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Los “Chicago Boys” en Costa Rica

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo                                                                

Los Chicago Boys se le denominó a un grupo de jóvenes economistas chilenos que asesoraron a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), formados en la Universidad de Chicago y discípulos de Milton Friedman, uno de los principales ideólogos de la escuela neoliberal, para quien “el mercado siempre acierta”[1].

            Pensábamos que era una generación “extinta” de los tiempos de aquella nefasta dictadura nazifascista, que heredó al pueblo chileno una macabra historia de vejaciones, torturas y ejecuciones masivas, así como uno de los fracasados experimentos neoliberales en América Latina, con su secuela de privatizaciones en educación, agua, pensiones[2]…En fin, un pueblo sacrificado al dios-mercado.

             Resulta que no. Hoy, una nueva generación deambula por nuestro país con el mismo recetario debajo del brazo. Algunos vienen a dictar “cátedra” a su terruño, con aires mesiánicos, después de haber hecho carrera en Institutos (Thinks Tanks) y Organismos Financieros Internacionales, al servicio de los grandes intereses económicos y geopolíticos de los “poderes fácticos” del capitalismo mundial.

            Vuelven a su retórica publicitaria de la “eficiencia” del Estado, cuyo único propósito es reducir salarios, precarizar a la clase media y privatizar las instituciones públicas que más han contribuido al bienestar social del pueblo. Es decir, propiciar un Estado menos solidario y democrático y más oligárquico y autoritario.

            En una reciente entrevista del periodista Randall Rivera, en el Programa Matices[3] de Radio Monumental, el señor Juan Carlos Hidalgo, ex-analista en el CATO Institute, Washington DC., plantea la opción de la venta de activos del Estado. Sí, las “joyas de la abuela” no se pueden festinar en cualquier subasta, pero al final hay que venderlas. Además, recoge la idea de la nueva supervisora de pensiones y exministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, de la creación de un sistema único de pensiones –“una reforma del carajo”, en sus palabras, a lo tico–.  Al ser interrogado sobre cómo garantizar una pensión con un monto mayor que el que ofrece la Caja, el entrevistado patina, y de seguido el periodista le pasa el volado: ahí están las pensiones complementarias. ¡Pues, claro!, de eso se trata: fortalecer el sistema privado de pensiones.

            Continuar utilizando la mampara de lo público para justificar el gran negocio de lo privado. Sí, servir en bandeja de plata los ahorros de los trabajadores para que el sector financiero siga cosechando clavos de oro, a cambio de dineros devaluados que se devuelven a cuenta gotas a los “beneficiarios”. Y seguir alimentando un aparato de administración financiera, incluida la Superintendencia de Pensiones con salarios y alquileres millonarios, para enriquecer al “pobre” sector financiero y a una clase política rentista.  

            Rosa Pavellini, Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), hace dos comentarios al Informe de la OIT sobre reversión de la privatización de los sistemas de pensiones en Europa Oriental y América Latina. Por una parte, destaca que “revela con crudeza la hipocresía de la privatización de las pensiones, que básicamente institucionaliza el robo de los salarios de los trabajadores. Muestra la falta de moral de los neoliberales, que sabían exactamente lo que estaban haciendo”. Por otra parte, señala: “Este trabajo evidencia que cuando los trabajadores no participan en las decisiones, podemos estar seguros que su bienestar no será protegido”[4].

            Resulta inexplicable que mientras en 14 países de América Latina se están revertiendo los sistemas privados para volver a los públicos, según el informe citado, en nuestro país se busque fortalecerlos, y a espaldas de los trabajadores y sus organizaciones.

            Cabe preguntarse, entonces, ¿cómo se explica la resonancia de la nueva generación de “Chicago boys”? Por supuesto, esa escuela neoliberal tiene sus discípulos en el país, quienes los apadrinan y promocionan con pleitesía. De esta manera, logran saltar de las instituciones y organismos internacionales, con gran facilidad, a los más altos puestos del gobierno y también de los partidos políticos –la acrobacia en política es un arte que se practica habitualmente con más maña que ingenio–. 

            Las andanzas de los “Chicagos boys” de hoy, promoviendo la privatización y el desmantelamiento del Estado Social de Derecho, a cualquier precio, resultan bastante disparatadas, por decir lo menos. De Norte a Sur ese modelo privatizador hace aguas, y muestra su rostro inhumano de cara a las grandes pandemias sanitarias, sociales y ecológicas.

            Y es que en estos tiempos, las salidas antojadizas y las improvisaciones están a la orden del día. La inteligencia y hasta el sentido común ceden a las complicidades con los sectores del poder económico y a la ambición político-electoral cortoplacista.

            Entre esas improvisaciones y ocurrencias están los proyectos de ley sobre pensiones que promueven diputadas y diputados actuales, con los que pretenden hacer carrera política y promoverse como candidatos para las próximas elecciones. En palabras de Francisco Esquivel son “aberraciones que se hacen ley”[5]; la legislación más deslucida de la segunda república”, según Hernán Alvarado[6]. El primer proyecto aprobado 9796 (Ley Xiomara) está siendo impugnado por más de 400 recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad.

            Ante tanto desacierto y disparate, hay que apostar con seriedad por revitalizar el Estado Social de Derecho, sobre las sólidas bases éticas y afectivas de la solidaridad y la justicia económica y social. Propiciar nuevas formas de sociabilidad para una convivencia inclusiva y digna, es decir, donde se promuevan y respeten los derechos humanos y de la naturaleza. 

            Se dice que la solidaridad está en el ADN cultural de nuestro país. Efectivamente, somos un pueblo solidario. Hoy se muestra en la generosa entrega de los servidores públicos, para aportar a la contención del impacto de la pandemia del Covid19. Lamentablemente, es un concepto que se ha venido pervirtiendo por parte de gobiernos que se “solidarizan” con los que más tienen, ofreciéndoles generosas concesiones tributarias y no tocando ni un céntimo del gran capital, en medio de una situación de Emergencia Nacional. Mientras tanto, se exige solidaridad a los pensionados y trabajadores del sector público, duplicándoles los impuestos –que se presentan como “contribuciones solidarias” – y congelando el aumento de salarios por decreto.

            Para contrarrestar estas medidas antipopulares, se requiere, con urgencia, impulsar un adecuado sistema de justicia tributaria, que no ofrezca concesiones de privilegio a ningún sector, como se viene haciendo, al permitir las evasiones, elusiones y otorgar exoneraciones y amnistías a las grandes empresas nacionales e internacionales. Que los ricos paguen los impuestos y que a los pobres se les ofrezcan oportunidades para salir de la pobreza con dignidad.

            Así las cosas, no hay razón que justifique no aspirar a salarios y pensiones dignas. Es decir, volver a la política de salarios crecientes y apuntalar los regímenes públicos de pensiones, atendiendo a criterios de solidaridad, sostenibilidad y equidad.

            Para ello, se requiere reactivar la solidaridad y la justicia social. Sin esta reactivación no puede haber verdadera reactivación económica al servicio de la equidad y el bienestar social.

            El cuento actual de la “reactivación económica” –publicitado por los “vendedores de ungüento de serpiente económica” (Krugman)– es como el viejo cuento de que los Programas de Ajuste Estructural y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos nos iban a convertir en el “primer país desarrollado de América Latina” (Oscar Arias). Por favor, hay que ser más serios, no estamos para repetir los errores de ayer, sino para corregirlos.  

            Tenemos un gran reto por delante: recuperar el verdadero espíritu y significado de la solidaridad, para relanzar nuestro Estado Social de Derecho.

[1] https://www.efe.com/efe/america/economia/chicago-boys-los-economistas-que-hicieron-de-chile-un-bastion-neoliberal/20000011-4200772

https://surcosdigital.com/la-chilenizacion-de-costa-rica/

[2] Cfr. Informe de la OIT “La reversión de la privatización de las pensiones. Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina (2000-2018)”.

[3]https://www.monumental.co.cr/podcasts/matices-programa-del-02-de-junio-del-2020/

[4]  https://www.world-psi.org/es/estudio-de-la-oit-revela-quiebra-de-pensiones-por-privatizacion

[5] https://www.laplumacr.com/post/ley-9796-aberraciones-que-se-hacen-ley

[6] https://surcosdigital.com/el-disparate-legislativo-9796/

Foto con fines ilustrativos: CCSS

Hablemos de racismo en Costa Rica – conversatorio

El Centro de Investigación y Estudios Políticos y la Cátedra de Estudios de África y el Caribe de la Universidad de Costa Rica invitan al conversatorio Hablemos de racismo en Costa Rica.

La actividad será este martes 9 de junio a las 6 de la tarde mediante el Facebook Live CIEP-UCR.

Los detalles se encuentran en el afiche.

Imagen tomada del documental El racismo y discriminación a los negros en Costa Rica – Ver la nota: https://wp.me/p6rfbZ-bxL

Racismo en Estados Unidos: llamado conjunto de varios mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas

Nicolás Boeglin

Racismo en Estados Unidos: llamado conjunto de varios mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas

Ante las diversas protestas desatadas en Estados Unidos desde la muerte en manos de policías blancos del ciudadano norteamericano George Floyd en la ciudad de Minneapolis, varios mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas unieron sus voces este 5 de junio.

El contenido de ambos documentos en breve

En un primer texto colectivo, titulado «Statement on the Protests against Systemic Racism in the United States«, repudian el discurso de odio y de incitación a la violencia por parte de la máxima autoridad en Estados Unidos, recordándole las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos suscritas por Estados Unidos. En este comunicado conjunto, firmado por 44 mecanismos no convencionales de Naciones Unidas (véase texto completo), se puede leer que:

«The response of the President of the United States to the protests at different junctures has included threating more state violence using language directly associated with racial segregationists from the nation’s past, who worked hard to deny black people fundamental human rights. We are deeply concerned that the nation is on the brink of a militarized response that reenacts the injustices that have driven people to the streets to protest«.

En la parte final de su texto, los diversos mecanismos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos recuerdan también la obligación para los Estados de remediar mediante medidas de reparación actos como el perpetrado contra la vida de George Floyd, a la vez que exigen a líderes internacionales que se hayan expresado sobre este asesinato atacar las raíces estructurales de racismo y de la discriminación racial, al indicar que:

«Reparative intervention for historical and contemporary racial injustice is urgent, and required by international human rights law. This is a time for action and not just talk, especially from those who need not fear for their lives or their livelihoods because of their race or ethnicity. Globally, people of African descent and others have had to live the truths of systemic racism, and the associated pain, often without meaningful recourse as they navigate their daily lives. International leaders that have spoken out in solidarity with protestors, and with black people in the United States should also take this opportunity to address structural forms of racial and ethnic injustice in their own nations, and within the international system itself«.

En otro comunicado conjunto, también con fecha del 5 de junio, titulado «UN experts condemn modern-day racial terror lynchings in US and call for systemic reform and justice» (véase texto completo) varios expertos en derechos humanos de Naciones Unidas estiman que:

«We strongly condemn the killings of Ahmaud Arbery, Breonna Taylor and George Floyd, and call for systemic reform and justice. The latest videos to surface showing white men chase, corner, and execute a young man who was out jogging, or showing an officer kneeling with his weight on a man’s neck for eight minutes shock the conscience and evoke the very terror that the lynching regime in the United States was intended to inspire,” the experts said. “Given the track record of impunity for racial violence of this nature in the United States, Black people have good reason to fear for their lives«.

Se lee también en la parte final de este comunicado la preocupación generada por mecanismos internos policiales en Estados Unidos que favorecen la militarización de los integrantes de las fuerzas policiales; así como por el hecho que la presión que significa la pandemia del COVID-19 es mucho mayor para la población afrodescendiente en Estados Unidos, al aumentar significativamente el riesgo de verse afectada:

» The experts also recommended that the government of the United States revisit and cease policies facilitating qualified immunity, provision of military equipment to, and military-type training of police, no-knock warrants and use of non-uniformed police in citizen interactions. Finally, civilian oversight boards, mandated body worn camera use, de-escalation training, and independent review of all extrajudicial police killings would enhance both transparency and accountability.

The recent incidents are set in the context of COVID-19, which has heavily and disproportionately impacted people of African descent who faced greater risk and lesser ability to quarantine. These risks, the experts said, have been exacerbated by increased abuse of police authority, over-policing, and excessive force in the enforcement of physical distancing restrictions
«.


Estos dos comunicados se dan a conocer en plena progresión de la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos y una semana después de haberse oficialmente retirado Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS): remitimos a nuestros estimables lectores a la nota que elaboramos al respecto, titulada “Estados Unidos anuncia su retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS)” (disponible en este enlace). Como es sabido, Estados Unidos superó la dramática cifra de 100.000 muertes causadas por el COVID-19 el pasado 28 de mayo. Según los registros de la Universidad John Hopkins (véase enlace oficial a mapa del mundo), de las más de 6,9 millones de personas contaminadas a nivel global al 7/06/2020, Estados Unidos concentra en su territorio más de 1.931.000, seguido luego por Brasil con más de 672.000 personas afectadas.

Un llamado de atención a Estados Unidos raramente escuchado que reitera recomendaciones urgentes hechas… en el 2014

Los señalamientos y las recomendaciones que plantearon este 5 de junio los expertos de Naciones Unidas y los mecanismos no convencionales de derechos humanos en los dos precitados comunicados constituyen, sin lugar a duda, un verdadero desafío para las actuales autoridades norteamericanas.

Al respecto, merece mención recordar la letra del artículo 2 de la Convención Internacional para la Eliminación del Racismo y de todas las Formas de Discriminación, adoptada el 21 de diciembre de 1965 (véase texto completo), de la que Estados Unidos es parte desde 1994 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), y que se lee como sigue:

«Artículo 2

1. Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas, y con tal objeto:

a) Cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar por que todas las autoridades públicas e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación;

b) Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apoyar la discriminación racial practicada por cualesquiera personas u organizaciones;

c) Cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan como consecuencia crear la discriminación racial o perpetuarla donde ya exista;

d) Cada Estado parte prohibirá y hará cesar por todos los medios apropiados, incluso, si lo exigieran las circunstancias, medidas legislativas, la discriminación racial practicada por personas, grupos u organizaciones;

e) Cada Estado parte se compromete a estimular, cuando fuere el caso, organizaciones y movimientos multirraciales integracionistas y otros medios encaminados a eliminar las barreras entre las razas, y a desalentar todo lo que tienda a fortalecer la división racial.

2. Los Estados partes tomarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas especiales y concretas, en las esferas social, económica, cultural y en otras esferas, para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a estos grupos, con el fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas personas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esas medidas en ningún caso podrán tener como consecuencia el mantenimiento de derechos desiguales o separados para los diversos grupos raciales después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron
«.


También merecen ser recordadas las últimas observaciones del órgano encargado de verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta convención (el Comité para la Eliminación del Racismo y de otras Formas de Discriminación o CERD) con relación al informe oficial remitido por Estados Unidos, hechas en el 2014 (cuyo texto completo está disponible en este enlace). En ellas, se podrá leer que dos aspectos específicos relacionados a prácticas policiales en Estados Unidos dieron lugar a recomendaciones de carácter urgente por parte de los integrantes del CERD:

«8./…/Recordando su recomendación general Nº 31 (2001) sobre la prevención de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento de la justicia penal, el Comité insta al Estado parte a que intensifique los esfuerzos por combatir eficazmente y eliminar la práctica de la caracterización racial por parte de los agentes del orden en los niveles federal, estatal y local, entre otros medios:

a) Adoptando y aplicando leyes que prohíban específicamente a los agentes del orden la elaboración de caracterizaciones raciales, como la Ley destinada a poner fin a la caracterización racial;

b) Revisando urgentemente las políticas que permiten la caracterización racial y las prácticas ilegales de vigilancia, supervisión y reunión de datos, incluidas las Directrices sobre la Utilización de Criterios Basados en la Raza por los Órganos de Policía Federales de 2003;

c) Poniendo fin a los programas y políticas coercitivos de inmigración que promueven indirectamente la caracterización racial, como la iniciativa Comunidades Vigiladas y el programa previsto en el artículo 287 g) de la Ley de Inmigración y Naturalización;

d) Llevando a cabo investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales de todas las denuncias de caracterización racial, vigilancia, seguimiento y recopilación ilegal de información de inteligencia; obligando a los responsables a rendir cuentas; y proporcionando recursos efectivos, incluidas garantías de no repetición
«.


/

«8. /…/Recalling its general recommendation No. 31 (2001) on the prevention of racial discrimination in the administration and functioning of the criminal justice system, the Committee urges the State party to intensify efforts to effectively combat and end the practice of racial profiling by federal, state and local law enforcement officials, including by:

(a) Adopting and implementing legislation which specifically prohibits law enforcement officials from engaging in racial profiling, such as the End Racial Profiling Act;

(b) Swiftly revising policies insofar as they permit racial profiling, illegal surveillance, monitoring and intelligence gathering, including the 2003 Guidance Regarding the Use of Race by Federal Law Enforcement Agencies;

(c) Ending immigration enforcement programmes and policies, which indirectly promote racial profiling, such as the Secure Communities programme and the 287(g) programme; and

(d) Undertaking prompt, thorough and impartial investigations into all allegations of racial profiling, surveillance, monitoring and illegal intelligencegathering; holding those responsible accountable; and providing effective remedies, including guarantees of non-repetition
«.


En otras de sus observaciones, los miembros del CERD urgían a Estados Unidos en los siguentes términos:

«17./…/El Comité insta al Estado parte a que:

a) Vele por que todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden sean investigadas de manera pronta y eficaz; por que los presuntos autores sean enjuiciados y, en caso de que sean declarados culpables, se les impongan penas adecuadas; por que se reabran las investigaciones cuando se disponga de nuevas pruebas; y por que las víctimas y sus familias obtengan una indemnización adecuada;

b) Intensifique sus esfuerzos para prevenir el uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden velando por el cumplimiento de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de 1990, y se asegure de que la nueva directiva sobre el uso de la fuerza del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras se aplique y se haga cumplir en la práctica;

c) Mejore los informes sobre los casos relacionados con el uso excesivo de la fuerza y refuerce la supervisión del uso inapropiado de la fuerza y de la rendición de cuentas por esta práctica;

d) Proporcione, en su próximo informe periódico, información detallada sobre las investigaciones emprendidas en relación con las denuncias de uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden, incluidos los miembros del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras, así como sobre sus resultados, incluyendo las medidas disciplinarias o las actuaciones judiciales contra los autores y los recursos puestos a disposición de las víctimas o sus familias
«.


/

«17. /…/ The Committee urges the State party to:

(a) Ensure that each allegation of excessive use of force by law enforcement officials is promptly and effectively investigated; that the alleged perpetrators are prosecuted and, if convicted, punished with appropriate sanctions; that investigations are re-opened when new evidence becomes available; and that victims or their families are provided with adequate compensation;

(b) Intensify its efforts to prevent the excessive use of force by law enforcement officials by ensuring compliance with the 1990 Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, and ensure that the new CBP directive on the use of force is applied and enforced in practice;

(c) Improve the reporting of cases involving the excessive use of force, and strengthen oversight of and accountability for inappropriate use of force; and

(d) Provide, in its next periodic report, detailed information concerning investigations undertaken into allegations of excessive use of force by law enforcement officials, including the CBP, as well as their outcomes, including disciplinary or prosecutorial action taken against the perpetrator and remedies provided to victims or their families
«.


Cabe destacar la incuestionable pertinencia de estas recomendaciones hechas a Estados Unidos en el 2014 para prevenir en el futuro el racismo estructural y la discriminación racial que se evidencian en el actuar cotidiano de varias de sus fuerzas policiales.

A modo de conclusión

No cabe duda que la extrema precisión de estas observaciones de carácter urgente dadas a conocer por el CERD en el 2014, al parecer no atendidas debidamente por la administración norteamericana, haga que revistan una actualidad particular en esta primera semana del mes de junio del 2020.

Una ocasión propicia para reafirmar nuevamente cuán necesario es que sean implementadas las observaciones que emanen de los órganos de tratados de derechos humanos; y cuán imperioso resulta que sean ámpliamente divulgadas y analizadas en el seno de las sociedades, en Estados Unidos como en muchos otros Estados.

Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su blog http://derechointernacionalcr.blogspot.com/2020/06/racismo-en-estados-unidos-llamado.html

Imagen: http://www.i-ambiente.es/?q=blogs/una-breve-historia-de-discriminacion-racial

Esquipulas o la paz regional que nunca se construyó

Rogelio Cedeño Castro (*)

La frase tantas, veces repetida por Óscar Arias Sánchez, de que durante el conflicto armado centroamericano de los años setenta y ochenta del siglo anterior, los centroamericanos ponían los muertos y las superpotencias ponían las armas, no es más que un lugar común o verdad a medias cuyos alcances convendría examinar, con especial cuidado y atención. Aquel no fue simplemente un conflicto más de la no tan fría guerra que libraron la URSS y los EUA, a lo largo de varias décadas; más bien, cabe destacar que las causas de ese conflicto fueron endógenas y será, desde ese ángulo que intentaremos reflexionar sobre lo ocurrido, durante el cuarto de siglo transcurrido desde que empezaron a ponerse en ejecución los acuerdos de Esquipulas.

El mero hecho del cese del fuego, con el que se pretende muchas veces poner fin a un largo y cruento conflicto bélico, dentro de una determinada área continental, no puede ser confundido con la construcción de una paz positiva y duradera, basada en la superación de las causas profundas que le dieron origen, a partir de acuerdos cuya materialización debe conducir a profundas transformaciones sociales, políticas y económicas dentro de las sociedades y naciones donde han tenido lugar los enfrentamientos armados. Ese y no otro es el caso de la escalada de los enfrentamientos armados que tuvo lugar en el istmo centroamericano, a lo largo de varias décadas, como consecuencia de los graves problemas de legitimidad del poder de las elites regionales, originados en la crisis profunda de las formas tradicionales de la dominación, la que se puso de manifiesto a partir de las crecientes demandas de participación democrática efectiva y de una redistribución de la riqueza, el conocimiento y el poder, las que fueron cobrando presencia e intensidad crecientes, a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, en la conciencia y en el actuar de las grandes mayorías centroamericanas.

Debido lo anterior, puede afirmarse que los acuerdos de paz de Esquipulas, Guatemala firmados hace veinticinco años, en el mes de agosto de 1987, no trajeron la paz a la región centroamericana, puesto que de lo que se trató de la ejecución del plan maestro de una contrarrevolución blanda (ver nuestro libro La desmovilización militar en América Central. Dice Libro Editores San José Costa Rica 2008), ejecutado a contrapelo de la fórmula reaganiana de intervención militar directa de la armada estadounidense en todo el istmo, todo un plan político a partir de cuya paulatina materialización quedaron a salvo los intereses de las oligarquías centroamericanas, a pesar de algunos cambios cosméticos en las formas políticas de la dominación. De esta manera, se pasó de la era de las dictaduras militares y las formas más groseras de la dominación tradicional a unas democracias de baja intensidad, a las que calificamos de esa manera, empleando una especie de paráfrasis de las guerras de baja intensidad (Low intensity conflct) promovidas por el Pentágono Estadounidense, durante la década de los ochenta y noventa. Es decir, democracias formales, con periódicas consultas electorales, pero con la condición de que, a partir de sus resultados numéricos, no se vieran afectados los intereses de las viejas élites regionales, las que salieron fortalecidas y parcialmente relegitimadas, al ponerse fin a los enfrentamientos armados en el transcurso de la década de los 1990.

El incumplimiento constante y reiterado de los acuerdos de paz en materia de derechos humanos, en su dimensión política, para no hablar de los de carácter económico y social que tienen sumida a la región en la violencia y la miseria más degradantes y extendidas, fueron una parte esencial de esa gran mentira que buscaba no sólo mantener intacto del statu quo regional, sino que a acentuar las políticas neoliberales en beneficio de ciertos intereses locales y con preferencia, en beneficio de algunas empresas transnacionales, lanzadas al saqueo de los recursos naturales. La impunidad para los criminales de guerra, en su mayoría integrantes de las fuerzas armadas de cada país y de algunos cuerpos paramilitares fue la nota dominante, a lo largo de las más de dos décadas transcurridas desde el inicio de la materialización del llamado plan de paz regional, habiendo sido llevados a juicio sólo unos pocos de los responsables. El reciente golpe empresarial-militar en Honduras, del mes junio de 2009, ejecutado en uno de los países más violentos del mundo, lugar que disputaba con El Salvador, no ha sido otra cosa que una exacerbación de las mismas políticas sociales y económicas, impulsadas por quienes consideran que ellos ganaron -por así decirlo- el conflicto armado, fue el inicio de una grave sucesión de eventos, caracterizados por su secuela de asesinatos sistemáticos de dirigentes populares, periodistas y funcionarios del derrocado gobierno del presidente Manuel Zelaya , todo ello dentro de la misma visión totalitaria de las derechas regionales y de la administración estadounidense de los Obama-Clinton, en su afán de recuperar el control de su patio trasero que se ha visto reducido, en cierta medida, en algunos países situados el sur del continente.

La otra cara de esta contrarrevolución blanda, hábilmente impulsada y ejecutada por la figura más relevante del régimen de la dictadura en democracia, a quien por estos días de conmemoración de los Acuerdos de Esquipulas, Guatemala, del mes de agosto de 1987, se ha pretendido canonizar por parte de algunos de sus más notables corifeos, ha sido la ejecución de los planes del Consenso de Washington con su acelerada destrucción regional del Estado de Bienestar Social o Welfare State. Todo ello con el propósito de hacer retornar a las mayorías centroamericanas, obreras y campesinas, por no decir incluso a muchos sectores empresariales, a las condiciones de vida de por lo menos un siglo hacia atrás, en vísperas de lo conoce ahora como la Primera Guerra Mundial (1914-1918), sin organizaciones sindicales, seguridad social, prestaciones, pago de riesgos del trabajo y otras conquistas sociales no menos importantes por las que hubo que luchar hasta con pérdida de vidas, de manera heroica y tenaz, a lo largo de las primeras décadas del siglo anterior.

El plan de paz de Óscar Arias Sánchez, para el caso de Costa Rica, una nación que tuvo participación indirecta en el conflicto armado fue apenas una fachada para la intensificación de las políticas neoliberales, con estrategias de mediano y largo plazo para acabar con instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Durante ese período se bajó el aporte del estado a la caja del seguro social del 3.25 al 0.25 y se comenzó a pagar esa mermada aportación en bonos, de baja denominación y redimibles hasta por períodos de quince años (Ver el libro de Luis Alberto Jaén Martínez El gran asalto del PLUSC al seguro social San José Costa Rica 2011), de ahí en adelante la estrategia de la contrarrevolución blanda, caracterizada por el saqueo de los fondos públicos y su mala administración, se basó en la negativa a comprar equipos médicos para favorecer la contratación de servicios con las clínicas privadas (católica y bíblica que empezaron a crecer de manera monstruosa, como un buen negocio para los integrantes de las elites del poder en Costa Rica), las compras irregulares y fraudulentas (préstamo español y finlandés, a comienzos de la primera década del nuevo siglo) y un deterioro generalizado de los servicios públicos de salud, dentro de lo que constituye otra forma de la guerra contra el enemigo interno , dicho de otro modo la población o los habitantes del propio país. La destrucción sistemática del ICE, a partir de proyectos como el Combo Energético del ICE del año 2000 o la reciente apertura en el campo de las telecomunicaciones, ejecutada a partir de la mal llamada agenda de implementación del Tratado de Libre comercio con los Estados Unidos (TLC-CAEU-RD), también fueron parte de estas estrategias de la contrarrevolución blanda, dentro de su rostro social y económico, el que convendría analizar y estudiar con detenimiento.

Tal y como habíamos señalado en nuestro libro La desmovilización militar en América Central, al que habíamos hecho mención supra, las presuntas políticas de paz llevadas a cabo en el istmo marcharon a contrapelo de lo que había indicado el economista inglés John Maynard Keynes , integrante de la delegación de Inglaterra en la conferencia de paz de Versalles de 1919-1920, en relación con la reconstrucción del tejido social europeo después del primer conflicto bélico, a escala mundial, cosa que no de no hacerse (tal y como ocurrió) llevaría a otro conflagración armada, al condenar a Alemania y Austria al pago de indemnizaciones de guerra a los vencedores. Las políticas económicas y sociales de shock, en el mejor estilo del neoliberal /neoconservador Consenso de Washington, no fueron otra cosa que la continuación de la guerra por otros medios, sólo que, en contra de los vencidos, en este caso las grandes mayorías empobrecidas que habitan en el istmo centroamericano, lo que ha traído una exacerbación de otras expresiones de la violencia en la región, articuladas en las maras y toda clase de organizaciones del crimen organizado. En síntesis, el engaño de una paz que nunca fue otra cosa que un espectáculo para la platea de incautos, en ciertos casos o de interesados cortesanos, en otros.

(*) Catedrático de la UNA.

Parque de la Paz, Panabaj, Santiago Atitlán, Guatemala.

Juventud Cooperativista: “UCCAEP se cree la que gobierna Costa Rica»

SURCOS recibió un comunicado de Juventud Cooperativista Costa Rica en el cual se señala: “La UCCAEP se cree la que gobierna Costa Rica”.

En el documento escrito, se llama la atención de acerca de que esa organización empresarial le lleva al presidente “cientos de peticiones”.

La agrupación juvenil señala que entre las peticiones destaca la intención de quitarle recursos a instituciones claves de la economía social.

“Es necesario ALERTAR a las nuevas generaciones de que nos quieren dejar sin futuro, y esto no lo vamos a permitir”, advierte el comunicado.

La agrupación estima que no es posible que se pretenda “cercenar los fondos del INFOCOOP”, pues esto es contrario a la visión costarricense.

¿Cómo empieza a encuadrar el próximo proceso electoral?

Vladimir de la Cruz

Con frecuencia me preguntan cómo veo el escenario electoral hoy. No es fácil pintarlo adecuadamente, pero se pueden hacer algunas reflexiones.

He insistido en algunos artículos en la necesidad de avanzar, en el plano político, hacia coaliciones político electorales en el país.

Concentrar en cuatro o cinco grupos bien definidos políticamente le haría muy bien al país, al electorado, a la cultura ciudadana, a la conciencia cívica y al gran debate político nacional, siempre y cuando estas coaliciones se organicen sobre propuestas de Plan País, de Programas Políticos Nacionales para la mejor convivencia nacional, para un mejor desarrollo del sistema económico y político nacional, pero sobre todo para la mejor vida democrática.

Tradicionalmente, en Costa Rica, tuvimos en el Siglo XIX movimientos liberales, que culminaron en partidos políticos que se identificaban con el liberalismo político y el liberalismo económico.

Antes de 1890 quienes se decían pertenecientes al Partido Liberal lo eran porque abrazaban los postulados teóricos del liberalismo clásico de entonces o se identificaban con ellos. Orden, Progreso, Libertad eran los postulados básicos y clásicos de los liberales de finales del siglo XIX costarricense.

En Costa Rica, a diferencia de otros países, no se desarrollaron movimientos conservadores ni partidos conservadores, de modo organizado. Aun cuando se organizó el Partido Unión Católica, a finales del Siglo XIX, al impedírsele funcionar por el uso de ideas y sentimientos religiosos, no facilitó que se impulsaran partidos políticos, motivados religiosamente, cuando la religión católica era fundamental, de hecho monopólica en el escenario de las ideas religiosas en el país, cuando empezaban a penetrar las ideas religiosas no católicas, pero cristianas, que llegaron con la construcción del ferrocarril al Atlántico, principalmente.

Al no desarrollarse partidos ni movimientos políticos conservadores, dentro de los partidos liberales y de los movimientos liberales, arropados con sus banderas, sí se expresaron líderes políticos conservadores. Eso hizo que algunas personas que se autodenominaban liberales fueran en sus planteamientos prácticos conservadores, y a la inversa, algunas personas que se reconocían como conservadoras actuaran como liberales.

Frente a esos inicios del movimiento liberal organizado en partidos políticos, se dio en el Siglo XIX, el surgimiento de movimientos populares y partidos populares, como lo fueron el intento de un Partido de Obreros en 1886 y el Partido Independiente Demócrata en la década de 1890, ambos impulsados por Félix Arcadio Montero, el último Rector de la Universidad de Santo Tomás, quien también se opuso a su cierre.

Desde 1874 la sociedad costarricense había empezado a distinguirse en clases sociales, y empezaba a tomar conciencia social y política de ello. Igualmente, la sociedad costarricense se percibía a finales del Siglo XIX como una sociedad divida en clases. Así, por ejemplo, Félix Arcadio Montero, llamaba a los trabajadores, a los artesanos y a los obreros a organizarse, como “chaquetas”, “descamisados” y “descalzos” contra los “levitas” y el “Olimpo”. El Partido Independiente Demócrata llegó a elegir un Diputado, Faustino Montes de Oca, y obligó a que los partidos liberales de la época, impulsaran dentro de sus filas “Clubes” de Obreros, de Artesanos. Uno de esos partidos llegó a elegir, de esa manera, a otro trabajador, a Víctor Gólcher.

Los partidos movimientos políticos liberales, y los partidos liberales, marcaron el rumbo político y económico del país, desde 1870 en adelante. Los movimientos populares que fueron surgiendo a finales del Siglo XIX y principios del Siglo XX no hicieron mella en su dominio político institucional. En las elecciones de 1914 regionalmente se impulsaron partidos obreros en Limón, en Grecia y San José sin éxito electoral.

A finales de la década de 1910 el Dr. Aniceto Montero impulsó el Centro Socialista de Costa Rica y un Partido Socialista, sin participación electoral alguna. Divulgador y defensor de la Revolución Rusa y de Lenin, su principal líder, llegó a organizar desfiles de duelo a la muerte del gran dirigente político comunista.

Frente al movimiento político del Dr. Aniceto Montero se levantó como partido político, y con el apoyo sindical de la Confederación General de Trabajadores, Jorge Volio Jiménez, fundando su Partido Reformista, que eligió diputados obreros, defendió la Revolución Rusa, en una etapa de su desarrollo, exigió al Gobierno de Cleto González Víquez que restableciera relaciones con la Rusia Comunista, las que se habían suspendido, o roto, con el triunfo de la Revolución Bolchevique, relaciones que existían, con el Gobierno Zarista, desde el Gobierno del General Tomás Guardia Gutiérrez.

El Centro Socialista o Partido Socialista del Dr. Aniceto Montero y el Partido Reformista empezaron a cuestionar la existencia y presencia de los liberales en el Gobierno, y en la estructura del Estado, y a levantar banderas de defensa de los intereses populares, y de reformas sociales, que no fueron banderas ni luchas de los liberales. Así se fue marcando el nuevo escenario político electoral, y de cuestionamiento del movimiento liberal costarricense.

En 1931 al fundarse el Partido Comunista de Costa Rica fue más categórico el enfrentamiento con los liberales, y con el Partido Reformista que todavía existía. El Partido Comunista se enfrenta al Partido Reformista para ganarse a los sectores obreros y campesinos, y a la gran masa de desempleados que había provocado la crisis de 1928-1934, cuando el Partido Reformista estaba totalmente aliado a los gobiernos de entonces desde 1928 hasta 1934, cuando prácticamente desaparece.

La década del 30 la domina en ese escenario el Partido Comunista, y dirige al movimiento sindical organizado, que venía desde la crisis económica internacional. Del movimiento liberal el Partido político dominante fue el Republicano, que en su seno tenía dos sectores, uno liberal clásico y otro conservador, con características anticomunistas, en esa década, que se manifestaron con impedir que electoralmente el Partido Comunista participara en elecciones con el nombre de “comunista”, por lo que impulsaron el Bloque de Obreros y Campesinos, para efectos electorales, les reprimieron expulsando los maestros del magisterio nacional, impidieron la elección del diputado electo en 1938, el poeta e intelectual Carlos Luis Sáenz.

Antes de 1917 la Iglesia Católica, y desde la Encíclica Rerum Novarum, de 1891, había tomado partido por las luchas y reformas sociales y laborales, para disputar espacios a los anarquistas, socialistas y comunistas en las masas de trabajadores y obreras. Frente a las organizaciones sindicales de izquierda la Iglesia organizó las suyas, en toda la línea, nacional, regional e internacionalmente. Con el triunfo de la Revolución Socialista de Octubre, la Iglesia arreció contra la Revolución Rusa, contra los partidos comunistas, en todas partes del mundo, e impulsó nuevas organizaciones sociales para ganar espacios y restarle influencia a los comunistas, socialistas y anarquistas. La Encíclica Quadragesimo Anno, de 1931, marcó esta nueva situación, precedida del Código Social de Malinas, de la década del 20. Estos documentos dieron origen a la llamada doctrina socialcristiana, y al surgimiento de movimientos y partidos políticos socialcristianos.

A finales del Siglo XIX y principios del Siglo XX, en la socialdemocracia clásica europea, donde se agrupaban distintas vertientes políticas, se produce una discusión política que divide a estos socialdemócratas en las corrientes socialdemócratas y en las corrientes socialistas y comunistas.

Así se fueron configurando esas tendencias políticas típicas desde la primera mitad del siglo XX, las socialdemócratas, las socialcristianas y las comunistas y socialistas, con sus variantes de izquierdas.

En las elecciones de 1939, en Costa Rica, terminaron enfrentándose el Partido Republicano, con Rafael Ángel Calderón Guardia, que sacó un 88% de votación, el Bloque de Obreros y Campesinos, con Manuel Mora Valverde, que logró un 11% de votación, convirtiéndose en la segunda fuerza electoral y el Partido Confraternidad Guanacasteca, con 1%.

Así se entró a la década de 1940-1949, en medio de una II Guerra Mundial, 1939-1945, que produjo las condiciones para que entre 1942 y 1943 se dieran las condiciones para forjar la alianza del Partido Comunista con el Gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, que avaló la Iglesia Católica, con el nuevo Arzobispo Víctor Manuel Sanabria Martínez, que llegó a su arzobispado igual en tiempo que como llegó a la Presidencia Calderón Guardia.

El Arzobispo Sanabria había logrado, con el pacto de la Iglesia con el Gobierno para apoyar la candidatura de Calderón Guardia, amarrar la desarticulación de las leyes liberales aprobadas en el país entre 1882 y 1884 principalmente, sin que los liberales en la elección de 1939 lo impidieran, a pesar de que Ricardo Jiménez lo intentó, incluso procurando una coalición política con los comunistas para enfrentarse a Calderón Guardia. En 1940 el Gobierno de Calderón Guardia desarticuló las reformas liberales bajo la dirección de su Ministro de Educación, Luis Demetrio Tinoco.

El ambiente de la II Guerra Mundial, el ataque a las bases norteamericanas en Hawai, en diciembre de 1941, hicieron que Costa Rica entrara al escenario internacional declarando la guerra a Japón, Italia y Alemania, colocándose al lado de la Unión Soviética y los países que luchaban contra el avance fascista y su guerra en Europa, situación que favoreció el clima para la alianza que se lograría con el Partido Comunista, ya formalmente en 1943, y para las elecciones de 1944 cuando el Partido Republicano y el Partido Comunista, denominado Vanguardia Popular, desde junio de 1943, hacen la coalición electoral llamada Bloque de la Victoria, para asegurar las reformas sociales y el Código de Trabajo, recién aprobadas e impulsar la candidatura presidencial y el Gobierno de Teodoro Picado,1944-1948.

Los sectores opositores a los gobiernos de Calderón y de Picado, se habían organizado con movimientos intelectuales y políticos, el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, su Revista Surco, el Partido Social Demócrata y su periódico, de igual nombre, con el ex Presidente León Cortés como su principal líder hasta 1946 cuando fallece, y asume el liderato político de la oposición Otilio Ulate. A ellos se había sumado José Figueres Ferrer, de manera accidental, convertido en figura política por la expulsión que le hace el gobierno de Calderón Guardia, y quien sostenía la tesis militarista de salir del gobierno de Teodoro Picado considerando que en las elecciones de 1944, Teodoro Picado se había elegido con fraude.

Los sucesos de la elección de 1948 y la anulación de la Presidencia de Otilio Ulate, triunfador de esa elección, conducen a la Guerra Civil, de marzo y abril, con una derrota militar contundente en contra del Gobierno y de los comunistas que le defendieron, con las armas en la mano.

Figueres se impone sobre Otilio Ulate, se niega a entregarle el poder inmediatamente, se queda gobernando el país casi dos años, donde impulsa reformas muy importantes y en el plano político crea y hace surgir un escenario nuevo, sin comunistas en la vida pública, porque los pone fuera de la ley y sin posibilidad electoral de participar, prácticamente hasta 1970.

En esos 20 años crearon las condiciones para desarrollar la nueva Costa Rica, de la segunda mitad del Siglo XX, sin comunistas como una fuerza política electoral importante, se crearon las condiciones para desarrollar una estructura bipartidista nacional en el ejercicio del gobierno y del dominio legislativo.

Desde los años 1953 hasta 1982, en el ejercicio del gobierno, estuvieron el Partido Liberación Nacional, fundado en 1951, en los gobiernos de 1953, 1962, 1970 y 1974. Frente a Liberación Nacional para las elecciones de 1958, de 1966 y de 1978 se organizaron coaliciones políticas que lograron derrotarlo en esos procesos electorales. La coalición opositora de 1978, ya en el Gobierno de Rodrigo Carazo, evolucionó para convertirse en el partido político Unidad Social Cristiana en 1983.

Así, entre 1982 y el 2010, gobernaron el país los partidos políticos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. A nivel legislativo hasta 1998 estos dos partidos ejercían el dominio mayoritario de la Asamblea Legislativa, y desde entonces perdieron dicha hegemonía legislativa con la llegada de otras pequeñas fuerzas políticas al Poder Legislativo, entrando en crisis el llamado bipartidismo nacional, más cuando en los últimos dos procesos electorales, del 2014 y el 2018, fueron desplazados totalmente como opciones políticas gobernantes ante el Partido Acción Ciudadana que se había fundado para las elecciones del 2002.

La izquierda, de nuevo en el escenario electoral desde la década de 1970, con nuevos partidos a la par de Vanguardia Popular, participó en las elecciones y constituyó la coalición Pueblo Unido, que llegó a elegir 4 diputados. En el período de 1983-1990 la izquierda nacional, por una serie de razones, se divide y desaparecen sus partidos políticos, entra en una crisis terrible que afecta su presencia en organizaciones sociales, y se debilita su presencia parlamentaria.

En los procesos electorales, a partir de 1990, se hacen nuevos intentos de articular fuerzas de izquierda con poco éxito. Fuerza Democrática en las elecciones de 1994 eligió 2 diputados y en las elecciones de 1998 eligió 3. Una nueva organización electoral de izquierda, el Frente Amplio, logra en el 2014 elegir 9 diputados, sin ninguna capacidad organizativa ni política de mantenerlos.

En estos últimos años, la irrupción de diputados de orientación cristiana no católica, desde 1998, y por circunstancias muy particulares llegaron a convertirse en la segunda fuerza electoral en las elecciones de abril del 2018, y su amplia fracción parlamentaria se dividió rápidamente, en tanto el Partido que representaba también se dividió.

El Partido Unidad Social Cristiana tuvo un repunte electoral bajo las candidaturas presidenciales en el 2014 y el 2018 de Rodolfo Piza. En este momento este Partido Unidad Social Cristiana no tiene absolutamente nada de social, en sus planteamientos, más que su nombre, y el acudir simbólicamente de vez en cuando a la Historia de las reformas sociales de 1940 y a la lejana sombra del Dr. Calderón Guardia. Lo importante que se hizo bajo esa bandera socialcristiana en el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, los actuales diputados y dirigentes menores de ese partido lo ignoran, lo olvidan o intencionalmente no quieren reconocerlo y usarlo como bandera social en este momento en que se requieren planteamientos y reformas sociales y laborales progresistas, en defensa de los intereses populares, de los trabajadores y asalariados del país.

Por el contrario, la actual fracción legislativa de la Unidad Social Cristiana es sumamente conservadora, y francamente ha convocado a tratar de constituir una coalición de “centro derecha”, con los grupos cristianos no católicos parlamentarios. Es quizá su error más importante y fatal si se quiere. Si por cálculo político quieren unirse a esos grupos erran porque no pueden disputarles sus públicos electorales compitiendo con su conservadurismo espiritual y político. El Partido Unidad Social Cristiana, de la mano de los diputados que tiene, quiere colocarse a la derecha política del país de la manera más acentuada posible, sin entender, ni asimilar, el mensaje pastoral que hace el Papa Francisco I, que por sus planteamientos políticos bien podría ubicársele dentro de las fuerzas progresistas y no derechistas, en una serie de temas.

Los socialcristianos podrían enarbolar su propia bandera social como partido político, más de centro, o de centro izquierda, si pudiera ser posible, desde las posturas del pensamiento católico del vaticano actual, y de los documentos clásicos, incluidas algunas Encíclicas de Juan Pablo II, y dejar que los cristianos no católicos se coaliguen por su parte con su conservadurismo, y su pensamiento de derecha en todas sus manifestaciones.

El Partido Liberación Nacional debe permanecer como lo que es, la representación socialdemócrata. Lamentablemente, esta socialdemocracia es solo de nombre. Liberación Nacional hace rato bajó sus banderas sociales y representativas de las clases medias y sectores laborales que decía defender. Abandonó sus importantes reformas institucionales, deshizo instituciones sociales y económicas impulsadas por los grandes caudillos históricos gobernantes, y obras de gobierno, de ese Partido, y se ha plegado igualmente a las tesis conservadoras de la política nacional.

La crisis más importante es la de los dirigentes actuales de Liberación Nacional que se están matando entre ellos, por ver quien domina las estructuras del Partido, a los diputados liberacionistas en sus diversos grupos existentes, y por el control de los liderazgos regionales, algunos de esos líderes actuando mezquinamente sin darse cuenta que al eliminar a algunos se eliminan ellos como Partido.

La izquierda nacional desarticulada y muy débil, necesita un escenario de coalición del archipiélago de grupos que existen bajo las banderas de la izquierda, del socialismo, del ecologismo y de las diversas manifestaciones del progresismo social, sobre todo con un planteamiento nacional, con sello costarricenses, que la distinga de los fallidos proyectos que se han intentado en el continente, de los cuales parece a veces una mala calcomanía y pésima caricatura. Sin ello no hay posibilidad de su fortalecimiento futuro.

Los liberales, me parece, tienen su mejor opción en el grupo que impulsa Eli Feinzag, y que él puede dirigir. No necesitan unirse a la derecha encabezada y convocada por Pedro Muñoz, ni del anterior Partido Libertario.

El Partido Acción Ciudadana puede ir solo a las próximas elecciones. Tiene su propia oportunidad. El Gobierno de Unidad Nacional, que mantiene en su lenguaje del Poder Ejecutivo, le ha servido para sobrevivir bien en las aguas llenas de remolinos que hay a la vista, bajo la superficie de sus buenas acciones públicas, que se llevan a cabo en infraestructura y bajo el manto de la lucha contra la expansión de la pandemia. En los otros campos se lo van a cobrar.

De todas estas alternativas, como veo las cosas hoy, Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, y el Partido Acción Ciudadana tienen la mayor opción electoral, en los tres casos, dependiendo en mucho de sus candidatos, de ser las principales fuerzas políticas disputando el Gobierno del 2022. Todavía faltan bastantes meses para llegar allí, tan solo se está empezando a jugar el segundo tiempo de este Gobierno.

En la Política el arte de la suma es la clave, no es la resta ni la división política la que gana. Y esto vale para todos los partidos políticos.

La suspensión unilateral del ajuste salarial del sector público es manifiestamente ilegal

Cualquier otro sobreviniente decreto que derogue este ajuste salarial resultaría ilegal e inconstitucional

Manuel Hernández

En diciembre de 2019, varios sindicatos y el Gobierno de la República definieron el ajuste de salarios del sector público (Gobierno Central) del año 2020.

Este acuerdo fue pactado por algunas confederaciones sindicales,  tradicionalmente afectas al Gobierno, que aprobó un raquítico ajuste de 7.500  colones mensuales, para todo el 2020, complementado por incrementos graduales hasta 8.750 colones mensuales.

El Decreto Ejecutivo N° 42121-MTSS-H-MIDEPLAN, de 17 de diciembre de 2019, materializó este acuerdo.

El Decreto rigió a partir de 1° de enero de 2020 y el ajuste debió hacer efectivo en la segunda quincena de febrero de este año

A pesar de la precariedad del  ajuste salarial, legitimado por la condescendencia habitual de aquellas alineadas confederaciones sindicales, el Poder Ejecutivo en el Decreto N° 42286-MTSS-H-MIDEPLAN, de 06 de abril de 2020,  suspendió unilateralmente el pago de ese incremento general de sueldos.

La Procuraduría General de la República (PGR) en un reciente dictamen C-202-2020, estableció que el mecanismo establecido en nuestro ordenamiento jurídico para suprimir un decreto de esta especie, es la derogación,  y no la revocatoria o suspensión  de la aplicación de un decreto. 

De esta manera, el dictamen de la PGR viene a  salvaguardar –únicamente- los ajustes salariales  que debieron cancelarse a los servidores públicos, desde el 1° de enero de 2020,  pero –entiéndase muy bien- hasta la fecha en que permanezca vigente el decreto N° 42121-MTSS-H-MIDEPLAN.

No obstante, este dictamen abre, de par en par, el espacio para que el Poder Ejecutivo promulgue un nuevo decreto, que venga a derogar el Decreto  N° 42121-MTSS-H-MIDEPLAN, que fijó el ajuste salarial de 7.500 colones.

A partir de aquí es más que cuestionable este criterio de la representación legal del Estado.

Un eventual decreto derogatorio sería no solamente ilegal, sino además inconstitucional, porque estaría lesionando situaciones jurídicas consolidadas de los funcionarios públicos, a contrapelo del artículo 34 de la Constitución Política.

Esta norma constitucional consagra el principio de irretroactividad, al  tenor de la cual ninguna ley –en sentido amplio o general-  puede tener efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas.

La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha distinguido los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas:

“Los conceptos de «derecho adquirido» y «situación jurídica consolidada» aparecen estrechamente relacionados en la doctrina constitucionalista. Es dable afirmar que, en términos generales, el primero denota a aquella circunstancia consumada en la que una cosa -material o inmaterial, trátese de un bien previamente ajeno o de un derecho antes inexistente- ha ingresado en (o incidido sobre) la esfera patrimonial de la persona, de manera que ésta experimenta una ventaja o beneficio constatable. Por su parte, la «situación jurídica consolidada» representa no tanto un plus patrimonial, sino un estado de cosas definido plenamente en cuanto a sus características jurídicas y a sus efectos, aun cuando éstos no se hayan extinguido aún. Lo relevante en cuanto a la situación jurídica consolidada, precisamente, no es que esos efectos todavía perduren o no, sino que -por virtud de mandato legal o de una sentencia que así lo haya declarado- haya surgido ya a la vida jurídica una regla, clara y definida, que conecta a un presupuesto fáctico (hecho condicionante) con una consecuencia dada (efecto condicionado.) (…) En ambos casos (derecho adquirido o situación jurídica consolidada), el ordenamiento protege -tornándola intangible- la situación de quien obtuvo el derecho o disfruta de la situación, por razones de equidad y de certeza jurídica. En este caso, la garantía constitucional de la irretroactividad de la ley se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento no puede tener la consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la persona, o de provocar que si se había dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya no surja la consecuencia (provechosa, se entiende) que el interesado esperaba de la situación jurídica consolidada.” (Voto Sala Constitucional 2003-00738).

A diferencia de los derechos adquiridos, estas últimas son aquellas que configuran una situación jurídica concreta, consolidada, definida en sus características normativas y sus efectos, en el orden de que si se produce el supuesto de hecho condicionante previsto en la norma, se producirá la misma consecuencia jurídica.

Así las cosas,  de conformidad con el artículo 34  de la Constitución y la doctrina de la Sala Constitucional, una pretendida –inminente- derogatoria del  Decreto  N° 42121-MTSS-H-MIDEPLAN, estaría violentando una situación jurídica consolidada, derivada de dicho decreto ejecutivo, a merced del cual los servidores públicos mantienen intangible el ajuste salarial, de todo el 2020, conforme los términos originales que estableció este Decreto de Gobierno.

La eventual derogatoria de este acto normativo, además de ilegal, devendría inconstitucional por grave infracción del principio de irretroactividad, que configura un principio esencial del Estado de Derecho.

05/06/2020

Proyecto contra acoso sexual callejero hoy en radio a las 11 am

MUSADE

Les invitamos este sábado 6 de junio, a sintonizar nuestro programa “Tejiendo Historias”.

La Msc. Ruth Mayela Barboza Morera, jueza pensionada y defensora de los derechos de las mujeres comentará el proyecto de ley contra el acoso sexual callejero.

En el espacio de Escuelita Antimachista participará el viceministro de Seguridad Publica, Lic. Eduardo Solano. El tema será el Protocolo de Intervención Policial en la Atención de Casos de Acoso Sexual en Espacios Públicos o de Acceso Público.

Sintonícenos por Radio Sideral (1340AM) o Facebook Live y opine. Puede enviar sus comentarios al WhatsApp 8605 2958, puede participar mediante los números telefónicos 2445 1559 y 2447 6463 o mediante Facebook Live.

Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE)

Detrás del discurso decolonial se esconde la mercantilización de cuerpos indígenas

Desde el Movimiento Indígena Interuniversitario nos sentimos sumamente indignadas (os) y molestas (os) con las actitudes de cierta persona, cuyas publicaciones y posicionamientos, según ella antiracistas e indigenistas, se han vuelto virales en los últimos días. Es a partir de esta preocupación, que la compañera Yanory Rojas nos comparte el siguiente comunicado, el cual esperamos aclare un poco la realidad como en verdad es, y que logre desmentir los «argumentos» planteados por esta persona, los cuales consideramos carecen de todo tipo de fundamento.

Detrás del discurso decolonial se esconde la mercantilización de cuerpos indígenas

Yanory Rojas Morales, indígena de la comunidad de Boruca y antropóloga.

El racismo es una de las múltiples formas de opresión, manifestado de diversas maneras; claramente los cuerpos de mujeres indígenas, históricamente, han sido presa de este problema social y político. Es un problema estructural, que personas escondidas detrás de bambalinas blancas tergiversan en beneficio propio.

Entre ayer y hoy recibí capturas de pantalla donde Stephanie Chaves hace referencia a una serie de afirmaciones y posicionamientos, dejando en claro por qué el racismo y lo que pasa en Estados Unidos tras el cruel asesinato de George Floyd no es un evento reciente, ni aislado.

Como yo, hay cientos de mujeres indígenas en Costa Rica quienes tenemos un legado ancestral, el cual trasciende nuestro color de piel (dicho sea de paso, la “piel café” no existe). El llamarse indígena no se autoimpone, es el resultado de todo un bagaje cultural construido por años, transmitido de generación en generación. Es un proceso colectivo complejo. Si bien es cierto que muchas (os) hermanas (os) indígenas han crecido fuera de los territorios originarios, siempre hay un ancla firme que les remonta a sus madres, padres o abuelos (as).

Al leer las publicaciones de Stephanie Chaves solo puedo ver la burla sin mesura a los pueblos originarios, reproduciendo un discurso sumamente peligroso y violento, detrás de un “le puedo educar”. Solo esa afirmación ya establece una superioridad. Cobrar dos dólares por “educar” o autoproclamarse “especialista” no sólo a costa de mujeres indígenas, sino de mujeres afrodescendientes, es una total contradicción con lo que usted misma profesa. Es caer en apropiación cultural, y lo hace porque ciertamente es una mujer con privilegios.

Cuando usted menciona que es la única mujer feminista indígena de Costa Rica en el spotlight, ignora las verdaderas luchas de mujeres indígenas que están colocando sus cuerpos en la recuperación de tierras al sur del país, invisibiliza el ímpetu de doña Luisa Bejarano, mujer ngäbe que encabeza la lucha por la cedulación. Ofende a las hijas, nietas, sobrinas de Paulina Leiva, hablante fluida del idioma brunca, quién no cobró un solo colón para difundir su conocimiento. Lo importante para estas mujeres no es el dinero, es el bienestar colectivo, es la lucha por mantener vivas las raíces. Desde su spotlight resulta muy cómodo lucrar con las luchas de otras mujeres. Eso es racista, colonial y mercantilizar cuerpos. Eso no es feminismo.

Así, la invito cordialmente a dos cosas:

1) LEER. Los términos con los que se refiere a población racializada son sumamente despectivos y obsoletos. Ejemplos: nativas, lengua nativa, indianismo, gente negra. De paso puede aproximarse a discusiones epistemológicas de mujeres indígenas, le menciono una: el feminismo comunitario.

2) Desde este colectivo la invitamos a una conferencia virtual para discutir acerca de estas realidades de las que usted se ha apropiado, desde luego, en compañía de mujeres indígenas con años de trayectoria desde distintas trincheras.

Publicado en https://www.facebook.com/218212191590385/posts/3002862643125312/

Enviado a SURCOS por Movimiento Indígena Interuniversitario de Costa Rica -miintù-

La autonomía universitaria y el dictamen de la Comisión Legislativa sobre el FEES

José María Gutiérrez (*)

El dictamen de mayoría de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa en relación con la administración del Fondo Especial de Educación Superior (FEES) contiene diversos aspectos de índole presupuestario que requieren ser atendidos por las universidades, particularmente en lo que se refiere a los cambios en la estructura salarial, de manera que se favorezca la equidad en esta materia y la sostenibilidad económica de las instituciones en el mediano y largo plazos. Estos cambios son urgentes y deben gestarse por las mismas universidades, en lo que tienen responsabilidad la dirigencia y las comunidades de estos centros de educación superior.

Pero este dictamen contempla también una serie de propuestas y recomendaciones que ponen en entredicho fundamentos esenciales del concepto de universidad pública. Este informe requiere ser analizado de manera crítica por parte de la misma Asamblea Legislativa, las comunidades universitarias y la sociedad en general, dada la importancia de estas instituciones de educación superior en la vida del país. En este contexto, es conveniente primero reflexionar sobre los conceptos de universidad pública y de autonomía.

¿Qué es una universidad pública?

Una universidad pública es una institución de educación superior dedicada a la generación de conocimiento y a la formación de profesionales en muy diversas áreas del saber, así como a la proyección de estos saberes a la sociedad. Las universidades son nichos donde se desarrollan nuevas ideas, se estudian temas de muy diverso tipo y se cultivan las ciencias, las artes, las letras y las tecnologías desde perspectivas que van más allá de su impacto inmediato. También son espacios de pensamiento crítico y de reflexión permanente sobre la realidad. Por ser centros de creación de nuevo conocimiento, inciden decisivamente en las sociedades que las amparan. Por su misma naturaleza, deben ser centros de tolerancia y de respeto a la diversidad en todas sus formas. Se basan, por ende, en una sólida libertad académica y en una visión amplia del conocimiento y sus aplicaciones.

Por su carácter integral, crítico y humanista, las universidades públicas son esenciales para las sociedades. Estas requieren de estos centros de pensamiento diverso y de creatividad permanente, los cuales atienden temas y problemas urgentes del presente, pero también apuntan sus luces hacia el futuro, contribuyendo a buscar y marcar senderos por donde se forje un mejor porvenir para la colectividad. Además, tienen la misión de formar profesionales que sean no solo competentes técnicamente, sino también personas integrales, humanistas, críticas y socialmente responsables.

Por ello, la universidad pública no puede estar al servicio de grupos de poder y de sectores económicos o políticos particulares. Sus rumbos se definen en un continuo diálogo con la sociedad, pero deben tener la suficiente amplitud y autodeterminación para garantizar que sus fines se enmarquen en las necesidades de la sociedad toda y no de grupos de interés puntuales. Estos centros de educación superior tienen la misión de ser un espacio de pensamiento y acción que no se supedita a los poderes fácticos, lo cual es garantizado por la autonomía universitaria. Esta incluye la libertad académica, la autodeterminación en el establecimiento de planes, programas, presupuestos y organización interna, y la plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. La autonomía, en suma, procura dar a estas instituciones todas las condiciones jurídicas requeridas para que desarrollen con independencia su misión.

La autonomía de las universidades públicas se encuentra asediada en el mundo y, en particular, en América Latina. Hace poco más de un siglo, el movimiento estudiantil de la Universidad de Córdoba, en Argentina, gestó un cambio profundo en su universidad, lo que se denominó la Reforma de Córdoba, que luego se extendió por todo el continente. La autonomía universitaria en América Latina surgió, en buena medida, a partir de este hito. En Costa Rica la autonomía tiene rango constitucional, lo cual ha sido clave para defenderla de quienes pretenden que estas instituciones estén al servicio de sus intereses.

Discusiones recientes en Costa Rica sobre el concepto de autonomía han llevado a banalizar este precepto, al caricaturizarse este valor fundamental y hacerlo ver como un interés de estas casas de estudio de ser ‘repúblicas independientes’ y de no dar cuentas a la sociedad. Aunque esto está lejos de ser cierto, dicha banalización ha contribuido para que sectores no aquilaten la relevancia de la autonomía como requisito para que la universidad pueda cumplir el papel estratégico que tiene en la sociedad.

El ejercicio de la verdadera autonomía universitaria puede desnaturalizarse en el interior mismo de estas instituciones, cuando se emplea para defender privilegios, para generar zonas de confort que no responden a las necesidades de la sociedad, y para evadir la rendición de cuentas de lo que se hace y se deja de hacer. En este sentido, la autonomía no puede ser autarquía irresponsable. Por el contrario, la autonomía es un valor fundamental que garantiza que las universidades puedan desarrollar sus actividades esenciales de creación y transmisión de conocimiento, y de aporte diverso a la sociedad, en un marco de libertad, pluralidad y autodeterminación.

La autonomía bajo acecho: el presupuesto

Debido al enorme potencial académico, cultural, económico y social de las universidades públicas, su autonomía siempre ha sido una piedra en el zapato para los grupos de poder en América Latina. Las universidades en la región están sufriendo embates que procuran cooptarlas para los intereses de grupos particulares, y conducirlas por la lógica mercantil que domina nuestras sociedades. Hay diversas formas de debilitar la autonomía, y con ello reducir el espacio de amplitud académica y social de estas instituciones.

La autonomía pierde vigor cuando se cuestiona el financiamiento de las universidades públicas. La forma más sencilla de desnutrir a estas instituciones es debilitando su presupuesto, al que tienen derecho constitucionalmente, lo que trae como consecuencia la reducción de su contribución a la sociedad; hay múltiples ejemplos de lo anterior en América Latina. Hemos visto con enorme preocupación el ataque violento al financiamiento de las universidades federales brasileñas. El año pasado fuimos testigos de un hecho sin precedentes en nuestro país, cuando el Ministerio de Hacienda modificó la asignación de las partidas del presupuesto de las universidades. No son hechos casuales, se trata de una tendencia en toda la región.

El estrujamiento presupuestario tiene otro corolario: dirige las universidades hacia la lógica del mercado, es decir, a violentar aspectos esenciales de su carácter público para centrar muchas de sus acciones en la búsqueda de financiamiento mediante el vínculo remunerado con el sector externo. Se plantea con frecuencia en nuestro medio la idea de desarrollar modelos universitarios de carácter mercantil que han sido fuertemente criticados en universidades del primer mundo donde se han implementado, por haber contribuido a una privatización solapada de estas instituciones y a un deterioro del ethos universitario.

Si el presupuesto universitario se centrara, cada vez más, en estos vínculos remunerados externos, ello conduciría indefectiblemente al fortalecimiento de ciertas áreas y al debilitamiento de aquellas que, por su naturaleza, no puedan generar recursos por esa vía. Se quebraría entonces la integralidad del desarrollo universitario, para detrimento no solo de la academia, sino del país. Las universidades, como una de sus formas de relacionarse con la sociedad, pueden establecer estos vínculos que promueven el desarrollo económico del país y a la vez le generen recursos frescos. Pero esta no puede ser la ruta por la cual procuren su estabilidad financiera de cara al futuro. El presupuesto de las universidades públicas ha de tener fundamentalmente origen público.

Las universidades no deben centrarse en una visión economicista del desarrollo

Otro ingrediente que gravita con fuerza en las discusiones actuales sobre las universidades públicas se centra en una visión del desarrollo de los países y de las personas, y de cómo las universidades pueden aportar al mismo. Existe una visión predominante de carácter economicista y reduccionista. Se hace equivaler el desarrollo y el bienestar al crecimiento económico y, para ello, se conmina a las universidades a establecer fuertes vínculos con el sector privado como un eje central del quehacer institucional.

Se trata de una visión que se ha convertido en una especie de ‘sentido común’ para los sectores políticos y económicos hegemónicos en la región y en Costa Rica. Se asume que la relación de la universidad con su entorno societario debe priorizar ese contacto con el sector productivo privado, perdiendo de vista que estas instituciones tienen una amplísima gama de relaciones en diversos ámbitos. El bienestar de un país es mucho más que el crecimiento económico, ya que tiene un carácter multidimensional. Esta priorización se observa en la forma como se visualiza la formación profesional, concibiéndose como capacitación principalmente técnico-académica. No se da la importancia que merece a la formación de personas integrales, forjadas en el pensamiento crítico y la responsabilidad social.

Esta visión reduccionista desmerece el aporte de disciplinas que no tienen directamente que ver con el desarrollo económico y las necesidades del mercado. Al hacerlo, desvirtúa un elemento esencial del desarrollo de las sociedades y de la universidad como centro de pensamiento y formación integral, cual es la importancia del cultivo de una gran cantidad de disciplinas, independientemente del impacto económico de las mismas. Es precisamente la autonomía universitaria la que permite que estas casas de estudio mantengan un desarrollo integral de variadas ramas del conocimiento, resistiendo las corrientes que tratan de cooptarlas para intereses estrechos.

Vale decir, además, que no es correcto afirmar que las universidades aportan poco al desarrollo económico del país, lo cual no tiene un sustento válido. Podemos citar múltiples ejemplos de vínculos fuertes entre los grupos universitarios y el sector productivo; la información que sustenta lo anterior es fácilmente accesible. Se puede hacer más en ese ámbito, pero se hace bastante. Fomentar este prejuicio por diversos medios tiene un efecto negativo en la percepción que de las universidades tiene la comunidad.

Un peligro de estos planteamientos es que los mismos sirven de base para sugerir que la asignación de presupuesto a las universidades esté condicionada a que estas se ajusten a lo que se considera que son ‘las prioridades del país’. Cabe preguntar, ¿cuáles prioridades?, y ¿cómo se establecen? Existen visiones variadas de las rutas que puede seguir el país, y no necesariamente lo que plantean los sectores políticos y económicos dominantes es la única salida al futuro. Es ahí donde la autonomía de las universidades les permite discutir alrededor de las propuestas que se plantean y sus aspectos benéficos y perjudiciales para el colectivo social, y tomar así sus propias decisiones en cuanto a su quehacer.

Es claro que las universidades deben tener la capacidad de detectar las necesidades de la sociedad, y así ajustar en lo que corresponde sus planes de estudio y desarrollo, y sus agendas de investigación y acción social. Autonomía no es autarquía y las universidades requieren responder a la sociedad y a sus requerimientos de manera dialógica. Pero es erróneo pensar que las necesidades de la sociedad son las que establecen los sectores políticos y económicos dominantes. Esos sectores tienen sus prioridades, pero existen muchos otros actores sociales, comunitarios, productivos e institucionales a los que las universidades se deben con su trabajo.

El informe y las recomendaciones de la Comisión Legislativa sobre el FEES

Con base en estas reflexiones generales acerca de la naturaleza y esencia de las universidades públicas, caben las siguientes consideraciones con respecto al dictamen de mayoría de la Comisión Especial Legislativa que estudió la administración del FEES.

  • Más allá de la urgencia de hacer reformas en los sistemas salariales universitarios, lo cual debe ser efectuado con urgencia al interior de estas instituciones, el informe tiene grandes limitaciones en las concepciones que maneja de lo que es una universidad pública, a lo cual se suma una percepción muy estrecha de las visiones de desarrollo y bienestar. Se agrega a lo anterior una carga de estereotipos con respecto a las universidades públicas, reflejados en descripciones muy sesgadas, parciales e infundadas de lo que aportan estas instituciones al país. Como consecuencia, el diagnóstico global que se hace en el documento es deficitario.
  • La comisión propone una reforma constitucional que asegure que la autonomía universitaria esté supeditada a las finanzas públicas. El presupuesto universitario se establece mediante negociaciones en la Comisión de Enlace, donde participan ministras y ministros del gobierno junto con rectoras y rectores, y se toma en cuenta la situación fiscal del país. Supeditar constitucionalmente el presupuesto universitario a las finanzas públicas pone a estas instituciones al vaivén de decisiones en política económica que son difíciles de predecir y que, con certeza, las debilitarán. Este sería un paso muy peligroso para la educación superior pública costarricense.
  • A lo largo del documento se percibe una concepción particular de lo que la comisión entiende por desarrollo y bienestar. Se trata de una visión de carácter predominantemente economicista, la cual asume como verdades establecidas aspectos que han sido cuestionados en muchas latitudes, ya que pierden de vista la multidimensionalidad del concepto de bienestar. En buena medida, el informe concentra el aporte universitario a su relación con el sector productivo privado y deja de lado un amplio espectro de proyecciones de estas instituciones a la sociedad. Cuando estas visiones limitadas se traducen en condicionamientos para el otorgamiento de presupuesto, como se desprende del dictamen, se está afectando directamente la autonomía universitaria.
  • El informe de la comisión hace énfasis en la necesidad de apoyar el desarrollo de las regiones y de las sedes universitarias ubicadas en ellas, lo cual es claramente pertinente, pero ese desiderátum debe transcender el estrecho marco que aplican también a este tema, para enfocarse en visiones más integrales de desarrollo. La comisión se aventura incluso a sugerir cuáles serían las regiones en las que se requiere priorizar el desarrollo universitario, indicando que en ellas hay que concentrar el grueso de la inversión futura del FEES y que de estas inversiones debería depender la nueva distribución de recursos. Esta sería otra transgresión de la autonomía universitaria. Los destinos de los fondos del FEES se establecen, por precepto constitucional, en el seno de las mismas universidades y no pueden estar condicionados por el gobierno. Se puede discutir y consensuar al interior de la Comisión de Enlace, pero no condicionar.
  • La comisión enfatiza en la importancia de que las políticas de educación superior estén alineadas con el plan nacional de desarrollo. Se critica fuertemente al Plan Nacional de Educación Superior (PLANES) y se dice que está “desconectado de las necesidades del país y de las regiones”, lo cual es una generalización que no contribuye a un análisis objetivo de los hechos. Es claro que debe haber una coordinación entre las universidades y el Plan Nacional de Desarrollo. Pero, por su naturaleza autónoma, las instituciones públicas de educación superior no pueden enmarcar sus líneas de acción en función de un plan nacional de desarrollo. Las universidades requieren tomar en cuenta estos planes, pero tienen que ir mucho más allá en sus labores permanentes de reflexión, investigación y proyección a la sociedad; los planes de desarrollo no pueden ser una camisa de fuerza para estas instituciones.
  • La comisión legislativa también señala la conveniencia de que las personas titulares de los ministerios de Educación, Hacienda y Planificación formen parte del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). Este consejo es una instancia de coordinación de las universidades estatales y su funcionamiento debe tener la garantía de la autonomía, al igual que lo tienen las instituciones que lo conforman. El CONARE requiere estar en permanente coordinación con las instancias del gobierno y los ministerios, pero sus decisiones deben ser autónomas del poder político de turno, cualquiera que este sea. Esta recomendación, por ende, no cabe.
  • Igualmente, la comisión plantea que el Ministerio de Educación Pública ejerza la rectoría de la educación superior pública, lo cual tampoco es aceptable. Obviamente se requiere una estrecha coordinación entre el ministerio y las universidades, y dicha coordinación existe en gran medida. Pero las decisiones y el rumbo de las universidades se deben definir al interior de estas, en diálogo con el ministerio y otros sectores, pero con autonomía para marcar los destinos. Estos dos puntos que plantea la comisión pretenden establecer una relación inaceptable, de carácter jerárquico, entre el Poder Ejecutivo y las universidades públicas.

En conclusión

Pese a que en el dictamen de mayoría de esta comisión las diputadas y los diputados insisten en que no pretenden afectar la autonomía universitaria, el documento trasluce concepciones, que culminan en propuestas, las cuales claramente ponen en entredicho aspectos claves de la autonomía, como los discutidos anteriormente. Las comunidades universitarias y la sociedad en su conjunto deben estar muy claras del peligro que muchas de estas recomendaciones entrañan para estas casas de estudio y, dada la relevancia de estas instituciones, para el país en general.

La ‘universidad del futuro’, para usar un término presente en el informe legislativo, sería aquella que mantenga su capacidad de desarrollo integral en una gran cantidad de campos del saber, que genere profesionales competentes, y a la vez críticos y socialmente comprometidos. Que sea centro de reflexión crítica permanente, y que se proyecte a la sociedad ofreciendo respuestas a los problemas del presente, pero atisbando los senderos futuros por los que transitemos hacia formas de convivencia más equitativas y justas, en el marco de una autonomía fortalecida. La ‘universidad del futuro’ debe responder a las necesidades de toda la sociedad y no solo de algunos sectores. En estos momentos de crisis es indispensable defender a ultranza los fundamentos esenciales de las universidades públicas y, muy particularmente, su autonomía.

(*) José María Gutiérrez, profesor emérito, Universidad de Costa Rica
(jose.gutierrez@ucr.ac.cr)

 

Imagen de portada: Semanario Universidad.

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