OBSERVATORIO DE LA POLÍTICA NACIONAL – ESCUELA DE CIENCIAS POLÍTICAS
El equipo del Observatorio de la Política Nacional (OPNA) presenta el monitoreo de medios de comunicación 8-2020 y 9-2020 correspondientes a la semana del 27 de setiembre al 10 de octubre.
Además, el más reciente análisis de la Coyuntura Política Nacional «La Costa Rica Política en tiempos del FMI», disponible en el siguiente enlace.
Juan Carlos Durán Castro Secretario de Seguridad Social CTRN 20-10-2020
La inteligencia y la paciencia de los progresistas y hasta los que peyorativamente pueden ser calificados de comunistas en Bolivia y su jefe de campaña Evo Morales. Nos ponen de relieve que la inteligencia emocional, la malicia indígena, la prospección de García Linera y las enseñanzas de Mahatma Ghandi, Martín Luther King, dan sus resultados sino se cae en las provocaciones de los Sectores de la derecha, pero que esto implica e impone análisis de coyuntura profundos, disciplina y cohesión.
Esta enseñanza nos indica que lo actual en Costa Rica es una batalla que nos coloca de relieve la agenda inmediata que debemos definir como un paso hacia, pero que este es un contexto en el cual podríamos y parece que será así seguramente podemos salir más golpeados vistas las señales que se consolidan en la Asamblea Legislativa hoy día, donde la ultraderecha más rancia no para de dinamitar la institucionalidad y asumir posiciones y acciones fascistas que profundizarán el hambre, el desempleo, la exclusión social dada la sed ambiciosa de más concentración de la riqueza.
Por lo tanto, el tema está en que los movimientos sociales (incluidos los sindicatos), hagan una verdadera apuesta política de reconstrucción del MOVIMIENTO PATRIÓTICO NACIONAL y aspire a ganar en un plazo de dos años (2022), un par de batallas relevantes, sin ser, ni pensar, en un partido político, sino consolidar un brazo social de una opción supra electoral que reconfigure el mapa político en el Ejecutivo y Legislativo de Costa Rica.
Consolidados esos posibles triunfos de esas batallas, se debe pensar en un proceso que sea la alborada del desmontaje de un modelo de desarrollo que durante los últimos 45 años tiene al país con las deplorables cifras que ha indicado el INEC recientemente y que son reforzadas por estudios e informes de otras casas académicas y el mismo Programa del Estado de La Nación.
Sin lugar a dudas esto que soñamos es complejo ya que en la actualidad sabemos que está en desarrollo una agresiva campaña de la ultraderecha más conservadora del país que está dispuesta a jugar de manera solapada fuera de la institucionalidad para lograr sus más oscuros objetivos, por tal razón debemos dejar de lado el tablero y sacar las piezas del ajedrez ya que es en este escenario en el cual veremos la verdadera sapiencia e inteligencia emocional de las dirigencias de los distintos sectores sociales, pero en especial las dirigencias sindicales del diezmado sector público nacional.
Juan Carlos Duran Castro Costarricense por el bien de la Patria 20-10-2020
Juan Carlos Durán Castro Secretario de Seguridad Social CTRN 17 – 10 – 2020
1- Posición de corte fascista y no de Estadista del Presidente Su discurso sumamente retador y desarrollando alianzas con distintos actores y actoras para imponer su «diálogo institucionalizado» y antidemocrático, esa es la ruta trazada después de 4 intentos fracasados. La terquedad indica que para ser viejo y sabio, se debe ser primero joven y estúpido. (grafiti en puente entrando a Escazú).
2- Algunos líderes y liderezas de algunos sectores desde nuestra mirada han sido cooptados y pareciera que son manejados a control remoto. Se olvidan de su discurso y asumen que el » diálogo» del Ejecutivo y Legislativo es lo correcto.
Un error histórico que deja mucho que desear, pues asumen que los patriarcas que hicieron llamado al «diálogo» están por encima del soberano y eso sí es de analizar por fondo desde todo punto de vista, pues tales liderazgos podríamos pensar están en una zona de confort que los deja en un predicado muy complejo.
3- Observamos fracciones legislativas que reafirman su vínculo poco diáfano con los más ricos que no desean compartir su cuenta bancaria y su billetera para ayudar a los 1.600.000 pobres y a los 500.000 desempleados y desempleadas. De hecho osan desde una posición de corte fascista presentar moción en la Asamblea que desconoce a los que generan la defensa patriótica en las calles y se pliegan así al discurso obtuso del Presidente de la República.
Desconocemos si esta línea de confrontación cuenta con los votos suficientes en el hoy o después, pero de prosperar tales intenciones sin duda el país en su conjunto pierde aún más su norte.
4- UCCAEP y en particular su nuevo jerarca es atacada por Presidente de la República y a este personaje tristemente célebre suma a su política de alianzas una comparsa de Ex Presidentes (con las relativas excepciones de Arias y Figueres que se distancian de tales tesis por experticia, política, cálculo electoral, correlación de fuerzas en sus escenarios partidarios y posiblemente por analizar la enorme torpeza del Presidente Carlos Alvarado Quesada), que desconocen la lucha callejera (con sus errores y virtudes)
En tal contexto asistimos a ciertos errores del señor Célimo Guido que terminan ayudando a la oligarquía rancia perdedora de la silla principal de la UCCAEP.
Esa oposición interna perdedora que aprovecha la coyuntura y monta junto con los aliados de la Nación, Teletica, Repretel, Amelia y otros medios una narrativa engañosa para debilitar y destituir al nuevo Presidente de UCCAEP, que se atrevió a romper un paradigma de conformidad con el contexto político actual.
Si fue error o virtud lo acaecido entre RN y UCCAEP lo cierto es que no nos podemos quedar en ese balance, sino avanzar y ver el bosque y no solo el árbol, es decir, dejar de jugar tablero y empezar a jugar ajedrez, pues el momento lo exige, pues de fondo en los escenarios reales y paralelos se wata jugando el futuro de la Patria.
5- Analizamos el comunicado del PAC, el cual es tristemente célebre, de corte fascista y alineado con la torpeza juvenil de Don Carlos Alvarado.
Pero además es indicativo de que fuerzas tienen copada la dirección política de un partido que sigue cavando su propia tumba.
6- Desde nuestra modesta lectura el espacio de diálogo del Banco Popular (ATBPDC) , debe seguir siendo fortalecido y desee ese espacio debemos avanzar y presentar propuestas al Legislativo y Ejecutivo.
Así las cosas, todo apunta que el Gobierno obtuso no desea reconocer el mérito histórico de RESCATE NACIONAL, ya que los califica de una especie de terroristas que dinamitan la institucionalidad y veremos hasta donde sigue optando por no darles audiencia, pero sin duda esto podría cambiar en algún momento.
De igual forma aún no acepta que el espacio del Banco Popular va a caminar de forma autónoma y propositiva lo cual generará que más temprano que tarde algunos actores sindicales de forma no tan evidente se muevan hacia ese espacio y soliciten incorporarse después de haberle reducido su perfil.
7- Centrales sindicales reaccionan tardíamente de nuevo y en general el movimiento sindical sólo puede acompañar protestas puesto que el tema del derecho a huelga esta diezmado en razón de propios errores sindicales (por no darle otro calificativo), lo cual abre solamente una pequeña ventana para seguir metiendo presión en el actual contexto.
Se impone aceptar la realidad jurídica del tema de las huelgas en el sector público y ser altamente creativos para apoyar a RN, pero sobre todo debe el movimiento sindical en su conjunto mejorar con urgencia su lectura política y ponerse a la altura del momento ya que hasta ahora todo indica que si se suben a este tren posiblemente sea en los últimos asientos del último vagón.
8-Actores sindicales deben ampliar su balance político y apostar por mirar más allá de las personas o sectores y colocar al país al frente pues el momento lo exige, la agenda país está por encima de lo corporativo.
Una crisis financiera provocada adrede por la derecha rancia es un posible escenario de los sectores ultraconservadores, o sea, llevar al país a una situación de impagos no debe ser descartada y en tal sentido es que indicamos que el balance de coyuntura es poco profundo en la acera sindical.
9- A la academia Universitaria (existen excepciones), progresista la notamos desarticulada y la respuesta desde las Universidades refleja un buena dosis de captación de las tesis de derecha, posiblemente una buena parte de este sector académico que apostó y ayudó a que EL PAC ganara las elecciones este aún plegado a la miopía y ceguera del Presidente Alvarado, ojalá esto varíe pronto, pues al país le urge academia progresista.
10- Estado de La Nación tiene un tropiezo histórico relevante, pero además sin duda desee el génesis de este esfuerzo tenía pensada válvula de escape para Don Jorge Vargas Cullel.
Pero más allá de lo sucedido con el PEN, esa puerta debe seguir abierta pues no dudamos de la alta capacidad técnica del recurso humano que labora en esa institución y o dudamos que los buenos oficios del PEN pueden ayudar al proceso del Banco Popular.
11- Estamos en un momento de alta y constante negociación política y en ese sentido debe actuar la dirigencia de cualquier sector, pero lo justo y necesario es que todo actuar sea a la luz del día, sin miedos pero con sentido estratégico.
12- RESCATE NACIONAL es y debe seguir manteniendo niveles de autonomía y escuchar y entablar alianzas tácticas y estratégicas, PERO sobre todo debe definir sobre dos temas urgentes, tácticos y estratégicos, veamos:
1- Una línea clara sobre el tema del diálogo nacional, y
2- Desarrollar un trabajo de aporte a la reconstrucción de lo que hemos denominado EL NUEVO MOVIMIENTO PATRIÓTICO NACIONAL.
La mayoría de los artículos de opinión sobre la economía del país son difíciles de entender para la población no especializada. Ante la difícil situación económica que atraviesa Costa Rica, consideramos imprescindible que la ciudadanía tenga una comprensión más profunda de ciertos conceptos fundamentales y así poder tener una discusión informada de las alternativas. El presente artículo pretende brindar una explicación concisa de algunos de estos conceptos, sobre todo relacionados a la deuda pública.
Números e ideología
Costa Rica se encuentra en medio de una pandemia y, como resultado, en una situación social y económica sumamente difícil. Esto se ha sumado al descontento frente a las políticas públicas, así como a la desconfianza en el gobierno y la institucionalidad del país.
Mientras tanto, un 26 por ciento de los hogares están bajo la línea de pobreza.[1] Además, la tasa de desempleo abierto se encuentra en un 17 por ciento.[2] Cada vez son más las preocupaciones acerca del futuro de nuestros sistemas de salud, educación, pensiones, transporte público, infraestructura y recursos naturales.
Sin embargo, el enfoque del discurso público ha estado centrado en las finanzas del gobierno. Se insiste en que sus ingresos han disminuido, la deuda pública continúa aumentando y el déficit fiscal se está saliendo de control. Es así como se deshumaniza a las personas y se construye una sociedad al servicio de la economía, en lugar de una economía al servicio de la sociedad. Como expresó Juliana Martínez, no se deben confundir herramientas con objetivos: la economía debe ser una herramienta y no un fin en sí mismo.
La falacia del hogar
Es muy sencillo pensar en las finanzas públicas como si fueran las finanzas de nuestro hogar y sostener que los gastos del gobierno deben estar limitados por sus ingresos. Esto se ve frecuentemente en el discurso público en frases como “tenemos que tapar el hueco de la deuda”, “debemos zocarnos la faja”, y “estamos usando demasiado la tarjeta de crédito”. Todas estas frases pueden ser aplicadas a las finanzas de un hogar, pero confunden nuestra manera de entender las finanzas públicas. Esto ha sido analizado durante los últimos años bajo el nombre de la “falacia del hogar”.[3] Esta falacia conduce a un razonamiento absurdo: la deuda es mala porque amenaza nuestra calidad de vida en el futuro, pero tampoco podemos mejorar nuestra calidad de vida debido a la deuda. Este argumento circular acaba siendo la excusa perfecta para la inacción de nuestros gobernantes. Frente a esto, consideramos que para encontrar soluciones a los problemas que hemos observado históricamente y que han sido exacerbados por la pandemia, debemos empezar por analizar lo que no se dice cuando se recurre a la ya mencionada “falacia del hogar”.
Deuda, déficit, y superávit
Muy a menudo, los artículos de opinión sobre la economía nacional son inaccesibles para la mayoría de los ciudadanos. El exceso de tecnicismos dificulta su comprensión e imposibilita una discusión productiva y democrática. Como afirmó recientemente Rohan Grey, especialista en derecho monetario, “si la gente no entiende qué es el dinero, no puede haber una democracia real”.[4] Es por esta razón que comenzamos explicando varios conceptos básicos, pero imprescindibles para comprender la situación actual: el déficit, el superávit y la deuda.
Imaginemos que tenemos 1.000 colones. Luego observamos los siguientes casos:
Caso 1: Déficit. •Ganamos 500 colones y gastamos 700. •Es decir, terminamos con 800 colones. •Esto equivale a un déficit de 200 colones.
Caso 2: Superávit. •Ganamos 400 colones y gastamos 200. •Es decir, terminamos con 1.200 colones. •Esto equivale a un superávit de 200 colones.
Caso 3: Deuda. •Obtenemos un préstamo por 200 colones. •Gastamos los 1.200 colones que tenemos y nos quedamos sin dinero. •El déficit fue de 1.200 colones. •Tenemos una deuda de 200 colones.
En este ejemplo hemos ignorado el efecto de los intereses sobre la deuda para facilitar la discusión. Lo importante es que el déficit y el superávit se refieren al cambio en un balance durante un periodo determinado, mientras la deuda o el ahorro son cantidades acumuladas. En el caso de los gobiernos, también se usan los términos deuda, déficit y superávit. Esta deuda del gobierno la llamamos deuda pública y, para efectos de este texto, nos interesa diferenciar entre dos tipos de deuda: deuda en colones y deuda en dólares.
¿Por qué es importante hacer esta distinción? Cada colón que llega a nuestro bolsillo tuvo que ser creado y puesto en circulación con autorización del gobierno. El déficit del gobierno es un mecanismo mediante el cual ese dinero ingresa en la economía. Por ejemplo, cada vez que el gobierno invierte en un proyecto público, le paga a ciudadanos o empresas que son parte del sector privado. Esto se contabiliza como un gasto y en caso de que no se cobren impuestos que lo compensen, el resultado es un déficit. Finalmente, es este déficit fiscal el que permite que el sector privado tenga un superávit y logre ahorrar. En caso contrario, si el gobierno recauda más en impuestos de lo que invierte, el gobierno tiene un superávit, pero el sector privado pierde parte de sus ahorros. Es importante comprender esta relación antes de abogar ciegamente por un superávit del gobierno.
Deuda en colones y deuda en dólares
El monopolio sobre la moneda es una característica única del gobierno, por la cual nunca será incapaz de pagar las deudas denominadas en su propia moneda, independientemente de que las pueda incumplir por motivos políticos (como sucede actualmente entre el gobierno y otras instituciones públicas como la CCSS). Caso contrario ocurre con las deudas denominadas en una moneda extranjera, como el dólar, puesto que al igual que cualquier hogar, el gobierno costarricense no puede emitir dicha moneda, sino que debe recaudarla de algún modo (exportaciones o endeudamiento, por ejemplo). Este punto tan aparentemente trivial es de suma importancia, puesto que significa que, al hablar de la deuda pública, solo es pertinente emplear comparaciones con la deuda de un hogar si dicha deuda pública es en una moneda extranjera. Por el contrario, si la deuda pública es en colones, estas comparaciones son totalmente inapropiadas y engañosas. En otras palabras, el gobierno de Costa Rica puede emitir colones; los hogares costarricenses no. El equiparar la deuda en colones del gobierno de Costa Rica (emisor de colones) con las deudas de los hogares costarricenses (usuarios de colones) es lo que se conoce como la “falacia del hogar”. Ahora bien, es vital reconocer que, aunque la capacidad del gobierno tico de obtener colones sea infinita, existen límites que nos permiten reconocer cuando el gobierno inyecta más dinero en la economía de la que esta puede manejar. Uno de estos límites es la inflación (un aumento generalizado en el precio de bienes y servicios), y muestra que la solución a nuestros problemas es más compleja que simplemente “imprimir” dinero. Sin embargo, la gran utilidad de reconocer la “falacia del hogar” es que nos permite distinguir entre los límites reales (inflación, recursos materiales disponibles, entre otros) y los límites imaginados (un valor específico de deuda pública en colones que se considere arbitrariamente peligroso, como establece la regla fiscal). En el caso de que la deuda esté denominada en una moneda extranjera, el gobierno puede ser incapaz de pagarla. Un ejemplo de esto es Grecia, que entró en una severa depresión en el año 2009. Ante la incapacidad de obtener financiamiento en una moneda que no es propiamente suya, el euro, comenzó a aplicar fuertes programas de ajuste macroeconómico enfocados en la reducción del gasto público y los salarios, el aumento de los impuestos y la privatización de instituciones, la misma receta que hoy nos ofrecen en Costa Rica. Estas medidas han tenido un impacto social sumamente negativo,[5][6] y se estima que la recuperación económica de Grecia tomará 15 años más.[7][8] No en vano las deudas públicas de países desarrollados como Estados Unidos, Australia y Japón, tienden a ser exclusivamente en moneda nacional.
Como señalamos anteriormente, la economía no debe ser un fin en sí misma, sino ponerse al servicio de la sociedad. Debemos reconocer que no existe como una mera abstracción en el vacío, sino que se desarrolla en un contexto social y de estructuras legales que le dan forma. En ese marco, es importante no simplificar elementos clave como la deuda pública con discursos como la falacia del hogar, al igual que entender que el déficit es una herramienta fundamental de toda economía moderna, pues permite la acumulación de riqueza en diferentes sectores. Aunque no corremos el riesgo de declararnos en bancarrota por nuestra deuda en colones, sí lo hacemos con una deuda en dólares. Este es un hecho que no debe pasarse por alto cuando se habla de endeudamiento en monedas extranjeras, dado que las políticas de austeridad que se usan para evitarla bancarrota tienen un alto costo social. No obstante, existen riesgos reales de un déficit muy alto en moneda nacional, como la inflación. Este riesgo inflacionario se debe analizar más profundamente, y es dicho análisis el que permitiría evaluar el tamaño del déficit que nos podemos permitir. Por lo tanto, tampoco es conveniente reducir la solución a la “impresión” de dinero. Además, en otros espacios se ha mencionado el impacto que estas políticas pueden tener en las tasas de interés, los impuestos y el tipo de cambio. Todos estos son temas que requieren un análisis aparte, pero que sin duda debemos también reinterpretar si queremos buscar soluciones a los problemas que enfrentamos.
5. Referencias
Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional de Hogares Julio 2020. Resultados generales. Vol. 1, año 9. San José, Costa Rica, Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2020.
Instituto Nacional de Estadística y Censos. Trimestre móvil Junio-Julio-Agosto 2020. Encuesta Continua de Empleo. Principales indicadores. Vol.1, año 1. San José, Costa Rica, Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2020.
Kelton, Stephanie. The Deficit Myth. Modern Monetary Theory and the Birth of the People’s Economy. London, UK: John Murray Publishers, 2020.
Impulso de nuevas actividades económicas en zonas específicas del país y una incorporación más fuerte de las mujeres al mercado de trabajo deben ser claves
El día 15 de octubre el Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares del 2020, en los cuales se refleja un deterioro en la situación de los hogares del país, su condición laboral y por supuesto sus ingresos, como consecuencia del impacto de la crisis producto del COVID 19. Es importante resaltar que la encuesta se aplicó entre mayo y junio, cuando estaban activas las ayudas oficiales por medio del Bono Proteger, lo que indudablemente tuvo positivo en estos números, además de que en ese periodo las medidas sanitarias eran más estrictas y los cierres de actividades más comunes.
Según la encuesta, entre el 2019 y 2020 el ingreso promedio por hogar se redujo en 12,2% (el ingreso per cápita en 13,2%), siendo el ingreso generado por actividades propias o autónomas el más afectado, con una caída del 35,3% en este periodo, mientras que el ingreso por salario cayó un 13,8%. Esto es como consecuencia de las pérdidas de empleos y la reducción en la cantidad de horas laboradas (jornada de trabajo) a nivel nacional, que han venido elevando el desempleo y el subempleo, respectivamente, según lo muestra la Encuesta Continua de Empleo, pero que parece está afectando con más fuerza a personas autoempleadas, incluso en actividades informales, que antes de la crisis ya eran casi la mitad de la fuerza de trabajo empleada.
Esta pérdida en el ingreso de las familias fue parcialmente compensada con un fuerte incremento en el rubro de subsidios estatales y becas, así como en el de otras transferencias, donde se incluyen, según INEC, “las transferencias recibidas por los hogares para mitigar la emergencia nacional”. Esto tiene una implicación importante, pues en ausencia de las ayudas que se entregaron en esos días, el porcentaje de hogares en condición de pobreza habría sido mayor.
En términos regionales, tres regiones del país fueron las más afectadas por la caída en el ingreso promedio de los hogares: la Región Central con una disminución del 13,4%, la Región Chorotega con una reducción del 20,4% y la Región Pacífico Central con una caída del 12%.
En cuanto a la evolución de la pobreza, según la metodología de la línea de pobreza, de acuerdo con la ENAHO 2020, la pobreza total en el país pasó de afectar al 21% de los hogares en el 2019 a un 26,2% en el 2020; mientras que la pobreza extrema pasó de un 5,8% de los hogares en el 2019 a un 7% de los hogares en el 2020. En cuanto a la pobreza total por zona, el incremento más fuerte se dio en la zona urbana, que pasó de un 19,8% en el 2019 a un 26,4% en el 2020, mientras que en la zona rural la pobreza subió de un 24,2% a un 25,5% de los hogares. En cuanto a la pobreza extrema por zona, en la zona urbana esta pasó de un 5,4% en el 2019 a un 6,9% en el 2020, mientras que en la zona rural se pasó de un 6,9% a un 7,3% de las familias en condición de pobreza extrema.
Por regiones, son las regiones Central, Chorotega y Pacífico Central las que sufrieron los mayores cambios en el porcentaje de familias en condición de pobreza, pasando la Central de un 17% de los hogares en el 2019 a un 23,7% en el 2020 (+ 6,7 pp.), mientras que en la Chorotega creció de 20,3% de los hogares en el 2019 a 31,7% en el 2020 (+ 11,4 pp.). En el caso de la Región Pacífico Central, el incremento fue de 29,8% de los hogares en el 2019, a un 34,7% en el 2020 (+ 4,9 pp.), siendo esta la región proporcionalmente más afectada por problemas de pobreza del país.
Este aumento en el nivel de pobreza no puede desatenderse, por lo que se debe evitar que se convierta en un “valor piso”, como sucedió con los niveles de pobreza que tenemos desde los noventas (alrededor del 20% de los hogares), o que se mantenga en el tiempo e impacte durante varios años, como sucedió en los ochentas. Es probable que los niveles más altos de pobreza en las regiones Chorotega y Pacífico Central se deban a la abrupta caída en la actividad turística en esas regiones, como consecuencia de las medidas sanitarias para afrontar la pandemia del COVID 19, mientras que en el caso de la Región Central el aumento en la pobreza se deba al cierre de actividades relacionadas con el sector comercial.
Dado que en los últimos meses se han retomado muchas actividades comerciales, e incluso ha habido cierta reactivación de las actividades turísticas, en general es esperable que la pobreza se haya reducido ligeramente, aunque no por mucho pues el desempleo aún no se reduce de forma importante, mientras que por otro lado las ayudas del Plan Proteger no siguen “con el mismo empuje” como en el momento en que se hizo la encuesta.
Tomando en cuenta lo anterior, el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, es del criterio que:
Las ayudas que se entregaron al inicio de la pandemia deben continuar, extenderse en tiempo y cantidad de beneficiarios, hasta que la situación sanitaria esté bajo control. Una cosa que deja clara la ENAHO 2020 es que las ayudas habrían tenido un papel en contener el incremento en la pobreza, como producto de la crisis, pero, además, considerando que aún no hay una recuperación importante del empleo, la situación de las familias afectadas por la crisis puede seguirse deteriorando sin una ayuda pública.
Considerando la cantidad de recursos que el país utiliza en ayudas públicas desde hace mucho tiempo, así como los problemas de filtración que sufren estos programas y las dificultades del pasado para traducirlos en reducciones permanentes en los niveles de pobreza, urge repensar la forma en que estas ayudas se entregan y la institucionalidad alrededor de ellas. Pensar en utilizar los recursos actuales, así como los que se añaden temporalmente en razón de la crisis, para crear una renta mínima vital, por ejemplo, es algo que debe valorarse en el actual contexto. Esto podría mejorar el impacto de las medidas, así como la eficiencia en el uso de los recursos y reducir los gastos asociados a la administración de los muchos programas sociales.
Cualquier generación de recursos en el corto plazo, incluyendo el eventual incremento temporal de impuestos sobre los ingresos más altos de las personas físicas, debe ser destinado a cubrir estas ayudas. De igual manera, es importante continuar los esfuerzos por dirigir las ayudas en forma de alimentos, vía comedores escolares, a las familias con más necesidad, tratando de racionalizar esas ayudas para enfocarlas en los casos donde hay más necesidad y seguir con ellas en los meses donde no haya curso lectivo.
La mayoría de las personas que perdieron su trabajo en meses anteriores, no tenía un empleo calificado, por lo que una estrategia para la creación de empleo y reducción del desempleo en el corto plazo, debe concentrarse en la creación de empleos no calificados y buscar que estos se creen en las zonas con mayores problemas del país (ciertas partes de la Región Central, la Región Pacífico Central y la Región Chorotega). En ese sentido la inversión pública debe jugar un papel central en el proceso, por lo que, dada la caída en la demanda agregada nacional por la reducción en el consumo privado, sería la vía más eficiente para iniciar el proceso de reactivación.
El país ha desarrollado un esquema exitoso de atracción de inversión extranjera, pero que se ha enfocado en valorar las utilidades de las empresas y no en impulsar su valor agregado nacional. Estas empresas crean empleo, pero, por la forma del diseño de los incentivos, podrían estarse aprovechando para registrar más utilidades exentas en el país, en beneficio de las propias empresas, que el beneficio del país en creación de empleo, por ejemplo. En ese sentido, proponemos una reforma en los incentivos incluidos en el Régimen de Zonas Francas, para que en lugar de una exoneración sobre las utilidades se otorgue un subsidio público por creación de empleo. Para no afectar derechos adquiridos se respetarían los contratos vigentes, pero no se podrán renovar los contratos viejos con los incentivos anteriores. Esto permitirá al país concentrar sus escasos recursos en beneficiar a empresas que creen empleo, para valorizar los vínculos de las empresas con la economía nacional vía empleo, en lugar de valorar únicamente las utilidades de las empresas.
Es importante impulsar otras actividades que complementen el turismo en algunas zonas del país, que han crecido económicamente en los últimos años dependiendo de ese sector. El turismo puede llevar años hasta que alcance los niveles de actividad previo a la pandemia del COVID 19, e incluso podría ser que nunca más lleguen a esos niveles. El impulso a una economía descarbonizada y a una economía circular, pueden ser la vía para crear empleo y empujar la recuperación económica por medio de una visión nueva. Reducir exoneraciones en otras actividades y crear estímulos fiscales a empresas de economía circular, por ejemplo, es necesario en el actual contexto.
Finalmente, dado que las mujeres (especialmente las más jóvenes) han sido las más afectadas por el desempleo en los últimos años, se han visto más perjudicadas laboralmente por la crisis del COVID 19 y, además, son la mayoría de la población en condición de pobreza (un 45% de los hogares en condición de pobreza tienen jefatura femenina), la estrategia que se aborde para la creación de empleo a nivel nacional, y reducción de pobreza, debe concentrarse en crear empleo para las mujeres principalmente. Eliminar los sesgos negativos para la incorporación de las mujeres al mercado laboral es urgente, incluyendo en eso la creación del permiso de paternidad y el rechazo al Proyecto de Ley No. 21.182 denominado “Reforma de los artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo, para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras”.
Comunicado de prensa, Observatorio Económico y Social-UNA
Hay una coherencia perversa en la mayoría parlamentaria que se impone en estos momentos. Es lógico que los diputados y diputadas que le regalan 160 millones de colones a una asociación religiosa privada sin controles, o que invitan a líderes religiosos a inaugurar las nuevas instalaciones del Parlamento, confundiendo una institución pública con un sitio confesional; es lógico, digo, que sea esa misma mayoría parlamentaria la que quiera desfinanciar y asfixiar económicamente a la educación y a la cultura públicas.
No admiten más verdades que sus dogmas, por eso abominan del conocimiento científico. No conciben más texto que SUS biblias, no admiten más templos que sus iglesias, queriendo ver cerrados teatros, cines, centros culturales gimnasios y estadios. Y agitan sus demonios, pecados e infiernos para impedir que los espíritus libres conquisten el futuro.
El hilo se revienta por lo más delgado y una nación con educación pública y una inversión cultural anémicas, son la vía más rápida para acabar con la democracia. No es cualquier cosa la que se juega con esta fiesta de recortes en inversión social. Se estarán revolcando en sus tumbas las generaciones pasados que apostaron por una Costa Rica culta y educada.
¡Qué vergüenza!
Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su espacio de Facebook.
Cuando preguntaba (pregunta retórica) quién estaba detrás de la inversión económica que significaban las vallas, los trailers, las vagonetas, las movilizaciones detrás de la consigna NO MÁS IMPUESTOS, nadie respondió.
Ahora la respuesta nos patea en la cara. No más impuestos protege a los grandes intereses.
NO MÁS IMPUESTOS SIGNIFICA VENTA DE ACTIVOS, RECORTE EN PROGRAMAS SOCIALES, REDUCCION DEL ESTADO. Porque ¿de qué otra manera se solventará la crisis que enfrentamos?
Y los sindicatos, la mayoría aglutinantes de los mismos empleados públicos, se prestan al juego, junto con una mal llamada izquierda, de una miopía extraordinaria, y las fuerzas religiosas más retrógradas y oscuras, bailando la danza del ataque a la institucionalidad.
Ahora resulta que tenemos un gobierno paralelo, presidido por la UCCAEP, quien tocará el son para que los tontos útiles lo bailen.
¡Tristes momentos los que vivimos!
Tomado de la página de Facebook de Arabella Salaverry.
El pasado 13 de octubre, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, se procedió a elecciones para renovar varias vacantes en el seno del Consejo de Derechos Humanos. Para el período 2021-2023, fueron un total de 15 Estados los que resultaron electos como nuevos integrantes de la máxima instancia de Naciones Unidas en materia de derechos humanos.
El Consejo de Derechos Humanos en breve
Como bien se sabe, el Consejo de Derechos Humanos es un órgano que fue creado en el 2006, adscrito a la Asamblea General de Naciones Unidas (véase sitio oficial). Está compuesto por 47 Estados miembros, con ocho puestos otorgados a la región de América Latina y del Caribe.
Anterior a él, existía la Comisión de Derechos Humanos constituida por 53 Estados Miembros, la cual permaneció desde su creación por el Consejo Económico y Social en 1947 hasta su disolución formal (en marzo del 2006) como el principal órgano de discusión y debate en materia de derechos humanos en el seno de las Naciones Unidas.
En ambos casos (tanto la Comisión como el Consejo), se está en presencia de un órgano de carácter intergubernamental – y por ende político – en el que participan de manera exclusiva los Estados, con un extenso programa de trabajo en los más diversos tópicos sobre los cuales es llevado a pronunciarse (véase, a modo de ejemplo, el último informe del Consejo de Derechos Humanos a la Asamblea General de Naciones Unidas, correspondiente al período diciembre 2019-julio 2020).
Tablero de la votación acaecida el 23 de julio del 2014 a la hora de crear el Consejo de Derechos Humanos una comisión de investigación sobre las exacciones israelíes cometidas en Gaza en julio del 2014 y cuyo informe final se presentó en junio del 2015
El Consejo de Derechos Humanos se renueva de manera parcial cada año, con ocasión de una votación directa y secreta realizada en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que participan los 193 Estados Miembros de la organización. Como dato de interés, en mayo del 2018, Estados Unidos optó por no seguir siendo integrante de esta instancia de Naciones Unidas (Nota 1).
El resultado de las elecciones del 2020 en el seno del Consejo de Derechos Humanos
Por parte de América Latina y del Caribe, con tres vacantes liberadas al llegar al término de su mandato Chile, Perú y México, fueron electos el 13 de octubre del 2020 los tres Estados que postularon su candidatura, a saber: Bolivia (con 172 votos a favor), Cuba (170 votos), al tiempo que México fue reelecto con 175 votos (véase nota oficial y video oficial de Naciones Unidas con recuento de los votos registrados).
Es de notar que la nota verbal de Bolivia postulando su candidatura fue enviada a Naciones Unidas el 1ero de junio del 2020 (véase texto completo), a diferencia de Cuba, que lo había hecho desde el mes de enero del 2020 (véase texto completo).
Por parte de Europa del Oeste fueron electos Francia (con 167 votos a favor) y Reino Unido (165), así como, por parte de Europa Oriental, Ucrania (166) y Rusia (158); al tiempo que fueron electos por, África, Costa de Marfil (con 182 votos), Gabón (176), Malawi (180) y Senegal (este último reunió una cifra raramente alcanzada de 188 votos a su favor), mientras que Marruecos obtuvo una marca raramente obtenida: un único voto a su favor.
El otro grupo regional en el que se presentaron más postulaciones que escaños disponibles fue el grupo de Asia y del Pacífico, donde fueron electos China (139 votos a favor), Nepal (150), Pakistán (169) y Uzbekistán (169), quedando fuera Arabia Saudita (con tan solo 90 votos a favor reunidos).
El distanciamiento de Costa Rica con el Consejo de Derechos Humanos
Habíamos tenido la oportunidad de analizar la súbita candidatura presentada por Costa Rica a inicios del mes de octubre del 2019 (anunciada mediante … un tweet presidencial enviado de madrugada) para evitar que Venezuela fuera electa (Nota 2). Pese a la maniobra costarricense, quedaron finalmente electos en octubre del 2019 Brasil con 153 votos y Venezuela con 105 votos a favor, mientras que la repentina candidatura de Costa Rica reunió 96 apoyos, (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas del 17/10/2019). Cabe precisar que la nota diplomática de postulación de Costa Rica detallando sus compromisos en materia de derechos humanos (véase texto integral) fue circulada el 10 de octubre del 2019, tratándose posiblemente de la postulación más tardía presentada para una elección de esta naturaleza (a menos de siete días de la votación).
Otra ocasión en la que Costa Rica tampoco logró ser electa fue en el mes de octubre del 2014, siendo electos Bolivia (con 144 votos), El Salvador (151) así como Paraguay (139), mientras que Costa Rica no logró obtener más que 120 votos (remitimos a nuestros estimables lectores a la breve nota que publicamos en el sitio jurídico argentino de DIPúblico sobre esta elección del 2014, y disponible aquí): esta vez, la nota diplomática de Costa Rica fue circulada desde el mes de marzo del 2014 (véase texto integral).
Cabe recordar que la última vez que Costa Rica fue electa en el seno del Consejo de Derechos Humanos fue en el 2011, conjuntamente con Chile y Perú: en aquella votación, realizada en el mes de mayo del 2011, Chile recibió 159 votos a favor, Costa Rica 138 y Perú 136 votos, quedando fuera de la contienda Nicaragua con apenas 90 votos reunidos.
Es de notar que en mayo del 2006, al celebrarse las elecciones para constituir el Consejo de Derechos Humanos por primera vez (sustituyendo a la antigua Comisión de Derechos Humanos), los siguientes Estados de América Latina fueron escogidos: Argentina (158 votos a favor), Brasil (165), Cuba (135), Ecuador (128), Guatemala (142), México (154), Perú (145) y Uruguay (141); no fueron electos ni Colombia (1 solo voto, posiblemente el suyo), ni Costa Rica (6 votos a favor), ni Honduras (3 votos a favor), como tampoco Nicaragua (119 votos) ni Venezuela (101 votos). Remitimos a nuestros lectores, para mayores detalles sobre este episodio pocamente divulgado en América Latina, a esta nota de prensa oficial de Naciones Unidas.
A modo de conclusión
A partir del 1ero de enero del 2021, la región de América Latina y del Caribe se presentará en el Consejo de Derechos Humanos con los siguientes ocho integrantes: Argentina, Brasil, Cuba, Bahamas, Bolivia, México, Uruguay y Venezuela.
A la ya tradicional ausencia de Colombia, pareciera sumarse ahora la de los Estados centroamericanos, constituyéndose en una llamativa tendencia, mientras la cifra alcanzada por México (175 votos) viene a reafirmar la notable labor desplegada por su aparato diplomático en este 2020 (Nota 3): la elevada marca registrada por Bahamas al ser electa en el 2018 así como por Perú en el 2017 (180 votos) persiste como la más alta alcanzada por un Estado de la región.
Con relación a Costa Rica, después del verdadero traspié que significó su no elección en el 2014, pareciera que ha optado por varios años por no postular su candidatura para integrar la máxima instancia en materia de derechos humanos de Naciones Unidas: una actitud que puede sorprender a todo observador, dada la trayectoria y el amplio reconocimiento del que ha beneficiado Costa Rica a nivel internacional en el ámbito de los derechos humanos. El tardío interés que manifestó unas pocas semanas antes de la realización del voto en octubre del 2019 parece haber obedecido a una iniciativa (bastante peculiar) sugerida a sus actuales autoridades.
Para el 2021, serán nuevamente tres las vacantes de la región en el seno del Consejo de Derechos Humanos, al concluir su mandato Argentina, Bahamas y Uruguay; serán dos en el 2022 al concluirse los de Brasil y de Venezuela.
Esta nota fue elaborada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
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Nota 1: Sobre esta insólita decisión, directamente relacionada a la incondicional alianza existente entre Estados Unidos e Israel, remitimos a nuestros lectores a la siguiente nota nuestra: BOEGLIN N., «El retiro de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos: breves apuntes«, publicada en Monitor de Oriente (MEMO), edición del 26/06/2018, disponible aquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N.,»El anuncio de la reciente candidatura de Costa Rica al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: breves apuntes«, publicada en el sitio de Derechoaldía, edición del 8/10/2019, disponible aquí.
Nota 3: A estos 175 votos obtenidos para integrar el Consejo de Derechos Humanos, hay que señalar que en junio del 2020, México logró el respaldo de 187 Estados para ser electo Miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de 180 para integrar el Consejo Económico y Social – ECOSOC (véase resultados de elecciones disponibles en este enlace oficial de Naciones Unidas).
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Compilación de datos de interés: resultados de las últimas ocho elecciones de los Estados de América Latina y del Caribe en el Consejo de Derechos Humanos (el número refiere al número de votos obtenidos):
2020: Bolivia (172), Cuba (170) y México (175) 2019: Brasil (153) y Venezuela (105) – Costa Rica (96, no electo) 2018: Argentina (172), Bahamas (180) y Uruguay (177) 2017: Chile (175), México (179) y Perú (180) 2016: Brasil (137) y Cuba (160) – Guatemala (82, no electo) 2015: Ecuador (152), Panama (157) y Venezuela (131) – Bahamas (113, no electo) 2014: Bolivia (144), El Salvador (151) y Paraguay (139) – Costa Rica (120, no electo) 2013: Cuba (148) y México (135)
(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Luis Paulino Vargas Solís Economista, director a.i. CICDE-UNED
Me refiero aquí a un texto escrito por el economista y banquero Gerardo Corrales, que pareciera ser un mensaje dirigido al presidente Alvarado, y el cual, en los últimos días, circuló profusamente en redes sociales. Se trata de un listado de medidas gracias a las cuales lograríamos resolver, al parecer en forma definitiva, el problema fiscal. Con cada medida, viene la cuantificación respectiva. Algunas de esas cifras provienen de fuentes oficiales. En su mayoría son de la propia hechura del susodicho. De dónde salen los números que se ofrecen, nadie lo sabe; tienen un origen arcano y misterioso, solo al alcance del señor Corrales. Finjamos demencia, y limitémonos a repetirlas.
En lo que sigue, examino brevemente cada una de esas propuestas.
1) La aprobación de la ley de empleo público, incluyendo la prohibición de las convenciones colectivas (según lo indicado por Rubén Hernández) aportaría un ahorro del 1% del PIB en cuatro años. Así lo plantea Corrales. Yo, por mi parte, me permito decir ¿qué tal si, con una perspectiva menos autoritaria, admitimos que el tema es, como mínimo, opinable? Porque, ciertamente, es muy debatible la idea de imponer un régimen de empleo uniforme en todo el sector público, y un control centralizado de las políticas de empleo público. Por ejemplo, y para ilustrar el punto, mientras Corrales fue gerente del BAC ¿los regímenes laborales y salariales aplicados en ese banco eran idénticos a las que aplicaban el resto de las empresas, en el propio sector bancario y en otros sectores de la economía? ¿Será que había acaso algún estímulo especial a favor de quienes jaqueaban las bases de datos de la Caja, o para quienes embaucaban a gente humilde con tarjetas de crédito que cobraban tasas de interés arriba del 50%?
2) Aplicación generalizada del SICOP (Sistema Integrado de Compras Públicas): 1% de ahorro. La idea es por lo menos, rara. El SICOP debería ser una herramienta para lograr mayor eficiencia, de forma que, gastando lo mismo, las cosas se resuelvan con más rapidez, y, entonces, los servicios sean de mayor calidad y más oportunos. Debería haber mejora que incremente la calidad y cantidad de los servicios, no recorte del gasto ¿de dónde saldría ese recorte? ¿Acaso se compraría menos? ¿Consistiría acaso la idea en hacer el mismo volumen de compras con menos gente, procediendo entonces a realizar despidos? Supongamos, en todo caso, que el ahorro proviene de economías de escala en las compras ¿no deberían emplearse entonces esos recursos que quedan disponibles para ampliar y mejorar servicios, en vez de irse a hinchar los recortes? Porque una cosa es cierta: las necesidades y demandas destendidas o mal atendidas, son muchas. Recortar, en vez de aprovechar lo que quede disponible para ampliar la capacidad de atención, es una vía regresiva.
3) Reforma organizacional (reorganización): 2% del PIB. Dejemos de lado, por un segundo, el autoritarismo implícito a la forma como la propuesta se formula, y admitamos que ningún proceso de reorganización está exento de conflictos y fricciones. Que si tal cosa ocurre -y en el mundo de los seres de carne y hueso es usual que ocurra- el resultado podría ser incierto. Acaso ello podría evitarse si de por medio hubiese un proceso, necesariamente complejo y laborioso, de diálogo y construcción de consensos. Pero, bueno, no parece que eso calce con el talante autoritario y la impaciencia que caracteriza la propuesta que estamos comentando.
4) También en este caso -como con el SICOP- cabe preguntarse ¿por qué reorganizar deba implicar ahorrar, es decir, recortar? Debería, en cambio, implicar mejoría. Es decir, sí es una buena reorganización, que genera ganancias en la eficiencia y motivación y compromiso en las personas, debería propiciar que, con la misma cantidad de recursos, se presten más servicios y servicios más expeditos y de mejor calidad. Proponer que habrá ahorros, equivale, poco más o menos, a proponer que se mantendrá la misma calidad y cantidad de servicios, pero utilizando menos recursos ¿Querrá esto decir que se despedirá gente, de forma que, aproximadamente, se mantengan los mismos servicios, pero con menos personal? De ser ese el caso, ello agregaría nuevos elementos de conflicto y fricción, los cuales, aunque ajenos a la racionalidad autoritaria, sí forman parte inherente de la realidad, y sí tienen consecuencias reales, generalmente negativas.
5) Aparentemente (el planteamiento es sumamente oscuro) hay también una propuesta de recorte de los altos salarios, por un monto equivalente al 2% del PIB. No sé cómo se amolda eso con las leyes vigentes, ni parece que sea algo que preocupe a Corrales. No lo dice, pero se adivina que la cuestión queda resuelta como un ejercicio tan simple como arbitrario: agarre las tijeras y corte.
6) Corrales admite que podríamos recuperar hasta un 2% mediante el combate a la evasión. Curioso: no dice nada de la elusión, herramienta favorita de los muy ricos para evitar pagar impuestos. Asimismo, llamativo: solo menciona los “movimientos subterráneos” en Aduanas ¿y las ganancias empresariales que, comprobadamente, son la principal fuente de evitación del pago de impuestos?
7) Privatización de empresas públicas. Las ideas aquí vuelven a ser oscuras y enrevesadas, lo que, de nuevo, obliga a un ejercicio de adivinación. La cuestión va como así: que un 60% de la propiedad de esas empresas pase a los fondos de pensiones, lo cual al parecer reduciría la deuda en el equivalente al 5% del PIB y reduciría los pagos por intereses en, al parecer, un 2% del PIB. Recalcó lo del “al parecer”, inevitable cuando hay tal oscuridad en la expresión de las ideas. Es muy llamativo que una reducción del monto de la deuda por cinco puntos genere un ahorro en intereses de dos puntos ¿cuáles son las tasas de interés que implícitamente el señor Corrales asume? Pero, en fin, como es él quien lo dice hay que creerle. Eso exigen sus fans, que tanto lo idolatran.
8) Quedaría algunas otras nimiedades por resolver: ¿o en serio alguien podría creer que basta con un movimiento de la varita mágica para que ese proceso de privatización llegue a su gloriosa realización? Creer que esas son fruslerías irrelevantes, solo es propio, o bien de una mente autoritaria, o bien de un razonamiento abstracto que perdió todo contacto con la realidad. Lo más probable es que ambas cosas a la vez.
9) Ahora que todavía restaría preguntarse: una vez privatizadas, ¿esas empresas seguirán contribuyendo al financiamiento del sector público de la misma forma y en los mismos montos como lo hacen hoy día? La pregunta cobra especial relevancia en el caso de los bancos públicos, aunque no solo con estos. Si la respuesta es negativa, ello implica que Corrales nos está debiendo la deducción correspondiente a los montos de las contribuciones fiscales (o más bien parafiscales) que esas empresas hoy día aportan, y que en el futuro desaparecerían.
10) La “reingeniería de la deuda”: aquí reaparecen las oscuridades discursivas del señor Corrales, de manera que no queda claro cuánto es el monto del ahorro estimado, aunque aparentemente (estoy adivinando) podría ser del orden del 2%. En todo caso, lo llamativo es que esa reingeniería deba limitarse exclusivamente a la deuda colocada en el sector público. Al parecer, los rentistas del sector privado merecen ser mimados.
11) Algunos ajustitos en materia tributaria darían un 1,5%, con afectación mínima para los más ricos. La supresión de algunas exoneraciones, aportarían, por su parte, un 1,16%. Puesto que, en este último aspecto, se acoge lo planteado por el propio gobierno, queda claro que zonas francas han de preservar intactos sus privilegios.
12) Y, por supuestísimo, la regla fiscal, materia en la cual Corrales también hace suyas las estimaciones oficiales, para sumar 3,3% a la buchaca de los recortes.
13) Para reactivar la economía, Corrales propone un “War Economic Room” (sic) de donde debe salir una reactivación de la economía que incrementará los ingresos en el equivalente al 2% del PIB. No se sabe cuáles son las medidas de reactivación -eso lo decidirá el “War Economic Room”- solo sabemos cuáles son los numeritos de Corrales, cuyo origen preciso igualmente desconocemos, pero ¿a quién le importa eso? Cuando lo afirma este señor, solo un camino queda disponible: creerlo.
14) En resumen, tenemos lo siguiente:
Más del 13% (al parecer alrededor el 13,3%) del PIB en reducción de gastos.
Aproximadamente un 6,7% de incremento de ingresos, incluyendo los 2 puntos que presuntamente rendiría la reactivación de la economía.
Total: 20% del PIB, que, aparentemente, se obtendrían a lo largo de cuatro años, aunque eso no es claro (en algunos casos se menciona ese plazo, en otros se omite indicar plazo alguno).
Al parecer, la mitad de ese monto se dedicaría a reducción (amortización) de deuda. La otra mitad para lograr reducir el déficit a cero. Recalco: al parecer es así, y es importante tenerlo en cuenta, en vista de las reiteradas imprecisiones en que el susodicho incurre, lo cual obliga a interpretar, suponer, imaginar y, en último término, adivinar. La cuestión no tiene que ver con la complejidad de las ideas planteadas. En realidad, éstas no son simples, sino simplistas, ajenas a cualquier problematización que tenga ni dos centímetros de profundidad. El problema es que las cosas están dichas de forma muy desprolija, con un manejo del discurso escrito que da pena.
La cuestión tiene algo (o mucho) de delirante: nos quiere hacer creer que un ramillete de medidas puntuales e inconexas, no solo rendirían un monto gigantesco, sino que, además, podrían aplicarse sin que ello genere interrelaciones problemáticas y efectos secundarios, que, potencialmente, podrían ser muy complejos, y eventualmente muy conflictivos y dañinos. Como dije más arriba: es un planteamiento simplista, de tono autoritario y demagógico. Supongo que es justo por ello que resulta tan atractivo, puesto que, ante la ansiedad inevitable que toda esta situación genera, hoy son multitud quienes añoran una salida fácil, o algún milagro caído del cielo. Corrales, según parece, ha querido oficiar de profeta, a cargo de transmitir tan venturosa nueva.
15) En lo que no se dice -y lo que no se dice es muchísimo más que lo que está torpemente dicho- quedan muchas preguntas sin ser contestadas. Por ejemplo: ¿cómo se compatibiliza un proceso de ajuste fiscal de (al parecer) 5 puntos del PIB como promedio anual, con la presunta reactivación que el “War Economic Room” impulsaría? Quizá nos saque a relucir entonces las tesis de la “austeridad expansiva”, que, bien se sabe, enfrenta durísimos cuestionamientos teóricos y empíricos, y la cual, en un contexto de agravada incertidumbre como el que enfrentamos, y con índices de desempleo y pobreza realmente catastróficos, vendría a ser una apuesta al desastre. Pero, bueno, no sabemos. Este viene a ser otro más, en el interminable rosario de ejercicios de adivinación a que obligan las impresiones, vaguedades, silencios y omisiones de Corrales.
El acuerdo de Escazú consiste en un tratado regional, específicamente para América Latina y el Caribe, es un instrumento jurídico en materia de protección ambiental que tiene como fin el garantizar y facilitar la incidencia ciudadana, el acceso a la información y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en la región, lleva el nombre de Escazú puesto que fue adoptado y negociado en la ciudad de Escazú, San José de Costa Rica el pasado 4 de marzo de 2018, el mismo cuenta con una extensa participación de la sociedad civil, comunidad científica, y política. Asimismo, su objetivo es primordial ya que busca luchar contra la desigualdad, la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Es importante destacar que este acuerdo se enmarca dentro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el que se busca el alcance de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) los cuales son impulsados por la Organización de la Naciones Unidas (ONU), dentro de dichas metas se enmarcan tres de estos objetivos que son muy importantes, los cuales tienen gran injerencia en el cumplimiento de este acuerdo, estos son, ODS 10. Reducción de las desigualdades, ODS 13. Acción por el clima y ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
En ese sentido, es importante indicar que en América Latina es urgente este acuerdo con el objeto de resguardar los derechos humanos de todas las personas que se desenvuelven en el ámbito ambiental, ya sea desde sus labores profesionales hasta el activismo, no está de más recodar que en Costa Rica han surgido diversos acontecimientos violatorios a los DDHH, en las que algunos de estos, lamentablemente han terminado con la vida de ambientalistas y activistas.
En primera instancia, es indispensable recordar el asesinato de Jairo Mora Sandoval, un ambientalista y activista costarricense, que fue asesinado en junio de 2013, cuando buscaba proteger los nidos de las tortugas baula en el Caribe de Costa Rica, junto a él, fueron asesinadas cuatro personas más en aquel suceso, este caso ha sido de los casos más sonados inclusive a nivel internacional, por lo que a raíz de este lamentable acontecimiento políticos, colectivos y grupos organizados han llamado a una restructuración y reforma de la política ambiental costarricense, sumado a lo anterior, es importante mencionar asesinatos como el de María del Mar Cordero Fernández, Jaime Bustamante, y Oscar Fallas Baldí, integrantes de la extinta Asociación Ecologista Costarricense (AECO), quienes lucharon contra la compañía Ston Forestal, y entre otros crímenes en contra de ambientalistas, en dónde detrás de estos, sin duda alguna se esconden el crimen organizado y la mafia del tráfico de drogas.
El enfoque de derechos humanos que se le da al Acuerdo es crucial, según Global Witness, Latinoamérica fue la región con mayores asesinatos de defensores ambientalistas en el 2019, y es por esto, que este enfoque es indispensable con el objeto de encargarles mayores responsabilidades y esfuerzos en la lucha por el crimen organizado y los intereses detrás de los asesinatos de ambientalistas, en esa misma línea se analiza que
El Acuerdo de Escazú es también un tratado de derechos humanos. Es el primer tratado del mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en materia de medio ambiente (artículo 9). Esta primicia mundial está lejos de ser insignificante en una de las regiones del mundo más afectadas por los conflictos socioambientales y que presenta un mayor riesgo para la vida y la seguridad de las personas y grupos de personas que actúan como defensores de los derechos humanos en materia ambiental. (Barchiche, Hege y Nápoli, 2019, p.3)
Solo en el 2018, se registraron 164 personas asesinadas por motivo de ser defensores de la tierra y el ambiente, sin embargo, en la región de Latinoamérica, Colombia registró 24 asesinatos, Brasil 20, Guatemala 16, México 14, Honduras 4, Venezuela 3 y Chile 2 asesinatos, dichas estadísticas se muestran en el informe “¿Enemigos del estado?” de Global Witness.
En cuanto al derecho al acceso a la información, los estados deben asegurar jurisprudencia que asegure el acceso a la información y a la transparencia ambiental, mediante mecanismos de gobierno abierto y semejantes, sin embargo, en la región se tiene un gran reto porque “(…) como lo indica la UNESCO, demuestra claras dificultades para la aplicación efectiva de la legislación sobre libertad de información, en particular en el establecimiento de mecanismos adecuados que permitan el acceso a la información de manera oportuna” (Jiménez, 2019, p.393), esto inclusive debe incluir un plan de capacitación en transparencia dirigido hacia funcionarios públicos.
Por tanto, el acuerdo de Escazú es un importante mecanismo que procura derechos fundamentales dispuestos en la Carta Universal de los Derechos Humanos, y que por responsabilidad cada uno de los estados Latinoamericanos deben acceder a la firma y ratificación del acuerdo, para su entrada en rigor se debe proceder en primera instancia a la firma del mismo, demostrando interés en la materia y de ese modo se lleva a cabo un proceso de consulta bajo los ordenamientos jurídicos de los Estados, desdichadamente el plazo para que los países puedan firmarlo finalizó el 26 de septiembre de 2020, hacia el final de septiembre de 2020 se contaba con la firma de 23 países. En segundo lugar y una vez firmado el acuerdo se debe ratificar el tratado, los cuales se debaten y se realiza la votación en los Congresos o Asambleas Legislativas, hacia el final de septiembre de 2020, únicamente se contaban con 10 ratificaciones, para que el acuerdo entre en vigor se necesitan 11 ratificaciones.
Ahora bien, en el caso de los países que no llevó a cabo el proceso de firma y ratificación, puede dar la adhesión al acuerdo, dicho proceso es a través de los poderes legislativos de cada país. Por tanto, desde la sociedad civil es indispensable hacer un llamado vehemente a las autoridades del país, principalmente a las diputaciones para que de una vez por todas, ratifiquen el acuerdo, sin más demoras y trabas a los derechos humanos de las personas protectoras del ambiente y de los que están en la primera línea contra el combate al cambio climático y los intereses de inescrupulosos con grandes beneficios económicos, como la explotación de gas y petróleo, las piñeras con sus agroquímicos, los autobuseros que se oponen a una movilidad sostenible, los oreros con la extracción de oro y un sinfín de intereses adversos que no vienen más que a incrementar los efectos del cambio climático y las más afectadas son las zonas costeras, niños, niñas, y personas en pobreza extrema.
Referencias Bibliográficas:
CEPAL, N. (2018). Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Jiménez Guanipa, H. (2019). El Acuerdo de Escazú y el derecho de acceso a la información dan a luz una nueva jurisprudencia. Análisis jurisprudencial. Sentencia Fundación Ambiente y Recursos Naturales (farn) c/ ypf SA s/varios. Revista Derecho Del Estado, (44), 385-396. https://doi.org/10.18601/01229893.n44.14
Witness, G. (2019). ¿ Enemigos del Estado? De cómo los gobiernos y las empresas silencian a las personas defensoras. Londres: Global Witness.
Barchiche, D., Hege, E., Napoli, A. (2019). El Acuerdo de Escazú: ¿un ejemplo ambicioso de tratado multilateral a favor del derecho ambiental? IDDRI, Issue Brief N°03/19.
