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“¿Sin propósito de enmienda?” UCR presenta libro sobre la crisis de la democracia

La Universidad de Costa Rica (UCR), a través de la Facultad de Ciencias Sociales, el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) y la Editorial UCR, invita a la comunidad al público a la presentación del libro “¿Sin propósito de enmienda? El vaciado de la legitimidad democrática”, escrito por el Dr. Manuel Solís Avendaño. Esta obra plantea una reflexión crítica sobre los desafíos que enfrenta la legitimidad de los sistemas democráticos contemporáneos.

La actividad se llevará a cabo el miércoles 25 de junio de 2025 a las 5:00 pm, en la Sala de Audiovisuales de la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, ubicada en la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR. El autor del libro, Manuel Solís Avendaño, es un académico reconocido por sus investigaciones en temas de derecho constitucional, teoría política y democracia.

El evento contará con los comentarios del Dr. Rotsay Rosales Valladares, profesor de la Escuela de Ciencia Política de la UCR. Además de la moderación por la Dra. Adriana Sánchez Lovell, quien facilitará el intercambio entre el autor, el comentarista y el público asistente.

Esta presentación no solo constituye un espacio académico para la divulgación de una nueva publicación, sino que también se convierte en un foro para la crítica constructiva y el diálogo ciudadano, esenciales en una sociedad democrática que busca fortalecer sus valores y mecanismos de representación.

Un presente costarricense que niega y olvida su pasado

Juan Huaylupo Alcázar1

1 Catedrático pensionado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

En apariencia los ciudadanos costarricenses estamos tranquilos, como siempre respetando el civilismo heredado de otros tiempos, del equilibrio entre la sociedad civil y el Estado, en una época que confiábamos de la estabilidad laboral, seguridad social, vivienda popular, participación ciudadana, con un Código de Trabajo digno y leyes justas. Nunca imaginamos el incremento de la pobreza, inseguridad ciudadana, precariedad en los servicios de salud públicos ni su atención privada solo para pudientes, además de ser una atención mercantilizada y corrupta. También se tenía un sistema judicial oportuno, consistente y pertinente, mientras que en la actualidad existe una negligente práctica administrativa que absurdamente regula el cumplimiento jurídico y como tal, sometida a las jerarquías y procesos inventados para eludir reglamentos, leyes e incluso la propia Constitución de la República. Así, la Sala Constitucional con cientos de resoluciones contradictorias e inapelables y con muchas otras demandas que esperan años sin resolver, a pesar de las evidencias que violentan el espíritu y letra de nuestra Carta Magna. Ello, viola la democracia, los derechos ciudadanos, al orden institucional, al estado social de derecho y de lo mucho que enorgullece moral y socialmente nuestro pasado.

Tampoco conocimos gobernantes que amenazaran a la ciudadanía y la sociedad con la creación de hordas fascistas entre las fuerzas policiales, ni inducir el descontento social contra la institucionalidad pública, que paradójicamente, el propio gobierno estrangula, agudizando su crisis y liquidación. Los fantoches del poder que transgreden permanentemente las históricas conquistas sociales se creen omnipotentes e inmunes por haberse debilitado y liquidado las diversas formas organizativas defensoras de los trabajadores, de la ciudadanía y de la democracia, efectuada por el poder estatal, los partidos políticos y por la traición y corrupción de quienes los representaban.

Los jóvenes de hoy que no conocieron ese Estado ni sociedad sobre nuestro inédito pasado, en parte, por la precariedad de la educación y porque la historia nacional no es la historia del pueblo costarricense que ha sido invisibilizado e ignorado por los individuos que se han impuesto como los hacedores de la historia nacional. La historia es una construcción por el pueblo, no de individuos de rancias familias ni partidos que se han apropiado del pasado costarricense y que aun gozan de privilegios y monopolizan la vida política. Reivindicar la actuación del pueblo es una necesidad en momentos que otros buscan usurpar y privatizar el futuro nacional.

El poder político y económico oculta y desconoce la voluntad capacidad de actuación del pueblo en la historia, para inventar e imponer que el pasado costarricense fue obra de individuos, nunca de pensamientos y actuaciones concientes y consecuentes de la colectividad popular, al que imaginan, aun en nuestros días, ser solo objetos del poder racista y segregacionista.

La relativa inercia y responsabilidad es de los jóvenes, no los culpabiliza, es el sistema, la educación y de los medios, que sistemática e intencionalmente, nos quieren ignorantes e intentan borrar la historia y cultura de los pueblos, para destacar exclusivamente el amarillismo, el fascismo y el poder geopolítico dominante, como expresión de la tiranía política y delincuencial existente.

Un pueblo que ignora su pasado está condenado a perder su identidad, su futuro y humanidad. Conocer nuestra historia trasciende el ámbito cognoscitivo, porque no se trata solo de conocimiento sobre la verdad de los procesos ocurridos, es la impronta que otorga significación, responsabilidad y compromiso al devenir colectivo del pueblo. Es el sello peculiar y característico que va más allá de los acontecimientos sociales que marcaron, no solo su pasado, también contribuyen a conocer el presente y que guían su futuro. Asimismo, analizar el pasado a partir del presente, nos permite interpretar y descubrir muchos de los dilemas y luchas del presente.

Historia y cultura se confunden en una unidad política identitaria, peculiar e inédita, quizás por ello, la dominación política actual aun lucha contra la legitimidad social del pasado, como un fantasma que amenaza su existencia, no solo como parte de la historia, sino porque los intereses, ambiciones, conflictos políticos y de clase, no han desaparecido, por el contrario, se han radicalizado contra los subalternos, la sociedad y la humanidad. La historia oficial ha formalizado, ideologizado y privatizado el poder del presente en un pasado inventado.

Desde luego, esta reflexión no será comprendida por el gobierno actual, por los liberales empiristas ni por los tecnócratas de la economía, que todo lo reducen a magnitudes sobre las finanzas del estado y de la riqueza privada, nunca sobre las repercusiones sociales que causa el mecanicismo economicista promovido y protegido por las tiranías políticas, tampoco han comprendido que la economía como ciencia es una relación social e histórica, que no son cantidades ni representan realidades complejas. Las tragedias sociales y ambientales ocasionadas por esas técnicas solo son vistas como daños colaterales inevitables, como si la sociedad y el mundo estuviera gobernado por una máquina que no puede ser modificada, reprogramada ni destruida. La estupidez de los tecnócratas económicos y de los funcionarios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, son máquinas robotizadas con algoritmos, pero no son esclavos del poder, son simplemente cosas sin vida ni conciencia, por ello se sustituyen y se olvidan, por inservibles.

Una economía sin sociedad, cultura ni historia, nunca podrá ser ciencia. Las mediciones económicas son vacías y superficiales, como el medir el valor de la producción con el Producto Bruto Interno (PIB), o el pseudo equilibrio fiscal, de ningún modo representan la complejidad de una sociedad, como tampoco la riqueza nacional, el bienestar social ni la suficiencia económica estatal. El enriquecimiento privado a través de los bienes y servicios finales en el mercado nacional, generados en un periodo temporal, de ningún modo es progreso nacional ni da cuenta de la situación económica de un país, como fue reconocido por su propio creador Simon Kuznets (1901-1985), a quien el Congreso de EE.UU le encomendó medir la crisis económica mundial de 1929-1932, «… el bienestar de una nación difícilmente puede inferirse de una medida del ingreso nacional» (Kuznets, 1934).

El repetir incesantemente, como verdades absolutas, la situación cuantitativa y las previsiones económicas nacionales de los organismos internacionales, no solo muestra el mecanicismo tecnocrático de la economía, también son evidencias del absurdo desconocimiento del impacto del dinámico devenir político internacional, que inciden en el ámbito económico nacional, a la vez pone de manifiesto el corrupto e interesado compromiso geopolítico, del gobierno y de los partidos del poder, con el cómplice silencio ante la debacle humana con el genocidio contra el pueblo palestino y la confrontación bélica mundial.

Los propietarios del capital ni la jerarquía burocrática estatal crean riqueza ni son autosuficientes, como expresan algunos candidatos, que se disputarán la Presidencia de la República. De este modo, manifiestan su transparente ignorancia e incapacidad previsible, si obtienen los votos de aparente validez.

Explotar a los trabajadores y apropiarse de los recursos del pueblo y de la nación, son auténticos atentados contra la vida y el futuro nacional. Costa Rica nos pertenece a todos, no es un espacio social con dueño, ni el poder estatal es privado. No somos esclavos, somos ciudadanos creadores de nuestro presente y futuro común.

Fundación Pedagógica Nuestramérica invita a sesión gratuita del curso “El arte de envejecer con gracia”

Este miércoles 12 de junio se llevará a cabo la primera sesión del curso virtual “El arte de envejecer con gracia”. Esta es una iniciativa impulsada por la Fundación Pedagógica Nuestramérica. La actividad está dirigida a personas interesadas en reflexionar sobre el envejecimiento desde un enfoque pedagógico y humano.

La sesión será impartida por la Dra. Anne Robert y la Dra. Fabiola Bernal a través de la plataforma Zoom, con horario a las 5:00 p.m para México y Centroamérica, y 6:00 p.m para Colombia. Esta actividad introductoria es gratuita y forma parte de un curso virtual más amplio con una duración de tres meses.

Para acceder a más información o reservar su cupo comunicarse al número +506 8930 6612 o visitar el siguiente enlace: www.cursosnuestramerica.org/introduccionalcurso

Prohibido sacar la calculadora

José Manuel Arroyo Gutiérrez

         El Presidente de la República, como miembro de un Poder Supremo, debe ser juzgado mediante un procedimiento penal especial. En teoría, se supone que algunas de las máximas autoridades de un Estado, deben gozar de este privilegio para evitar que, de manera fácil y expedita, puedan ser cuestionadas y removidas de la función pública que ejercen. El tema no es pacífico pues se critica que estos procedimientos especiales se pueden prestar para fomentar protecciones extraordinarias, opuestas al principio de igualdad y muy cercanas a la impunidad. Pero eso es lo que está dispuesto por la Constitución y las leyes que nos rigen, y deben ser aplicadas mientras estén vigentes.

         En Costa Rica presenciamos en la actualidad el transcurso de un enjuiciamiento de esta naturaleza. Conforme lo hemos ido conociendo, existió una denuncia penal contra el Presidente Chaves; el Fiscal General –por mandato legal- llevó a cabo personalmente una Investigación Inicial y ha concluido que hay elementos suficientes para levantar una acusación formal ante la Corte Suprema de Justicia.

         Aquí da inicio una de las fases especiales a las que nos referimos. Se requiere un antejuicio en el que la Corte votará si, en efecto, nos encontramos ante la comisión de uno o varios delitos (ateniéndonos estrictamente a la descripción de hechos que hace el Fiscal), y si procede el pase o traslado del asunto a la Asamblea Legislativa para que ésta, a su vez decida, por mayoría calificada de 38 votos, si se levanta el fuero que protege al Presidente, y corresponde regresar el asunto a sede jurisdiccional, esta vez a la Sala Tercera de la Corte Suprema, encargada de instruir la causa y dictar sentencia. El derecho a la doble instancia está garantizado por un recurso ante el Pleno de la Corte.

         Para esta etapa de antejuicio, tanto en sede de Corte como en sede legislativa, no corresponde hacer juicios de culpabilidad o inocencia; tampoco procede valorar la prueba aportada, ni si ésta es decisiva, pertinente o suficiente.

         Como puede verse, nos enfrentamos a un procedimiento complejo, que mezcla elementos políticos con elementos jurídicos, razón por la cual vale la pena detenerse en las debilidades y riesgos que alberga nuestro régimen para el juzgamiento de miembros de supremos poderes, y advertir acerca de ciertos riesgos o vicios a los que podemos vernos arrastrados.

         En primer lugar, los juzgadores, en este caso Magistradas y Magistrados de Corte, han jurado cumplir con la Constitución y las leyes. Sus decisiones han de regirse estrictamente por el contenido de estas normativas y no se vale hacer cálculos (personales o de grupo), ni siquiera en función de valoraciones subjetivas de lo que puede ser más justo o más oportuno.

         En segundo lugar, sea lo que sea que decidan estos altos jueces, la legitimidad política de lo que resuelvan, sólo puede radicar en las buenas razones que le den, tanto a las personas involucradas en el conflicto, como sobre todo a la comunidad ciudadana que espera, no sólo que las decisiones se tomen, sino que éstas resulten razonablemente convincentes.

         Nos vemos entonces obligados a considerar algunas de las debilidades y vicios de nuestro sistema. Las magistraturas, titulares y suplentes, son nombradas por la Asamblea Legislativa, órgano político por excelencia. Existe el peligro que el magistrado (a) titular “saque la calculadora” y empiece a preocuparse por su próxima reelección, o por el efecto que su decisión pueda tener en uno u otro sector partidario; o más grave aún, existe el riesgo de que el magistrado (a) suplente considere seriamente si la decisión a tomar afectará sus legítimas aspiraciones de llegar a titular. Tampoco podemos descartar, en el peor de los casos, la existencia del juez (a) venal, aquél que tiene afinado su olfato para congraciarse, en toda circunstancia, con el poder de la clase política.

         En esta trama de sutilezas y detalles (donde se oculta el diablo), también hay que vigilar con atención, quiénes de los llamados a dictar decisiones, se ausentan, se enferman o se inhiben, y por cuáles motivos. De nuevo sólo las buenas razones serán validadas por un público que no coma cuento.

         En fin, pensando más a futuro, para mitigar estas falencias, riesgos y vicios de nuestro sistema, deberíamos reformar el procedimiento para juzgar a miembros de supremos poderes. Si bien puede mantenerse un procedimiento especial para definir si se levanta el fuero, lo más sano sería que el juzgamiento en sí esté a cargo de las autoridades judiciales competentes conforme el procedimiento ordinario, y no vernos en la riesgosa situación de ver magistrados(as) juzgando presidentes, ministros, diputados y hasta compañeros de magistratura.

Derechos humanos en un hilo: la Centroamérica que somos

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La deriva de una opción autoritaria en Costa Rica ya dejó de ser una imagen proyectada para otros países de la región. Nos alcanzó eso que alguien despectivamente y con cierto tinte de superioridad llamara “la centroamericanización” de Costa Rica.

A la vuelta de la esquina y con amplio apoyo popular, se cuece la construcción de una vergonzosa megacárcel para paliar, según sus impulsores, el aumento de la criminalidad en el país.

Lo que en otros momentos históricos era impensable, hoy está a punto de ser un hecho que contradice a todas luces la larga tradición democrática costarricense, que empieza lentamente a palidecer.

La excepcionalidad que hasta hace algunos años nos mostraba como punto y aparte en el escenario centroamericano, fue pulverizada en pocos lustros por un sistema económico desigual y aniquilador, un escenario político inquietante y algo turbio en sus alianzas con actores poco claros y altamente cuestionados y, como hemos dicho en varias ocasiones, el agotamiento de un contrato social que espera por una nueva edición para reconstruir el proyecto de eso que utópicamente llamamos “ la vía costarricense”.

Por lo pronto, en algunas países centroamericanos esa deriva autoritaria mantiene su dinámica.

Esta semana veíamos con estupor la forma artera en la que Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de la organización social salvadoreña Cristosal, dedicada a defender los derechos humanos de su país, era presentada ante la fiscalía.

La funcionaria había sido detenida el mes pasado luego de hacer serios cuestionamientos al gobierno de Nayib Bukele, como una muestra más de la escalada en la represión a las voces críticas y cuestionadoras a esta gestión. Algo que inquietantemente empieza a mezclarse en el entorno costarricense con la puesta de bozal a la prensa y otros hechos recientes.

Desde diferentes frentes de organismos sociales y civiles salvadoreños se han realizado pronunciamientos para exigir la liberación de López, sin un resultado positivo. Esto se suma a la reciente aprobación de la Ley de Agentes extranjeros, una herramienta que permite al gobierno salvadoreño discrecionalidad sobre qué organizaciones sociales pueden permanecer en su país y si permanecen, “contribuir” con un tributo de renta del 30%.

Una más: tres periodistas del medio de comunicación El Faro dejaron El Salvador en los últimos días ante una inminente amenaza de detención en su contra. Es de sobra conocido el rol cuestionador de este medio a las políticas represivas del gobierno de Bukele que, a fuerza de negociaciones con los líderes de las pandillas, ha bajado la criminalidad, pero han aumentado las detenciones y desapariciones de personas sin ningún nexo con esta actividad.

En Costa Rica la impronta autoritaria está tocando la puerta, asomándose por una rendija a ver si el escenario le es propicio.

Y sí que lo es.

Por ello, no deja de preocupar diagnósticos como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, al escribir el capítulo para Costa Rica en relación con el estado de los derechos en los distintos países de la región, mencionaba:

La CIDH observa con preocupación la situación de la seguridad ciudadana y los cuestionamientos a la respuesta estatal, así como los señalamientos de afectaciones a la independencia judicial. También preocupa las denuncias de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en relación con la consulta previa y la delimitación territorial; así como las brechas significativas en la garantía de derechos económicos, sociales y culturales para grupos en situación de riesgo como personas en movilidad humana, mujeres y personas mayores”.

La respuesta estatal a la que se refiere la CIDH es en realidad una inacción, justificante para el siguiente paso: la constitución de un espacio represivo que alimente las necesidades de la población de vivir sin temor en un país cuyo pacifismo también fue pulverizado por los hechos fácticos del modelo.

Es claro. Hay cosas que se parecen y mucho en estos escenarios. Si la reserva moral e institucional nacional a la que le queda menos de un cuarto de tanque no es suficiente, habremos perdido el proyecto país para siempre.

A esta generación le tocó la hora. No es poca cosa. Es el momento del punto del no retorno. Asumamos cada cual los funciones que nos corresponden para intentar recuperarnos.

Es nuestra tarea.

País retrocede hacia una violencia estructural

La confrontación entre órganos de decisión política y poderes de la República, la violencia que se manifiesta en la calles y el abandono de agendas proclives a la defensa de los derechos humanos representan síntomas de que el Estado costarricense avanza hacia un estado de violencia estructural “que se expande por todo el territorio nacional”, de acuerdo con el más reciente informe del programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA).

Esta situación facilita que exista un vacío en la generación de acuerdos importantes para el país, mientras que la desigualdad económica y social continúa afectando a la población, lo que es perceptible en áreas como la educación, el medio ambiente, los programas sociales y la infraestructura pública.

Carlos Carranza, académico de la UNA y coordinador del programa, fue crítico al señalar que “a través del análisis de diversos temas clave, se expone una coyuntura marcada por tensiones políticas, desafíos estructurales y una sensación general de incertidumbre”.

Lo que en anteriores informes de este programa se advertía, se convirtió en la constante en el primer cuatrimestre de 2025: un estilo discursivo del presidente Rodrigo Chaves marcado por el enfrentamiento con otros sectores políticos y sociales, como ocurre con la Asamblea Legislativa, y particularmente, con el presidente de este poder, Rodrigo Arias.

Utilizar mensajes con tono confrontativo, dirigirlos por medio de canales fuera de la comunicación formal y atizados por la ausencia de una cabeza en el Ministerio de la Presidencia que sirva como puente, son parte de las relaciones que se han establecido en el periodo de análisis. Sin embargo, ese choque ha ido mucho más allá de la relación Zapote-Cuesta de Moras y se vio amplificado en la marcha contra el fiscal general, en la que participó el propio mandatario y su gabinete.

El uso continuo del veto presidencial ante proyectos de ley que no son de interés del Poder Ejecutivo y el incremento en las tensiones con otras instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) complementan el estilo gubernamental. “Esta actitud ha contribuido a una atmósfera de polarización y debilitamiento del diálogo institucional”, agregó Carranza.

La violencia estructural no solo se alimenta con el discurso confrontativo de parte del Gobierno hacia otras entidades. Se ha convertido en un hecho social recurrente que tiene otras manifestaciones, como sucede los femicidios, que alcanzan la cifra de 17 casos en lo que va del 2025.

El informe destaca que la actual Administración no ha logrado revertir “esta tendencia preocupante” de la violencia estructural y que, más bien, ha dado un giro en su política hacia un enfoque neoconservador en temas de derechos humanos, protección de minorías y atención de la población migrante.

El informe recoge varios elementos al respecto: la aceptación por parte de Costa Rica de personas migrantes expulsadas de Estados Unidos, la posición ambigua que el ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André, mantuvo en una presentación ante el plenario de la Asamblea Legislativa y la emisión de un decreto que restringe el financiamiento y el apoyo político a la Agenda 2030 relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). “Estas decisiones debilitan la posición de Costa Rica en el contexto global”, indicó Carlos Carranza.

Rezago en sectores

Como en cascada, la incertidumbre generada por la falta de cohesión política afecta a otros sectores. En el plano social, el informe recoge que, si bien se registra una leve reducción en los índices de pobreza, ésta se ve acompañada de un aumento en la desigualdad, producto de la reducción de financiamiento en programas sociales y de una atención insuficiente a instituciones clave como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El rezago en la infraestructura hospitalaria, que se evidencia en mayor medida con la construcción del nuevo hospital en Cartago, la falta de solución a las listas de espera para intervenciones quirúrgicas y citas, la fuga y renuncia de médicos especialistas y el conflicto generado con la administración de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais), por parte de cooperativas, son el reflejo de la decadencia en la sistema de seguridad social.

En materia ambiental, el programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense cuestiona con inquietud si existe una política clara en este ámbito. Más bien, apunta a las dudas y críticas generadas entre el interés público y el privado, en casos como la tala de árboles en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. “Por ello, cuestionamos la existencia de una estrategia coherente y señalamos la pérdida de rumbo en programas tradicionalmente emblemáticos”, agrega el informe.

En el área de la infraestructura, el análisis matiza entre avances y limitaciones. El académico de la UNA indicó que existe un esfuerzo continuo por mejorar la condición de algunas vías, pero en el proceso ocurren tropiezos, como el caso de la construcción de la carretera a Limón y los problemas suscitados por las rotondas que sustituyeron los pasos a desnivel que originalmente se plantearon en el proyecto.

Lo mismo ocurre con la apertura, este año, del paso elevado en La Lima, de Cartago, que no ha estado exenta de críticas, mientras que la propuesta de un tren eléctrico, la planificación vial y la falta de atención de riesgos en carreteras y puentes que representan un riesgo real para los usuarios, según alertó el Lanamme de la UCR, están entre las tareas que registran un avance muy lento.

El panorama vuelve a tornarse crítico en materia de educación. Ante la falta de una ruta, denuncia el informe, se suma una reducción inédita en la inversión educativa, un modelo organizativo a lo interno del Ministerio de Educación Pública (MEP) discordante con las demandas actuales y la necesidad de mejorar los planes de enseñanza, para fortalecer la competitividad y el talento humano que promuevan la movilidad social.

“Luego de tres años sin tener una ruta clara, el sistema educativo se muestra estacando, con una inversión menguante y una organización desfasada, lo que compromete el futuro ciudadano”, describió Carranza.

Finalmente, el informe denota un escenario de conflictividad en el ámbito del comercio exterior tras la imposición de aranceles a las exportaciones costarricenses por parte del gobierno de Estados Unidos y la necesidad de establecer una estrategia a largo plazo.

El análisis concluye con una expectativa poco halagüeña de cara al segundo semestre del año: “A menos que se realicen esfuerzos deliberados por cambiar el rumbo, todo indica que esta será la tónica que prevalecerá durante el resto del año, especialmente si el presidente continúa reforzando este clima mediante un lenguaje simbólico cargado de tensión”.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

SURCOS comparte la presentación utilizada en la exposición del análisis: descargar aquí.

La sombra que avanza: populismo y riesgos institucionales en la democracia costarricense

Por JoseSo
Analista Político

Costa Rica ha sido durante décadas un faro de estabilidad democrática en América Latina. Su sólida institucionalidad, su tradición de alternancia pacífica, la abolición del ejército y su apego al Estado de Derecho le valieron el reconocimiento como una «Democracia Plena» por índices internacionales, un título que pocas naciones en el mundo ostentan. Sin embargo, en los últimos tiempos, la retórica y algunas acciones del presidente Rodrigo Chaves Robles proyectan una inquietante sombra sobre este legado, encendiendo alarmas sobre los peligros del populismo y la insidiosa erosión de las instituciones democráticas.

El populismo, en su esencia, construye una narrativa maniquea: «el pueblo virtuoso» contra «las élites corruptas». Es una herramienta poderosa para movilizar apoyos, pero su lógica inherentemente confrontacional y antipluralista es incompatible con la democracia liberal, que se basa en pesos y contrapesos, en el respeto a las minorías y en la independencia de las instituciones. La retórica del presidente Chaves Robles contiene elementos preocupantemente alineados con este manual: ataques constantes y descalificaciones genéricas contra la prensa («prensa canalla»), contra el poder judicial (acusándolo de politizado o lento sin pruebas concretas), contra la Asamblea Legislativa (deslegitimándola como «disfuncional y corrupta») y contra órganos de control como la Contraloría General de la República. Este discurso no busca la crítica constructiva; busca minar la credibilidad de todo contrapoder, presentándolo como un enemigo del «verdadero pueblo» que él dice encarnar.

El paralelo latinoamericano: De la erosión a la autocracia, un espejo que nos negamos a ver nuestro reflejo

La historia reciente de América Latina ofrece ejemplos dolorosos de cómo este guión puede desembocar en tragedia democrática.

El Brasil en tiempos de Bolsonaro supuso el ataque a la legitimidad. Jair Bolsonaro ejemplificó la retórica agresiva y confrontacional contra las instituciones. Cuestionó sistemáticamente la independencia del poder judicial (especialmente el Supremo Tribunal Federal), atacó a la prensa («periodistas corruptos»), promovió teorías conspirativas y sembró dudas sobre la integridad del sistema electoral sin pruebas, culminando en el asalto a las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023. El patrón de deslegitimación constante de Chaves contra la Asamblea Legislativa y la prensa tiene ecos del estilo Bolsonaro.

La Nicaragua de Ortega de Revolucionario a Dictador: Daniel Ortega, una vez símbolo de lucha del pueblo nicaragüense desde el movimiento revolucionario legítimo de Augusto Cesar Sandino, contra la dictadura, ha construido una férrea autocracia. Eliminó la alternancia mediante reformas constitucionales, reprimió brutalmente la protesta social, encarceló a candidatos opositores, clausuró medios de comunicación críticos y ONGs, y anuló toda independencia institucional. Es un recordatorio sombrío de cómo figuras que llegan al poder por la vía electoral pueden, mediante el control progresivo de las instituciones, destruir la democracia desde dentro.

Más allá de la región: El resurgir global del autoritarismo

El fenómeno no es exclusivo de América Latina. En Hungría, Viktor Orbán ha construido una «democracia iliberal» debilitando el poder judicial, controlando los medios y cambiando leyes electorales para perpetuarse. En Turquía, Recep Tayyip Erdoğan ha concentrado poder de manera alarmante. En Estados Unidos, el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 fue el clímax de una campaña de deslegitimación constante de las instituciones electorales por parte de Donald Trump. Estos ejemplos demuestran que las democracias, incluso las consolidadas, no son inmunes a la erosión populista y autoritaria.

Costa Rica: La fragilidad de lo sólido

La gran fortaleza de Costa Rica ha sido precisamente la solidez y el prestigio de sus instituciones. La Sala Constitucional («Sala IV»), la Contraloría, el TSE, la prensa libre, son pilares que han garantizado el equilibrio. El peligro de la retórica de Chaves Robles no es que vaya a instaurar una dictadura mañana.

El peligro es más insidioso: la normalización del ataque a las instituciones. Cada descalificación infundada, cada intento de socavar su autoridad, cada intento de concentrar poder o de presentar los controles democráticos como obstáculos, debilita la cultura de respeto institucional que sostiene la democracia. Es la erosión lenta, la grieta que se agranda con cada embate retórico.

Defender la Casa Común

La democracia costarricense no es invulnerable. Su fortaleza histórica no garantiza su futuro inmutable. La retórica populista y con rasgos fascistizantes (simplificación extrema, enemigo interno, ataque a la pluralidad) del presidente Chaves Robles representa un riesgo claro para su institucionalidad. Las comparaciones con Venezuela, Brasil, Argentina, Nicaragua y otros ejemplos globales no son alarmismo infundado; son advertencias basadas en patrones observables. Son lecciones de cómo comienza el declive democrático: con palabras que dividen, que deslegitiman, que siembran desconfianza en los pilares que sostienen la república.

La defensa de la democracia plena costarricense no es tarea solo de políticos o jueces. Es responsabilidad de toda la ciudadanía, de la prensa independiente, de la academia, de la sociedad civil organizada. Requiere vigilancia activa, rechazo firme a la retórica divisionista y autoritaria, y un compromiso inquebrantable con la defensa de las instituciones que, aunque perfectibles, son el escudo que ha protegido a Costa Rica de los abismos que han sufrido otros. Que el faro costarricense no se apague por la complacencia o el miedo a señalar los peligros.

La democracia centenaria merece y exige este debate.

Obispos salvadoreños exigen justicia social y unidad

En su nueva Carta Pastoral, la Conferencia Episcopal de El Salvador levanta la voz contra la pobreza, la violencia y el desajuste en políticas públicas. Un llamado urgente a transformar las estructuras sociales en beneficio de las mayorías más vulnerables.

Vatican News*

En un El Salvador marcado por profundas desigualdades sociales y económicas, los obispos han lanzado un “clamor de esperanza” a la nación. Con su nueva Carta Pastoral titulada “Una voz que con esperanza clama en el desierto”, la Conferencia Episcopal no solo exige la atención urgente de las autoridades sobre los temas más críticos, sino que, con un tono profético, plantea una transformación radical con base en la justicia social, la unidad y el respeto a la dignidad humana.

El documento fue presentado el 29 de mayo, durante la fiesta litúrgica de San Pablo VI. En él, los obispos reiteran la necesidad de que los líderes políticos busquen siempre el bien común, priorizando este sobre los intereses particulares. “El Papa León XIV señaló que hoy vivimos en un contexto de discordia, heridos por el odio, la venganza y los prejuicios, alimentados por un modelo económico que explota los recursos de la tierra y margina a los más pobres”, apuntan, haciendo un llamado a adoptar un “paradigma de unidad, comunión y fraternidad”, con el fin de sanar las divisiones que atraviesan al pueblo salvadoreño.

Escuchar al pueblo: un imperativo ético

Los obispos subrayan que su objetivo no es contradecir a las autoridades, sino dar voz a los “más pobres y vulnerables”. “Lo que nos mueve es el bien del pueblo. Queremos hacer oír el clamor de los que ven vulnerados sus derechos”, afirman. Este mensaje va especialmente dirigido a aquellos que, pese a ser el motor de la economía nacional, han sido despojados de sus medios de vida. “Es urgente ofrecer alternativas viables para que puedan sostener a sus familias”, recalcan, incitando a la acción política para que no se deje de lado a los sectores más desfavorecidos.

Educación y salud: pilares del futuro

En cuanto a la educación, la carta es clara: “Es una de las mejores puertas para alcanzar el desarrollo”. Los obispos alertan sobre el riesgo de que, sin una adecuada inversión en este sector, las nuevas generaciones queden rezagadas en la “cuarta revolución industrial, la revolución tecnológica”. Por eso, instan a las autoridades a priorizar la educación como un motor clave para el futuro del país.

El tema de la salud también ocupa un lugar destacado. Los obispos destacan la necesidad de invertir en la construcción de más hospitales y clínicas de calidad. Aunque reconocen que esto implica un alto costo, enfatizan que es una medida esencial para garantizar el bienestar físico y emocional de una población “tan abnegada y sufrida”.

La violencia: un desafío sin solución definitiva

En cuanto a la violencia, la Conferencia Episcopal reconoce los avances realizados hasta el momento, pero destaca que la paz no se logra solo con medidas represivas. “Es crucial ampliar los espacios de esparcimiento e invertir recursos en la atención de niños y jóvenes”, especialmente en las zonas históricamente más afectadas por la violencia. “La pobreza y la falta de oportunidades conducen a la ignorancia, la violencia, el odio de clases y, por ende, a la criminalización”, señalan, llamando a un cambio de enfoque en las políticas de seguridad.

Los obispos también abordan el tema de los migrantes, recordando que “no son delincuentes ni criminales, sino personas que buscan una vida mejor”. Por ello, exigen a las autoridades que no promuevan las cárceles de El Salvador para las víctimas de las políticas antiinmigrantes de potencias extranjeras, y reclaman una política migratoria más inclusiva, que favorezca “fronteras abiertas e inserción de los migrantes en la economía como mano de obra”.

El medio ambiente: una llamada urgente a la acción

Otro de los puntos claves de la Carta es la crisis ambiental. Los obispos instan a “apostar por la reforestación, la limpieza y recuperación de los ríos, lagos y ojos de agua”, además de exigir la derogación de la ley de minería aprobada a fines de 2024. “Es imperativo escuchar las voces de los ambientalistas y evitar su persecución”, afirman, advirtiendo sobre el daño irreversible que la explotación irresponsable de los recursos naturales podría causar al país.

SURCOS publica esta nota del boletín Vatican News compartida con nuestro medio por Alberto Rojas.

Puede descargar la Carta Pastoral completa en formato PDF desde este enlace.

¿Qué es lo que realmente se quiere con la nueva jornada de trabajo de 12 horas si ya existe su autorización?

Vladimir de la Cruz

La jornada de 12 horas existe constitucional y legalmente en Costa Rica. No hay necesidad de estar impulsando un proyecto de Ley que establezca de manera precisa una jornada ordinaria de 12 horas diarias, como se pretende en la Asamblea Legislativa.

En el mundo, la jornada de ocho horas diarias se logró, como resultado de la lucha de los trabajadores europeos y estadounidenses a finales del siglo XIX.

Las huelgas generales que agitaron los Estados Unidos en la década de 1880-1890 establecieron, por las huelgas realizadas en 1886, especialmente en la ciudad de Chicago el reconocimiento y establecimiento de esa jornada para el 80% de los trabajadores que se habían movilizado en esas luchas.

En 1888 el movimiento obrero de los Estados Unidos se aprestó a continuar esa lucha el 1 de mayo de 1890 para asegurar la jornada de ocho horas en todos los Estados Unidos.

El 1 de mayo de cada año se discutía, en asambleas directas entre trabajadores y patronos, los contratos de trabajo y las condiciones de trabajo del año siguiente. Por ello, la huelgas para que el 1 de mayo de 1886 y de 1890 se negociara los contratos de trabajo, en estado de huelga, con la consigna de las ocho horas como jornada diaria de trabajo.

En 1889 dos congresos obreros de trabajadores socialistas en Francia se sumaron a la convocatoria de las huelgas y luchas que se realizarían en 1890. El Congreso de trabajadores reunido en la Sala Petrelle acordó, además, declarar y establecer el 1 de mayo de cada año, como un día internacional de lucha de los trabajadores, donde cada año, ese día, se pudiera hacer un balance de las luchas realizadas y trazar una agenda de nuevas luchas para el año venidero. Ese es el significado que tiene el 1 de mayo como día internacional de los trabajadores.

Desde entonces se realiza y celebra el 1 de mayo como Día Internacional de Lucha de los Trabajadores, en el cual se reivindican derechos laborales y sociales, se defiende como parte de las demandas la jornada de ocho horas, se lucha por alza de salarios, como elementos centrales de las movilizaciones obreras y de los trabajadores, junto a la defensa de los derechos de organización sindical, de huelga y de negociación colectiva.

En Costa Rica la lucha internacional de la jornada de ocho horas de 1886 fue seguida por la prensa diaria que se publicaba, dando detallada información de las luchas que se iban haciendo.

La Encíclica papal Rerum Novarum de 1891 recogió estas luchas y la Iglesia Católica se pronunció a favor de la jornada de ocho horas, del derecho de organización sindical, del derecho de huelga y del derecho a un justo salario. El Obispo de Costa Rica Bernardo Augusto Thiel, en 1893, recogiendo los lineamientos de la Encíclica, en su Carta Pastoral No. 30, se pronunció en igual sentido.

A principios del siglo XX los intelectuales Joaquín García Monge, Omar Dengo, José María Zeledón Brenes, autor de la Letra del Himno Nacional, Carmen Lyra, entre otros, fundadores del Centro de Estudios Sociales Germinal, impulsaron la gestación de la Confederación General de Trabajadores, en 1913, y en mayo de ese mismo año, convocaron a la celebración del primer Primero de Mayo, como día internacional de lucha de los trabajadores en Costa Rica. Desde entonces se ha celebrado y realizado esa fecha, y se han organizado marchas de trabajadores. Excepcionalmente, en pocos años no se celebró en la calle.

En 1918 trabajadores de la madera, ebanistas y carpinteros realizaron luchas para obtener la jornada de ocho horas de trabajo.

La Organización Internacional del Trabajo, fundada en 1919, al terminar la I Guerra Mundial, hoy organismo parte de las Naciones Unidas, estableció en su Primer Convenio, en 1919, la jornada de trabajo como un derecho universal de los trabajadores, ratificado por Costa Rica el 1 de marzo de 1982.

En 1920, huelgas en el sector de Obras Públicas, lograron en febrero la jornada de trabajo de ocho horas con un reconocimiento al derecho de huelga y de organización sindical. Resultado de esa lucha, se impulsaron huelgas ese año en diferentes sectores de la producción y de la economía y, en diciembre, el gobierno hizo el decreto estableciendo la jornada de ocho horas de trabajo en todo el país. La jornada no se cumplió plenamente y en el programa del Partido Reformista, en 1923, como en el del Partido Comunista, de 1931, se clamó por el cumplimiento de esa jornada.

En la década de 1940-1950, durante el gobierno del Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, 1940-1944, en el contexto de la crisis internacional provocada por la II Guerra Mundial, se aprobó la Reforma a la Constitución Política de 1871, para introducir en ella, el capítulo de las Garantías Sociales, y el Código de Trabajo, también aprobado ese año.

En las Garantías Sociales como en el Código de Trabajo se estableció la jornada de ocho horas de trabajo, como jornada máxima diaria, con posibilidad de extenderla por un máximo de cuatro horas diarias, reconociendo en esas jornadas extraordinarias un sobrepago de un 50% adicional al valor de cada hora ordinaria. De manera que, por ejemplo, si una hora de trabajo se paga a 1000 colones, para un total de 8000 colones al día, por cada una de las horas extraordinarias se pagaría a 1500 colones cada una, para un total de 6000 colones adicionales a la jornada ordinaria, obteniéndose un salario completo de 14000 colones por día.

En aquellos días del Gobierno de Calderón Guardia, 1940-1944, existió hasta 1945, el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, que reunía a los jóvenes, intelectuales y otras personalidades que se identificaban con la Social Democracia. De ellos, Otto Fallas Monge, Rodrigo Madrigal Nieto, Abel Castro Hidalgo, Luis Alberto Monge Álvarez, Mario Rodríguez Rodríguez y Rodrigo Odio González redactaron un Proyecto de Código de Trabajo, que fue presentado, tiempo después, a la Junta de Gobierno Fundadora de la II República, en cuyo artículo 158 establecieron que la jornada ordinaria de trabajo no podría ser mayor de ocho horas diarias, y en el artículo 162 establecieron que la jornada extraordinaria sumada a la ordinaria no podía exceder las doce horas al día. En el artículo 160 señalaron claramente que la jornada extraordinaria debía ser pagada con un 50% adicional al valor de la jornada ordinaria. Este Proyecto de Código no se aprobó. Se mantuvo el de 1943, que reguló en los términos ya dichos, que se llevó a la Constitución Política, en su artículo 58, la jornada de 8 horas ordinaria y la extraordinaria de 4 horas, reconociendo y obligando el pago del 50% adicional por cada hora de trabajo extraordinario. Se señaló claramente, en su artículo 59, “todo sin perjuicio de las excepciones muy calificadas que el legislador establezca”, que no tienen nada que ver con este régimen de jornadas laborales. Las excepciones están establecidas en la misma Constitución y el Código de Trabajo, que tienen que ver con regulaciones de trabajo de mujeres, de niños, en condiciones insalubres y peligrosas, entre otras.

Esta es la legislación vigente en el país. Es la legislación que debe cumplirse y respetarse en Costa Rica

Desde entonces este régimen de jornadas se aplica en Costa Rica. Puede haber empresas y patronos que no las cumplan, lo que queda para los Tribunales de Justicia en la materia laboral resolver si así se denuncia, o ante el Ministerio de Trabajo si ante ese Ministerio así se evidencia y denuncia. Aún así, toda empresa que quiera operar en el país, nacional o extranjera, y todo patrón nacional o extranjero, sabe esta obligación laboral al iniciar sus actividades empresariales, productivas o patronales.

Si vienen empresas extranjeras al país se ven obligadas a cumplir estos extremos de la legislación constitucional y laboral costarricense. Todas las que han venido así lo han hecho. Cuando se pide información para venir a invertir al país así también se les da a conocer. A ninguna empresa, empresario o inversionista se le puede ofrecer algo que en materia laboral no existe en el país. Los que vienen e invierten acatan y se someten a estas disposiciones laborales, de la misma manera como lo hacen los costarricenses que invierten y desarrollan empresas en el extranjero, que tienen que adaptarse y cumplir las leyes de esos países.

Las transformaciones de la economía mundial que repercuten en el país no alteran sistemas de trabajo y de jornadas existentes. En Costa Rida hay empresas y actividades económicas que trabajan de manera continua las 24 horas. Esto es permitido y es real su existencia. En ellas trabajan tres turnos de trabajadores de 8 horas, o bien dos turnos de 12 horas de trabajadores, si así lo pactan y si así se les reconoce el pago extraordinario. Esto no es ilegal ni inconstitucional.

¿Por qué entonces quieren modificar la jornada tope de ocho horas diarias, para extenderla a una jornada tope de 12 horas diarias, eliminando el carácter de las cuatro horas extraordinarias, sobre las ocho ordinarias? Simplemente, para no pagar el 50 % adicional que se debe pagar por esas horas extraordinarias. Simplemente, para ahorrarle al patrono, al empresarios, al inversionista, nacional o extranjeros, ese pago. Simplemente, equivale a aumentarle la ganancia y su riqueza a ese empresario, inversionista o patrono, y a la vez reducirle el salario o ingreso al trabajador, con las repercusiones que esto tiene al aguinaldo, que también se verá disminuido, y a la pensión futura que también se le disminuirá, más gravemente si también se aprueba la extensión de los años de retiro laboral, a los 70 años, como se quiere hacer en paralelo con esta reforma al régimen de la jornada de trabajo de 8 horas.

Lo que se quiere es llevar a la población del país a situaciones de pauperización cada vez más agudas, con menos capacidad de consumo, por falta de ingresos o salario débiles y bajos. Es provocar mayor desempleo y trabajo informal. Es provocar una mano de obra más barata, en amplia lucha de clases y sectores de clase, pujando por emplearse al más bajo salario. Es el empobrecimiento general del país lo que se impulsa con este proyecto de la ley esclavista que quieren imponer los diputados chavistas del gobierno, los de Fabricio Alvarado y su partido Nueva República, los de la Unidad Social Cristiana, algunos de Liberación Nacional en comparsa con otros independientes.

Valientemente están impulsando este Proyecto de Ley esclavista en un año electoral. Ya veremos con qué canto de sirena lo harán y engatusarán a los ciudadanos con este proyecto de ley de las 12 horas de trabajo diario, pagadas a menor valor o precio.

Como la jornada de 12 horas existe constitucional y legalmente en Costa Rica, pagando extras, no hay necesidad de imponer una jornada que no reconozca este pago extra.

Compartido con SURCOS por el autor.

China e Irán en el nuevo orden multipolar: comercio estratégico sin hegemonía ni sanciones

Mauricio Ramírez Núñez

Mauricio Ramírez Núñez

En medio de una convulsa pero decisiva reconfiguración geopolítica, China e Irán emergen como aliados clave en la construcción de un nuevo orden multipolar basado en la cooperación estratégica, el respeto a la soberanía y la eliminación de sanciones unilaterales. Un claro ejemplo de esta alianza se materializó el 25 de mayo de 2025 con la llegada por primera vez de un tren de carga procedente de Xi’an, en el este de China, al puerto seco de Aprin, cerca de Teherán. Este tren, cargado de paneles solares, no solo representa un impulso para la transición energética iraní, sino también un gesto simbólico de independencia frente a las rutas comerciales clásicas dominadas por potencias occidentales.

A través de una infraestructura ferroviaria que evita zonas controladas por fuerzas militares estadounidenses, o sea, fuera del alcance de la hegemonía occidental, el eje China-Irán está consolidando rutas comerciales seguras y eficientes. En un contexto donde EE.UU. amenaza con reactivar su «máxima presión» sobre Irán y detener incluso buques petroleros, la vía terrestre se presenta como un salvavidas comercial. Mientras que el transporte marítimo sufre demoras y vulnerabilidades geoestratégicas, como las tensiones en el mar Rojo (a causa del conflicto en Yemen) y el estrecho de Malaca, la ruta ferroviaria reduce a la mitad los tiempos de entrega y fortalece la autosuficiencia comercial.

Desde la firma del acuerdo de cooperación económica de 25 años por un valor de 400.000 millones de dólares en 2021, China e Irán han profundizado sus vínculos económicos. El 90% de las exportaciones iraníes hacia China están compuestas por productos energéticos y minerales, que encuentran en esta nueva red logística una garantía de continuidad frente a bloqueos. Además, Irán se consolida como un nodo esencial dentro de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) china, un megaproyecto que está redibujando el mapa comercial global sin imposiciones ni condicionalidades. Con toda certeza podemos llamar esto como una alianza contra la dominación económica occidental.

Este eje terrestre impulsado por China, que conecta con Irán, los Estados del Golfo, África y finalmente Europa, no solo compite con el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEC), promovido por EE.UU. e Israel: encarna la fractura geopolítica del siglo XXI. La rivalidad trasciende lo económico; es una disputa entre paradigmas. Por un lado, Pekín vende un modelo de cooperación sin condiciones, basado en infraestructuras, no injerencia y retórica de ganancias compartidas.

Por otro, Washington y sus aliados imponen una arquitectura de bloques, sanciones selectivas y controles financieros que buscan perpetuar una hegemonía cada vez más débil. Esta guerra de corredores comerciales es parte también de la lucha por la consolidación de un orden multipolar. Hoy esta se libra no sólo en el campo de batalla, como lo hemos presenciado en Ucrania, sino también en lo cultural, económico y tecnológico; en puertos, ferrocarriles, acuerdos de divisas, innovación tecnológica y nuevas rutas comerciales. China está ganando terreno mientras Occidente insiste en un “libre mercado” que solo aplica para sus aliados.

La reciente reunión en Teherán de representantes ferroviarios de China, Irán, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán y Turquía evidencia una voluntad compartida de fortalecer la conectividad comercial a través de tarifas competitivas y estándares comunes en el marco del estricto respeto a la soberanía, así como del modelo de vida propio de cada pueblo. El corredor Este-Oeste y el plan del Corredor Norte-Sur posicionan a Irán como un actor clave en la logística euroasiática de ese nuevo orden que emerge.

El tren China-Irán no es simplemente un medio de transporte más como para que pase desapercibido por estudiosos, empresarios y políticos. Es un vehículo estratégico y una gran señal de hacia dónde se dirigen las cosas, es un símbolo de una alternativa viable al orden global unipolar impuesto por potencias occidentales. Es la prueba tangible de que es posible construir redes comerciales sustentadas en la cooperación, la igualdad y el desarrollo compartido, como lo afirma China. La guerra de corredores no se libra solo en los mapas, sino en la definición del futuro del comercio global: uno donde muchos participen, y ninguno imponga.