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De «ganadores» y «perdedores»

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Jiddu Rojas Jiménez

No uso mucho esas «categorías» inerciales, crueles y superficiales la mayoría de las veces… Me resultan chatas e innobles generalmente, menos si se le asignan a personas de carne y hueso. Esto, a sabiendas de que la política es un campo minado, de contradicciones políticos y antagonismos de clases, y de fuerzas sociales encontradas. La política deviene así un campo Heteronómico, donde casi no hay espacio para la Autonomía racional (Kant) del ser humano, salvo como horizonte utópico regulador… Es triste pero cierto.

En consecuencia creo que no hay dueños de la verdad acá, ni de la moral, ni menos de la política «principista» progresista o de izquierdas.

Concreto y me actualizo: En determinado momento admito que hubo una gran confusión acerca de complejos temas técnicos del mentado Plan Fiscal impuesto. Es un tema complejo, y el problema del Déficit es real, y no es un invento de esta Administración. Así honestamente lo creo.

Personalmente incluso, comencé mirando como inevitable al Plan Fiscal, siempre con una posición muy crítica y «posibilista». Conforme el debate político subió de tono, traté de hacer un esfuerzo por estudiarlo más críticamente, y de nunca traicionarme como Librepensador, y como un ciudadano de a pie más, pero con claras y fundadas convicciones democráticas de izquierdas. Así que radicalicé mi postura inicial respecto del polémico Proyecto.

En consecuencia, puedo decir con solvencia ética y racional que desde hace meses, ya estaba en contra de este Proyecto en concreto, y por considerarlo regresivo.

No me va el papel de fanático político sectario a estas alturas del partido, pero tampoco de oportunista y de arribista diciendo o escribiendo notas complacientes con la inconsecuencia política de nuestra cotidianeidad republicana.

Así que debo decirlo: Uno de los extraños grandes ganadores de esta controversial Huelga Nacional fui yo… mi consciencia (no mi ego).

«Dichoso aquel que no le debe nada ni los hombres ni a los dioses», repetía mi Padre… porque es libre de decir y de hacer lo que su consciencia libre le dicte.

Así que me sumo entre los afortunados/as que fuimos educados/ as por las movilizaciones populares recientes. Mal conducidas estratégicamente o no, con diferencias con sus dirigentes sindicales principales o no, etc., no importa, y sin caer en ningún obrerismo trasnochado, tuvimos la virtud de escuchar, cuestionar, estudiar y reflexionar a todos los bandos… y de aprender del pueblo político organizado.

Esto no significa convertirse jamás en un intolerante o justificar la intolerancia. Ni dejar de cultivar la amistad y respeto, y el debate racional con otros ciudadanos/as que piensan diferente respecto de esta dramática coyuntura nacional.

Quiero finalmente, mencionar a uno de estos grandes amigos y compañeros de otras grandes luchas, con el que ahora con sinceridad, me separan diferencias respecto del Plan Fiscal… pero con quien tengo coincidencias sobre sobre otros aspectos de la defensa del Estado Social de Derecho y de las conquistas históricas populares…

Quiero mencionar en concreto, a Federico Picado, con quién tuve el honor de degustar un tamal y un café como buenos ticos hoy más temprano… y de quién sigo aprendiendo desde su calidad humana y su vasta experiencia política al servico de la Patria.

Excursus:

Soy sin embargo, muy claro: el Gobierno CAQ-Piza con todo respeto, hizo un giro económico casi sin retorno; es un barco que se adentró en las peligrosas aguas del Neoliberalismo, con un gran hueco en la izquierda que hace aguas… Pero vendrá más. Vendrá un hueco por derecha, porque esas alianzas no son estratégicas sino apenas tácticas… y vendrá el tiempo de crujir de dientes… porque fue usado. Algunos incluso, nos sentimos usados/as nosotros mismos…

Y entonces, el segundo Gobierno PAC (Partido por el que voté dos veces ya, y ahora en vías de extinción), puede quedar sólo, doblemente solo, sin el apoyo popular y divorciado de los sectores progresistas que (como el suscrito) lo apoyamos contra el Fundamentalismo inicialmente, pero sin la derecha tecnócrata neoliberal que lo puso a hacer el trabajo sucio de la derecha bipartidista y del gran capital financiero local y global. Porque «de lo tibio vomitaré»…

¿Es este en realidad un Gobierno PAC? Si bien en política hay muertos que resucitan (el PUSC lo demostró), me atrevo a preguntar, ¿qué será del PAC y de sus cenizas?

La inteligente Oligarquía tica y el nuevo capital financiero globalizado tardaron décadas en penetrar al viejo PLN socialdemócrata de Figueres Ferrer y convertirlo en la Cueva de Alí Baba y los Arias…e imponer su proyecto neoliberal y la llamada «tiranía en democracia» (Oscar Arias dixit).

Bueno, con todo respeto, al PAC lo penetraron y controlaron en apenas 4 y medio años… Me resulta muy molesto ver como se repite la historia. La primera vez como tragedia, la segunda como comedia, escribió Marx sobre Napoleón III (ahora que hasta en Francia se agitan mareas ciudadanas).

Se abrirá sin embargo en CR, -a pesar de este Planeta convulso geopolíticamente-, y después de esta crisis política y económica local (con o sin Reforma Fiscal), un gran vacío político peligrosísimo…

Este vacío político, debería ser ocupado en principio, por una renovada fuerza política democrática y popular, creo, que de centro izquierda, y sino… atención: por un peligroso populismo de derechas… ¿acaso un Bolsonaro a la tica?

Es mi deber decírselo y advertirlo, a todos y todas, pero en particular, a los y las antiguos/as compañeros/as del PAC y del Gobierno Constitucional electo: La gente está enojada, está muy enojada, y con razón…

Está (estamos) enojada (os) no sólo con este tipo de Plan Fiscal regresivo, con la terquedad del Gobierno CAQ-Piza, y con la permanente elusión y evasión fiscal, sino además, con la desigualdad (caldo de cultivo del narco), y con la pobreza creciente del modelo económico heredado, o sea, con décadas de gobiernos, neoliberales o de «platos de babas»…

(Quién dude del crecimiento de la desigualdad y de la pobreza por favor que revisé el Coeficiente Gini de CR y el reciente Informe sobre el Estado de la Nación).

Con Plan Fiscal o no, con un país polarizado, y a pesar de las secuelas graves de la Huelga Nacional, y a pesar de los pesares…atención: No es hora de falsas lealtades con un partido invisible, o con un Gobierno neoliberal más, es hora de la lealtad con lo mejor de Costa Rica y la defensa de su Estado Social de Derecho. Lo digo con el mayor de los respetos para con los y las compas que persisten el PAC, y en colaborar con el Gobierno. Reflexionen… y actúen en consecuencia. No tengo recetas, ni se trata de «principismos» emotivos, el peligro para la democracia es real. Hay una creciente crisis de legitimidad democrática, en los tres Poderes de la República…

Por favor, el que tenga oídos que escuche, el que tenga ojos que los abra y vea… El Estado Social de Derecho está en peligro, y por lo tanto, nuestra paz social, y nuestra democracia. Sólo mi opinión fraternal.

Gracias por leerme y tolerarme.

 

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La semilla de las luchas que vendrán (Reflexiones sobre una huelga). Segunda parte

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Segunda parte

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor

De Esperanza Tasies: “Hemos hablado públicamente contra Hacienda, hemos dicho que quienes están ahí, deben ser investigados por sus nexos con los tenedores de bonos y evasores porque un hecho cierto es que ahí podrán ver a quienes incriminar por este saqueo y chantaje al país”.

Esta huelga cívica y laboral, que han venido protagonizando los trabajadores del sector público, y sobre todo los que laboran en el sector de la educación de Costa Rica, durante un lapso de más de ochenta días, constituyéndose en una de las más largas de nuestra historia social más reciente, es ya un hecho histórico singular que nos ha dejado profundas enseñanzas, las que se harán sentir o podrán ser captadas con mucha más intensidad, en el largo y el mediano plazo, sobre todo por parte de quienes serán realmente las víctimas de la contrarreforma social, puesta en marcha por el gobierno, los partidos políticos y la clase empresarial, aunque muchos de ellos no logren entender todavía los sutiles hilos de la trama, los que habrán de evidenciarse, de manera brutal a lo largo de los próximos meses y años. Resulta innegable que esta ha sido una lucha contra viento y marea, en un medio en el que por desgracia muchas de las víctimas de lo que vendrá han terminado, por el momento, amando a los opresores y denostando en los peores términos, ante la carencia de argumentos sólidos, a quienes escogieron el duro camino de la lucha y la resistencia, razón por la que cabe destacar nuestro reconocimiento y respeto para estas gentes valerosas.

La estrategia de signo totalitario de los mencionados sectores sociales, destinada a aplastar cualquier foco de resistencia a sus políticas, se basa en una campaña ideológica muy bien montada, con la que han pretendido satanizar la figura de quienes trabajan en la función pública, haciéndole creer a un amplio segmento de la población, sobre todo entre la que habita en las áreas urbanas, una de cuyas características más esenciales es la de estar conformado por gentes que no tienen acceso a otras fuentes de información que no sean aquellas que, como los grandes diarios y noticiarios de televisión, por lo general en poder de los empresarios, han sido los eternos detractores de los movimientos huelguísticos y de las organizaciones sindicales, llevándolos a afirmar tercamente que son los salarios y beneficios que tienen estos trabajadores los que llevaron (o llevarán) al país y la economía nacional a una profunda crisis que, según afirman los voceros del régimen, se expresa en un abultado déficit fiscal(aunque las cifras del mismo sean presentadas, de una manera contradictoria, fragmentada y presentando variaciones intencionales, en diferentes momentos, llegándose a admitir la existencia de presuntos errores), el que según las élites del poder es preciso corregir o eliminar con un conjunto de medidas de política social y económica, cuando en realidad no solucionan nada al no atacar la elevada evasión y elusión tributarias, sino que lo que buscan es obtener la aceptación de los usureros internacionales para seguir endeudando al país, para en el mediano y largo plazo llevarlo a lo quiebra y someterlo a los dictados del Fondo Monetario Internacional (Han hablado de un déficit fiscal que supera el 8 % del PIB, aunque después dijeron que era apenas equivalente al 6% del mismo, en tanto que el paquete fiscal si acaso produciría un monto del 1,9% del mencionado PIB, al cabo de un año y siempre que la economía crezca, cosa que no va a suceder como consecuencia de la disminución del poder de compra de los funcionarios públicos), mientras tanto se abocan a una serie de acciones punitivas que, aunque son presentadas como una reforma tributaria en los términos ya indicados, y reducir así el crecimiento de la deuda pública, en realidad de lo que se trata en esencia, es de la implementación de una violenta reorganización del régimen de empleo público, la que traerá una reducción y un estancamiento de los salarios nominales de esos trabajadores, una medida que dará lugar en los próximos años a una disminución importante de la demanda de bienes y servicios, por parte de ese sector de la sociedad, lo que terminará por afectar también a quienes laboran en el sector privado, donde habrá una disminución del empleo y en el caso de la abultada informalidad de grandes segmentos del mundo laboral, esta también continuará creciendo sin ninguna perspectiva de que vaya a bajar, en el mediano plazo.

Durante el interregno del conflicto, y aún antes de su materialización, los poderes fácticos se abocaron a la especulación con las tasas de interés de los títulos valores de la deuda pública(Una maniobra de la que casi nadie se ha percatado, pero que ha hecho crecer la deuda pública hasta alturas insospechadas, esa obligación financiera que nunca se podrá pagar) y con el tipo de cambio o paridad fija entre el colón costarricense y el dólar estadounidense, el que hace ya muchas semanas superó los seiscientos colones por dólar, en una jugada que les ha dejado grandes ganancias (del orden de los 93.111 millones de colones, según informó el Semanario Universidad en su edición n°2253, 7 al 13 de noviembre de 2018, página 2) y ha empobrecido a la mayoría de la población, dada la violenta caída del poder adquisitivo de los salarios, al que se suela llamar salario real. Son medidas que los han beneficiado inmensamente, de una manera fraudulenta y descarada, pero que al mismo tiempo han formado parte esencial de la estrategia del terror, bien diseñada para someter al pueblo costarricense a los designios de las élites o poderes fácticos, que son los que de verdad toman las decisiones más importantes en materia de política económica y social, tanto en este como en los otros países de la región.

Uno de los aportes de esta huelga, digamos que colaterales, más no en daño, es el hecho esencial de que, durante las largas semanas en que se ha sostenido con heroica y decidida determinación, se ha producido un importante y voluminoso material informativo, producido por valiosos economistas y analistas sociales como Luis Paulino Vargas, Walter Antillón Montealegre, Gerardo Contreras, Manuel Delgado, Sofía Guillén, Pablo Abarca y Esperanza Tasis, entre otros, el que ha sido divulgado y analizado con las bases sindicales, lo mismo que con amplios sectores de la población, en lo que ha sido todo un acto de reflexión y educación política que nos presenta un panorama muy diferente al de los anuncios paradisíacos de los impulsores del proyecto de ley 20580, aprobada en primer debate por la Asamblea Legislativa. El hecho esencial es que la huelga permitió desenmascarar, ante los ojos de los sectores populares, la perfidia de los planes de la reacción conservadora para destruir la economía nacional, poniendo al país en manos del FMI y de los banqueros internacionales, con su insaciable codicia. En la siguiente y última entrega de este artículo hablaremos del saqueo de los fondos de pensiones, de la criminalización de la protesta social, y de las implicaciones de la judicialización de la política, con lo que se cae el mito de la división de poderes, dentro de lo fue una democracia de baja intensidad, basada sobre todo en las mascaradas electorales, la que se nos ha venido cayendo a pedazos con la complicidad y decidida participación de los políticos profesionales del PLUSC PAC(que por fin se desenmascaró, al destartalarse su fachada progre), además de la complicidad de un sector del llamado Frente Amplio, por lo que estamos apenas en los inicios de una dura y larga batalla. Hace ya mucho rato que la dictadura en democracia, ese engendro fascistoide, se encuentra enquistada entre nosotros, aunque muchas buenas gentes no se den por enteradas.

 

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Conversatorio: «Matrimonio igualitario en Costa Rica: Decisión de la Sala Constitucional 2018»

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

El pasado 07 de diciembre se realizó el Conversatorio: «Matrimonio igualitario en Costa Rica: Decisión de la Sala Constitucional 2018», en el Auditorio Pablo Casafont, Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

 

Compartido por Marco Castillo Rojas en redes digitales.

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La cuestión fiscal y más allá: Lo que nos conviene y lo que nos quieren imponer

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Walter Antillon Montealegre (*)

No es este el momento de un minucioso análisis dogmático-jurídico del voto número 19.511 de la Sala Constitucional, porque sólo contamos con el ‘Por Tanto’. Para eso hay que esperar la publicación de los ‘considerandos’, que es donde se debe y se suele situar la fundamentación jurídico-racional de las decisiones judiciales. Sin embargo, si contamos con esos datos que ya son públicos, es posible y necesario, e incluso urgente hacer algunas reflexiones de carácter histórico y político-filosófico.

Como en tiempos del TLC y las leyes complementarias, una opaca Sala Cuarta sale de nuevo a autorizar lo indefendible, a bendecir lo irredimible. Nos recuerda aquel tiempo en que un magistrado suplente fue sorteado milagrosamente durante varios meses consecutivos, es decir: el tiempo necesario para que saliera libre de polvo y paja la última de las leyes complementarias Ahora, de nuevo las facciones de la oligarquía, que parecían distantes, escamoteando de nuevo la verdadera solución del problema fiscal que venimos arrastrando por decenios, se han reunificado para dar el siguiente paso contra la institucionalidad democrática ¡Cómo se adivina el compás de una batuta en el aparente silencio!

La cuestión de los impuestos

Estoy convencido de que, hagan lo que hagan, no podrán impedir que la cuestión fiscal sea finalmente resuelta en beneficio del pueblo, y ese es el sentido del movimiento que lleva el nombre de Alfredo González Flores. Y lo primero a plantear por ese camino es la exigencia de que el sistema general de los tributos vigentes en Costa Rica se funde en criterios de progresividad. Es decir, que en términos globales resulte que los ricos, pagando en relación directa con lo que ganan, estén contribuyendo a sufragar los gastos públicos en mayor proporción que los pobres; de modo que dentro del sistema no importará que haya tributos pagados en igual medida por unos y otros, siempre y cuando en el conjunto, la contribución de los ricos resulte ser más que proporcional a su riqueza, por virtud de ciertos impuestos capaces de determinar ese resultado.

Estamos hablando obviamente de los impuestos directos en el Mundo Globalizado, con tarifas progresivas, que obligan a tributar en razón de las manifestaciones directas de riqueza (de ganancia, de ingreso periódico, a escala mundial, etc.) que presente cada contribuyente. Entonces, cuando los impuestos directos pesan en el conjunto, más que los indirectos, podemos decir que el sistema tributario al que pertenecen está fundado en criterios de progresividad.

De acuerdo con lo anterior, me parece que debemos empezar por proponer una reforma de la disposición constitucional que consagra el deber de tributar, es decir, del artículo 18 de la Constitución, para que diga algo así como lo siguiente:

Art. 18.- Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la Patria, defenderla y contribuir a los gastos públicos de conformidad con la capacidad contributiva de cada uno.

El sistema tributario se funda en criterios de progresividad.

Desde aquellos días (hace más de un siglo) en que don Alfredo González Flores descubrió en Europa la vigencia y operación del impuesto sobre la renta, éste se ha ido robusteciendo paulatinamente en aquellos países, experimentando notables mejoras en su configuración técnico-legislativa, así como en sus mecanismos de percepción y cobro. De modo que no podría hoy concebirse el progreso y la riqueza de los países del Primer Mundo sin el impuesto a la renta (hoy ‘renta mundial’) con tarifas progresivas, en sus diferentes modalidades.

Don Alfredo promulgó la respectiva Ley en 1916: los ricos la hicieron derogar y han conseguido hasta ahora no verse obligados a contribuir, por esa vía, de una manera regular y en una cuantía justa. Exhibiendo por años de años un impuesto a las rentas limitado y anodino, con esporádicos, milimétricos progresos dosificados a placer, las oligarquías centroamericanas han condenado a nuestros Países a la precariedad fiscal, al desgobierno y al subdesarrollo, a la vez que han mantenido una prosperísima escuela de evasión y de corrupciones que hoy se retroalimenta de narcotráfico y nos está pasando la factura.

En cambio, como consecuencia lógica de la vigencia de un sistema impositivo justo, racional y democrático, en los países civilizados se ha alcanzado además un grado mucho mayor de cultura tributaria del ciudadano en general, y del empresario en particular; y un grado mucho mayor de probidad y sensatez en los gobiernos, que han contribuido decisivamente a la robustez de la Hacienda Pública y a la ejecución sostenida de políticas y programas de bienestar colectivo. Todo lo cual sería impensable, repito, si en el centro del sistema no hubiera estado funcionando, desde hace más de un siglo, el grupo de los impuestos directos capitaneado por un impuesto a la renta mundial. Esto es visible hoy en general en Estados Unidos, en Canadá, en Australia y en los países europeos, señaladamente en los Escandinavos y en Suiza, Islandia, Alemania, Holanda y el Reino Unido.

Desafortunadamente no ha sido éste, repito, el caso de Costa Rica: desde el punto de vista de su tributación, la Suiza de Centroamérica sólo se distingue de Honduras y de Nicaragua porque recauda menos que ellos. Su estructura impositiva, después de doscientos años, conserva los rasgos regresivos de la Colonia: la ausencia persistente de un núcleo de impuestos directos que mantuviera la principalía en el sistema, ha hecho de aquélla un mecanismo injusto y deficitario. El fracaso crónico de los gobiernos en hacer tributar a los ricos en una proporción justa y suficiente; el expediente de los bonos y los empréstitos; y el recurrente asalto a los fondos de pensiones y a los activos de las instituciones y las empresas públicas, como las alternativas chapuceras y alevosas de las que han venido echando mano dichos gobiernos, ante el silencio cómplice de las instituciones de control, todo ello sumado a las inexplicables, abusivas exoneraciones y a una conducta derrochadora e irresponsable en las altas esferas, lejos de aportar soluciones, han terminado por minar severamente las finanzas públicas y tienen a los sectores más vulnerables de la comunidad costarricense, y al País entero, sometidos a un grave peligro.

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas

Ahora, viniendo a la propuesta Ley de Fortalecimiento, sus mismos propulsores reconocen que no sólo es inocua frente a la emergencia, sino que tampoco resuelve la crisis (tan urgente e inaplazable como nos la quieran poner) ni siquiera en el mediano plazo. El Gobierno lo sabe desde el principio y apagará el incendio como lo han hecho los gobiernos anteriores: recurriendo a medidas de emergencia, gravemente onerosas para el País, que muy pronto harán sentir sus efectos.

Por esto, si en este campo queremos realmente hacer las cosas bien, es preciso replantear el proyecto mediante un fuerte golpe de timón que nos conduzca a la verdadera, definitiva solución de la cuestión tributaria de Costa Rica: la primacía de un conjunto de impuestos directos precedido por un moderno y eficiente Impuesto sobre la Renta. Esta alternativa, desechada oficialmente durante decenios como un tema tabú, ha sido reiteradamente propuesta al Gobierno actual, desde antes de que estallase la huelga.

El Gobierno se muestra temblando ante la inminencia del colapso fiscal, pero se niega tenazmente, sin justificación valedera, a impulsar aquella única solución efectiva: un moderno impuesto a la renta mundial, justo, eficiente y seguro, en el centro del sistema tributario. No quiere echarse la bronca con sus compinches de la oligarquía nacional y transnacional. Si no lo hicieron Luis Alberto ni Oscar, ni los Ángeles, ni Abel, ni Figuerillos, ni Laura, ni Luisgui ¿por qué voy a hacerlo yo? ¡Bonita cosa!

Pero, si vemos que, por un lado, el Proyecto en discusión no aporta una solución consistente al problema fiscal mismo; por otro lado, en cambio, sí es bien capaz de poner las bases de graves intromisiones del Poder Ejecutivo en la esfera jurídica de otros conglomerados orgánicos estatales, cuya autonomía creíamos hasta ahora que estaba constitucional e internacionalmente garantizada. Y entonces de pronto empezamos a apreciar los perfiles equinoformes del Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas: como lo han denunciado varios analistas, es un nuevo Caballo de Troya que, detrás de su denominación netamente fiscal, oculta los instrumentos para un ataque en toda regla contra la institucionalidad democrática del Estado costarricense: contra el principio de independencia de los poderes y de autonomía de los entes menores; contra el principio de reserva de ley, etc.

La ofensiva autoritaria y antidemocrática

El viernes 23 de noviembre de 2018 la Sala Constitucional dictó la sentencia Número 19.511, en la cual decidió, en lo que aquí interesa:

  1. a) que el Proyecto de Ley de Reforzamiento de las Finanzas Públicas no presenta visos de inconstitucionalidad;
  2. b) que nada de lo allí preceptuado afecta el funcionamiento del Poder Judicial; y
  3. c) que en su segundo debate en el Plenario de la Asamblea Legislativa, la aprobación de dicho Proyecto no requiere la mayoría calificada de 38 votos.

¿Qué decir? Es una resolución como un traje a la medida de las pretensiones de un Gobierno que, a los 200 días de estar en el poder, se revela como el abanderado del tripartido PLUSCAC y asociados menores. El dique constitucional aparentemente sólido construido en 1949 con la doctrina de los artículos 9, 154, 156 y 167 de la Carta, ha cedido ante la Raison d’Etat. Para aparentar que conjuran el peligro de un colapso fiscal, los tres poderes del Estado (igual que los tres partidos de la oligarquía: ¡qué casualidad!) se funden en una alianza para la defensa de la supuesta solución, encarnada en el protervo y claramente ineficaz Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, cuyo verdadero nombre tendría que ser ‘Proyecto de Debilitamiento de las Garantías Constitucionales y los Derechos Fundamentales.

Sus motivos resultan transparentes: ante “la magnitud del peligro y lo extremado de la urgencia”, los roces constitucionales y las dudosas nulidades desaparecen por insignificancia comparativa. La Sala Cuarta repite, diez años después, el deslucido sainete que le tocó ejecutar en relación con el TLC y las Leyes Complementarias en 2008. La consigna era similar: ante el peligro de perder el TLC y sus ríos de leche y miel (y sus Mercedes y sus BMW) desapareció toda posibilidad de encontrar roces constitucionales. Invoco un ejemplo doloroso: galvanizados por la misión de ‘salvar al País’ no advirtieron, o fingieron no advertir cómo el TLC rompía la exclusividad jurisdiccional de Costa Rica (art. 153 Const.); de modo que, a partir de entonces, los inversionistas han podido demandarnos válidamente en cualquier panel o tribunal internacional. Desde hace años he sospechado que conseguir este resultado fue siempre uno de los fundamentales, verdaderos objetivos del TLC.

Aquella flagrante violación constitucional (que es una herida abierta en el cuerpo del Estado) seguramente les pareció peccata minuta a los guardianes de la Constitución, frente a la magnitud de la consigna que entonces unificó Gobierno, Corte y Asamblea: librar al TLC y sus Leyes Complementarias de toda mácula de inconstitucionalidad, para salvar al País de la ruina económica. Y como ahora, también entonces, pero por la vía de los suplentes, se forzó la incorporación de ciertos magistrados ex post factum. Me pregunto si, frente a lo que está pasando, los ex y los magistrados que participaron en el complot, sentirán todavía la vergüenza de haber mancillado la Carta que juraron defender, por el infame plato de lentejas de aquella consigna.

 Ahora estamos ante el hecho de que, diez años después de aquello, los dictados de la Geopolítica Neoliberal vuelven a determinar la Razón de Estado, y los Poderes se unen para que la Razón de Estado prevalezca decisivamente sobre la Razón Jurídica. La unidad de los Poderes es la delicia de los malos gobernantes y la perdición de los gobernados. Cuando los magistrados de la Sala Cuarta adoptan el punto de vista de los gobernantes y los legisladores, en relación con la valoración de una situación de conflicto social, desaparece la separación de Poderes y ellos pasan a ser meras partes en el conflicto; y se cumple entonces lo que advertía el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución.

Costa Rica, la Suiza Centroamericana ¿sin Constitución? Ante este panorama de desolación política y jurídica donde ya se inscribe un fuerte debilitamiento de la independencia judicial y de las autonomías, y se ven venir la proscripción de los sindicatos, la huelga y la protesta social, el deber insoslayable de todo buen ciudadano es informarse y reflexionar para comprender y denunciar; convocar y organizarse para resistir y luchar.

 

Imagen ilustrativa.

Compartido con SURCOS por Arnoldo Mora Rodríguez.

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Escritores privados de su libertad presentaron documental en Museo Penitenciario

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Derechos, Formación.

Los integrantes del Taller Literario Reencuentro con los Vivos del Centro de Atención Institucional Sandoval de Limón realizaron la proyección del documental “Nosotros” el pasado 30 de noviembre a las 4:00 p.m. en el Museo Penitenciario ubicado en el Museo de los Niños en San José. El evento llevó el nombre de “Foro Poesía y Dignidad” y tuvo el objetivo de brindar un espacio de divulgación del producto audiovisual que se realizó durante el presente año.

El corto-documental se llama “Nosotros” dirigido por Juan Diego Villalobos y Diana Carrillo Rosales, estudiante de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR. Este es un producto que intenta sensibilizar acerca de los derechos humanos de las personas privadas de libertad; en este caso de los participantes del Taller Literario Reencuentro con Los Vivos (RCLV). Tiene una duración de aproximadamente 40 minutos y cuenta con lecturas de poesía original, testimonios de los participantes, además de escenas del último recital realizado en la Feria Internacional del Libro.

El trabajo del Taller Literario Reencuentro con los Vivos está enmarcado en el proyecto Libertad Bajo Palabra de la plataforma de Iniciativas Estudiantiles de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica. Desde hace tres años, la gestión cultural del espacio ha estado a cargo del Circulo Literario Vertedero Satélite conformado por autores y autoras del Gran Área Metropolitana, que comprenden la literatura como una herramienta de transformación social.

El Taller Literario Reencuentro con los Vivos sacó en el 2016 el libro “Cementerio de los Vivos”, que habla de la transformación social que ofrece la poesía en la cárcel. Este se puede encontrar en todas las bibliotecas públicas del territorio nacional.

Más información:

Sebastián Barquero Zúñiga

sebastian.barquero@ucr.ac.cr

Cel. 8392-7255

 

Enviado por Nosotros Documental.

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Segunda valoración: acusar al E.L.N.

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

Recordemos que, por Acuerdo de Diálogos para la Paz, de marzo de 2016, durante el gobierno Santos II y el Ejército de Liberación Nacional, se sentaron a dialogar, en la ciudad de Quito, los plenipotenciarios de ambas partes en el conflicto armado interno colombiano. Resultados de ello se desarrollaron seis ciclos de Conversaciones, acordado el último ciclo para iniciarlo el pasado 25 de junio de 2018; pero la Delegación del actual gobierno de Iván Duque fue retirada de la Sede de las Conversaciones en La Habana y así permanece congelado ese proceso hasta la fecha.

COMO VAN LAS NEGOCIACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y EL E.L.N.

Para las negociaciones entre el gobierno nacional de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se fijaron seis puntos en la agenda: 1. Participación de la sociedad en la construcción de la paz. 2) Democracia para la paz. 3) Transformaciones para la paz. 4) Victimas. 5) Fin del conflicto armado. 6) Implementación. Aunque taxativos, no se da un orden mecánico de aplicación, dada la característica de una larga historia de diálogos sin resultados visibles que resaltan la falta de confianza entre las partes. En tal sentido el desarrollo de cinco ciclos de conversaciones y situaciones alcanzadas corrió paralelo a consideraciones como el que “Nos alerta que el gobierno no le está cumpliendo a las Farc”. Gabino. Para el ELN “Como están las cosas, la rebelión sigue vigente”. El Frente de Guerra Occidental, expresa: la lucha armada tiene “plena vigencia” en Colombia. No es un modelo agotado, dicen… Pareciere que no es lenguaje apropiado a la búsqueda de la solución política; pero concluido el plazo del cese al fuego bilateral, el pasado 9 de enero de 2018, las contradicciones se fueron agudizando. Indiscutiblemente pesa la decisión de una suspensión de las conversaciones en forma unilateral, en este caso por parte de la estatal. La manifiesta tendencia a querer encasillar al ELN, a jurar a pie juntillas que abandonen la práctica del secuestro, sea con fines políticos o económicos de sustento, a cambio de nada. La reiterada afirmación de alistamiento de menores en sus filas; bajo el parámetro que en Colombia la minoría de edad va hasta los 18 años. Tergiversan el contenido de los Protocolos de Ginebra de protección a la población civil de ataques y contra los peligros provenientes de operaciones militares contra esa población, tipificando el secuestro como prohibido por el DIH, sabiéndose que se contempla como delito de lesa humanidad es la toma de rehenes y que el secuestro individualmente considerado, por parte de una fuerza insurgente, se asimila a la de una retención por parte del Estado; ambos bajo la consideración de conducta que los malos tratos y/o torturas a los retenidos califica como crimen de guerra o de lesa humanidad. Expresa el establecimiento bajo deseo manifiesto que lo recorrido en el proceso del fin del conflicto armado interno con las antiguas Farc-ep, se aplique mecánica y sínicamente al resultado de las conversaciones con el ELN. Lo cierto es que estos han manifestado que durante el proceso a alcanzarse con ellos no permitirán que la participación social, como característica central de la agenda pactada “se convierta en algo decorativo” y a tono con lo anteriormente expuesto: “El ELN no recluta, no hace redadas para llevar gente a la guerra. El ELN no obliga a nadie a ingresar, no tiene a nadie obligado en las filas”. Analizan el trato torticero dado a las Víctimas, retomándolo como tema predominante y en cuanto al modelo desnaturalizado de la concepción inicial y universal de la JEP, el vocero guerrillero Aurelio Carbonell, manifestó que no se van a someter “a esa justicia”; en el entendido que ha de explorarse otro modelo de justicia transicional. Además, rechazan una hoja de ruta que signifique la entrega de armas, antes que se materialice la implementación de los Acuerdos, en clara alusión a la experiencia deparada a las antiguas Farc-ep.

LA LINEA DE COMPORTAMIENTO GUBERNAMENTAL

El Establecimiento concibe las conversaciones en la dinámica de las confrontaciones armadas, sin modificarse la apuesta de la delegación del gobierno anterior, que en cabeza de Juan Camilo Restrepo sostuvo: “el cese bilateral no es el comienzo sino el resultado del proceso de desescalamiento” del conflicto. Mantiene la constante de exigencias unilaterales a la insurgencia en especial sobre el tema de secuestro, denominado como de retenciones individualmente consideradas por la contraparte insurgente. Esta, a su vez, ha aceptado colaborar en el desminado como gesto humanitario y no encuentra reciprocidad por la contraparte estatal, en asomos como el desmonte del paramilitarismo, el cese de asesinatos de líderes sociales, por no mencionar el fin del terrorismo de estado practicado como ejercicio contrainsurgente.

Quiso engatusar con la tipificación del paramilitarismo como delito y hasta las vacas sagradas de los jurisconsultos del Establecimiento replicaron que la solución no está en prohibir lo prohibido. Contraria a la concepción de búsqueda de solución alterna al conflicto, condiciona la suerte de las conversaciones a que los rebeldes respeten la legitimidad del Estado, cesen en toda acción armada y de saboteo económico contra el sistema contra el cual luchan en armas.

Imponen que el único que puede cobrar impuestos en Colombia es el Estado, en contraposición a la caracterización de una fuerza insurgente, que domina territorio, controla población e impone una juridicidad propia. De esa manera el actual gobierno exige a la contraparte la capitulación previa para conversar; desplazando el entendido de la insurgencia de tratar a fondo con soluciones de Acuerdo todos y cada uno de los factores de enfrentamientos manifiestos, una vez estén sentados en búsqueda de soluciones de fondo y definitivas.

La parte estatal, sin ningún gesto de retribución, exige al E.L.N que confiese si tiene efectivos en la República Bolivariana de Venezuela. Que le confirme el número de secuestrados en su poder, conforme a las cifras que la inteligencia estatal maneja. Aplica lo de derrotar militarmente a la guerrilla y luego conversar con ella; militariza el campo; desplaza unidades militares blindadas en regiones fronterizas como El Catatumbo, ineficaces en una guerra irregular de guerrillas y sobrado asomo de expansión militarista contra el vecino país. Activa las circulares rojas de detención internacional a reconocidos jefes insurgentes, junto con inusitada ofensiva diplomática de exigencias a países fronterizos, sin acatar las calidades de países garantes, de apoyo, acompañamiento y de cooperación, previstos en el Derecho Internacional, en armonía y colaboración al fin del conflicto existente. Desestima el gesto de peso político de designar como plenipotenciario en las conversaciones a su jefe máximo Nicolás Bautista, Gabino, como es de su usanza. Profundiza una calculada campaña de desprestigio a nivel nacional e internacional al ELN, estigmatizándolo no como una fuerza insurgente, sino narcotraficante, deshumanizada, con la ayuda de la dictadura mediática a fin de propinar los efectos de golpes políticos ante la población, ante ineficacia de los “golpes” militares que propina bajo el amparo de la inexistencia de veeduría internacional del desarrollo y contingencia de sucesos, supeditando la guerra a un juego de imprevistos.

En Insurrección, órgano informativo, a finales de junio de 2017, el ELN editorializa calificando a Santos de un adversario difícil y sinuoso para el dialogo, aunado a sectores del establecimiento empeñados en desconocer lo acordado “en una y otra Mesa”; caracterizados por lo confrontativo contra las expresiones rebeldes del movimiento popular; oteando agravamiento de la situación sin importar el ganador de la campaña electoral, para ellos independientemente lo fuere cualquiera de los partidos del régimen. El resultado del sistema electoral corrupto e ilegitimo colombiano, demuestra la hegemonía del bloque de poder contrainsurgente, sin cambio político específico alguno ante el reto del fin del conflicto armado interno.

Es sabido que desde la época del “estatuto de seguridad” del gobierno de Turbay Ayala, un decreto de guerra dispuso que todo lo relacionado con acciones de “orden público” debía pasar por el tamiz noticiario de la inteligencia militar. En las zonas de escenario del conflicto esa disposición continúa aplicándose, siendo dócil y sumisa la dictadura mediática al respecto. De esa manera han tejido en el imaginario de opinión que el Ejército de Liberación Nacional es una organización de narcotraficantes. Nada más alejado de la realidad.

Un recuento de análisis de prensa sobre el escenario de guerra en El Catatumbo destaca, solo en este Año de 2018, los golpes acertados al “Eln”, sin beneficio de la duda, como tampoco de prueba alguna. Así:

A enero de 2018. Desmantelan un centro de acopio de base de coca del ELN en la vereda Corinto del corregimiento San Martín de Loba (Sardinata), al servicio del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Las autoridades hallaron 109 paquetes que contenían al menos 116 kilos de base de coca. La Policía aseguró que con esta operación se debilitó las finanzas del frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, en por lo menos 500 millones de pesos.

Difunden que según se conoció, luego de que el ELN recolectaba la base de coca en este lugar, la llevaban hasta los laboratorios para convertirla en clorhidrato de cocaína y posteriormente exportarla a Venezuela, Europa o Estados Unidos.

A 09 de febrero de 2018, siguen acusando al ELN, con lo de coca: con esta operación que pertenece al Plan de Campaña “Victoria”, se afectó cerca de 2 mil millones de pesos de las finanzas del Frente Juan Fernando Porras Martínez, del ELN. Destruyendo instalaciones en El Catatumbo mediante incursiones aéreas…

A 07 de abril de 2018. Desmantelan una de las refinerías más grandes del ELN en Convención. Corregimiento de Cartagenita…654 millones de pesos cuesta el complejo petrolero ilegal que desmanteló el Ejército. “Estamos en un complejo preciado para el Ejército de Liberación Nacional (ELN); les golpeamos las finanzas”. Mientras los expertos antiexplosivos destruían de manera controlada esta refinería, con el objetivo de que la compañía Capitán Francisco Bossio del ELN no continuara afectando la estructura petrolera de la región y no causara más daños ambientales en esta zona del Catatumbo.

A 02 de mayo de 2018. Caen once integrantes del ELN en el municipio Páez, Venezuela. Las autoridades también ubicaron una casa desde donde delinquían los capturados. Con tropas combinadas de la Armada Nacional y la GN venezolana, incautaron material de guerra de la comisión de finanzas Rafel Villamizar del ELN. Que, en el lugar, también fueron hallados 200 kilos de clorhidrato de cocaína, 99 kilogramos de marihuana y 500 de explosivos tipo R1, con alta potencia y gran alcance de destrucción.

Siguen vinculando a ELN con drogas: por el ‘Tío’ (30 o 40 años), capturado como jefe de finanzas del frente de guerra suroccidental del ELN.

A 12 de noviembre de 2018. Desmantelan complejo de cocaína del ELN en San Vicente, zona rural y boscosa de Abrego. El cristalizador producía al menos 2.400 kilos de droga al mes. Donde hallaron las estructuras ilegales al servicio del narcotráfico en N de S.

21-11-18. Se lee también que exportaban coca con sello Catatumbo. Este martes, la Policía Antinarcóticos anunció que, durante operativos realizados en Cúcuta, Tibú y Bogotá, capturaron a 25 personas más que traficaban para el ELN.

Así presentado el ELN seria esencialmente una organización narcotraficante. También sería la única, pues no se menciona golpes a ninguna otra. Todo un contrasentido cuando el gobierno, ante veedores internacionales, mantenía instaladas una mesa de conversaciones con colaboración de países y apoyo internacionales. Pero todo ello obedece al manejo de descalificación por la mentira y la calumnia a justificar el rompimiento de las conversaciones.

De ser cierto el panorama presentado pues el Ejército de Liberación Nacional (ELN) no sería una fuerza con estatus político de beligerancia en un conflicto armado interno, de conformidad con los parámetros del derecho Internacional. Carecería de entidad propia como organización político-militar, con mandos superiores e inferiores. Su dedicación no sería la formación de cuadros. No ofrecería un programa de alcances mínimos para las masas. No ejercería un control y presencia permanente en territorio determinando; tanto en lo rural como en lo urbano. Tampoco desarrollaría trabajo político urbano y rural al interior del movimiento popular. Su finalidad no sería la toma del poder, sino la del enriquecimiento de sus miembros y militantes, estrategia que siempre han manejado en el sentido que hace treinta años si eran una guerrilla idealista y hoy no les mueve un gesto noble y de sacrificio.

POSIBLES SALIDAS

Partiendo del presupuesto que el ELN sabe, por experiencia, que es lo que no debe hacer ante la prepotencia hegemónica de la derecha en el poder; en mi condición de ciudadano, careciendo de ostentación, atendiendo al clamor de búsqueda de la solución política a la terminación del conflicto armado interno con el ELN y en consonancia con el mandato constitucional de búsqueda de la paz, sea el momento propicio para que se recomponga la Mesa de Conversaciones. Que la Alta Parte Contratante estatal tenga representantes plenipotenciarios por parte del Legislativo y lo Judicial en la Mesa de La Habana. Que las Conferencias Exploratorias de la Sociedad en el marco de las conversaciones con el ELN permitan avanzar eficazmente en los diálogos y en tal sentido se amplié el espectro de su participación con la reglamentación de aportes con debates de las organizaciones sociales, incluida la de las organizaciones de profesionales en todas las disciplinas. De igual manera se implemente la participación de la ciudadanía en municipios y ciudades intermedias inferiores a doscientos mil habitantes con Cabildo Abierto Populares que en ejercicio democrático debatan y aporten sobre temas de manejos de recursos naturales y defensa del medio ambiente, en sus jurisdicciones. El problema de la Salud, lo energético y la soberanía alimentaria. Y para impedir la burla por desconocimiento a lo Acordado, la parte insurgente presente como eje de conversación su desarrollo bajo la premisa que todo lo Acordado, sea inmediatamente implementado.

En la última alocución presidencial en cadena a todo el país, el 28 de noviembre de 2018, Iván Duque ratificó la disposición de conversar con el ELN, bajo la condición que el ELN deje de secuestrar y de actuar. Más de lo mismo. Ante el panorama de movilización y de resistencia popular agregó la búsqueda de la equidad en el país. Una expresión que se utiliza para mencionar un equilibrio entre nociones de justicia e igualdad social. La equidad alude en las relaciones sociales, en la defensa de igualdad del hombre y la mujer; es decir, la equidad de género que su partido CD despotrica y desconoce. En el uso y control de la propiedad y servicios, con función social que presupuestos fascistas no asumen. ¿Pero puede haber equidad, igualdad de ánimo, en un sistema de capitalismo salvaje neoliberal? Si el señor presidente no dialoga con el ELN, no dialoga con nadie. Ni con estudiantes, profesores, transportadores, campesinos, indígenas, ni empleados públicos. Y si lo hace es para engañar. En eso se condensa la existencia o no de voluntad política por parte del ejercicio oligárquico de poder.

La semilla de las luchas que vendrán (Reflexiones sobre una huelga). Primera parte

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Primera parte

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor

Los expertos en toda clase de artes políticas, especialmente apropiadas para manejar el pensamiento y la voluntad de las gentes del común, alineándolas dentro de sus formas de pensar y actuar para llevar este país a la ruina, e impidiéndoles captar todos los componentes de lo que está en juego, dentro del presente histórico que estamos viviendo, han desplegado durante los dos meses y medio, desde que dio inicio esta huelga tan singular, una ofensiva incesante de gestos violentos, cínicos y descarados. Desde el primer momento, dijimos que esta era una huelga cívica y laboral que tenía como su propósito más importante, el poner de manifiesto ¿qué tipo de sociedad y de régimen político es el que impera en este país centroamericano?, el tema de la protesta social, de la democracia y del ejercicio de las libertades públicas era lo que estaba en juego, dentro de un primerísimo plano, como se hizo evidente al poner de relieve la legitimidad de la protesta contra las políticas de un gobierno, y de una sociedad política (PLUSC, PAC, FA), cuyos voceros se muestran decididos a terminar con el estado social de derecho, y con lo que queda de las conquistas (ahora convertidas en privilegios), obtenidas por la clase trabajadora, como resultado de sus luchas durante las décadas del treinta, cuarenta y cincuenta del siglo anterior. La mafia política, hoy enseñoreada, siente que encontró su momento para derrumbar la institucionalidad democrática y social del país, desquitándose con los trabajadores del sector público, dañando de paso a toda la economía nacional, la que no crecerá con el tipo de políticas que impulsan, ya que habrá un notorio decrecimiento de la demanda agregada de bienes y servicios. Ya no están los reformadores sociales de antaño, de uno y otro bando, quienes dieron impulso a un proyecto de nación más inclusivo, llevando el bienestar de las gentes a índices notoriamente buenos, ahora estamos en el camino de convertirnos en uno de los países de la región, donde la desigualdad social crece más rápido, tal y como lo ha demostrado una serie de informes recientes.

Habiendo tomado el camino de “la dictadura en democracia”, un régimen que ya lleva sus días en Costa Rica(los problemas de la democracia no se resuelven con más democracia, Óscar Arias dixit), nos damos cuenta de que es ahora cuando este se mostró en todo su esplendor, dentro de las exteriorizaciones de un juego que oscila entre las más elaboradas formas de “torcer brazos” y “voluntades”, hacia el interior de los poderes públicos, hasta el uso de las manifestaciones de un terror sistemático, con la amenaza del caos, si los receptores o destinatarios de estos mensajes se niegan a aceptarlos y asumirlos. Con el poderoso concurso de la gran mayoría de los medios de comunicación/incomunicación social han llegado al punto en que la mentira termina siendo asumida como la verdad única e irrefutable. Los managers y operadores políticos de todo pelaje, a los que se une una legión de trolles en las llamadas redes sociales nos han dado una demostración de sus habilidades bien aprendidas, además el gran hermano (someone that is watching you all the time, just like on the most evidents manifestations of the terrify universe of 1984, the George Orwell roman) convenció, no sin algunas dificultades, a estas buenas gentes, de que los culpables de la implantación del caos y la catástrofe nacional, serán en última instancia, aquellos que terminarán siendo sus víctimas propiciatorias: los trabajadores formales e informales del sector privado. Según este terrorífico relato los culpables son aquellos trabajadores asalariados que, como los del sector público disfrutan de algunos derechos y garantías, con las que no pueden siquiera soñar los trabajadores de las empresas privadas, muchas de ellas grandes beneficiadas con la evasión fiscal, sobre todo en materia de impuesto sobre la renta; sin embargo, lo que no saben estos últimos es que una vez que los primeros vean reducido su poder de compra, por la vía del congelamiento institucional e inflacionario de sus salarios, serán ellos los más afectados, dado que el Producto Interno Bruto no crecerá y el despegue económico tan falsamente anunciado no llegará, las empresas tendrán que reducir sus puestos de trabajo y quienes se mueven en el sector informal ¿a quién o a quienes les venderán sus productos?

El régimen totalitario de la dictadura en democracia, durante este su cuarto gobierno, si nos atenemos a la realidad, aunque el tercero fue un tanto anodino y disfrazado de progre, decidió reprimir esta huelga acudiendo a las amenazas, pero sobre todo a la manipulación mediática más descarada. No bastaba con doblar brazos, cosa que intentaron en todo momento, había que montar un drama alrededor de los temas del curso escolar con los pobres niños sin recibir lecciones, como si la mayor lección obtenida por ellos no hubiera sido ya la huelga misma, los mismos estudiantes podrán constatar en los años venideros los estragos del caos que sembraron estos gobernantes autoritarios y falsos, ellos serán los mejores jueces: sus mentores en el aula, por lo menos podrán mirarlos a los ojos y de frente, en cambio si no hubieran sido capaces de luchar, incluso contra toda esperanza -como decía San Pablo o Pablo de Tarso-, se habrían ganado el desprecio más profundo de la generación que los sucederá, la de sus propios alumnos, pues cabe recordar que las lecciones que nos da la vida no se reducen a las paredes de un aula, tal y como le sucedió a muchos franceses colaboracionistas del período de la ocupación nazifascista alemana en su país. Cabe destacar que para los trabajadores de la educación de Costa Rica este episodio de lucha no ha culminado en una derrota, aunque algunas apariencias pudieran decirnos lo contrario: ya dejaron sembradas las semillas de la resistencia y la lucha, las que vendrán a dar sus frutos en los años y en las décadas venideras, frente a tanta barbarie, surgida en las entrañas de un régimen que sólo destruyendo puede continuar, de momento, con su precaria y mediocre existencia.

Enviado por el autor.

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1 de diciembre: Día Mundial de Lucha Contra el Sida. Los grandes pendientes

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Movimiento Diversidad Abelardo Araya

La lucha contra el Sida se debe dar, primero que nada, por medio de la prevención. Y en Costa Rica carecemos de tal cosa. Y, lo que es peor, lo poquísimo que en esa materia se hace invisibiliza a las poblaciones más vulnerables y en mayor grado afectadas. De ahí lo que estamos observando y tanto nos alarma: el creciente número de infecciones en muchachos jóvenes.

Pero, además, es importante enfatizar que no basta con el tratamiento médico. Son indispensables las redes de apoyo y acompañamiento. Reconocemos el meritorio esfuerzo que hace la Caja del Seguro Social, pero es preciso advertir que persisten grandes falencias, sobre todo cuando la enfermedad se entrevera con violentos prejuicios asociados a la orientación sexual y/o identidad de género. El estigma y el rechazo afectan gravemente la tranquilidad emocional de las personas, debilitan su adherencia los tratamientos y ponen en riesgo sus vidas. Urge generar respuestas institucionalizadas para atender y acompañar esos casos.

Los servicios de atención y de prevención se han privatizado parcialmente, a manos de una institucionalidad para-estatal, en parte sostenida por recursos de la cooperación externa, aunque en algunos casos también reciben fondos públicos. Hay dudas muy razonables sobre la eficacia de lo que se hace, y también denuncia de abusos, sobre todo en la atención a personas en estado de calle o que han sufrido el abandono por parte de sus propias familias, todo lo cual es muy preocupante.

Sigue existiendo discriminación en sitios de trabajo, espacios educativos y en muchos otros ámbitos. Es importantísimo sensibilizar a la población, fortalecer la educación en materia de derechos humanos y reforzar la legislación que proteja a estas personas.

Los asuntos pendientes en materia de lucha contra el sida en Costa Rica siguen siendo muy grandes. Ello impacta dolorosamente sobre la dignidad y la vida de muchas personas, algo que consideramos inadmisible.

Mantendremos una actitud vigilante y de denuncia frente a tales situaciones, siempre con la mejor disposición a colaborar y construir, y nuestra mano solidaria tendida hacia quienes lo necesitan.

 

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

Presidente Movimiento Diversidad Abelardo Araya

 

Imagen ilustrativa tomada de cufar.si

Enviado a SURCOS por Luis Paulino Vargas Solís.

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Balance del “plan fiscal” de Alvarado tras la resolución de la Sala IV: La crisis va pa’largo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís

Director CICDE-UNED

Presidente Movimiento Diversidad

Una sentencia ideológicamente motivada

Es obvio que la resolución de la Sala no se limitó a considerar aspectos jurídicos. También quisieron entrar en razones económicas, pero desde una fundamentación frágil e ideológicamente motivada, según se desprende de lo dicho por Fernando Castillo, magistrado presidente de la Sala.

Aducen que no hay afectación ni a las universidades públicas ni a programas sociales del PANI, FODESAF e IMAS, “…porque se mantiene el presupuesto nominal vigente al momento de la aprobación de la ley”. Imposible saber si esto es fruto de la ignorancia o sencillamente muestra de irresponsabilidad, pero el caso es que la Sala pasa por alto que congelar esos presupuestos en los montos de 2018, garantiza, de forma inexorable, la pérdida de su poder adquisitivo real. Bajo el efecto corrosivo de la inflación serán simplemente humo en el viento. Baste suponer una inflación anual del 2,5% para que la reducción en términos reales sea del -12% al cabo de 5 años, y superior al -22% luego de un decenio.

Además, la Sala recurre a la falacia de autoridad, lo cual pone entre signos de pregunta la seriedad con que acometió su tarea. Dicen reconocer “…que este país sufre una crisis severa”, para lo cual apelan a lo dicho por la Contraloría, el Banco Central y el IICE-UCR. Aquí lo que menos interesa es si la crisis existe o no. Es obvio que existe. Pero lo que se nos está diciendo es que la solución planteada oficialmente con base en el proyecto 20.580 es la correcta, la que Costa Rica requiere, y que ello es así porque lo dicen los expertos a cuya “autoridad” la Sala apela.

Es por completo inaceptable que un tribunal de tan alto nivel razone de forma tan sesgada. Una tesis no es veraz por el hecho de que lo diga una institución o persona en particular, por grande que fuere su prestigio o elevada su investidura. Lo que importa es la solidez teórica y argumental, y el respaldo empírico. Y, sea dicho con el debido respeto, lo cierto es que lo planteado por las tres mencionadas “autoridades” resulta, como mínimo, muy discutible. Y, de hecho, los últimos meses vieron desplegarse un intenso debate nacional que, aunque ignorado por la prensa comercial, dejó en claro una cosa: la propuesta oficial materializada en el proyecto 20.580 enfrenta serios cuestionamientos, muchos de los cuales jamás recibieron ninguna respuesta satisfactoria.

O sea, y en resumen: la Sala escuchó las voces que quiso escuchar, e ignoró las que podían incomodarla ideológicamente. Puede que tengan la potestad legal de hacerlo, pero desde el punto de vista del ejercicio democrático, su proceder es viciado. Razonaron y decidieron desde una lógica extrajurídica, tendenciosa, antidemocrática e ideológicamente interesada.

El 20.580: una falsa solución

Se nos repite que, en su aspecto propiamente tributario, la reforma es progresiva, o sea, que reparte las cargas de los nuevos impuestos en forma equitativa, poniendo el mayor peso en los sectores de más alto ingreso. Eso resulta sumamente discutible (véase mi artículo: Plan fiscal: ni justo ni progresivo).

Pero, además, es una reforma harto insuficiente. Como construir una casa de cartón para guarecerse de un furibundo huracán.

En una nota, tipo cuento de hadas y cargada de almibaradas promesas, La Nación se ve forzada a tragar, como quien no quiere la cosa, la siguiente gota de amargo realismo: “Se prevé que la reforma fiscal genere en 2019 un 0,57% del producto interno bruto; para ese año se proyecta un déficit de 7,9%”. O sea, y en el mejor de los casos (sumando las medidas de recorte que impulsa la Ministra Aguilar), tendríamos un déficit del 7%, o superior, como proporción del valor de la producción nacional (el Producto Interno Bruto, PIB). O sea: de magnitud relativa comparable, tal vez superior, a la de este año.

Con un déficit tan considerable, la deuda inevitablemente seguirá creciendo. Este año 2018 terminará en los alrededores del 54 o 55% del PIB. Para el año entrante, con tales previsiones acerca del déficit y el mediocre crecimiento de la economía, podría exceder del 60%. Que sea un poco menor o mayor depende del nivel de las tasas de interés. Muchos indicios apuntan que hacia ahí se mueve el gobierno: espera que, con esta ley en la mano, se le facilitará el acceso a financiamiento externo: primero unos $1.000 millones provenientes posiblemente del BID, y una posible emisión de $6 mil millones para los siguientes años. La apuesta es doble: tasas de interés algo más favorables a nivel internacional, y debilitar el chantaje por parte de quienes, a lo interno, presionan por tasas más altas.

De cualquier forma, el alivio que se logre será limitado: $1000 millones al año tan solo cubrirían una cuarta parte del total del déficit fiscal. Además, las tasas de interés que se obtengan no serán tan favorables como podría creerse: primero, porque la imagen internacional del país ha desmejorado y –más importante– porque el contexto internacional está en proceso de cambio, con tasas de interés al alza. Lo que se pueda reducir en los pagos por intereses será entonces muy poco o nada significativo. De modo inevitable, la deuda continuará su ruta ascendente. Es simplemente otra forma de tirar la bola para adelante, pero con un agravante: hablamos de deuda en moneda extranjera, lo que agranda eso que en la jerga usual llaman “riesgo cambiario”, es decir, el riesgo asociado a una posible devaluación que incrementaría, de golpe, el peso de la deuda y de sus pagos, para el gobierno costarricense.

He dicho y lo reitero aquí: bajo supuestos muy optimistas, podríamos esperar que la aprobación del proyecto 20.580 traiga un breve período de calma, quizá durante varios meses. No más que eso porque en muy poco tiempo se evidenciará que el problema sigue plenamente vivo y actuante. En ese contexto, todas las maniobras para obtener financiamiento externo, serán al modo de atajos. Proporcionarán un alivio leve, al costo de agudizar los peligros futuros.

PLN y gobierno PAC: «diálogo» de convencidos.

¿Qué sigue?

Siempre fue claro que el 20.580 no resolvía nada. En medio de sus poses milenaristas y sus discursos mesiánicos (“20.580 o apocalipsis”), el gobierno no podía dejar de reconocerlo, escudado tímidamente en el dicho “es un primer paso”. Siempre fueron omisos en el deber inexcusable de explicarle a la ciudadanía cuáles “pasos” seguían. Recién en los últimos días, levantan un poco el velo: aparte los ambiciosos planes de endeudamiento externo, se nos habla de profundizar las reformas al empleo público. También, y de diversas formas insinúan (por ejemplo, en los pronunciamientos del Banco Central), una aplicación estricta de la “regla fiscal”.

Se profundizaría así un sendero que el 20.580 deja abierto: el de la precarización del empleo público, sin más criterio que la precarización misma, ya que no se plantea nada que pudiera significar un esfuerzo de mejoría sustantiva en aquello –que es mucho– que realmente lo requiere. Por su parte, la “regla” impondrá límites sobre programas sociales y recortes al gasto, con negativas consecuencias sociales y económicas, incluso un deterioro adicional de la economía y el empleo –ya bastante deteriorados, sobre todo el segundo– lo que, como el perro que se muerde la cola, repercutirá negativamente sobre las propias finanzas públicas.

Es una hoja de ruta que atiza el conflicto y la polarización social. Las élites políticas lo saben y ya intentan prevenirlo, mediante reformas draconianas a la legislación laboral, de un carácter tal que prácticamente anulan el derecho a huelga y limitan severamente el derecho a la protesta social. El tufito antidemocrático que despide el proyecto 20.580 (sobre todo, pero no exclusivamente, en el apartado de la regla fiscal), adquiere así contornos más nítidos.

Y, sin embargo, es posible que la alianza de las élites PAC-PUSC-PLN no quiera acometer reformas tan radicales como las que, por ejemplo, propone Eli Feinzaig, economista que ha asumido, con notable lucidez, el liderazgo del “libertarianismo” tico. Lo suyo es un programa de privatización, liberalización y desregulación en toda regla.

Si ya el programa neoliberal relativamente atenuado por el que optan Carlos Alvarado y sus aliados, comporta altos niveles de conflictividad, y por ello mismo requiere de un proceso de paulatino pero implacable empobrecimiento de la democracia, el de Feinzaig impondría exigencias mucho mayores en ese particular. No obstante lo cual, ambos comparten una misma estrategia política: avanzar a empujones y sin posibilidad de diálogo. Se “dialogará” entre “quienes opinen igual”, en cónclaves de convencidos, con profusión de palmaditas en la espalda y festivo intercambio de felicitaciones. Las voces disidentes jamás seremos escuchadas.

Pero una cosa es clarísima: la crisis va pa’largo, muuuy largo.

 

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Palestina: 70 años de inoperancia de la ONU

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Cristina Serván pertenece al Área de Solidaridad de la APDHA

Hoy, 29 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Se cumplen 71 años de la aprobación de la resolución 181 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 29 de noviembre de 1947. Esta resolución es conocida como la “resolución de la partición” y estipulaba la creación de un “Estado judío” y otro “Estado árabe” en Palestina. Un acuerdo fallido que no consiguió ni la creación de dos Estados, ni el respeto a los acuerdos de distribución del territorio, ni establecer un régimen especial en Jerusalén, o la preservación de derechos de la población palestina.

Este año además se ha cumplido el 70 aniversario de la Nakba: catástrofe acontecida el 15 de mayo de 1948 al declararse el Estado de Israel e iniciarse una serie de masacres que desplazaron a cientos de miles de personas palestinas de sus hogares. Un acontecimiento que reclama no ser condenado al olvido ni a la impunidad que supone la existencia de casi seis millones de palestinos y palestinas refugiadas en todo el mundo a causa de la expulsión de su territorio.

Es significativa la proximidad de estos hechos con el momento de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El papel de las Naciones Unidas en 1948 parecía establecer un compromiso esencial para que las personas no volvieran a vivir las atrocidades ocurridas antes y durante la segunda guerra mundial. Los actos abominables cometidos durante este periodo se consideraron inaceptables para el territorio europeo. Aunque cabe destacar que hasta la fecha se habían obviado los horrores cometidos en base los a modelos colonialistas, que dispusieron de la vida y los destinos de poblaciones de los países del sur global, sin conmoción alguna para Europa.

Esta visión desigual de la historia y del dolor de los pueblos, se puede comprobar a través de la disposición de la creación del Estado de Israel en el territorio palestino. La decisión vino en parte condicionada por los acuerdos alcanzados entre el gobierno británico y los promotores del movimiento sionista, como Walter Rothschild (a través de la firma de la Declaración Balfour), que veían en el territorio palestino una oportunidad para sus aspiraciones de conformación de un Estado para las personas judías, pero en base a un modelo racista y excluyente que no tuviera que considerar ningún derecho de la población autóctona.

La segunda guerra mundial y el horror vivido por la población judía, unido a un antisemitismo aún bastante significativo en el territorio europeo, se instrumentalizó para lograr que la decisión de suscribir tal acuerdo fuera aprobada en las Naciones Unidas.

La situación setenta años después es la de un permanente incumplimiento por parte de Israel de todos y cada uno de los acuerdos establecidos con Naciones Unidas. El plan de partición aprobado en la resolución 181, no fue respetado y desde el primer momento excedió el territorio asignado. A partir de ese momento las acciones de Israel han acumulado decenas de resoluciones incumplidas que sitúan el papel de los Derechos Humanos y las Naciones Unidas en una posición absolutamente inútil para proteger a la población palestina.

En los últimos años las vulneraciones de derechos no han dejado de intensificarse frente a la pasividad de los Estados; la construcción del muro en Cisjordania, el bloqueo en Gaza, la proliferación y ampliación de asentamientos ilegales de colonos, la demolición de barrios y pueblos completos, confiscaciones de tierras y propiedades, la negación del derecho al retorno, el encarcelamiento y agresión de niños y niñas, el desplazamiento continuo de la población, el apartheid, la violencia sistemática en la represión a las movilizaciones sociales, los disparos y bombardeos sobre objetivos civiles en Gaza.., una lista de horrores que cumple también 70 años.

Esta injusticia es tolerada a pesar de las resoluciones de la ONU y las llamadas de los Estados condenando o pidiendo mesura a las acciones de Israel. Cada vez que esto sucede se degrada el papel que los Derechos Humanos deben tener en todas las sociedades, no solamente en la palestina, también en el resto del mundo. Es el triunfo del poder frente la justicia y la solidaridad.

No es casualidad que los gobernantes que rechazan la aplicación de los principios establecidos por los DDHH en su propio territorio, tengan siempre un gesto hacia el Estado israelí. Así lo ha hecho Donald Trump con su decisión en diciembre del año pasado de trasladar la embajada Norteamericana a Jerusalén y cesar las aportaciones de EEUU a la UNRWA (la agencia de Naciones Unidas para las personas refugiadas) y justo hace unas semanas también lo declaraba Jair Bolsonaro nada más llegar al poder en Brasil. Quienes no respetan los Derechos Humanos, sintonizan con el sionismo que practica Israel, un modelo que además ha logrado mercantilizar la represión militar, política y social.

Lo que sucede en Palestina quizás nos puede ayudar a comprender que la batalla que se está librando entre el poder neoliberal, que desprecia la vida y los DDHH, se ceba en los lugares donde la resistencia se ha curtido a través de la solidaridad y el apoyo mutuo. Mientras el resto del mundo permanezca impasible, la injusticia y la crueldad continuarán avanzando hasta tragarnos a todas y todos.

Por una Palestina libre, no dejaremos de luchar para que se respeten los Derechos Humanos.

 

Imagen tomada de la nota Energías femeninas se unen por la paz entre Israel y Palestina.

Tomado de https://www.apdha.org/cadiz/?p=3076

Enviado por Juan Carlos Cruz Barrientos.

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