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Al cumplirse dos años de la apertura a la firma del Acuerdo de Escazú en Naciones Unidas

Escrito en . Publicado en Análisis, Madre Tierra.

Asociación Americana de Juristas – Rama Costarricense

El Acuerdo de Escazú de Naciones Unidas, adoptado en Costa Rica en 2018, tiene el valor de un hito en materia internacional, al constituirse como el primer instrumento vinculante para América Latina y el Caribe en garantizar, desde la perspectiva de los derechos humanos, el derecho al acceso a la justicia, a la participación pública y a la información en materia ambiental. Su base se remonta a la Declaración de Río de 1992 que consagra, en su Principio 10, el derecho de participación del público en materia ambiental; así como al acuerdo europeo sobre participación (Convenio de Aarhus de 1998). El Acuerdo de Escazú viene a consolidar el derecho de todas las personas a ser actores esenciales en la toma de decisiones en materia ambiental y a reafirmar el papel del Estado en la protección de las personas que defienden el ambiente.

Al haberse cumplido el 26 de setiembre del 2020, dos años desde que se procedió a la apertura de firma del Acuerdo de Escazú en Naciones Unidas, la Rama Costarricense de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) considera de suma importancia:

  1. Expresar su profunda satisfacción por haber anunciado oficialmente Argentina el pasado 24 de setiembre la finalización del proceso de aprobación de dicho acuerdo regional suscrito en Costa Rica. Argentina se convierte en el décimo país es ratificar el Acuerdo de Escazú, viniendo a confortar a los nueve Estados que la antecedieron en el depósito del instrumento de ratificación en Naciones Unidas, a saber: Antigua y Barbuda, Bolivia, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, así como Uruguay.
  2. Hacer ver que el Acuerdo de Escazú es resultado de un amplio e inclusivo proceso de elaboración, del que cualquier agrupación civil interesada tuvo posibilidad de participar activamente (https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu/mecanismo-publico-regional), por lo que, desde su misma concepción es fiel reflejo del principio democrático que tanto distingue a nuestro País, junto con el respeto por el medio ambiente y los derechos humanos, también inherentes a dicho Acuerdo. Si Costa Rica retoma su liderazgo en derechos humanos y ambientales, tiene la oportunidad de ser el undécimo en ratificarlo, para que ya entre en vigor.
  3. Deplorar profundamente que el Poder Ejecutivo de Chile, promotor con Costa Rica de este valioso instrumento en favor del ambiente y de los derechos humanos durante las negociaciones de dicho instrumento (2014-2018) haya desistido inopinadamente de su buen esfuerzo inicial, separándose del resto de América Latina y el Caribe al negarse a firmar este tratado, con base en una serie de argumentos sin sustento jurídico ni ambiental y, por ende, desprovistos de veracidad. La primera señal de ello la había externado Chile en setiembre del 2018 en Nueva York, al no enviar ningún delegado a la ceremonia oficial de apertura de firma, celebrada durante la Asamblea General de Naciones Unidas.
  4. Lamentar profundamente que la Sala Constitucional de Costa Rica haya ordenado el pasado 22 de setiembre a la Asamblea Legislativa retrotraer el procedimiento de aprobación a su punto inicial, en razón, según la Sala Constitucional, de la falta de consulta al Poder Judicial sobre la supuesta afectación a su potestad de organización que significa la implementación del Acuerdo de Escazú. Sobre este último punto resulta a todas luces sorprendente que de los 10 Estados que ya han ratificado este instrumento, ninguno planteara que el Acuerdo de Escazú implique alguna carga adicional para el sistema de administración de justicia, como infundadamente lo argumenta la Corte Plena, cuya rebuscada ‘parsimonia’ contrasta significativamente con la posición del resto de los Países.
  5. Reafirmar, al contrario de lo sostenido en una cuestionable decisión tomada en en el voto 2017001163 de febrero de 2017 por mismo juez constitucional costarricense (y que constituye una total regresión con relación a su jurisprudencia anterior); que el principio de participación del público en asuntos ambientales sí es un derecho humano, porque en primer lugar, (aunque el dicho juez constitucional lo ignore intencionadamente) el artículo 9 de la Constitución define al Estado costarricense como una República participativa; y en segundo lugar, porque así lo ha establecido expresamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el párrafo 242 de su Opinión Consultiva OC-23, dada a conocer en el 2018 (véase texto completo) donde precisa que: » Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los párrafos 226 a 232 de esta Opinión«.
  6. Denunciar de manera vehemente la campaña de desinformación orquestada desde algunos círculos empresariales, con el apoyo de influyentes sectores gremiales y medios de prensa (a la que se prestaron algunos juristas) que se ha desatado en contra del contenido del Acuerdo de Escazú, en particular en Chile, Colombia, Paraguay y Perú, bajo argumentos sin sustento, totalmente ajenos a la letra y al espíritu del Acuerdo de Escazú.
  7. Reiterar que el resguardo del derecho a la participación ciudadana, al acceso a la información y a la justicia ambiental constituyen los pilares fundamentales del Acuerdo de Escazú en pro de afianzar mecanismos de democracia ambiental en nuestros respectivos ordenamientos jurídicos, así como la protección que debe urgentemente extenderse a quienes defienden el ambiente, en muchos casos desde sus pequeñas comunidades rurales.
  8. Recomendar a los Estados que aún no lo han hecho, que firmen y ratifiquen el Acuerdo de Escazú, para lograr su pronta entrada en vigor, la cual requiere el depósito del instrumento de ratificación número once, según reza el artículo 21 del mismo.
  9. Felicitar a las distintas organizaciones no gubernamentales y a los sectores académicos y gremiales por su entrañable esfuerzo en favor de la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú, teniendo presente que el fin primordial del mismo es consolidar una verdadera democracia ambiental en nuestra Región.
  10. Solicitar a la Asamblea Legislativa de Costa Rica que ratifique lo antes posible el Acuerdo de Escazú. Solicitar a la Sala Constitucional que reconozca el valor de este instrumento de derechos humanos ambientales y el aporte que brinda para consolidar la estructura jurídica en la región y específicamente en Costa Rica.

MINUCIAS LEGISLATIVAS y como tirarse de palo a palo

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Roberto Zeledón

Ayer se aprobó el Proyecto 21478 para el aprovechamiento sostenible de pesca de camarón. Proyecto muy pero muy controversial.

Este proyecto es de la autoría del diputado Melvin Núñez Piña, puntarenense del Partido Restauración Nacional, partido que ostenta la Presidencia del Directorio Legislativo con Don Eduardo Cruiskshank y que para su nombramiento contó con los votos de la fracción del gobierno PAC y del otro socio el PLN. Este proyecto de pesca de arrastre tuvo la firma de 40 diputados más al ser presentado.

En la agenda de ayer se encontraba el proyecto para reducir el costo del marchamo. Otro proyecto polémico y que para que pudiera entrar en vigencia debía aprobarse antes del 1 de noviembre.

Recordemos que tanto la fracción de Gobierno como el propio gobierno se habían opuesto al proyecto porque «afectaba los ingresos de Hacienda». Previendo la aprobación de este proyecto, el Gobierno mediante el Ministerio de Hacienda decretó un aumento en la valoración de vehículos en un 25% en general para minimizar el impacto del proyecto.

Con el traslado al Edificio nuevo hubo contagios que afectaron principalmente al departamento que es principal soporte administrativo para el funcionamiento de comisiones. Tan es así que el martes pasado en horas de la mañana se cancelaron todas las comisiones hasta el 31 de octubre próximo, solamente quedó funcionando la Comisión de Hacendarios porque supuestamente ese personal no tuvo contacto con los contagiados del Departamento de Comisiones. Así fue como entre las comisiones canceladas está Gobierno y Administración que tenía que dictaminar el Proyecto Ley Marco de Empleo Público.

Este jueves 22 la discusión del proyecto sobre pesca de arrastre consumió gran parte de la sesión.

Luego de la votación del proyecto de Restauración Nacional de pesca de arrastre, por ahí de las 3 pm, don Eduardo Cruickshank levantó la sesión argumentando que había 44 personas de toda la Asamblea que habían tenido contacto con contagiados y cerró las instalaciones hasta el lunes inclusive.

Con esta decisión de don Eduardo deja sin posibilidades al proyecto de reducción del costo del marchamo principalmente por los tiempos que no darían para Primer Debate, Segundo Debate y hasta la posibilidad de veto presidencial, que ya Carlos Alvarado había anunciado.

Así las cosas, el gobierno y las fracciones del PAC y Restauración aprovecharon la coyuntura pandémica y lograron cada uno sus objetivos: Restauración pesca de arrastre y Gobierno que no se aprobara la disminución en el costo del marchamo.

Dos apuntes finales:

  1. ¿Irá el Ministerio de Hacienda a revocar el aumento de valoración de la flotilla vehicular o aprovechará para cobrar más y sacarle más plata a los propietarios de vehículos?
  2. Carlos Alvarado como candidato se opuso a la pesca de arrastre: ¿irá a cumplir su palabra y vetará el proyecto aprobado sobre pesca de arrastre?

UNA pide veto a Ley de Pesca de Arrastre

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos, Madre Tierra.

  • Pronunciamiento de la Escuela de Ciencias Biológicas en torno a la aprobación del proyecto de ley para el “Aprovechamiento sostenible de la pesca de arrastre de camarón en Costa Rica”.
  • Petición al señor Presidente de la República para que vete la Ley al proyecto de ley N°21.478.
  1. Los continuos estudios realizados por más de 30 años por la Universidad Nacional en la zona marino costera del Pacífico Costarricense, en torno a la pesquería de camarón.
  2. Que las redes de arrastre no son selectivas, ya que el principio de estos artes es remover los fondos marinos y atrapar todo lo que se cruce a su paso, independientemente de la talla, edad,  grupo taxonómico (peces, moluscos, crustáceos, equinodermos, etc.).
  3. Que la pesca de arrastre rompe las redes tróficas de los mares, ya que mata indiscriminadamente organismos que se ubican en los niveles más bajos de las cadenas alimenticias y la captura incidental causada por la esta actividad, es una amenaza a la diversidad de especies en zonas tropicales, ya que ésta incluye la captura de especies de peces importantes para el consumo humano, siendo por tanto una amenaza a la seguridad alimentaria y a la sostenibilidad en la producción pesquera.
  4. Que las poblaciones de camarón de las costas de nuestro país se encuentran en estado de sobrepesca; evidenciando que tanto la biomasa de organismos juveniles como adultos han disminuido de forma alarmante, inclusive sobrepasando el 90% de sobre explotación.
  5. Que debido a sobreexplotación de las poblaciones de camarones; y las capturas de este recurso por parte de la flota semi-industrial disminuyeron en un 45% a finales del 2012, esta pesquería solo es rentable gracias a la captura de especies de peces como: cabrillas, congrios, pargos entre otros.
  6. Que los salarios que genera esta actividad están por debajo del salario mínimo, exceptuando el Capitán y los tripulantes con rango de marineros; además del efecto económico sobre recursos marinos que pueden ser aprovechados por la flota artesanal.
  7. Que la exoneración del combustible aplicada a esta actividad, reduce considerablemente los gastos en las tareas de las faenas de pesca, afectando notoriamente los recursos marinos.
  8. Que la pesca de arrastre no cumple con ninguno de los principios que inspiran a este proyecto de Ley que promueve esta práctica, como lo son el desarrollo sostenible, enfoque precautorio, preventivo y de sostenibilidad, ecosistémico, seguridad alimentaria, trazabilidad del criterio de sostenibilidad, entre otros.
  9. Que esta actividad pesquera causa daños al lecho marino y tienen un efecto negativo en algunos ecosistemas e incluso pueden dañar la misma pesca del camarón, esto por cuanto al ocasionar daño al fondo marino, todas las especies que viven o dependen de él se van a ver perjudicadas.
  10. Que un principio fundamental en el enfoque precautorio es que “La ausencia de información científica adecuada NO debe ser usada como una razón para posponer o no tomar medidas de conservación o de manejo”.
  11. Que los estudios científicos necesarios para el aprovechamiento, debe incluir la estimación de Biomasa disponible, periodos de desove, tallas o edades de madurez sexual de ese recurso, efecto ecosistémico de la actividad entre otros.
  12. Que se afectan negativamente las actividades económicas de otros muchos pescadores artesanales a lo largo de la costa del pacífico.
  13. Que el INCOPESCA no tiene capacidad ni libertad para hacer los estudios que permitan determinar la sostenibilidad de la actividad y mucho menos de hacer respetar que no se pesque en esteros, desembocaduras de ríos, arrecifes y áreas protegidas.
  14. El proyecto N°21.478, es una amenaza directa contra el artículo 50 de la Constitución Política establece que «Toda persona tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.  Siendo que es el estado el llamado a garantizar, defender y preservar dicho derecho.
  15. Llamamos al respeto de las partes por el orden y paz en el país, para que no haya disturbios que deriven en violencia innecesaria.

Por lo tanto:

Solicitamos respetuosamente que se vete la Ley derivada del expediente N°21.478 “Aprovechamiento sostenible de la pesca de arrastre de camarón en Costa Rica”.

Información: Oficina de Comunicación UNA

Alternativas: Hablemos de Ética

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Este viernes 23 de octubre a las 6 p.m. en el programa radial Alternativas, se estará tocando el tema “Hablemos de Ética”. Podrá sintonizarlo a través de los 1590 AM o bien a través de Facebook Live.

Estarán participando: Hámer Salazar, Jorge Chacón, Luz Marina Vásquez, Hugo Amores y Álvaro Zamora.

La lucha continúa…

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

La lucha social, de las movilizaciones de ciudadanos, de bloqueos de carreteras, en el interior del país especialmente, y en las arterias principales de circulación vehicular, no es casual. Es el resultado de una escuela de lucha social que se ha dado desde hace muchos años.

Las luchas y huelgas sindicales, de distintos sectores laborales, y estudiantiles, como las de las comunidades, cuando estas reaccionan de esa manera, como las de los sectores campesinos, son el resultado en primer lugar de organizaciones existentes que las dirigen, las organizan y preparan en todos sus alcances, o a la convocatoria de personalidades reconocidas. Raras veces responden a movilizaciones espontáneas de las gentes.

La importancia de los sindicatos para los trabajadores de las empresas privadas e instituciones públicas, es que por medio de ellos se pueden realizar luchas concretas, desde las negociaciones internas, entre sindicatos y patronos, sin que terminen en huelgas o paros, hasta los paros, las huelgas, sean declaradas legales o ilegales, y las negociaciones colectivas, o en el pasado los arreglos directos, que se realizaron como alternativa de negociación hasta que los Tribunales los impidieron.

La importancia conexa de los sindicatos es que son válvulas de escape, y de estabilidad laboral y empresarial, a la presión social existente de las mismas condiciones de trabajo, de la seguridad social y laboral, y a la estabilidad democrática nacional. Sin sindicatos las luchas sociales podrían ser más dramáticas. Los sindicatos son factores y actores activos de la democracia.

Estas luchas siempre han sido dirigidas con objetivos y metas precisas, posibles de alcanzar, destacando en ellas, aspectos principales y aspectos secundarios, sabiendo, por parte de los dirigentes, que en una mesa de negociaciones se pueden sacrificar unos aspectos para lograr otros, que son los más importantes. No se pueden realizar luchas de esta naturaleza con objetivos imposibles de lograr. En una huelga de hambre no se puede poner un objetivo imposible porque no se trata de que muera en la huelga de hambre quien se dispone a ejecutarla.

La tradición de huelgas y de luchas populares en Costa Rica se inició en el seno mismo de los sectores laborales, desde el siglo XIX, sin partidos políticos que los orientaran. Esas huelgas tuvieron grados de organización y preparación. Antes de que existieran los Sindicatos y las Ligas de Obreros, desarrolladas entre 1900 y 1902, ya existían esas formas de lucha, de huelgas y de paros, y de resistencia a los organismos policiales o militares, cuando había Ejército, con represión o sin ella, y con cárcel para dirigentes y manifestantes, y en ocasiones con muertos que los ha habido en Costa Rica.

Desde principios del siglo XX con la organización sindical se mejoraron esas formas de lucha. Se iban educando los trabajadores en su organización y en su lucha. Contribuyeron con ellos Omar Dengo, Joaquín García Monge, Carmen Lyra, José María Zeledón Brenes, entre otros intelectuales de la primera mitad del siglo XX.

En 1920, estamos en el centenario de esta fecha, desde finales de enero hasta diciembre, se realizaron una serie de movimientos huelguísticos que culminaron con el establecimiento de la Jornada de 8 horas de trabajo, para todo el país, jornada que se quiere eliminar actualmente.

Todo el movimiento sindical actual debería estar preparando actos relacionados con esta fecha, y hasta una gran manifestación, para el miércoles 9 de diciembre, en exaltación a esta conquista laboral, hoy amenazada por todos los costados.

A finales del siglo XIX el movimiento obrero y popular llegó a tener tres diputados, Félix Arcadio Montero, Faustino Montes de Oca, y Víctor Gölcher, en una época en que se consideraba que los diputados representantes de los trabajadores podían proponer y hacer leyes que mejoraran las condiciones laborales, y de vida, de los trabajadores, pensando, de esa manera también, que así superarían las injustas condiciones de un sistema económico y político de organización social.

Hasta la llegada del Partido Reformista, en 1923, volvieron los diputados representantes de los trabajadores, entre ellos, el líder sindical Julio Padilla. De ese período fue la obtención de la Ley de Accidentes de Trabajo, en 1925, ley que tenía 18 años de estarse peleando su aprobación en el Congreso.

Luego fue, a partir de 1934, con la existencia del Partido Comunista, 1931-1943, luego llamado Vanguardia Popular, a partir de 1943, que el movimiento sindical y las luchas de los trabajadores tuvieron una orientación política más clara.

Las luchas obreras y campesinas tuvieron una nueva dimensión con la presencia comunista organizándolas. A partir de la alianza de la Iglesia, el Partido Vanguardia Popular y el gobierno de Calderón Guardia, en 1943, la Iglesia impulsó su Central Sindical, la Rerum Novarum, que sobrevivió la Guerra Civil. Hacia 1958 se dividió dando origen a la central sindical socialdemócrata y originando sindicatos socialcristianos, junto a los de tradición comunista que se habían vuelto a organizar desde 1952, peleando, desde entonces, distintos grupos de trabajadores y a veces los mismos, como fueron en las Bananeras, las huelgas bananeras de la década de 1950-1960 expresión de ello.

Con los trabajadores estatales, especialmente en áreas estratégicas, muelles, ferrocarriles, electricidad, RECOPE y otras, los gobiernos, especialmente liberacionistas impulsaron la firma de convenciones colectivas de trabajo con sus sindicatos, para evitar la penetración de los sindicatos dirigidos por los comunistas.

El Partido Vanguardia Popular puso énfasis en las luchas agrarias, por la toma de tierras. Nunca esas luchas llegaron a paralizar el país, como lo hacen ahora los campesinos. Aquellas luchas fueron muy locales, intensas, dramáticas y altamente reprimidas. Solo en Guanacaste, entre 1930 y 1980 hubo más de 900 conflictos agrarios, y así eran otras provincias donde el problema de la tierra era explosivo. No casualmente Liberación Nacional impulsó el Instituto de Tierras y Colonización en la década de 1960.

A finales del siglo XX, Guido Vargas, quien llegó a ser diputado, en 1998, empezó a sobresalir como dirigente de los pequeños campesinos. El fue el que organizó, especialmente con UPANACIONAL, surgida en 1981, las grandes protestas campesinas que paralizaban el país en distintas partes del territorio, movilizando localmente a sus afiliados en las distintas provincias.

Esas enseñanzas fueron bien aprendidas y se siguen haciendo, como fue evidente en estas últimas protestas que ha habido, donde el país se ha paralizado, en carreteras, especialmente, por ese papel que juegan los micro, pequeños y medianos campesinos, casi imposibilitando que la Fuerza Pública pueda atender los distintos puntos de conflicto y de paralización de la circulación vehicular en carreteras.

En las luchas actuales, los cabecillas de Rescate Nacional rechazaron la presencia de Guido Vargas y hasta de “traidor” lo trataron, pero a él deben su capacidad organizativa y en cierta forma de lucha social.

El Partido Comunista, ni los otros partidos de la izquierda nacional, pudieron hacer este tipo de luchas en el sector campesino. Con obreros agrícolas, y de la caña, fueron muy exitosos, en Juan Viñas, en Coopevictoria o en CATSA.

En el momento actual, en los bloqueos de calles, siguen presentes estos sectores sociales y de trabajadores.

Los sindicatos se quedaron al margen o a la cola, hasta estos últimos días en que han empezado a movilizarse, con consignas muy débiles, cuando podrían estar haciendo énfasis en las luchas principales contra lo que se está aprobando en la Asamblea Legislativa, debilitando más los beneficios laborales que gozan todos los trabajadores del país, especialmente del sector público.

En la lucha urbana, sea por manifestaciones estudiantiles o convocadas por sindicatos, se bloquean las calles por donde transitan las movilizaciones, pero eso no ha alcanzado para paralizar simultáneamente distintas partes del país y por varios días. Solo durante la lucha del Combo del ICE, en el 2000, y del TLC, en el 2006 y 2007, se vieron situaciones similares.

La suspensión de estas actividades, en las luchas recientes, sobrevino de su necesidad. Se había llegado a un tope. La salida de UCCAEP con el cabecilla principal de Rescate Nacional fue la válvula de escape que facilitó la suspensión de actividades junto con las tareas que había impulsado la Fuerza Pública, y las acusaciones ante los Tribunales que se estaban encauzando.

La mezcla de intereses, que se reunieron desde sectores empresariales, y de tipo popular, movilizados por el mismo paraguas, y quizá las mismas fuentes de financiamiento, en contra de los impuestos que se querían aprobar en la Asamblea Legislativa, no se habían dado antes en el país. De allí ese amorío público evidenciado por disputar la paternidad y la maternidad de haber suspendido los bloqueos. Si de eso se trata, allí estaban el padre y la madre de esa criatura, de la suspensión de los bloqueos, que gozaban de cierta simpatía popular pasiva, pero que ya era asfixiante, para la ciudadanía como para los distintos tipos de empresarios, productores y comerciantes.

Estas luchas, las actuales, no tuvieron ninguna presencia importante o significativa de ningún partido político, ni de partidos de izquierda, que son casi inexistentes en el país. Lo más que hicieron algunos de ellos fue declarar su simpatía con la lucha, como tal, e invitar a participar en las marchas, pero en la cola de la criatura.

Carecieron estas luchas de los elementos organizativos de las marchas, para evitar o controlar hasta donde se puede a provocadores e infiltrados, interesados en desprestigiar las protestas, como de los organismos represivos y de seguridad nacional.

Estas luchas no tuvieron palancas parlamentarias que hubieran podido influir para una mejor canalización de las luchas y de las marchas. Estando el Proyecto de Ley, de aprobación del préstamo del FMI, en la Asamblea Legislativa, se movilizaban a la Casa Presidencial, más con fines políticos, y preelectorales 2022.

El corolario de estas luchas se dio con el enfrentamiento de los pescadores artesanales de camarón, esta semana, que se movilizaban contra el proyecto de ley que autorizaría la pesca de arrastre, y los empleados, o personas pagadas por las empresas que promueven la pesca de arrastre, aprovechando la pobreza de Puntarenas, el desempleo local y las necesidades económicas.

Las mafias organizadas alrededor de este negocio de la pesca de arrastre enfrentaron a ciudadanos pobres con pescadores pobres… Qué triste, pero así son a veces algunas luchas, donde los grandes intereses, y grupos mafiosos, ponen a pelear a sectores laborales, trabajadores y pobres entre sí… por supuesto, a veces también con la complicidad, y quizá con buen pago, de algunos de sus dirigentes…

La lucha continúa, es lo que se sigue afirmando.

Defendamos el Derecho Humano de la Cultura. ¡Que no cercene el Presupuesto de las instituciones culturales costarricenses!

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Cuando hablamos de la Cultura costarricense generalmente nos referimos a nuestro propio modo de ser, de los costarricenses, a nuestras raíces históricas y a las que contribuyeron a formarnos como seres humanos, como ciudadanos, como las personas que somos hoy, herencia de nuestros padres y abuelos, que vivimos dentro de la sociedad costarricense, en el marco de una convivencia democrática, con valores cívicos, morales, políticos, religiosos, que no son maná del cielo, sino que son resultado de una construcción social, que empezó en el hogar, en la familia, y continuó en la Escuela, el Colegio y la Universidad, en los que tuvieron oportunidad de concluir sus estudios hasta la Universidad, y en la Iglesia también.

La Cultura es el conjunto de los conocimientos, ideas y valores que también se adquieren, forman y consolidan por la lectura, el estudio, y las diversas formas de trabajo, así como por las distintas maneras de convivencia social, de relaciones sociales, por las tradiciones, usos y costumbres, modos de vida, formas de comportamientos sociales e individuales, que heredamos y en las que participamos desde pequeños.

La Cultura es el conjunto de bienes materiales y espirituales, tangibles y intangibles, que recogemos de nuestros antepasados, que vivimos en nuestro presente y heredamos enriquecidos a nuestros hijos, nietos y futuras generaciones.

Así tenemos la Cultura Costarricense, que es la que nos distingue y nos reconoce frente a otros pueblos y naciones. La Cultura es la expresión histórica de nuestra convivencia y desarrollo social. Es la herencia material e inmaterial, que hoy recogemos bajo la forma de Patrimonio Cultural, que de manera amplia abarca idiomas, creencias, conocimientos, ideas, objetos elaborados por los hombres, sus obras en general, como las hay en Costa Rica.

La Cultura es histórica, es precisa, concreta, responde también a momentos históricos, así como también tenemos la Cultura Universal, haciendo que cada pueblo tenga SU cultura, expresada en sus particularidades que provocan, en mucho hoy, los grandes procesos migratorios de turistas para ir a conocer otras regiones, o países, para ir a observar y admirar las obras que se construyeron en el pasado remoto, o para ir a observar Museos donde se resguardan para este deleite, las obras de las distintas manifestaciones de las diversas Artes, las Ciencias, la Música. ¿Acaso no atraemos turistas con estos propósitos de valorar lo que cuidamos como ese Patrimonio Histórico Cultural y Natural de nuestro país?

Por esta razón también los pueblos y las sociedades, han construido Museos, Bibliotecas, Archivos Nacionales, Centros de Rescate de este patrimonio humano. Y los han construido y apoyado para su existencia desde tiempos inmemoriales, porque son el sitio justo de mantener, en estas instituciones, los documentos físicos que nos testimonian ese desarrollo cultural, para comprenderlo mejor, para entender mejor nuestro presente y para poder soñar nuestro futuro.

En Costa Rica este esfuerzo empezó a hacerse desde el Siglo XIX, con una sociedad más pobre, en recursos económico financieros que la actual, en una sociedad con menor conocimiento y estudios de su población que la actual, con menos posibilidades físicas y materiales para la conservación de documentos, libros, periódicos, obras de arte en general, que las que tenemos hoy. Pero, en esos tiempos, habían las personas ilustradas, talentosas, inteligentes, visionarias del futuro, que previeron la necesidad de desarrollar estas instituciones de la Memoria Nacional. Y, hubo, sobre todo, los personajes políticos, Presidentes y Diputados, personas cultas y educadas, que entendieron la importancia de este acervo cultural e histórico para darle los recursos financieros, económicos y los apoyos estatales, que les permitieran su existencia y su desarrollo constante y permanente, y pudieran ser accesibles al mayor número de personas y ciudadanos.

El Archivo Nacional fue creado en 1881, hoy con una gran cantidad de funciones y de especialidades archivísticas, como el depósito y la conservación de los Protocolos Notariales. El Museo Nacional fue creado el 4 de mayo de 1887. En 1948 la Junta Fundadora de la Segunda República entregó el edificio del Cuartel Bellavista a la Universidad de Costa Rica para que lo desarrollara como Museo. La Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano”, que se fundó el 13 de octubre de 1888, y con ella crecieron, a su amparo y protección, las Bibliotecas públicas costarricenses, que en algunos cantones son grandes y muy importantes. La Biblioteca Nacional está adscrita al Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI) como ente en la dirección y organización de las 57 bibliotecas públicas en las siete provincias del país, y a la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (ABINIA). En el caso de nuestra Biblioteca Nacional tiene documentos desde el siglo XVI.

Estas Instituciones, sagradas de la Cultura costarricense, tuvieron distintas sedes físicas, hasta que poco a poco, con visión histórica, se les fueron dando sus mejores edificios, propios y permanentes, y se les fueron asegurando sus fondos de mantenimiento y funcionamiento, pero también de crecimiento.

El Archivo Nacional, el Museo Nacional y la Biblioteca Nacional constituyen hoy los tres pilares mas importantes de nuestra Identidad Nacional, de la Identidad Nacional Costarricense. En el siglo XIX otras instituciones como el Registro Nacional, de propiedades, iniciado en 1841 y fortalecido a partir de 1867, y luego el de personas, a partir de 1887, el Instituto Geográfico Nacional, nacido como Instituto Físico Geográfico en 1889, son también instituciones que ayudan a perfilar la identidad nacional costarricense. Así se podrían mencionar otras instituciones de este tipo, desarrolladas en el siglo XX.

En el campo de la Cultura Costarricense el gran viraje lo dio el Presidente José Figueres Ferrer, en su segundo gobierno constitucional, 1970-1974, cuando fundó el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes en 1971, con el antecedente de en que en los tiempos de la Junta Fundadora de la Segunda República, en 1948, Isacc Felipe Azofeifa Bolaños, Daniel Oduber Quirós y Carlos Monge Alfaro presentaron una propuesta a la Junta, para la creación de un Instituto Nacional de Bellas Artes. Por iniciativa, luego de Alberto Cañas Escalante, en 1963, en el gobierno de Francisco Orlich, propuso crear adscrito al Ministerio de Educación, un organismo encargado de atender todo lo atienten a las necesidades de aprendizaje y desarrollo cultural de Costa Rica. El mismo Alberto Cañas en 1970, como diputado, propuso el proyecto para la creación el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, con el apoyo de Fernando Volio Jiménez y el propio Presidente José Figueres.

En el Ministerio se concentraron las instituciones Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven (CPJ), el Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI), el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, el Archivo Nacional y el Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM), el Teatro Nacional, la Compañía Nacional de Teatro, la Editorial Costa Rica, la Orquesta Sinfónica Nacional, así como la designación y declaración de los Premios Nacionales Magón, Aquileo J. Echeverría y Joaquín García Monge.

El Ministerio asumió la tarea de definir y dirigir hoy la política nacional de Cultura y Juventud, y Deportes, en una parte de su historia, para fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, y facilitar la participación de todos los sectores sociales en los procesos de desarrollo cultural y artístico, sin distingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica nacional.

En 1992 se le dio al Ministerio de Cultura el edificio de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), que viene desde mediados del Siglo XIX.

Las tareas que por ley y misión histórica tiene el Ministerio son las de “Promover e incentivar la producción y difusión cultural y artística en sus diversas manifestaciones a nivel nacional, regional y comunal con la finalidad de estimular y apoyar a los creadores, grupos artísticos, organizaciones culturales y comunidad en general, rescatar, conservar, proteger y divulgar el respeto por nuestro patrimonio arquitectónico, documental, bibliográfico, arqueológico, natural e intangible, y el de crear espacios y oportunidades que incrementen la participación de la juventud, sin distingos de género, en todos los ámbitos de la vida nacional.”

Actualmente tiene a cargo los siguientes órganos y dependencias: La Dirección de Cultura, el Departamento de Fomento Artístico Cultural, el Departamento de Publicaciones, el Departamento de Promoción Cultural Regional, la Dirección del Sistema Nacional de Bibliotecas, el Departamento de Bibliotecas Nacionales, el Departamento de Bibliotecas Pública, la Dirección del Centro de Producción Artística y Cultural, la Dirección del Centro de Investigación y Conservación Patrimonio Cultural, la Dirección de Bandas. Y, los siguientes órganos, el Consejo Nacional de la Política de la Persona Joven (CPJ), el Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI), el Centro Nacional de la Música, el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, el Archivo nacional, el Sistema Nacional de Educación Musical (SIMEN), el Teatro Nacional, el Teatro Popular Melico Salazar, el Museo Nacional, el Museo de Arte Costarricense, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, el Museo Historico cultural Juan Santamaría y el Centro Histórico José Figueres Ferrer.

Junto a estas instituciones está también el Archivo Eclesiástico “Bernardo Augusto Thiel”, muy importante para la cultura nacional, no solo religiosa.

Cuando hoy los Diputados están cercenando el Presupuesto Nacional del Ministerio de Cultura, como quien corta una res en un matadero, están atacando a todas estas instituciones, están creando las condiciones de su destrucción, desaparición y de inmovilidad institucional. Están minando los bienes, riquezas, monumentos de carácter que tenemos como Nación, que han pasado de generación en generación, que son las bases de nuestra Identidad Nacional, son los elementos que nos distinguen como una comunidad plural de personas. Están castrando los Diputados la posibilidad de continuar recogiendo el acervo cultural que producimos. Se está golpeando a la Cultura como un Derecho Humano.

De personas incultas, ignorantes, alejados del saber, de la lectura y del conocimiento básico de la Historia Costarricense, y de conocimientos básicos de Cultura General, se puede esperar cualquier cosa y cualquier reacción, para pensar que pueden considerar que estos elementos, instituciones, órganos y dependencias, que se agrupan en el campo de la Cultura, en un periodo de crisis, como el que vivimos, pueden no ser importantes y que pueden disminuirse en sus gastos de mantenimiento casi hasta desaparecerlas. Al contrario, en un período de crisis como éste es cuando hay que fortalecer estas instituciones y la Cultura Nacional y Costarricense. En un período como el que vivimos de inserción en la economía global y de Tratados de Libre Comercio, donde tienden a desdibujarse la naciones y los país, como en los países europeos, tenemos que fortalecer los elementos de la Identidad Nacional y de Nuestra Cultura Costarricense, para poder sobresalir en ese mapa global.

Pero, Diputados de la Nación, Representantes Populares, del Pueblo costarricense, es inimaginable que puedan meter tijera justo a las instituciones encargadas de exaltar, preservar y proyectar lo mejor de los costarricenses, su cultura, su tradición, sus valores esenciales, su Identidad Nacional.

Perdónenme, que lo piense, pero solo siendo una persona tarada mental, que esté loca o haya perdido el juicio puede actuar de esa manera, o siendo personas imbéciles, es decir que sean poco inteligentes, por padecer una deficiencia mental que les impide actuar con sabiduría, con visión de futuro, con perspectiva, o que sean estúpidos, que carecen de la inteligencia y entendimiento para comprender actos que realizan. Parto de la idea que los señores Diputados no caen en estas categorías.

Espero que la Asamblea Legislativa, en su nuevo edificio, no obnubile el entendimiento, la capacidad de razonamiento de los Ciudadanos Diputados, no los egolatrice al extremo de que su auto valoración, su auto estima, su auto adoración exagerada, su auto percepción de su condición de Diputados, no lo haga sentirse Dioses del Olimpo costarricense sin darse cuenta que pueden estar en una simple Tontera, que es donde están los tontos, porque solo así se puede actuar contra la Cultura costarricense, haciendo tonterías, que es la cualidad de los tontos.

Contribuciones solidarias, la “guerra contra las pensiones de lujo”, y las jubilaciones del régimen transitorio de reparto del magisterio nacional: algunas interrogantes

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Dr. Jorge D. García, Ph.D.

En la sentencia de la Sala Constitucional 19274-2020, de días pasados, se rechazaron las acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra las reformas al Régimen de Jubilación de Hacienda-Diputados (Ley 148 del 23/9/1943 y sus reformas). En las acciones de inconstitucionalidad mencionadas se impugnó, entre otros, la introducción de la contribución especial, solidaria y redistributiva de los pensionados, según lo que establece la ley 9383 del 29-7-2016. De acuerdo al fallo de la Sala Constitucional, los cambios impugnados no son violatorios de derechos establecidos en la Carta Magna.

Importantes conexiones en la legislación

No es el propósito de este escrito referirse al contenido de la sentencia de la Sala Constitucional o a las acciones presentadas, sino a conexiones muy interesantes entre las contribuciones solidarias impuestas al Régimen de Hacienda-Diputados y las existentes de previo en el Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional. Explicamos: el artículo 3 de la ley 9383 en mención, que impuso la contribución solidaria a los regímenes de Hacienda- Diputados, establece que dicha contribución especial se impone sobre los excesos del tope definido para las jubilaciones de la siguiente manera: sobre el exceso del tope y hasta un 25% del mismo, 25% de contribución; sobre el siguiente 25% de exceso, 35% de contribución, y así sucesivamente, hasta alcanzar un 75% de contribución.

Pero resulta que esa contribución por sobre el tope de las jubilaciones no es original a la ley 9383. Desde 1991, la ley 7268, (Reforma Integral a la ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional), modificando la ley original 2248 (Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, del 5/9/1958), estableció en su art. 12 una “contribución especial”, con “destino específico para el fortalecimiento del Fondo”, para montos jubilatorios que sobrepasaran el tope máximo definido para esas jubilaciones, contribución que oscilaba entre el 15 y el 45%. Eximía de dicha contribución especial a quienes postergaran su jubilación. Esa contribución especial fue retomada como ”contribución especial, solidaria y redistributiva” en la ley 7531 ( Reforma Integral del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional) vigente en 14/1/1997 (1), y plasmada en su art. 71, donde se la define tal y como aparece, 9 años después, en la ley 9383 de 2016.

Se concluye entonces que la contribución solidaria y su aplicación al Magisterio data desde 1991, y se incluye en la ley 9383 copiando la contenida en la ley 7531. Por consiguiente, LOS JUBILADOS DEL MAGISTERIO NACIONAL CUYO MONTO JUBILATORIO SOBREPASA EL TOPE LEGAL, HAN PAGADO CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA ¡DURANTE LOS ÚLTIMOS 29 AÑOS! (exceptuando a un grupo de jubilados que efectuaron postergación y quienes estuvieron exonerados de la contribución según dictaba la ley 7268. A ellos se les ha interpuesto juicio de lesividad por parte del Estado para eliminar esa exoneración, lo que deberá resolverse en sede contencioso administrativa; la exoneración, sin embargo, se dejó de reconocer en 2014).

Las interrogantes obligadas

Es forzoso entonces plantear una primera interrogante: ¿por qué el hecho de que los jubilados del Magisterio han pagado contribución solidaria durante décadas no se ha mencionado a la opinión pública? Y cuando al fin se mencionó, en 2019, fue para decir que “Plan exigiría aporte a 3700 pensionados de lujo más” (2) y “Pensionados de lujo pagan poco en aportes solidarios” (3). Resaltamos aquí el hecho de que la prensa usó datos groseramente inexactos acerca del supuesto “poco aporte”. Estadísticas de JUPEMA en nuestro poder revelan que una jubilación elevada, con monto bruto o nominal de 10 millones, usada como ejemplo en la “información” periodística (2) recibía, antes de la entrada en vigencia de la ley 9796, un líquido de 4 304 511 colones (57% de deducción total); sobre el monto bruto se le deducían, solo por concepto de contribución solidaria, 2. 59 millones, no 1.5 millones, como afirmaba uno de los reportajes (2). (El resto de las deducciones incluían impuesto sobre la renta, cuota de seguro de enfermedad y maternidad de la CCSS, cotización regular al régimen, seguro de vida y comisión administrativa)

Datos erróneos como el señalado sirvieron para impulsar el proyecto 21035, de la diputada Xiomara Rodríguez, que se convirtió, con la aprobación unánime de los diputados, en la ley 9796; ésta ley rediseñó la contribución solidaria, imponiendo y aumentando el gravamen a jubilaciones bajas y medias pero disminuyéndolo, paradójicamente, para las más elevadas; se creó así una aberración matemática cuyas falencias han sido demostradas en otras publicaciones (4,5). Por ejemplo, una vez vigente la ley 9796, la contribución solidaria de la jubilación nominal (bruta) de 10 millones usada como ejemplo en la prensa, pasó de 2.59 millones a 2.39 millones (200 000 colones menos de deducción). Una jubilación de 4 millones nominales o brutos pasó, de no pagar la contribución solidaria, por así disponerlo la ley 7531, a pagar 657 000 colones por ese concepto. Y eso que, según ellos, pretendían afectar las jubilaciones más altas…

No solo se omite mención de los hechos en cuanto cotizaciones solidarias de las jubilaciones magisteriales, sino que desde el año 2014 los ataques mediáticos contra éstos jubilados arreciaron hasta extremos paroxísticos, utilizando la desinformación como arma principal, y a veces inexactitudes flagrantes. Por ejemplo, mención constante de los montos nominales o brutos para las jubilaciones, sin especificar que las deducciones totales aplicadas a las jubilaciones del Régimen de Reparto del Magisterio oscilaban entre 24% y 69% del monto bruto o nominal, hasta que la vigencia de la ley 9796 vino a dar al traste con esa progresividad en las deducciones que había establecido previamente la ley 7531.

Repetición a granel de que el régimen magisterial tiene “pensiones de hasta 12 o 14 millones”, sin la aclaración que por honestidad elemental se debería hacer, de cuántas jubilaciones se trata (70 con 8 millones brutos o más entre un total de más de 44 000) y de cuál es el monto neto (líquido) que reciben. Antes de la entrada en vigencia de la ley 9796, las jubilaciones en el rango de 10 a 12 millones recibían un monto neto de poco más de 4 millones, o sea que del total bruto, 6 a 8 millones iban de vuelta a la caja única del Estado, aún cuando sentencia de la Sala IV lo había declarado inconstitucional, por considerar que debía fortalecer el fondo de pensiones. De nuevo, éste hecho se oculta o disimula, por ignorancia o por mala fe.

 Insistencia enfermiza en que los jubilados magisteriales “no cotizaron, o no lo suficiente para los montos que reciben”, sin ninguna evidencia al respecto. Antes bien, sí existe, y tenemos, estimación actuarial en cuanto a que, con ajustes, las cotizaciones harían cubierto el pago de sus jubilaciones (6).

La atmósfera negativa de opinión pública creada por los medios respecto de los jubilados se traduce en rencor e inquina contra quienes han sido académicos honrados que han contribuido con sus esfuerzos y conocimiento a hacer docencia e investigación, preparando los profesionales que sirven hoy a la sociedad. Pero el veneno destilado tiene consecuencias más nefastas. Conduce incluso a ideación homicida. Tenemos documentado un comentario en redes sociales por un individuo que sugiere que la mejor manera de reducir la lista de “pensionados de lujo” (esa lista que se reproduce en estos días por parte del matutino digital) es “ponerles una bala entre los dos ojos”. A ese extremo hemos llegado, sin que a los medios les preocupe tal situación.

Todo lo anterior nos lleva a la segunda interrogante: ¿por qué se oculta, o minimiza, a la opinión pública el hecho, que hemos denunciado desde hace años, de que el Estado costarricense se apropió indebidamente de las cotizaciones magisteriales y las gastó como parte del Presupuesto? En un país con una prensa realmente independiente y objetiva, eso habría sido la noticia del año. Aquí se lo barre bajo la alfombra. Esa apropiación indebida es la razón por la cual las jubilaciones del Magisterio tuvieron que ser asumidas por el mismo Estado, ya que el fondo de pensiones nunca se estableció. Condujo a la partición del Régimen del Magisterio, en Transitorio de Reparto, que comprende a quienes ingresaron a labores antes de julio de 1992, con cargo al Presupuesto Nacional, y Capitalización Colectiva, con adscritos que ingresaron posterior a julio de 1992, administrado por JUPEMA.

Y la última interrogante es tal vez la más fundamental. Considerando la saña con que los medios se vuelcan contra los jubilados de los regímenes especiales, ¿qué es lo que se esconde realmente detrás de esos ataques? No es el simple afán de promover “justicia social”. Algunos indicios recientes permiten formular una hipótesis más inquietante. Existen dos regímenes especiales que poseen un fondo administrado con sana práctica actuarial: el de capitalización colectiva del Magisterio, y el del Poder Judicial. Entre ambos tienen una reserva de más de 5 millones de millones de colones.

Llegando a los “ fondos del asunto”

La portada del matutino nos informa, con fecha 28 de abril del año en curso: “Superintendenta aboga por sistema único de pensión. CREE NECESARIO CONSOLIDAR EL IVM CON LOS FONDOS DEL MAGISTERIO Y LA CORTE” (énfasis agregado). Esta cita, potencialmente explosiva por sus implicaciones, nunca fue desmentida por la Superintendente. Posteriormente, se reveló que miles de millones de la reserva del régimen IVM de la Caja Costarricense de Servicio Social fueron invertidos en títulos valores de una empresa privada. (7, 8)

En conjunto, estos datos permiten proponer como hipótesis que la campaña contra las “pensiones de lujo” persigue imponer recortes a las jubilaciones de los regímenes especiales, para bajarlas a nivel de los montos otorgados por el régimen de IVM-CCSS, “sin importar cuánto ha cotizado el beneficiario” (9), a pesar de que el Magisterio ha cotizado en el tiempo hasta 6 veces más de lo que cotizan los adscritos al IVM. Esos recortes tienen el potencial de socavar la base contributiva de afiliados al Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio y al Régimen del Poder Judicial, propiciando su cierre técnico, y posibilitando así el “apuntalamiento” del IVM con los fondos de reserva magisteriales y judiciales, según la pretensión atribuida a la Superintendente. Una reserva de IVM más sólida haría posible la inversión adicional en valores de la empresa privada.

Esa hipótesis se refuerza toda vez que un diputado ha admitido, en entrevista personal, que él piensa que el Estado podría hacerse cargo del pago de las futuras jubilaciones de los trabajadores activos de esos regímenes si ocurre su cierre técnico, cosa que él propulsa, repitiendo así el error que condujo a la crisis en las jubilaciones del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio. Sin embargo, es poco probable que tal idea sea viable, tomando en cuenta que en 1999 el Estado se comprometió al pago de las jubilaciones de éste régimen Transitorio de Reparto (art. 2, ley 7946 de 1999), y a pesar de ello ha propiciado, al paso del tiempo, que el legislativo establezca gravámenes reiterativos que comprometen el nivel de vida de los jubilados, aduciendo todo tipo de faltantes presupuestarios. Eso sí, no profirió queja alguna al tiempo que gastaba las cotizaciones magisteriales, en décadas pasadas, impidiendo así la constitución del fondo de pensiones. Dicho fondo, según el actuario de JUPEMA, podría haber alcanzado los 5 millones de millones al 2012.

En resumen, así como no es oro todo lo que reluce, hay motivos para suponer que detrás de la “guerra contra las pensiones de lujo” se esconden intereses con motivaciones muy distintas a las que se aparentan.

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Referencias.

(1) No se trata de un error tipográfico. El Régimen de Pensiones del Magisterio fue objeto de dos reformas integrales en menos de 5 años, en 1991 y en 1995.

(2) Periódico La Nación, pág. 5, setiembre 5, 2019.

(3) Periódico La Nación, pág. 4, setiembre 2, 2019.

(4) Hernán Alvarado. El autogol político 9796. ElPaís.cr, 9 julio 2020

5) Francisco Esquivel. El absurdo matemático de la ley 9796. Delfino.cr Mayo 29,2020

(6) Lic. Luis Guillermo Fernández. Ex asesor actuarial de JUPEMA por más de 20 años. Comunicación personal

(7) Caja invierte parte de los fondos de pensión en títulos valores de banca privada y en La Nación. Semanario Universidad. com, Setiembre 2, 2020.

(8) Comisión legislativa investigará inversiones de a Caja en títulos valores de La Nación. Semanario Universidad.com, Setiembre 9, 2020

(9) Periódico La Nación, Editorial, 5 de enero 2019

Crisis económica en Costa Rica: ¿Es el FMI una opción viable?

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Este próximo jueves 22 de octubre el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) y la Vicerrectoría de Investigación de la UNED le invita a la actividad: “Crisis económica en Costa Rica: ¿Es el FMI una opción viable?”, con la participación de Dr. Luis Paulino Vargas Solís, director del CICDE-UNED y M.Sc. Eva Carazo Vargas, investigadora CICDE.

Transmisión vía Zoom y Facebook / CICDEUNED

Datos para conectarse a Zoom:
ID de reunión: 854 8562 3702
Código de acceso: 923449