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Bloque Opositor Político o Alianza Política Opositora

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

En el lenguaje político de estos días de mayo han surgido las imágenes de un Bloque Opositor Político o una Alianza Política Opositora, para referirse a los 26 diputados de los partidos políticos que no representan al Gobierno, que literalmente son el alter ego político de los 31 diputados del Partido Pueblo Soberano.

Este grupo de diputados opositores, así reconocidos, representan 4 partidos, dos diputados de una manera unipersonal, el Frente Amplio con 7 y Liberación Nacional con 17. Estos hicieron un documento al que le dieron publicidad de unidad de propósitos parlamentarios, presentándose como un sector organizado, de oposición política contra el oficialismo, es decir contra los diputados que representan los intereses del gobierno de Laura Fernández.

El concepto de Bloque me gusta más para su identificación si lo consideramos como agrupación de partidos o de legisladores, que se unen temporal o permanentemente para actuar de manera conjunta, para defender intereses comunes y para tratar de alcanzar objetivos políticos en los cuales estén de acuerdo en lograrlos. Hasta ahora en los pocos días de trabajo parlamentario los diputados de este Bloque no han dado la sensación de Bloque, han intervenido con la individualidad de cada uno y con la individualidad política que cada uno tiene partidariamente. No se perciben todavía acciones que respondan a la práctica política unitaria que debería ser percibida. Todavía no se sienten como una unidad política para negociar leyes, para integrar las comisiones del Congreso, a las cuales tienen derecho de participar. En este caso, de las comisiones, les han impuesto las comisiones siguiendo el lineamiento que había señalado el entonces presidente Chaves, de ubicarlos en las comisiones menos importantes o trascendentes del trabajo legislativo. Esto, a pesar de que con la mayoría parlamentaria que el oficialismo tiene pueden aplastar numéricamente en cada comisión para aprobar lo que quieran.

En el caso del Frente Amplio y de Liberación Nacional por el número de diputados que tienen, de conformidad con el Reglamento Legislativo, deben tomarlos en cuenta y atender sus peticiones de integrar o de participar en las comisiones que ellos quieran trabajar.

En la práctica del llamado Bloque Opositor lo que hay son cuatro partidos, hasta ahora cada uno tratando de ir definiendo sus propios pasos y tratando de destacar su identidad. No se siente, repito, políticas o proyectos que sean del “Bloque”, que permitan ir amarrando más y de mejor manera la acción conjunta de estos 26 diputados. Es entendible que haya diversidad de opiniones, por partidos o por diputados, pero sobre esa diversidad de opiniones, lo que debe de haber es la unidad de acción parlamentaria.

Los Bloques políticos a veces tienen afinidad política, de ideas políticas, de doctrinas políticas. Cuando así actúan es mejor, por la mayor coincidencia que puedan tener. Si no es por afinidad política, tiene que ser por lo que definan apoyar como grupo, como Bloque, por la unidad de acción que requieren.

Hasta ahora no han presentado proyectos de ley que respondan al Bloque, al esfuerzo colectivo del trabajo unitario de estos cuatro partidos políticos.

La Alianza política es simplemente la unidad en la acción concreta ante un Proyecto de Ley determinado, lo cual tampoco en este momento se aprecia que pueda estar ocurriendo con estos cuatro partidos políticos que no son el partido Pueblo Soberano.

Electoralmente conocemos las Coaliciones y las Fusiones partidarias. Los cuatro partidos representados en la Asamblea Legislativa, frente a Pueblo Soberano, no son en sí mismos una Coalición ni una Fusión.

Uno de ellos, si es una coalición partidaria, resultante de la unión en las elecciones de dos partidos, que lograron elegir a una diputada. Esta diputada sí habla a nombre de la Coalición que la logró elegir. Eso me parece muy bueno, muy honesto de parte de ella, y corresponde a dar la imagen de que ella representa a esos dos partidos.

Las coaliciones son partidos integrados en uno solo. El Bloque Opositor, como llaman a veces a estos cuatro partidos, a Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, el Frente Amplio y la Coalición Agenda Ciudadana, por sí no es una coalición. Tiene más de alianza para la ocasión que de coalición de lucha política. Son la suma de fuerzas para actuar legislativamente y distinguirse de las acciones legislativas que el gobierno impulsa con Pueblo Soberano, si se trata de distinguirse de ese partido.

También, es importante señalarlo, iniciativas políticas, proyectos de ley propuestos por Pueblo Soberano, que sean dignos de apoyarlos hay que hacerlo.

Con la mayoría parlamentaria que hay, de mujeres diputadas, es inconcebible que no se haya articulado una agenda de proyectos de ley en beneficio de las mujeres costarricenses. Se deberían articular estos proyectos, con el apoyo de las organizaciones de mujeres existentes en el país, y con movilizaciones para aprobarlas. Tengo claro que en esa perspectiva de proyectos por la mujer pueden no estar todas de acuerdo, ni todos los partidos, pero hay que buscar en lo que están todos y todas de acuerdo para aprobar como Leyes de la República.

Por ahora, el Bloque Opositor o la Alianza Opositora suena bien, pero pareciera que les falta contenido a estos conceptos. Hay que darles contenido político a los conceptos en la práctica parlamentaria.

Hay que darle una agenda común a este Bloque Opositor de manera concreta. Esta es la tarea de los partidos que allí están representados, de sus dirigentes, y a falta de ellos, de los propios diputados, si realmente se quiere construir esa fuerza opositora, en capacidad de defender la democracia nacional frente al desafío de avanzar hacia el autoritarismo político, el despotismo institucional, la dictadura, la tiranía, el militarismo gobernante o el cause fascista en el desarrollo nacional.

El nuevo referendo de Chaves

Escrito en . Publicado en Análisis.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

¡A como haya lugar!, con cualquier pretexto, como su objetivo de «ministro de Propaganda«, Rodrigo Chaves convocará desde Zapote y su mayoría parlamentaria un referendo que no requerirá colectar firmas.

Sin embargo, se conoce que serán muy escasas las probabilidades de tramitar en dicho nuevo referendo, proyectos que requerirían 38 votos legislativos ya que no podrían aprobarse, independientemente de la votación, si menos de 1,4 millones de votantes conformaren el quórum mínimo de ley.

Así, sin nuestra ayuda (¡de los que nos quedaríamos en casita!), o sea el voto de los reunidos alrededor del bloque democrático, que inteligentemente no le ayudaríamos acudiendo a las urnas, el tal referendo sería un gasto inútil de tiempo, esfuerzo y recursos millonarios, si quizá, a diferencia del anterior intento, no fuere un proyecto tan mal redactado.

No nos podemos engañar que al ministro Chaves lo único que le interesa es hacer campaña con recursos públicos, con la intención de alterar con sus discursos vulgares, la gestión política de los tres poderes del Estado, pues es sabido que a él le importa un pito la estabilidad del Estado, ni le desvela descalabrar la gestión gubernamental de una presidenta incapaz de decirle no, a quien es evidente manda en Casa Presidencial.

En fin, aunque ni con el 100 % de los votos sumados a la elección de Laura Fernández, Chaves podría alcanzar un resultado válido, pues le faltarían unos 400.000 votos, si ha de saber, que muchos ciudadanos costarricenses, de alma democrática, le enfrentaríamos en su campaña por fuera del domo y en las poblaciones urbano-marginales, para que los miles de engañados, ahora desilusionados, lo vayan conociendo mejor.

Laura Fernández en el banquillo: El peligro del populismo efectista y las cortinas de humo

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

La reciente escena protagonizada por la presidenta Laura Fernández frente al magistrado Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, está lejos de ser un simple exabrupto. Es, por el contrario, una pieza fríamente calculada dentro del engranaje de un estilo político heredado de su mentor, Rodrigo Chaves. Es un libreto grotesco que prioriza el espectáculo y la humillación pública por encima del debate de altura y el respeto institucional.

Interpelar públicamente a un magistrado por sus 37 años de carrera, reduciendo su trayectoria a la insinuación malintencionada de “cargos vitalicios” y supuestos “favores políticos”, para luego coronar el ataque comparando ese tiempo de servicio con sus propios 39 años de vida, es un acto de manipulación efectista. Es, además, una comparación peligrosamente descontextualizada, más de alguien que tiene la mitad de sus 39 años de vida viviendo del erario público como funcionaria de gobierno en puestos de confianza y ministeriales. Sin mencionar que su mentor —sin cotizar para ello— es hoy un ex presidente pensionado de lujo y con doble sueldo de ministro.

Es imperativo establecer la línea divisoria que el discurso oficialista intenta borrar: la abismal diferencia entre un cargo político-administrativo y la magistratura judicial. Los puestos políticos son, por naturaleza, transitorios; responden al vaivén de la voluntad popular, a la coyuntura electoral y a la necesidad de alternancia en el poder. Cualquiera con el respaldo de los votos puede ocuparlos.

Sin embargo, la labor de un juez supremo es de una naturaleza completamente distinta. Su responsabilidad central es la generación de jurisprudencia, la interpretación de la norma y la protección del orden constitucional. Para ejercer un cargo técnico-jurídico de esta magnitud no basta el carisma ni el verbo encendido; se requiere una vida entera de estudio, madurez académica y una experiencia que solo otorgan las décadas de análisis profundo. En las democracias más sólidas del mundo, la longevidad y la estabilidad de los jueces no son vistas como un “abuso”, sino como la mayor garantía de independencia frente a las presiones efímeras de los políticos de turno.

Al ignorar estas diferencias fundamentales, la señora presidenta peca de lanzar una ofensa injuriosa. Su objetivo no es promover una reforma institucional seria, sino ejecutar un acto populista diseñado a la medida de sus acólitos. Es un discurso estridente que alimenta a quienes disfrutan del insulto y la degradación de la autoridad, funcionando como el antídoto perfecto para aliviar la disonancia cognitiva de sus seguidores más ciegos.

Pero, como en todo truco de ilusionismo político, lo que importa no es la mano que se agita, sino lo que se esconde detrás. Este acto vil y desconsiderado hacia el jerarca de uno de los Poderes de la República es, en realidad, un distractor de manual.

Es la cortina de humo perfecta, lanzada estratégicamente en el rostro de la ciudadanía, para hacer olvidar a la masa enajenada el verdadero elefante en la habitación: su mentira sobre el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). Mientras el país se enfrasca en discutir la edad de la mandataria frente a los años de servicio del magistrado, el debate sobre el futuro de los ahorros y las pensiones de los costarricenses queda convenientemente relegado al olvido.

Gobernar a base de humillaciones y espectáculos para tapar las propias falsedades es un juego peligroso. Costa Rica no necesita líderes que incendien la institucionalidad para ganar el aplauso fácil de la galería, sino estadistas que asuman la verdad, por más incómoda que esta sea. A fin de cuentas, la historia es implacable y siempre tiende a darle su verdadero lugar a los políticos populistas, manipuladores y autocráticos. Que lo digan, si no, figuras nefastas como Benito Mussolini en Italia, Jorge Rafael Videla en Argentina o Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, entre tantos otros que dedicaron sus cuotas de poder a humillar y denigrar a quienes les plantaban oposición. El aplauso efímero del fanático nunca los salvará del juicio definitivo de la historia.

El pasado nos convoca

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Isabel Ducca D.

Uno de los blancos preferidos de la globalización neoliberal ha sido la memoria histórica y social de los pueblos contra los que se ha dirigido. En nuestro país, antes de los años ochenta ya nuestra memoria social era raquítica, coja, sorda y tuerta. Después de casi cincuenta años de depredación económica, social, política, ambiental y feminicida, nuestra situación es crónica.

Evidentemente, estos últimos cuatro años han deteriorado aún más el tejido social y el anuncio es que, para el 2030, tendremos un panorama todavía más desolador. Posiblemente, habrá quienes se rehúsen a ver la realidad y el futuro ingrato en el horizonte y me tilden de ave de mal agüero. Volver a mirar para otro lado lo único que les puede ocasionar es una torticolis mental o histórica.

Hay mucho que reconstruir y, sobre todo, mucho que fortalecer si deseamos crear resistencia y nutrir la que poseemos. No tengo recetas ni soluciones, los procesos de lucha social se piensan y se llevan a cabo en colectivo. Sin embargo, siempre caben iniciativas; son semillas para poner a germinar, después sembrar, regar, cuidar y un día nos darán sus frutos.

Antes de exponer mi propuesta, deseo expresar dos aspectos fundamentales de mi motivación. El primero se refiere a la gran lección de espiritualidad que le ofrece el pueblo mexicano al mundo entero cada fiesta de muertos. Si bien durante esa fecha hay turismo, mucho; hay negocio, en demasía; no se queda únicamente en lo mercantil; lo trasciende, de una manera indescriptible. Surge una energía espiritual, creativa, festiva y de recogimiento para renovar el hilo que conecta con la ancestralidad para agradecer y rendir un merecido homenaje.

El otro asunto guarda relación con la calidad humana de nuestra gente. Nuestro país no fue forjado por los “prohombres y héroes” de la historia oficial, aunque hubo quienes pusieron granos de arena y otros reformas estructurales por el bienestar social, ha sido la lucha popular la que ha definido el rumbo, al lado de liderazgos con sensibilidad e inteligencia para anteponer el bien común a la codicia y la ambición. En cualquier rincón del país, hay memoria suficiente para rescatar y enaltecer personajes cuya acción fue determinante para abrir caminos, luchar por la educación pública, mantener el agua como bien social, defender los bosques, la naturaleza y los animales de la voracidad depredadora del gran capital, velar por apertura y consolidación de los servicios de salud. Y, al lado de esas aventuras sociales por el bienestar de las personas más vulnerables, nos acompaña la creatividad, el humor y el saber popular. Pero la calidad humana a la que me refiero no atañe únicamente a quienes se dedican a la lucha social.

Este país no salió de la mediocridad de las dirigencias actuales que no saben, y lo alardean públicamente con impudicia, ni siquiera por cuál guerra mundial vamos. No, la ignorancia y la falta de cultura no han sido nunca la tónica. En Costa Rica, una diputada que osara afirmar que se pueden vivir dos años sin cultura, no habría sido vista con admiración. Por esa razón, tenemos un legado en literatura, pintura, grabado, escultura, música, arquitectura, ingeniería, medicina, ciencia y tecnología que no nos avergüenza. Todo lo contrario, nos debe llenar de regocijo y ganas de rememorar ese maravilloso legado.

La memoria social está intrínsicamente ligada a la identidad. Evidentemente, hay un aspecto, el académico, que corresponde a cada especialidad, fundamentalmente a quienes se dedican a la historia como ciencia social. Su guía es imprescindible. Sin embargo, la memoria es un ancho y vasto territorio en el cual andamos como sociedad, por lo que nuestra incidencia para rescatar, recordar, construir relatos y crear formas y diseños para homenajear y rendir tributos nos compete a todas las personas que nos sintamos identificadas y queramos participar y aportar.

El pasado nos convoca a realizar en la primera semana de noviembre de cada año una fiesta de los muertos a la tica. Vayamos a nuestras raíces en cualquier rincón en el que estemos, tenemos mucho que aprender y regalar a quienes nos seguirán en este camino. saquemos del baúl de los recuerdos a quienes destacaron por su entrega en diferentes momentos y demos homenaje a esos muertos que hoy nos inspiran.

¡Creatividad nos sobra!

Posteriormente, daremos a conocer un manifiesto para ser suscrito por personalidades de la cultura y la academia, colegios profesionales, organizaciones y personas individuales.

La ilusión constitucionalista

Escrito en . Publicado en Análisis.

Manuel Delgado

Costa Rica tiene dos patronas: la Virgen de los Ángeles y la Constitución Política. Sobre la fidelidad a la primera no tengo nada que decir. Sobre la segunda hay que resaltar que la Constitución desata toda una adhesión mística a su devocionario. Hablando de ella, se nos ponen los ojos en blanco, el corazón palpita con fuerza y el cerebro cesa sus impulsos cognoscitivos. He tenido la experiencia, incluso con gente inteligente y de izquierda, de que hablar mal de la constitución es peor que hablar de la Negrita de Cartago.

La pobre criatura esa, me refiero a la Constitución, es, sin embargo, un ser inanimado, un simple instrumento, bueno o malo según la mano que la esgrima.

Pero hay una cosa en la que no hemos pensado, y es que esta constitución es una norma espuria, nacida no de un consenso sino de una imposición por la fuerza.

Nuestra Carta Magna fue elaborada y declarada por una constituyente de la que fueron excluidos los dos principales partidos de la oposición, el Republicano de Calderón Guardia y el Comunista, que ya por entonces se llamaba Vanguardia Popular. Sus integrantes fueron electos en un periodo de terror político, cuando país era dirigido no por un gobierno legítimo sino por una junta de facto cuyo único sostén eran las armas y, por tanto, la represión.

La Asamblea Constituyente estuvo integrada principalmente por diputados ulatistas, 33 de 42, cuyo partido, dice la historiadora Clotilde Obregón Quesada, “era el único que tenía en sus manos el mecanismo para hacer propaganda”. Lástima que la historiadora no haya ahondado en esto. Había cinco diputados de un partido independiente, llamado Constitucional, tres del Social Demócrata, que luego pasaría a integrar el Partido Liberación Nacional, y uno del partido Confraternidad Nacional.

Los ulatistas, el Partido Unión Nacional, habían ganado las elecciones del 48, las cuales fueron declaradas fraudulentas y anuladas por el Congreso Nacional, la Asamblea Legislativa de entonces. Esa anulación sirvió de excusa para que Figueres iniciara la guerra civil.

Una vez terminada la guerra civil, Figueres y Ulate pactaron un procedimiento muy curioso: el primero gobernaría de facto y sin congreso por 18 meses, al cabo de los cuales le entregaría la presidencia a Ulate, reconociéndolo como ganador de las elecciones del 48, pero habría elecciones legislativas, desconociendo el resultado correspondiente de esas mismas elecciones. ¿Por qué un resultado era válido y el otro no? La cuestión tenía nombres y apellidos: la mayoría de los diputados electos en esas elecciones, repito, fraudulentas para una cosa pero válidas para otra, eran del partido calderonista y de los comunistas.

En momentos en que se realizaron las elecciones tanto para la constituyente como para la Asamblea Legislativa, los partidos Republicano y Vanguardia Popular estaban fuera de la ley, sus líderes en el exilio y sus dirigentes presos o escondidos. Ese mismo mes de diciembre de 1948 fueron asesinados los mártires del Codo del Diablo.

La otra parte del acuerdo era volver a llamar a elecciones generales en 1952-1953, pero la Constitución establecía que “no podrá ser elegido Presidente o Vicepresidente: 1.-el que hubiese servido la Presidencia en cualquier lapso dentro de los ocho años anteriores, etc…” Esto se aplicaba a los que hubieran servido la Vicepresidencia. Es decir, con nombres y apellidos, no podían postularse ni Calderón Guardia ni Teodoro Picado. Esa misma norma contemplaba una excepción: José Figueres Ferrer, presidente de la junta de gobierno, el cual sí siguió gozando de los derechos constituciones.

Calderón Guardia volvió a ser candidato en 1962. Teodoro Picado murió en el exilio en Nicaragua en 1960. A los comunistas de Vanguardia Popular se les niega su derecho a participar hasta 1970 (la norma constitucional que les prohibía participar se derogó hasta 1976). Así de democrática era la Carta Magna y quienes la aplicaban.

Hay una cosa muy extraña que nunca he encontrado debidamente explicada, y es que tanto en las elecciones de la constituyente de 1948 como las parlamentarias de 1949 las fuerzas afines al figuerismo (con esto me refiero al Partido Social Demócrata) tuvieron unas votaciones bajísimas. Electoralmente, el figuerismo se hace muy fuerte en las elecciones de 1953. ¿Cómo se explica ese vuelco?

Así que los mitos de la democracia y su constitución son solo eso: mitos de nuestra historia, plegarias de nuestro devocionario, que un político serio debe tomar con sentido crítico y espíritu de educador popular. En otras palabras, para hablar de la constitución y comer pescado, hay que tener mucho cuidado.

Cuando el misterio reemplaza a la evidencia

Escrito en . Publicado en Análisis.

Jaime E. García González
Dr. sc. agr., Prof. catedrático jubilado UCR y UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB)
biodiversidadcr@gmail.com

Las desapariciones de científicos alimentan teorías inquietantes, pero también revelan cómo el secretismo y la desinformación moldean la percepción pública.

La reciente desaparición de Ingrid Coleen Lane, neurocientífica y bioingeniera vinculada a investigaciones relacionadas con seguridad nuclear en Estados Unidos, volvió a encender en redes sociales y medios alternativos una vieja narrativa: la supuesta existencia de una cadena de científicos desaparecidos o asesinados en circunstancias misteriosas. Junto a su nombre reaparecieron casos como los de Anthony Chávez, Melissa Casias, Carl Grillmair, Michael David Hicks, Nuno Loureiro y William Neil McCasland, todos asociados de una u otra forma con proyectos científicos estratégicos.

Ingrid Coleen Lane

El tema ha sido ampliamente difundido por medios como Actualidad RT, que presentan estos hechos como una sucesión inquietante de episodios conectados. Sin embargo, análisis posteriores y recopilaciones periodísticas, como la publicada en Wikipedia sobre la teoría de los científicos desaparecidos, advierten que hasta ahora no existe evidencia sólida que demuestre una conspiración organizada detrás de estos acontecimientos.

Y precisamente allí aparece el aspecto más interesante del fenómeno: no solo importa lo que ocurrió, sino cómo las sociedades contemporáneas interpretan aquello que no logran explicar completamente.

Vivimos en una época marcada por la desconfianza institucional. Cuando un científico relacionado con programas nucleares desaparece sin dejar rastro, o cuando un investigador aeroespacial fallece en circunstancias poco claras, el vacío informativo rápidamente se llena de sospechas. La opacidad estatal, la cultura del secreto en áreas de defensa y la dificultad para acceder a información verificable crean el terreno ideal para que prosperen narrativas conspirativas.

No es un fenómeno nuevo. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética construyeron gigantescos aparatos científicos estrechamente ligados a intereses militares y geopolíticos. Desde el Proyecto Manhattan hasta la carrera espacial, el conocimiento científico pasó a convertirse en un recurso estratégico. Y donde existe poder estratégico, inevitablemente surgen secretismo, vigilancia y desinformación.

Sin embargo, convertir automáticamente toda desaparición en prueba de una conspiración puede ser tan problemático como negar cualquier interrogante legítima. Varias de las muertes y desapariciones mencionadas tienen explicaciones parciales, antecedentes personales complejos o investigaciones todavía abiertas. Otras simplemente fueron amplificadas en internet mediante asociaciones especulativas construidas sobre coincidencias profesionales.

Eso no significa que las preguntas deban descartarse. Las instituciones públicas tienen la responsabilidad de ofrecer información transparente y verificable, especialmente cuando los hechos involucran sectores sensibles vinculados a defensa, energía nuclear o investigación estratégica. El silencio prolongado y las respuestas ambiguas solo alimentan la incertidumbre social.

Pero el verdadero desafío contemporáneo parece ser otro: aprender a movernos entre dos extremos igualmente peligrosos. Por un lado, la ingenuidad que acepta sin cuestionar toda versión oficial. Por otro, la tendencia a interpretar cualquier vacío de información como prueba automática de conspiraciones globales.

Las redes sociales y ciertos medios digitales han convertido el misterio en un producto altamente rentable. La lógica algorítmica premia el impacto emocional, no necesariamente la evidencia. Así, historias complejas terminan reducidas a relatos simples de “científicos eliminados” o “secretos ocultos”, aunque la realidad sea mucho más ambigua.

Quizás la lección más importante de estos casos no sea demostrar la existencia de una conspiración internacional, sino evidenciar la profunda crisis de confianza que atraviesan las sociedades modernas. Cuando las instituciones pierden credibilidad, incluso las coincidencias comienzan a parecer sospechosas.

Y en tiempos donde la información circula más rápido que la verificación, el misterio suele expandirse mucho más velozmente que la verdad.

La presencia de China en América Latina

Escrito en . Publicado en Análisis.

José A. Amesty Rivera

La gente común de nuestros pueblos latinoamericanos ya no habla de China solamente como un país lejano que compra petróleo, hierro o soya, ahora se habla de una potencia que se está metiendo “hasta la cocina” en América Latina, y no solo en comercio, también en tecnología, puertos, carreteras, energía, telecomunicaciones, inteligencia artificial, vigilancia digital y hasta en el juego político de la región.

En 2026, China dejó de ser simplemente “un cliente grande”, hoy es uno de los actores más poderosos dentro de América Latina y está peleando cara a cara con EEUU y Europa por el control económico y estratégico del continente.

Y la verdad es que esto no pasa de la noche a la mañana; mientras América Latina se hunde entre deuda, crisis económicas, corrupción, industrias quebradas y gobiernos desesperados buscando financiamiento, Beijing llega ofreciendo plata rápida, obras gigantescas y tecnología sin sermones políticos ni condiciones incómodas.

Ahí fue donde China encuentra la puerta abierta, lo que hace veinte años parecía un simple negocio comercial, hoy es una transformación completa del mapa de poder latinoamericano.

China ya controla o participa en puertos, redes eléctricas, minas, telecomunicaciones, proyectos energéticos, satélites y sistemas tecnológicos sensibles; su influencia se mete desde las calles de Bogotá hasta las minas de litio en Bolivia, pasando por el petróleo venezolano y los puertos gigantes del Pacífico.

Y mientras muchos gobiernos celebran inversiones y acuerdos, otros advierten que la región podría estar entrando en una nueva forma de dependencia extranjera; porque sí, cambió el jugador, pero el riesgo de subordinación sigue allí.

El comercio es probablemente la cara más visible de esta expansión, china ya es el principal socio comercial de varios países sudamericanos, compra cantidades cuantiosas de soya, cobre, hierro, petróleo, carne y litio, mientras inunda la región con maquinaria, tecnología, paneles solares, productos industriales y vehículos eléctricos.

Hoy el comercio entre China y América Latina supera el medio billón de dólares al año, una cifra que hace dos décadas parecía pura ciencia ficción.

Pero detrás de estos números bonitos aparece una realidad incómoda; América Latina sigue exportando materia prima barata e importando productos industrializados, o sea, seguimos jugando el viejo papel de proveedores de recursos mientras otros se quedan con la tecnología, la industria y las ganancias grandes.

Brasil es uno de los mejores ejemplos. China se convirtió en el principal comprador de soya brasileña y también absorbe enormes cantidades de hierro, petróleo y carne; hay regiones enteras del agro brasileño que dependen directamente de lo que decida Beijing. Si China compra más, la economía rural respira, si China baja las compras, miles de productores tiemblan. Este nivel de dependencia ya preocupa dentro de sectores industriales brasileños, especialmente porque productos chinos mucho más baratos están golpeando fábricas locales y aumentando la vulnerabilidad económica.

Mientras tanto, empresas chinas avanzan sobre redes eléctricas, energía, puertos y telecomunicaciones. Huawei prácticamente se volvió protagonista del despliegue tecnológico brasileño y juega fuerte en las redes 5G.

Además, marcas chinas de vehículos eléctricos están entrando agresivamente al mercado latinoamericano, desplazando poco a poco a fabricantes occidentales. Y aquí es donde la pelea geopolítica se pone seria, porque el 5G no es solamente internet rápido, aquí también se juega inteligencia artificial, automatización industrial, vigilancia urbana y control de infraestructura crítica.

Washington lo sabe perfectamente, por esto Estados Unidos lleva años presionando a gobiernos latinoamericanos para frenar el avance tecnológico chino.

Argentina enfrenta otro escenario delicado. El país tiene una de las mayores reservas de litio del planeta, un recurso fundamental para baterías, autos eléctricos y toda la transición energética mundial. China ya se está posicionando fuerte dentro del llamado “triángulo del litio”, compartido con Bolivia y Chile. Pero además del litio, Beijing financió represas, ferrocarriles y proyectos energéticos argentinos. Y el punto más sensible sigue siendo la estación espacial china instalada en Neuquén, en plena Patagonia. Oficialmente es una base científica.

Extraoficialmente, muchos en Washington sospechan posibles usos militares o de inteligencia. Esto demuestra que la competencia entre China y EEUU ya no ocurre solamente en Asia o en el Mar del Sur de China, la batalla también se está jugando en territorio latinoamericano.

Chile ocupa otro lugar clave porque controla algunos de los minerales más importantes para el futuro energético global. El cobre chileno es vital para industrias tecnológicas y eléctricas, mientras el litio se vuelve prácticamente oro moderno; China ya participa en minería, energía y telecomunicaciones chilenas.

Y EEUU mira con preocupación proyectos relacionados con cables submarinos, centros de datos y redes digitales estratégicas, porque quien controle los minerales críticos y la infraestructura digital del futuro tendrá una ventaja brutal sobre la economía mundial.

Perú se ha convertido en uno de los principales laboratorios de expansión china en infraestructura; empresas chinas tienen enorme presencia en minas de cobre y oro, pero el proyecto que más preocupa a Washington es el megapuerto de Chancay. Este puerto, financiado con capital chino, podría cambiar completamente las rutas comerciales entre Sudamérica y Asia. Para Beijing, es una pieza estratégica dentro de su expansión marítima global, para EEUU, es otro punto de influencia china creciendo en el Pacífico latinoamericano.

Bolivia también entró de lleno en el tablero geopolítico gracias al litio. Durante años el país tuvo dificultades para industrializar sus reservas, y ahí apareció China ofreciendo financiamiento, tecnología y acuerdos industriales. Además, crecieron convenios relacionados con satélites, telecomunicaciones y vigilancia digital. Muchos ya llaman al litio “el petróleo del siglo XXI”, y no es exageración. El país o bloque que domine ese recurso tendrá poder enorme sobre la economía energética del futuro.

Venezuela representa probablemente uno de los vínculos más profundos entre China y América Latina. Durante años, Beijing prestó miles de millones de dólares respaldados con petróleo venezolano, incluso después del colapso económico, China mantuvo apoyo financiero, tecnológico y diplomático al gobierno venezolano. Empresas chinas participaron en telecomunicaciones, sistemas de monitoreo estatal y vigilancia digital, y esto encendió todas las alarmas en Washington. Porque para EEUU no se trata solamente de negocios, también ven una expansión de modelos de control político apoyados en tecnología china.

Colombia muestra otro fenómeno interesante, aunque históricamente fue uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en Sudamérica, China logró avanzar fuerte en infraestructura y tecnología. El metro de Bogotá, construido por un consorcio chino, es uno de los símbolos más visibles de ese avance. Incluso empresarios colombianos comenzaron a mirar más hacia Asia mientras algunos mercados occidentales se desaceleran; esto manda un mensaje clarísimo, hasta los aliados tradicionales de Washington están buscando diversificar relaciones.

México vive quizás el equilibrio más complicado de todos, su economía depende profundamente de EEUU, pero China ya se volvió clave en manufactura, electrónica y vehículos eléctricos. Washington acusa constantemente a empresas chinas de usar territorio mexicano para esquivar aranceles y entrar indirectamente al mercado norteamericano. Mientras tanto, fabricantes chinos siguen creciendo gracias a precios más baratos y producción masiva; México intenta jugar en ambos bandos sin romper con ninguno.

Panamá sigue siendo una joya geopolítica por el canal interoceánico; China entendió hace años que controlar rutas logísticas globales vale tanto como controlar petróleo o minerales. Empresas chinas participaron en puertos, infraestructura marítima y proyectos estratégicos vinculados al comercio internacional, y claro, EEUU no piensa quedarse tranquilo viendo cómo Beijing gana terreno en uno de los puntos más sensibles del continente.

Ecuador también recibió una ola fuerte de capital chino en hidroeléctricas, minería y petróleo, pero varios proyectos terminaron cuestionados por sobrecostos, fallas técnicas y dependencia financiera. Ahí nace otra discusión cada vez más fuerte en América Latina; ¿China realmente ayuda al desarrollo o simplemente está construyendo una nueva forma de dependencia?

Uruguay intenta mantener el equilibrio, comercia cada vez más con China, vende productos agrícolas y fortalece acuerdos tecnológicos, pero sin romper totalmente con Occidente.

Costa Rica tiene un peso simbólico importante porque fue uno de los primeros países centroamericanos en romper relaciones con Taiwán para reconocer oficialmente a China, desde entonces crecieron inversiones, cooperación tecnológica e infraestructura. Pero también aparecieron investigaciones sobre minería ilegal y tráfico de oro vinculadas a cadenas internacionales conectadas, supuestamente con el mercado chino. Esto demuestra la posibilidad que la expansión económica también puede mezclarse con redes criminales, corrupción y destrucción ambiental.

En Cuba y Nicaragua, la relación con China tiene además un componente político clarísimo, ambos gobiernos ven en Beijing un aliado frente a sanciones y presiones occidentales; China participa en telecomunicaciones, infraestructura y financiamiento estatal.

En Nicaragua, el acercamiento explotó después de romper relaciones diplomáticas con Taiwán. Y mientras eso ocurre, países como Paraguay enfrentan presiones económicas internas para acercarse también a Beijing.

La pelea diplomática entre China y Taiwán ya aterrizó de lleno en América Latina.

Uno de los sectores donde China avanza más rápido es el de vehículos eléctricos, marcas como BYD, Chery, Geely y MG están entrando con fuerza gracias a modelos más baratos y agresivos que muchos competidores occidentales, en este sentido, Brasil, México, Chile y Colombia son mercados prioritarios.

Esto acelera la transición energética, sí, pero también aumenta la dependencia tecnológica de cadenas industriales controladas por China. Huawei sigue dominando buena parte de las telecomunicaciones latinoamericanas pese a toda la presión de Washington, y aquí ya no estamos hablando solamente de celulares o internet, estamos hablando de inteligencia artificial, automatización, vigilancia urbana y seguridad nacional.

EEUU teme que China termine obteniendo acceso privilegiado a infraestructura crítica latinoamericana mediante estas tecnologías.

El espacio también entró en la pelea. China desarrolla cooperación espacial con Argentina, Bolivia, Venezuela y Brasil, oficialmente son proyectos científicos, pero Washington sospecha posibles usos militares duales. La competencia espacial ya dejó de ser cosa exclusiva de las superpotencias tradicionales.

América Latina ahora forma parte del tablero geopolítico; las críticas al avance chino son cada vez más fuertes. Muchos economistas creen que la región corre el riesgo de hundirse otra vez en el viejo modelo extractivista, que es, exportar recursos baratos mientras otros desarrollan industria y tecnología. Otros alertan sobre deuda, pérdida de soberanía y dependencia tecnológica.

Además, comunidades indígenas y grupos ambientalistas denuncian contaminación, destrucción ecológica y conflictos sociales relacionados con proyectos extractivos impulsados por empresas extranjeras, incluidas compañías chinas.

Pero al mismo tiempo, muchos gobiernos responden con un argumento sencillo, occidente nunca ofreció el nivel de financiamiento e infraestructura que ahora ofrece China, y aquí está la gran contradicción del asunto; para algunos, Beijing representa una oportunidad histórica de crecimiento, desarrollo, modernización y diversificación económica. Para otros, representa el nacimiento de una nueva dependencia extranjera disfrazada de cooperación.

Lo cierto es que en 2026 América Latina ya no es un simple espectador del conflicto global, ahora es uno de los campos de batalla más importantes de la disputa entre China y EEUU por recursos, tecnología, energía y control económico. China ya no es solamente un comprador de materias primas, se convierte en un actor profundamente metido en sectores clave de la región, como el litio, cobre, puertos, telecomunicaciones, inteligencia artificial, minería, energía, vigilancia digital y movilidad eléctrica.

La gran pregunta es si América Latina logrará usar esta relación para fortalecer industrias propias y ganar soberanía económica y desarrollo, o si terminará atrapada en un modelo de dependencia, deuda y control tecnológico extranjero. Porque la pelea por América Latina ya inició, y lo que pase en esta región durante las próximas décadas, podría definir buena parte del nuevo equilibrio mundial.

Ana Cecilia Jiménez: las etiquetas ideológicas funcionan como mecanismos de descalificación y “macartización” política

Escrito en . Publicado en Análisis.

En el marco del programa Alternativas, realizado recientemente bajo el tema “Más allá de las etiquetas: el lenguaje ideológico que oculta la desigualdad y la acumulación de riqueza en el sistema capitalista”, la socióloga, trabajadora social y presidenta de ACODEHU Ana Cecilia Jiménez Arce presentó una reflexión crítica sobre el uso de etiquetas ideológicas como instrumentos de descalificación política y construcción de discursos de odio.

El texto desarrollado por la autora, titulado “Estereotipos, etiquetas, el macartismo ideológico”, analiza cómo determinados conceptos y símbolos políticos son utilizados desde estructuras de poder mediático, político e ideológico para simplificar, estigmatizar y desacreditar a personas, movimientos sociales y corrientes de pensamiento.

Jiménez parte de una referencia al discurso del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante una cumbre de líderes progresistas realizada en Barcelona el 18 de abril de 2026. Allí, Sánchez reivindicó públicamente términos utilizados históricamente de forma peyorativa contra sectores progresistas, feministas, ecologistas o de izquierda.

La autora rescata especialmente la frase:

“Nunca te avergüences de tus ideales… el mundo necesita más gente como tú”.

A partir de ese punto, sostiene que las etiquetas ideológicas funcionan frecuentemente como mecanismos de “desdibujamiento del otro”, orientados a desacreditar adversarios políticos y construir imaginarios de amenaza social.

El documento plantea que expresiones como “zurdo”, “rojo”, “progre”, “verde” o “comunista” adquieren significados específicos dependiendo del contexto histórico y cultural donde son utilizadas. Según Jiménez, estas palabras dejan de ser simples categorías descriptivas y pasan a convertirse en instrumentos de confrontación política y exclusión simbólica.

En su análisis, la autora afirma que la prensa mediática y los sectores de ultraderecha utilizan frecuentemente discursos de odio y estrategias de simplificación ideológica para generar confrontación social y legitimar posiciones autoritarias.

Como ejemplo, menciona declaraciones y discursos políticos recientes en Costa Rica y América Latina, vinculados con la idea de “limpiar de comunistas” determinados espacios sociales o institucionales.

Jiménez sostiene que las etiquetas operan como “mapas simbólicos” cargados de contenido histórico, religioso, cultural e ideológico. Bajo ciertas condiciones políticas, afirma, esas etiquetas son utilizadas para menospreciar, deslegitimar y generar ambientes de agresividad irracional contra personas o colectivos.

El texto también analiza ejemplos históricos relacionados con el color rojo asociado al comunismo, la revolución y la amenaza durante la Guerra Fría, así como el uso del color verde para referirse a movimientos ecologistas, frecuentemente descalificados desde posiciones desarrollistas o extractivistas.

En esa línea, la autora cita al lingüista y analista político Noam Chomsky, señalando que el problema surge cuando las etiquetas “congelan significados” y reducen realidades políticas complejas a categorías simplificadas.

Jiménez concluye que las etiquetas, utilizadas desde grupos de poder en contextos históricos determinados, suelen asociarse a memorias de violencia política y mecanismos de persecución ideológica.

El documento cierra con una reflexión sobre las funciones simbólicas y prácticas de las etiquetas políticas, entre ellas la identificación rápida, la construcción de identidad colectiva, la simplificación mediática y la movilización emocional.

Como anexo, la autora incorpora además un comentario crítico sobre las tensiones entre el expresidente Miguel Ángel Rodríguez y el expresidente Rodrigo Chaves respecto al Poder Judicial, utilizando ambos casos para contrastar actitudes frente a la institucionalidad democrática y la rendición de cuentas.

La participación de Ana Cecilia Jiménez formó parte del espacio de análisis impulsado por Alternativas, dedicado a discutir el lenguaje ideológico y las formas discursivas utilizadas para ocultar desigualdades estructurales y procesos de acumulación de riqueza en el sistema capitalista.

Halcones de RAND: Cuba y Venezuela como objetivos

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José A. Amesty Rivera

En mayo del presente año 2026, la organización estadounidense RAND Corporation publicó un informe que prendió las alarmas en América Latina. El documento, llamado “Multiplicadores de poder en las Américas”, dice que Estados Unidos debe aumentar su presencia militar, política y de inteligencia en la región para frenar el avance de China, Rusia e Irán.

Aunque el texto habla de apoyo a fuerzas de seguridad, lucha contra el narcotráfico y combate a la corrupción, el mensaje de fondo parece otro, Washington quiere recuperar más control e influencia sobre América Latina.

RAND no es cualquier centro de estudios; desde la Guerra Fría ha trabajado muy cerca del Pentágono y de la política exterior de EEUU. Muchas de sus ideas terminan convertidas en decisiones reales del gobierno norteamericano. Por eso, cuando RAND habla de fortalecer operaciones militares, ampliar la cooperación de seguridad y aplicar estrategias de “guerra irregular”, no se siente como simple teoría, suena más bien como una advertencia política.

Además, el informe aparece en un momento delicado; el gobierno de Donald Trump ha endurecido nuevamente su discurso hacia América Latina, retomando ideas muy parecidas a la vieja Doctrina Monroe, América bajo la influencia de Washington.

En discursos recientes, funcionarios estadounidenses han dicho que China representa una amenaza para el continente y que América Latina debería volver a alinearse con EEUU.

Aunque el informe menciona varios países, Cuba y Venezuela aparecen otra vez como objetivos principales, no es casualidad, ambos gobiernos han mantenido relaciones cercanas con Rusia y China, además de buscar mecanismos económicos alternativos al sistema financiero dominado por EEUU.

RAND señala directamente que Rusia mantiene presencia política y militar en Cuba, Nicaragua y Venezuela, mientras China sigue creciendo mediante inversiones, infraestructura y acuerdos estratégicos.

Pero aquí aparece una contradicción clara; mientras Washington acusa a China de expandir su influencia, EEUU lleva décadas teniendo una presencia mucho más grande en la región, bases militares, cooperación militar, presión económica y acuerdos políticos.

En el caso de Cuba, el tema tiene un peso simbólico enorme; desde 1959, la isla ha sido uno de los pocos proyectos políticos latinoamericanos que ha resistido abiertamente la influencia estadounidense. El bloqueo económico ha golpeado fuerte a la población cubana, especialmente en los últimos años, pero aun así Cuba sigue siendo una referencia política para sectores de izquierda en América Latina.

En marzo de 2026, crecieron rumores sobre posibles acciones militares estadounidenses alrededor de la isla, aunque el Comando Sur negó planes de invasión, reconoció que mantiene capacidad militar activa cerca de Cuba y en la base de Guantánamo.

Eso deja claro que, aunque Washington no hable abiertamente de intervención, la presión militar sigue presente.

El caso venezolano es todavía más complicado; durante años, Venezuela fortaleció sus relaciones con China y Rusia en áreas como petróleo, defensa e infraestructura, esto convirtió al país en un punto clave de la disputa global entre Washington y sus rivales.

Medios internacionales reportaron que, después de operaciones estadounidenses realizadas a comienzos de 2026, contra el liderazgo venezolano, aumentó la presión política y militar sobre el país.

El informe de RAND encaja perfectamente en este escenario; el documento dice que hoy las diferencias entre amenazas estatales y grupos criminales son “difusas”, y esta idea preocupa, porque históricamente ese tipo de discurso ha servido para justificar sanciones, operaciones encubiertas e incluso intervenciones militares.

Esto ya pasó antes en América Latina; durante décadas, EEUU utilizó el argumento de la “seguridad nacional” para intervenir directa o indirectamente en países considerados contrarios a sus intereses. Guatemala en 1954, República Dominicana en 1965, Chile en 1973, Panamá en 1989 y las guerras en Centroamérica durante los años 80 son ejemplos claros.

Hoy el lenguaje cambió, ya no se habla tanto de comunismo, sino de narcotráfico, terrorismo, corrupción o influencia china o rusa; pero la lógica política se parece bastante, presentar una amenaza para justificar más control y presencia militar.

Otro de los temas centrales del informe es China; RAND deja claro que para EEUU el problema ya no es solamente el narcotráfico, sino también el crecimiento económico chino en América Latina.

Según declaraciones recientes del Comando Sur, Washington vigila puertos, proyectos espaciales e infraestructuras ligadas a empresas chinas en varios países latinoamericanos.

Estados Unidos dice que muchas de esas inversiones podrían tener uso civil y militar al mismo tiempo; este discurso recuerda bastante al que se utilizaba durante la Guerra Fría contra la Unión Soviética.

Pero para muchos gobiernos latinoamericanos, China representa otra cosa, financiamiento, comercio e inversiones sin las condiciones políticas tradicionales de Washington o del Fondo Monetario Internacional. Países como Brasil, Perú, Argentina, Bolivia y Venezuela han aumentado mucho sus relaciones con Beijing en los últimos años.

Obvio que China busca influencia, recursos y mercados, pero varios gobiernos de la región consideran que tener relaciones con distintas potencias les da más independencia y reduce la dependencia histórica de EEUU.

Aquí aparece otro tema sensible, la desdolarización. El crecimiento de mecanismos comerciales fuera del dólar preocupa mucho a Washington. Los BRICS y otros espacios internacionales impulsan alternativas financieras que podrían reducir el peso mundial de la moneda estadounidense.

Por eso RAND, insiste tanto en que el Pentágono debe responder también frente a la “presión económica” china y rusa. El problema es que esa lógica puede abrir la puerta a justificar acciones políticas o militares por motivos económicos.

Quizás lo más preocupante del informe es su tono; RAND dice que EEUU debe prepararse para actuar en escenarios de competencia, crisis y “guerra irregular”. También propone aumentar el uso de fuerzas especiales, cooperación militar y mecanismos de seguridad regional.

Al mismo tiempo, funcionarios estadounidenses han dicho recientemente que los carteles del narcotráfico solo pueden enfrentarse con fuerza militar.

Este discurso genera preocupación porque América Latina conoce muy bien las consecuencias de la militarización. La llamada “guerra contra las drogas”, impulsada durante décadas, dejó miles de muertos en países como México y Colombia sin resolver realmente el problema del narcotráfico.

Además, usar el crimen organizado como argumento para aumentar presencia militar extranjera puede terminar debilitando la soberanía de los países de la región.

Muchos analistas creen que detrás de todo esto hay una pelea mucho más grande, el control político y estratégico del continente en medio de la competencia mundial entre Estados Unidos y China.

Lo que está pasando se parece cada vez más a una nueva Guerra Fría, ya no entre capitalismo y socialismo, sino entre un mundo dominado por EEUU y otro más multipolar.

En esta disputa, América Latina vuelve a convertirse en una región estratégica; petróleo, minerales, rutas comerciales, telecomunicaciones y mercados hacen que el continente tenga un valor enorme para las grandes potencias.

Cuba y Venezuela aparecen como símbolos de resistencia frente a la influencia estadounidense, mientras China y Rusia aprovechan las tensiones históricas entre Washington y varios gobiernos latinoamericanos para ganar espacio.

La gran pregunta es si América Latina podrá mantener cierta independencia o terminará atrapada otra vez entre potencias mundiales.

El informe de RAND deja claro que sectores del poder estadounidense creen que llegó el momento de recuperar influencia política y estratégica en el continente, pero América Latina ya no es la misma de hace décadas, hoy existen gobiernos, movimientos sociales y alianzas internacionales que buscan más autonomía.

Por eso, cualquier intento de imponer presión extrema o soluciones militares podría aumentar todavía más la tensión y la inestabilidad en la región.

Al final, detrás de términos técnicos como “asistencia de seguridad”, “guerra irregular” o “multiplicadores de poder”, aparece una realidad vieja y conocida, la pelea por el control político y económico de América Latina sigue viva, y Cuba y Venezuela continúan estando en el centro de esa disputa.

Democracia con dueño

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Manuel Delgado

Más de 71.000 millones de colones fue lo recaudado por los partidos políticos en la pasado contienda electoral. Eso es casi el doble de lo que el TSE tenía previsto como deuda política para este proceso.

Solo el partido oficialista colocó en bonos la suma de 3.481 millones de colones después de las elecciones, es decir, el 22% del total de la gigantesca suma gastaba por esa entidad política. Tres inversionistas, tres personas físicas, adquirieron bonos por 556 millones, un 64% de los colocados en febrero y marzo.

A este mismo partido 10 inversores le aportaron 2.000 millones de colones. De esos, cuatro aportaron 1.262 millones.

Otros montos de la campaña dejan mucho que pensar. Por ejemplo, de la veintena de partidos participantes, solo cinco se repartieron esas sumas gigantescas. Los demás, chitón y tragar pa’adentro.

En la elección presidencial cada sufragio les costó 5.527 colones. Fue una elección de y para los ricos.

Esos datos solos, así de fríos, son capaces de hacernos pensar acerca de la calidad democrática de nuestro sistema electoral y, en general, de nuestro sistema político. ¿Es nuestra democracia tan democrática como se obstinan en repetirnos?

Lo cierto es que la campaña electoral, los representantes electos y la democracia misma tienen dueños: son 292 financistas y 23 medios de comunicación (entre ellos Trivisión y Repretel, que aportaron al PSSO 131 y 126 millones, respectivamente), los cuales pusieron la mayor cantidad de dinero y además se repartirán 12.827 millones de la deuda política. Y esos financistas no son filántropos: ellos cobran unas tasas de redescuento altísimas, a veces de un 40%, es decir, que el partido les vende bonos por 100 pero estos solo reciben 60. Lo otro es ganancia neta del financista y a costa de su dinero y el mío, pues el estado es el que al final paga a través de la deuda política.

Los que no estamos en ese grupo de elegidos no tenemos ninguna posibilidad de elección y menos de hacer escuchar nuestra voz. Ellos son los que mandarán en los próximos cuatro años y no sabemos por cuántas décadas más.

“La ley se estira y se encoge según a quien se le aplica, esto pasa en todas partes, pero más en Costa Rica”, decía Aquileo Echeverría. Pues lo cierto es que nuestra santa democracia no ha sido ni tan santa ni tan democracia como nos la pintan. Así, con marca de gamonal, vendiéndose al que mejor paga, así ha andado esa señora desde que era joven.

En la primera mitad del siglo pasado el fraude era santo y señor. Los partidos tenían unos tipos sagrados que, al decir de la gente, “lo sabían hacer”, es decir, eran maestros en el fraude. Y no se crea que por eso los despreciaban. Al revés, eran muy respetados no porque hicieran buenos negocios, que también los hacían, ni porque desfalcaran al fisco, que también lo desfalcaban, sino simplemente “por lo sabían hacer” y por eso había que estar bien con ellos.

El fraude, además, tenía otros ropajes. Ricardo Jiménez Oreamuno fue obligado a dejar su cuarta y última postulación a punta de cruceta, es decir, a punta de garrote. Don Ricardo, el viejo liberal, se había aliado entonces con los comunistas y el presidente León Cortés mandaba a sus matones a deshacerle por la fuerza sus mitines. Don Ricardo, ya muy viejo, renunció y se fue para su casa y las elecciones las ganó cómodamente Calderón Guardia.

Así transcurrió el siguiente proceso electoral, en que resultó electo Teodoro Picado, y el siguiente, supuestamente ganado de Otilio Ulate. Para entonces el poder electoral lo manejaba la oposición.

Algunos políticos de alto ruedo habían llamado ya al cambio de la institución electoral y habían propuesto un tribunal electoral no dependiente ejecutivo, sino otro similar al que tenemos hoy en día, disimuladamente neutral. La propuesta vino de Fernando Soto Harrison, que fue fundador del partido de Calderón Guardia y ministro de calderonismo. Cuando su propuesta fue rechazada y arrolló sus bártulos y se fue tranquilo a vivir a Estadios Unidos. Él mismo fue el que, poco antes de morir, me contó muchas de las cosas que aquí he narrado.

Entonces el poder electoral siguió controlado por el ejecutivo, quien lo puso en manos de la oposición después de la huelga de brazos caídos. Ese tribunal permitió el fraude en favor de Ulate. Los resultados fueron anulados por la Asamblea Legislativa, quien llamó a nuevas elecciones. Entonces esa anulación sirvió de excusa para que Figueres se lanzara a la guerra civil. Prefirió la guerra fratricida a unas nuevas elecciones, y así pasó a la historia como el apóstol de nuestra democracia.

Luego vinieron 18 meses de gobierno de facto, luego un gobierno de Otilio Ulate que no eligió nadie, y más tarde el primer gobierno constitucional de José Figueres Ferrer, electo en una contienda en que los dos principales partidos de oposición, el calderonista y el comunista, estaban fuera de ley y sus líderes en el exilio.

Pasaron dos largas décadas de ilegalización y persecución de los partidos de izquierda. A costarricenses ilustres se les negaron los derechos políticos, entre ellos a Joaquín García Monge, a Enrique Obregón Valverde, a Víctor Manuel Arroyo y, por supuesto, a Manuel Mora Valverde y sus compañeros.

No fue sino hasta 1970 que el partido de los comunistas pudo participar en elecciones y lo hizo gracias a un truco parlamentario. Sucede que Vanguardia Popular había tratado de inscribir el Partido Acción Socialista (PASO). Como al partido lo ponían fuera de ley con cualquier excusa, entre ellas la de que su bandera se parecía a la de Tanzania, Vanguardia propuso la bandera de los cuatro colores: negro, azul, rojo y verde. Nosotros decíamos que era la bandera de los cinco colores: lo cuatro del trapo y el que se daba uno cuando la llevaba.

Pues bien, el TSE puso a este partido y a su horrible bandera fuera de ley. Pero resulta que la prohibición tenía que ser ratificada por la Asamblea Legislativa. Diputados amigos hicieron largas, llegó el día del receso parlamentario y entonces, con la asamblea en receso, la prohibición del TSE no se pudo aplicar. Un mes tuvo el partido para armar su campaña electoral, enero, y con esa corta campaña eligió dos diputados, a Manuel Mora y a Marcial Aguiluz.

Años más tarde, en 1984, el TSE volvió a ilegalizar un partido que intentó inscribirse con el nombre de Partido Comunista Costarricense, pero esa es otra historia.

Ahora volvemos al presente con el panorama descrito al comienzo. Las delegaciones de la OEA y de la Unión Europea hicieron señalamientos serios sobre esta situación. Dijeron, por ejemplo, que había fuertes indicios de que la campaña había sido financiada con dinero más habido, posiblemente proveniente del narcotráfico. Nuestra financiación, dice la comisión de la UE, es “ampliamente considerada susceptible de ser utilizada para el blanqueo de capitales procedentes de fuentes ilícitas”.

Llamaron a establecer un sistema de financiamiento “que garantice recursos oportunos para todos los partidos políticos —nacionales, provinciales y cantonales— y reduzca la dependencia del financiamiento privado”.

Propusieron abrir espacios en los medios de comunicación para todos los partidos, grandes y pequeños. Ambos llaman a establecer límites a aportes privados.

Yo siempre he creído, y he propuesto muchas veces, que el Estado, que de todos modos es el que va a pagar los gastos, mantenga los millones correspondientes a la deuda política en líquido, y que los ofrezca a los partidos con tasas de redescuento muy bajas o con ninguna, con el fin de evitar que los partidos recurran al inversor privado. Sería un gran ahorro para todos, pero, claro, una enorme pérdida para los inversores.

La democracia costarricense es un sistema de poder de una clase, es un instrumento al servicio de la oligarquía nacional, íntimamente emparentada con el capital extranjero. Es un instrumento de opresión sobre las clases populares. Eso no va cambiar con reformas. Para que haya un verdadero giro de timón debe haber antes un cambio de timonel. Para que sea una democracia para todos, habrá que quebrar ese sistema de dominio de la oligarquía y sustituirlo por el sistema de dominio del pueblo trabajador. Denunciar esto es lo más útil y lo más importante.

No obstante, se pueden proponer reformas, como esas adelantadas por las comisiones de la OEA y la Unión Europea. ¿Habrá quien le ponga el cascabel al gato? Esa llamada alianza opositora, ¿se atreverá a tocar los grandes intereses que los financistas o les dará miedo quedarse sin ayuda de ellos en las próximas elecciones? Cada uno tiene el derecho a tener su opinión. Yo apuesto a que no se van a atrever a mover un dedo y que en cuatro años estaremos repitiendo lo mismo que hoy.