuado en esa dirección de abordaje global, estratégico e integral del desarrollo nacional dejando de lado el modelo claramente establecido en nuestra Constitución Política y las leyes; por el contrario, la improvisación en su manejo ha sido lo común sin que nadie más parezca darse cuenta de ello y del impacto negativo que ello ha tenido para el desarrollo nacional. (M. Segura, comunicación personal, 10 de junio de 2014).

Ahora bien, se considera importante acotar al análisis de Meoño (2014), la particularidad histórica en Costa Rica, consistente en una marcada cultura jurídica que igualmente, debe ser considerada como acerbo distintivo y particular en la elaboración de las políticas públicas. Esto es así desde que el ordenamiento jurídico nacional deviene de un largo proceso institucional y democrático, que ha obligado al Estado nacional a dotarse de un sistema jurídico y político sólidamente equipado, con instrumentos claramente dirigidos al control de legalidad y de eficiencia de la administración pública.

De esa manera y, considerando lo expresado por el Dr. Meoño Segura, (2014), se hace necesario señalar entonces que, la formulación de las políticas públicas en el país, tienen una competencia de origen bien delimitada, en tanto, corresponde por excelencia al Poder Ejecutivo su producción. El Poder ejecutivo en el país es el que de conformidad con la Constitución Política (en adelante CP) y la Ley General de Administración Pública (en adelante LGAP) lo compone el presidente de la República y el ministro del ramo (Art. 140, constitucional y arts. 21, 26.b, 27.1, 98, 99 y 100 de la LGAP).

Por eso, resulta lógico derivar que, la política pública concierne a la política gubernativa derivada de la potestad de imperio, es decir, tiene una raigambre muy específica en cuanto se propone hacer posible la gestión de gobierno; legitimando a la autoridad formalmente constituida, para la regulación y dirección de las instituciones públicas en determinado rumbo de gobierno.

Es precisamente esa capacidad de dirección gubernamental, la que se encuentra respaldada por el andamiaje normativo que se ha citado, el que permite esa dirección llamada a ordenar la actividad de los entes – no los actos – en el ejercicio de sus competencias para desarrollar y prestar servicios y disponer de bienes en abono a los derechos constitucionales del habitante. Se busca centralizar y articular un plan de gobierno, en aras de la gobernanza, entendida en el mejor sentido como un Estado nacional eficiente y democrático.

Esto, tiene que hacerlo el Poder Ejecutivo ordenando la actividad de tales entes, – no sus actos – imponiéndoles metas, programa, planes, medios y recursos (LGAP, art. 98). Es por lo tanto materia de gobierno. La especificidad, es un principio que debe regir y ser cumplido en el diseño de toda política pública en Costa Rica, para Meoño (2014), esa especificidad se da en dos niveles:

“i.- De mayor nivel o macro generales, que comprende aquellas políticas que emanan del presidente de la república. (Vía directrices al conjunto de la institucionalidad pública bajo su mando político, según LGAP art. 26.b).

ii.- Sectoriales o de menor especificidad, son las que emanan del presidente, juntamente con el ministro pertinente, encaminadas a instrumentalizar esos derechos constitucionales y las leyes que los perfeccionan o reglamentan, y que deben recaer sobre las respectivas carteras ministeriales como tales además de las Instituciones autónomas que conforman la administración pública organizada por sectores o «ramos» de actividad (M. Segura, comunicación personal, 10 de junio de 2014)”.

De esta manera, los entes que componen la administración del Estado y los ciudadanos estarán sujetos a las políticas gubernativas emitidas, según el rango de su especificidad: por vía presidencial, preferentemente en un plan nacional de desarrollo formalmente promulgado, o bien, mediante, decreto ejecutivo (presidencia y ministro) que instrumenta específicamente las leyes orgánicas de cada Cartera ministerial y los entes y personas o habitantes que estas delimitan en su texto.

O también, a través de directrices que son las ordenanzas que el Poder Ejecutivo puede emitir a las Instituciones públicas para ordenar sus actividades, no sus actos, mediante metas y tipos de medios, o sea políticas del mayor nivel de detalle y ordenamiento, en todos aquellos campos del quehacer institucional en cuanto a emisión de regulaciones institucionales y prestación de bienes y servicios, que no puedan ser directamente ordenados o regulados vía decreto ejecutivo.

El ordenamiento de la actividad gubernamental requiere de una “rectoría o dirección” emanada desde los más altos niveles de la administración del Estado, que debe estar debidamente normada y arreglada a derecho. Sin una disposición así, el ejercicio democrático del gobierno y sus decisiones legítimas no serían posibles, en nuestro país.

El numeral 140 inc. 3 y 8) constitucional, así como los artículos 26,27, 98,99 y 100, de la LGAP son los que en el país le dan contenido legítimo a la dirección gubernativa o rectoría general, de la que se habla. No se busca sino, maximizar y asegurar las mayores capacidades regulatorias a las que está sujeta la actividad de las instituciones públicas, con el propósito de optimizar la satisfacción de derechos y necesidades de la ciudadanía, para lo cual fueron creadas, así en relación con sus: fines, metas, instrumentos y recursos.

Para Meoño (2014) a manera concluyente, esto no se ha entendido aún, y por ello, los gobiernos han incurrido en constantes improvisaciones, señalando que, más bien han generado ineficacia, corrupción y clientelismo político-electoral además de amiguismo, sin llegar a alcanzar la Administración Pública como tal esos niveles de eficacia sociopolítica y administrativa prevista por los Constituyentes de 1949 y, más aún, por quienes reformaron ese artículo 188 en 1968. En su lugar, se dieron las disfuncionales leyes 4-3 de juntas directivas de entes autónomos (en 1970) y el régimen de presidencias ejecutivas en (1974), sin que los gobernantes se hayan preocupado -y menos la opinión pública, académicos, analistas y partidos políticos- de contrapesar esos regímenes clientelares e invidentes de esa necesaria autonomía administrativa de los entes descentralizados, despreciando las competencias ordenadoras en apoyo a la labor del Presidente de turno, que las leyes 5525 de planificación nacional de 1974 y la LGAP de 1978, vinieron a aportar (M. Segura, comunicación personal, 10 de junio de 2014).

Como se aprecia, para Meoño (2014), la noción de política pública en Costa Rica, solo es posible entenderla en el ámbito de las competencias del Poder Ejecutivo, relacionada directamente con la manifestación específica, concreta y orientadora, además de articuladora, de la competencia de dirección o gobierno, cuyo norte se dirige al ordenamiento de las actividades de las instituciones vía imposición de metas y tipos de medios que, permitan instrumentar los alcances del artículo 140 inc. 3) Constitucional sobre – «ejecución exacta» – de Las leyes, y el inciso 8) sobre «el buen funcionamiento» de los servicios y dependencias administrativas.

Expuesto lo anterior se puede concluir, conforme el criterio de Meoño (2014) que, para la formulación de una política pública en Costa Rica, al menos deben concurrir los siguientes criterios que son de orden jurídico y político:

1.- Ser una decisión

2.- Provenir del Poder ejecutivo

3.- Ser explícita, formulada por escrito y verificable en su existencia.

4.- Ser emitida en la forma de un decreto, directriz, o un reglamento a una ley. Esto implica que, el Poder Ejecutivo interpreta, conforme a sus propósitos de gobierno, el cómo se debe aplicar esa ley; lo que a su vez explica que, la ley en sí misma no es política pública.

5.- Toda política pública está orientada a la satisfacción de una necesidad o hacer vigente un derecho (Principio de Especificidad).

6.- Incluye objetivos, metas, medios (presupuestos y recursos) e instrumentos.

7.- Dirige el funcionamiento de las instituciones en relación con los fines del gobierno.

8. Debe responder a un programa de Gobierno concreto que les provee de sentido y articulación con el conjunto de la institucionalidad.

Otros autores son del criterio de que, además, en las políticas públicas deben contemplarse otros aspectos, tales como:

9.- Establecer plazos que van más allá de los periodos de gobierno.

10.- Incorporar mecanismos de evaluación.

11.- Establecer obligatoriedad de rendición de cuentas.

12.- Incorporar mecanismos de revisión cíclica con el fin de realizar ajustes periódicamente, en la medida en que, las evaluaciones muestren cambios en la realidad que se desea modificar o bien, en los casos en que se detecten insuficiencias.

13.- Elaborarse de conformidad con un esquema técnico estandarizado, con fases bien delimitadas de: formulación, implementación, ejecución, evaluación y ajustes.

Conforme lo observado, las políticas públicas deberían corresponder a expresiones de liderazgo y rectoría muy concretos por parte del poder ejecutivo tanto en el ámbito global del país, como en el sectorial y, muy importante, en su ejecución regional o territorial, pues las mismas políticas gubernativas deben desagregarse o realimentarse de las distintas realidades territoriales nacionales y, finalmente, en el ámbito propio de instituciones públicas que son las que en primera y última instancia, han sido creadas por vía de ley para llevar a la población los beneficios o impactos precisos de esos derechos constitucionales, sea vía prestación de bienes y servicios o de ejercitación de regulaciones del comportamiento del habitante. Al respecto, Lehera (2004) señala: “Las políticas públicas de excelencia tienen características que favorecen una mejor discusión política; la principal es que son comparables formalmente: Ellas son un marco, una estructura procesal que permite la especificación de las intenciones u objetivos que se desprenden de la agenda pública (p.7).”

Partiendo de los aportes de los autores antes examinados, sumando además el propósito de la investigación, como conceptualización propia acuñada en ese trabajo, se produjo finalmente un concepto de política pública, más acabado que dice:

“Es una decisión del Poder Ejecutivo en materia de gobierno. Busca la construcción de respuestas a determinados problemas sociales que son su interés resolver en beneficio de sectores sociales demandantes o no, en un lugar y tiempo determinados. Debe cumplir además con una serie de requisitos jurídico- políticos y técnicos formales, por lo que ha que ha de formularse de manera explícita y muy concreta, e incorporando la perspectiva de género (Elaboración conceptual propia a partir de los diferentes autores citados, con acopio de los aportes de la intelectualidad feminista y sus logros alcanzados con las demandas internacionales ya examinadas).”

Finalmente, la investigación permitió construir una tabla, en la cual se formulan los requisitos sustanciales que creemos, que en nuestro país deben cumplirse para el diseño y formalización de las políticas públicas. Dicho instrumento – que no pretende ser definitorio – fue avalado, por el experto Meoño Segura, como un instrumento efectivo para la formación académica y, para los funcionarios públicos, en la tarea concerniente, al estudio e implementación de la política pública. Acerca de las deficiencias que al momento de la investigación se detectaron en políticas públicas, en especial de género Y violencia en contra de la mujer, y, respecto al aporte del instrumento creado para el servicio analítico académico e institucional, que podría contribuir a determinar la construcción en nuestro país de una correcta política pública, por lo extenso del tema, remitimos a nuestra investigación radicada en la UNED. Esperamos haber alcanzado la altura que marca don Alberto, en su sugestiva intervención. Gracias.

La concepción del presidente Petro sobre el movimiento de masas

Escrito en 17/02/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

Asistí a la concentración en la Plaza de Bolívar en Bogotá DC, a la 1 pm el martes 14 de febrero de 2023. Miles de asistentes copaban una tercera parte del ágora, como se mencionaba en la antigua Grecia a la plaza pública. Una larga y siempre alimentada fila indicaba la entrada a la Plaza de Armas frente a la Casa de Nariño, donde desde una de sus ventanas se dirigió al país y al mundo el Presidente G. Petro. No se instaló una pantalla gigante para que ese conglomerado humano que allí permaneció toda la tarde pudiera verlo y escucharlo. Desplegó una pieza oratoria de una hora 40 minutos, propio de un estadista en que trató esencialmente lo relacionado con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y la reforma a la salud.

La oposición militarista la llamó “un discurso de campaña” y no la materialización de lo prometido en campaña. Queda registrado en los anales históricos del país que es la primera vez que se convoca a una manifestación de apoyo a la gestión de un presidente.

Asistimos a una aplicación de ejercicio político y participación directa de masas. La democracia directa no deja de ser un enunciado en la actual Constitución Política de 1991 (CP91) y esta democracia de la calle es una de las tantas formas de expresión del pueblo en forma directa.

Al día siguiente se observó el fenómeno de contra-manifestación, esta vez contra el gobierno del Presidente G. Petro, despotricando contra las reformas de fondo, que requiere tanto el país como el Estado colombiano en todos los niveles y aspectos institucionales. No existe en Colombia oposición estructurada. Constituye una oposición inmóvil cual una roca, resentida, guiada por el odio, la desinformación, la falsedad y la triquiñuela que resume lo reaccionario, retardatorio y repelente a cualquier cambio del actual estado de cosas en el país.

Se trata de la presentación de un conjunto de soluciones a mejorar las condiciones y calidad de vida a la mayoría del pueblo colombiano, y existe gente -de ese mismo pueblo- que se opone a esas reformas y al indispensable y necesario cambio de todo.

La explicación no es otra que ese grueso de población está sometida al modelo económico vigente y alienada producto de la impositiva dictadura mediática. Es decir, los medios de comunicación pre-pago que impone toda una infraestructura y superestructura ideológica del Estado, agobia a la persona y así, individualizada, la aliena, desinforma y engaña, conllevándola, accidentalmente, a ser una garantía infundada en el mantenimiento del estatus quo o actual estado de cosas.

El panorama político colombiano

Con el triunfo de un gobierno que encabeza del Presidente G. Petro y la valiosa Vicepresidenta Francia Márquez, de corte alternativo, progresista, liberal, socialdemócrata en Colombia no se está ni ad portas de una revolución. Se aplica un programa de desarrollo de conjunto de fuerzas productivas capitalistas.

Una oposición que enfrente un planteamiento contrario está condenada a desaparecer. Por ende, el Presidente G. Petro ni es izquierdista, ni socialista. Otra cosa es que la izquierda legal lo apoye en sus programas de renovación y la adecuación de un modelo económico nuevo, dado el fracaso y fin del ciclo del neoliberalismo salvaje, como fase accidental. Amplio es el aporte de teóricos y analistas de la izquierda, en particular la latinoamericana, respecto a programas de cambios profundos que trascienden el nivel académico y aplican en una realidad política transformadora.

Del paso de la rebelión de las masas a la multitud

Cuando el Presidente G. Petro llama y convoca a que el pueblo se exprese en las calles, en modo alguno está polarizando a la sociedad ni agudizando la lucha de clases. Está demostrando una posición ideológica renovadora que predomina en el mundo ante lo alternativo poscapitalista, resultado del fracaso neoliberal y la vulnerabilidad de la globalización hasta entonces no cuestionada.

Es sabido que el marxismo es una guía para la acción; pero el marxismo en su concepción dialéctica de la Historia y en el periodo de transición del estadio capitalista al socialista no cuenta con parámetros dogmáticos ni de imposición que distorsione el transcurrir. Así, V. Lenin concibió el Imperialismo como Fase Superior del Capitalismo. Pero el marxismo-leninismo no previó la fase del nazismo y el fascismo, cual orden sobreviniente al capitalismo. Esta accidental fase -que generó la II Guerra Mundial- buscó, incluso, sepultar el avance, permanencia y existencia del capitalismo y de contera abortar el estadio de desarrollo de la Humanidad hacia el socialismo.

Pues bien, una vez en posguerra anidan las formas del modelo neoliberal con una aplicación devastadora para la humanidad y para la clase obrera mundial, que es el sustento primordial hacia un orden socialista. Pero para el marxismo no hay nada desviado, la Historia continúa su curso materialista dialéctico.

Ubiquémonos entonces en el actual orden económico mundial y sin redundar en gráfico, de postpandemia y de crisis por el cambio climático, y observamos un dominio predominante de lo descualificado. Consultando Wikipedia entiendo, en complemento, por descualificación el proceso por el cual se elimina de la industria o de la economía el trabajo cualificado (que califica a alguien por sus aptitudes) mediante la introducción de tecnologías que pueden ser controladas por trabajadores a quienes se pretende o desconoce las precisas determinaciones que lo revindican como un alguien. Lo reducen a un semicualificado o sin cualificación. Esto ahorra costes al requerir una menor inversión en capital humano y reduce las barreras de entrada, debilitando así el poder de negociación del capital humano. Llueven las criticas puesto que ello se traduce en la pérdida de calidad y en la devaluación del trabajo (haciéndolo mecánico antes que fruto del pensamiento y convirtiendo a los trabajadores en autómatas antes que en artesanos, creadores), erosionando así a la comunidad.

Por lo anterior o por ello han surgido nuevos análisis marxistas del capitalismo. Lo encabezan pensadores posmarxistas. Para ellos los cambios sociales pueden conseguirse o lograrse a partir de las formas actuales de opresión en la necesidad de repensar lo común, es decir, acudiendo por ejemplo a la idea y aplicación del comunismo primitivo. Lo expresan en el decir “un nuevo mundo es posible” y convencidos que el cambio realmente tendrá lugar. Esta metodología social de comprensión a partir de los años sesenta hizo énfasis en el cambio de la fábrica a la “fabrica social”. También está relacionada con la vida política y la realización de la vida política aunado con lo autóctono de los fines políticos. De tal manera que conciben y explican que la política, como proyecto de trasformación social, no será incubada en las universidades, algo así como la “universidad de la vida”; tampoco lo será en la fábrica como centro de producción sino como “fabrica social” ya citada.

Así resumo la aplicación y explicación de una apropiación contemporánea del marxismo, con el atrevimiento y excusa de antemano a que en modo alguno es mi intención atribuirlo, bajo ningún motivo, como hacer suyo el llamado del Presidente G. Petro a la movilización de masas.

El Presidente G. Petro no acude al instrumento acumulado de proyección de la “rebelión de las Masas” en la recreación del escenario de la lucha de clases y de metodología de aplicación del movimiento social (revolucionario) marxista. A él no lo motiva “La psicología de las masas” del sociólogo francés Gustave Le Bon.

Más bien considero que su accionar político está bajo la guía orientadora de los trabajos del politólogo italiano Antonío Negrí (1933), en colaboración con el teórico filósofo y político estadounidense Michael Harat (1960). Esta dupla de genios ha aportado al conocimiento moderno de la política con la publicación de su famoso libro “Imperio” editado en el año 2000 y posteriormente con el libro “Multitud” que los catapultó como los teóricos visionarios del nuevo orden mundial.

Abordan el término Imperio como un poder difuso y centralizado que desplaza el Estado-Nación y retoma el escenario de actuaciones de cómo fue el imperio romano. Lo sitúa en creación y poder aunados en la red. Así llegan y se entrelazan actores monárquicos, norteamericanos, aristócratas, grandes compañías multinacionales, Ong´s, foros como los de Davos, etc. dando forma a una construcción imperial única basada en el poder en red. Generaron múltiples controversias al indicarles que con ello desconocen el imperialismo; pero al parecer los pueblos subyugados hoy se encuentran bajo la férula del Imperio y bajo la del imperialismo.

“Multitud expone la cuestión en tres partes: la primera parte, «Guerra», explora los aspectos más oscuros del imperio. Nos encontramos sumidos en un punto crítico en relación con los asuntos de la humanidad en el que los circuitos de poder han sobrepasado la capacidad que los actuales circuitos de soberanía política y justicia social tienen para contenerlos. En la Parte II, titulada «Multitud», explican cómo el imperio, mediante una constante y más profunda colonización e interconexión de más áreas de la vida humana, ha creado la posibilidad de un tipo de democracia nunca vista con anterioridad. Finalmente, en «Democracia», los autores plantean su estrategia de cómo la multitud global puede formar un robusto terreno comunitario biopolítico en el que la democracia puede progresar a una escala global.” (Tomado de La Casa del Libro).

Dejo así como abre-bocas para los activistas políticos y sociales el consultar a estos novedosos políticos actuales y en el empeño orientador en no distraer la construcción del partido político popular, en garantía a la consolidación y cualificación política del movimiento popular hacia grandes y radicales transformaciones sociales en Colombia.

5O Años de la Universidad Nacional: una celebración necesaria

Escrito en 17/02/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

Ayer 15 de febrero asistí invitado por la comisión organizadora a la celebración del 50 Aniversario de la Universidad Nacional.

En un muy amplio y moderno auditorio, que lleva el nombre de Cora Ferro, a quién conocimos en la Escuela de Ciencias de la Religión y como precursora de los Estudios de la Mujer, concurrimos una buena cantidad de exestudiantes y exprofesores, estudiantes y profesores actuales, fundadores y Autoridades, a una cita con la historia, la celebración de los 50 años de la UNA, un acto que quedará marcado en el devenir de la educación superior universitaria del país.

La inauguración del evento y los discursos de las Autoridades sobre la historia de la UNA, me hicieron recordar mi vinculación a esta Universidad, primero como estudiante y luego como trabajador académico, testigo y partícipe de la construcción de un proyecto de Universidad que hoy 5 décadas después es una institución de educación superior sólida y pujante.

El recuerdo que tengo de la UNA, desde mi época de estudiante de Estudios Generales, es el del surgimiento de una nueva Universidad, en un entorno muy difícil de grandes tensiones políticas y de recursos muy limitados, establecida en las instalaciones de la antigua Normal Superior y con sus oficinas dispersas por la ciudad de Heredia.

Cuando tuve que decidir a cuál Universidad ingresar, pensé en la UNA como una universidad nueva, promovida como la Universidad Necesaria y que en mi rebeldía de joven me atrajo la posibilidad de participar en su proceso de construcción.

Me seducía la idea de luchar por una Universidad alternativa, que era rechazada por algunos sectores de la Universidad de Costa Rica, opuestos a su creación, quienes incluso manifestaban que no irían a trabajar en la nueva Universidad y a la que denominaban peyorativamente la “Universidad del Pirro”.

Cursé el programa de Estudios Generales en la UNA y el propedéutico de Ciencias Básicas, con la pretensión de ingresar a la carrera de Geografía, pero precisamente el paso por las materias de Estudios Generales, especialmente el curso de Filosofía, me cambió la inclinación disciplinaria hacia la Sociología, carrera que aunque estaba en proyecto no se impartía, por lo que debí trasladarme a la UCR, con la esperanza de regresar algún día a seguir participando en la conformación de la nueva Universidad.

A pesar de que me trasladé a la UCR, seguía atento al proyecto de la UNA y escuchaba el debate político ideológico que se efectuaba alrededor de la orientación de la nueva universidad, entre un sector político de centro de raíces socialdemócratas, muchos de los cuales incluso habían intervenido en la creación de la UNA y un sector proveniente de los partidos de izquierda, el cual se vio fortalecido por la llegada de intelectuales exiliados de los países suramericanos dominados por dictaduras militares.

La Universidad del Pueblo y la Universidad ligada a los sectores sociales de menores recursos, crecía con la creación de nuevas carreras, como Biología, Veterinaria, Economía, Agronomía y Relaciones Internacionales pero en un entorno difícil, de cuestionamientos por parte de sectores políticos y medios de comunicación, que afirmaban que la nueva Universidad repetía las carreras de la UCR y se había convertido en la Universidad comunista, pero esos calificativos lejos de desmotivarme, aumentaba mis intenciones de regresar.

Lo cual comenzó a ser posible cuando algunas carreras en su crecimiento, impulsaban a inicios de la década de los 80, actividades de investigación y extensión, que propiciaron mi acercamiento a eventos de debate sobre temas económicos y agrícolas.

Casi una década después de su creación, pude regresar a la UNA como académico, por iniciativa de un Profesor de la Escuela de Economía, que motivado por el análisis de coyuntura que se realizaba en una ONG, me propuso participar en una experiencia similar en esa Escuela.

Llegué a la UNA como extensionista y en efecto el análisis de coyuntura económica, la relación con sectores sociales en el área urbana y rural y la elaboración de la revista Economía al Día, me parecían actividades muy ligadas a una Universidad comprometida con las grandes transformaciones del país, lo que llenaba mis aspiraciones profesionales y políticas.

En esos años 80, los debates sobre las teorías del desarrollo y el apoyo a las reivindicaciones de las organizaciones agrícolas sobretodo de la zona Atlántica, parecía ser la mejor expresión de la Universidad Necesaria, pero las tensiones internas sobre la orientación y el diseño institucional más apropiado entre las Autoridades de la nueva Universidad no cesaban y eran agudizadas por los problemas presupuestarios que cada año amenazaban su funcionamiento.

Esas luchas y movilizaciones por el presupuesto y el impulso de los proyectos académicos de las nuevas Escuelas, probablemente fueron las razones del despegue y los elementos de cohesión de la Universidad Nacional en sus primeras dos décadas, en que mantuvo su derrotero de Universidad Necesaria vinculada a la transformación social y a la formación de estudiantes de las zonas rurales y urbanas de menores ingresos.

No obstante esta orientación de la UNA, tuvo su punto de inflexión con la Administración de Rose Marie Ruíz en 1993 con motivo del II Congreso Universitario, en el que se logra un cierto consenso interno, hacia una universidad útil a la sociedad costarricense y al mercado, que debía contribuir a generar alternativas de desarrollo económico y social, crecer en sus cuadros administrativos y académicos y adoptar procesos de admisión más selectivos, en un marco institucional que lo asimilaba a las demás Universidades públicas.

A partir de entonces las carreras rediseñaron sus planes de estudio y se reestructuraron, las Facultades se articularon, el esquema administrativo se consolidó y la Universidad Nacional fue por fin aceptada y acogida por la comunidad nacional, ya no era más la Universidad de Heredia.

Esta segunda etapa de la UNA, abandona progresivamente los debates sobre el desarrollo, el análisis crítico y el papel central de la investigación, incorpora nuevas temáticas como el medio ambiente y los derechos humanos, crea centros de investigación especializados, impulsa programas de posgrado y asume plenamente su relación con el mercado laboral en la formación de los nuevos profesionales.

La década de los 90 y el nuevo milenio del 2000, representa el período de consolidación institucional de la Universidad Nacional, que se confirma con la adquisición de nueva infraestructura, representada en las nuevas instalaciones de las Facultades de Ciencias Sociales y Filosofía y Letras y posteriormente de los nuevos edificios de Administración y de las Vicerrectorías.

La Universidad Nacional hoy, es la conjunción de dos etapas: una el surgimiento y despegue como Universidad Necesaria en los 70 y 80s y otra la consolidación como la Universidad Nacional en las décadas de los 90 y 2000.

Diría que la primera etapa le confiere su identidad y su inserción en la sociedad costarricense, como un modelo alternativo de Universidad más cercano a las necesidades de los sectores sociales y a las aspiraciones de transformación social de aquellas décadas y la segunda etapa, le proporciona el status de universidad nacional sólida y reconocida, muy ligada al desarrollo de la ciencia y la tecnología y a las necesidades del mercado laboral.

Han trascurrido 5 décadas, pero es imposible no recordar con nostalgia, las viejas instalaciones de la Escuela Normal que acogieron a la UNA en sus inicios, los viejos edificios de Estudios Generales, del CIDE, de Ciencias Sociales, de Filosofía y Letras, del teatro Universitario, las aulas de “los Hatillos”, los debates acalorados en las Asambleas de Escuela, los desplazamientos a las actividades de extensión en bus y sin viáticos.

Tampoco puedo olvidar, los cursos de Métodos de Investigación, el área de Extensión, la red de Universidades Centroamericanas que estudian el agro y los proyectos de tesis de la Escuela de Economía, el proyecto Una Iniciativa Rural (UNIR) que integró a 4 facultades y 12 Escuelas, la comisión institucional de Seguridad Alimentaria y la Comisión de Regionalización.

Al observar los homenajes efectuados en esta celebración de los 50 años, a algunos académicos propuestos por las Facultades, Sedes y la Federación de Estudiantes, pensé en tantos académicos que hicieron posible la consolidación de cada una de las Escuelas, que formaron a miles de estudiantes e hicieron investigación y extensión con gran mística y compromiso.

Ni siquiera cuando me jubilé, sentí la satisfacción y el orgullo que sentí en la celebración del 50 Aniversario, por haber sido parte de la construcción de un proyecto de Universidad, por haber contribuido a su fortalecimiento y consolidación, porque aunque tal vez ya no es la Universidad Necesaria, es la Universidad Nacional autónoma y pública por la que luchamos y a la que defendimos.

Aidan de Brune y la Vuelta a Australia

Escrito en 16/02/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gabe Abrahams

Aidan de Brune (1874-1946) fue un caminador de grandes distancias, un periodista y escritor reconocido y la primera persona que dio la Vuelta a Australia a pie. Su registro alcanzado en la Vuelta a Australia no fue superado hasta el año 1994, cuando la concluyó Nobby Young.

Aidan de Brune nació en Londres el 17 de julio de 1874, con el nombre de Herbert Charles Cull, y comenzó a temprana edad su vida profesional como impresor.

En 1907, se casó con Ethel Elizabeth Crofts, con la cual tuvo un hijo dos años después llamado Lionel.

En 1910, Aidan de Brune viajó desde Inglaterra a Australia, llegando a Fremantle el 23 de mayo. Su mujer y su hijo siguieron sus pasos y llegaron a Albany el 26 de noviembre del mismo año.

La esposa de Aidan de Brune y su hijo finalmente regresaron a Inglaterra en 1912, pero él no quiso volver y permaneció en Australia, lugar en el que se convertiría con el nombre de Aidan de Brune en un famoso caminador, periodista y escritor.

En 1920, Aidan de Brune trabajaba en los diarios Bunbury Herald y Blackwood Express y había iniciado su carrera como escritor publicando un par de novelas por entregas. Justo entonces, su gusto por caminar miles de millas pudo más que esa actividad laboral y provocó que la abandonase varios años para dedicarse a realizar grandes caminatas por Australia.

Entre noviembre de 1920 y febrero de 1921, Aidan de Brune cruzó Australia a pie (Fremantle-Sídney) recorriendo cerca de 4.500 km en 90 días. Esta primera gesta le supuso conseguir una serie de plusmarcas como la de la travesía de Australia o las de las travesías de otros Estados australianos por los que pasó durante su larguísima caminata.

Animado por su éxito, al poco tiempo, entre septiembre de 1921 y marzo de 1924, Aidan de Brune se atrevió a dar la Vuelta a Australia, un recorrido brutalmente largo de 16.190 km, prácticamente 10.000 millas.

La vuelta alrededor del perímetro de Australia, desde Sídney hasta Sídney, le supuso a Aidan de Brune tener que estar caminando durante dos años y medio y conocer a pie Australia. Él aprovechó los escasos ratos de descanso diarios que tuvo para escribir a duras penas lo que iba aconteciendo cada día. Esos apuntes se convertirían tras terminar la caminata en el libro Record Diary of a Walk Around Australia (1924).

Finalizada la vuelta, en las décadas de 1920 y 1930, Aidan de Brune dejó de realizar grandes caminatas, retomó su faceta de periodista y escritor y publicó una larga lista de libros, principalmente novelas, algunas por entregas en los periódicos en los que colaboraba. En la actualidad, sus libros son bastante conocidos y reconocidos en el mercado anglosajón, aunque lo que más se recuerda de él es su condición de extraordinario caminador.

Algunas de las obras más conocidas de Aidan de Brune son Dr. Night (1926), The Carson Loan Mystery (1926), The Dagger and Cord (The Lonely Lady) (1927), The Phantom Launch (1927), The Shadow Crook (1928), The Little Grey Woman (1929), The League of Five (1930), The Unlawful Adventure (1930), The Green Pearl (1930), Whispering Death (1931), Douchard’s Island (1931), Find This Man (1931), The Grays Manor Mystery (1931), The Murders at Madlands (1931), The Three Snails (1932), The Framing of Inspector Denvers (1933), The Flirting Fool (1933), The Kahm Syndicate (1934), The Fortune Telling House (1935), Saul and the Spinster (1935), etc.

A finales de los años 1930, la esposa de Aidan de Brune reapareció e intentó contactar con él para comentarle el nacimiento de su primer nieto. Él evitó el contacto. Desde su llegada a Australia, nunca más quiso regresar a Inglaterra o mantener relación con sus familiares, esposa o descendientes que se encontraban en ese país.

Aidan de Brune murió en Sídney el 15 de febrero de 1946, en el Hogar de las Hermanitas de los Pobres de Randwick, cuando le faltaban pocos meses para cumplir 72 años. Fue enterrado en el cementerio católico de Botany.

En los últimos años, el Proyecto Gutenberg de Australia ha digitalizado una parte importante de sus libros, incluyendo su imprescindible Record Diary of a Walk Around Australia del año 1924.

Australia le recuerda, los lectores de sus obras y el mundo de las grandes caminatas también. Su memoria ha perdurado.

El Poder Ejecutivo y el Legislativo deben asumir la responsabilidad en materia fiscal

Escrito en 16/02/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) incluyeron el martes pasado a Costa Rica en la lista de países no cooperantes en materia fiscal. La decisión fue tomada en Bruselas, Bélgica, sede de la UE. Una decisión que tomaron en virtud de que Costa Rica no cumplió con compromisos adquiridos ante la Unión Europea. Una situación vergonzosa y preocupante, máxime que desde hace años ya se había advertido sobre esa posibilidad. Incluso, el actual presidente fue informado cuando fue ministro de Hacienda.

Hoy, las autoridades pasadas y las actuales se culpan unos a otros, pero lo cierto es que pese a esas advertencias no se hizo nada. Esto nos refleja de cuerpo entero como país que no se ocupa de lo importante.

La principal observación que se nos hace es que la legislación costarricense exonera a las personas físicas y jurídicas por las ganancias que obtengan en el exterior, cuando hacen inversiones pasivas que son aquellas en las que la persona no participa activamente en la actividad, por ejemplo, una compra de un título valor, o la compra de acciones empresariales que produzcan dividendos.

La UE considera que Costa Rica tiene un sistema tributario carente de transparencia, en el que facilita la doble no imposición a rentas pasivas. Es decir, permite que personas no paguen impuestos por ganancias ni en un país ni en otro.

Esta situación nos perjudica como país en cuanto a la reputación en materia fiscal y nos acerca mucho a ese concepto internacional de ser un “paraíso fiscal”. También nos afecta en cuanto a inversiones extranjeras y a la credibilidad internacional.

Contrario a lo que sucedió con Costa Rica, esa misma comisión reconoció que Uruguay logró cumplir con el compromiso adquirido y por ello salió de esa lista.

Esa lista se revisa cada seis meses, así que tenemos ese tiempo para corregir esa legislación y hacer lo propio para que demos un paso adelante y salgamos de esa vergonzosa lista. Eso implicará actuar con patriotismo y no pensando en intereses particulares. Si no lo hacemos en estos seis meses nos deterioremos en nuestra imagen y seguiremos en ese “nadadito de perro”, sin tomar las decisiones que son urgentes y necesarias.

Dios quiera que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo dejen de “jugar chapitas” y asuman con responsabilidad las obligaciones que les corresponden.

La Unión Europea agrega a Costa Rica a su lista de paraísos fiscales

Escrito en 15/02/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Martín Rodríguez Espinoza

La Unión Europea incluyó este martes a Costa Rica, entre otras naciones, a su lista de jurisdicciones que no cooperan en materia fiscal con el bloque comunitario, según informó el Consejo de la UE en un comunicado.

Tras la decisión, aprobada por los ministros de Economía y Finanzas, en la lista figuran 16 territorios además de nuestro país, a añadidos a: Panamá, Samoa Americana, Fiji, Guam, Palau, Trinidad y Tobago, Samoa, las Islas Vírgenes americanas, Vanuatu, Bahamas, Anguila y las Islas Turcas y Caicos, que ya estaban.

La lista, que se actualiza cada seis meses, incluye aquellas jurisdicciones que incumplen los estándares de la UE en materia de transparencia fiscal, justicia tributaria o implementación de las normas internacionales para evitar la erosión de la base fiscal o el traslado de beneficios, y que además no dan pasos para atajar esos problemas.

Figurar en ella no conlleva sanciones económicas, más allá de la prohibición de que los fondos europeos transiten por entidades radicadas en estas jurisdicciones y medidas administrativas, como auditorías más frecuentes, aunque los Estados pueden decidir a nivel nacional imponer otro tipo de penalizaciones.

Costa Rica entra en este repertorio desde que se creó en 2017, puesto que no ha cumplido sus compromisos para abolir o modificar ciertos aspectos de su régimen de excepción de las fuentes de ingresos extranjeros considerados perjudiciales, según explicó el Consejo de la UE.

Los niveles de corrupción en Costa Rica, que además ubican al país entre las 10 naciones con mayor aumento de la desigualdad social DEL MUNDO, producto no solo del favorecimiento fiscal a unas cuantas familias que son exoneradas (como por ejemplo los importadores de arroz), sino también por la multimillonaria evasión y elusión que ese mismo sector empresarial realiza contra las arcas del Estado, provocando el Déficit Fiscal que tiene en crisis económica al país.

EL ROBO de impuestos del gran sector empresarial es impresionante, se estima que solo en 2018 cerró con una evasión de 650.264 millones de colones.

El informe de la Contraloría General de la República de ese año, y de gran transcendencia, indicó que uno de cada tres contribuyentes (grandes empresarios) inscritos declaró impuesto neto menor o igual a cero. Entre estos están los más grandes millonarios del país como la Cervecería Costa Rica (FIFCO) y transnacionales ubicadas en el país como Telefónica (que pasó a ser Liberty) y Claro, entre muchas otras.

La deuda en mora por el impuesto de ventas en 2017 alcanzó 71.220 millones y creció en más del 150% de 2010 a 2017, ahora imagínense como estará en 2023.

Al inicio de su mandato, Rodrigo Chaves indicó a un medio de comunicación nacional que «hay que acabar con los monopolios y las políticas públicas para grupos empresariales privilegiados, a la vez que se debe impulsar la reactivación económica, la industria y la conectividad de Costa Rica con el mundo.», pero el monopolio de Riteve pasó a ser el monopolio de Dekra y los importadores de arroz se «pegaron la lotería» cuando Chaves les exoneró de pagar impuestos con el timo de bajara el precio para los consumidores, pero fueron los empresarios los que se llevaron el privilegiado monto de más de 7.000 millones de colones a sus bolsillos, impuestos que deberían estar en la Hacienda pública para invertir en el país.

La falsa promesa de Rodrigo Chaves de «acabar» con la evasión y el contrabando (con la instalación de escáneres), quedó en eso, falsas promesas. Mientras tanto los LADRONES de impuestos se hacen más y más ricos, mientras los pobres, más pobres.

Por eso digo, el PLN, el PUSC, el PAC (con todos sus aliados legislativos Nueva República, Liberales, etc.) y ahora el PPSD de Rodrigo Chaves, son exactamente lo mismo, parásitos y depredadores.

Imagen ilustrativa.

Se requiere un diálogo, abierto, profundo, transparente y sincero entre Poderes de la República

Escrito en 15/02/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

Cuando la comunicación entre los Poderes de la República no es buena, muy probablemente el avance y desarrollo del país tampoco lo es. Una muestra de esa mala comunicación es la aplicación por parte del Poder Legislativo del resello de leyes que han sido vetadas por el Poder Ejecutivo.

En estos nueve meses de gestión la Asamblea Legislativa ha resellado en tres oportunidades leyes que el Poder Ejecutivo vetó y eso es de cuidado ya que por muchos años está circunstancia no se daba.

El resello es un instrumento contemplado en la Constitución Política, mediante el cual 38 legisladores diputados superan el veto del Poder Ejecutivo y convierten un proyecto en ley con las firmas del Directorio Legislativo, es decir que, el ejecútese lo da la misma Asamblea Legislativa ante la negativa del Poder Ejecutivo.

Tres vetos en nueve meses y tres resellos indican que el camino del diálogo y de la comunicación entre ambos Poderes no es la mejor y menos cuando esos resellos superan por mucho el número de diputados requeridos para eso.

Un llamado de atención a la ministra de la Presidencia a efecto de que busque una mayor cercanía con las fracciones legislativas y que logre acuerdos en cuanto a las formas en que se aprueban los proyectos de ley, para que no haya necesidad de veto y si lo hubiere para que sea acogido y se modifique el proyecto de ley, si las razones son las adecuadas y contundentes, de lo cual corresponde a dicha ministra convencer a los diputados.

Cuando eso no se logra, estamos expuestos a muchos conflictos entre Poderes y el resultado es que tendremos leyes que, dependiendo de los razonamientos, pueden crear mayores circunstancias negativas para el país que lo que puedan beneficiar a los involucrados en ellas y al país en general.

Dios quiera que se logre un diálogo, abierto, profundo, transparente y sincero entre ambos Poderes de la República y eso permita un mejor transitar de los proyectos para convertirse en ley con el aporte de ambos poderes y no sólo de uno.

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Por. Raúl López GillesMarchista Nacional

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