Parece que la «guerra fría» se ha reiniciado, si atendemos las palabras de este 14 de abril del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres. Los «milenios» que no hayan estudiado ni vivido el período de la primera Guerra Fría, deben hacerlo ahora. En síntesis, muy estrecha, se trató del conflicto, en todas las aristas de la humanidad, por el control del mundo completo por dos potencias mundiales: los EUA y la URSS, después de concluida la segunda guerra mundial en 1945. Esa guerra fría concluyó formalmente a fines de la década de los ochenta. Se tituló fría, por no ceñirse a los combates bélicos entre ejércitos, pero sí cualquier tipo de acción, fuera establecida o no por la ley o convenios internacionales o nacionales. Pero produjo muchas guerras bélicas con millones de víctimas, además de crímenes a científicos, políticos, sindicalistas, cooperativistas, líderes sociales artistas, escritores y hasta religiosos.
Paradójicamente, en este período se construyeron la mayoría de instituciones multilaterales y bilaterales que lograron, a las naciones y pueblos del mundo, convivir con normas, y marcos jurídicos en donde la comunidad se relacionara en cordialidad, con equidad y respeto mutuo. Esa Guerra Fría concluyó formalmente con la caída de uno de los dos contrincantes principales: la URSS.
Después del fracaso de la URSS entre mayo y noviembre de 1989, con la unificación de las Alemanias del Este y el Oeste, concluyó la Guerra Fría y se iniciaron otras guerras y distribución territorial en lo que hasta entonces fuera las Repúblicas Soviéticas, promovida por EUA y los países de Europa Central. Así, quedó únicamente la Federación Rusa, con varias repúblicas, que antes eran controladas por el Kremlin de Moscú, girando sobre el eje estadounidense, ahora miembros de la OTAN. El presidente de Rusia, Boris Yeltsin, quien gobernó entre 1991 y 1999, fue sumamente dócil a las políticas de Occidente. Sin embargo, el presidente que lo sustituye, Vladimir Putin, logró rescatar la economía, la política y la capacidad militar de su país, hasta colocarlo en posición relevante a nivel mundial.
Es así que el panorama mundial ha vuelto a cambiar significativamente. Rusia, China, India, Brasil y Sur África, se convirtieron en países con fuerte economía, por lo cual forman el BRICS en la primera década del presente siglo, con los objetivos de 1. Crear un mundo institucional multipolar, sin hegemonías, 2. Cooperación internacional y no confrontación con los países desarrollados. 3. Promover reformas en el orden económico internacional y, 4. Combatir el cambio climático.
En este mismo período China, pasó de un país pobre, a ser la segunda potencia económica mundial, estimándose que superará a los EUA en los próximos 15 años. Solamente con un punto de comparación vemos esto. La deuda pública de China es de apenas 21.3% del PIB, mientras que la de EUA es de 112% y el Japón es arriba del doble de la estadounidense. El empuje de China en el mercado mundial, ha llevado a la Casa Blanca a declararle la guerra comercial gravando las importaciones que llegan de China. Pekín fue reciproco en la primera etapa, pero no se sabe si esto continuará así.
Desde luego, el gobierno estadounidense busca por muchos medios de debilitar al BRICS, golpeando a sus miembros. Es el caso de Brasil, actualmente. La Unión Europea no ha sido motivo de preocupación para los Estados Unidos, pues siempre han seguido sus directrices, además, en los últimos cinco años ha habido un movimiento hacia la derecha en sus gobiernos.
En esta probable Guerra Fría II, expresada retóricamente en el Consejo de Seguridad de la ONU, y activamente en las constantes sanciones de los EUA, secundadas por la UE e Inglaterra. Bélicamente se expresa con su apoyo a ISIS en el Oriente y la guerra en Siria, pero también en algunos países como Corea del Norte, Yemen, Palestina, Líbano y en el norte de África. Así mismo se expresa lo bélico en las constantes maniobras militares que estos países desarrollan en todo el Medio y Lejano Oriente.
Dentro del Consejo de Seguridad de la ONU, es notable la actitud de prudencia demandada por China, secundada por países como Bolivia, Perú, Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil y Kuwait, quienes mantienen una actitud moderada. Así que esa Guerra se expresa más que todo por los otros tres miembros permanentes, a saber: EUA, Francia e Inglaterra. Suiza, secunda a este grupo beligerante y guerrerista.
Una de las características de la guerra fría es que «la verdad», descubierta mediante investigaciones científicas pierden valor. El caso de las armas químicas ilustra esto. Las potencias involucradas aseguran ser dueñas de «la verdad» sin necesidad de ninguna evidencia objetiva descubierta por métodos convencionales de las ciencias. Si la Comisión OPAQ, enviada por la ONU a Siria obtiene resultados contrastantes con la opinión del bloque EUA, UK y Francia, éste tratará de devaluarlos hasta ridiculizarlos. Así justificarán su acción invasora a un país soberano, con nuevas amenazas bélicas.
Pese a que el tema de mayor importancia se mantenga, como es el control del mercado de hidrocarburos en el mundo, el conflicto bélico y esta probable guerra fría, amenaza con destruir las instituciones y la gobernabilidad universal constituidas en décadas anteriores, particularmente las multilaterales. Para EUA estas instituciones ahora perjudican el logro de sus objetivos por mantener la hegemonía mundial. Por eso el actual irrespeto a su Carta constitutiva y a toda institución multilateral que busque la equidad, control de armas, derechos comerciales y los derechos humanos equitativos.
Motivo de otro artículo, será el analizar, como una Guerra Fría II afecta directamente a los países de las periferias.
Este 17,18 y 19 de abril de 2018 de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. en el Auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras se estará llevando a cabo el II Seminario Internacional por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes: Salud, Sexualidades y Violencia.
El costo del seminario es de 20 mil colones.
Favor confirmar su asistencia al teléfono 2562 6462.
Conversación con el economista Luis Paulino Vargas, director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Este lunes 16 de marzo, 2:30 pm. Transmisión en vivo vía “streaming”. Puede seguirla en el siguiente enlace:
En estos días se anunció que Guyana presentó formalmente una demanda contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que, como primer punto de su demanda, pide a la CIJ dictaminar que:
“(a) The 1899 Award is valid and binding upon Guyana and Venezuela, and the boundary established by that Award and the 1905 Agreement is valid and binding upon Guyana and Venezuela» / (a) La sentence de 1899 est valide et s’impose au Guyana et au Venezuela, et la frontière établie par ladite sentence est valide et s’impose au Guyana et au Venezuela»
Véase al respecto el comunicado oficial de la CIJ con fecha del 4 de abril del 2018 en francés y en inglés.
Breve recapitulativo
La irresuelta controversia entre Venezuela y Guyana sobre la región de Esequibo es una de las más antiguas en el continente americano, objeto de una sentencia arbitral de 1899 entre Venezuela y Gran Bretaña, la cual fue considerada por Venezuela como parcializada, restándole todo valor jurídico a partir de 1962.
Tratándose de un laudo arbitral sin motivación alguna (véase texto del laudo de 1899), como era lo usual en el siglo XIX, el intentar conocer las razones por las que el tribunal arbitral compuesto por cinco integrantes llegó a estas conclusiones ha constituido un terreno fértil para la imaginación a lo largo de la historia. Para varios autores, Venezuela fue objeto de un verdadero «fraude procesal» que confirmarían declaraciones de los mismos árbitros años después de leerse la sentencia arbitral (véase artículo publicado en el 2008 titulado «La impugnación internacional del laudo arbitral por fraude procesal: especial referencia a la reclamación venezolana sobre el territorio de la Guyana Esequiba«). La existencia de una probable complicidad entre los dos árbitros británicos y el juez ruso de aquel tribunal (Frederic de Martens), cuyo voto fue decisivo para la adopción del laudo, constituye uno de los principales señalamientos a este laudo arbitral, que confirmarían investigaciones realizadas en los años 50: en 1949, la divulgación del denominado «Memorándum de Severo Mallet-Prevost» dió lugar a una investigación en los mismos archivos británicos, entre 1950 y 1955, que recogen documentos que apuntan en esta misma dirección.
Mapa extraído de nota de prensa (La Nación, Costa Rica), titulada «Exxon verá suelo para sacar crudo en Esequibo, Guyana».
El Acuerdo de 1966
Concientes ambas partes de la solidez de estas evidencias, y de la necesidad de resolver la controversia, el Acuerdo de Ginebra suscrito en 1966 (véase texto completo) entre Reino Unido y Venezuela abrió entre ambos Estados un largo período para intentar encontrar una solución negociada, sin que se lograse una solución definitiva. El Artículo I de este tratado estipula que:
A Mixed Commission shall be established with the task of seeking satisfactory solutions for the practical settlement of the controversy between Venezuela and the United Kingdom which has arisen as the result of the Venezuelan contention that the Arbitral Award of 1899 about the frontier between British Guiana and Venezuela is null and void.
Pese a una formulación que evita declarar nulo el laudo de 1899, se puede interpretar este tratado de 1966 como una aceptación tácita, por parte de las autoridades británicas, de la nulidad de la sentencia arbitral de 1899.
Una empresa petrolera norteamericana extremadamente hacendosa
La celebración de los 50 años de la firma del acuerdo de 1966 en el 2016 fue precedida por el descubrimiento (en mayo del 2015) de yacimientos de hidrocarburos por parte de la empresa norteamericana Exxon Mobil, aumentando desde entonces la presión para aclarar quién posee la soberanía sobre la región de Esequibo (la cual se extiende por más de 159.000 Km2), así como sobre las aguas adyacentes. Dicha presión proviene en gran parte de Estados Unidos: como es sabido, el que fuera el jefe de la diplomacia norteamericana designado por el Presidente Donald Trump (Rex Tillerson) fue Director Ejecutivo de Exxon Mobile del 2006 al 2016. En junio del 2016, Guyana suscribió un importante contrato con la filial de Exxon Mobile, Esso (véase texto completo del contrato).
Como elemento adicional a la contienda política existente entre Estados Unidos y Venezuela, hay que añadir el hecho que Venezuela logró en marzo del 2017 que un tribunal arbitral de apelación anulara parcialmente los términos de una decisión inicial de un tribunal arbitral del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estados) del 2014 que condenaba a Venezuela a pagar más de 14 mil millones de US$ a Exxon Mobile y a sus asociados en Venezuela (véase texto del laudo). El texto completo de esta segunda decisión del CIADI, de marzo del 2017, pocamente divulgada, está disponible en este enlace: revisar un monto indemnizatorio por más de14.000 millones de US$ para ordenar en su lugar el pago de 188 millones merecería, en nuestra modesta opinión, una mayor difusión en medios de prensa y en algunos círculos especializados en materia de arbitraje de inversión. En julio del 2017, se supo que una Corte de Apelaciones del Segundo Distrito en Estados Unidos adoptó una polémica decisión con relación a los 188 millones de US$ que debe pagar Venezuela (véase nota de Lexology).
Mapa de concesiones en materia de hidrocarburos hechas por Guyana y Surinam, extraido de esta nota de prensa.
A pocas semanas de estrenar su puesto, en febrero del 2017, el actual Secretario General de Naciones Unidas nombró a un nuevo representante para atender la controversia entre Guyana y Venezuela (véase nota de prensa). Cabe señalar que su antecesor al cargo, Ban Ki-moon, se había mostrado muy satisfecho por las conversaciones mantenidas con ambas partes en octubre del 2015 (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas).
Dos Estados históricamente distantes de la justicia internacional de La Haya
Nótese que ni Guyana ni Venezuela han ratificado el Pacto de Bogotá de 1948, instrumento internacional emblemático que ha permitido en América Latina resolver ante el juez internacional una gran cantidad de controversias surgidas entre dos Estados del hemisferio americano (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). Los únicos Estados en haber denunciado este tratado son El Salvador (1973) y Colombia (2012). De igual manera, cabe resaltar que ni Guyana ni Venezuela han procedido a reconocer la jurisdicción obligatoria de la CIJ mediante la declaración facultativa prevista en el Artículo 36, párrafo 2 de su Estatuto (véase lista oficial de la CIJ).
Es de destacar, como detalle de interés, que en diciembre del 2017 la empresa Exxon Mobil anunció que apoyaría con 15 millones de US$ a Guyana para sufragar los costos que conlleva una demanda ante la CIJ contra Venezuela (véase nota titulada «ExxonMobil to Fund Guyana Lawsuit Against Venezuela. US oil giant ExxonMobil has agreed to cover the cost of Guyana’s US$15 million legal fees in its territorial dispute with Venezuela«). Unas recientes declaraciones públicas sugieren que las autoridades de Guyana calculan que esta suma deberá ser completada con otro aporte adicional (véase nota de prensa). Resulta de interés recordar que Chile reconoció oficialmente en el 2015 haber gastado más de 20 millonesde US$ para enfrentar la única demanda planteada por Perú ante la CIJ en materia de delimitación marítima (véase nota de prensa). Al obtener el retiro de una demanda planteada por Ecuador en su contra ante la CIJ en el 2008, Colombia accedió a desembolsar una suma de 15 millones de US$ que cubre en parte los gastos de la defensa ecuatoriana en La Haya (véase punto 9 del acuerdo entre Colombia y Ecuador del 9/09/2013). Se puede considerar que el monto de 15 millones de US$ se adecúa a la estimación de gastos totales relacionados a la defensa de un Estado en La Haya: se trata de una zona gris-oscura sobre la que los Estados que litigan en La Haya se muestran usualmente evasivos.
El apoyo económico de Exxon Mobile a Guyana para cubrir los gastos del litigio en La Haya confirma que, además de extremadamente hacendosa, esta empresa petrolera es muy generosa con las autoridades de Guyana. No se tiene registro de algun Estado que haya acudido a la CIJ con los gastos para su defensa cubiertos por una empresa privada, y agradecemos desde ya a nuestros estimables lectores remitirnos información al respecto, en caso de conocer de algún precedente en esta materia.
Los términos de la petitoria de Guyana
En su demanda presentada al finalizar el mes de marzo del 2018 (véase texto completo), Guyana solicita a la CIJ dictaminar que:
«(a) The 1899 Award is valid and binding upon Guyana and Venezuela, and the boundary established by that Award and the 1905 Agreement is valid and binding upon Guyana and Venezuela;
(b) Guyana enjoys full sovereignty over the territory between the Essequibo River and the boundary established by the 1899 Award and the 1905 Agreement, and Venezuela enjoys full sovereignty over the territory west of that boundary; Guyana and Venezuela are under an obligation to fully respect each other’s sovereignty and territorial integrity in accordance with the boundary established by the 1899 Award and the 1905 Agreement.
(c) Venezuela shall immediately withdraw from and cease its occupation of the eastern half of the Island of Ankoko, and each and every other territory which is recognized as Guyana’s sovereign territory in accordance with the 1899 Award and 1905 Agreement;
(d) Venezuela shall refrain from threatening or using force against any person and/or company licensed by Guyana to engage in economic or commercial activity in Guyanese territory as determined by the 1899 Award and 1905 Agreement, or in any maritime areas appurtenant to such territory over which Guyana has sovereignty or exercises sovereign rights, and shall not interfere with any Guyanese or Guyanese-authorised activities in those areas;
(e) Venezuela is internationally responsible for violations of Guyana’s sovereignty and sovereign rights, and for all injuries suffered by Guyana as a consequence».
Como se puede observar, Guyana reclama que la sentencia de 1899 sea considerada como jurídicamente válida, derivando de ello el trazado de la frontera terrestre y su proyección en materia de delimitación marítima. Tal y como se puede apreciar en el mapa anteriormente reproducido, la delimitación marítima es de suma importancia para Guyana, al haber procedido a conceder amplias zonas marítimas para la exploración en materia de hidrocarburos a la empresa Exxon Mobil.
La competencia de la CIJ invocada por Guyana
Como bien es sabido, la base de la justicia internacional lo constituye el consentimiento de ambas partes para someter la controversia al juez internacional. En este caso, la base de competencia de la CIJ que invoca Guyana es el artículo IV (2) del Acuerdo de Ginebra, el cual otorga al Secretario General la facultad de escoger el medio pacífico de controversia para resolver esta disputa. El actual Secretario General de Naciones Unidas, en una declaración reciente de enero del 2018 (véase texto de la declaración oficial) dió por concluidos sus buenos oficios entre Guyana y Venezuela, y procedió a designar formalmente a la CIJ como mecanismo de solución pacífica para este caso preciso. Se lee en el texto de la demanda presentada por Guyana que:
«On 30 January 2018, nearly 52 years after the signing of the Geneva Agreement, Secretary-General António Guterres determined that the Good Offices Process had failed to achieve a peaceful settlement of the controversy. He then took a formal and binding decision, under Article IV, paragraph 2 of the Agreement, to choose a differentmeans of settlement under Article 33 of the Charter. In identical letters to both Parties, he communicated the terms of his decision that, pursuant to the authority vested in him by the Geneva Agreement, the controversy shall be settled by recourse to the International Court of Justice. A public statement issued on his behalf, on the same date, declared that the Secretary General “has chosen the International Court of Justice as the means to be used for the solution of the controversy» (pp.4-5).
Para Venezuela, esta carta del Secretario General del 30 de enero del 2018 plantea una serie de interrogantes y en un comunicado de prensa emitido 24 horas después de dada a conocer, hizo ver que privilegia la negociación política con Guyana sobre cualquier otro mecanismo. Para las autoridades venezolanas,
«Cabe preguntarse las razones que privaron para recomendar la Corte Internacional de Justicia a dos Estados que no reconocen su jurisdicción, siendo que el propio Acuerdo de Ginebra contempla los medios políticos para la solución de la controversia territorial. En este sentido, Venezuela ratifica de manera determinante e inequívoca el proceso de negociación bajo estos medios» (véase texto completo del comunicado oficial de Venezuela).
A modo de conclusión
No cabe duda que Guyana, a sugerencia del Secretario General de Naciones Unidas, ha decidido en este año 2018 activar decididamente el mecanismo judicial para resolver su disputa territorial con Venezuela. En pocos meses, y posiblemente en razón de la presión ejercida por Exxon Mobil, el panorama ha cambiado para ambos Estados. El hecho que Venezuela se muestre renuente a la opción de la CIJ podría conducir:
– ya sea a una judicialización extrema de esta controversia, con la presentación de excepciones preliminares cuestionando la competencia de la CIJ por parte de Venezuela, o bien la no comparecencia de Venezuela en señal de repudio;
– ya sea, por el contrario, a abrir la posibilidad para otra opción, entre las múltiples posibilidades que ofrece un capitulo clásico del derecho internacional público como lo es el de la solución pacífica de controversias entre Estados.
Ambos Estados mantienen, aún a estas alturas, aún con una reciente demanda planteada ante la CIJ, la posibilidad de encontrar una salida negociada bilateral, siempre recomendada para este tipo de disputas; además, ambos forman parte de marcos institucionales regionales (OEA, CELAC) y subregionales (CARICOM) que podrían ayudarlos a crear condiciones propicias para lograrla.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
La humanidad está en un momento delicado ante los conflictos creados por el tránsito de un mundo unipolar a uno multipolar. Así que un método utilizado inicialmente en Colombia, ahora se usa en las más altas esferas de la política mundial.
La hegemonía sustentada por EUA desde 1948, luego de concluida la segunda guerra mundial en 1945, a partir de la creación de las principales instituciones multinacionales, el predominio del sistema capitalista; de construir un ejército con multitud de bases en el mundo entero; del dominio del dólar como moneda de referencia mundial; ha conllevado a una dura resistencia para quebrarse en diversos poderes mundiales. En el primer trimestre del presente año, ha elevado sus constantes fricciones para convertirse en guerras políticas, mediáticas, financieras y escaladas militares.
Aunque este conflicto de poderes por las hegemonías mundiales en un cuadrilátero donde únicamente actúan pesos pesados, no deja de impactar a los pesos medianos y livianos. Además, la complejidad es grande y, en ocasiones confusa. Para comprender mejor habría que iniciar por lo más simple. Es decir, qué le proporciona poder económico, político y militar a una nación dentro de ese cuadrilátero.
Es interesante observar cómo la mentira es utilizada en estas dimensiones de la lucha por el control mundial. Ante el dominio de los principales medios de radio, televisivos e impresos en el mundo de las comunicaciones, como buenos maquiavélicos, los gobiernos de esas potencias lanzan campañas que aseveran hechos dramáticos que no son más que intrigas, pero que hacen creer que son verídicos. Como la tecnología de la comunicación, de última generación, convierte imágenes y monta videos como ensayos de una película fantasiosa creíble ante los ojos de cualquier espectador, las potencias están utilizándolas para desprestigio de sus contendores.
Las mentiras son utilizadas como grandes verdades. Ahora se han unido a esta inmoralidad política y jurídica los aparatos de justicia, así los vemos tanto en España como en Brasil, en Argentina como en Centro América; en la OEA, en la UE, ni qué decir del FMI y la banca internacional. Con sus mentiras y cooptación de los sistemas de justicia, han logrado convertir a sus víctimas en victimarios y, hasta en “delincuentes y corruptos” a sus principales oponentes. Pero lo espantoso y de alto riesgo, es como ahora se está mintiendo con todo descaro en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Al escuchar sus debates, es como una discusión entre sordos. Las justificaciones, exigencias y evidencias de un gobierno acusado públicamente, no es escuchado, admitiéndose como verdad absoluta lo dicho por la representante de los EUA, que no pasa de ser muy emotiva y ofensiva a sus colegas del Consejo. La decepción completa es cuando uno escucha a representantes de países como Holanda, Suiza, Francia e Inglaterra. No hacen más que secundar a la representante de EUA, sin más pruebas que su palabra.
Lo hechos que pudiera provocar un grave incidente hacia una guerra final es, en primer lugar, las grandes mentiras de las últimas semanas como ha sido el caso del envenamiento en Inglaterra del doble agente ruso Inglaterra, el señor Serguéi y su hija Yulia Skripal, del cual la primera ministra Theresa May acusa a Rusia de ser la causante, sin colocar evidencias sobre la mesa. En segundo lugar, ante el desprestigio mundial por tal falsedad, que condujo a un grave escándalo diplomático, la inteligencia de los históricos aliados, UB y EUA, produjo otro escándalo que cubra las espaldas de la PM May, como ha sido la resiente acusación del uso de armas químicas contra civiles en Siria, igualmente sin ninguna evidencia y su resistencia a una investigación de fondo.
El caso es delicado, puesto que los gobernantes de ambos países, Estados Unidos y Unión Británica, requieren de mejorar su popularidad local, ambos han bajado significativamente y buscan afanosamente lo que salva a gobernantes en muchos casos: provocar la euforia del patriotismo para cubrir con ese manto su mal gobierno. Theresa May ha actuado mal con el Brexit y Donald Trump, está amenazado con un posible juicio político, producido ante resientes evidencias de irregularidades en su administración. Si las grandes mentiras no logran convertirse en falsos-positivos, sus funciones pueden tener pronto final, pero si logran sus propósitos, la humanidad entera podría ingresar en el túnel del final de nuestra existencia.
No dejan de tener razón algunos dueños de las grandes corporaciones quienes están preparando sus maletas para introducirse en los búnqueres que tienen contra una guerra nuclear.
Al leer la sentida noticia que en versos remitió su hijo Jesús, el viernes 6 de abril de 2018, tampoco pude, desde entonces “encontrar la calma” al enterarme del fallecimiento de HERNANDO VANEGAS TOLOSA.
Con NANDO como familiar y extensivamente fue conocido, forje una sincera amistad, no de esas valiosas que se fabrican desde la niñez, las aulas colegiales, el entorno universitario y/o los acaeceres de la vida; sino de las esculpidas en el símil y reflejo de la identidad ideológica, la sinergia del pensamiento, del encuentro y empatía, que doy en expresar cuando el mutuo corazón agradecido de dos personas sellan el pacto tácito del respeto, la lealtad, la fidelidad y puntual devoción en el trato creativo.
Era Medico General cuando Hernando Vanegas Tolosa llegó como refugiado político a Costa Rica. De las salidas y partidas se sabe, no de los regresos. En su caso salió dejando el sonoro y suave oleaje de la bahía de Santa Marta; la practica como activista político y labor humanitaria en la Sierra Nevada, de donde se trajo a YADIRA, joven y despuntada rama de esa tierra mitológica de ancestros, que con la venia del MOMO traía a su pequeño hijo Jesús, nacido del rapto del zeus criollo quien sació las mieles jóvenes de la doncella dejando al vástago, a quien como tronco de familia Nando enalteció recibiendo la gratuidad de su generosidad, en ese su hijo, para quien fue “el viejo” de su alma y me mantiene a mí en la trifulca de no encontrar la calma por el sufrimiento de su partida. De su unión con Yadira, a su lado una niña de espigada figura con sereno semblante de su rostro. De donaire y gracia despuntado y que en lo de la reconstrucción de los recuerdos, asomo como de una belleza latina, en esa proyección de su personalidad que hoy atino y a donde, como resultado de la persecución, recibiese como galeno en las tierras nórdicas, donde ha sido embalsamado mi amigo NANDO contribuyendo a la desazón por no poder presenciar al menos la mortaja en la que fue envuelto y junto con ella enmudece, por el sollozo, mi corazón prendado.
Hoy redacto un panegírico, un discurso de su semblanza a mi usanza. En modo alguno pretendo reivindicar al despejado de la Juventud Comunista que lo fue en su tierra samaria; ni al perseguido refugiado, ni al exiliado, en el que una policía política de narco terrorismo estatal colombiano se ensañó en perseguirle y torturarle; puesto que hacerlo conllevaría a la revictimización de su familia y de la mía propia.
Destaco al Hernando superado, quien logra la especialidad de Anestesiólogo en Costa Rica y arrebata con el embrujo de su trato, la personalidad holística. Era propia de su naturaleza su evolución creativa, la proyección de su incansable capacidad de comprender lo simple de un trato, de un gesto amable a la persona y la capacidad de creación armoniosa de todas las partes que le rodeaban. Su paso por la comunidad lasallista, en ese campus de saber costarricense, como estudiante de dos posgrados fue sobresaliente.
La garra de la horrible noche uribeña lo sacó también de Costa Rica. Hube de unirme al coro para la protección y defensa de su integridad humana. Habló el político, gestionó el sindicalista, medio el abogado y la Comisión de Derechos Humanos de Centroamérica (Codehuca) lo colocó en vuelo comercial hacia Suecia, donde fue acogido. Al ver partir el avión con su esposa y dos hijos me latía que no volvería a verlos. Con él también se fue “el olor a la guayaba”. Ya no lo volví a encontrar en el fogón de esa casa donde aprovechaba para dorarles las arepas ocañeras; ni cuando al calor de los “winsconcin” se acercaba con su “je, je, je”, resaltando que el hermano de su papá, un burócrata costeño, que con cargo público oficial llegó a El Carmen, y hubo de tener a un Smith Watson como padrino de matrimonio de la más bella dama y de cuya unión nació Holger Vanegas Navarro. Por eso se identificó con los paisanos de la Provincia catatumbera que pasaban y visitaban.
Este jueves 19 de abril a las 6 p.m. en la biblioteca pública de Heredia Dr. Marco Tulio Salazar, se estará llevando a cabo la charla “Don Juanito Mora en sus tiempos finales”, impartida por Luko Hilje Quirós, Investigador en temas históricos, miembro del grupo cívico La Tertulia del 56.
Desde esta semana, está disponible el texto definitivo del instrumento regional adoptado en Escazú, Costa Rica, el pasado 4 de marzo de 2018 (véase breve nota nuestra publicada luego de la finalización de la última ronda de negociaciones celebrada en Costa Rica). El texto adoptado fue saludado por las autoridades de Costa Rica como «un hito histórico en la construcción de una democracia ambiental en la región y establece obligaciones de los países para garantizar los derechos de acceso, así como medidas para fortalecer la protección de defensores de derechos ambientales» (véase texto completo del comunicado oficial de prensa reproducido al final de esta nota).
Se trata de un tratado de carácter vinculante para 33 Estados de América Latina y del Caribe, que tiene como objetivo «garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible«.
La CEPAL (Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas), que auspició desde el 2014 la negociación de este texto, ha informado que el Acuerdo de Escazú será abierto a la firma de los 33 países de América Latina y del Caribe el próximo 27 de septiembre de 2018 en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas a celebrarse en Nueva York.
El texto del tratado en español puede desde ya ser consultado en este enlace oficial de la CEPAL y, en sus versiones oficiales en español y en inglés, ingresando a este enlace oficial de Naciones Unidas.
Varios de los principios enunciados en el Acuerdo de Escazú fueron confirmados, desde una perspectiva de los derechos humanos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una reciente Opinión Consultiva, la OC-23 (véase nuestra breve nota publicada en Debate Global, Colombia, titulada: «Mucho más que una respuesta a Colombia: a propósito de la Opinión Consultiva OC-23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre ambiente y derechos humanos«).
En un valioso esfuerzo de divulgación del contenido y de los alcances de esta opinión consultiva (pocamente difundida por los Estados), se realizaron en esta semana dos foros sobre el tema, el mismo 10 de abril: uno, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM (véase programa) y otro realizado en Costa Rica en la Universidad de Costa Rica – UCR (véase programa).
Foto del foro realizado en la UCR el pasado 10 de abril del 2018: de izquierda a derecha: M.Sc. Patricia Tarre Moser, abogada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), Dr. Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho / UCR, M.Sc. Mario Peña Chacón, Profesor de Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho / UCR y el Dr. Fernando Cruz Castro, Magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.
Tanto los alcances de la OC-23 como los del Acuerdo de Escazú ameritan un esfuerzo de divulgación en aras de dar a conocer su valioso contenido: un esfuerzo particular se impone con relación a operadores de justicia y funcionarios públicos de los Estados que son parte al Pacto de San José, en particular sus máximas autoridades judiciales y ambientales. De igual manera con relación a asesores legales y a otros funcionarios encargados, desde la función legislativa y la reglamentaria, de elaborar o de actualizar la normativa ambiental vigente.
Comunicado oficial de prensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica
«MARZO 04, 2018 01:22 PM
Bajo el liderazgo de Costa Rica se adopta el primer acuerdo regional sobre derechos de acceso a información, participación, y justicia en temas ambientales: Acuerdo de Escazú
Acuerdo constituye un hito histórico en la construcción de una democracia ambiental en la región.
Es el primer instrumento vinculante para la protección de defensores ambientales en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe El instrumento se abrirá para la firma de los Estados el próximo 27 de setiembre de 2018 en la ONU.
Hoy, 4 de marzo de 2018, 24 países de América Latina y el Caribe adoptaron el primer instrumento regional para garantizar los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales durante la IX Reunión del Comité de Negociación celebrada en Costa Rica.
La Adopción del “Acuerdo Escazú” constituye un hito histórico en la construcción de una democracia ambiental en la región y establece obligaciones de los países para garantizar los derechos de acceso, así como medidas para fortalecer la protección de defensores de derechos ambientales.
“Nos llena de orgullo que sea en Costa Rica donde 24 países de América Latina y el Caribe sigamos construyendo juntos instrumentos para garantizar y fortalecer el acceso, información y justicia para un medio ambiente que se consolide como un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, manifestó el Presidente Solís, quien presidió el acto de clausura.
El texto fue adoptado seis años después de la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo del 2012, en la que los Estados firmantes se comprometieron a avanzar hacia el proceso de negociación de un instrumento regional.
Desde ese momento, Costa Rica y Chile asumieron la co-presidencia de la Mesa Directiva del Comité Negociador, con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) como Secretaría Técnica.
El Ministro a.i. de Relaciones Exteriores y Culto, Alejandro Solano Ortiz, destacó el liderazgo de Costa Rica y Chile y el compromiso de todas las delegaciones para consensuar un texto robusto que garantiza la participación significativa del público en materia ambiental.
“El Acuerdo de Escazú es un documento visionario e innovador. Esta iniciativa nace en el seno de la sociedad civil y ha sido acogida por los países de la región, quienes con determinación han logrado avanzar firmemente para lograr sociedades más democráticas y sostenibles”, indicó el Ministro a.i Solano.
El instrumento realiza una contribución fundamental al reconocer el derecho de todas las personas a un ambiente sano y fortalece la voz y participación activa y amplia de la ciudadanía en la construcción de una democracia ambiental regional.
El acto solemne también contó con la participación de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, y el Ministro de Ambiente y Energía, Édgar Gutiérrez, así como los ministros, viceministros y delegados de América Latina y el Caribe.
El instrumento se abrirá para la firma de los Estados el próximo 27 de setiembre de 2018, durante el segmento de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas».
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
El proyecto Centroamérica desgarrada es un esfuerzo por recoger las demandas y sueños sobre el futuro que tienen las personas jóvenes que habitan en comunidades empobrecidas de las capitales del istmo.
Un equipo de más de 100 encuestadores se organizó en 5 países para recolectar la información contenida en este dossier, alguna de ella representada en las siguientes frases:
–Cómo perciben su entorno:
En una abrumadora mayoría, las personas jóvenes encuestadas perciben que la distribución de la riqueza en su país es injusta.
–Su cultura política:
En casi todas las comunidades, más del 70% delas personas encuestadas se identifican con la frase “No importa que el gobierno sea o no democrático, lo que importa es que resuelva problemas”.
–La institucionalidad:
En todas las comunidades encuestadas de las capitales centroamericanas, las iglesias superan por mucho en poder de convocatoria a los partidos políticos y otras entidades.
En todas las comunidades, solo los grupos deportivos superan en convocatoria a las iglesias cristianas.
–El futuro: ¿migrarían?:
El dato menos esperanzador está relacionado con sus perspectivas sobre si migrar o no de su país. En toda la región más de la mitad de las personas contestaron que sí, y un abrumador 76% en El Salvador.
Ingrese en el siguiente enlace para conocer más en detalle el proyecto:
