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¿Por qué ahora?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Los centros comerciales les empiezan a restringir la entrada por motivos de seguridad. En ciertos negocios el derecho de admisión es aplicado y su presencia es prohibida.

Este febrero tan distópico como largo nos ha traído a Costa Rica la aparición del fenómeno Therian, asociado a corrientes de comunidades digitales que buscan agregación bajo la premisa de identificarse como un “animal no humano”, actuar como uno de ellos, sentir como uno de ellos.

El tema ha emergido como la espuma. Es cierto que alguno tipo de pánico moral sentir se ha instalado y ha dejado salir juicios de valor en contraposición al argumento. Y es que ciertamente en épocas de redes sociales la crispación, el linchamiento y el juzgamiento ad portas están a la orden del día.

Resulta curioso conocer que este fenómeno emergió hace 25 años en la sociedad estadounidense, vinculado con las primeras identidades digitales que parecieron con la internet como nuevo vector social.

Antes de considerar algunos elementos en el orden sociológico que nos ayuden a entender estos comportamientos, quizá debamos recordar un aspecto que acompaña el desarrollo histórico de las sociedades.

Hemos dicho que cada escenario social está marcado en su tiempo y espacio por una estética hegemónica y predominante. Y a cada una de ellas corresponde entonces una práctica antiestética que no necesariamente busque una transformación estructural en el orden de las cosas.

Estas antiestéticas, dicho sea de paso, tienen a las personas jóvenes como principales representantes. En el caso de Costa Rica recordamos a los camisetas negras, los punk, los skinheads, los Emo, como expresiones de una respuesta contracultural en un mundo organizado de cierta manera.

En particular y desde el plano sociológico, la irrupción mediática y viral de los grupos Therian parece ir más allá de un elemento cuantitativo. La masividad no es característica aún en un país como el nuestro, pero sí lo son las narrativas alrededor de su presencia y posible amenaza: es la antiestética del otro operando sobre el miedo y la incertidumbre ante lo estraño, lo que se sale del modelo.

Tres elementos por ahora nos acompañan en la argumentación:


  1. Identidades emergentes: apelamos a Sigmund Bauman en su explicación sobre las identidades líquidas, marcadas por la crisis de las instituciones tradicionales como la familia, el trabajo, la religión y la pérdida de los relatos que antes nos articulaban en un proyecto colectivo: la nación, al decir de Benedict Anderson, ha dejado de ser imaginada. Por otra parte, Judith Butler nos inquiere en su propuesta acerca de la performatividad de las identidades. Es decir, estamos en presencia de procesos que de construyen y rompen el molde de lo establecido.



  2. Tribus urbanas. El sociólogo francés Michell Mafesoli ya lo había señalado décadas atrás: se trata de colectivos caracterizados por la agregación de intereses, agrupaciones que comparten estilos, valores y formas de apropiarse del espacio urbano.



  3. Construcción del espacio social desde las redes sociales. Acá aparece la relación entre lo privado y lo público en la que el cuerpo cobra un lugar central. El sociólogo mexicano Rodrigo Parrini habla de los “cuerpos incircunscritos” para referirse a aquellas corporalidades públicas y expresivas.


Tras estas tres dimensiones, se deben acotar dos últimos señalamientos: se trata de un fenómeno fuertemente asociado a las identidades digitales contemporáneas y su aparición en Costa Rica hoy está asociada con un rasgo absolutamente estructural.

Hace mucho tiempo dejamos de hablarnos como sociedad. Y los vasos comunicantes intra y entre generaciones se disiparon. Esto ha afectado particularmente a los sectores jóvenes de nuestra sociedad.

Recordemos un estudio publicado en 2025 por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES) sobre las percepciones de las personas jóvenes costarricenses acerca de la democracia y el autoritarismo.

Cuando se les consultó sobre los principales problemas que los aquejan como generación señalaron La pobreza, el desempleo y la falta de acceso a derechos como la salud y la educación (un 55%) así como el crimen organizado y el narcotráfico (un 50%).

Todas estas son variables que explican un vacío cultural que es trastocado en estas identidades líquidas y performativas. Es tiempo entonces de hacer observación crítica y dimensionar la temporalidad con la que estas prácticas suelen aparecer y luego disiparse. Tras las máscaras hay alguien que desde hace rato quiere hablarnos.

Los retos como sociedad son mayúsculos: la violencia, la exclusión, la discriminación y la construcción de un sentido colectivo esperan por nuestras mejores energías. Usémoslas allí, entonces.

La batalla diplomática de cara a la designación del (de la ) futuro(a) Secretario(a) General de Naciones Unidas: breves apuntes

Escrito en . Publicado en Análisis.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com

El pasado 2 de febrero, con el apoyo de Brasil y de México, Chile ha oficializado la candidatura de su ex Presidenta, Michele Bachelet, para ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas (véase comunicado oficial de Chile). Se trata de un anuncio tripartita bastante inusual, y que posiblemente, responda a los resultados de las elecciones pasadas en Chile y a la inminente llegada de nuevos dirigentes en Chile, poco afines con la ex Presidenta Michele Bachelet (y que asumirán sus funciones oficialmente a partir del 11 de marzo del 2026 en Santiago). Consultas previas al anuncio explican que Chile tomara varias semanas, tal y como se indica en esta nota de prensa de enero del 2026, antes de inscribir oficialmente a la candidata chilena.

Este anuncio conjunto fue precedido en el mes de noviembre del 2025 por el anuncio hecho por Argentina de postular a uno de sus nacionales, Rafael Grossi (véase comunicado oficial de Argentina), y, en octubre del 2025, por otro anuncio oficial, proviniente esta vez de Costa Rica, al oficializar la candidatura de una de sus nacionales, Rebecca Greenspan (véase comunicado de prensa). 

Es de notar que en agosto del 2025, en Argentina su actual candidato confirmó a medios de prensa locales su intención con respecto a su posible candidatura (véase nota de prensa).

Desde el punto de vista histórico, cabe recordar que el primer (y único hasta la fecha) Secretario General oriundo de América Latina fue peruano (el ex canciller de Perú, designado en octubre de 1981, sustituyendo a otro ex canciller – de Austria –  en el puesto, designado en octubre de 1971). 

Siempre desde la perspectiva histórica, nunca desde 1945 el cargo de Secretario General de Naciones Unidas fue ocupado por una mujer. 

Un consenso mundial ante la disonancia regional

Pareciera existir un consenso a nivel internacional para que esta vez, sea el continente latinoamericano el que proceda a postular a candidatos(as) para que sean designados(as) como futuro(a) Secterario(a) General de Naciones Unidas.

Ahora bien, el que se observe en estos últimos meses a las diplomacias de Argentina por un lado, asi como la de Costa Rica por otro, y tres Estados como Brasil, Chile y México apoyando una tercera candidatura de una nacional chilena, refleja la capacidad limitada de llegar a un consenso en la región de América Latina. 

Ni siquiera parecieran los Estados de la región estar en capacidad de ponerse de acuerdo sobre el punto de saber si la persona llamada a dirigir los destinos de la Secretaria General de Naciones Unidas debe ser un hombre, o bien una mujer.

En el marco de un foro regional como la CELAC (siglas de Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe), la desunión sobre este punto particular es palbable entre sus 33 integrantes, entre otros varios puntos de la agenda regional latinoamericana y caribeña.

No existe un formato de cumbre «CELAC / Rusia» ni «CELAC / Estados Unidos» que permita valorar si estos dos Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Rusia y Estados Unidos) han tomado nota de la voluntad del continente latinoamericano de ver a uno(a) de sus nacionales convertirse en (o la) futuro(a) Secretario(a) General de Naciones Unidas.

En cambio, durante la última cumbre China / CELAC, realizada en China en el mes de mayo del 2025 (véase texto completo colgado por la diplomacia de Colombia) el punto 13 se lee como sigue:

«13. China toma nota de la posición de los países de la parte de ALC de que ha llegado el momento para que una persona nacional de un Estado de América Latina y el Caribe asuma la Secretaría General de las Naciones Unidas, considerando que, de los nueve Secretarios Generales que ha tenido la ONU hasta la fecha, sólo uno ha sido originario de la región». 

En la parte final de esta declaración final, se indica que el punto siguiente (el punto 14) no contó con la aprobación de Costa Rica (sin que se tenga explicación oficial alguna desde entonces) y que Argentina consideró oportuno no hacerse presente en la plenaria de esta cumbre: «La República Argentina estuvo ausente del Plenario Ministerial en la Cuarta Reunión del Foro CELAC-China y no participó en la adopción de estos documentos«.

En noviembre del 2025, en otra cumbre, esta vez CELAC / UE (Unión Europea), se precisó en la declaración final adoptada (véase texto integral, y en particular el punto 21) que:

«21.The European Union takes note of the position expressed by the countries of Latin America and the Caribbean to have a national of the region serve as the next Secretary-General of the United Nations».

Nuevamente la diplomacia de Argentina consideró oportuno hacer ver de manera estridente ante los 27 Estados europeos y ante el resto del continente americano su profundo descontento con algunos puntos. La cacofonía de América Latina se dejó entrever de manera mucho más llamativa esta vez, al precisarse el final del texto de esta declaración final lo siguiente: «The Argentine Republic dissociates from paragraphs 10, 15, 18, 42, 44, the reference to “gender” in paragraph 9, the reference to “Pact for the Future” from paragraph 20 and the reference to “Agenda 20230 and its 17 Sustainable Development Goals SDGs” in paragraph 22; the Republic of Costa Rica dissociates from paragraphs 10 and 18; the Republic of Ecuador dissociates from paragraphs 10, 15 and 18; the Republic of El Salvador dissociates from paragraphs 10 and 18; the Republic of Panama dissociates from paragraphs 10 and 15; the Republic of Paraguay dissociates from paragraphs 10, 15, 18, 20, 22 and 44; the Republic of Trinidad and Tobago dissociates from paragraph 10 and from the reference to “We reiterate the importance of regional migration dialogue frameworks” in paragraph 47; the Bolivarian Republic of Venezuela withdraws from the declaration«. En el caso de Costa Rica, se desconoce si alguna explicación oficial fue aportada por parte de sus autoridades para explicar su objección a los puntos 10 (América Latina como Zona de Paz y apoyo a la lucha contra el narcotrafico en alta mar) y 18 (levantamiento del embargo a Cuba) de esta declaración final, puntos igualmente objetados por El Salvador. No se tiene conocimiento por parte de la diplomacia de Paraguay (objetando seis puntos), de Argentina (cinco puntos) y de Ecuador (tres puntos) de justificaciones aportadas oficialmente para explicar estas objecciones, ni tampoco de Venezuela (optando por rechazar todo el texto como tal). 

El levantamiento del embargo a Cuba: algunos apuntes

Observar a Estados del continente latinoamericano cuestionar la condena al embargo a Cuba y objetando que se exiga su levantamiento, ante al consenso existente a nivel internacional, resulta bastante llamativo. 

No está de más recordar que en el 2016, la resolución anual que se adopta en la Asamblea General de Naciones Unidas exigiendo el levantamiento del embargo a Cuba fue adoptada con 191 votos a favor y una abstención (la de Estados Unidos), tal y como lo analizamos en esta nota nuestra de octubre del 2016. 

En octubre del 2024, el mismo texto fue adoptado con 187 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y un Estado optando por abstenerse (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas). 

En cambio, en el último ejercicio de esta naturaleza (octubre del 2025), el voto registrado fue de 165 a favor, 7 en contra (entre los cuales Argentina y Paraguay) y 12 abstenciones (entre las que figuran las de Costa Rica y de Ecuador). Estos números del 2025 reflejan el nivel de presiones que ejerce Estados Unidos sobre algunos Estados, en particular desde la llegada a la Casa Blanca de su actual ocupante (21 de enero del 2025).

El procedimiento previsto en breve y la experiencia previa de Costa Rica (en breve igualmente)

Más allá de las posiciones ahora encontradas sobre el embargo a Cuba, de la disonancia reinante en el continente americano y de algunas objecciones de Costa Rica no explicadas a temas que se pueden considerar medulares en declaraciones internacionales de este tipo, en la Carta de Naciones Unidas suscrita en 1945 es realmente muy poco lo que se indica sobre el procedimiento a seguir para la designación del Secretario General, al precisar solamente que:

«Artículo 97

La Secretaría se compondrá de un Secretario General y del personal que requiera la Organización. El Secretario General será nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. El Secretario General sera el más alto funcionario administrativo de la Organización«.

En una carta con fecha del 25 de noviembre del 2025, la Presidenta de la Asamblea General y el Presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas recordaron a los Estados miembros de Naciones Unidas el procedimiento establecido para presentar postulaciones a este importante cargo dentro de Naciones Unidas, a definirse en el marco de la próxima Asamblea General de Naciones Unidas (a realizarse en septiembre/octubre del 2026). Se considera que nuevas candidaturas pueden presentarse en estos primeros meses del 2026, sin que la precitada carta fije una fecha límite para ello. En esta misma misiva del 25 de noviembre, se lee que:

«Noting with regret that no woman has ever held the position of Secretary-General, and convinced of the need to guarantee equal opportunities for women and men in gaining access to senior decision-making positions, Member States are encouraged to strongly consider nominating women as candidates. We note the importance of regional diversity in the selection of SecretariesGeneral«.

Como bien se sabe, la Asamblea General vota por un candidato (o lo aclama por unanimidad) luego de haber recibido una recomendacion por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

En el caso de Costa Rica, habíamos tenido la oportunidad de analizar su fracasado intento en el 2016, al designar a una nacional con un perfil bastante original con respecto a la hoja de vida que usualmente poseen las personas designadas por Estados para ser postuladas a este importante puesto dentro del organigrama de Naciones Unidas (usualmente, ex cancilleres, ex primer ministros, o ex jefes de Estado): al respecto, se puede consultar la hoja de vida de cada uno de los 13 aspirantes al cargo disponibles en este enlace oficial de Naciones Unidas, enlace el que se detalla la contienda del 2016 (en la que, además de una nacional de Costa Rica, participó una de Argentina, frente a 10 candidaturas provenientes de Europa y una de Nueva Zelanda). En la contienda del 2006, fueron siete candidaturas las presentadas (seis de Asia, una de Europa), de las que resultó designado el candidato de Corea del Sur (véase enlace).

Con respecto al proceso observado en el 2016, nos permitimos remitir a nuestros estimables lectores a esta nota nuestra publicada en el sitio jurídico especializado de DIPublico (Argentina) en septiembre del 2016, con ocasión del cuarto sondeo informal dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Este cuarto sondeo informal selló definitivamente la suerte de quien finalmente sería designado en diciembre del 2016, el actual Secretario General de Naciones Unidas (ex primer ministro de Portugal), en sustitución del anterior Secretario General (ex canciller de Corea del Sur) designado en octubre del 2006, luego de terminar su mandato el Secretario General anterior (ex vice primer ministro y excanciller de Egipto), designado en diciembre de 1991. 

Tuvimos la oportunidad de analizar en una nota anterior el segundo sondeo en el seno del Consejo de Seguridad (véase nuestra nota publicada en DIPublico en agosto del 2016) que ya indicaba las posibilidades (bastante remotas) de la candidata costarricense, y de elaborar una nota anterior con ocasión del primer sondeo informal realizado por el Consejo de Seguridad, el mismo 21 de julio del 2016.

Es de recordar que fue por aclamación de la Asamblea General que fue designado el actual Secretario General de Naciones Unidas en octubre del 2016, luego de ser recomendado por el Consejo de Seguridad (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas). En junio del 2021, el Consejo de Seguridad adoptó una resolución endosando un segundo mandato para el actual Secretario General (véase la resolución 2850 adoptada el 8 de junio del 2021).

Un detalle de forma que plantea algunas interrogantes

Por alguna razón, que sería de cierto interés conocer, en este enlace oficial de Naciones Unidas sobre el proceso iniciado en el 2025 de cara a designar a un persona con el puesto  de mayor responsabilidad dentro del organigrama de Naciones Unidas, por un mandato de cinco años y renovable, únicamente aparecen la candidata chilena y el candidato argentino, con sus respectivas hojas de vida y su visión a futuro de la organización. 

Este mismo enlace en idioma castellano mantiene las mismas dos únicas candidaturas, con acceso a su hoja de vida, su trayectoria y su visión a futuro de la organización: se trata de documentos de cierta importancia, que permiten a la comunidad internacional y en particular a los 191 Estados restantes que integran a Naciones Unidas, conocer un poco mejor a cada una de las personas postuladas y la visión que defienden sobre el futuro de la organización mundial, en particular ante los numerosos retos que debe enfrentar. 

Al parecer, un trámite que sí realizaron en meses pasados ante Naciones Unidas Chile por su parte y Argentina por otra parte, al menos a la fecha de redactar estos apuntes (23 de febrero del 2026), no se ha realizado por parte de las autoridades diplomáticas costarricenses.

Naciones Unidas: dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad haciendo de las suyas con la Carta de Naciones Unidas  y con la justicia penal internacional en tiempos recientes

Como bien es sabido la organización de Naciones Unidas enfrenta retos cada vez mayores, y ha sido objeto de fuertes cuestionamientos en los últimos tiempos.

En particular luego de la agresión militar de Rusia contra Ucrania iniciada el 24 de febrero del 2022 y luego de la respuesta militar insensata de Israel al ataque sufrido el 7 de octubre del 2023, cuyas autoridades militares han reconocido recientemente el saldo de victimas mortales (véase al respecto nuestra nota titulada «Gaza / Israel: un reconocimiento por parte de militares en Israel sobre la cifra de muertes en Gaza que plantea algunas interrogantes en Costa Rica«). En ambos casos, se ha observado a dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad fomentar violaciones graves a disposiciones fundamentales de la Carta de Naciones Unidas (de manera directa en el caso de Rusia, indirecta en el caso del apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel), con ambos llegando incluso, por razones distintas, a adoptar sanciones contra jueces y contra el mismo Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya. 

Ante violaciones tran graves de la normativa internacional existente, Ucrania ha acudido a la CPI y a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), asi como al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de Naciones Unidas. De igual manera, Palestina ha recurrido a todos los mecanismos existentes, incluyendo a la CPI y a la CIJ, para hacer valer las normas internacionales que protegen el territorio palestino ocupado por Israel. En ambos casos, las demandas están en trámite y pendientes de resolución, en particular para Palestina, la posibilidad que la CPI juzgue a dos altos responsables de Israel, incluyendo a su actual primer ministro, objeto de una orden de captura por parte de la CPI desde noviembre del 2024.

Estados Unidos se ha mostrado incluso más «creativo» en materia de sanciones que Rusia: en el mes de julio del 2025, una reconocida ONG como Amnistía Internacional calificó de «vergonzosas» las sanciones tomadas por Estados Unidos contra, esta vez, ya no integrantes de la CPI, sino contra la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Palestino, la jurista italiana Francesca Albanese (véase comunicado de prensa).Tuvimos la oportunidad de analizar su tercer informe sobre Gaza del mismo mes: remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota titulada «Gaza / Israel: reflexiones desde una Costa Rica omisa sobre reciente informe de Naciones Unidas detallando la responsabilidad directa de empresas privadas en el genocidio en curso en Gaza«. 

Quisiéramos agradecer al equipo editorial de LaRevista.Cr por habermos concedido una extensa entrevista para conmemorar en el 2025 las 80 primaveras de las Naciones Unidas, en la que pudimos profundizar algunos aspectos relacionados a estas fuertes críticas contra la organización ante al drama indecible que se vive en Gaza (véase entrevista). Dicho sea de paso, la primavera 79 de la organización en el 2024 nos permitió en ese mismo espacio, reflexionar sobre los diversos desafíos que enfrenta Naciones Unidas, y que siempre se mantienen en este inicio del 2026 (véase entrevista).

Un 2026 que inicia con una fuerte arremetida de Estados Unidos contra la Carta de Naciones Unidas y contra el multilateralismo

 El 3 de enero del 2026, Estados Unidos volvió a violar las reglas más elementales del derecho internacional plasmadas en la Carta de Naciones Unidas, con un ataque militar contra Venezuela para capturar a su mandatario y entregarlo a la justica norteamericana.

Este ataque fue precedido de violaciones reiteradas a las reglas internacionales en materia de captura y secuestro de cargamentos de droga en altamar y de naves sospechosas, realizadas frente a las costas de Venezuela desde el mes de septiembre del 2025. Es de notar que a la fecha de redactar este texto (23 de febrero del 2026), Venezuela no ha acudido a la CIJ, ni a la CPI, ni al Consejo de Seguridad, ni a la Asamblea General, como sí lo hicieron en su momento Ucrania y Palestina. Hay que tener claro que nadie puede sustituirse a Venezuela como Estado para reclamar por algun tipo de reconocimiento de responsabilidad internacional de Estados Unidos por parte de una jurisdicción internacional en lo ocurrido el 3 de enero del 2026, con todas las consecuencias legales que ello implica. En 1986, Nicaragua obtuvo una histórica sentencia de la CIJ contra Estados Unidos, por adiestrar, financiar y asesorar a fuerzas contrainsurgentes en su contra.

El 7 de enero del 2026, Estados Unidos anunció a la comunidad internacional que se retira de una importante lista de organizaciones internacionales en muy variados temas, so pretexto que atentan contras los intereses norteamericanos (véase el texto integral de esta inusual Executive Order).

La amenaza de Estados Unidos con recurrir a la fuerza contra Irán hecha desde inicios del 2026 constituye otra muy clara violación a una disposición fundamental de la Carta de Naciones Unidas. 

No está de más precisar que muchas de las ocurrencias del actual ocupante de la Casa Blanca son declaradas totalmente ilegales por los tribunales norteamericanos, como por ejemplo la reciente sentencia de la Corte Suprema dada a conocer el pasado 20 de febrero, precisando que los aranceles unilateralmente (y arbitrariamente) fijados contra un gran número de Estados en materia comercial por parte del actual ocupante de la Casa Blanca (véase nota de la BBC).

En el caso de Groenlandia, las recientes amenazas proferidas por el ocurrente ocupante de la Casa Blanca para adquirir este territorio que se encuentra bajo la jurisdicción de Dinamarca «por las buenas o por las malas» demonstró su profundo desconocimiento de su parte de las reglas internacionales en la materia vigentes desde 1945. Por cierto este 22 de febrero del 2026, Groenlandia y Dinamarca, algo desconfiadas y precavidas, rechazaron la oferta de enviar un barco hospital a Groenlandia ofrecido por Estados Unidos (véase nota de The Guardian). Tuvimos la oportunidad de indicar en un breve análisis desde la perspectiva legal sobre este repentino apetito norteamericano por adquirir Groenlandia observado en estos primeros meses del 2026 (véase nota nuestra titulada «Groenlandia y Estados Unidos: aspectos desde la perspectiva jurídica internacional muy, pero muy, basicos …» ) que:

«no hay manera de sostener en este inicio del 2026  que Groenlandia está en venta o que puede ser adquirida. Sostenerlo es hacer un ridículo internacional, raramente observado por parte de un jefe de Estado en ejercicio gozando de sus plenas facultades«.

A modo conclusivo

Más allá de la total impericia que demuestra el actual ocupante de la Casa Blanca y su equipo para resolver álgidos problemas de la agenda internacional, ignorando las reglas más elementales del ordenamiento jurídico internacional, y enviando a negociar por parte de Estados Unidos a un equipo conformado por hombres de negocios y promotores inmobiliarios y no por experimentados profesionales de la diplomacia, lo cierto es que la carrera por el puesto de Secretario General de Naciones Unidas se va perfilando en este inicio del 2026.

Resultará sin duda de cierto interés observar a las diplomacias de Argentina por un lado, asi como la de Costa Rica por otro, y la de tres Estados como Brasil, Chile y México apoyando una tercera candidatura de una nacional chilena, desplegar gestiones de muy diversa naturaleza en favor de su candidato(a) a nivel mundial: para el resto de los integrantes de la comunidad internacional que recibirán solicitudes diversas de apoyar a estas candidaturas, resulta indudable la poca cohesión y capacidad de consenso existente en América Latina. No se puede descartar del todo que nuevas candidaturas vean la luz en los meses venideros, incluso las de nacionales de un Estado latinoamericano.

Esta situación desde ya, con tres candidaturas, es bastante llamativa y vaticina una fuerte contienda diplomática en los meses venideros, con respecto en particular a los aparatos diplomáticos de los Estados que integran actualmente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (15 Estados miembros), y en particular con los cinco Estados permanentes de dicho Consejo: así como en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, órgano plenario que cuenta con 193 Estados miembros. 

Independientemente de las simpatías que pueda generar Argentina por un lado, Costa Rica por otro, así como Chile segundado por Brasil y México, la verdadera llave de esta designación se encuentra en la evaluación que hará el Consejo de Seguridad de cada uno de los tres postulantes: cada candidato(a) posee indudablemente puntos a su favor (y otros … a su defavor), que serán debidamente ponderados por sus Estados miembros, en particular cinco de ellos que poseen la calidad de Estado miembro permanente. La sensibilidad de estos cinco Estados al revisar con detenimiento las manifestaciones hechas en el pasado por cada candidato(a) en su contra, sea de manera directa o velada, podría incluso tener cierto peso en la balanza, a la hora de decidirse por apoyar (o no) una de estas tres candidaturas.

En aras de convencer a los demás Estados que forman la comunidad internacional, los Estados que postulan a un(a) nacional para ocupar la silla de Secretario General deberían también mostrar cierta consistencia y cierta coherencia, y en particular su máxima autoridad. Sobre este preciso punto, cabe recordar que en su primer discurso como mandatario de Argentina en septiembre del 2024 durante la Asamblea General (véase texto), el actual Presidente de Argentina emitió duras críticas contra Naciones Unidas y contra su agenda, en particular la Agenda 2030, y contra el multilateralismo, a diferencia de su homólogo chileno, fiel defensor, desde su primer discurso en el 2022, del multilateralismo y de la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como de la justicia penal internacional (véase texto de su discurso pronunciado en septiembre del 2025).

Es de precisar que, con respecto a Argentina y a Costa Rica,  Chile lleva muy adelantada la candidatura de su nacional: en efecto, en el mes de septiembre del 2025, el Presidente de Chile en persona fue a Nueva York, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, a presentar oficialmente a la candidata chilena (véase comunicado oficial de prensa) y se mantuvo presente personalmente en las Asambleas Generales  en los años anteriores. Un dato que contrasta con el siguiente hecho, bastante inusual en Costa Rica: en los últimos cuatro años, el Presidente de Costa Rica no ha asistido a ninguna Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Encrucijada o ilusión

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Freddy Vargas Aguilar
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Las últimas elecciones desnudaron por completo que nos encontramos en una encrucijada histórica, como el resto de occidente. Un camino se terminó. Lo que se llama estado social de derecho llegó a su fin como sentido social. Lo que se presenta son dos posibles caminos.

A la derecha un estado más reducido, con una economía de mayor concentración de riqueza y una educación que, manteniéndose como instrumento para preparar mano de obra e impedir que educandos y educadores aprendan a pensar, excluye más. Pero más autoritaria, avanzando hacia ser represiva.

A la izquierda la urgencia de construir un movimiento popular político, superando el capitalismo, con un Estado realmente democrático y una educación transformadora que sí enseñe a Pensar.

Pero, es posible permanecer en un estado de ilusión. Seguir creyendo que la lucha social, política, es defender este Estado social de derecho. La ilusión de no permitirse reconocer que no se trata de más financiamiento para la educación, sino crear una educación que sí lo sea. La ilusión de fantasear conque escribiendo documentos iluminados, perfectos, para pedirle a los que dirigen o quieren dirigir el Estado, que tengan la bondad de hacerlos realidad, algo va a cambiar. La ilusión de que la unidad que se necesita es de arriba, de los que ocupan los puestos de dirección.

Encrucijada o ilusión. ¿En dónde quiere estar?

“Therians: un análisis desde la sociología” será transmitido en vivo por UNA Comunica

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA) invita a la comunidad universitaria y al público en general a la transmisión en vivo de la charla “Therians: un análisis desde la sociología”, a cargo del Dr. Guillermo Acuña González, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales.

La actividad se realizará el viernes 20 de febrero a las 9:00 a.m., mediante transmisión en vivo a través de la plataforma Facebook Live, en el espacio de UNA Comunica, Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional.

El conversatorio propone una aproximación académica al fenómeno conocido como “therians”, abordándolo desde la sociología y el análisis de las dinámicas culturales contemporáneas. La participación del Dr. Acuña González, académico e investigador en el ámbito de las ciencias sociales, permitirá situar el tema en un marco reflexivo y crítico, propio del debate universitario.

Desde la Facultad de Ciencias Sociales se promueve este tipo de espacios de diálogo público que permiten comprender fenómenos emergentes desde perspectivas científicas, contribuyendo así a la formación de criterio y al análisis informado.

La transmisión estará disponible en vivo a través de la página oficial de UNA Comunica en Facebook.

Abrir las Ciencias Sociales…30 años después

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Febrero inició para la sociedad costarricense con la confirmación de una alerta que desde hace unos años tenía sus luces encendidas: el sistema político mostraba serias fracturas, el camino democrático podría llenarse de piedras y aparecerían nuevos actores que vendrían para quedarse y enturbiar el escenario de estabilidad del que gozamos hasta hace un par de décadas.

Abordar este proceso de rápidas reestructuraciones y quiebres implica enormes desafíos en la manera como hemos venido observando los cientistas sociales esa realidad.

Es impostergable de nueva cuenta falsear los esquemas de pensamiento sobre la base de nuevas evidencias que reconozcan cada vez con mayor fuerza la necesidad de entrar en procesos de transformación en la construcción de conocimiento, no solo para generarlo, sino para que este sea útil en la vida cotidiana de muchos sectores de población.

Este 2026 se cumplen 30 años de la publicación de aquel compendio de reflexiones denominadas “Abrir las Ciencias Sociales” desarrollado por la Comisión Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales y coordinado por el científico social estadounidense Inmanuel Wallerstein.

Este esfuerzo significó un punto de inflexión para las ciencias sociales de entonces: había que superar los estancos disciplinarios, acometer ejercicios de diálogo entre la historia, la cultura y la economía y avanzar hacia la consolidación de procesos más reflexivos, abiertos y globales.

Constituyó una hoja de ruta que al menos en el contexto latinoamericano ha tenido sus limitaciones: las ciencias sociales enfrentan hoy su hora más crítica dado el giro conservador en muchas propuestas sociopolíticas que las observan con recelo. Hoy la amenaza para su continuidad es real ciertamente.

Enfrentar esta hora implica revisar de nuevo el marco de acción epistemológico y político de las diversas disciplinas que la conforman. En el caso costarricense requiere señalar una hoja de ruta clara para los próximos diez años en los que se deberán ampliar los diseños interdisciplinarios, las acciones concretas de impacto en las poblaciones y comunidades e incidir en una arquitectura mucho más flexible que vuelva posible la generación de los vasos comunicantes hacia adentro y hacia afuera.

Abrir, de nuevo, las ciencias sociales para abordar la complejidad que somos (violencias, desigualdades, exclusiones) es una tarea impostergable: así nos lo demanda el contexto actual.

La mayoría de diputados de Pueblo Soberano le permite actuar con cierto autoritarismo, e imposición, en la conducción de la Asamblea Legislativa

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

La mayoría de los diputados, 31 de 57, que tiene el Partido Pueblo Soberano le permite holgadamente dirigir la Asamblea Legislativa.

Con 29 diputados, sin transar con nadie, de ninguna otra de las fracciones que allí van a coexistir, la de Liberación Nacional, la del Frente Amplio, la de la Coalición Agenda Ciudadana y la de la Unidad Social Cristiana, necesitan sus votos para integrar todo el Directorio Legislativo y para dominar y presidir todas las Comisiones Parlamentarias.

Los grupos opositores o minoritarios ni siquiera deben preocuparse por obtener ventaja en estas decisiones. Lo mejor que pueden hacer es apoyar todos los nombramientos que ellos quieran hacer, sin ofrecerles contrincantes. No vale la pena, ni siquiera para la foto. Que se luzcan en esos puestos los diputados de Pueblo Soberano, para ver si cómo roncan, duermen.

Así pueden elegir todo el Directorio Legislativo sin compartir puestos, y sin discutir quien preside el Poder Legislativo y quien es su secretario, que son los puestos más importantes del Congreso, y sin discutir quien preside las Comisiones legislativas.

La Presidencia Legislativa es la más importante por ejercer públicamente la dirección y representación del Poder Legislativo y por ser quien, en una situación excepcional, le correspondería asumir la Presidencia del Poder Ejecutivo, por muerte y ausencia absoluta del presidente y de las dos vicepresidencias.

En el segundo caso, ausencia de las dos vicepresidencias y del presidente de la República ya sucedió, cuando el presidente de la Asamblea Legislativa, Francisco Antonio Pacheco, asumió por unos días, la Presidencia de la República en el gobierno de Oscar Arias Sánchez, que en su tercer año de gobierno se había quedado sin vicepresidentes y él tuvo que salir del país. Ha sido el único caso en el período de la Segunda República, 1949-2026, en que esto sucedió.

El secretario de la Asamblea Legislativa por ser, en la práctica, el jefe de Personal de todo el Poder Legislativo, de más de 900 empleados del Poder Legislativo, le sigue en importancia de nombramiento.

Los demás puestos son literalmente de relleno. Para figurar en el protocolo legislativo y constar en el currículum de quienes ocupen esos cargos.

El presidente legislativo tiene además la función de nombrar, él, solo él, si así quisiera, a todos los miembros de las distintas Comisiones Legislativas. Literalmente lo puede hacer cómo le dé la gana. Generalmente, se acostumbra a negociar con las otras fracciones legislativas la integración de sus diputados en las Comisiones, en la que a los partidos políticos les interesa estar.

En las últimas Asambleas Legislativas cuando no ha habido una sola fracción parlamentaria que por sí misma se imponga en los nombramientos y en las Comisiones, la negociación era obligatoria, sobre todo en los últimos tres gobiernos en que el partido de gobierno, ganador de las elecciones, no pasaba de los 12 diputados, como fue el caso de los dos gobiernos de Acción Ciudadana y el actual de Rodrigo Chaves, con el partido Progreso Social Democrático.

En ocasiones, a la fracción de gobierno, se le daba la Presidencia de la primera Legislatura, del primer año de gobierno, lo que no es obligatorio. Se ha hecho por cortesía política para el arranque del primer año de gobierno del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Así se hizo con el partido Acción Ciudadana.

En el caso del actual gobierno no se le dio esa cortesía en ninguna de las cuatro legislaturas, en ninguno de los cuatro años de gobierno. Quien ha presidido durante todo el período de cuatro años, y lo ha hecho muy bien, en las condiciones difíciles que se ha tenido de la relación Poder Ejecutivo-Poder Legislativo, ha sido Rodrigo Arias Sánchez, diputado del partido Liberación Nacional.

Mi consejo para las diputadas de la Unidad Social Cristiana y de Agenda Ciudadana, es que no se dejen embarcar en algún nombramiento de dirección de las Comisiones. Eso es amarrarles las manos y su capacidad de discusión.

Es obvio que en los próximos cuatro años solo habrá presidentes electos por el Partido Pueblo Soberano. En las condiciones de ese partido, seguramente, cada año cambiarán de presidente legislativo, porque resaltará en sus filas el ego político de los diputados que querrán tener el Honor de presidir la Asamblea Legislativa. Y de la posibilidad de sustituir a Laura Fernández si así llegare a suceder, como en el gobierno de Oscar Arias.

Aparentemente, hoy no tienen condiciones para proponer un presidente Legislativo que se mantenga por los cuatro años seguidos. No es obligatorio rotarlo, cambiarlo, pero en la actual fracción mayoritaria de gobierno ya hay más caciques que indios disputándose ese galardón y ese chicharrón.

En la lucha por presidir la Asamblea Legislativa ocasionalmente, y cada vez con mayor frecuencia, ha florecido la tesis de que una mujer la presida. En las condiciones actuales la Asamblea legislativa tiene más mujeres diputadas que hombres diputados. Es la primera vez que esto sucede, reflejando también que había más mujeres votantes que hombres votantes. ¿Por qué no pensar desde ahora que sea una mujer, aunque sea de Pueblo Soberano, la que presida al Poder Legislativo, en el primer año de arranque del gobierno de Laura Fernández, la segunda mujer en presidir al Poder Ejecutivo? Sería hasta congruente que Laura Fernández impulsara esta tesis e impulsara su propia candidata.

La fracción mayoritaria de Pueblo Soberano se constituyó con el apoyo de los grupos cristianos, no católicos, que le dieron apoyo a Laura Fernández, que se lo quitaron a Fabricio Alvarado y sus grupos conservadores. Por todo el territorio nacional estos grupos así se expresaron a favor de Laura Fernández, con el empujón y apoyo que les hadado Rodrigo Chaves. En este sentido, por amplitud política Pueblo Soberano podría promover, a la Presidencia del Congreso, al diputado Gonzalo Ramírez Zamora, quien ya ocupó en una ocasión anterior la Presidencia legislativa. Tiene la ventaja de que ha sido diputado y también presidente legislativo. Para el inicio del gobierno de Laura Fernández esto puede ser importante, porque él tiene capacidad de negociación política parlamentaria comprobada. Desde el momento mismo en que fue electo presidente parlamentario demostró esa capacidad. Además, tiene buen carácter, buenas relaciones sociales, personales y políticas, lo que le ayuda mucho. Hay que tomar en cuenta que, según la experiencia y práctica parlamentaria, los diputados recién electos se llevan casi ocho meses en aprenderse los trámites legislativos y el uso del reglamento parlamentario. Ya Gonzalo lleva eso adelantado. De todos los 57 diputados, muy pocos, entre ellos Gonzalo Ramírez, han sido diputados, y conocen ese trajín parlamentario. Los otros son duchos parlamentarios y el más destacado es José María Villalta, que inicia su tercer período de diputado. El que algunos diputados electos hayan sido ministros o funcionarios públicos no les da esa experiencia, por esa razón.

Otro grupo que se mueve en el Congreso en lucha por la Presidencia es el del diputado Nogui Acosta Jaén, quien ha sido ministro de Hacienda, uno de los hombres más cercanos al presidente Chaves y el de su mayor confianza. Tiene el carácter para presidir la Asamblea Legislativa, y la experiencia de su ministerio para atender situaciones complejas de sectores sociales y empresariales difíciles.

Un grupo de diputados que lucha por estar presidiendo la Asamblea Legislativa es el que reúne a todos los diputados, que son bastantes, que son imputados judiciales, que son sospechosos de haber cometido delitos, que son deudores del erario público y de instituciones como la CCSS. Es el grupo de los diputados imputados, que quieren dirigir el Congreso, que representa, a modo de imagen, a un sindicato mafioso, también por las vinculaciones de algunos de ellos, interesado en dominar el Poder legislativo. Hace algunos años un diputado de igual ralea intentó presidir el Congreso. Fue rechazado y su historia post legislativa demostró sus vínculos constantes con la narco mafia.

Las comisiones legislativas se dividen en permanente ordinaria, permanente especial, las especiales, los mini plenarios, donde también se pueden aprobar ciertas leyes.

De las comisiones legislativas, las de mayor importancia política son la de asuntos hacendarios, económicos, gobierno y administración, de control y gasto público, jurídicos, de consulta de constitucionalidad, agropecuarios y sociales y 13 comisiones más. Hay comisiones sobre Provincias, Regiones y asuntos particulares. Los mini plenarios son tres, cada uno de ellos con potestad legislativa que conocen proyectos de ley delegados por el Plenario Legislativo.

Puestas así las cosas es entendible que la oposición parlamentaria tiene pocas posibilidades de estar en todas las comisiones. Liberación Nacional y el Frente Amplio son los partidos que más posibilidad tendrán de atender la mayor parte de las comisiones lo que dependerá del interés de los diputados y de las fracciones. Los diputados miembros de las comisiones actúan con derecho a voz y voto en ellas. Los otros que quieran asistir solo tiene derecho a voz.

La Comisión que estudia y atiende lo del Presupuesto Nacional ha sido usual que la mayoría de los diputados sean del partido de Gobierno, para facilitar su aprobación en Comisión y así pasarlo con votos de mayoría al Plenario para su aprobación final. En este momento, si Pueblo Soberano quisiera tener la totalidad de los miembros de esa Comisión lo podría tener. Pienso, por ahora, que allí permitirán tener un representante de cada una de las otras fracciones para guardar las apariencias, sin que ellos puedan tener capacidad de decisión sobre el diseño del Presupuesto que se prepare para su aprobación en el Plenario. En cualquier caso, en esta Comisión habrá minoría opositora. De esto no queda duda.

La Discusión fuerte en la materia hacendaria nacional será en el Plenario Legislativo, y dependiendo de los temas y partidas que se reduzcan o se aprueben, el escenario también será la calle, con movilizaciones populares, sindicales y de los distintos grupos que puedan verse afectados, sectores universitarios, de salud, de educación en general, y también de salarios.

Las luchas por la defensa de los salarios y las pensiones, las luchas por la defensa de los derechos laborales, como las jornadas de trabajo, tendrán que empezarse a mover en las calles, en el escenario público, en la conciencia ciudadana, con fuerte presión en las instancias judiciales para evitar que se lesionen derechos constitucionales, legales y los derechos adquiridos no se menoscaben y violen.

Con la mayoría de diputados de Pueblo Soberano le permitirá al gobierno de Laura Fernández actuar con cierto autoritarismo político público, y por su imposición, en la conducción de la Asamblea Legislativa, se le facilitará su conducción política hacia el continuismo autoritarista político, al riesgo de su desviación hacia las formas tiránicas y dictatoriales de gobierno, sin descuidar el nepotismo político y la persecución oficial e institucional hacia ciudadanos disidentes y opositores en general.

Por ahora, hasta finales de abril, hay que concentrarse en las luchas que vienen por la presidencia de la Asamblea Legislativa, donde las aguas del partido Pueblo Soberano se mueven agitadamente, en esas direcciones, por ahora conocidas, con iniciativas de grupos internos: las mujeres, los cristianos, los de Nogui, que son los del presidente Chaves, los de los diputados y la del sindicato de los diputados ligados a los grupos narco delincuenciales, y los que la propia Presidenta Laura Fernández impulse como su tendencia.

Recordemos sus palabras la noche de su triunfo: “los diputados electos serán disciplinados”, es decir llevarán línea de gobierno, y actuarán “disciplinadamente”, sin divisiones ni fracciones, sin negociación si es necesario …tic tac, tic tac…

Del vergel al páramo: fragilidad territorial y recomposición hegemónica en las elecciones de 2026

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

Los resultados de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica son la manifestación territorial de una crisis del orden sociopolítico que durante décadas sostuvo la estabilidad democrática del país. Lo que alguna vez se presentó como el “vergel” del excepcionalismo centroamericano muestra hoy densas manchas donde la integración económica, la presencia estatal y el consenso político se han deteriorado de forma visible.

Uno de los rasgos más reveladores de ese resultado fue la concentración del apoyo al Partido Pueblo Soberano (PPS) en cantones caracterizados por mayores niveles de pobreza, informalidad laboral, desigualdad y problemas de seguridad. Al cruzar los resultados electorales con el Índice de Desarrollo Humano cantonal, se observa que varios de los cantones donde el PPS obtuvo sus mejores desempeños se ubican en los quintiles inferiores del desarrollo humano. Del mismo modo, los cantones con menor inserción en sectores económicos dinamizadores del empleo y el ingreso muestran mayor inclinación hacia opciones políticas de ruptura.

Este patrón no es un dato anecdótico. Sugiere que el voto responde a trayectorias desiguales de desarrollo. Allí donde la promesa histórica de movilidad social y protección estatal se ha erosionado, emergen con mayor fuerza opciones que cuestionan el orden político establecido.

Para comprender este fenómeno resulta útil la noción de fragilidad territorial. No se trata simplemente de pobreza o rezago económico, sino de una condición estructural donde convergen precariedad productiva, debilitamiento institucional y erosión de los vínculos simbólicos con el proyecto nacional. Son territorios donde la reproducción social depende crecientemente de economías informales, empleos precarios o transferencias públicas; donde la presencia estatal es intermitente; y donde la confianza en las mediaciones políticas tradicionales se debilita.

En varios casos, este patrón también coincide con cantones con tasas elevadas de homicidio en los últimos años. Más que establecer una relación mecánica entre violencia y voto, esta superposición sugiere la existencia de territorios donde la capacidad regulatoria del Estado se percibe limitada y donde la demanda por orden, protección y autoridad adquiere centralidad política. La violencia no explica por sí sola el comportamiento electoral, pero forma parte de una ecología territorial de fragilidad acumulada.

La hipótesis que aquí se plantea es que la geografía electoral de 2026 revela la territorialización de una crisis hegemónica. Durante la segunda mitad del siglo XX, Costa Rica consolidó un bloque histórico relativamente estable que, entre otras bases, se sustentó en la expansión del Estado social, la movilidad ascendente a través de la educación pública y el crecimiento de amplias clases medias. Más allá de la alternancia partidaria, existía una narrativa compartida de progreso, institucionalidad confiable y excepcionalidad regional. La hegemonía no se reducía al control del gobierno; implicaba dirección moral e intelectual sobre el conjunto de la sociedad.

Ese bloque tuvo una base territorial concreta. La expansión de infraestructura, servicios públicos, crédito agrícola y empleo estatal permitió integrar progresivamente regiones rurales y urbanas al proyecto nacional. La promesa de movilidad social tuvo fundamentos materiales reales. Sin embargo, esta articulación comenzó a erosionarse con la reestructuración económica asociada a la apertura comercial, la globalización y la transformación del régimen de acumulación.

El nuevo patrón productivo se orientó hacia sectores altamente integrados a mercados globales —zonas francas, servicios empresariales, exportaciones especializadas— reduciendo la centralidad del mercado interno y debilitando la articulación tradicional entre capital nacional y Estado social. El resultado fue una diferenciación creciente entre territorios dinámicamente conectados a cadenas globales y territorios rezagados o subordinados. La integración dejó de ser progresiva y se volvió selectiva. Cada vez más, el mercado —y no el Estado— pasó a ser el principal gestor de esa transformación.

En este contexto, la desigualdad adquirió un rostro territorial marcado. Existen enclaves altamente productivos y conectados, junto a periferias rurales y urbanas donde predominan la informalidad y el empleo precario. La fractura ya no puede explicarse únicamente como urbano versus rural o centro versus periferia, sino como integración versus desconexión respecto al régimen de acumulación dominante. Allí donde el crecimiento se concentró, también se fortalecieron las oportunidades y la densidad institucional. Donde no ocurrió, se acumuló fragilidad.

Políticamente, esta transformación se hizo más visible a partir de 2014. La derrota del Partido Liberación Nacional marcó el debilitamiento del eje histórico del bloque dominante. El ascenso del Partido Acción Ciudadana fue interpretado como una renovación ética e institucional, pero la crisis fiscal, la conflictiva reforma tributaria de 2018 y el creciente malestar social evidenciaron las dificultades para reconstruir bases materiales de consenso en un contexto de desigualdad persistente.

En diversos territorios periféricos se consolidaron patrones de distanciamiento respecto a las fuerzas tradicionales. El proceso electoral de 2022, con la irrupción de liderazgos disruptivos, y el posterior ascenso del PPS en 2026 pueden leerse como momentos sucesivos de una crisis orgánica más amplia. Allí donde la integración socioeconómica era más débil, el consenso se fracturó antes y con mayor intensidad.

Este fenómeno también está vinculado a la transformación de las clases medias. Durante décadas cumplieron una función estabilizadora: moderaron polarizaciones, sostuvieron el pacto redistributivo y ofrecieron una base electoral relativamente predecible. Sin embargo, procesos de precarización, endeudamiento y diferenciación ocupacional han fragmentado este estrato. Hoy las clases medias se distribuyen en posiciones divergentes frente al mercado laboral y al Estado, generando orientaciones políticas más volátiles y menos previsibles.

La fragmentación de las clases medias debilita uno de los pilares del bloque histórico desarrollista. Al disminuir su seguridad material, también se reduce su capacidad de sostener el consenso redistributivo que legitimaba a las élites tradicionales. En ese escenario emergen nuevas alianzas entre sectores empresariales más transnacionalizados y liderazgos políticos que apelan directamente a territorios excluidos, configurando una recomposición hegemónica aún incompleta.

La dimensión territorial de este proceso es central. La desigualdad no solo implica brechas de ingreso, sino también diferencias en densidad institucional, acceso efectivo a derechos y capacidad de regulación pública. Cuando la presencia estatal es desigual, también lo es la experiencia de ciudadanía. La crisis hegemónica se expresa, por tanto, en la fragmentación territorial de los derechos y del consenso.

El resultado de las elecciones parece cristalizar estas tensiones acumuladas. En esos territorios socialmente deprimidos este no puede interpretarse únicamente como un giro ideológico hacia posiciones conservadoras o autoritarias. Más bien refleja una búsqueda de protección, orden o reconocimiento en contextos donde la promesa histórica del Estado social perdió credibilidad. Se trata de un voto situado territorialmente, arraigado en experiencias concretas de precariedad y desconexión.

Lo que emerge no es todavía un nuevo bloque histórico plenamente consolidado y tampoco democrático. El orden anterior muestra signos de agotamiento, pero la alternativa en gestación aún no logra articular un consenso amplio y duradero. El escenario resultante es de mayor volatilidad electoral, fragmentación partidaria y disputa por la definición misma de “pueblo”, “orden” y “Estado”.

La cuestión de fondo es si Costa Rica transita de un modelo de integración territorial progresiva hacia uno de integración selectiva y segmentada. Si el viejo “vergel” se transforma en un paisaje de archipiélagos de prosperidad rodeados de territorios frágiles, la cohesión democrática podría verse comprometida. La estabilidad histórica del país descansó en la capacidad de articular crecimiento económico, redistribución moderada e institucionalidad sólida sobre bases territoriales relativamente integradas. Cuando esa articulación se fragmenta, también se debilita la hegemonía que la sostenía.

Comprender el momento actual exige ir más allá de la coyuntura electoral y situar los resultados de 2026 en una trayectoria iniciada al menos desde 2014, con raíces estructurales que se remontan décadas atrás. No se trata simplemente de alternancia partidaria, sino de la transformación de las bases sociales y territoriales del poder. La fragilidad territorial no es un fenómeno marginal; puede estar convirtiéndose en el escenario privilegiado de la recomposición hegemónica.

En última instancia, el desafío para la democracia costarricense consiste en reconstruir mecanismos de integración territorial capaces de restituir bases materiales de consenso. Sin esa reconstrucción, la fragmentación espacial de la desigualdad continuará traduciéndose en fragmentación política. Las elecciones de 2026 podrían entonces recordarse no como un episodio aislado, sino como el momento en que se hizo visible la transición entre un orden que se agota y otro que aún no termina de definirse.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

El autor reconoce el uso de herramientas de IA para la revisión de aspectos formales del artículo, pero las ideas son enteramente suyas.

La efectividad de la estrategia de continuidad del gobierno de Chaves

Escrito en . Publicado en Análisis.

German Masís

Mientras muchos todavía nos preguntábamos por las razones del ascenso al poder del Partido Progreso Social Democrático y luego en los meses y años siguientes íbamos tratando de asimilar un estilo de gobierno del presidente agresivo y confrontativo, el grupo político en el poder iba tejiendo su estrategia para convertir la Administración actual en la plataforma para garantizar el triunfo en las elecciones del 2026 y consecuentemente la continuidad de este grupo en otro período gubernamental.

Si atendemos al pasado reciente, podemos identificar algunas posiciones y argumentos del Presidente y su equipo de gobierno, que iban en la dirección, de no sólo gobernar en el período 2022-2026, si no proyectar lo que sería una estrategia de continuidad, que fue anunciada prácticamente desde la primeras semanas de ésta Administración y en especial en el informe de los 100 días y en los informes anuales del Ejecutivo, en la que afirmaban la dificultad de gestionar el gobierno y la necesidad de un período más amplio para concretar la reestructuración del Estado para hacerlo “más efectivo y más ligado a las necesidades del pueblo”, según lo enunciaba el Presidente en cada acto político y en sus discursos semanales.

Entre los argumentos esgrimidos frecuentemente por el presidente, su asesora Cisneros y los delfines formados en el proceso, entre ellos la presidente electa, se encuentran algunos que eran estratégicos para los intereses de ese grupo y los cuales fueron muy efectivos para estructurar la propuesta de continuidad que fueron consolidando durante los 4 años, entre ellos están:

El primer argumento, fue que los proyectos que no se podían concretar en el período 2022-2026, como el de la Ciudad-Gobierno, el de la marina y el puerto de cruceros de Limón, el del aeropuerto de la zona Sur, el de la carretera de San Carlos y las reformas institucionales a Ministerios como el MOPT, el MAG y el MINAE, así como las instituciones autónomas, como el ICE, Recope, el INA, JAPDEVA, INAMU, el PANI y radio nacional y canal 13 (que debían ser los canales de propaganda gubernamental), se podían alcanzar si el pueblo les daba un período más en el poder, a lo que posteriormente agregaron que también se necesitarían 40 diputados para lograr todos los cambios mencionados.

El segundo fue que la oposición tiene tomada la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República y no los deja gobernar, bloquea sus iniciativas y hace una oposición negativa frente a los intereses del pueblo que el gobierno representa, por lo que se requeriría de un período amplio de gobierno, para reformar esas instancias y ponerlas a funcionar de manera eficiente y fluida según sus necesidades y demandas.

El tercero, sería que de los mayores errores de los gobiernos de los partidos tradicionales, el más perjudicial es el abandono por parte de las instituciones estatales, tanto centralizadas como autónomas, que incluye las universidades, de la población que vive en las zonas costeras y fronterizas en términos de prestación de servicios, infraestructura y beneficios sociales, dicha población se encuentra marginada del desarrollo y de las oportunidades, de ahí que la posibilidad de revertir esa condición, está ligada a extender el período de gobierno a otros 4 años más.

El cuarto argumento es que el país está muy bien bajo este gobierno, la economía funciona muy bien, la pobreza se ha reducido, se está generando empleo, los indicadores macroeconómicos son excelentes, que hay crecimiento y prosperidad.

Los argumentos sociopolíticos y hasta psicológicos, de tenemos un proyecto de cambio que va a mejorar la situación de todas las personas, pero que no lo podemos realizar en 4 años, que somos víctimas de las instituciones del sistema político controladas por la oposición(los malos) que no nos dejan gobernar (a los buenos), que la situación del país es muy buena, por lo que no hay que hacer caso a los que señalan problemas que no existen (entre ellos las universidades y el Estado de la Nación), que sólo quieren desprestigiar la labor del Gobierno y que en el país los más perjudicados por los gobiernos de los partidos tradicionales han sido las personas pobres y marginadas de las zonas costeras, fronterizas y urbano marginales del Valle Central a los que este gobierno quiere ayudar, han sido argumentos que han calado fuertemente en las poblaciones populares que tienen mayores limitaciones de recursos e información (los “Básicos” como diría la diputada Cisneros), pero que habían apostado a un gobierno fuerte, directo, de mano dura, sin importar si eso implica un estilo autoritario y de concentración de poder.

Por su parte con respecto a las posiciones tácticas que el gobierno de turno tomó y le resultaron efectivas durante el período de gobierno, para crear las condiciones para la continuidad y como preparación para las elecciones del 2026, fueron las siguientes:

1. Promover e impulsar desde el primer día de gobierno, una campaña política a favor de la continuidad, que se reproducía semanalmente en las conferencias de prensa, en las visitas a las regiones y comunidades y en los discursos durante actos públicos diversos y el encuentro con miembros de otros poderes, que en los últimos meses del 2025, se constituyó en una campaña abierta y beligerante a favor de la candidata oficialista, que ni el TSE, ni la Asamblea legislativa lograron detener.

2. La cooptación de dirigentes locales y alcaldes de gobiernos locales, por lo general de cantones de las regiones periféricas, mediante una acción directa de la Casa Presidencial y de autoridades de instituciones del gobierno Central, para ofrecer recursos y obras para las comunidades de referencia de éstos, que generó un apoyo y un vínculo de al menos 15 alcaldías, en una labor que en el pasado era realizada por delegados presidenciales que tenían los gobiernos de los partidos tradicionales.

3. La descalificación constante de los partidos de oposición y de sus dirigentes, utilizando todo tipo de mecanismos directos e indirectos, de burla, ofensa o vocabulario “pachotero”, que el presidente y sus seguidores adoptaron, reproduciendo según ellos la forma de comunicación del pueblo y la que es de más fácil comprensión para estar en sintonía con los sectores populares.

4. La sustitución del espacio comunal y político que tenían las iglesias evangélicas ligadas al partido Renovación y luego Nueva República, en las zonas costeras y fronterizas, a través de un enfoque de oferta y ejecución permanente de obras y asistencia desde el gobierno a las comunidades, frente a las ayudas puntuales a las familias de los fieles que aquellas les ofrecen.

La táctica del grupo en el poder para procurar la continuidad, no ha sido casual, ha sido bien orquestada, tanto para mantener la popularidad del Presidente como para montar la plataforma de apoyo a la candidata oficialista, que se resume en: hacer una campaña permanente desde el gobierno hacia la continuidad, captar el apoyo local y de los gobiernos locales en las zonas costeras, fronterizas y marginales, desprestigiar constantemente a los partidos y dirigentes de oposición y desplazar los simpatizantes del partido evangélico en esas zonas. Parece maquiavélico, pero definitivamente que la estrategia funcionó.

El Riesgo de un “Cambio” que desmantele el Estado Social de Derecho

Escrito en . Publicado en Análisis.

JoseSo (José Solano-Saborío)

La victoria de Laura Fernández en febrero de 2026 no es un verdadero cambio de mando; representa el clímax de una visión política que busca redefinir los cimientos de la Segunda República. Lo que se presenta como “eficiencia” y “mano dura” contra el crimen oculta, en realidad, una ofensiva contra el sistema de pesos y contrapesos que ha hecho de Costa Rica una excepción democrática en la región.

La venta del BCR: ¿Solución fiscal o liquidación de activos sociales?

La propuesta de vender el Banco de Costa Rica (BCR) se vende bajo la premisa de reducir la deuda pública o salvar el sistema de pensiones de la CCSS. Sin embargo, el análisis riguroso sugiere que el impacto en el stock de deuda o un placebo para la solvencia del sistema de pensiones, que sería marginal —apenas un “vaso de agua para un incendio”— comparado con la pérdida de una herramienta de desarrollo y competencia bancaria. Al privatizar el BCR, el Estado renuncia a utilidades anuales que financian programas de seguridad social e infraestructura, entregando el mercado a un oligopolio privado que rara vez prioriza las zonas rurales o los sectores vulnerables. Igual sucede con la excusa de ayudar al sistema de pensiones de la CCSS, cuando el Gobierno tiene una billonaria deuda que, de pagarla le permitiría a la institución administrar sus propias soluciones estructurales.

La reelección continua: El espejismo de la estabilidad

El debate sobre la reelección continua e indefinida es, quizás, el síntoma más alarmante de un personalismo ascendente. Costa Rica ha evitado el caudillismo precisamente gracias a la alternancia obligatoria. Permitir la reelección inmediata no fortalece la gestión; crea un incentivo perverso para utilizar los recursos del Estado en función de la campaña permanente, erosionando la equidad electoral y concentrando un poder que, históricamente en América Latina, tiende a no querer retirarse.

El asalto a la Judicatura y al TSE

La intención de modificar el sistema de elección de magistrados y jueces para que dependan más directamente de mayorías políticas circunstanciales es un ataque al corazón de la independencia judicial.

Poder Judicial: Si los jueces se eligen por criterios políticos, la justicia deja de ser ciega para volverse servil.

TSE: Cambiar las reglas del Tribunal Supremo de Elecciones es jugar con el árbitro. La legitimidad de nuestras elecciones descansa en un TSE técnico e independiente, no en uno capturado por el oficialismo de turno.

La “mano dura” y el Estado de Excepción

La narrativa de suspender garantías individuales bajo el pretexto de la seguridad ciudadana es una pendiente peligrosa. Aunque el artículo 121, inciso 7 de la Constitución permite la suspensión de garantías en casos de extrema necesidad, su uso como promesa de campaña normaliza la excepcionalidad. El modelo de “seguridad” que ignora los derechos humanos puede ofrecer resultados inmediatos, pero a largo plazo debilita las instituciones y deja al ciudadano común indefenso ante posibles abusos de poder.

¿Qué debe hacer la oposición?

Ante un oficialismo que cuenta con 31 escaños —una mayoría simple sólida pero no calificada (38 votos)—, la oposición tiene el deber histórico de:

Unidad programática: Dejar de lado el fraccionamiento para formar un bloque de contención que proteja la Constitución.

Control político riguroso: No basta con decir “no”; es necesario proponer alternativas estructurales para la inseguridad y la deuda que no impliquen el desmantelamiento del Estado.

Movilización ciudadana: Informar a la población sobre las implicaciones técnicas de estas reformas, rompiendo la burbuja de la retórica populista.

La democracia costarricense no se pierde en un día; se desgasta en cada decreto que ignora un contrapeso y en cada ley que debilita una institución. La vigilancia debe ser absoluta.

Construir hacia adelante, no perder el tiempo intentando recuperar el pasado

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Freddy Vargas Aguilar
Tel 8620 0780

Necesitamos construir Esperanza.

Necesitamos construir Rebeldía.

Necesitamos construir Humilde sabiduría.

¿Qué dejamos de hacer y, qué hicimos, que ha impedido construir un Movimiento popular?

¿Cómo es que hay divorcio entre intelectuales y movimientos sociales? ¿Entre dirigentes, políticos y afiliados, bases sociales?

¿Qué cambios en actitudes, conductas personales del tico llevan al aislamiento, a la evasión?

¿Por qué se hace difícil comprender que se está en una encrucijada que, o nos lleva a una economía de mayor concentración de riqueza y expansión de pobreza con un Estado más autoritario o, a una economía justa, solidaria, con un Estado plenamente democrático?

En Costa Rica, así como en el mundo, un modelo económico y político está llegando a su fin. No tiene sentido histórico luchar por algo que está dejando de existir. Construir otro camino pasa por el trabajo laborioso, paciente, humilde, de construir un Movimiento popular en donde, esa misma acción es la razón, el proyecto para integrar fuerzas, recursos.