La propuesta de formación virtual en sistematización de experiencias se enmarca en la trayectoria consolidada por educadores y educadoras de Latinoamérica y el Caribe, así como en su vinculación con el CEAAL y la afinidad con sus líneas estratégicas.
Se asume la sistematización desde un enfoque de Educación Popular, proceso profundamente reflexivo, político y apasionante, gracias al cual es posible reconocer que las prácticas están llenas de ricos aprendizajes e interesantes desafíos para la vida y la producción de conocimientos.
El curso virtual sobre sistematización de experiencias está dirigido a 30 personas de organizaciones sociales, movimientos populares, ONG’s e instituciones con una clara línea de trabajo comunitario y social, que buscan, necesitan y pueden impulsar la sistematización y reflexión crítica en sus colectivos.
DURACIÓN: 200 horas entre el 6 de marzo y el 27 de julio, 2018
Con esta finalidad, se plantea como requisito para ingresar presentar un texto escrito (5 páginas) en el que se explique:
a) Sus datos de identificación personal, laboral y antecedentes formativos (Incluir correo electrónico y números de teléfono)
b) La experiencia que les interesa sistematizar: quién o quiénes la llevan a cabo, desde cuándo, qué características centrales tiene.
b) Por qué les interesa sistematizar dicha experiencia y a quién o a quienes les será útil
c) Quiénes participarían en el proceso de la sistematización, aparte de la persona que postula al curso (como equipo de referencia o aportando a la información y reflexión).
d) Carta aval de de su grupo, institución, movimiento u organización para realizar este curso, garantizando que contará con el tiempo y los recursos necesarios para llevarla a cabo satisfactoriamente.
Para quien no lo sepa, en el 2008 yo estuve hambreando junto con los Fiscales en la Huelga de Hambre contra la Corrupción. Soy Waldina Mejía Medina, poeta, escritora y maestra en estas Honduras.
Y ahora, este gobierno corrupto se quiere reelegir otra vez con fraude electoral.
La gente está brava por el fraude y andan muchos revueltos en las calles. Entonces el Gobierno de JOH, declaró estado de sitio de 6 pm a 6am desde ayer por diez días. Seguro lo aumentan.
Estoy preguntando qué puedo hacer contra ese fraude electoral evidente. Y haciendo al menos esto:
¡PROTESTEMOS!
LOS INVITO: MAÑANA DOM 3 a las 2 pm en la UNP de Tegus, habrá plantón para protestar por el fraude electoral con que este gobierno corrupto quiere seguir pegado a la teta del Estado, cuyos recursos pertenecen a todos los hondureña/os.
Hay que asistir a todas las protestas que podamos convocadas por la Alianza en todo el país y por todos los que estamos hartos de tanta corrupción, no importa en qué partido esté su corazoncito. Yo tengo muchos amigos nacionalistas y liberales, pues son honestos.
No teman: si hay alguno que anda en “la cabuya” o son infiltrados del gobierno para armar bochinche (y así justificarse más estado de sitio), hay compas que se encargan de la vigilancia al interior de la manifestación.
Yo no soy “fan” de Mel ni los teteadores que están a su lado, ni de nadie. Pero en políticos hay que optar por el menos peor, o se queda uno sin nada.
Y Salvador Nasralla demostró que habla en serio contra la corrupción; por ejemplo, cuando los diputados del PAC junto con otros los de LIBRE se opusieron a la elección de una Corte Suprema de Justicia y un Tribunal Electoral cómplices de la corrupción. Lástima que unos/as de los mismos diputados del PAC que ganaron por Salvador, se terminaron vendiendo y al fin nombraron a esos sinvergüenzas en el Congreso, por los sinvergüenzas de allí adentro.
Yo sí creo en la teoría de la democracia política y creo que hay que luchar por irla aplicando y perfeccionando en la práctica (porque lo más nefasto -como bien nos dice la Historia del mundo- es la dictadura de «izquierda» o de «derecha», pues se confabulan pues ya no quieren soltar tan sabrosa teta, se vuelven todos del «Partido de la Teta» con sus secuaces, sin importar qué color vestían cuando llegaron a ella (aunque el resto de la población esté muriendo por miseria y abusos).
Me he informado y meditado mucho y estoy clara de que el mayor impedimento para que logremos esa democracia en nuestros países y el mayor problema en Honduras es LA CORRUPCIÓN y el latrocinio contra el Estado; o sea, contra todos los ciudadanos no corruptos, que somos la mayoría, sin importar qué partido político tenga en su corazoncito (Tengo muchos amigos nacionalistas y liberales que son honestos). LA CORRUPCIÓN Y EL LATROCINIO y el “desespero” de esos corruptos de seguir teteando del poder es lo que nos tiene fundidos a Honduras (y a muchos otros países) y esa gran gana de seguir encaramados en el gobierno (y en nosotros) para seguir chupando los recursos del Estado, que deben ser para beneficio de la mayoría (en muchos otros países sucede este sobre abuso).
Como en muchos países, el Estado de Honduras reúne suficiente dinero (con todos los impuestos directos e indirectos que nos cobra), para garantizar buena salud, educación y seguridad social a toda su población, y que éstos no sigan siendo privilegios para los ricos, la alta clase media y los corruptos (que así se hacen ricos o más ricos! ¡No tienen fondo!!)
Pero estos teteadores se roban nuestros impuestos!!! (y pa disimular y hacerse propaganda dan unas migajitas en fogones y bolsas solidarias, que ¡ojo! salen extrañamente de préstamos (que seguiremos pagando los ciudadanos por décadas), no del presupuesto directo del país y menos del sueldo y movidas de esos altos “funcionarios” (¿ya vieron la gran mansión que la mujer de JOH se compró en Miami? Ni el gran sueldo de presi les ajusta para pagarla, entonces de ¿dónde?).
Los corruptos, sin importar el color con que lleguen al Congreso, se confabulan en el “Partido de la Teta” y hacen “leyes” como ésa de que no queda elegido el diputado más votado de cada partido, sino que suman los votos que sacó todo el partido “X”, y las diputaciones que le tocan a cada partido según el cociente electoral (el total de votos válidos entre los puestos a repartir) las van asignando desde la casilla uno y subsiguientes, de modos que los que están en las primeras posiciones de las planillas son lo que se quedan con la teta. Por supuesto, las primeras posiciones están apartadas para ellos mismos. De modo que siempre quedan los teteones que se han adueñado del partido “X”, y no necesariamente los más votados de cada partido, como debiera ser. Los nuevos de cada partido, solo sirven de escalera a esos dinosaurios (y a sus “bebés y protegidos”) y puede que se cuele uno que otro que tenga suficiente plata para comprar esas posiciones primeras en las planillas (y que, por supuesto, llegan voraces al Gobierno a “recuperar” su “inversión” consiguiendo mucho más a como dé lugar).
Así que no sirve lo que les digo a mis alumnos: que voten por los nuevos (sin antecedentes de corruptos ellos y sus papis y padrinos), porque tal vez tenemos chance con ello/as de que mejoren la cosa, o –si salen cachiflines–, al menos repartimos la teta entre más gente, por cuatro años, y ¡¡fuera!! (Perdónenme, por favor, si me sienten cínica). En realidad, estoy en contra de toda reelección, tampoco de los dipus, hay muchísima gente capaz en Hn para administrar bien el país, con solo que no lo/nos roben, Y se conformen con sus sueldazos de dipus y altos funcionarios públicos). Pero no, los que están enconados en el Gobierno quieren seguir y a ¡cuatro tetas! como dice el refrán.
Si nos quedamos callados, en casita, sin hacer nada, ¡SOMOS CÓMPLICES!!
¡¡PROTESTEMOS!!
¡Vamos a la manifestación de mañana y a todas las que podamos!!
*Imagen con fines ilustrativos, tomada de imágenes de Daniel Soto Ortega.
Este fin de semana se estará presentando la película Abrázame como antes, una película costarricense de Jurgen Ureña, que abarca la temática sobre la comunidad LGBTIQ.
A continuación los horarios para el Cine Magaly, Nova Cinemas Avenida Escazú y Plaza Real Alajuela.
Cine Magaly:
Jueves 30 de noviembre, 3:00 pm, 6:30 pm (función con cineforo) y 7:45 pm (función con cineforo)
Viernes 1 de diciembre, 3:00 pm, 6:20 pm y 9:10 pm
Sábado 2 de diciembre, 3:45 pm, 4:25 pm y 9:55 pm
Domingo 3 de diciembre, 3:00 pm, 6:20 pm y 9:10 pm
Lunes 4 de diciembre, 3:00 pm, 6:20 pm y 9:10 pm
Martes 5 de diciembre, 3:00 pm, 6:20 pm y 9:10 pm
Miércoles 6 de diciembre, 3:00 pm, 6:20 pm y 9:10 pm
La Asociación de Profesionales de la UNED (UNED PRO) hace extensiva la invitación a la comunidad universitaria al foro Diálogos sobre el Proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico Expediente N 17.742, este próximo miércoles 29 de noviembre de 1 p.m. a 3 p.m. en el Paraninfo de la UNED.
Exponentes:
José Ramírez, Diputado del Frente Amplio
Sergio Ortiz, Ambientalista
Marcela Guerrero, Diputada del PAC
Jorge Mora Portuguez, Ambientalista
Enviado por Rafael López Alfaro y María Elena Fournier.
La Universidad Estatal a Distancia (UNED), la Vicerrectoría de Investigación y el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo invitan este próximo lunes 27 de noviembre a las 5:30 p.m. a la presentación del informe final de la investigación Desde lo profundo de sus obras: Un análisis feminista sobre la patologización y expropiación del cuerpo de las mujeres.
Se contará con la presencia de las investigadoras Patricia Oliva Barboza y María Alexandra Medina Hernández y con las comentaristas Claudia Mandel, Historiadora de Arte e Investigadora em performance, arte y feminismo; Mercedes Arguedas, activista feminista y Xinia Zúñiga, Investigadora del CICDE.
Lugar: Sala 4, Paraninfo Daniel Oduber, sede central de la UNED, Sabanilla.
Otra de las actividades a realizarse será la presentación del informe final de la investigación Mujeres y Espiritualidades – desde violencias interseccionales – este martes 28 de noviembre a las 2 p.m. en el Centro Universitario de San José, Barrio Escalante, a cargo de los investigadores Dagoberto Núñez Picado y Andrey Pineda Sancho y de los comentaristas Pablo Alfredo Ramírez Solano del Instituto de Estudios de Género de la UNED y Silvia Regina de Lima Silva, Directora del DEI.
Enviado por Licda.Megan Lopez La Touche, Divulgadora Académica, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), Vicerrectoría de Investigación, UNED.
Este 14 de noviembre, se presentó en Costa Rica el Informe sobre el Estado de la Nación (EDN): se trata de un valioso diagnóstico anual realizado por un equipo de investigadores, con el apoyo de las universidades públicas costarricenses y la Defensoría de los Habitantes. El documento completo está disponible desde ya en este enlace.
Uno de los capítulos del EDN es el ambiental, titulado «Armonía con la Naturaleza» (véase texto completo). Constituye un capítulo que cobra una particular relevancia, en la medida en que, desde hace más de 15 años, las reiteradas advertencias que contiene sobre el rumbo insostenible del modelo de desarrollo desde la perspectiva ambiental, siguen sin ser atendidas por los decisores políticos. La falta de solución a muchos de los conflictos que se han generado explica en parte la presencia en Costa Rica de expertos o de relatores independientes de Naciones Unidas sobre Agua y Derechos Humanos (2009, véase informe disponible en este enlace en los seis idiomas de Naciones Unidas), Derecho de los Pueblos Indígenas (2010 y 2011, véase informe), Ambiente y Derechos Humanos (2013, véase informe), cuyas recomendaciones de carácter urgente tampoco son implementadas por las autoridades costarricenses.
Sobre la pérdida del patrimonio natural, se señala en la valoración general del capítulo que: «La gestión inadecuada del suelo explica varias formas de afectación del patrimonio natural que reporta este Informe, como la derivada de patrones de ocupación y producción agrícola: cambios de uso del suelo e invasión de zonas protegidas por la expansión de cultivos, pérdida de manglares y frentes de deforestación, acompañados por el alto impacto de un paquete tecnológico dependiente de los agroquímicos, tendencia que no cede ni muestra avances en el estímulo y crecimiento de prácticas alterativas» (página 179).
Foto extraída de nota de prensa relativa a reciente denuncia de vecinos en Pital de San Carlos titulada «Denuncian que empresa piñera Ananas Export Company (ANEXCO) destruye fuente de agua y zona de humedales en Río Cuarto de Alajuela» (Octubre 2017, Surcos Digital).
La ausencia de planificación y de políticas en materia de ordenamiento territorial está llevando a Costa Rica a una vulnerabilidad cada vez mayor, que se materializa con cuantiosas pérdidas que ocasionan eventos metereológicos. La marcada dependencia a los hidrocarburos del sistema de transporte persiste como un agravante de la huella de carbón, agudizado con un aumento en la flota vehicular de un 7,4% registrado para el año 2016. Entre los diversos hallazgos relevantes con los que inicia este capítulo, se señala que: «… el decreto ejecutivo 40379 designó al Incopesca como la Autoridad Científica para especies marinas de interés pesquero y acuícola, y al MAG como Autoridad Administrativa. De esta forma, se eliminó la participación de una instancia científica colegiada en la emisión de criterios técnicos, permisos y certificados de pesca para las especies mencionadas» (página 177).
Con relación a una valiosa herramienta aplicable a megaproyectos como la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) se lee por ejemplo que: «Además, se determinó que no existe una metodología homogénea para la adecuada integración de la variable ambiental. La CGR analizó seis propuestas de planes de ordenamiento territorial que recibieron viabilidad ambiental entre 2010 y 2015, y encontró que en cinco de ellas falta información indispensable para evaluar el sustento técnico con que se incorpora esta variable. No se ha delimitado la naturaleza, nivel de profundidad, alcance y efectos de las medidas ambientales que deben resultar de la incorporación de la EAE, especialmente en planes reguladores municipales» (página 227).
Foto escogida para ilustrar la portada del Informe del Estado de la Nación (EDN) 2017 sobre la situación en Costa Rica.
Ello sin hablar de la situación de «estress hídrico» que viven muchas comunidades de Costa Rica. A modo de ejemplo, en la Gran Area Metropolitana (GAM), las zonas de recarga del acuífero del Barva y del Colima sufren el avance de un desarrollo urbano descontrolado: este año, el capítulo ambiental del EDN refiere a cómo este «modelo» de desarrollo urbano se ha expandido a ciudades intermedias fuera de la GAM (San Isidro de El General, Ciudad Quesada y Guápiles), las cuales ya están registrando los mismo síntomas. Mientras tanto, en Bagaces y Cañas, el arsénico detectado en el agua persiste sin que se haya encontrado una solución duradera al problema. En la costa Pacífica, la intrusión salina en los acuíferos costeros de Brasilito, Tamarindo, Potrero, Playa Panamá y Playa del Coco evidencia la deficiente política en materia de recurso hídrico. Nótese que la alta vulnerabilidad de estos acuíferos costeros a la extracción masiva e incontrolada de agua fue alertada hace más de 15 años.
Un grave conflicto no resuelto como el del agua en Sardinal amenaza con revivir, ante el anuncio de reiniciar los trabajos (véase nota de La Nación del 13 de noviembre) y ante la renuencia de las autoridades de dialogar con las comunidades concerñidas (véase esta nota y otra nota publicadas esta misma semana por CRHoy, así como una más reciente sobre el intento de legalizar proyectos ilegales). Nótese que en el caso de Sardinal, el juez constitucional procedió a una verdadera regresión declarando en febrero del 2017 que la participación ciudadana en materia ambiental ya no constituye un derecho humano (véase breve nota nuestra al respecto). En un reciente foro sobre la piña, se pudo confirmar otro tipo de renuencia por parte de las actuales autoridades costarricenses: debatir públicamente sobre los problemas que genera este monocultivo para las comunidades rurales de Costa Rica (véase nota nuestra al respecto).
Los gráficos elaborados por el EDN sobre la conflictividad socio-ambiental en Costa Rica evidencian un aumento creciente sin que se vislumbre mecanismo alguno para resolver esta grave situación (gráficos de páginas 222-223). Se lee al respecto, en la sección inicial «hallazgos relevantes» del capítulo ambiental que: «Por sexto año consecutivo, las acciones colectivas sobre asuntos ambientales se mantuvieron en sus máximos niveles desde 1993. En 2016 este tema registró su valor más alto como porcentaje del total de protestas sociales del país (15,8%)» (Página 177).
Con relación a la efectividad de los fallos del juez constitucional en materia ambiental, se lee que las entidades recurridas optan por desacatarlos: «Entre las instituciones que de manera regular incumplen lo dispuesto por la Sala se encuentran el Minae, el Minsa y las municipalidades» (páginas 224-225).
Con relación a una reglamentación inconsulta relativa al registro de nuevos agroquímicos, que movilizó al sector ecologista en los últimos años, se lee que: «estos reglamentos proveen mecanismos que facilitan el registro y posterior uso de plaguicidas. Sin embargo, se generan riesgos ambientales y de salud por las limitaciones para evaluar los productos (individual y directamente) o por la revalidación de algunos que no pasaron por los análisis que el país estableció en 2006 (decreto nº 33495-MAG-S-Minae-MEIC). Esto afecta el principio precautorio y preventivo, según el cual, en caso de duda, prevalece el objetivo de evitar posibles impactos ambientales y en salud» (página 219).
El abanico de temas analizados es extremadamente ámplio y se recomienda la lectura completa de este capítulo del EDN, cuyos gráficos, fotos satelitales e ilustraciones de gran calidad permiten superar la densidad de los datos técnicos que aporta.
De cara a las próximas elecciones a realizarse en el 2018, este texto plantea, como sus antecesores, una serie de interrogantes a la sociedad costarricense y a la clase política, la cual no pareciera haber incluído el tema ambiental como un tema de campaña. Sobre este último punto, remitimos a nuestros estimables lectores al reciente artículo de opinión del Dr. Allan Astorga publicado en HablandoClaro (Radio Columbia) y titulado precisamente «Candidatos y ambiente: ¿Cuándo se va a hablar en serio?»
Foto extraída de artículo de prensa titulado «Tormenta Nate destrozó 28 mil kilómetros de esfuerzo tico» Afirma UNGL» (Prensa Libre, octubre 2017).
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
El Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 indica la urgencia de “fortalecer la respuesta ante los desastres de todas las instituciones”, bajo este reto, la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional (UNA) y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), unen esfuerzos para trabajar en conjunto con las municipalidades del país, con el objetivo de fortalecer las capacidades locales en la planificación y preparación para la atención de las adversidades del clima, definir políticas públicas, tomar decisiones y gestionar programas y proyectos climáticos donde se integren acciones de mitigación, adaptación y desarrollo.
El próximo 24 de noviembre a partir de las 8 a.m. en el auditorio del IFAM, los alcaldes municipales participarán en el foro: Red colaborativa de municipales del cambio climático, donde entre otros temas, investigadoras de la UNA presentarán resultados de una encuesta realizada a las municipalidades del país, donde se revelan datos sobre:
¿Cuánto se preocupan las municipalidades por temas como la escasez de agua, las enfermedades, migraciones o daños en infraestructura?
¿Dónde deben poner las autoridades mayor atención?
¿Cuáles acciones desarrollan las municipalidades para enfrentar el cambio climático?
Conozca además algunos de los resultados de experiencias locales de cambio climático: proyectos, planes de adaptación, y medidas prioritarias de adaptación y mitigación.
El rol de los gobiernos locales, la importancia de las redes de colaboración en América Latina y en Costa Rica, y la evolución de la política pública de los gobiernos locales en el tema de cambio climático, son parte del contenido que se desarrollará durante el foro.
Además, los alcaldes participantes firmarán una declaración para ser parte de la “Red de gobiernos locales de Costa Rica ante el cambio climático”, con el fin de fortalecer la institucionalidad y el diálogo municipal en la atención reducción de riesgo y adaptación al cambio climático, facilitando el intercambio de información, experiencias, tecnologías y movilidad de recursos financieros para acciones climáticas locales.
*** Para mayor información comuníquese con Vanessa Valerio (8338-4319) o con Sonia Arguedas (8820-7034) académicas de la Escuela de Ciencias Ambientales de la UNA o con la oficina de Comunicación de la UNA (2277-3066).
*Imagen con fines ilustrativos tomada de cienciados.com
La persistente memoria de Rigoberto López Pérez, el joven leonés que ejecutó al tirano y lacayo del imperio, Anastasio Somoza García. Me tomo la libertad de reproducir este texto enviado por la señora Victoria Eugenia Montero Zeledón que nos pone en contacto con el lenguaje poético de Rigoberto López Pérez y su lenguaje tan premonitorio. ¿Quién leerá los poemas míos, cuando parta en la fúnebre barca?, se preguntaba Rigoberto López Pérez, el 4 de julio de 1946, diez años antes de su acción heroica de septiembre de 1956, en un breve poema escrito en su León natal, cuando sólo contaba con 17 años de edad, como también en versos anticipadores de parecida fecha vaticina. ¿Qué gesta en su mente este poeta en ciernes, en 1950, que en balbuciente lenguaje épico, avizora y versifica?: “Serán cristalinas notas sonoras/ las que saldrán vibrantes de las trompetas/ cuando lleguen las horas de las horas/ y en el cielo se aparezcan escuetas y potentes”, para terminar preguntando con vehemencia y hasta desolada desesperación: “Oh, libertad, libertad, libertad, ¿dónde estás?«(El Nuevo Diario, 10-12-2005).
Foto extraída de nota de prensa de febrero del 2017, titulada «Presuntos asesinos de Berta Cáceres pertenecían a inteligencia militar de Honduras: The Guardian».
En estos primeros días de noviembre del 2017, se ha dado a conocer el informe elaborado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) sobre la muerte de la líder indígena y ecologista Berta Cáceres, acaecida en Honduras el 2 de marzo del 2016. Este informe recopila toda la información sobre este caso reunida por un equipo de investigadores independientes ante la clara inclinación de las autoridades hondureñas para investigar de forma sumamente cuestionable (y cuestionada) este asesinato.
A pocas semanas de la muerte de Berta Cáceres, un primer informe elaborado por los integrantes de una misión internacional ya había detectado la poca voluntad de las autoridades hondureñas para esclarecer debidamente este crimen (véase informe titulado «Justicia para Berta Cáceres Flores«; el Anexo 2 contiene la serie de amenazas recibidas por Berta Cáceres). En febrero del 2017, la ONG Amnistía Internacional calificaba de «vergonzosa» la investigación realizada por las autoridades hondureñas (véase comunicado de prensa).
Un informe detallado y certero en medio de una impunidad rampante
Este informe del GAIPE constituye un esfuerzo de gran relevancia, en la medida en que son muchos los casos en América Latina (y en el mundo) en los que el Estado pareciera poco interesado en que se sepa la verdad de los hechos y la motivación real que llevó a eliminar físicamente a un líder indígena, campesino o ecologista opuesto a un proyecto de gran envergadura. Estas personas se encuentran en una situación particularmente vulnerable al oponerse a poderosos sectores que en muchos casos, han cooptado por completo a las instituciones del mismo Estado. La tendencia a eliminarlas físicamente es creciente, mientras que el manto de impunidad sobre este tipo de muertes se consolida.
La ONG Global Witness registró 200 crímenes de este tipo a nivel mundial para el año 2016 de los cuales 120 en América Latina. Sólo en el año 2016, se contabilizaron 14 crímenes de líderes comunitarios en Honduras, 37 en Colombia y 49 en Brasil, según esta misma organización (véase informe con tabla incluida). A Honduras le sigue Nicaragua con 11 muertes registradas en el 2016, y Guatemala con 6. Recientemente en Perú se indicó que las investigaciones realizadas por las autoridades en el caso de cuatro indígenas asesinados peligran, debido a serias deficiencias detectadas en las diligencias realizadas por el Ministerio Público peruano (véase nota de prensa).
Como tuvimos la oportunidad de indicarlo en nuestra breve nota publicada en ElPais.cr, al conmemorarse el primer año de la muerte de Berta Cáceres:
«…diversas ONG han convocado a marchas y protestas frente a las legaciones diplomáticas de Honduras en las capitales de Centroamérica, así como en Canadá y en varias capitales europeas: lo han hecho en señal de solidaridad con los familiares y con los compañeros de lucha de Berta Cáceres. Muchos asistirán también en señal de protesta y de profunda indignación ante la impunidad que prevalece cada vez que un líder comunitario o un ecologista es asesinado en América Latina«.
Cuestionados megaproyectos y alianzas público-privadas
La colusión de intereses entre Estado y empresa lleva, en algunos casos, al primero a maquillar las investigaciones o a realizarlas de forma tal que la impunidad prevalezca, en un claro intento por rehuir las obligaciones nacionales e internacionales que debe ejercer en materia de investigación y de sanción. Esta situación en la que se intenta construir una verdad oficial a partir de investigaciones incompletas lleva naturalmente a los familiares de las víctimas a desconfiar de las entidades públicas y a recurrir a mecanismos de investigación ajenos al Estado como tal.
En Costa Rica, la muerte del biólogo Jairo Mora Sandoval en mayo del 2013 en Playa Moín dió lugar a una solicitud por parte de varios sectores para solicitar la creación de una Comisión de la Verdad ajena a la Fiscalía General de la República: a la fecha, esta iniciativa no ha sido mayormente implementada por las autoridades, pese a contar con el respaldo del Experto Independiente de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos, John Knox, luego de la visita que realizó a Costa Rica en el 2013 (Nota 1). La muerte de Jairo Mora Sandoval oficialmente fue explicada en razón de acciones violentas en su contra por parte de hueveros y narcotraficantes, sin que la Fiscalía explorara otras hipótesis de manera a saber quiénes más podrían tener interés en que el monitoreo de nidos de tortuga en Playa Moín dejara de realizarse. Sin que existiera ninguna investigación de iniciada, el Vice Presidente de Costa Rica Alfio Piva adelantó prematuramente que esta (hueveros y narcotraficantes) era la tésis a seguir. Un reciente artículo titulado «El magistrado y los elefantes» refiere a una peculiar reacción de quién hoy es magistrado (suspendido) en Costa Rica, a raíz de una crítica sobre su actitud como Vice Ministro de Seguridad cuando se registró el fallecimiento del jóven biólogo en Moín. En este comunicado del 2015 de la FECON, se lee que:
«Ni las autoridades del Ministerio de Seguridad ni los efectivos que luchan contra el narcotráfico (Ud. está dedicado a estas funciones hace más de 5 años) pueden “lavarse las manos” en lo que les compete con la muerte de Jairo«.
El caso de Jairo Mora se añade a una larga lista de ecologistas que han encontrado la muerte sin que el Estado costarricense haya encontrado (¿querido encontrar?) a los autores materiales e intelectuales de estos asesinatos (véase por ejemplo nota de CRHoy titulada «Crimen de Jairo Mora se suma a lista de asesinatos de ambientalistas que han quedado impunes«). En Costa Rica, un doloroso caso persiste impúne y mantiene una serie de interrogantes que el tiempo no logra borrar: se trata del caso de los cuatro integrantes de AECO, de los cuales tres fueron encontrados calcinados en diciembre de 1994 en una casa de habitación en San José y uno fallecido en julio de 1995 en un parque público céntrico de la capital de Costa Rica (Nota 2). Este caso constituye un ejemplo de investigaciones que se archivan ante la extraña inoperancia de los órganos estatales costarricenses (véase artículo editado en el 2014 para conmemorar los 20 años de estas cuatro muertes, titulado «20 años es mucho: autoridades tienen que rendir cuentas por muerte de ecologistas en 1994«). En el 2009, ante amenazas de muerte recibidas, organizaciones sociales acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando que ordenara medidas a Costa Rica para resguardar la vida y la integridad física de un líder ecologista opuesto a la expansión piñera en la Zona Sur, Aquiles Rivera (véase nota de prensa).
El contenido del informe GAIPE en breve
En el resumen ejecutivo del informe del GAIPE sobre el asesinato de Berta Cáceres, se menciona también a los socios financieros de Honduras en la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca:
«A partir del análisis realizado, el GAIPE establece la negligencia deliberada por parte de instituciones financieras, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Finnfund. Dichas entidades tenían conocimiento previo de las estrategias empleadas por DESA, a través de reiteradas denuncias y estudios de consultores internacionales. Pese a ello, no adoptaron medidas idóneas, eficaces y oportunas para garantizar el respeto a los derechos humanos de las comunidades indígenas impactadas por la represa Agua Zarca, ni mucho menos para proteger la vida e integridad de Berta Isabel Cáceres Flores. Tampoco realizaron suficientes esfuerzos para exigir las investigaciones penales correspondientes» (pp. 2-3).
En esta entrevista realizada por El Espectador a dos integrantes del GAIPE de nacionalidad colombiana, se lee que:
«Entre los chats colectivos que tenían los funcionarios de Desa, los expertos pudieron identificar que había un permanente contacto entre la empresa y agentes de la fuerza de seguridad del Estado, como la Secretaría de Seguridad y la Policía Preventiva. Por ejemplo, sólo 14 horas después del asesinato de Berta, hay mensajes entre directivos y empleados de Desa que revelan que ya habían pedido ayuda a los funcionarios públicos para que los desvincularan de cualquier investigación«.
En las conclusiones del informe del GAIPE se puede leer, entre muchos otros puntos de gran relevancia, que:
«6. El asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores ejecutado el 2 de marzo de 2016, respondió, como mínimo, a un plan concebido, por altos directivos de DESA, al menos desde el mes de noviembre de 2015, habiéndose delegado en uno de los procesados la ejecución del operativo y la articulación con agentes estatales y no estatales para lograrlo.
Los agentes a cargo de la investigación no han seguido las normas de debida diligencia e investigado exhaustivamente para procesar y sancionar a todas las personas responsables del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto. Dicha circunstancia vulnera los derechos a la verdad, justicia y reparación para los familiares de las víctimas, las personas integrantes del COPINH, las personas defensoras de derechos humanos y la sociedad hondureña.
El Ministerio Público ha incurrido en violaciones al derecho de las víctimas de participar plenamente en el proceso interno, derecho que está previsto en la propia legislación hondureña así como en los estándares internacionales, lo cual vulnera la garantía del debido proceso, así como los derechos a la verdad, justicia y reparación.
La prueba existente es concluyente respecto de la participación de numerosos agentes estatales, altos directivos y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Berta Isabel Cáceres, así como en la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto, sin embargo, el Ministerio Público no ha realizado imputaciones respecto de estas personas. Adicionalmente, existe prueba que demuestra la comisión de otros delitos que no han sido investigados» (p. 46).
A modo de conclusión
El informe completo del GAIPE, que se titula «Represa de violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres» y que consta de 87 páginas, está desde ya disponible en este enlace, y se recomienda su lectura completa.
Este informe evidencia el sesgo con el que las actuales autoridades hondureñas investigaron este caso, interpelando ahora al Estado hondureño de cara a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos (Nota 3), pero también a la comunidad internacional como tal.
Notas
Nota 1: Se lee en el informe de John Knox a raíz de su visita a Costa Rica (véase texto completo publicado en el sitio de Derechoaldía), entre varias de sus recomendaciones finales, que: «en lo que concierne al riesgo de hostigamiento y violencia contra los defensores de los derechos humanos que trabajan en la esfera del medio ambiente, el experto independiente recomienda a Costa Rica que intensifique aún más sus esfuerzos no solo por responder a las amenazas y los actos de violencia, sino también por prevenir las situaciones que dan lugar a esos problemas. El experto sugiere a Costa Rica que estudie seriamente la posibilidad de establecer una comisión o un órgano equivalente, con representantes de un amplio abanico de interesados, que tenga el mandato de examinar la historia y la situación actual de los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones ambientales en Costa Rica“ (punto 67).
Nota 2: Con relación al caso de los cuatro integrantes de AECO, en 1997 el Estado costarricense concluyó oficialmente que no hay mayor elementos que permitan concluir otra cosa que lo siguiente: «1.- De acuerdo con las autopsias realizadas y las investigaciones por muerte de los señores Oscar Fallas Baldí, María del Mar Cordero Fernández y Jaime Bustamante Montaño, la muerte de éstos se debió un incendio accidental. 2.- De acuerdo con la autopsia e investigación de la muerte de David Maradiaga Cruz, su muerte se debió a causas naturales 3.- Los órganos del Estado desarrollaron una labor profesional, técnica y dentro de un tiempo prudencial en el esclarecimiento de las muertes de los señores Oscar Fallas Baldí, María del Mar Cordero Fernández, Jaime Bustamante Montaño y David Maradiaga Cruz.«: véase las conclusiones de la Opinión Jurídica OJ-004-97de la Procuraduría General de la República (PGR), elaborada en el año de 1997.
Nota 3: En el caso de la ambientalista Blanca Jeannette Kawas Fernández asesinada en 1995 en Honduras, los familiares interpusieron una demanda ante el sistema interamericano de derechos humanos, la cual culminó con una sentencia del 2009 de la Corte IDH (véase texto completo) en la que se lee, entre otros puntos, que: «El Tribunal reitera que el Estado está obligado a combatir esta situación de impunidad por todos los medios legales disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas, quienes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos. El reconocimiento y el ejercicio del derecho a la verdad en una situación concreta constituyen un medio de reparación. Por tanto, en el presente caso, el derecho a conocer la verdad da lugar a una justa expectativa de las víctimas, que el Estado debe satisfacer. La obligación de garantía del artículo 1.1 de la Convención Americana implica el deber de los Estados Partes en la Convención de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos» (párrafo 190).
Otros artículos de interés del autor:
BOEGLIN N., «Los pendientes a tres años de la muerte de Jairo Mora«, Informa-tico, mayo del 2016. Texto disponible aquí
BOEGLIN N., «A un año del asesinato de Berta Cáceres: impunidad campante«, Revista digital Contexto, marzo del 2017. Texto disponible aquí.
BOEGLIN N., «Entre intimidación y criminalización: el caso de la protesta social en Costa Rica«, Revista Pensamiento Penal, junio del 2017. Texto disponible aquí.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
La próxima semana, del 21 al 23 de noviembre, dará inicio el III Congreso de Extensión Universitaria: Universidad Nacional Dialogando en territorios – Concepto y políticas de Extensión del 2018 al 2028, en el Campus Pérez Zeledón como sede anfitriona.
Un espacio pensado y diseñado para brindar una experiencia enriquecedora, crítica y dialógica acerca del quehacer de la acción sustantiva de la Extensión Universitaria en la Universidad Nacional.
Durante tres días, más de 140 congresistas (personal académico, estudiantes, funcionarios de instituciones públicas, extensionistas pensionados) conformarán equipos de trabajo para reflexionar y formular propuestas de Políticas de Extensión en relación con los ejes temáticos propuestos.
Desarrollaran el intercambio de ideas y experiencias académicas a través de conferencias magistrales y la presentación de más de 40 ponencias distribuidas en once mesas de trabajo.
Es un congreso para la toma de decisiones, que marcará la ruta sobre el Concepto y la Política de Extensión, que guiarán el trabajo pionero, en el campo de Extensión de la UNA durante los próximos años.
