SURCOS renueva para 2019 el compromiso, -asumido desde noviembre del 2007-, en la construcción de una cultura de ciudadanía que haga posible el desarrollo de la democracia participativa. Este es un proceso desde las comunidades, por ello agradecemos que con su compromiso también aporte en esa construcción de conciencia. SURCOS continuará publicando sus propósitos, luchas y aprendizajes.
En una conversación profunda, el rector de la Universidad de Costa Rica, doctor Henning Jensen Pennington y el docente e investigador de esa casa de enseñanza superior, doctor Carlos Sandoval García, abordan el sentido político de la migración, en un mundo marcado por ese fenómeno social y económico que adquiere muy evidentes condiciones políticas a pesar de ser consustancial a la historia de la humanidad.
SURCOS le invita a ver el video de Diálogo abierto, el programa de la rectoría de la UCR y conocer, en alrededor de 50 minutos, las veredas sociales, históricas y políticas que han construido la categoría migrante.
El 11 de setiembre, un día después que empezó la Huelga 10-S, Carlos Andrés fue aprehendido por la Fuerza Pública.
Pero, ¿quién es Carlos Andrés? Carlos Andrés es un trabajador de 27 años, curtido por el sol del Caribe, con más de 8 años de laborar en las instalaciones de Recope, en la localidad de Moín.
Carlos Andrés fue acusado por el Ministerio Público, quien el 27 de noviembre último, fue sentenciado por el Tribunal de Flagrancia de Limón, por daño agravado, contra una esfera de almacenamiento de gas de la planta de Moín, cuyas circunstancias -por cierto, bastante contradictorias en el pronunciamiento judicial-, se desarrollaron en el marco de la huelga nacional convocada por los sindicatos, contra la ahora Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Carlos Andrés fue condenado a 2 años de prisión, cuya sentencia le denegó el beneficio de la ejecución condicional de la pena e inhabilitó para el ejercicio de cualquier cargo público por un período de 10 años. Además, ordenó su prisión preventiva por un plazo de 6 meses, mientras queda firme semejante gazapo judicial.
La sentencia dictada contra Carlos Andrés, en un juicio sumario, está plagada de yerros jurídicos y prejuicios ideológicos, fundada en especulaciones policiales, ayunas de todo respaldo probatorio, que violentaron el debido proceso y el derecho de defensa, a contrapelo del artículo 39, 40 y 41 de la Constitución Política, artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con el artículo 60 del Código Penal y artículo 1, 3, 6, 10 del Código Procesal Penal.
La historia nos demuestra que esta suerte de vicios procesales y de fondo, son una constante en esta especie de procesos, que se transmutan en verdaderos juicios políticos, en los que los jueces terminan subordinándose al linchamiento mediático y político, que valga recordar que el propio Presidente de la República demandó mano dura contra este trabajador de RECOPE, aplaudido hasta con las orejas por los medios de comunicación colectiva que todos conocemos.
Pero, por otro lado, la denegación del beneficio de la ejecución condicional de la pena y la imposición de la prisión preventiva, es totalmente ilegítima y desproporcionada, una afrenta más al famélico Estado Social de Derecho, sostenido apenas con respiración artificial.
El encarcelamiento arbitrario de Carlos Andrés no tiene fundamento legal, porque se le impuso una pena inferior de tres años, quien tiene domicilio estable, trabajo fijo, arraigo familiar y además, no tiene ningún antecedente penal.
La privación de libertad debe ser una medida excepcional, que en este asunto no tiene justificación legítima la condena que se le impuso a Carlos Andrés y mucho menos, la desproporcionada prisión preventiva.
La prisión degrada, estigmatiza, cuyas consecuencias sufre la familia de la persona recluida. Carlos Andrés no se merece este infame vejamen.
Entonces, ¿qué razones privaron para negar a este humilde y joven trabajador el beneficio de la ejecución condicional de la pena y ordenar su prisión preventiva? No queda la menor duda que el interés que prevaleció fue, de una parte, castigar injustamente la participación de un obrero en la lucha social, sin padrinos políticos que recurran presurosos a su auxilio y de otra parte, mandar una inequívoca advertencia contra las huelgas y la protesta social; es decir, una sentencia ejemplarizante que pretende amedrentar a la ciudadanía, cada vez más disconforme con las cosas que están pasando en este descarrilado país.
Desafortunadamente, la política criminal costarricense se viene decantando por un uso excesivo de la prisión preventiva, reflejo de un Estado Policial que receta cárcel y macana, como mecanismo reactivo de “resolución” de los conflictos sociales que se van acumulando y agudizando en todo el territorio nacional, pero que tarde o temprano serán incontenibles.
La familia de Carlos Andrés extrañará su tangible ausencia en la Noche de Navidad. Su hijo, con el corazón partido, no renuncia a la esperanza de que en el último minuto, se le cumpla el único sueño, que ahora más que nunca quiere se haga realidad, para siempre.
Mientras tanto, en el Centro Penal Sandoval, donde está injustamente encarcelado, pasarán por la mente de este muchacho tantos recuerdos de su infancia, de juventud, aguijoneados por el fantasma de la Libertad, mientras sus verdugos y carceleros montarán la juerga, hasta embriagar lo poco que les queda de conciencia.
El encarcelamiento de Carlos Andrés no nos puede ser ajeno. Su libertad es una responsabilidad moral, que tenemos quienes sentimos y pensamos que las cosas no pueden seguir así, en la suiza centroamericana de la pura vida.
¡Libertad inmediata para Carlos Andrés!
Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por el autor.
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Mediante una nota diplomática enviada por Nicaragua dirigida al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado 19 de diciembre, Nicaragua ha decidido suspender temporalmente las dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que trabajan in situ desde el mes de junio del 2018 en su territorio.
En su larga misiva de 10 páginas (véase texto completo), Nicaragua deplora varias manifestaciones hechas por el Secretario General de la OEA y en varias partes, alude a la «falta de imparcialidad y objetividad» de los órganos a cargo de investigaciones in situ adscritos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyos mandatos y marcos de acción fueron acordados en mayo del 2018 con las máximas autoridades nicaragüenses. La carta también hace referencia a expresiones del Secretario General en el marco de una reciente reunión que tuvo lugar en la sede de la OEA sobre la situación de los derechos humanos en Cuba (véase anuncio oficial), el pasado 7 de diciembre.
Nicaragua ha optado por declarar, con efectos inmediatos, la «suspensión temporal de la presencia y de las visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Mecanismo de Seguimiento en Nicaragua (MESENI)«.
A su vez, da por expirado el plazo de 6 meses acordado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para constituir un Grupo de expertos encargados de documentar los hechos acaecidos entre el 18 de abril y el 30 de mayo en Nicaragua (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente o GIEI): véase comunicado de prensa del mismo GIEI de octubre del 2018 sobre la labor desplegada en Nicaragua por parte de sus integrantes. Nótese que la presentación oficial de un informe del GIEI estaba prevista para este 20 de diciembre en Managua (véase nota de prensa). El informe fue presentado en la sede de la OEA en Washington este viernes 21 de diciembre (véase texto completo del informe del GIEI de 458 páginas) en el que se lee, entre muchos otros puntos, que:
«La violencia desatada a raíz de la protesta social iniciada el 18 de abril, ha ocasionado un profundo daño a las familias, a las comunidades y a la sociedad nicaragüense. Ha dañado la convivencia, alterado la vida cotidiana y profundizado la polarización social. La violencia ejercida ha generado profundas huellas de dolor e indignación, que se entrelazan con las huellas dejadas por los enfrentamientos anteriores, y han producido el distanciamiento y la desconfianza de amplios sectores de la población con las instituciones del Estado. Las heridas serán muy difíciles de sanar si no se atiende de manera integral, con verdad, justicia y reparación, a las personas que han perdido a seres queridos, a las personas heridas que han quedado con secuelas incapacitantes; a las personas desaparecidas, las detenidas y las desplazadas; a todas las que han padecido la violencia y han sido agraviadas, así como aquellas que sufren de persecución y amenazas por ser sus familiares» (p. 359).
En unas líneas anteriores, se lee que:
«El GIEI considera que numerosos delitos cometidos en el contexto de la represión a las manifestaciones configuran delitos de lesa humanidad. Esto supone ciertas consecuencias, tales como la imprescriptibilidad, la imposibilidad de dictar normas de amnistía o similares que pretendan impedir los juicios o las condenas, la posibilidad de que intervengan tribunales de otros Estados en virtud del principio de competencia universal y hasta la eventual intervención de la Corte Penal Internacional, en caso de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita la situación a la CPI o de que el propio Estado de Nicaragua acepte la competencia en virtud del art. 12.3 el Estatuto de Roma» (página 358).
Es de señalar que esta carta de Nicaragua se envió a la máxima autoridad de la OEA el mismo día en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos difundió un comunicado de prensa titulado «CIDH denuncia agravamiento de la represión y el cierre de espacios democráticos en Nicaragua«, en el que, entre otros puntos, se lee que:
«La CIDH ha venido documentado un progresivo e incesante deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua y del propio Estado de Derecho como consecuencia de la represión estatal a las protestas. En este contexto, y a ocho meses de iniciada la crisis en el país, la Comisión reitera su enérgica condena a la reacción estatal que ha derivado en la muerte de 325 personas y más de 2000 heridas; en más de 550 personas detenidas y enjuiciadas; en el despido de 300 profesionales de la salud y la expulsión de, al menos, 80 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN)«.
(Véase texto completo del comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).
En respuesta a la decisión de Nicaragua, el Secretario General de la OEA circuló un comunicado de prensa el mismo 19 de diciembre, titulado «Secretaría General de la OEA rechaza expulsión de GIEI y MESENI de Nicaragua» en el que se lee que: «La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechaza en los términos más categóricos la decisión del Gobierno de Nicaragua de expulsar del país al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y al Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)» (véase texto completo del comunicado de prensa). Nótese en la parte final de dicho comunicado que el Secretario General «responsabiliza públicamente al Gobierno de Nicaragua por la seguridad e integridad de los miembros del GIEI, del MESENI y de su personal de apoyo hasta que los mismos puedan abandonar el país«.
Foto extraída de nota de prensa de Naciones Unidas titulada «Nicaragua must end ‘witch-hunt’ against dissenting voices – UN human rights experts», del 9/08/2018
La inmediatez y la dureza de la reacción de Nicaragua al comunicado de prensa de la Comisión Interamericana, y a su vez, las del Secretario General a la misiva enviada por Nicaragua, evidencian la tensión máxima a la que se ha llegado y los riesgos de ruptura que ello conlleva. La contundencia de las conclusiones del GIEI sobre la responsabilidad de las autoridades de Nicaragua para encubrir y dificultar las investigaciones sobre los hechos de violencia acaecidos desde el 18 de abril no deja ninguna duda sobre la imperiosa necesidad de mantener en Nicaragua algún tipo de presencia internacional.
Más mesurado que el Secretario General, el Consejo Permanente de la OEA había adoptado por consenso el 5 de junio una resolución inicial sobre Nicaragua (véase texto); el 12 de setiembre del 2018, el mismo Consejo Permanente adoptó otra resolución sobre Nicaragua, cuyo voto exhibió cuán divididos permanecen los 33 Estados Miembros de la OEA sobre este tema, en particular los Estados de Centroamérica (véase breve nota nuestra al respecto publicada en DIPúblico).
En el marco universal, un informe sobre los mismos hechos de violencia en Nicaragua realizado por un equipo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y presentado en agosto del 2018 (véase informe) llevó a Nicaragua, 24 horas después de presentado, a dar por concluida la misión de Naciones Unidas en Nicaragua (véase nota nuestra al respecto).
Tal y como se puede apreciar, en el caso de Naciones Unidas, la estrategia de las autoridades de Nicaragua consistió en permitir que se presentara en Managua el informe, ordenando inmediatamente después la salida de los integrantes del equipo a cargo de elaborarlo; mientras que en el caso del GIEI, en el ámbito interamericano, se optó por evitar que fuera presentado el informe en Nicaragua, expulsando a sus integrantes 24 horas antes de la presentación oficial en Nicaragua de sus hallazgos.
Enviado por el autor.
SURCOS le invita a leer este informe de Jorge Coronado, compartido con SURCOS por Óscar Rodríguez de la Internacional de Servicios Públicos.
“Cuando en abril del 2016 se hicieron públicos los primeros resultados de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre el bufete de abogados panameños Mossack Fonseca, quedó en evidencia algo que se mantuvo oculto durante casi cuatro décadas: cómo operan los servicios offshore que se empezaron a utilizar desde 1960, en lo que se refiere a gestión, registro, conducción y operación de una entidad en un país extranjero a fin de obtener beneficios financieros, legales y fiscales”.
Fraude tributario en América Latina – Informe
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Compartimos la primera y segunda parte del debate enviado por Luis Paulino Vargas Solís, sobre la evasión del impuesto de ventas y otras facetas del fraude fiscal en Costa Rica, en el cual Vargas participó a la par de un economista y dos diputados (primera parte). Transmitido por Costa Rica Noticias, canal 13, el pasado miércoles 19 de diciembre.
Una buena oportunidad para evidenciar las falacias que las élites políticas manejan sobre este tema.
Enviado por Luis Paulino Vargas Solís.
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La salida colectiva de miles de personas centroamericanas provenientes especialmente de Honduras y también de El Salvador a partir de octubre 2018, a menudo llamada “caravana”, ha despertado una enorme atención internacional. Ellas se desplazaron primero hacia Guatemala y posteriormente hacia México. En este mes de diciembre esperan alguna posibilidad especialmente en la ciudad de Tijuana, ciudad fronteriza de México.
Un primer elemento que tal vez valga la pena poner en discusión es la misma noción de “caravana”. Al menos en castellano, y eventualmente también en otras lenguas, caravana parece tener una acepción cotidiana que no se asocia tanto a una salida forzada, peligrosa o riesgosa.
“Éxodo”, un concepto con una amplísima historia, especialmente asociado a textos bíblicos, vendría al caso en esta situación migratoria centroamericana, pues da cuenta de la naturaleza forzada de la migración. Hoy en Centroamérica no se elige migrar; hoy en Centroamérica migrar es una obligación.
Un segundo elemento es si, efectivamente, estamos frente a la presencia de un incremento de la migración de personas hondureñas o si más bien su salida colectiva ha producido, en buena medida a través de la narrativa de los medios de comunicación, un cierto efecto de realidad que daría la sensación de que estamos frente a algo inusitado.
Los censos de los Estados Unidos permiten poner este fenómeno en perspectiva. Si se comparan los porcentajes de personas centroamericanas registradas en los censos de los años 2000 y 2010, se notará que la población centroamericana en su conjunto aumentó en un 136%: La población hondureña, en particular, se incrementó en un 191%, la guatemalteca en un 180% y la población procedente de El Salvador en un 151% (Sandoval 2015).
Lo nuevo es más la salida colectiva, no el número mismo de personas que emigran. De hecho, es muy frecuente ver en las noches a docenas de personas esperando autobuses en San Pedro Sula o en Tegucigalpa para iniciar un viaje que con ilusión y miedo les llevará a los estados de Chiapas o a Tabasco; dos de los principales puntos de ingreso al territorio mexicano.
La migración hondureña ha sido predominante a lo largo de este siglo XXI. Como apunta Ismael Moreno (2018:4): “La caravana de todos los días ha sido silenciosa, solapada, discreta, privada, invisible y hasta vergonzante. Pero con esta explosión se ha convertido en visible, pública y hasta dignificante”.
La salida colectiva podría estar motivada tanto por factores si se quiere coyunturales como también más de naturaleza estructural. El aumento del precio de los servicios de electricidad, gas y gasolina, así como de varios productos alimenticios se cuenta entre los detonantes que impulsaron esta salida colectiva. Un agente de la pastoral de la Iglesia Católica, quien labora en una comunidad empobrecida de Tegucigalpa lo resume así: “Los encargados de nuestro país han hecho desastres en estos últimos meses; más que en otros meses y años”.
Salir en grupo puede al menos disminuir el peligro de los secuestros y la extorsión. Excepto los y las costarricenses, el resto de las personas centroamericanas requiere visa para ingresar a México. Ello les obliga a ingresar y transitar por puntos no autorizados, al tiempo que les expone a múltiples vejaciones, ya sea del crimen organizado o de los mismos cuerpos policiales mexicanos. En el contexto del auge de las redes sociales, muchas personas establecen contactos y esas que pensaban salir a tomar el bus una noche para iniciar su viaje convienen que tiene más sentido hacerlo de manera colectiva.
Entre los factores si se quiere más de tipo estructural la ausencia de empleo digno es decisiva. La pobreza se calcula con un 64,3% del total de la población, y eso crea condiciones de violencia estructural muy difíciles de afrontar especialmente para las personas jóvenes, quienes son mayoría en esa mayoría silenciosa que abandona el país todas las noches.
En una investigación llevada a cabo con jóvenes residentes en comunidades populares urbanas en El Limón, Nueva Capital, Popotlán, Jorge Dimitrov y La Carpio en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, respectivamente, la mitad de las personas encuestadas dejarían sus países, lo cual no deja dudas acerca de las consecuencias de la exclusión. Los datos obtenidos en Popotlán en El Salvador son más angustiantes, pues un 79% desearía irse.
En términos políticos, sin duda, el golpe de Estado contribuyó a crear más fragilidad en el tejido social de la sociedad hondureña. En junio 2019 se cumplirán 10 años del golpe de Estado y en noviembre 2018 fue re-electo Juan Orlando Hernández, en una contienda electoral cargada de protestas, dudas y denuncias por fraude electoral. Hernández logró cambios constitucionales que le permitieron la reelección, irónicamente uno de los motivos del Golpe de Estado del año 2009. La reelección estuvo precedida por el desfalco estimado en 200 millones de dólares al Instituto Hondureño del Seguro Social, que provocó un movimiento social llamado “Los Indignados”, que solicitaba la destitución de Hernández (Reynolds 2018). De ahí que su reelección fue aún más cuestionada.
Un tercer conjunto de factores son sociales. La violencia criminal es enorme en Honduras. En 2016, después de Caracas, San Pedro Sula era la ciudad más violenta del mundo con 111 homicidios dolosos por 100.000 habitantes (Hansen-Nord et al. 2016). Una mañana de domingo de setiembre de 2013 en Coatzacalcos Veracruz, mientras esperaban la salida del tren, tres jóvenes hondureños, quienes no contaban con apoyo en los Estados Unidos, sentenciaron: “De por sí, si nos van a matar en Honduras, que nos maten aquí” (Sandoval, 2015:41).
La mayoría de las personas que integran esta marcha tomó las rutas más distantes de la frontera de México con los Estados Unidos. Esta decisión volvió el viaje aún más agotador y a lo mejor estuvo motivada en el deseo de evitar la ruta del Golfo de México, en donde hay una presencia manifiesta del crimen organizado y con ello la extorsión y la muerte. Si bien entre San Pedro Sula y Tamaulipas hay unos 2.700 kilómetros, la mayoría de las personas eligió llegar a Tijuana, que la separa unos 4.348 kilómetros de San Pedro Sula.
La frontera entre México y los Estados Unidos tiene una longitud de 3185 kilómetros, un tercio de la cual ya tiene muro, una iniciativa que inició como parte de la Operación Guardián, durante el gobierno de Bill Clinton (Nevins 2001). Durante los dos primeros años de su gobierno, Donald Trump no ha avanzado en la construcción del muro, pero sí ha levantado un muro simbólico que tiene efectos prácticos en el control migratorio que es igual o más importante que el mismo muro físico.
En la actualidad, las autoridades migratorias exigen a las personas que llegaron a la frontera como parte de la llamada “caravana” que en inscriban en una lista a cargo de autoridades mexicanas. Esta lista les permitiría solicitar asilo. Este procedimiento ha sido criticado por ONGs que acompañan migrantes, pues no es claro qué desenlace práctico pueda tener.
El gobierno de los Estados Unidos aprueba apenas un 10% de las solicitudes de asilo que se tramitan (Tourliere 2018). Mientras tanto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) no parece ejercer un liderazgo descollante en esta coyuntura. Los Estados Unidos provee un 40% del presupuesto de ACNUR y es su mayor proveedor (Tourliere 2018). En estas circunstancias obligan a muchas personas a solicitar algún tipo de estancia regular en México.
A modo de cierre, habría que decir tres consideraciones particularmente importantes. Una primera es que el día 6 de noviembre hubo elecciones de medio periodo en los Estados Unidos y en nueve de los ocho distritos, de cuatro Estados, se han elegido legisladores del Partido Demócrata (Corona 2018). Es decir, pese a que Trump ha tenido la inmigración como su bandera predilecta y que antes de las elecciones envió 5.200 soldados a la frontera todo ello no se tradujo en un triunfo electoral. Alentar el odio migratorio no se tradujo en un gran caudal electoral y ello siembra esperanza acerca de cómo el odio antinmigrante puede ser subvertido políticamente.
En segundo lugar, el día 1 de diciembre 2018, fuera la toma de posesión de Antonio Manuel López Obrador, el nuevo presidente de México, quien tendrá sin duda entre sus múltiples retos, todos muy difíciles y muy complejos, el tema de la emigración centroamericana. Algunas organizaciones en México y en Centroamérica ha dicho que México debería facilitar el paso de los migrantes que quieren llegar a los Estados Unidos, pero sin duda la enorme presión y casi que el poder de veto que tiene el gobierno de los Estados Unidos vuelve muy difícil una decisión política de esa profundidad; pero sin duda el nuevo gobierno de México tendrá como punto el tema de la migración centroamericana entre sus largas lista de desafíos.
En la reciente cumbre sobre migración celebrada en Marrakech, Marruecos, el nuevo gobierno mexicano planteó ofrecer empleo a las 200.000 personas centroamericanas que se estima cruzan México todos los años. El gobierno de México estima en un millón el número de migrantes en México, cuya población se estima en 130 millones (Lafuente y García 2018). Ello no parece inviable si se toma en cuenta que Alemania ha recibido 4 millones con una población de 82 millones y Líbano, con una población de 6 millones de personas, alberga a al menos a un millón de refugiados.
El nuevo gobierno mexicano esperaría ofrecer empleo a miles de personas centroamericanas en la construcción en proyectos como la construcción de las vías del Tren Maya, que recorrería los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Esta iniciativa formaría parte de una especie de Plan Marshall que se negocia también con el gobierno de los Estados Unidos. Se trataría de encauzar los fondos, de unos 500 millones de dólares, que se reciben para proyectos de seguridad como la Iniciativa de Mérida o el Plan Frontera Sur, para ser destinados a proyectos de infraestructura.
Por último, pero no menos importante, más allá de las elecciones de medio periodo en Estados Unidos y el inicio del nuevo periodo presidencial y legislativo en México, el gran reto que se tiene en Centroamérica es cómo garantizar un derecho a no tener que emigrar, es decir, cómo imaginar una salida de mediano y de largo plazo a las enormes inequidades y desigualdades que se viven en la Región. Este es un enorme desafío del cual desdichadamente las clases dirigentes hoy en Centroamérica no parecen estar dispuestas a atender.
Más bien, lo que observa es una larga lista de casos de corrupción que han llevado a la cárcel a prácticamente presidentes o expresidentes en todos los países de Centroamérica, con excepción de Nicaragua, en donde el control de los poderes del Estado por parte de la familia Ortega-Murillo vuelve imposible esta posibilidad. En Guatemala, el expresidente Otto Pérez Molina guarda prisión; mientras tanto Jimmy Morales, el actual Presidente, y otros poderosos actores políticos han manifestado su rechazo hacia la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano independiente de apoyo al Ministerio Público, el cual surgió como una alternativa frente a la debilidad institucional del sistema judicial. En el caso de El Salvador, el expresidente Antonio Saca fue condenado a 10 años de prisión; mientras tanto, sobre el expresidente Mauricio Funes hay orden de captura. Funes se refugió en Nicaragua.
Devis Leonel Maradiaga, exjefe del cartel Los Chachiros (Moreno 2015), basado en Honduras, el cual introdujo toneladas de cocaína a los Estados Unidos declaró en contra de Fabio Lobo, quien fue condenado a 24 años de prisión. Fabio es hermano del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), El 23 de noviembre 2018 fue también detenido Juan Antonio Hernández, hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández, acusado también de vínculos con el narcotráfico. Costa Rica no es tampoco la excepción, pues dos expresidentes, Rafael Angel Calderón Fournier y Miguel Rodríguez Echeverría, han ido a juicio. A la lista se agrega Ricardo Martinelli, ex presidente de Panamá, quien fue deportado en junio 2018 por el gobierno de los Estados Unidos, acusado de escuchas ilegales a rivales políticos.
Frente a los grandes retos de Centroamérica, las clases dirigentes centroamericanas exhiben crecientes manifestaciones de corrupción y abuso de poder. Cómo salir de tanta inequidad y tanto desigualdad es un sin duda, un desafío para el pensamiento y la acción progresista en América Central.
Dos personas hondureñas, entrevistadas por la BBC, mientras caminaban rumbo a México en el mes de octubre 2018, resumieron muy bien estas inequidades y desigualdades. Una de ellas manifestó: “A mi si el Presidente de los Estados Unidos no le ayuda a Honduras no me interesa porque yo no recibo ayudas de él”. La otra, por su parte, concluyó: “No le tenemos miedo a las amenazas de Trump; venimos huyendo de nuestro país porque a nuestro país sí le tenemos miedo”.
Fuente: http://www.madrimasd.org/blogs/migraciones/2018/12/20/132711
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Rogelio Cedeño Castro
Los conversos religiosos de cualquier tipo resultan ser los más fanáticos, especialmente en cuanto a la observancia del nuevo credo que adoptan, claro que esto no sólo sucede con quienes asumen como propias nuevas o viejas versiones de las antiguas religiones reveladas tales como el judaísmo, el islam, el hinduismo y el cristianismo, con sus múltiples rostros.
La legión de los conversos a nuevas versiones religiosas secularizadas también se vuelve la de unos fieles observantes, incluso en un grado mayor que los viejos acólitos, de una serie de dogmas sobre la magia del mercado y su mano invisible, de los axiomas o lugares comunes de la escuela económica neoclásica, y de la necesidad de dejar que el orden natural se encargue de regular la actividad económica, según el parecer de los viejos y los nuevos maestros de esta religión del pensamiento único neoliberal/neoconservador.
Durante estos meses, hemos visto a una multitud de viejos y nuevos progres, los que no hace mucho tiempo decían luchar por una transformación de la sociedad en beneficio de las mayorías populares, no sólo rasgarse las vestiduras, sino también denostar en los peores términos, a quienes no estaban convencidos de las bondades de un supuesto plan fiscal, el que en la práctica resultó un mecanismo más para perpetuar la evasión en materia impositiva y la herramienta para una violenta reestructuración de las condiciones laborales de los trabajadores del sector público, las que habrán de repercutir, de manera negativa, con el paso del tiempo sobre todo el conjunto de la clase trabajadora asalariada, tanto en materia de empleo como de ingreso.
Muchos prefirieron tomar distancia de su pasado, presuntamente marxista o anarquista, para abrazar el credo neoliberal/conservador llegando incluso a calificar de terroristas o miserables morales a quienes dudaron de la nueva fe que adoptaron. Lo peor de todo es que, por algunos momentos, pretenden confundirnos con la vieja jerga progre, cuando ya hemos visto (hasta la saciedad) de cuál lado del presente conflicto se alinean y la manera agresiva e intolerante, proclive al neofascismo, con lo que la lo han venido haciendo.
En cambio algunos integristas religiosos, dentro de las viejas tradiciones cristianas, terminaron por adoptar posturas críticas con respecto a los nuevos conversos a los dogmas de las religiones secularizadas. De repente se encontraron en su labor política dudando del mercado, y de sus mágicas bondades, oponiéndose a ciertas medidas del paquete neoliberal, lo que les valió una severa descalificación, por parte de algunos de los que, hasta hace muy poco tiempo, se autodefinían como progres y hasta de izquierda, un lado del espectro político que parece haberse borrado del mapa, o sigue estando representado por gentes que viven en un mar de confusiones, oscilando entre formar parte de un gobierno cada día más autoritario y proclive a la derecha o apostando por revoluciones que no existen, en ciertos países vecinos ¿ será que a la larga resulta más fácil dialogar con quienes profesan viejas tradiciones religiosas que con los conversos al mercado y a las bondades del capitalismo, en sus expresiones más destructivas y salvajes?
Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.
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Este martes 18 de diciembre de 2018, a las 4 p.m. en el Museo Regional de San Ramón, se llevará a cabo la presentación del libro: Valeriano Pueblo de Ricardo Orozco Arroyo.
La presentación estará a cargo de Silvia Castro.
Esta actividad es organizada por Universidad de Costa Rica-Sede de Occidente y Museo Regional de San Ramón
Información enviada por Luis Alberto Soto.
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Este viernes 14 de diciembre a las 2 p.m. se realizará el conversatorio: «Defensa comunitaria de nuestros ríos, nuevas amenazas en Turrialba», en el Auditorio Sede del Atlántico, Turrialba.
Enviado por Alberto Gutiérrez Arguedas.
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