Este próximo 25 de abril a las 6 p.m. se realizará el coloquio Voces Diversas, para reflexionar sobre los compromisos LGBTI de la nueva administración.
El coloquio tendrá lugar en el Salón de Expresidentes/as de la Asamblea Legislativa y contará con la participación de los panelistas: Rose Mary Madden, activista; Enrique Sánchez, Diputado; y Natasha Jiménez, activista.
Moderador: Marco Castillo R.
Enviado por Alejandra Cartín Leiva.
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Este próximo martes 24 abril a la 1 p.m. en el Auditorio de la Universidad de Costa Rica Sede de Occidente se estará llevando a cabo el conversatorio «Sexualidades, Cuerpos, Control y Derecho«, un diálogo que problematiza los diferentes controles normativos jurídico-sociales que se ejercen sobre las personas, una visión crítica e interdisciplinaria que va más alla del derecho.
Los expositores y expositoras han tejido sus experiencias desde la resistencia, y han contribuido a la lucha por la reivindicación, reconocimiento y promoción de los derechos humanos de todas las personas.
Entrada abierta y gratuita a toda la población.
Expone:
Enviado por Luis Alberto Soto.
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Carlos José Cabezas Mora (*)
Los sindicatos conocemos que el Estado costarricense está en una crisis producto de déficit fiscal, pero no podemos coincidir posiblemente en las causas que han llevado a esta situación la finanzas públicas y que podrían generar una crisis que implicaría efectivamente el cierre de instituciones y plazas, servicios por falta de dinero.
Pero nos extraña que sus soluciones sean para que los trabajadores paguen los platos rotos además de irónicamente aplicar una “regla fiscal” que precisamente pretende disminuir el gasto público reduciendo servicios y cerrando plazas a la fuerza, el anhelo neoliberal de achicar un Estado que curiosamente está por debajo del promedio de la OCDE.
La insistencia de los poderosos y sus representantes es que no haya nada que afecte la competitividad internacional del país, por eso existe el escandaloso delito fiscal que incluye exoneraciones que de no existir resolvería drásticamente el problema del déficit.
Sabe usted que en economía no hay una sola solución de los problemas pero por alguna extraña razón lo que parece su “visión” es imponernos a la sociedad el recrudecimiento de un sistema fiscal en el cual los ricos pagan como pobres y los pobres como ricos.
Lo decente y honorable es que quien obtiene más recursos pague más, pero eso es mala palabra en el lenguaje de los poderosos, incluso llegan a ridículos injustificables como oponerse a la factura electrónica, al control de pasajeros en los autobuses, a mejorar la recaudación, lucha ferozmente por buscar portillos en la legislación vigente, efectivamente desastrosa para el control, contra el fortalecimiento de personal y modernización del Ministerio de Hacienda, demostrándonos que la tal ética empresarial es puritico discurso hueco.
Este su gobierno y el que sigue prefirió buscar las “fáciles” soluciones que tendrán consecuencias directas en el deterioro del nivel de vida de la población, especialmente los de menos recursos, un ejecutivo que prefirió darnos palo en sus nuevas reglas que también dañarán nuestros ingresos familiares en lugar de buscarnos para construir soluciones conjuntas.
Podríamos coincidir con usted en la preocupación pero su solución “la voló”, quizás comprendamos que su nivel de vida poco se afectará con esta, nosotros que sí dependemos de un salario podemos defendernos de sus iniciativas, es nuestro derecho aunque le parezca extraño a todo el cuerpo ministerial y diputadil.
¡Esa cucharada a la fuerza no la vamos a tomar!
(*)Secretario general, Central General de Trabajo.
Enviado por el autor.
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Nicolas Boeglin (*)
Las operaciones militares realizadas por Estados Unidos, Francia y Reino Unido en Siria el viernes 13 de abril del 2018, consistiendo en bombardear sitios estratégicamente escogidos en los que presuntamente Siria mantiene un arsenal de armas químicas, fueron realizadas sin autorización previa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Por ende, y pese a lo afirmado por las autoridades norteamericanas, francesas y británicas (y algunos de sus aliados), constituyen una clara y abierta violación a lo dispuesto en la misma Carta de Naciones Unidas sobre la prohibición del uso de la fuerza. En las líneas que siguen, nos centraremos en analizar esta acción militar desde la perspectiva del derecho internacional público.
¿Dónde encontrar fundamento jurídico alguno para justificar este tipo de acción? ¿Cómo evitar a toda costa la sombra de la guerra en Irak del 2003 y descartar algunos de los argumentos (falaces) usados para justificarla? Es la tarea a la que posiblemente se aboquen desde ya algunos juristas en algunas cancillerías y en algunas otras entidades.
En efecto, ninguna norma internacional permite recurrir al uso unilateral de la fuerza en represalia a actos cometidos en el territorio de otro Estado contra su población, o en respuesta a sospechas de tenencia y de uso de armas de destrucción masiva por parte de un Estado inmerso en un conflicto interno (como el que vive Siria desde varios años). En el caso de la reciente explosión en Douma con sustancias químicas del pasado 7 de abril, ninguna investigación in situ ha permitido conocer la identidad de los responsables de este nuevo drama humano ni el origen de las sustancias químicas usadas. El equipo técnico de Naciones Unidas enviado a Siria llegó el mismo día que la fecha escogida para proceder a los bombardeos por parte de Estados Unidos, Francia y Reino Unido (véase nota oficial de la OPCW – Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons- del 14 de abril del 2018).¿Simple coincidencia?
Como es sabido, las únicas excepciones a la prohibición del uso de la fuerza militar por parte de uno o de varios Estados contra otro Estado, las constituyen, según la misma Carta de Naciones Unidas:
– el Artículo 51 de la Carta (que prevé la figura de la legítima defensa y un mecanismo de notificación muy preciso para el (los) Estado (s) que justifiquen acciones militares recurriendo a esta figura) o bien;
– las acciones militares colectivas debidamente autorizadas por el Consejo de Seguridad, al amparo del Capítulo VII de la Carta.
Como se puede observar, no hay ninguna otra figura legal prevista para justificar legalmente el uso de la fuerza contra un Estado. Ante ello, la creatividad de algunos, beneficiados por un un sólido relevo en influyentes centros de investigación y medios de prensa, ha intentado sembrar algunas dudas en la opinión pública, como lo veremos a continuación.
La noción de «legítima defensa preventiva» o de «legítima defensa anticipada» ideada por los asesores legales del Departamento de Estado norteamericano después del 11 de setiembre del 2001 para justificar acciones armadas en diversos puntos del planeta y para darle una apariencia de legalidad a la funesta acción militar emprendida contra Irak en marzo del 2003 no es conforme a la letra del Artículo 51. Esta operación militar contra Irak constituyó una violación flagrante a la Carta de Naciones Unidas, y su principal argumento (posesión de armas de destrucción masiva por parte de Irak) una burda maniobra para engañar a la opinión pública mundial, tal y como lo evidenciaron investigaciones recientes y declaraciones de responsables políticos norteamericanos y británicos de la época. El informe Chilcot publicado en el Reino Unido en el 2016 ilustra y documenta la sórdida complicidad existente entre estos últimos (véase nota del NYtimes). Los 12 volúmenes del informe Chilcot del 2016 titulado «The Report of the Iraq Inquiry«, pueden ser consultados en este enlace oficial del Reino Unido.
Por otra parte, la invocación de la legítima defensa para justificar acciones militares en territorio sirio sin contar con el consentimiento de sus autoridades en la lucha contra el terrorismo ha sido objeto de fuertes críticas en la doctrina: a tal punto que, en julio del 2016, un manifiesto colectivo firmado por más de 200 especialistas en derecho internacional de las más diversas latitudes, denunció el carácter abusivo de esta invocación (véase nuestra nota publicada en DIpúblico, titulada «Contra una invocación abusiva de la legítima defensa en la lucha contra el terrorismo» disponible aquí).
Finalmente, el argumento oído en las últimas horas de una operación basada en consideraciones «humanitarias«, según externado por la siempre original diplomacia del Reino Unido (véase texto completo del comunicado oficial), constituye una nueva evidencia de la ausencia de argumentos válidos y creíbles desde el punto de visto jurídico.
Ante otro novedoso argumento encontrado por la diplomacia británica, leemos en The Guardian por parte de un connotado especialista en derecho internacional, el Profesor Philippe Sands, que:
«There is no basis in international law for arguing that a UN member state is entitled to act in the face of an ‘unreasonable veto’ at the security council, or to act by way of reprisal,” he said on Monday. “Has the UK ever made this argument before?» (Véase nota de The Guardian).
En su sesión realizada el pasado 10 de abril, el Consejo de Seguridad conoció tres proyectos de resolución para investigar el origen del estallido con sustancias químicas acaecido en Douma del 7 de abril pasado en Siria y para intentar dar con la identidad exacta de las personas que las usaron: mientras Estados Unidos, Francia y Reino Unido responsabilizaron directamente a las fuerzas armadas sirias, sin haberse realizado alguna investigación in situ, Rusia y Siria denunciaron la maniobra que consiste en responsabilizar sin prueba alguna a Siria como pretexto para justificar ante la opinión pública una acción militar contra Siria (véase debate contenido en el Acta PV.8228 – versión en español, y cuya lectura se recomienda). Por parte de América Latina, participaron en el debate del Consejo de Seguridad los delegados de Bolivia y de Perú, cuyas posiciones difieren sensiblemente.
Pese a lo divulgado en la mayoría de los medios de prensa sobre esta sesión, no fueron uno sino tres los textos sometidos a votación, elaborados en aras de investigar debidamente episodios recientes acaecidos en Siria en los que se presume que se usaron armas químicas (véase nota titulada «Syria: vote on competing drafts«, editada en el sitio jurídico especializado de Whatsinblue, y disponible aquí):
– el primer proyecto de resolución, presentado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido (S/2018/321), el cual fue vetado por Rusia, y contó con la abstención de China, logrando reunir 12 votos a favor (p.5 del Acta precitada).
– el segundo proyecto (S/2018/175) y el tercer proyecto de resolución (S/2018/322), presentados ambos por Rusia, que no lograron reunir la cantidad de votos necesarios, con 6 votos a favor, incluyendo el de Rusia y el de China (p. 9 y p.15 respectivamente).
Los textos de estas tres propuestas están disponibles en este enlace (en su versión en inglés) y la comparación entre cada uno de ellos arroja interesantes aspectos, poco discutidos y analizados en los medios de prensa. El primero de ello consta de 24 párrafos operativos, el segundo de 26 y el tercero de tan solo 7 párrafos operativos.
El jueves 12, Suecia procedió a circular una nueva propuesta: se lee en esta nota de prensa oficial de Naciones Unidas que:
«Sweden, a non-permanent Council member, on Thursday circulated a new proposal that asks for four things. It condemns “in the strongest terms” any use of chemical weapons in Syria and expresses alarm at the alleged incident in Douma last weekend; demands full access and cooperation for the OPCW fact-finding mission; expresses the Council’s determination to establish a new impartial and independent attribution mechanism, based on a proposal by the Secretary-General; and requests the Secretary-General to dispatch immediately a high-level disarmament mission to Syria«.
Recordemos que hay muchas dudas sobre quiénes pueden tener algún interés particular en endosar (sin mayor prueba, ni investigación) a las actuales autoridades de Siria el uso de armas químicas:
– por ejemplo, en el 2013 unos (pocos) medios de prensa se interesaron por correos filtrados en los que se mencionaba un plan secreto de la administración del Presidente Barack Obama para endosar a las autoridades de Siria el uso de armas químicas: véase al respecto artículo titulado “U.S. ‘backed plan to launch chemical weapon attack on Syria and blame it on Assad’s regime’“, retirado luego del medio que lo publicó inicialmente (MailonLine) y “capturado” por blogueros y algunos sitios como al que lo referimos en este enlace.
– por otra parte, en noviembre del 2016, un informe divulgado hizo ver que ISIS (o Daesh) es una entidad no estatal que posee también armas químicas y que las usa tanto en Siria como en Irak (véase nota del New York Times).
A raíz de un informe de inteligencia proporcionado por Estados Unidos en el caso de un episodio similar en abril del 2017 ocurrido en Siria, un reconocido académico del MIT de Massachusetts como el profesor Theodor Postol, denunció lo que denominó en sus conclusiones como:
«… an obviously false, misleading and amateurish intelligence report» (véase informe completo titulado «A Quick Turnaround Assessment of the White House Intelligence Report Issued on April 11, 2017 About the Nerve Agent Attack in Khan Shaykhun, Syria«, p.4). Como era de esperar, este tipo de disonancia en Estados Unidos no tuvo mayor eco en medios de prensa norteamericanos y/o internacionales.
Ante estas y muchas otras dudas existentes, el endoso sistemático del uso de armas químicas, sin ningún tipo de investigación, a las autoridades sirias despierta cada vez mayores dudas, que solamente una investigación realizada in situ con expertos independientes, auspiciada por los entes técnicos de Naciones Unidas, podrá despejar.
En un artículo publicado horas antes de la orden dada por el Presidente de Estados Unidos de iniciar los bombardeos en Siria, la Profesora Mary Ellen O’Connell (Universidad de Notre Dame) concluía sus reflexiones señalando que:
«In other words, he plans to violate the prohibition on the use of force to send the message of how important it is to comply with the law on chemical weapons. And he is doing so with relish as he tweets, ‘Get ready Russia, because [the missiles] will be coming, nice and new and “smart!”’. French President Macron has actually chosen to encourage Trump and Britain’s Prime Minister May is still considering options. There should, however, be only one option for States committed to the rule of law: Use the means available in international law to seek accountability for law violations. It is a dangerous moment in history to do anything else«.
(Véase artículo titulado «Unlawful Reprisals to the Rescue against Chemical Attacks?«, publicado por EJIL-talk y disponible aquí).
A raíz de un episodio ocurrido en Siria en abril del 2017, habíamos tenido la oportunidad de analizar las distintas posiciones oficiales (véase nuestra breve nota titulada «Armas químicas en Siria: Consejo de Seguridad y Estados Unidos«). En aquella oportunidad, Estados Unidos consideró contar con información suficiente responsabilizando a Siria para lanzar un ataque aéreo pocos días después de forma solitaria, a modo de represalia: esta acción militar de Estados Unidos se dió en clara violación a la legalidad internacional: remitimos al respecto al análisis del Profesor Marko Milanovic (Universidad de Nottingham) titulado «The Clearly Illegal US Missile Strike in Syria» publicado en el EJIL-Talk y disponible aquí. Este mismo académico publicó un artículo similar llegando a las mismas conclusiones luego de la reciente acción colectiva objeto de estas reflexiones, diferenciando no obstante la posición del Reino Unido con relación a la de Francia y de Estados Unidos:
«To conclude, the UK’s humanitarian intervention argument is so bad even on its own terms that it is clear why the US and France chose to stay silent – no legal argument is in their view a better option than a palpably bad one»
(Véase su texto titulado «The Syria Strikes: Still Clearly Illegal«, publicado en EJIL-Talk y disponible aquí).
Con respecto a la discusión que se dio en aquel mes de abril del 2017 en el seno del Consejo de Seguridad, remitimos al lector a nuestra breve nota titulada «Chemical weapons in Syria and UN Security Council: no resolution adopted. Would you like to know why?» y disponible aquí. En aquella ocasión, fueron tres las versiones de proyectos de resolución que circularon. Por parte de América Latina, los delegados de Bolivia y de Uruguay fueron los invitados a externar criterios sobre estas tres propuestas (véase el texto de las tres propuestas reproducidas en nuestra breve nota titulada «América Latina durante la discusión sobre armas químicas en Siria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas» publicada en el sitio de Ius360 y disponible aquí).
Con relación a un informe de los servicios franceses de inteligencia llegando a las mismas conclusiones que las de sus homólogos norteamericanos, y que fue dado a conocer a pocos días de la primera vuelta electoral en Francia en el 2017, remitimos al lector a nuestra breve nota titulada «Syrie et armes chimiques : à propos du rapport des services secrets français«, publicada en Actualités du Droit, y disponible aquí.
Más allá del juego político que se ha generado alrededor de la guerra civil imperante en Siria, resulta oportuno recordar que la producción, el almacenamiento y la destrucción verificada por expertos internacionales de armas químicas es objeto de una Convención sobre la Prohibición de Armas Químicas, suscrita en 1997 (véase texto completo en español). Este tratado establece un mecanismo de monitoreo y de verificación que aceptan los Estados Partes y un mecanismo de investigación internacional e independiente en caso de eventos en los que se sospecha el uso de armas químicas por parte de un Estado Parte. Este instrumento multilateral ha sido ratificado por 192 Estados, Siria incluida, con un solo Estado sin ratificarla: Israel (véase estado oficial de firmas y ratificaciones).
En el caso específico de Siria, el equipo de Naciones Unidas a cargo de monitorear la destrucción de armas químicas en suelo sirio (denominado OPCW-UN – véase sitio oficial), presentó sus respectivos informes a finales del 2014 al cumplirse su mandato en Siria.
Si hay sospechas de uso de armas químicas, el envío de una misión de investigación internacional y el trabajo de campo consumen varios meses: en el caso del evento ocurrido en Idlib de abril del 2017, el informe de la misión de expertos de Naciones Unidas a cargo de la investigación in situ fue transmitido al Consejo de Seguridad tan solo el 26 de octubre del 2017 (véase carta con texto completo del informe). Nótese que en su comunicado del 10 de abril, Brasil refirió a la necesidad de investigar el estallido con sustancias químicas en Douma y evitó endosar alguna responsabilidad (Nota 1).
Este nuevo episodio constituye sin lugar a dudas un debilitamiento del ordenamiento jurídico internacional y plantea una serie de interrogantes de cara al futuro: las sospechas de algunos Estados parecieran ser una base suficiente para desafiar la normativa internacional en materia de prohibición del uso de la fuerza. Al respecto, cabe precisar que Costa Rica, en un comunicado oficial dado a conocer el 14 de abril, da por un hecho que Siria es directamente responsable del uso de armas químicas en Duma (Nota 2), a diferencia por ejemplo de Argentina (Nota 3), de Chile (Nota 4), de México (Nota 5) o de Perú (Nota 6).
Más allá de las certezas de unos y la prudencia de otros, esta acción militar colectiva realizada el 13 de abril constituye un hecho sumamente grave. A diferencia del ataque norteamericano perpetrado en abril del 2017 en Siria en respuesta al presunto uso de armas químicas en Idlib (también basado en informes de inteligencia), esta acción del 13 de abril del 2018 fue concertada por tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: fragiliza, como raras veces, la Carta de Naciones Unidas suscrita en 1945 y los principios básicos que contiene.
Notas
Nota 1: el comunicado oficial circulado por el Palacio del Itamaraty en Brasil se lee de la siguiente manera: Nota 86 «Noticias de uso de armas químicas contra civiles en Douma, Siria 10 de Abril del 2018 – 12:11 El Gobierno brasileño expresa su grave preocupación por las alegaciones de uso de armas químicas contra la población civil de Douma, Siria, el 7 de abril.
Al exhortar el establecimiento de investigación en el ámbito de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), el Gobierno brasileño reitera su repudio al uso de armas de destrucción masiva, cualquiera que sea su motivación«.
Nota 2: En el comunicado oficial de prensa circulado por Costa Rica se lee que: «Costa Rica expresa su más enérgica y firme condena por los ataques con armas químicas en Douma el pasado 7 de abril, por parte del régimen de Bashar Al Assad, en el cual murieron decenas de civiles, incluyendo mujeres y niños. Los responsables deben ser llevados ante la justicia y cualquier ataque de este tipo no puede quedar impune» (véase texto completo del comunicado reproducido en este enlace). Dicho comunicado fue objeto de un primer artículo denunciando que Costa Rica no condenaba expresamente el ataque realizado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido (véase nota del Semanario Universidad), para luego ser completado por una «aclaración» posterior para los lectores del Semanario Universidad, difundida unas horas después (véase nota de prensa).
Nota 3: El comunicado oficial de Argentina circulado el mismo día que el de Costa Rica se lee así: «Situación en Siria. 14 Abril 2018 Información para la Prensa N°: 149/18 Argentina renueva su firme condena al uso de armas químicas tal como ha ocurrido en los últimos días en Siria. Igualmente condena la existencia de facilidades dedicadas a su fabricación y/o almacenamiento.
En la delicada coyuntura de estas horas, Argentina hace un llamamiento a la comunidad internacional para hacer esfuerzos que permitan preservar la paz y seguridad, evitando acciones que generen una escalada de tensión y asimismo insta que se sigan caminos de diálogo en el marco de los compromisos internacionales existentes» (véase enlace oficial).
Nota 4: El comunicado de Chile se lee así: Comunicado de prensa sobre situación en Siria
El Gobierno de Chile reitera su condena en los términos más enérgicos al criminal empleo de armas químicas en un ataque ocurrido el día 7 de abril, en Douma, República Árabe Siria.
Igualmente condena el uso de armas químicas en cualquier tiempo, lugar, circunstancias o acto, y recuerda que esta conducta atenta contra el derecho internacional y, en especial, contra los derechos humanos.
Tal como lo ha señalado el Secretario General de Naciones Unidas es imprescindible que las potencias internacionales pacten un mecanismo que permita evitar el uso de armas químicas y establezca responsabilidades por el uso de armas químicas en Siria. En el cumplimiento de esta misión ningún país puede eludir su responsabilidad.
Debemos hacer todos los esfuerzos para evitar que la crisis de Siria genere una escalada de violencia y se transforme en una crisis regional o global, que afecte a más seres humanos y debilite la paz. Hacemos por tanto un llamado a ejercer la mayor prudencia en estas acciones» (véase enlace oficial).
Nota 5: El comunicado oficial de México se lee de la siguiente manera: «Posición de México respecto a la situación en Siria Comunicado No. 94.- El Presidente Enrique Peña Nieto indicó durante su intervención en la sesión plenaria de la VIII Cumbre de las Américas que México reitera su más amplia condena al uso de las armas químicas.
México hace votos para que sea a través del derecho internacional y los instrumentos multilaterales como se ponga fin al uso de este tipo de armamento de tan crudas consecuencias.
Con respecto a los acontecimientos de ayer por la noche en Siria, el Presidente Enrique Peña Nieto indicó durante su intervención en la sesión plenaria de la VIII Cumbre de las Américas que México reitera su más amplia condena al uso de las armas químicas.
Asimismo, señaló que México hace votos para que sea a través del derecho internacional y los instrumentos multilaterales como se ponga fin al uso de este tipo de armamento de tan crudas consecuencias» (véase enlace oficial).
Nota 6: El comunicado oficial de Perú del 14 de abril se lee así: «Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la situación en Siria MRELima, 14 de abril de 2018 Comunicado Oficial 010 – 18
En relación a las recientes acciones en Siria, el Perú expresa su profunda preocupación y hace un llamado a la moderación a todos los actores concernidos a efectos de evitar un escalamiento que ponga en riesgo la paz y la seguridad internacionales.
El Perú condena el empleo de armas químicas y considera que toda respuesta a estos crímenes atroces debe ajustarse al derecho internacional, por lo que apoya el despliegue de una misión de investigación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) a Siria, y considera urgente que el Consejo de Seguridad establezca un mecanismo que permita la identificación y procesamiento de los responsables
El Perú, como presidente del Consejo de Seguridad, está trabajando por una solución política al conflicto en Siria, así como por la protección de civiles, de manera consistente con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.
El Perú apoya la disposición del Secretario General de las Naciones Unidas de interponer sus buenos oficios y considera necesario y urgente establecer un mecanismo de atribución de responsabilidades sobre la utilización de armas químicas en Siria» (véase enlace oficial).
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
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Luis Paulino Vargas Solís (*)
El acuerdo firmado por Carlos Alvarado y Rodolfo Piza, que justificó ante la ciudadanía el apoyo que el segundo dio al primero en la campaña electoral de la reciente segunda ronda, contiene un apartado titulado “empleo y crecimiento”. Se supone que son medidas destinadas a devolverle dinamismo a la economía y reactivar el empleo, lo cual, por supuesto, tendría sentido como un esfuerzo para el corto plazo, es decir, para rendir frutos en un plazo de un año, aproximadamente.
Esto es bien importante. Veamos las razones.
Primero, en lo que se refiere al débil crecimiento de la economía, la historia se resume en lo siguiente:
– Es un problema que empieza a finales de 2008, hace casi 10 años. De ahí en adelante, e incluso si dejamos de lado la etapa (noviembre 2008 a septiembre 2009) en que se sintieron con más fuerza los impactos negativos de la crisis económica mundial, el dinamismo de la economía costarricense queda situado varios escalones por debajo de sus tendencias históricas previas.
– Entre mediados de 2015 y mediados de 2016 hay una cierta recuperación, cuando la economía crece en los alrededores del 5% (inclusive un trimestre que lo hizo al 6%), algo que, sin embargo, resulta muy modesto comparado con otras recuperaciones registradas en otros momentos (cuando se lograba crecer arriba del 8%).
– Ese mediocre recuperación fue posible sobre todo gracias a condiciones internacionales propicias, en particular, el fuerte bajón de los precios del petróleo, lo que, a su vez, empujó el consumo de las personas y las familias (esto último favorecido, además, por el crédito y la deuda).
– Las condiciones que propiciaron esa recuperación se han agotado: los precios del petróleo volvieron a subir pero, además, el peso de las deudas está obligando a mucha gente a frenar sus gastos de consumo.
– Todo lo cual ha hecho que en el último año el crecimiento económico caiga por debajo del 3%, con el agravante de que son las actividades de zona franca las más dinámicas, lo que significa que a “la economía donde realmente vive la mayor parte de la gente”, le va bastante mal.
En cuanto al empleo, la historia se cuenta en pocas palabras: en 2009 se registra un repentino y abrupto deterioro de los diversos índices sobre empleo, y la verdad, de entonces a la fecha no ha habido prácticamente ninguna mejoría. No solo tenemos problemas gravísimos (que afectan a más de 1,2 millones de personas trabajadoras), cuyas manifestaciones más agudas se dan entre las mujeres, la población joven y la de mayor edad, sino que, incluso, el porcentaje de personas que potencialmente podrían incorporarse al mundo del trabajo remunerado pero que no lo hacen, tiende a aumentar con el tiempo. Es una situación desastrosa, que no solo implica un grave despilfarro de capacidades productivas, sino, lo que es peor, pone de manifiesto la carencia de oportunidades laborales decentes, con todo el daño que esto inflige a la dignidad de las personas.
¿Y por qué es necesario reactivar la economía y, en especial, reactivar el empleo? Bueno, pues primero que nada por la gente misma, urgida de un empleo decente. Pero también por otras razones, incluso porque sin reactivación de la economía y del empleo, resolver el problema fiscal será mucho más difícil e implicará costos mucho más altos.
Y, entonces, ¿qué propone el acuerdo Alvarado-Piza?
Es innecesario entrar en mayores detalles. Lo escrito ahí corresponde al tipo de propuestas cliché que la demagogia en Costa Rica ha puesto a circular: créditos para micro y pequeñas empresas; capacitación en el INA; cursos de inglés; simplificación de trámites, y otras babosaditas por el estilo, todo perfectamente inofensivo.
Si uno se pone optimista, y asume que todo lo planteado va en serio y que, en efecto, se pondrá mucho empeño en lograrlo, lo que se podría decir es: “esto podrá quizá dar algunos frutos positivos dentro de unos cuantos años, quizá cuatro o cinco, no antes”. Pero la verdad yo no metería las manos al fuego por esto, ni creo que logre gran cosa, puesto que, para empezar, lo que se formula es un “frankenstein” construido a retazos, carente de integralidad y coherencia.
Pero, además, como ya dije, se necesita una reactivación inmediata de la economía y, en especial, del empleo. Parafraseando a Keynes: no para cuando todos estemos muertos.
La reactivación de la economía depende esencialmente de dos cosas que, en el contexto de una economía capitalista como la costarricense, son esenciales, por completo ignoradas en el documento que comento: la demanda y la rentabilidad.
Primero, porque las empresas no producen si no hay una demanda vigorosa que estimule esa producción. Segundo, porque no lo harán si su inversión no tiene una tasa de rentabilidad apropiada. Son un par de cosillas elementales que, en su momento, fueron puestas en evidencia por los que quizá son los dos más grandes economistas de la historia: Keynes y Marx, ambos cordialmente aborrecidos por la ortodoxia económica (incluida la ortodoxia marxista, que no soporta que le mencionen a Keynes).
La demanda anda floja porque el consumo de la gente y la propia inversión de las empresas andan muy flojas. La inversión de las empresas anda floja porque la rentabilidad también está adolorida, y porque no hay demanda saludable que la estimule. El consumo de la gente anda también averiado porque los salarios permanecen estancados, los problemas del empleo son de pegar gritos y, encima, el endeudamiento acumulado –que ha sido la forma como la gente suple sus malos salarios y sus problemas de empleo– ha llegado a un punto que obliga a apretarse el cinturón.
Y encima nos vienen con un paquete tributario que siendo en sí mismo una colección de parches, está formulado con total despreocupación respecto de esa delicada situación económica y del empleo, lo cual viene siendo como recurrir a las recetas de la medicina de otras épocas, cuando al paciente debilitado, se le debilitaba aún más sangrándolo.
Ahora, ¿Y por qué la rentabilidad anda damnificada? Pues un factor es la debilidad misma de la demanda. Otro –voy a pronunciar una grave blasfemia– tiene que ver con el tipo de cambio, algo que –lamento decirlo– fue explotado demagógicamente por Carlos Alvarado.
Por ahora, omitiré una explicación en detalle sobre esto. Solo quiero enfatizar una cosa: la gestión neoliberal de la política sobre el tipo de cambio nos ha llevado a un peligroso callejón sin salida. Apegados al dogma de la baja inflación, han utilizado el tipo de cambio colón-dólar como al modo de un ancla para mantener los precios bajo control. Pero al hacerlo de esa forma, han propiciado que se pongan en marcha tendencias muy dañinas. Por un lado, el tipo de cambio se ha desconectado de la realidad de la economía y ello, al dañar la rentabilidad de muchas empresas pequeñas, medianas e incluso empresas grandes de capital nacional (exportadoras, del ámbito turístico o que compiten con importaciones) ha frenado la inversión y la generación de empleos (aclaro que la historia de las zonas francas es bien distinta). Pero ello además ha promovido el endeudamiento en dólares, por parte de personas, familias y empresas cuyos ingresos son en colones. Si se diera una devaluación significativa, esto último tendría muy perniciosos efectos. Pero el caso es que ese peligro también alcanza al sector público, cuyo endeudamiento en dólares también ha crecido considerablemente.
El tipo de cambio dificulta cualquier posible reactivación de la economía y el empleo, pero su corrección conlleva graves amenazas. Jugando con fuego, el neoliberalismo criollo nos ha puesto en un difícil predicamento.
Luego volveré sobre esto.
(*)Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, (CICDE-UNED)
Tomado del blog http://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/
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Marlin Oscar Ávila
Parece que la «guerra fría» se ha reiniciado, si atendemos las palabras de este 14 de abril del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres. Los «milenios» que no hayan estudiado ni vivido el período de la primera Guerra Fría, deben hacerlo ahora. En síntesis, muy estrecha, se trató del conflicto, en todas las aristas de la humanidad, por el control del mundo completo por dos potencias mundiales: los EUA y la URSS, después de concluida la segunda guerra mundial en 1945. Esa guerra fría concluyó formalmente a fines de la década de los ochenta. Se tituló fría, por no ceñirse a los combates bélicos entre ejércitos, pero sí cualquier tipo de acción, fuera establecida o no por la ley o convenios internacionales o nacionales. Pero produjo muchas guerras bélicas con millones de víctimas, además de crímenes a científicos, políticos, sindicalistas, cooperativistas, líderes sociales artistas, escritores y hasta religiosos.
Paradójicamente, en este período se construyeron la mayoría de instituciones multilaterales y bilaterales que lograron, a las naciones y pueblos del mundo, convivir con normas, y marcos jurídicos en donde la comunidad se relacionara en cordialidad, con equidad y respeto mutuo. Esa Guerra Fría concluyó formalmente con la caída de uno de los dos contrincantes principales: la URSS.
Después del fracaso de la URSS entre mayo y noviembre de 1989, con la unificación de las Alemanias del Este y el Oeste, concluyó la Guerra Fría y se iniciaron otras guerras y distribución territorial en lo que hasta entonces fuera las Repúblicas Soviéticas, promovida por EUA y los países de Europa Central. Así, quedó únicamente la Federación Rusa, con varias repúblicas, que antes eran controladas por el Kremlin de Moscú, girando sobre el eje estadounidense, ahora miembros de la OTAN. El presidente de Rusia, Boris Yeltsin, quien gobernó entre 1991 y 1999, fue sumamente dócil a las políticas de Occidente. Sin embargo, el presidente que lo sustituye, Vladimir Putin, logró rescatar la economía, la política y la capacidad militar de su país, hasta colocarlo en posición relevante a nivel mundial.
Es así que el panorama mundial ha vuelto a cambiar significativamente. Rusia, China, India, Brasil y Sur África, se convirtieron en países con fuerte economía, por lo cual forman el BRICS en la primera década del presente siglo, con los objetivos de 1. Crear un mundo institucional multipolar, sin hegemonías, 2. Cooperación internacional y no confrontación con los países desarrollados. 3. Promover reformas en el orden económico internacional y, 4. Combatir el cambio climático.
En este mismo período China, pasó de un país pobre, a ser la segunda potencia económica mundial, estimándose que superará a los EUA en los próximos 15 años. Solamente con un punto de comparación vemos esto. La deuda pública de China es de apenas 21.3% del PIB, mientras que la de EUA es de 112% y el Japón es arriba del doble de la estadounidense. El empuje de China en el mercado mundial, ha llevado a la Casa Blanca a declararle la guerra comercial gravando las importaciones que llegan de China. Pekín fue reciproco en la primera etapa, pero no se sabe si esto continuará así.
Desde luego, el gobierno estadounidense busca por muchos medios de debilitar al BRICS, golpeando a sus miembros. Es el caso de Brasil, actualmente. La Unión Europea no ha sido motivo de preocupación para los Estados Unidos, pues siempre han seguido sus directrices, además, en los últimos cinco años ha habido un movimiento hacia la derecha en sus gobiernos.
En esta probable Guerra Fría II, expresada retóricamente en el Consejo de Seguridad de la ONU, y activamente en las constantes sanciones de los EUA, secundadas por la UE e Inglaterra. Bélicamente se expresa con su apoyo a ISIS en el Oriente y la guerra en Siria, pero también en algunos países como Corea del Norte, Yemen, Palestina, Líbano y en el norte de África. Así mismo se expresa lo bélico en las constantes maniobras militares que estos países desarrollan en todo el Medio y Lejano Oriente.
Dentro del Consejo de Seguridad de la ONU, es notable la actitud de prudencia demandada por China, secundada por países como Bolivia, Perú, Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil y Kuwait, quienes mantienen una actitud moderada. Así que esa Guerra se expresa más que todo por los otros tres miembros permanentes, a saber: EUA, Francia e Inglaterra. Suiza, secunda a este grupo beligerante y guerrerista.
Una de las características de la guerra fría es que «la verdad», descubierta mediante investigaciones científicas pierden valor. El caso de las armas químicas ilustra esto. Las potencias involucradas aseguran ser dueñas de «la verdad» sin necesidad de ninguna evidencia objetiva descubierta por métodos convencionales de las ciencias. Si la Comisión OPAQ, enviada por la ONU a Siria obtiene resultados contrastantes con la opinión del bloque EUA, UK y Francia, éste tratará de devaluarlos hasta ridiculizarlos. Así justificarán su acción invasora a un país soberano, con nuevas amenazas bélicas.
Pese a que el tema de mayor importancia se mantenga, como es el control del mercado de hidrocarburos en el mundo, el conflicto bélico y esta probable guerra fría, amenaza con destruir las instituciones y la gobernabilidad universal constituidas en décadas anteriores, particularmente las multilaterales. Para EUA estas instituciones ahora perjudican el logro de sus objetivos por mantener la hegemonía mundial. Por eso el actual irrespeto a su Carta constitutiva y a toda institución multilateral que busque la equidad, control de armas, derechos comerciales y los derechos humanos equitativos.
Motivo de otro artículo, será el analizar, como una Guerra Fría II afecta directamente a los países de las periferias.
Enviado por el autor.
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Este 17,18 y 19 de abril de 2018 de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. en el Auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras se estará llevando a cabo el II Seminario Internacional por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes: Salud, Sexualidades y Violencia.
El costo del seminario es de 20 mil colones.
Favor confirmar su asistencia al teléfono 2562 6462.
Enviado por Alberto Rojas.
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Conversación con el economista Luis Paulino Vargas, director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Este lunes 16 de marzo, 2:30 pm. Transmisión en vivo vía “streaming”. Puede seguirla en el siguiente enlace:
http://www.ondauned.com/vivo.php
También lo puede seguir por Facebook:
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*Imagen tomada del blog http://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com
Enviado por Claudio Monge.
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Nicolas Boeglin (*)
En estos días se anunció que Guyana presentó formalmente una demanda contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que, como primer punto de su demanda, pide a la CIJ dictaminar que:
“(a) The 1899 Award is valid and binding upon Guyana and Venezuela, and the boundary established by that Award and the 1905 Agreement is valid and binding upon Guyana and Venezuela» / (a) La sentence de 1899 est valide et s’impose au Guyana et au Venezuela, et la frontière établie par ladite sentence est valide et s’impose au Guyana et au Venezuela»
Véase al respecto el comunicado oficial de la CIJ con fecha del 4 de abril del 2018 en francés y en inglés.
La irresuelta controversia entre Venezuela y Guyana sobre la región de Esequibo es una de las más antiguas en el continente americano, objeto de una sentencia arbitral de 1899 entre Venezuela y Gran Bretaña, la cual fue considerada por Venezuela como parcializada, restándole todo valor jurídico a partir de 1962.
Tratándose de un laudo arbitral sin motivación alguna (véase texto del laudo de 1899), como era lo usual en el siglo XIX, el intentar conocer las razones por las que el tribunal arbitral compuesto por cinco integrantes llegó a estas conclusiones ha constituido un terreno fértil para la imaginación a lo largo de la historia. Para varios autores, Venezuela fue objeto de un verdadero «fraude procesal» que confirmarían declaraciones de los mismos árbitros años después de leerse la sentencia arbitral (véase artículo publicado en el 2008 titulado «La impugnación internacional del laudo arbitral por fraude procesal: especial referencia a la reclamación venezolana sobre el territorio de la Guyana Esequiba«). La existencia de una probable complicidad entre los dos árbitros británicos y el juez ruso de aquel tribunal (Frederic de Martens), cuyo voto fue decisivo para la adopción del laudo, constituye uno de los principales señalamientos a este laudo arbitral, que confirmarían investigaciones realizadas en los años 50: en 1949, la divulgación del denominado «Memorándum de Severo Mallet-Prevost» dió lugar a una investigación en los mismos archivos británicos, entre 1950 y 1955, que recogen documentos que apuntan en esta misma dirección.
Concientes ambas partes de la solidez de estas evidencias, y de la necesidad de resolver la controversia, el Acuerdo de Ginebra suscrito en 1966 (véase texto completo) entre Reino Unido y Venezuela abrió entre ambos Estados un largo período para intentar encontrar una solución negociada, sin que se lograse una solución definitiva. El Artículo I de este tratado estipula que:
A Mixed Commission shall be established with the task of seeking satisfactory solutions for the practical settlement of the controversy between Venezuela and the United Kingdom which has arisen as the result of the Venezuelan contention that the Arbitral Award of 1899 about the frontier between British Guiana and Venezuela is null and void.
Pese a una formulación que evita declarar nulo el laudo de 1899, se puede interpretar este tratado de 1966 como una aceptación tácita, por parte de las autoridades británicas, de la nulidad de la sentencia arbitral de 1899.
La celebración de los 50 años de la firma del acuerdo de 1966 en el 2016 fue precedida por el descubrimiento (en mayo del 2015) de yacimientos de hidrocarburos por parte de la empresa norteamericana Exxon Mobil, aumentando desde entonces la presión para aclarar quién posee la soberanía sobre la región de Esequibo (la cual se extiende por más de 159.000 Km2), así como sobre las aguas adyacentes. Dicha presión proviene en gran parte de Estados Unidos: como es sabido, el que fuera el jefe de la diplomacia norteamericana designado por el Presidente Donald Trump (Rex Tillerson) fue Director Ejecutivo de Exxon Mobile del 2006 al 2016. En junio del 2016, Guyana suscribió un importante contrato con la filial de Exxon Mobile, Esso (véase texto completo del contrato).
Como elemento adicional a la contienda política existente entre Estados Unidos y Venezuela, hay que añadir el hecho que Venezuela logró en marzo del 2017 que un tribunal arbitral de apelación anulara parcialmente los términos de una decisión inicial de un tribunal arbitral del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estados) del 2014 que condenaba a Venezuela a pagar más de 14 mil millones de US$ a Exxon Mobile y a sus asociados en Venezuela (véase texto del laudo). El texto completo de esta segunda decisión del CIADI, de marzo del 2017, pocamente divulgada, está disponible en este enlace: revisar un monto indemnizatorio por más de 14.000 millones de US$ para ordenar en su lugar el pago de 188 millones merecería, en nuestra modesta opinión, una mayor difusión en medios de prensa y en algunos círculos especializados en materia de arbitraje de inversión. En julio del 2017, se supo que una Corte de Apelaciones del Segundo Distrito en Estados Unidos adoptó una polémica decisión con relación a los 188 millones de US$ que debe pagar Venezuela (véase nota de Lexology).
A pocas semanas de estrenar su puesto, en febrero del 2017, el actual Secretario General de Naciones Unidas nombró a un nuevo representante para atender la controversia entre Guyana y Venezuela (véase nota de prensa). Cabe señalar que su antecesor al cargo, Ban Ki-moon, se había mostrado muy satisfecho por las conversaciones mantenidas con ambas partes en octubre del 2015 (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas).
Nótese que ni Guyana ni Venezuela han ratificado el Pacto de Bogotá de 1948, instrumento internacional emblemático que ha permitido en América Latina resolver ante el juez internacional una gran cantidad de controversias surgidas entre dos Estados del hemisferio americano (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). Los únicos Estados en haber denunciado este tratado son El Salvador (1973) y Colombia (2012). De igual manera, cabe resaltar que ni Guyana ni Venezuela han procedido a reconocer la jurisdicción obligatoria de la CIJ mediante la declaración facultativa prevista en el Artículo 36, párrafo 2 de su Estatuto (véase lista oficial de la CIJ).
Es de destacar, como detalle de interés, que en diciembre del 2017 la empresa Exxon Mobil anunció que apoyaría con 15 millones de US$ a Guyana para sufragar los costos que conlleva una demanda ante la CIJ contra Venezuela (véase nota titulada «ExxonMobil to Fund Guyana Lawsuit Against Venezuela. US oil giant ExxonMobil has agreed to cover the cost of Guyana’s US$15 million legal fees in its territorial dispute with Venezuela«). Unas recientes declaraciones públicas sugieren que las autoridades de Guyana calculan que esta suma deberá ser completada con otro aporte adicional (véase nota de prensa). Resulta de interés recordar que Chile reconoció oficialmente en el 2015 haber gastado más de 20 millones de US$ para enfrentar la única demanda planteada por Perú ante la CIJ en materia de delimitación marítima (véase nota de prensa). Al obtener el retiro de una demanda planteada por Ecuador en su contra ante la CIJ en el 2008, Colombia accedió a desembolsar una suma de 15 millones de US$ que cubre en parte los gastos de la defensa ecuatoriana en La Haya (véase punto 9 del acuerdo entre Colombia y Ecuador del 9/09/2013). Se puede considerar que el monto de 15 millones de US$ se adecúa a la estimación de gastos totales relacionados a la defensa de un Estado en La Haya: se trata de una zona gris-oscura sobre la que los Estados que litigan en La Haya se muestran usualmente evasivos.
El apoyo económico de Exxon Mobile a Guyana para cubrir los gastos del litigio en La Haya confirma que, además de extremadamente hacendosa, esta empresa petrolera es muy generosa con las autoridades de Guyana. No se tiene registro de algun Estado que haya acudido a la CIJ con los gastos para su defensa cubiertos por una empresa privada, y agradecemos desde ya a nuestros estimables lectores remitirnos información al respecto, en caso de conocer de algún precedente en esta materia.
En su demanda presentada al finalizar el mes de marzo del 2018 (véase texto completo), Guyana solicita a la CIJ dictaminar que:
«(a) The 1899 Award is valid and binding upon Guyana and Venezuela, and the boundary established by that Award and the 1905 Agreement is valid and binding upon Guyana and Venezuela;
(b) Guyana enjoys full sovereignty over the territory between the Essequibo River and the boundary established by the 1899 Award and the 1905 Agreement, and Venezuela enjoys full sovereignty over the territory west of that boundary; Guyana and Venezuela are under an obligation to fully respect each other’s sovereignty and territorial integrity in accordance with the boundary established by the 1899 Award and the 1905 Agreement.
(c) Venezuela shall immediately withdraw from and cease its occupation of the eastern half of the Island of Ankoko, and each and every other territory which is recognized as Guyana’s sovereign territory in accordance with the 1899 Award and 1905 Agreement;
(d) Venezuela shall refrain from threatening or using force against any person and/or company licensed by Guyana to engage in economic or commercial activity in Guyanese territory as determined by the 1899 Award and 1905 Agreement, or in any maritime areas appurtenant to such territory over which Guyana has sovereignty or exercises sovereign rights, and shall not interfere with any Guyanese or Guyanese-authorised activities in those areas;
(e) Venezuela is internationally responsible for violations of Guyana’s sovereignty and sovereign rights, and for all injuries suffered by Guyana as a consequence».
Como se puede observar, Guyana reclama que la sentencia de 1899 sea considerada como jurídicamente válida, derivando de ello el trazado de la frontera terrestre y su proyección en materia de delimitación marítima. Tal y como se puede apreciar en el mapa anteriormente reproducido, la delimitación marítima es de suma importancia para Guyana, al haber procedido a conceder amplias zonas marítimas para la exploración en materia de hidrocarburos a la empresa Exxon Mobil.
Como bien es sabido, la base de la justicia internacional lo constituye el consentimiento de ambas partes para someter la controversia al juez internacional. En este caso, la base de competencia de la CIJ que invoca Guyana es el artículo IV (2) del Acuerdo de Ginebra, el cual otorga al Secretario General la facultad de escoger el medio pacífico de controversia para resolver esta disputa. El actual Secretario General de Naciones Unidas, en una declaración reciente de enero del 2018 (véase texto de la declaración oficial) dió por concluidos sus buenos oficios entre Guyana y Venezuela, y procedió a designar formalmente a la CIJ como mecanismo de solución pacífica para este caso preciso. Se lee en el texto de la demanda presentada por Guyana que:
«On 30 January 2018, nearly 52 years after the signing of the Geneva Agreement, Secretary-General António Guterres determined that the Good Offices Process had failed to achieve a peaceful settlement of the controversy. He then took a formal and binding decision, under Article IV, paragraph 2 of the Agreement, to choose a differentmeans of settlement under Article 33 of the Charter. In identical letters to both Parties, he communicated the terms of his decision that, pursuant to the authority vested in him by the Geneva Agreement, the controversy shall be settled by recourse to the International Court of Justice. A public statement issued on his behalf, on the same date, declared that the Secretary General “has chosen the International Court of Justice as the means to be used for the solution of the controversy» (pp.4-5).
Para Venezuela, esta carta del Secretario General del 30 de enero del 2018 plantea una serie de interrogantes y en un comunicado de prensa emitido 24 horas después de dada a conocer, hizo ver que privilegia la negociación política con Guyana sobre cualquier otro mecanismo. Para las autoridades venezolanas,
«Cabe preguntarse las razones que privaron para recomendar la Corte Internacional de Justicia a dos Estados que no reconocen su jurisdicción, siendo que el propio Acuerdo de Ginebra contempla los medios políticos para la solución de la controversia territorial. En este sentido, Venezuela ratifica de manera determinante e inequívoca el proceso de negociación bajo estos medios» (véase texto completo del comunicado oficial de Venezuela).
A modo de conclusión
No cabe duda que Guyana, a sugerencia del Secretario General de Naciones Unidas, ha decidido en este año 2018 activar decididamente el mecanismo judicial para resolver su disputa territorial con Venezuela. En pocos meses, y posiblemente en razón de la presión ejercida por Exxon Mobil, el panorama ha cambiado para ambos Estados. El hecho que Venezuela se muestre renuente a la opción de la CIJ podría conducir:
– ya sea a una judicialización extrema de esta controversia, con la presentación de excepciones preliminares cuestionando la competencia de la CIJ por parte de Venezuela, o bien la no comparecencia de Venezuela en señal de repudio;
– ya sea, por el contrario, a abrir la posibilidad para otra opción, entre las múltiples posibilidades que ofrece un capitulo clásico del derecho internacional público como lo es el de la solución pacífica de controversias entre Estados.
Ambos Estados mantienen, aún a estas alturas, aún con una reciente demanda planteada ante la CIJ, la posibilidad de encontrar una salida negociada bilateral, siempre recomendada para este tipo de disputas; además, ambos forman parte de marcos institucionales regionales (OEA, CELAC) y subregionales (CARICOM) que podrían ayudarlos a crear condiciones propicias para lograrla.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
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Marlin Oscar Avila
10 de abril de 2018
La humanidad está en un momento delicado ante los conflictos creados por el tránsito de un mundo unipolar a uno multipolar. Así que un método utilizado inicialmente en Colombia, ahora se usa en las más altas esferas de la política mundial.
La hegemonía sustentada por EUA desde 1948, luego de concluida la segunda guerra mundial en 1945, a partir de la creación de las principales instituciones multinacionales, el predominio del sistema capitalista; de construir un ejército con multitud de bases en el mundo entero; del dominio del dólar como moneda de referencia mundial; ha conllevado a una dura resistencia para quebrarse en diversos poderes mundiales. En el primer trimestre del presente año, ha elevado sus constantes fricciones para convertirse en guerras políticas, mediáticas, financieras y escaladas militares.
Aunque este conflicto de poderes por las hegemonías mundiales en un cuadrilátero donde únicamente actúan pesos pesados, no deja de impactar a los pesos medianos y livianos. Además, la complejidad es grande y, en ocasiones confusa. Para comprender mejor habría que iniciar por lo más simple. Es decir, qué le proporciona poder económico, político y militar a una nación dentro de ese cuadrilátero.
Es interesante observar cómo la mentira es utilizada en estas dimensiones de la lucha por el control mundial. Ante el dominio de los principales medios de radio, televisivos e impresos en el mundo de las comunicaciones, como buenos maquiavélicos, los gobiernos de esas potencias lanzan campañas que aseveran hechos dramáticos que no son más que intrigas, pero que hacen creer que son verídicos. Como la tecnología de la comunicación, de última generación, convierte imágenes y monta videos como ensayos de una película fantasiosa creíble ante los ojos de cualquier espectador, las potencias están utilizándolas para desprestigio de sus contendores.
Las mentiras son utilizadas como grandes verdades. Ahora se han unido a esta inmoralidad política y jurídica los aparatos de justicia, así los vemos tanto en España como en Brasil, en Argentina como en Centro América; en la OEA, en la UE, ni qué decir del FMI y la banca internacional. Con sus mentiras y cooptación de los sistemas de justicia, han logrado convertir a sus víctimas en victimarios y, hasta en “delincuentes y corruptos” a sus principales oponentes. Pero lo espantoso y de alto riesgo, es como ahora se está mintiendo con todo descaro en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Al escuchar sus debates, es como una discusión entre sordos. Las justificaciones, exigencias y evidencias de un gobierno acusado públicamente, no es escuchado, admitiéndose como verdad absoluta lo dicho por la representante de los EUA, que no pasa de ser muy emotiva y ofensiva a sus colegas del Consejo. La decepción completa es cuando uno escucha a representantes de países como Holanda, Suiza, Francia e Inglaterra. No hacen más que secundar a la representante de EUA, sin más pruebas que su palabra.
Lo hechos que pudiera provocar un grave incidente hacia una guerra final es, en primer lugar, las grandes mentiras de las últimas semanas como ha sido el caso del envenamiento en Inglaterra del doble agente ruso Inglaterra, el señor Serguéi y su hija Yulia Skripal, del cual la primera ministra Theresa May acusa a Rusia de ser la causante, sin colocar evidencias sobre la mesa. En segundo lugar, ante el desprestigio mundial por tal falsedad, que condujo a un grave escándalo diplomático, la inteligencia de los históricos aliados, UB y EUA, produjo otro escándalo que cubra las espaldas de la PM May, como ha sido la resiente acusación del uso de armas químicas contra civiles en Siria, igualmente sin ninguna evidencia y su resistencia a una investigación de fondo.
El caso es delicado, puesto que los gobernantes de ambos países, Estados Unidos y Unión Británica, requieren de mejorar su popularidad local, ambos han bajado significativamente y buscan afanosamente lo que salva a gobernantes en muchos casos: provocar la euforia del patriotismo para cubrir con ese manto su mal gobierno. Theresa May ha actuado mal con el Brexit y Donald Trump, está amenazado con un posible juicio político, producido ante resientes evidencias de irregularidades en su administración. Si las grandes mentiras no logran convertirse en falsos-positivos, sus funciones pueden tener pronto final, pero si logran sus propósitos, la humanidad entera podría ingresar en el túnel del final de nuestra existencia.
No dejan de tener razón algunos dueños de las grandes corporaciones quienes están preparando sus maletas para introducirse en los búnqueres que tienen contra una guerra nuclear.
Enviado por el autor.
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