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Ante la Segunda Ronda Electoral

Vladimir De la Cruz

El escenario de la final electoral del primer domingo de abril está formalmente establecido, dos partidos políticos, Restauración Nacional y Acción Ciudadana y dos candidatos, Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado. Esto no va a cambiar. Entre ellos hay que decidir. Aquí no juega ya el 40% de los votos válidos para escoger. Gana el 1 de abril quien tenga más votos, que en cualquier caso siempre será la mitad más uno de los votantes. Este método hace funcional el sistema electoral existente, porque siempre producirá un ganador, un Presidente. De aquí la mayor responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos no solo de ejercer el derecho de voto sino el deber de hacerlo, con conciencia de la grave situación que en este sentido, y en esta ocasión, enfrenta el país.

Funciona, para este proceso electoral, igualmente que para la primera ronda que acaba de terminar, la regla de que si quedasen empatados, gana el de mayor edad, en este caso Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz, 43 años, de Restauración Nacional y no Carlos Andrés Alvarado Quesada, 38 años, de Acción Ciudadana.

La experiencia de las segundas vueltas que hemos tenido en el país, en el 2002 y en el 2014 indican que hay menos votantes en la segunda vuelta que en la primera, lo que en este caso puede perjudicar más a Acción Ciudadana que a Restauración Nacional.

Así, en las elecciones del 2002 hubo, en febrero, una participación del 68% de los electores del padrón nacional, y un 32% de abstencionistas, y en la segunda vuelta, abril del 2002, hubo 60% de votantes, con un 40% de abstencionistas.

En las elecciones del 2014, donde volvió a darse la segunda vuelta, tuvimos en las elecciones de febrero un número de votantes del 69% del padrón nacional, con un abstencionismo del 31% y en la segunda vuelta el abstencionismo alcanzó el 43%.

En las elecciones actuales del 2018 participó un 65% del padrón nacional, con un 35% de abstencionismo, con lo cual si se mantiene el mismo patrón, el abstencionismo de la segunda ronda, abril del 2018, podría alcanzar a cifras superiores al 45%, además de que se inscribe esta segunda ronda en la Semana Santa, siendo el día de votación el último de la Semana Mayor, el Domingo de Resurrección, con el “sanguche” que provoca el Jueves y Viernes Santo, feriados por ley, anteriores a ese domingo, y la desmovilización general que la misma Semana Santa genera por el desplazamiento de miles de personas a disfrutar de esos días, como días no laborables, o días de vacaciones, según se tomen y se disfruten, siendo que quienes así los pueden disfrutar son las clases medias, medias bajas, medias medias y medias altas, y altas, sectores sociales radicados en la Gran Area Metropolitana, que en el interior del país, lo que probablemente pueda incidir directamente en mayor abstencionismo el primer domingo de abril

Pero, ¿quién se beneficia de este nivel de participación, tanto de votantes como de abstencionistas? Lo más seguro que el nivel de abstencionismo perjudique más, por lo anteriormente dicho, al partido Acción Ciudadana que a Restauración Nacional.

Los votantes de Acción Ciudadana, ha quedado demostrado con el resultado del 4 de febrero, están en el interior del país, no en las zonas y provincias periféricas, no en las zonas marginales y pobres del país, no en los cantones alejados, excluidos y abandonados de las políticas públicas, y hasta de las políticas sociales públicas, donde la acción de las iglesias cristianas no católicas resuelven, en la práctica, y en la inmediatez de las necesidades, las solicitudes y ayudas que los ciudadanos requieren, con más prontitud y eficacia.

3276 iglesias o templos cristianos no católicos, distribuidos por todo el país, especialmente, en estas regiones y poblaciones marginales y de población pobre, sin olvidar la base social que les significa el 22% de pobreza general y el 6% de pobreza extrema existente, que tiene el país, donde estos grupos religiosos actúan. Pero, también actúan en los sectores medios y altos, y hasta en el sector empresarial, que tienen organizado, y éste, en vínculo estrecho con el sector empresarial internacional, también identificado cristianamente.

En la estructura organizativa de los templos los hay mega templos, que logran reunir desde 5.000 hasta 10.000 feligreses por actividad religiosa, y los restantes. Hay distritos donde en una distancia de menos de 3 kilómetros hay 18 templos no católicos, disputando y organizando las almas.

Pero no solo los templos. Cerca de 10 canales de televisión nacional y regional, más de 20 radioemisoras, con sus repetidoras, dos periódicos y varios medios digitales, de carácter cristiano no católico hacen la diferencia con cualquier partido político, y hasta con la misma Iglesia Católica. Ni el gobierno tiene este grado de influencia con el Sistema Nacional de Radio y Televisión, que de paso no le da ningún uso oficial importante. Ni siquiera el Tribunal Supremo de Elecciones lo aprovechó para, en este Sistema, haber establecido una franja horaria política de opinión para todos los partidos que acaban de participar en las elecciones de febrero.

Ningún partido político tiene un periódico importante propio. Algunos partidos políticos, especialmente de izquierda, tienen mensuarios de escasísima circulación. Ni hojas sueltas hacen circular. Información de páginas electrónicas mal diseñadas, sin claros objetivos políticos, insulsas, inodoras e incoloras doctrinariamente, es lo que algunos partidos políticos tienen. Ni los sindicatos tienen una buena prensa política gremial. El Eco Católico, de la Iglesia Católica, para leerlo hay que irlo a buscar a las iglesias, o a algunas casas curales, y aún así resulta difícil su obtención. No tiene buena difusión, y comparado con esos otros medios poco tiene de presencia real y efectiva por sus contenidos, muy espirituales o doctrinales.

En las mediciones tradicionales de encuestas se ha señalado un voto llamado “duro” que corresponde de manera específica al de los votantes que se identifican con un determinado partido. Así, por ejemplo, el Partido Liberación Nacional es el que mejor posicionado tiene este electorado. En estas elecciones, en general, las encuestas ubicaban ese voto “duro” en un 23%, mientras la simpatía por su candidato no llegaba al 20%, lo que se expresó en el voto a diputados que recibió este partido, igual que en la campaña electoral del 2014, y le produjo la fracción parlamentaria más grande, en la campaña del 2014, y en la próxima Asamblea Legislativa, 17 diputados, aun cuando pierde uno con relación a la actual. Los partidos que han perdido militancia han perdido sus votos “duros”.

Las iglesias no católicas que han ido creciendo, especialmente desde 1980, un 28% de la población nacional se identifica con ellas, han ido fortaleciendo sus militantes, sus adherentes, sus afiliados, sus “votos duros”. Los asistentes a estas iglesias son disciplinados, obedientes, seguidores fieles de lo que los pastores y guías espirituales digan. Son más sólidos en estos aspectos que la grey católica, y más sólidos aún que los militantes de los partidos políticos, que se “enredan” con la “libertad” de discutir, con la “democracia” intra partido, con la posibilidad de “disentir” de las líneas partidarias, con la existencia de microgrupos bastantes autónomos, con movimientos sociales bastante autónomos que participan a su interior, o como sucedió en la actual campaña electoral, que el grupo ganador de la convención de Liberación Nacional, con Antonio Alvarez, excluyó de la participación real y efectiva al grupo perdedor, jefeado por José María Figueres, que representó en esa Convención un 38% de los votantes.

Basta señalar que la sola posibilidad de que Antonio Alvarez, Liberación Nacional, haya insinuado la posibilidad de un acuerdo con Restauración Nacional, sus seguidores y votantes se dividieron y su propio partido también, en torno a esta posibilidad.

Lo que decía antes el líder político hoy ya no es tan de acatamiento obligatorio por sus seguidores, como sí es de acatamiento y obediencia lo que señale el Pastor o el guía espiritual de estos cristianos no católicos. Esta es una diferencia sustantiva en este proceso electoral de la segunda ronda.

En materia religiosa no hay estas libertades ni poses democráticas, ni ultra democratistas, como sucede en algunos partidos políticos. Los problemas de la fe no se discuten, se acatan. Y se acata la directriz de ir a votar por Fabricio Alvarado como ya se está instruyendo, en estas iglesias y templos no católicos, incluso advirtiendo de que estos feligreses no deben desplazarse en la Semana Santa de sus sitios de residencia y oración. Fabricio Alvarado es presentado casi como un designio divino, como el “Rey” esperado que “gobernará”.

Los temas que ocuparon la prioridad en la campaña electoral inteligentemente manejados y expuestos, con acción de masas, lograron levantar a Fabricio Alvarado sobre cualquiera de los otro candidatos que no pudieron posesionarse ni abanderarse en ellos, especialmente los de familia, matrimonio no igualitario, el del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para el caso de los partidos Restauración Nacional y Acción Ciudadana, que terminaron finalistas, las encuestas no les daban un voto “duro” significativo. Apenas iban levantándose los candidatos sobre sus partidos. Igual sucedía con la Unidad Social Cristiana, su candidato superaba en mucho al partido, en apoyo, según lo que indicaban las encuestas, y en la realidad también así sucedió, mientras en Liberación Nacional el partido era el que sostenía al candidato.

Así, también, si en Liberación Nacional el partido elige los diputados, manteniendo casi los existentes, en la Unidad Social Cristiana el candidato eligió los diputados, aumentado su número para la próxima Asamblea Legislativa.

No fue así para los partidos Restauración Nacional y Acción Ciudadana. Restauración Nacional como partido era débil en el conjunto electoral. De los partidos finalistas era quizá el más débil, con un solo diputado, de la actual Asamblea Legislativa, que era a la vez su candidato presidencial, mientras Liberación Nacional era el partido más poderoso, con 18 diputados, y la Unidad Social Cristiana con 8 diputados actuales, colocado éste en el cuarto lugar parlamentario, detrás de Acción Ciudadana que tiene 13 diputados y el Frente Amplio que tiene 9 diputados actuales.

En el caso de Restauración Nacional, que fue la sorpresa victoriosa, remontó su candidato y eligió 14 diputados. Acción Ciudadana, Partido que ejerce el Gobierno de la República, superó a la Unidad Social Cristiana y a Liberación Nacional, perdiendo 3 diputados. El Frente Amplio, que casi desapareció al elegir un solo diputado, sufrió una debacle electoral causada por su propio trabajo político y parlamentario, por su mal desempeño y proyección en este sentido, por su mala conducción partidaria, y por su miopía política que les impide hacer una correcta valoración de lo sucedido y sobretodo una correcta autocrítica. La miopía de su

Comité Político le ha conducido a justificar su catástrofe a factores externos.

El caso del Partido Integración Nacional es aparte. Efervescente artificialmente al principio se deshizo, aunque logró elegir diputados, pero al día siguiente de la elección ya estaba enfrascado en una división y pleito público que traerá cola. Otra crisis se dio con el partido Renovación Costarricense, cuya candidata a la presidencia al día siguiente de las elecciones anunció su retiro partidario.

La Unidad Social Cristiana por cuarta vez consecutiva, 2006, 2010, 2014 y 2018, no finaliza como partido gobernante, y Liberación Nacional por segunda vez consecutiva, 2014 y 2018, tampoco termina como partido gobernante. Ya había tenido Liberación Nacional una situación similar en 1998 y 2002, cuando en ese período gobernó el país la Unidad Social Cristiana de manera consecutiva. Comete un error garrafal Liberación Nacional si en el balance electoral se contenta con haber elegido más diputados que los otros partidos políticos, y no analiza más fríamente las causas de su derrota.

Para la Unidad Social Cristiana no ha sido una derrota este final. Desde el 2006, cuando se expresó la crisis de la situación que sufrieron sus expresidentes, ha ido levantándose poco a poco, y con las candidatura destacada de Rodolfo Piza en el 2014 y ahora en el 2018 se ha recuperado, y ha remontado con éxito proyectado hacia el 2022.

Pero, para ambos partidos, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, por primera vez, no disputan la final, quedando excluidos de esa posibilidad. En la segunda ronda del 2002, la final fue entre Liberación Nacional, Rolando Araya, y la Unidad Social Cristiana, Abel Pacheco. En la segunda ronda del 2014 la final fue entre Liberación Nacional, Johnny Araya, y Acción Ciudadana, Luis Guillermo Solís. En esta ocasión, 2018, la final será entre Acción Ciudadana, Carlos Alvarado y Restauración Nacional, Fabricio Alvarado. Esto es lo más novedoso políticamente. Los elementos partidarios clásicos del bipartidismo tradicional, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, quedaron fuera. Nuevos partidos, Acción Ciudadana y Restauración Nacional, surgidos en el siglo XXI, disputan hoy el Gobierno de la República.

El comportamiento de los electores en las segundas rondas del 2002 y del 2014 fue por la libre. Esto significa que ante el escenario de la segunda ronda, con los dos partidos y candidatos finalistas, los electores de los otros partidos políticos que quedaron fuera, por la libre decidieron a quien darle su voto, de la misma manera que en ambos procesos electorales de segunda ronda, se retiraron de votar un grupo de ciudadanos aumentando el número y el porcentaje de abstencionistas.

En ambas segundas rondas pesó el sentimiento anti candidatos de Liberación Nacional, que era bien marcado, así como el sentimiento anti partido Liberación Nacional que también estaba muy definido. Así, de manera natural, el electorado se inclinó por Abel Pacheco, de la Unidad Social Cristiana, en el 2002, y por Luis Guillermo Solís, en el 2014. En esta segunda ronda del 2018 no hay un sentimiento anti Liberación Nacional que se pueda expresar en la final, pero si hay un sentimiento trasladado anti gobierno y por ello anti partido Acción Ciudadana, y anti Carlos Alvarado, que puede pesar.

Los partidos excluidos de participar en la segunda ronda, en estos procesos, del 2002 y 2014, ninguno de ellos, llamó a votar a sus electores por una u otra opción que se presentaba como finalista. De hecho se dejó en “libertad” de conciencia la emisión del voto. Pero esto respondió también a que en el país no tenemos cultura política, ni cultura ciudadana de esta naturaleza, de que los votantes de un partido sean llamados, por sus partidos o por sus candidatos derrotados, o por sus dirigentes partidarios, a votar por tal o cual partido o candidato en la segunda vuelta.

No hay tampoco cultura política de pactos o coaliciones electorales en estas segundas vueltas, como se estila en los sistemas parlamentaristas y europeos. Responde esto a que los partidos políticos hoy son frágiles organizaciones partidarias y débiles organizaciones electorales, carentes de una base militante sólida, que pueda responder a estas “líneas” de partido.

La demanda que hoy se trata de imponer sobre los finalistas de estas elecciones, hacia abril, de posibilidades de coalición, de pactos intra partidarios, de acuerdos políticos, de que exhiban sus inmediatos colaboradores de gabinete o ministros posibles, son igualmente débiles y frágiles, en posibilidad de materializarse realmente. Igualmente los mismos partidos políticos finalistas y sus candidatos sienten que es como meterse en una camisa de fuerza.

La poca cultura política y ciudadana en este sentido, con estos finalistas, Restauración Nacional y Acción Ciudadana, un pacto de esta naturaleza, castigaría a esos partidos, que podrían darles apoyo, en sus bases electorales. Por otro lado, por parte de estos grandes partidos opera la idea de que sin pactos ni coaliciones se resuelva el resultado electoral, de modo que el partido que entre a gobernar asuma la totalidad de la responsabilidad, quedando estos partidos atrincherados en sus parcelas legislativas afinando y apuntando las armas del control político, y de la crítica pública, que se iniciará prácticamente de inmediato a la toma del Poder, y la instalación del nuevo Gobierno, el mismo 8 de mayo.

De los partidos políticos, que recién han participado, solo el Frente Amplio ha dado su apoyo a Acción Ciudadana y ha llamado a sus electores a sumarle sus votos en esta segunda ronda. De hecho, desde su ascenso al gobierno en el 2014 habían establecido una débil alianza estratégica con este partido Acción Ciudadana, que fue también su carlanca, expresada así en el apoyo constante a las políticas impulsadas por el gobierno, en el trabajo legislativo, en el esfuerzo que hicieron para las elecciones municipales, sin éxito alguno. Personalidades destacadas de Liberación Nacional también le están sumando apoyo.

El escenario de los partidos Restauración Nacional y Acción Ciudadana, como finalistas, pone al electorado en la disyuntiva de apoyar un proyecto de características religiosas atrevido, osado, desafiante, por su naturaleza no católica, con una población mayoritariamente católica, o de apoyar un partido de gobierno, que no está bien visto en esta etapa final por el electorado. Es una definición que adquiere las características de conservadurismo versus progresismo, de fanatismo religioso versus liberalismo político, de fanatismo religioso rayando en un Estado fundamentalista evangélico contra el liberalismo clásico anticlerical del siglo XIX, de posiciones anti todo lo que vaya contra los “preceptos” bíblicos y la misma Biblia, contra los libertinos, es la sensación de que puede llegar una talibanismo evangélico recalcitrante al Ejecutivo Nacional. Solo falta que se proclame un Santo Oficio por parte del Partido y de los partidarios extremos y fanatizados del Partido Restauración Nacional.

Es la disyuntiva también de mantener un Estado de características liberales, de ejercicio cada vez más amplio de libertades y derechos humanos, de respeto a conductas y derechos de ciudadanos que son minorías, o de impedirlas, restringirlas y hasta de reprimirlas brutalmente, con castigos bíblicos, como se han manifestado partidarios de Fabricio Alvarado, pidiendo “pena de muerte” contra opositores y gays.

Es la discusión de disminuir el peso del Estado en la conducción de la educación pública, que así viene siendo desde 1882, de otorgarle a los padres de familia un derecho de veto sobre lo que los niños y jóvenes deben recibir de contenidos educativos, y de exigir, exageradamente, como se han manifestado algunos padres de familia impidiendo el inicio del ciclo escolar, con amenaza no solo de no enviar sus niños a las escuelas, que serían los directamente perjudicados, sino de cerrarlas, de mantenerse ciertos programas educativos, y de que la Biblia deba ser el principal texto de estudio en las escuelas.

Estos temas están levemente apareciendo en el escenario de discusión de esta segunda ronda electoral. No así los grandes temas nacionales, que están establecidos en los lineamientos programáticos de gobiernos de ambos partidos.

Los encuentros que han empezado a hacer los candidatos Fabrico Alvarado y Carlos Alvarado con la Iglesia Católica y con los partidos políticos, especialmente con los que eligieron diputados, así como los que tienen programados con cámaras empresariales y otras organizaciones, son absolutamente válidos y correctos. No hay por qué demonizarlos. Esto es parte de la política nacional, es propio de la necesidad y de la cultura política. Cuando no hay segundas vueltas electorales, los partidos ganadores acostumbran inmediatamente a realizar este tipo de encuentros con el resto de los partidos políticos, los sectores activos de la sociedad, y hasta con los candidatos electos de otros partidos.

El encuentro de Fabricio Alvarado y de Carlos Alvarado con la Jerarquía de la Iglesia Católica fue determinante e importante. ¿Qué es lo qué más le interesaba a la Iglesia asegurar? No era solo la cuestión de la familia, del no al matrimonio homosexual, del no a a la interrupción del embarazo. En esto la Iglesia Católica tiene la misma agenda que Restauración Nacional y sus iglesias. Ya desfilaron juntos el 3 de diciembre. Lo que le interesaba a la Iglesia asegurar, con Fabricio Alvarado, en caso de que él gane, es que no se afecten las temporalidades de la Iglesia Católica en sus distintas arquidiócesis o diócesis, que no se afecten las celebraciones religiosas católicas que tienen carácter público, que no se afecten las celebraciones de los santos de las diferentes comunidades, los días de San José, de la Virgen María, de la Virgen de los Angeles, y otras vírgenes, las procesiones y romerías distintas que hay en el país, así como el conjunto de bienes o temporalidades que tiene la Iglesia, y los apoyos financieros o económicos que el Estado le da a la Iglesia, a sus sacerdotes y a los colegios y escuelas católicas. Al año el Gobierno le da a la Iglesia Católica alrededor de ¢500 millones de colones. Solo entre los años 2010-2012 el gobierno le dio ¢1.652 millones de colones.

Está en la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley 19.099, “Para la Libertad religiosa y de culto”, con el cual lejos de fortalecer el secularismo, o de orientarse hacia un Estado laico, se plantea un refortalecimiento hacia varias religiones por parte del Estado, dejando de ser la Iglesia Católica la única beneficiaria de este tipo de apoyos. Este proyecto lo impulsó, en este Gobierno, el primer Ministro de la Presidencia, el Obispo luterano Melvin Jiménez, proyecto apoyado entonces por el diputado y actual candidato presidencial Fabricio Alvarado. Además, le interesa a la Iglesia Católica asegurar que con el nuevo gobierno se van a mantener las exenciones tributarias que la Iglesia Católica tiene, y que no se vayan a restar fondos a las ayudas que la Iglesia recibe para proyectos de bienestar social, como el apoyo que también el Estado da a los Obispos.

Esto quedó garantizado con Fabricio Alvarado, en la reunión de Paso Ancho, con la jerarquía católica, fortaleciendo el manto religioso de objetivos estratégicos comunes, de ambas congregaciones, la católica y la no católica.

A su vez, las iglesias no católicas, en caso de ganar Fabricio Alvarado, se acogerían por iguales a los beneficios que recibe la Iglesia Católica por parte del Estado, donde el Estado y el Gobierno “evangélico” de Costa Rica definirían cuáles son las religiones que se aprobarían para recibir dichas ayudas. De hecho el proyecto de Ley propuesto por el Gobierno de Acción Ciudadana haría que el Estado dejara de ser uniconfesional para pasar a uno multiconfesional. En parte, tras bambalinas, esto se está jugando en esta segunda ronda electoral.

En esta relación de “prelados”, y estas agendas de temas comunes, entre el candidato de Restauración Nacional y los líderes de la Iglesia Católica, queda más débil Carlos Alvarado. De consolidarse esta situación casi está asegurado el triunfo de Fabricio Alvarado en esta segunda ronda.

Curiosamente, en el Partido Acción Ciudadana, se ha planteado como un elemento estratégico para esta segunda ronda fortalecer en sus elementos distintivos, de orden propagandístico, el color blanco sobre el amarillo y rojo de su bandera, que por lo demás no lo pueden cambiar como símbolo partidario ni electoral, porque así está inscrito.

Quien impulsa esto en el Partido Acción Ciudadana ha perdido de vista que este color blanco es el que han utilizado los grupos religiosos, católicos y no católicos, para realizar sus marchas pro vida, antiaborto, anti matrimonio igualitario, anti guías educativas, y ha perdido su orientación política de entender que eso es contribuir más a esas otras aguas religiosas que a las propias del Partido Acción Ciudadana, como alternativa electoral en la segunda ronda.

Si fuera un asunto de colores, deberían impulsar el color blanco y amarillo, usando el amarillo de la bandera del Partido Acción Ciudadana, con el blanco, con lo cual utilizarían los colores que tradicionalmente usa la Iglesia Católica, lo cual podría darle mayores beneficios políticos electorales, si de ello se tratara, a este Partido, en la segunda ronda, y pondría el énfasis en la diferencia religiosa, católicos y no católicos, que está marcando al país en este momento histórico, porque al final, así va a suceder. De ganar Fabricio Alvarado, el país se marcará más por orientaciones religiosas católicas y no católicas, los espacios de lucha y de crecimiento y decrecimientos de estas organizaciones religiosas se llevarán al seno del Estado, del Gobierno, de sus instituciones y de las políticas públicas.

Finalmente, aparecen los grupos paralelos a los partidos políticos, tanto de Restauración Nacional como de Acción Ciudadana. Los de Restauración, los de carácter cristiano, que ya han empezado a operar en barrios marginales y poblaciones pobres, con prácticas de asistencialismo social y económico, que no están al margen de lo que realizan muchas de sus iglesias, pero que en este momento cobran relevancia por su impacto electoral, y a nivel de Acción Ciudadana lo que se ha llamado la Coalición Por Costa Rica, procurando atraer en un solo haz el grueso del electorado alrededor de la propuesta de gobierno de Carlos Alvarado, para evitar la ruptura institucional democrática que se ha logrado constituir y construir del Estado costarricense, desde 1821, y asegurar que las libertades y derechos no se disminuyan, y puedan ampliarse y enriquecerse.

Este es el escenario electoral que está a la vista en este momento de inicio de la segunda ronda. La tramoya electoral ha empezado a funcionar. Procuremos que el movimiento de esta máquina electoral no provoque una trampa, un embuste, un enredo a los electores.

La tarea política inmediata y urgente que nos debe ocupar es que de esta segunda ronda electoral los costarricenses debemos salir mejor.

*Imagen con fines ilustrativos tomada de intereconomia.com

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Claro González Valdés, un caballero de la prensa y la academia

Rogelio Cedeño Castro (*)

 

El súbito deceso de mi ahora recordado amigo, el periodista y escritor Claro González Valdés, anunciado durante el día de ayer, sábado 10 de febrero de 2018, tiene la cualidad de ser una de esas noticias que tienden a sumirnos en la perplejidad, son algo así como el resultado de la vertiginosidad de la existencia humana, en esa imparable dialéctica de vida o muerte, donde ambos términos se contraponen en muchos momentos, mientras que otros se complementan o yuxtaponen según sea el caso. Todavía no logro reponerme del asombro que me causó una noticia como esa, como siempre inesperada para nosotros los mortales. Su partida me trajo recuerdos de mi temprana juventud, cuando tuve la satisfacción de conocerlo, lo mismo que a su hermano Francisco, quien se dedicó a la enseñanza de las matemáticas. Era muy joven entonces, hace poco más de medio siglo e intentaba introducirme en el periodismo radiofónico, cuando nos encontramos en el camino, el ya venía del Diario de Costa Rica, de su experiencia al lado de don Otilio Ulate, un gran formador de periodistas a la usanza de aquellos tiempos, después siguió en esa ruta siendo uno de los primeros periodistas que se graduaron de la Universidad de Costa Rica, su inquietud intelectual y su bonhomía lo llevaron por otros caminos. El siguió fiel a los caminos del periodismo y yo me fui por los de la sociología académica, aunque ninguno de los dos abandonó jamás los afanes de escribidor. No tengo porque ponerme triste, en vida nos demostramos afecto y solidaridad que es lo que en realidad vale, estoy en deuda con él, ahora sólo puedo decir contradiciendo en esto al poeta peruano César Vallejo, tuviste también tu vida para demostrarnos tu afán por ella, con ternura y constancia supiste demostrarnos la manera en que amaste a los tuyos. Adiós amigo, te recordaré siempre.

 

(*)Sociólogo y escritor

Enviado por el autor.

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Ambiente y Derechos Humanos: opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Nicolás Boeglin (*)

 

El pasado 7 de febrero del 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su respuesta a la solicitud de opinión consultiva que le hiciera Colombia el 14 de marzo del 2016. Se trata de la Opinión Consultiva OC-23, titulada «Obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad física – Interpretación y alcance de los artículos 4.1 y 5.1, en relación a los artículos 1.1. y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos«. Colombia solicitó en el 2016 al juez interamericano aclararle qué ocurría con los derechos de las poblaciones isleñas colombianas en el Caribe amenazadas por megaproyectos promovidos por otros Estados susceptibles de causar un impacto en el ambiente marino, como parte de una estrategia (un tanto original) para intentar contener a Nicaragua en aguas del Caribe. La originalidad radica en que, a la fecha, Colombia no ha presentado ningún recurso de revisión o de interpretación con posterioridad al fallo de noviembre del 2012 (que resuelve la delimitación marítima entre Nicaragua y Colombia en el Caribe). Al adoptar sus máximas autoridades un tono desafiante y amenazante y al no usar estas herramientas procesales previstas en el Reglamento de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Colombia fue objeto de dos nuevas demandas presentadas en el 2013 por Nicaragua: la estrategia colombiana consistió en presentar excepciones preliminares en ambas demandas, las cuales fueron rechazadas en un fallo dado a conocer el 17 de marzo del 2016 por la jurisdicción de La Haya (Nota 1). El Presidente de Colombia calificó de «injuriosa» esta decisión de la CIJ (véase nota de prensa titulada «Santos llama a unidad para defensa soberanía ante decisión «injuriosa» de CIJ«). Alguna infidencia debería poder explicarnos si la decisión de presentar una solicitud a la Corte Interamericana por parte de Colombia se tomó en relación al fallo de la CIJ declarándose competente, o si hay que ver en esta extraña cercanía de fechas una simple coincidencia.

Más allá del espectáculo raramente visto por parte de un Estado de América Latina con relación a un fallo de la CIJ que no le es favorable, el procedimiento consultivo del sistema interamericano de derechos humanos es abierto a recibir opiniones de otras entidades, denominadas «observaciones». Además de una gran cantidad de observaciones aportadas por entidades académicas y expertos, así como por diversas organizaciones de la sociedad civil, cuatro Estados brindaron las suyas: Argentina, Bolivia, Honduras y Panamá (véase texto disponible en este enlace). Es muy probable que la observación aportada por cada uno de estos Estados interese a las ONG argentinas, bolivianas, hondureñas y panameñas, de manera a contrastar la posición externada al juez interamericano con la realidad que viven las ONG y las comunidades.

El texto de la OC-23 fue oficializado este 7 de febrero del 2018, y está desde ya disponible en este enlace de la misma Corte: se recomienda la lectura del texto integral, que reafirma una serie de principios en materia ambiental y en materia de derechos humanos que van mucho más allá de lo señalado por Colombia en su comunicado oficial (Nota 2). Al tratarse de la primera oportunidad en la que la Corte es solicitada en materia ambiental en el marco de un procedimiento consultivo, la amplia interpretación dada por el juez interamericano permite precisar el alcance de algunas de las disposiciones del Pacto de San José de 1969 y de otros instrumentos interamericanos de una manera extremadamente novedosa, que merece ser saludada y divulgada.

El enfoque limitado de la consulta colombiana rebasado por el juez interamericano

A diferencia del marco restringido al que Colombia quiso reducir su consulta, la Corte lo amplia en los siguentes términos, al leerse en el párrafo 35 que:

«35. Esta Corte ha indicado que, en aras del interés general que revisten sus opiniones consultivas, no procede limitar el alcance de las mismas a unos Estados específicos. Las cuestiones planteadas en la solicitud trascienden el interés de los Estados parte del Convenio de Cartagena y son de importancia para todos los Estados del planeta. Por tanto, este Tribunal considera que no corresponde limitar su respuesta al ámbito de aplicación del Convenio de Cartagena. Además, tomando en cuenta la relevancia del medio ambiente en su totalidad para la protección de los derechos humanos, tampoco estima pertinente limitar su respuesta al medio ambiente marino«.

Estamos por lo tanto ante una opinión de la máxima instancia en materia de derechos humanos del hemisferio americano, que precisa las disposiciones del Pacto de San José en materia ambiental, y recuerda a los Estados la relación intrínseca de los derechos humanos con la defensa del ambiente: lo cual, es muy probable, interesará a muchas entidades de la sociedad civil, tanto en Colombia como fuera de ella. ¿Qué pasa con una población y sus derechos cuando se ve amenazada por un megaproyecto? ¿Qué obligaciones tiene el Estado hacia esa comunidad? ¿Qué derechos son particularmente susceptibles de verse violentados? ¿Qué poblaciones son más vulnerables que otras? A estas (y muchas otras preguntas) es que el juez intenta responder en su opinión consultiva, además de las respuestas a las preguntas formuladas por Colombia.

Un recordatorio de las obligaciones del Estado más que propicio

El extenso recordatorio de las obligaciones internacionales del Estado al que procede la Corte se da en un momento en que en Colombia (como en muchos otros Estados), comunidades indígenas y campesinas ven destruídos sus entornos (sitios con valor cultural y espiritual en el caso de las poblaciones indígenas), mientras megaproyectos (minería química a cielo abierto, hidroeléctricas, desarrollo inmobiliario, monocultivos, entre muchos otros) apoyados por el mismo Estado amenazan las fuentes de agua de muchas comunidades y sus modos de producción tradicional, y obliga a desplazar a estas poblaciones. Ello sin hablar de casos de líderes comunitarios y ecologistas asesinados, amenazados o intimidados, alrededor de los cuales campea una indignante impunidad debido a la inoperancia del Estado para investigarlos y sancionarlos debidamente. Un informe recientemente publicado en Honduras llega a contundentes conclusiones con relación a la responsabilidad de las autoridades hondureñas en el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres (Nota 3).

La tendencia a eliminar físicamente a líderes indígenas, campesinos, ecologistas es creciente, mientras que el manto de impunidad sobre este tipo de muertes se consolida. La ONG Global Witness registró 200 crímenes de este tipo a nivel mundial para el año 2016 de los cuales 120 en América Latina. Sólo en el año 2016, se contabilizaron 14 crímenes de líderes comunitarios en Honduras, 37 en Colombia y 49 en Brasil, según esta misma organización (véase informe con tabla incluída). A Honduras le sigue Nicaragua con 11 muertes registradas en el 2016, y Guatemala con 6 asesinatos.

Nótese que en noviembre del 2017, expertos de Naciones Unidas urgieron a los Estados de América Latina reunidos en el marco de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en Chile a adoptar sin más preludios un tratado vinculante sobre ambiente y derechos humanos (véase nuestra breve nota publicada en ElPais.cr titulada «Naciones Unidas urge a América Latina a adoptar tratado vinculante sobre derechos humanos relacionados al ambiente» en la que referimos a algunas propuestas de Colombia sumamente cuestionables). La próxima ronda de negociación de este instrumento regional tendrá lugar en el mes de marzo del 2018 en Costa Rica.

Ambiente y Derechos Humanos opinion consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Foto de marcha contra el proyecto minero Pacific Rim en El Salvador, extraída de artículo titulado «Libre comercio y minería: un caso salvadoreño que debemos observar».

La expansión a la que procede la Opinión Consultiva OC-23 en breve

Más allá de las obligaciones de un Estado hacia otro en caso de realizar un proyecto susceptible de generar un daño ambiental transfronterizo, sobre el que la Corte recuerda lo que establecen diversos tratados internacionales en la materia, es en el terreno de las obligaciones del Estado hacia su propia población en el que el juez interamericano realiza aportes de interés, obviados por Colombia en su comunicado oficial. Al respecto, sería oportuno saber si el juez constitucional colombiano reconoce valor vinculante a las opiniones consultivas de la Corte Interamericana cuando son solicitadas por Colombia, línea que el juez constitucional costarricense mantiene desde 1995 para opiniones solicitadas por Costa Rica: esta posición ha sido debatida recientemente con motivo de una opinión consultiva relacionada a las parejas del mismo sexo y a los cambios de identidad sexual que ha polarizado a la sociedad costarricense, irrumpiendo con una inusitada fuerza en el debate político de cara a los comicios electorales realizados el pasado 4 de febrero en Costa Rica (Nota 4).

Entre los puntos de interés para el movimiento de los derechos humanos y el sector ecologista en Colombia y fuera de ella, destaca lo que señala la Corte en el siguiente párrafo sobre la interrelación entre derechos humanos y protección del ambiente:

«47. Esta Corte ha reconocido la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos. Asimismo, el preámbulo del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “Protocolo de San Salvador”), resalta la estrecha relación entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales -que incluye el derecho a un medio ambiente sano – y la de los derechos civiles y políticos, e indica que las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros«.

Se lee también que: «59. El derecho humano a un medio ambiente sano se ha entendido como un derecho con connotaciones tanto individuales como colectivas. En su dimensión colectiva, el derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras. Ahora bien, el derecho al medio ambiente sano también tiene una dimensión individual, en la medida en que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. La degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad«.

Con relación a los distintos derechos humanos que se ven afectados por problemas ambientales, la Corte precisa en esta opinión consultiva que:

66. La Corte considera que, entre los derechos particularmente vulnerables a afectaciones ambientales, se encuentran los derechos a la vida, integridad persona, vida privada, salud, agua, alimentación, vivienda, participación en la vida cultural, derecho a la propiedad y el derecho a no ser desplazado forzadamente. Sin perjuicio de los mencionados, son también vulnerables otros derechos, de acuerdo al artículo 29 de la Convención, cuya violación también afecta los derechos a la vida, libertad y seguridad de las personas e infringe el deber de conducirse fraternalmente entre las personas humanas, como el derecho a la paz, puesto que los desplazamientos causados por el deterioro del medio ambiente con frecuencia desatan conflictos violentos entre la población desplazada y la instalada en el territorio al que se desplaza, algunos de los cuales por su masividad asumen carácter de máxima gravedad«.

«67. Además, la Corte toma en cuenta que la afectación a estos derechos puede darse con mayor intensidad en determinados grupos en situación de vulnerabilidad. Se ha reconocido que los daños ambientales “se dejarán sentir con más fuerza en los sectores de la población que ya se encuentran en situaciones vulnerables”, por lo cual, con base en “la normativa internacional de derechos humanos, los Estados están jurídicamente obligados a hacer frente a esas vulnerabilidades, de conformidad con el principio de igualdad y no discriminación”.

Ambiente y Derechos Humanos opinion consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos2
Foto de marcha en San José en contra del proyecto minero Las Crucitas extraída de artículo titulado «Canadian mining company reorganizes to seek damages from Costa Rica» publicado en ISDS.

Con relación a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), remitimos al lector a los párrafos 156 y subsiguientes en los que se precisa por parte del juez interamericano que:

«164. Dentro del proceso de aprobación de un estudio de impacto ambiental, el Estado debe examinar si la realización del proyecto es compatible con las obligaciones internacionales del Estado. En este sentido, el Estado deberá tomar en cuenta el impacto que puede tener el proyecto en sus obligaciones de derechos humanos. La Corte ha señalado en casos de comunidades indígenas que los estudios de impacto ambiental deben abarcar el impacto social que implique el proyecto. Al respecto, la Corte advierte que si los estudios de impacto ambiental no incluyen un análisis social, este análisis debe ser realizado por el Estado al momento de supervisar dicho estudio«.

168. La Corte considera que la participación del público interesado, en general, permite realizar un examen más completo del posible impacto que tendrá el proyecto o actividad, así como si afectará o no derechos humanos. En este sentido, es recomendable que los Estados permitan que las personas que pudieran verse afectadas o, en general, cualquier persona interesada tengan oportunidad de presentar sus opiniones o comentarios sobre el proyecto o actividad antes que se apruebe, durante su realización y después que se emita el estudio de impacto ambiental«.

Sobre el tema específico de las poblaciones indígenas, al que la Corte dedica varios párrafos a lo largo de su opinión consultiva, la Corte advierte que:

«169. En casos de proyectos que puedan afectar el territorio de comunidades indígenas, los estudios de impacto ambiental y social deben respetar las tradiciones y cultura de los pueblos indígenas379. En este sentido, es necesario tomar en cuenta la conexión intrínseca que los integrantes de los pueblos indígenas y tribales tienen con su territorio. Es preciso proteger esta conexión, entre el territorio y los recursos naturales que tradicionalmente han usado y que son necesarios para su supervivencia física y cultural y para el desarrollo y continuidad de su cosmovisión, a efecto de garantizar que puedan continuar viviendo su modo de vida tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas sean respetadas, garantizadas y protegidas por los Estados«.

Con relación al acceso a la información, leemos que para los integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

«214. En relación con actividades que podrían afectar el medio ambiente, esta Corte ha resaltado que constituyen asuntos de evidente interés público el acceso a la información sobre actividades y proyectos que podrían tener impacto ambiental. En este sentido, la Corte ha considerado de interés público información sobre actividades de exploración y explotación de los recursos naturales en el territorio de las comunidades indígenas y el desarrollo de un proyecto de industrialización forestal«.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala además, en tres párrafos que consideramos revisten enorme interés, que:

«219. Esta Corte ha señalado que, en el marco de esta obligación, la información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción.

220. Por otra parte, respecto a las características de esta obligación, las Directrices de Bali y distintos instrumentos internacionales establecen que el acceso a la información ambiental debe ser asequible, efectivo y oportuno«.

221. Adicionalmente, conforme lo ha reconocido esta Corte, el derecho de las personas a obtener información se ve complementado con una correlativa obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocerla y valorarla. En este sentido, la obligación del Estado de suministrar información de oficio, conocida como la “obligación de transparencia activa”, impone el deber a los Estados de suministrar información que resulte necesaria para que las personas puedan ejercer otros derechos, lo cual es particularmente relevante en materia del derecho a la vida, integridad personal y salud. Asimismo, este Tribunal ha indicado que la obligación de transparencia activa en estos supuestos, impone a los Estados la obligación de suministrar al público la máxima cantidad de información en forma oficiosa. Dicha información debe ser completa, comprensible, brindarse en un lenguaje accesible, encontrarse actualizada y brindarse de forma que sea efectiva para los distintos sectores de la población«.

Ambiente y Derechos Humanos opinion consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos3
Foto de afiche de un foro sobre los impactos ambientales de la piña realizado en Costa Rica, al que declinaron participar tanto el sector productivo como el sector estatal, extraída de artículo (Elpais.cr) titulado «A propósito de un reciente foro sobre la expansión piñera en Costa Rica».

Con respecto a la participación ciudadana en materia ambiental, lo señalado por la Corte Interamericana constituye una contundente llamada de atención a muchos Estados:

226. La participación pública representa uno de los pilares fundamentales de los derechos instrumentales o de procedimiento, dado que es por medio de la participación que las personas ejercen el control democrático de las gestiones estatales y así pueden cuestionar, indagar y considerar el cumplimiento de las funciones públicas. En ese sentido, la participación permite a las personas formar parte del proceso de toma de decisiones y que sus opiniones sean escuchadas. En particular, la participación pública facilita que las comunidades exijan responsabilidades de las autoridades públicas para la adopción de decisiones y, a la vez, mejora la eficiencia y credibilidad de los procesos gubernamentales. Como ya se ha mencionado en ocasiones anteriores, la participación pública requiere la aplicación de los principios de publicidad y transparencia y, sobre todo, debe ser respaldado por el acceso a la información que permite el control social mediante una participación efectiva y responsable.

227. El derecho a la participación de los ciudadanos en la dirección de los asuntos públicos se encuentra consagrado en el artículo 23.1.a) de la Convención Americana. En el contexto de las comunidades indígenas, este Tribunal ha determinado que el Estado debe garantizar los derechos de consulta y participación en todas las fases de planeación e implementación de un proyecto o medida que pueda afectar el territorio de una comunidad indígena o tribal, u otros derechos esenciales para su supervivencia como pueblo, de conformidad con sus costumbres y tradiciones. Ello significa que además de aceptar y brindar información, el Estado debe asegurarse que los miembros del pueblo tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad, para que puedan opinar sobre cualquier proyecto que pueda afectar su territorio dentro de un proceso de consulta con conocimiento y de forma voluntaria. Por lo tanto, el Estado debe generar canales de diálogo sostenidos, efectivos y confiables con los pueblos indígenas en los procedimientos de consulta y participación a través de sus instituciones representativas«.

Finalmente, entre otros puntos, en materia de acceso a la justicia, se lee que:

«237. En virtud de las consideraciones anteriores, la Corte establece que los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso a la justicia, en relación con las obligaciones estatales para la protección del medio ambiente que han sido enunciadas previamente en esta Opinión. En este sentido, los Estados deben garantizar que los individuos tengan acceso a recursos, sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal, para impugnar cualquier norma, decisión, acto u omisión de las autoridades públicas que contraviene o puede contravenir las obligaciones de derecho ambiental; para asegurar la plena realización de los demás derechos de procedimiento, es decir, el derecho al acceso a la información y la participación pública, y para remediar cualquier violación de sus derechos, como consecuencia del incumplimiento de obligaciones de derecho ambiental«.

A modo de conclusión

La presente nota se limita a extraer algunos párrafos de manera selectiva, y se recomienda la lectura integral de esta opinión consultiva OC-23 del juez interamericano. No se tiene claro si al solicitar esta opinión consultiva, Colombia midió el posible alcance de esta. Como señalado al inicio de esta nota, el juez interamericano no limitó su análisis al área geográfica a la que Colombia pretendía limitarle la consulta, ni a la problemática del daño ambiental transfronterizo, sino que fue mucho más abarcativo.

Estamos seguros que muchas comunidades indígenas y campesinas en Colombia (así como en otras partes del continente) u otras comunidades amenazadas por megaproyectos en Colombia (y fuera de ella), colectivos ecologistas y otras entidades de la sociedad civil, entre muchos otros, interpelarán de ahora en adelante a sus respectivos ordenamientos jurídicos con esta valiosa opinión brindada por el juez interamericano a todos los Estados del hemisferio americano.

 

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Notas:

Nota 1: Remitimos a nuestros estimables lectores a nuestro breve análisis titulado: «Nicaragua-Colombia: la CIJ se declara competente«, publicado en el sitio jurídico de DerechoalDía.

Nota 2: El comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia al ser notificado se lee como sigue (texto integral):

«Corte Interamericana de Derechos Humanos respalda posición de Colombia para la protección de derechos humanos y medio ambiente en el Gran Caribe. 7/02/2018.

Bogotá (feb. 7/18). Colombia recibió hoy, 7 de febrero de 2018, la respuesta a una solicitud de opinión consultiva a través de la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le dio herramientas a Colombia para que se activen mecanismos de protección frente a amenazas de daño transfronterizo en el Gran Caribe.

La Corte IDH avaló la tesis de Colombia sobre la obligación que tienen los Estados de garantizar la protección del medio ambiente marino y la protección contra daños transfronterizos.

Lo anterior significa que, por ejemplo, si un Estado pretende construir y operar grandes proyectos de infraestructura en el Gran Caribe, este debe tomar todas las medidas necesarias para evitar que otros Estados se vean afectados, cumpliendo con los principios de prevención y precaución.

Esto le permite a Colombia continuar avanzando en la protección efectiva del medio ambiente en el Gran Caribe y de los derechos e intereses de los colombianos, especialmente de los habitantes del Archipiélago y la comunidad raizal, así como la protección y preservación de la Reserva de Biósfera Seaflower.

Opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La solicitud de opinión consultiva, presentada por Colombia el 14 de marzo de 2016 ante la Corte IDH, hace parte de la estrategia integral de defensa jurídica adoptada por Colombia en septiembre de 2013, y está estrechamente relacionada con la defensa de los intereses de Colombia en el marco de los procesos interpuestos por Nicaragua y que actualmente cursan ante la Corte Internacional de Justicia.

A través de esta, se resaltó la importancia fundamental que tiene el medio ambiente marino para el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de la población costera insular de la región del Gran Caribe, y la necesidad imperante de tomar medidas para su protección haciendo uso de los mecanismos disponibles en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La Corte Interamericana es uno de los tres tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana, que tiene sede en San José de Costa Rica, ejerce una función contenciosa, una función consultiva, y la función de dictar medidas provisionales«.

Nota 3: Véase nuestro breve análisis titulado «El asesinato de Berta Cáceres en Honduras: las contundentes conclusiones del informe del GAIPE«, publicado en Pressenza.

Nota 4: Remitimos al lector a nuestro breve análisis titulado «La opinión consultiva de la CorteIDH sobre derechos de la comunidad LGTBI en Costa Rica: breve puesta en contexto» publicado en Elmundo.cr. Nótese que la opinión consultiva solicitada por Costa Rica OC-24 fue notificada el 9 de enero del 2018, llevando la fecha del 25 de noviembre del 2017. En cambio, la OC-23 solicitada por Colombia lleva la fecha del 15 de noviembre y fue notificada el 7 de febrero del 2018. Se ignora si es (o no) la primera vez que se altera el orden lógico de notificación de opiniones consultivas por parte de la Secretaría de la Corte de San José.

 

(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Enviado por el autor.

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Proponen reactivar comités patrióticos

A la redacción de SURCOS llegó una propuesta para reactivar los comités patrióticos. El documento, suscrito por Pablo Hernández Arias en calidad de secretario ejecutivo del Partido Obrero Socialista, señala lo siguiente:

En vista de la amenaza a los derechos democráticos y a las libertades que representa la posibilidad que el Fundamentalismo Religioso se haga del Gobierno en la Segunda Ronda electoral con la candidatura de Fabricio Alvarado, hacemos un llamado a la reactivación de los Comités Patrióticos que en la lucha contra el TLC surgieron para enfrentar al Fundamentalismo Neoliberal. Ya la Juventud está organizando una Coalición Juvenil por Costa Rica y toca a las personas que no somos jóvenes sumarnos desde nuestro lugar y reformular o refundar las estructuras que horizontalmente surgieron en la lucha contra el TLC para continuar la lucha ahora por impedir que este movimiento reaccionario enemigo de la libertad de conciencia, de la libertad de expresión , del carácter laico de la vida pública y enemigo de la educación científica y de los derechos humanos y sociales, gane esta segunda ronda. No se trata de apoyar al PAC ni a Carlos Alvarado. Se trata de la unidad del pueblo por una Costa Rica democrática y diversa y respetuosa de los derechos democráticos. Se trata de votar contra una variante neofascistoide con el NO PASARÁN. No llamar a votar por Carlos Alvarado sino votar por él para que no gane el oscurantismo, la barbarie y el fundamentalismo religioso.

El Partido Obrero Socialista POS se coloca al servicio de esta reorganización y cuenten con nuestra modesta pero sincera y consecuente disposición de luchar por esta causa.

 

Pablo Hernández Arias

Secretario Ejecutivo del POS

 

*Imagen con fines ilustrativos.

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Presentación del libro: Literatura y producción audiovisual en Costa Rica

Este próximo 19 de febrero a las 7 p.m. se estará llevando a cabo la presentación del libro Literatura y producción audiovisual en Costa Rica, en el Centro de Cine, Bario Amón.

Autores: Bernardo Bolaños Esquivel y Guillermo González Campos.

Invitacion Libro Cine Bernardo Bolanos

Enviado por Bernardo Bolaños Esquivel.

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Los datos y cálculos electorales… y la conciencia

Héctor Ferlini-Salazar

 

Desde cualquier punto de vista que se mire, el proceso electoral 2018 en Costa Rica ha significado un socollón político. El ascenso de una opción de gobierno con marca religiosa no estaba contemplada. En mi artículo “Cuatro claves para una elección”, publicada en SURCOS el 26 de enero, comenté que los temas de la corrupción y de los derechos humanos habían disparado las candidaturas de Juan Diego Castro y Fabricio Alvarado respectivamente; a la postre este último resultó ganador de la primera vuelta.

Los datos obtenidos, las declaraciones que provienen de representantes de las opciones electorales descartadas para la segunda ronda, y especialmente, el renacimiento de un compromiso ciudadano que se expresa en redes digitales con la creación de múltiples grupos con tono pluralista y en el activismo palpable que busca evitar un gobierno dirigido por una religión altamente conservadora, augura un gane amplio de Carlos Alvarado para otorgar cuatro años nuevos de gobierno al PAC.

Será, muy probablemente (si ese compromiso ciudadano se mantiene y aumenta conforme se acerque el 1 de abril), un triunfo contundente de Carlos Alvarado que enviará al país al menos dos mensajes: a) las opciones fundamentalistas no tienen hoy viabilidad política para llegar al Poder Ejecutivo en Costa Rica, b) las bancadas del PLN y del PUSC tendrán que tener mucho cuidado con las alianzas que hagan con Restauración Nacional en la Asamblea Legislativa si desean renacer como opciones electorales, pues habrá una ciudadanía que ya no estará atada a sus partidos. Tendrán que asumir con responsabilidad los grandes temas como el problema fiscal, el sistema de seguridad social (incluye educación, salud, recreación y otros), la protección de los derechos humanos, el agua, para citar los más apremiantes y que concentran la mirada ciudadana.

¿Pero qué ocurrirá si este compromiso ciudadano que hoy observamos en redes digitales se acaba el 1 de abril? Para responder quiero comentar tres experiencias vividas recientemente en mis constantes actividades en comunidades para trabajar el tema de la construcción de cultura de ciudadanía y democracia participativa. En la Zona Sur, durante un taller en setiembre, un participante dirigente sindical del sector de pequeña agricultura, aprovechó su comentario sobre el tema del encuentro para arremeter contra “la ideología de género y las guías de educación sexual”. En la Zona Norte, en octubre, en otra actividad, una compañera de larga lucha y compromiso con los derechos de las mujeres campesinas habló también contra las guías para promover la afectividad y la sexualidad integral. En Limón, en las semanas finales de 2017, otro participante de las actividades que promuevo en torno al tema de  construcción de cultura de ciudadanía y democracia participativa, dirigente comunal de larga trayectoria y participante de muchas organizaciones comunitarias, igualmente se pronunció en contra de los temas relacionados con la sexualidad. En esas fechas no se conocía el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca del matrimonio igualitario. Como vemos, todas son personas comprometidas con su gente y sus comunidades, ninguna tenía una argumentación consistente para sus discursos, pero los asumen plenamente y los defienden a viva voz porque los mensajes difundidos desde fuerzas políticas y medios de persuasión no son inocentes y están diseñados para ser incorporados. El compromiso social no siempre implica conciencia política.

¿Es suficiente entonces si se gana esta elección de Carlos Alvarado? ¿Se rendirán las fuerzas que impulsan esos temas y otras ideas como que el problema del déficit fiscal está en los programas sociales que gastan mucho y no en la evasión, la elusión y un sistema tributario injusto? ¿Qué vendrá después? Como lo propuse en el texto “La fuerza nace desde las comunidades” (2011), la construcción de una fuerza social transformadora que oriente al país por una ruta de justicia social, implica dos ingredientes claves: – Elevar la conciencia del pueblo, esto es, desarrollar un proceso educativo para lograr una clara comprensión de los problemas, sus causas profundas, y las soluciones. – Elevar la calidad organizacional, lo cual implica, más gente participando conscientemente en las organizaciones sociales y comunitarias con ánimo plural, y mejor articulación entre los grupos.

Esta tarea, que es la tarea de construir una sociedad nueva basada en la justicia y el respeto a los derechos de cada persona, no se hace desde las redes digitales que si son útiles como medios de difusión, pero la construcción de conciencia política implica un cara a cara, una comunicación directa para palpar la realidad de cada comunidad y de cada persona, desentrañar ideas, percepciones y vibraciones para comprender por qué una persona acepta y divulga determinadas ideas y estar en capacidad de construir una respuesta inteligente a partir de la credibilidad que provee la cercanía humana. Esas ideas, percepciones y vibraciones solo se comprenden en la vivencia concreta, no por la vía digital, y en esa vivencia concreta, se descubre los elementos que pueden generar rupturas culturales y construir, primero, conciencia social, y luego, conciencia política, es decir, reconocimiento del rol o papel que se tiene en la dinámica de poder y definir si se desea seguir con ese papel o se quiere transformar en unión con las personas cercanas. Por eso la fuerza nace desde las comunidades. No hay que ver esta frase con dramatismo y argumentar que “no tengo tiempo”, pues todas las personas tenemos una o varias comunidades: habitacional, laboral, familiar, deportiva, artística, estudiantil… donde podemos sembrar con inteligencia la semilla de la conciencia y cuidar que germine y se multiplique.

Hay que ganar esta elección porque se reconoce la calidad del candidato, porque se siente identificación con el programa, o porque se quiere evitar el triunfo del fundamentalismo religioso, pero luego la tarea sigue… desde las comunidades.

 

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CELAG: Iglesias evangélicas y el poder conservador en Latinoamérica

Este breve artículo desnuda los verdaderos intereses ocultos de Fabricio Alvarado y Restauración Nacional.

 

Por Javier Calderón Castillo

 

La participación pública de pastores y seguidores de iglesias evangélicas o neopentecostales en los procesos electorales viene creciendo y haciendo sinergia en la ofensiva conservadora vivida en la región. Se han vuelto una parte activa, con diversos niveles de protagonismo, de las facciones de derechas en sus respectivos países. Participan en elecciones –con candidaturas propias o pautadas– utilizando su poder simbólico y retórico para vincular las creencias de la fe a la elección de ofertas políticas, canalizando la desesperanza social de la población/feligreses (en su mayoría pobre) y su enojo con los partidos políticos (que no les articulan, ni les dan respuestas) de tal manera que combinan el poder de convicción de la predestinación religiosa de la salvación pos-existencial al discurso político de un porvenir moralizador y bíblico como redención terrenal.

Según informes periodísticos, existen más de 19 mil iglesias neopentecostales en el continente, que organizan a más de cien millones de creyentes, es decir, una quinta parte de sus habitantes[1]. Estas cifras indican un desplazamiento de la Iglesia Católica, con sus distintas congregaciones, como estructuras mediadoras del poder simbólico de la fe de los latinoamericanos[2]. La estructura de la iglesia católica parece haber perdido el monopolio de la fe y poco a poco va dejando de ser el bastión de legitimación -de evasión o consulta- de las creencias y ofertas políticas[3] para la mayor parte de la población.

Los neopentecostales, sin embargo, no son los primeros grupos religiosos en participar abiertamente en política. En la segunda mitad del siglo pasado –desde 1947– se organizaron partidos políticos afiliados a la doctrina europea de la democracia cristiana, con muy diversas posturas políticas nacionales, llegando a ganar la presidencia en algunos países (Chile, República Dominicana, Colombia, Venezuela, entre otros) y teniendo ministros, senadores y diputados en todo el continente[4]. Aunque se trata de un proyecto en decadencia que en la actualidad no moviliza la fuerza política lograda en el siglo XX, este precedente establece –con algunas diferencias– un antecedente del “fenómeno” evangélico o neopentecostal.

Los rasgos distintivos de la participación política de los neopentecostales, pastores y sus iglesias, se pueden sintetizar en cuatro:

  1. Posturas ultra-conservadoras en relación con la familia y restrictivas de las libertades sociales.
  2. Abiertos defensores del neoliberalismo y la sociedad de consumo.
  3. Gran capacidad económica ligada al aporte-convicción de sus feligreses.
  4. Despliegue mediático a partir de sus propias emisoras, canales de televisión y redes sociales.

Antes de analizar esos rasgos de participación, veamos el mapeo de los partidos políticos evangelistas, sus alianzas y el porcentaje de adhesión de feligreses:

Partidos políticos evangélicos-neopentecostales

 celag cuadro evangelicos

I

Los pastores neopentecostales se caracterizan por su capacidad de oratoria y el carisma sobre las multitudes. Se basan en las enseñanzas de las iglesias pentecostales norteamericanas fundadas a comienzos del siglo XX, de las cuales toman su doctrina religiosa centrada en la difusión y estudio del evangelio, en búsqueda del “avivamiento y encuentro con el espíritu santo como experiencia vital del pentecostal”[20]. Eso hace que los feligreses tengan una identidad y fuerte adhesión a su Iglesia de base, más que a una estructura lejana como el Vaticano. Critican a la Iglesia católica por tener como referente al Papa (al que llaman un falso profeta) y recurren a la polémica luterana sobre la popularización masiva de la lectura y el estudio de la Biblia[21]. Se puede decir que su desarrollo y expansión en Latinoamérica no es casual por la focalización en grupos indígenas y sectores excluidos, lo cual puede calificarse como una acción de inserción neocolonial.

En Brasil, donde reunen a cerca de 22 millones de militantes pentecostales, se han convertido en un partido político con influencia decisiva sobre los destinos de la nación[22]. Antes del golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff, Eduardo Cuhna lideró la bancada evangelista para impedir la concreción de normas a favor de derechos reproductivos de las mujeres y fue el líder del impeachment –juicio parlamentario- que terminó expulsando a la presidenta electa por voto popular[23].

Interpretan las escrituras biblícas como argumentos políticos en contra de procesos políticos progresistas. En Colombia jugaron un papel central en contra de ratificar el Acuerdo de Paz de La Habana en el plebiscito en 2016. Se han aliado con el senador y ex presidente Álvaro Uribe, quien tiene en sus listas al Congreso a pastores de la Iglesia del Avivamiento, Ríos de Vida, la Adventista y otras[24]. Los más de 10 millones de feligreses de 266 iglesias neopentecostales fueron convocados a votar por el NO, en contra del Acuerdo de Paz, porque supuestamente atentaba contra el concepto de familia. Una interpretación hecha a conveniencia y contraria al enfoque de género incluido en el acuerdo como transversal, que se refiere a la inclusión de las mujeres en la construcción de la paz, bastante alejado a cualquier otra consideración de orden moral o de estructuración de la organización familiar (cualquiera que sea)[25].

La agenda política de los grupos/partidos evangélicos en todo el continente parece ser similar al movimiento de “Tradición, Familia y Propiedad” surgido en los años 60 en el Cono Sur y vinculado a acciones a favor de las dictaduras[26]. Aunque este grupo fuera contrario al protestantismo, coinciden en su oposición conservadora a cualquier alteración del orden patriarcal de los roles de mujer y hombre, de cualquier aspecto sexual distinto a la reproducción y niegan cualquier idea liberal o progresista de la familia o las reformas para ampliar derechos y la democratización de la sociedad.

II

En general, la política a la que adhieren o promueven los pastores y las iglesias pentecostales es coincidente con el neoliberalismo, como lo expresan las iglesias evangelistas colombianas y centroamericanas, quienes fomentan la “ética protestante” ligada al libre comercio, al trabajador exitoso, ahorrador, constante y abnegado, donde “el éxito material aparece como una prueba de elección por Dios. Si un individuo gana mejor en su vida, estará tentado a asociar ese progreso a su Iglesia, y a involucrarse aún más”[27]. Otros pastores optan por posturas pragmáticas de derechas, como el actual alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, del Partido Republicano Brasileño y pastor de la Iglesia Universal del Reino de Dios, quien acompañó al PT siendo Lula presidente y él senador -aunque retornó a su causa en contra de Dilma Rousseff y en la actualidad está apoyando al gobierno de Temer y sosteniendo posiciones neoliberales en la gestión de la alcaldía carioca[28]-.

También existen algunos grupos evangelistas que apoyan a gobiernos progresistas como en Nicaragua y en menor medida en El Salvador, manejando un discurso pragmático de funcionalidad con el gobierno o, como ocurrió en el proceso de formación y desarrollo de la democracia cristiana, sectores de la iglesia interpretan la función social de la iglesia de formas distintas a la neoliberal[29]. En general, por sus adhesiones o apoyos a partidos ultra conservadores como se observa en la Tabla 1, se puede afirmar que los evangelistas están más cerca del neoliberalismo que de la justicia social.

III

Sólo en Brasil, las autoridades fiscales reportan que las iglesias evangelistas movilizaron, en 2015, 25 mil millones de reales (7 mil millones de dólares), una astronómica cifra que le ha permitido un crecimiento exponencial a las iglesias, que manejan franquisias y sus propios templos en cualquier pueblo, ciudad o país del mundo. Las iglesias evengelicas o neopentecostales están expandiéndose de Brasil a todo el mundo, en especial a los países de Latinoamérica y África[30].

En Colombia tienen reportados activos por 5 mil millones de dólares[31]. En los demás países no se conocen los montos que manejan los miles de pastores y sus iglesias, aunque se especula que es un “gran negocio de la fe”, una relación económica que no está regulada en algunos países, donde no pagan impuestos, ni los pastores están auditados por entidades del Estado que certifiquen ingresos y egresos, tipo de gastos y destinación de las ganancias[32]. También cada feligres ayuda como predicador de la iglesia al desarrollar las campañas políticas, sin mediaciones clientelares y autofinanciados.

De acuerdo a lo reportado en Brasil y Colombia, los ingresos económicos de las iglesias evangelistas en los demás países de Latinoamérica son altos, y al no ser auditados pueden destinarse a apoyar partidos políticos, o las propias candidaturas de los pastores. Una ventaja singular en la política latinoamericana, donde las campañas electorales son cada vez más profesionales y más costosas[33]. Podríamos estar ante un escándalo de la misma magnitud que el de Odebrecht.

IV

Las iglesias evangelistas también tienen una enorme red de emisoras de radio y canales de televisión. Algunos pastores justifican estas inversiones porque es la manera de llegar al creciente número de feligreses, “ya no pueden atender a tantos de forma presencial”[34], lo cual acrecienta el poder simbólico a desplegar por dichas organizaciones basadas en la fe. Al tiempo que son la forma de exposición mediática/política que genera una ventaja sobre los demás candidatos.

En Brasil, estas iglesias están apoyadas por la cadena Rede Records, de propiedad del Pastor Eder Mecedo, un potentado y multimillonario evangelista quien dice haber vendido más de 10 millones de copias de 34 libros, escritos sobre distintas temáticas, ayudado por sus feligreses que están repartidos en 147 países del mundo en la Iglesia Universal del Reino de Dios[35], la misma del actual alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Cravella. Un sistema copiado por todas las iglesias evangélicas del continente y con una capacidad de generar mensajes culturales muy fuertes, construyendo no sólo una ética pentecostal económica y moral, sino una estética ligada a la fe, la política y la predicación del evangelio.

Estos rasgos distintivos de las iglesias evangélicas son tan sólo la puerta de entrada para conocer un fenómeno que congrega multitudes en búsqueda de redención moral y la refrendación del mito de la predestinación, que está haciendo tránsito de forma creciente a la política, buscando integrar en el Estado los preceptos y verdades bíblicas que se pensaban superadas por la conquista del laicismo estatal. Son actores políticos emergentes, con una fuerza de cohesión sobre sus feligreses/votantes, que logran desequilibrar elecciones y son apetecidos por todas las formaciones políticas que coinciden con sus postulados religiosos y conservadores.

 

[1]https://www.elconfidencial.com/mundo/2016-11-10/brasil-evangelicos-america-latina-religion-rio-de-janeiro-alcalde_1287360/

[2]http://www.redmovimientos.mx/2016/wp-content/uploads/2016/10/Bourdieu-P.-2009.-La-eficacia-simbólica.-Religión-y-pol%C3%ADtica.-Editorial-Biblos.compressed.pdf

[3] http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-20372013000100001

[4] http://www.odca.cl/conocenos/historia/

[5] http://www.jornada.unam.mx/2014/07/30/politica/022a1pol y http://www.animalpolitico.com/2016/02/el-numero-de-catolicos-en-mexico-va-a-la-baja-aumentan-los-ateos-y-de-otras-religiones/

[6] http://www.prensalibre.com/hemeroteca/arde-no-le-quita-votos-al-frg y http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/catolicos-evangelicos-cifras-encuesta

[7] http://www.proceso.hn/proceso-electoral-2017/36-proceso-electoral/pastor-evangelico-es-candidato-de-la-democracia-cristiana-a-la-alcaldia-capitalina.html

[8] http://www.lapagina.com.sv/nacionales/47335/2011/02/18/Pastores-evangelicos–aliados-estrategicos-de-los-partidos-politicos-(IV-entrega) y https://www.laprensagrafica.com/lpgdatos/Hay-mas-evangelicos-que-catolicos-en-El-Salvador-20171031-0067.html

[9] https://www.laprensa.com.ni/2015/12/06/politica/1949145-pastores-aseguran-que-evangelicos-votaran-por-democracia-en-nicaragua y https://www.actualidadevangelica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=5014:la-poblacion-evangelica-en-nicaragua-ronda-el-35&catid=60:centroamerica

[10] http://radios.ucr.ac.cr/diputados-evangelicos-moneda-la-alza

[11] http://www.midiario.com/uhora/nacionales/evangelicos-en-panama-estan-detras-de-partido-politico-en-formacion y http://laestrella.com.pa/panama/nacional/cristianismo-religion-mayoria-pero-crece-numero-ateos/23952767/foto/255629#gallery

[12] http://www.portadacristiana.com/archivos/2905

[13] http://www.elcomercio.com/actualidad/catolicos-evangelicos-iglesias-papafrancisco-ecuador.html

[14] http://www.la-razon.com/index.php?_url=/sociedad/Mayor-porcentaje-catolicos-cristianos-conforman_0_2036796350.html

[15] https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/evangelicos-peru-raul-zegarra-noticia-470187

[16] https://eleicoes.uol.com.br/2014/noticias/2014/10/06/eleicoes-2014-bancada-evangelica-reelege-deputados.htm

[17]http://protestantedigital.com/internacional/27908/Pastor_de_megaiglesia_en_Paraguay_justifica_su_respaldo_al_Gobierno

[18] http://www.chilecristiano.com/index.php/noticias/447-evangelicos-fundan-movimiento-politico y https://laicismo.org/wp-content/uploads/2017/01/Chile-datos-creencias-Censo-2012.jpg

[19] http://www.elpais.com.uy/que-pasa/evangelicos-banca.html

[20] http://www.redalyc.org/html/137/13709607/

[21] http://www.ieca.com.ec/libros/fundamentos-de-teologia-pentecostal.pdf

[22] http://virginiabolten.com.ar/editorial/crisis-representatividad-poder-manos-evangelistas/

[23] https://www.elobservador.com.uy/quien-es-el-evangelista-que-hizo-tambalear-rousseff-n701868

[24]http://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/iglesias-cristianas-se-organizan-para-las-elecciones-de-2018-107072

[25]http://www.semana.com/nacion/articulo/cristianos-evangelicos-inclinaron-la-balanza-con-su-no-en-el-plebiscito/498230

[26] http://www.scielo.org.ar/pdf/syr/v22n38/v22n38a04.pdf

[27] http://nuso.org/articulo/el-poder-evangelico-en-brasil/

[28] http://www.t13.cl/noticia/mundo/evangelico-gana-rio-y-temer-se-fortalece-caida-izquierda-brasil

[29] https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:39819-comunidad-evangelica-hay-una-gran-voluntad-de-parte-del-gobierno-y-los-resultados-lo-reflejan-las-encuestas

[30] https://elcomercio.pe/economia/mundo/brasil-dinero-captan-iglesias-evangelicas-ano-385572

[31] http://cnnespanol.cnn.com/2016/10/20/deben-pagar-impuestos-las-iglesias-asi-esta-el-panorama-en-america-latina/

[32] http://cnnespanol.cnn.com/2016/10/20/deben-pagar-impuestos-las-iglesias-asi-esta-el-panorama-en-america-latina/

[33] http://www.lanacion.com.ar/1781894-cuanto-cuestan-las-campanas-electorales

[34] http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41144099

[35] http://www.elmundo.es/papel/historias/2016/03/04/56d8227dca474107628b4626.html

 

Compartido por Jorge Arturo Chaves Ortiz del Centro Dominico de Investigación.

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Médica pediatra comparte análisis del Programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral Educación Diversificada

De Tatiana Barrantes

 

Como madre y Pediatra leí las 70 páginas del “Programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral Educación Diversificada” del MEP, y me di a la tarea de hacer un resumen/análisis de los puntos relevantes en el documento, el cual les presento a continuación. Es importante aclarar, que la guía es un documento para el docente, de manera que NO es lo que le llegará al estudiante sino un manual de los temas y las actividades a desarrollar en clase. De hecho, las primeras 30 páginas hablan de antecedentes y aspectos meramente pedagógicos.

Sí contienen:

– El amor como parte fundamental de las relaciones afectivas (sexuales y no). El respeto por las creencias personales y de los otros. Énfasis en que las RsSx implican responsabilidad personal y mutua y que tienen el fin de generar placer y bienestar para ambas partes. Derecho a decir que no y que sea respetado (pág 32).

– Equidad entre hombres y mujeres en materia de derechos generales (pág 39) Igualdad de derechos para personas con discapacidad o LGTBI (pág 41).

– Identificación de relaciones abusivas o violentas (no solo sentimentales). Reconocimiento del daño emocional que genera el abuso sexual en todas sus formas (pág 44).

– Identificación de los procedimientos de denuncia y protección ante abuso sexual en todas sus formas, dentro y fuera del colegio.

– Conocimiento en derechos: sexuales y reproductivos, educación sexual, acceso a información científica, anticoncepción, igualdad, autonomía, a una vida libre de violencia, libertad de opinión, etc (pág 47).

– Identificación de las responsabilidades del Estado en sus diferentes Poderes, Ministerios e Instituciones en cumplimiento de derechos sexuales y reproductivos (pág 48).

– Historia y mecanismos para el cumplimiento y ejercicio pleno de derechos ciudadanos sexuales y reproductivos, y derechos humanos en general. Respeto y defensa de los derechos ajenos (pág 52).

– Productos finales que puedan ser compartidos con el resto de la comunidad estudiantil del colegio, en materia de prevención de violencia y respeto de derechos.

– Bibliografía nacional, con documentos elaborados por diferentes Instituciones y Ministerios. Bibliografía extranjera de organismos internacionales (OPS, UNESCO) e investigadores sobre el tema.

– Nombre y calidades de los profesionales involucrados en la elaboración del documento.

– En el glosario se incluyen entre otras cosas las definiciones de: autoerotismo y masturbación (pág 59), diversidad sexual (pág 63), erotismo (pág 64), expresiones de género (pág 64), género (64), heteronormatividad (65), identidad de género (65), orientación sexual (65), prácticas o comportamientos sexuales (66).

Constaté que NO incluye:

– No hay planes, actividades o productos que involucren estudiantes de primaria. El contenido y los proyectos son exclusivamente para alumnos de 10mo año.

– Ninguna mención a que derecho sexual y reproductivo sea sinónimo de homosexualidad, enfoque exclusivo en métodos anticonceptivos o libertinaje sexual.

– Ningún tema incluye actividades específicas relacionadas con tipos y uso de métodos anticonceptivos, ni en la teoría ni en la práctica. Responsabiliza a la CCSS en esta materia, como ente prestador de servicios de salud. Aquí un comentario: en realidad esto sí está así contemplado en el Programa de Atención Integral al Adolescente de la CCSS. (documento también público).

– Ningún tipo de material gráfico o audiovisual de contenido sexual explícito, ni hetero ni homosexual. En realidad no incluye materiales de ningún tipo para el uso del estudiante. Algunas actividades requieren el uso de materiales elaborados por el docente o los alumnos, pero no son de contenido sexual gráfico.

– Ningún tipo de actividad que fomente o requiera de masturbación o autoerotismo, ni tampoco de tocamientos a otros.

– Ninguna referencia al aborto. De hecho la palabra “aborto” no aparece ni una sola vez en el documento (verificado con la herramienta de búsqueda).

– Ninguna actividad es específica para desarrollar en clase el tema de diversidad de género. Tampoco para el desarrollo del tema de «prácticas y comportamientos sexuales».

– Ninguna referencia sobre matrimonio (hetero ni homosexual). Tampoco se menciona la palabra “matrimonio” en todo el documento.

– No incluye datos nacionales sobre la edad de inicio de las RsSx, embarazo adolescente, ETS y VIH en población adolescente. Este punto, para mí, es una carencia sensible, porque ubica al lector y al usuario en la realidad nacional y los riesgos que la población está enfrentando.

– En mi búsqueda en internet no encontré noticias o documentos, fidedignos o no, que relacionen al Dr. Douglas Kirby con algún caso de pedofilia. De toda la bibliografía (35 documentos) únicamente dos son de autoría de este doctor, quien, por lo que pude encontrar, fue un investigador internacional reconocido en temas de salud sexual y reproductiva. Esto lo hice porque en un comentario en Facebook alguien cuestionó el uso de documentos del Dr. Kirby como material de referencia.

De todo lo anterior ya saqué mis propias conclusiones y mi decisión. Bienvenido quien quiera aportar las suyas

 

*Imagen tomada de http://www.mep.go.cr

Compartido por Ignacio Navarrete.

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UCR, voz experta: Un tribunal, dos estados, tres controversias

Por Nicolas Boeglin

  • Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminará sus fallos este 2 de febrero del 2018 resolviendo todas las controversias sometidas a su conocimiento existentes entre Costa Rica y Nicaragua
UCR voz experta Un tribunal dos estados tres controversias
Corte Internacional de Justicia. Fotografía: Semanario Universidad.

Este viernes 2 de febrero, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dará a conocer su fallo sobre la última demanda presentada por Costa Rica contra Nicaragua, relacionada con una carpa militar de Nicaragua ubicada en la playa adyacente a la Laguna de Isla Portillos (véase comunicado en francés y en inglés ). Se trata de un asunto denominado oficialmente por la CIJ «Land Boundary in the Northern Part of Isla Portillos (Costa Rica v. Nicaragua)».

Adicionalmente, este mismo 2 de febrero se dictará sentencia en el caso de:

  • la fijación del monto compensatorio a Costa Rica por el daño ambiental causado en el 2010 por Nicaragua en Isla Portillos, solicitado por Costa Rica en el 2016 (véase comunicado en francés y en inglés). El caso de la ocupación de Isla Portillos fue oficialmente denominado por la CIJ «Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua)»;
  • la delimitación marítima en ambos océanos, en respuesta a una demanda interpuesta por Costa Rica contra Nicaragua en febrero del 2014 (véase comunicado en francés y en inglés). Este caso se denomina oficialmente por parte de la CIJ: «Maritime Delimitation in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean (Costa Rica v. Nicaragua)».

En el caso de la primera controversia, se trata de una demanda presentada por Costa Rica el 16 de enero del 2017, solicitando al juez internacional ordenarle a Nicaragua el retiro de una carpa plástica de militares que apareció en la playa ubicada frente a la Laguna de Portillos (véase texto de la demanda interpuesta en La Haya como tal, en pp.12-13 con fotos satelitales).

En relación con esta demanda por la carpa militar de Nicaragua, en una ordenanza del 2 de febrero del 2017, la CIJ fijó los plazos de presentación de escritos extremadamente breves de un mes para Costa Rica y de un mes y medio para Nicaragua (véase texto de la ordenanza). El juez internacional accedió además, a solicitud de Costa Rica, a unir esta inusual demanda con aquella en materia de delimitación marítima, interpuesta en febrero del 2014 por Costa Rica.

I. Algunas consideraciones previas

Antes de entrar a analizar en las líneas que siguen los alcances de estas demandas, procederemos a recapitular la secuencia de demandas entre ambos Estados en los últimos años con algunas breves explicaciones. Ello con el fin de familiarizar un poco a nuestro estimable lector con el clima que se vive dentro del aparato estatal de ambos Estados, en el que pareciera que conceptos como «consulta»,»diálogo», «mediación», «negociación», «racionalidad» o «sensatez», se desvanecen cuando se trata del Estado vecino:

La demanda de Costa Rica contra Nicaragua del 2010

En noviembre del 2010, Costa Rica demandó a Nicaragua (véase texto de la demanda) por la ocupación ilegal de su territorio en el sector conocido como «Isla Portillos» y por los daños causados por el dragado del Río San Juan emprendido por Nicaragua. Cabe precisar al lector poco familiarizado con la geografía de la zona fronteriza de Costa Rica que «Isla Portillos» corresponde al extremo Norte de una masa terrestre denominada «Isla Calero», de unos 159 Km2. El sector conocido como «Isla Portillos» representa en superficie alrededor de 1,7 Km2. Es de notar que pese al uso de la palabra «isla» en ambos casos, ninguna de estas dos regiones califica como tal, al situarse dentro del territorio correspondiente a la costa costarricense en el Caribe.

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Mapa de la zona conocida como «Isla Calero», correspondiente al delta del río San Juan entre Costa Rica y Nicaragua. En el círculo rojo dibujado por el autor se muestra la zona conocida como «Isla Portillos». (Figura facilitada por el Dr. Allan Astorga Gattgens, Profesor de la Escuela Centroamericana de Geología, UCR).

Como lo puede apreciar visualmente nuestro lector, declarar que «Nicaragua ocupa Isla Portillos ilegalmente» no es igual a declarar que «Nicaragua ocupa Isla Calero ilegalmente», dada la diferencia de superficie entre ambos. El uso de las palabras «invasión» o «agresión» en vez de «ocupación ilegal» o «incursión» (de carácter estrictamente semántico para algunos, y como tal de relevancia relativa), tampoco es anodino. En agosto del 2013, un funcionario-consultor de la cancillería de Costa Rica reconoció, en una de las primeras preguntas realizadas por la periodista Natalia Rodríguez Mata, conductora del programa Sobre la Mesa de Canal 15 UCR, la diferencia existente entre estos diversos términos: admitió públicamente que, desde el punto de vista jurídico, “agresión “e “invasión “no aplicaban a la situación acaecida en Isla Portillos (Nota 1).

Este y otros sutiles juegos del lenguaje llevaron en el 2016 a académicos de la Universidad de Costa Rica (UCR) a analizar cómo el discurso de las autoridades de Costa Rica en el período 2010-2014 tendió a sobredimensionar la controversia con Nicaragua (véase nota oficial del portal de la UCR titulada «Analizan política exterior con Nicaragua desde la perspectiva legal y social. Especialistas cuestionan sobredimensión de conflicto limítrofe»).

Como bien se recordará, la ubicación del encargado del dragado del Río San Juan en Nicaragua, Edén Pastora, se debió a un error de la empresa Google Earth, puesto que los mapas cartográficos oficiales de Costa Rica y de Nicaragua coincidían (al menos hasta el 2011) en ubicar «Isla Portillos» bajo la jurisdicción de Costa Rica. En esta nota de La Nación del 4.11.2010 se puede leer “Vea la foto satelital de Google y ahí se ve la frontera. En los últimos 3.000 metros las dos márgenes son de Nicaragua”.

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Toma satelital.

Recurrir a mapas equivocados de Google, teniendo a disposición mapas cartográficos oficiales coincidentes, constituye un hecho inusitado, y el «Comandante 0» (nombre de guerra de Edén Pastora en los años 80) es, sin lugar a dudas, partidario de lo inusual.

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Mapa del último sector de la frontera terrestre entre Costa Rica y Nicaragua de Google Earth, usado por Edén Pastora para ubicarse en Isla Portillos en octubre del 2010. A la izquierda, mapa usado que contiene un error; a la derecha, el mapa rectificado por Google Earth a inicios de noviembre del 2010 (ver nota de La Nación titulada «Google reconoce error en mapa que traza límites en sector de isla Calero»). La imagen es extraída del artículo de prensa titulado «Google se desmarca del conflicto fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica».

Pese a los esfuerzos de los asesores legales internacionales, contratados por Nicaragua ante la CIJ entre el 2010 y el 2015, la ocurrencia de Edén Pastora no surtió efectos. En su fallo del 16 de diciembre del 2015, la CIJ ordenó a Nicaragua retirarse del sector conocido como «Isla Portillos», al ser declarado por los jueces territorio costarricense (véase texto de la sentencia, párrafos 92-93).

La demanda de Nicaragua contra Costa Rica del 2011

En diciembre del 2011, Nicaragua demandó a Costa Rica por la construcción de la denominada «trocha fronteriza» por parte de Costa Rica, iniciada a mediados del mismo año (véase texto de la demanda). Se trata de una ruta de unos 154 kilometros que bordea la frontera fluvial y parte de la frontera terrestre, sin que se entienda muy bien hasta la fecha qué relación puede guardar con el lugar en el que incursionó de forma ilegal Nicaragua en «Isla Portillos». Además, el punto de inicio de esta ruta en Puesto Delta dista de unos 25 kilómetros del sector de «Isla Portillos». Construir una ruta paralela a la frontera de más 150 kilómetros entre Los Chiles y Puesto Delta so pretexto que permite a Costa Rica «defenderse» y vigilar lo que ocurre en Isla Portillos se mantiene como una idea profundamente original. Bautizarla oficialmente como «Ruta 1856 Juan Rafael Mora Fernández» para enfatizar la importancia que le otorga Costa Rica en la defensa de su soberanía no resuelve mayormente el problema de su originalidad.

Tal y como lo indicamos en un medio de prensa en Costa Rica en diciembre del 2015 (véase artículo publicado en La Extra), la transitabilidad de un trazado de 154 kilómetros en una zona tropical presenta desafíos que no se dieron en el caso de otras fronteras en el mundo, acordonadas con una ruta paralela a la línea divisoria (entre otras, las fronteras de Israel y un segmento de la frontera entre Estados Unidos y México):

«esta ruta se ubica en el trópico húmedo, lo cual requiere un ejercicio mayor en cuanto a su construcción y mantenimiento, sin que quede muy claro cuál es la “contención” a la que se quiere proceder por parte de Costa Rica. Algunos de sus promotores han afirmado que permite “defender” a Costa Rica, sin que se tenga tampoco claridad de cómo una ruta paralela a un río (que además se desborda en ciertas épocas del año) permita cumplir con este objetivo. Finalmente, de optar por mantener esta idea, esta ruta debería garantizarle continuidad a sus usuarios, con puentes sobre el Río Sarapiquí, el Río San Carlos, el Río Frío, que conllevan un esfuerzo ingenieril debido a las características muy propias de estos ríos en cuanto a caudal (similares al Río Parrita en la vertiente Pacífico) sin contar innumerables quebradas, humedales y muchos otros cuerpos de agua que desembocan en el San Juan«.

Lo más notorio es que, a la fecha en que se redactan estas líneas (enero del 2018), la «trocha fronteriza» persiste como una verdadera criatura sin padre:

– en el mes de agosto del 2012, un artículo en el Semanario Universidad se tituló “Se mantiene interrogante de quién ordenó construir trocha fronteriza”;

– en enero del 2013, en un artículo de opinión, el entonces Ministro de Seguridad, José María Tijerino Picado, rechazó haber sugerido la construcción de la “trocha” (véase texto);

– en abril del 2013, un artículo publicado en el Semanario Universidad se tituló: “Todos alabaron la trocha, pero nadie asumió la paternidad”.

A finales del 2015, tuvimos la oportunidad de preguntar ante cámaras a un ex alto funcionario de la administración 2010-2014 quién fue, dentro del gabinete, el que sugirió la «trocha». En su respuesta, Carlos Roverssi Rojas (en un primer momento designado como Vice Canciller en el período mayo 2010-junio 2013 y a partir de junio del 2013, Ministro de Comunicación) indicó simple y llanamente que: «los responsables de la trocha somos todos y Costa Rica en general» (sic.) (Nota 2).

En mayo del 2016, un interesante artículo de CRHoy se tituló con una pregunta cuya vigencia, pese a la sencillez de la respuesta dada por Carlos Roverssi, persiste a la fecha: «Caso de la trocha: ¿y los responsables?».

Pese a los esfuerzos de los asesores legales internacionales contratados por Costa Rica ante la CIJ entre el 2011 y el 2015, la ocurrente idea de alguien en alguna oficina gubernamental en Costa Rica no convenció mayormente a los jueces en La Haya. El fallo de la CIJ de diciembre del 2015 contiene un párrafo en el que la CIJ desdice a Costa Rica sobre la pretendida «situación de emergencia» para justificar la construcción, en condiciones tan peculiares, de la denominada «trocha».

En efecto, en el párrafo 158 de su sentencia (véase texto) del 16 de diciembre del 2015, se lee que para la CIJ:

“… la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le Costa Rica n’a pas démontré l’existence d’une urgence justifiant de construire la route sans entreprendre d’évaluation de l’impact sur l’environnement. En effet, l’exécution des travaux était prévue dès le départ pour durer plusieurs années, ce qui s’est confirmé par la suite. De plus, lorsque le Costa Rica a entrepris la construction de la route, la situation dont le territoire litigieux était le théâtre avait déjà été portée devant la Cour, laquelle a, peu de temps après, indiqué des mesures conservatoires».

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Mapa de la denominada «trocha fronteriza» y de las rutas de acceso al río San Juan habilitadas por Costa Rica en respuesta a la ocupación ilegal de Isla Portillos por parte de Nicaragua, calificada como una «agresión» e «invasión» por parte de las autoridades de Costa Rica en el 2010. Documento oficial presentado en Casa Presidencial en Costa Rica.

En caso de alguna duda de nuestros estimables lectores, reproducimos la versión en inglés del mismo extracto del párrafo 158 de la sentencia de la CIJ:

«the Court considers that, in the circumstances of this case, Costa Rica has not shown the existence of an emergency that justified constructing the road without undertaking an environmental impact assessment. In fact, completion of the project was going to take, and is indeed taking, several years. In addition, when Costa Rica embarked upon the construction of the road, the situation in the disputed territory was before the Court, which shortly thereafter issued provisional measures».

La condena a Costa Rica por no haber realizado los estudios sobre el impacto ambiental al construir la ruta paralela fue unánime y ninguno de los jueces se mostró receptivo a algunos de los alegatos de Costa Rica relacionados con la supuesta «emergencia» (véase párrafo 229 del Por tanto de la decisión, inciso 6).

La demanda de Costa Rica contra Nicaragua del 2014

En febrero del 2014, Costa Rica demandó a Nicaragua por el tema de la delimitación marítima, pidiendo al juez internacional determinar la frontera marítima en ambos océanos (véase texto de la demanda, la cual viene sin mapas que pudiesen ilustrar las pretensiones exactas de Costa Rica). Esta demanda se presentó de forma sorpresiva, al no haber mayor tensión con Nicaragua registrada en febrero del 2014 en este ámbito preciso. Además, es de notar que fue presentada pocas semanas después de celebrarse la primera vuelta electoral en Costa Rica.

En mayo del 2016, ante las coordenadas muy distantes dadas por cada uno de los dos Estados en relación con el inicio de la frontera terrestre en Punta Castilla, en el Caribe, el cual fue fijado en 1897, la CIJ ordenó un peritaje, y dos expertos nombrados por la CIJ realizaron varias visitas in situ en aras de ofrecerle mayor claridad a la CIJ a la hora de ubicar este punto. Ambos rindieron su informe en abril del 2017 (véase texto en francés y en inglés en el que, en la página 45, figuran los puntos propuestos por cada Estado). En junio del 2017, ambos expertos contestaron a algunas dudas que tenía Costa Rica sobre sus conclusiones (véase texto de su respuesta a Costa Rica).

La demanda de Costa Rica contra Nicaragua del 2017

En enero del 2017 Costa Rica demandó a Nicaragua por el campamento militar localizado en la playa frente a la Laguna de Portillos, que detallaremos a continuación.

II. Una carpa militar sola frente al mar

Un lector acostumbrado a revisar el tipo de asuntos que terminan en La Haya podría mostrarse un tanto perplejo ante una demanda presentada por un Estado contra otro en razón de la colocación de una carpa militar ubicada en una playa. Observando el carácter rudimentario de la carpa plástica colocada, la perplejidad puede ser mayor y esperamos que las líneas anteriores lo ayuden a mantenerla a niveles aceptables. Para que el lector pueda conocer el breve cruce de notas entre ambos Estados acaecido a finales del 2016, lo remitimos a nuestra nota publicada en Pressenza, titulada «Campamento militar en la playa: Costa Rica presenta nueva demanda contra Nicaragua ante la CIJ«, que incluye algunas tomas aéreas y fotos satelitales.

Es de notar que el banco de arena que se forma naturalmente frente a la Laguna de Portillos (y que la protege del mar) en la que se ubicó la carpa militar colocada por Nicaragua es considerado en todos los mapas oficiales de Costa Rica (al menos hasta diciembre del 2015) como perteneciente a … Nicaragua. En efecto, en su último segmento, la línea fronteriza sigue el contorno del borde de la Laguna de Portillos, tal y como se observa en los mapas del mismo Instituto Geográfico Nacional (IGN) de Costa Rica, iniciando en Punta Castilla.

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Mapa cartográfico publicado por el Instituto Geográfico Nacional o IGN (Costa Rica) en el que se detalla cómo la frontera bordea la Laguna de Portillos (Mapa “Punta Castilla” 3448-II, 1:50.000).

Al haber ordenado la CIJ a Nicaragua retirarse del sector conocido como Isla Portillos en su decisión de diciembre del 2015, aquella resolución no ahondó sobre la pertenencia de este playón (que protege la Laguna de Portillos de la erosión marina) a uno u otro Estado. En una de sus ordenanzas, la CIJ pareciera haber incluido la playa en la expresión «territorio en disputa», al menos esto es lo que interpreta Costa Rica en su demanda del 2017. El alegar que el fallo de diciembre del 2015 modificó la situación anterior y le adjudicó esta playa a Costa Rica es la tarea a la que se abocaron los asesores internacionales contratados por Costa Rica ante el juez internacional. Este 2 de febrero, se podrá apreciar cuán convincentes fueron y cuán sólidos fueron sus argumentos.

III. La última controversia de dos fallos aún pendientes de resolución entre ambos Estados

Este mismo 2 de febrero del 2018, la CIJ determinará también, en un fallo distinto para cada asunto, dos cuestiones pendientes de resolución entre ambos Estados:

– A.) La compensación por daño ambiental. El juez internacional deberá fijar el monto exacto de la compensación por el daño ambiental ocasionado por Nicaragua en el sector de Isla Portillos a partir de octubre del 2010 y luego en setiembre del 2013 con la apertura de dos nuevos «caños» (véase nota sobre anuncio de la CIJ). Se trata de un aspecto irresuelto entre ambos Estados, en el que destaca la peculiar manera de «negociar» un monto indemnizatorio. Anunciar públicamente un monto, sin previa consulta, constituye sin lugar a dudas una verdadera novedad para los entendidos en técnicas de negociación internacional. Sobre el particular y otros detalles de interés, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestro artículo publicado en el OPALC (Sciences-Po, Paris), titulado: «Monto por daño causado en Isla Portillos oficializado por Costa Rica: breves apuntes«).

Nótese que al anunciar el monto de más de 6 millones de US$ en junio del 2016, Costa Rica reconoció que la metodología usada para cuantificar el daño ambiental en Isla Portillos no proviene de una entidad del Estado, sino de una entidad privada costarricense.

El monto que asigne la CIJ dependerá de la metodología usada por cada uno de los dos Estados para cuantificar el daño ambiental en Isla Portillos, al materializar una cifra a partir de un desglose del daño ocasionado y valores asignados, por ejemplo, a la tala de árboles, entre muchos otros rubros. Desde este punto de vista, y sin tal vez proponérselo, la escogencia oficial de una metodología que hayan hecho Costa Rica por su parte y Nicaragua por su lado en sus respectivos alegatos escritos, puede resultar de interés para efectos internos, y en particular para los sectores ecologistas de ambos Estados (Nota 3).

– B.) La frontera marítima entre Costa Rica y Nicaragua. En otra sentencia, el juez internacional determinará la frontera marítima entre los dos Estados en ambas costas, en respuesta a la solicitud que interpuso Costa Rica en febrero del 2014 (véase nota nuestra al respecto). Este último procedimiento contencioso fue unido por la CIJ con el de la carpa militar del 2017.

En relación con los plazos para la presentación de escritos, en su ordenanza de abril del 2014 (véase texto), la CIJ fijó este plazo a 10 meses (Costa Rica habiendo solicitado un plazo de 6 meses y Nicaragua uno de 12 meses).

Las audiencias orales entre Costa Rica y Nicaragua en relación con la delimitación marítima tuvieron lugar en julio del 2017 en La Haya, durante las cuales cada Estado presentó a los jueces las líneas que pretende (véase breve nota nuestra al respecto).

Concluidas las audiencias orales en La Haya, se abrió la etapa del «délibéré» de la CIJ: en este caso, las deliberaciones internas entre los jueces duraron 6 meses. Tratándose de dos costas a delimitar, este plazo resulta inusualmente corto, en particular si lo comparamos con los 13 meses que debieron de esperar pacientemente Perú y Chile en el 2014 para escuchar la lectura del fallo de la CIJ sobre su frontera marítima (véase breve nota nuestra al respecto en la que se intentan dar algunas razones que puedan explicar plazos tan largos del debate colegial interno a la CIJ).

Al recordar la discusión originada entre Perú y Chile en el 2015 cuando no se coincidió en el inicio de la frontera marítima con el punto terminal de la frontera terrestre en la sentencia de la CIJ (véase foto satelital y triangulación objetada por Chile en esta nota de Elpais.cr), sería al respecto deseable que, en la decisión que rinda el juez internacional, el punto de inicio de la frontera marítima en el Caribe coincidiera con el punto terminal de la frontera en la playa entre Costa Rica y Nicaragua.

Otro punto de discordia potencial que sería (también) deseable que la CIJ resolviera en el texto de su sentencia, es la pertenencia de Isla Bolaños a Costa Rica, en el Océano Pacífico: se trata de una isla (esta sí es una isla que califica como tal, rodeada de agua salada) ubicada en una bahía común a ambos Estados, la bahía de Salinas. El tratado de límites de 1858, siempre vigente, establece que ambos Estados ejercen de forma conjunta su soberanía en esta bahía (así como en la Bahía de San Juan del Norte en el Caribe). ¿Cuál es el régimen de esta isla? Se trata de un tema que tensó a la opinión pública en Costa Rica en julio del 2016 al publicarse en la prensa de Costa Rica una de las pretensiones de Nicaragua, contenida en sus alegatos escritos sobre esta isla (remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra breve nota al respecto). No es la primera vez que se filtran a la prensa costarricense documentos que, en apego a las estrictas reglas de confidencialidad de la CIJ, no debieran de circular más que entre el juez y las partes (Nota 4).

La controversia sobre la Isla Bolaños y la coincidencia antes referida del punto inicial de la frontera marítima son algunos aspectos que ojalá se resuelvan en el texto de la sentencia, a ser leída este 2 de febrero. Para ello, ambos Estados debieron de haberlo solicitado en sus conclusiones finales a los jueces. De no haberlo hecho, darían pie para nuevas discusiones entre dos Estados que parecieran tener como única agenda bilateral, el de remitir sus controversias al juez en La Haya.

En relación con el monto por compensación en materia ambiental, Costa Rica anunció unilateralmente un monto de más de 6 millones de US$ en junio del 2016 (véase nota de prensa), y a la fecha se desconoce cuál fue el monto ofertado por Nicaragua que se haya plasmado en un documento oficial. El conocerlo permitiría estimar la distancia existente entre ambos montos. Es muy probable que la CIJ en su decisión busque un término medio entre el monto solicitado por Costa Rica y el monto ofertado por Nicaragua (el cual deberá aparecer en alguna parte de la sentencia a leerse): se trata de un recurso al que recurre a menudo el juez internacional en aras de permitir a ambos Estados salir bien librados ante sus respectivas opiniones públicas, algo así como «partir el ayote por la mitad», concepto familiar en Costa Rica para quiénes son llamados a impartir justicia y que, agradecemos desde ya a nuestros atentos lectores indicarnos si la misma expresión es también usada en Nicaragua.

Este 2 de febrero: un día inédito para la justicia internacional

Salvo error de nuestra parte, es la primera vez en la historia que la CIJ convoca a dos Estados para leerles su decisión en tres asuntos distintos, intentando enviar tal vez con esta larga jornada en perspectiva, un mensaje a ambos ribereños del río San Juan.

Al tratarse de tres asuntos distintos, el poner en relieve los asuntos en los que la otra parte quedó desfavorecida y en el que se salió favorecido debería permitir a ambos Estados salir airosos ante la opinión pública nacional e internacional este 2 de febrero.

En el preciso caso de Costa Rica y de Nicaragua, tanto en el caso del fallo de julio del 2009 (sobre derechos de navegación) como en el de diciembre del 2015 sobre Isla Portillos y la denominada «trocha fronteriza» (dos casos unidos en un solo procedimiento contencioso a solicitud de Nicaragua), mañaneros cantos de sirena se dejaron oir de ambos lados del río San Juan.

Es de notar que, en el caso de la sentencia de julio del 2009 de la CIJ, Nicaragua obtuvo de la CIJ un reconocimiento a su potestad para reglamentar la navegación y Costa Rica una prohibición absoluta hecha a sus fuerzas policiales de navegar: véase párrafo 156, en particular incisos 1)h y 1)i adoptados ambos por unanimidad de la decisión del 2009). El hecho de que, siendo titular de una competencia en materia de vigilancia fluvial reconocida en un tratado vigente desde 1858, un Estado presente una demanda y regrese de La Haya con una sentencia negándole ejercerla es poco casual y, como mínimo, merece mención. Un año después de leída la sentencia, Costa Rica enfrentaría, en el 2010, enormes dificultades para vigilar lo que ocurría en el último segmento de su frontera fluvial con funcionarios de Nicaragua utilizando mapas erróneos de Google Earth para ubicarse.

IV. La última demanda presentada en el 2017: una nueva marca para la CIJ en medio de una nebulosa

Al haber sido presentada por Costa Rica en enero del 2017, esta demanda por la presencia de una carpa militar de Nicaragua en esta playa del Caribe constituye el primer caso contencioso resuelto en un solo año por la CIJ en toda su historia: en efecto, por cada demanda contenciosa, los Estados deben prepararse a por lo menos cuatro años de procedimiento como mínimo, y a sufragar los gastos que supone su defensa, los cuales oscilan de 5 a 9 millones de US$ para cada Estado y para cada demanda.

Los gastos que implica una demanda en La Haya constituyen un ámbito sobre el que los Estados se muestran usualmente discretos, y la prensa, poco curiosa (salvo muy contadas excepciones).

Entre datos recientes hechos públicos en América Latina, Chile se vió forzado a reconocer públicamente que, para enfrentar la demanda peruana ante la CIJ, gastó más de 20 millones de US$.

En Costa Rica, en junio del 2015, se leyó en la prensa que: “ A lo largo del primer juicio, estos especialistas en materia limítrofe cobraron al país $1 por sus servicios profesionales” (véase nota de CRHoy): un dato verdaderamente curioso que despierta algunas interrogantes y que nos ha parecido oportuno mencionar (y que habría tal vez que dar a conocer – discretamente – a los que velan por la buena salud de la hacienda pública chilena).

Pese a algunos montos dados a conocer en Costa Rica y en Nicaragua de manera un tanto esporádica sobre el costo asumido por cada Estado en su defensa, no ha circulado ningún documento oficial en el que se incluyan los diversos rubros (que van más allá de los únicos honorarios devengados por los asesores internacionales contratados por cada Estado). Los honorarios de abogados internacionales representan una parte, más no la totalidad de los gastos de una demanda en La Haya: estos incluyen otros rubros tales como viajes, viáticos, estudios técnicos, honorarios de peritos, historiadores, cartógrafos, imágenes satelitales, viáticos en La Haya, sueldos de funcionarios nacionales dedicados a tiempo completo o casi durante largos años, sueldos de consultores nacionales, reuniones de trabajo en el exterior, elaboración, revisión y traducción de documentos, entre muchos otros.

Como se indicó anteriormente, cada demanda contenciosa supone para los Estados cuatro años como mínimo de procedimientos en La Haya, con excepción de la «demanda por la carpa» a la que aludimos, y que constituirá la demanda objeto de la resolución más expedita en toda la historia de la CIJ.

Sobre algunos datos arrojados en Costa Rica y en Nicaragua, así como en otros Estados (en los que la prensa se muestra mucho más interesada por el costo económico del litigio en La Haya), remitimos a nuestros estimables lectores a esta nota publicada en CIARglobal titulada «Audiencias orales entre Costa Rica y Nicaragua ante la CIJ» (véase en particular la sección «El costo de una demanda en La Haya para un Estado: breve recapitulativo sobre una zona gris-oscura»).

V. A modo de conclusión

No cabe duda de que en los últimos años, Costa Rica y Nicaragua han protagonizado un espectáculo raramente visto en el ámbito internacional. La respuesta del juez internacional a la demanda por la carpa militar edificada en la playa que protege la Laguna de Portillos del mar vendrá a concluir una secuencia ininterrumpida de demandas entre ambos Estados desde el mes de noviembre del 2010. El observar que en seis años y dos meses, dos Estados puedan llegar a presentar cuatro demandas entre ambos (de las cuales tres planteadas por Costa Rica) constituye un hecho insólito en los anales de la justicia internacional de La Haya.

Las comunidades fronterizas en ambos Estados – que comparten la misma pobreza y falta de oportunidades, como muchas de las comunidades fronterizas en América Latina – son las más afectadas por estas repetitivas, recurrentes y largas justas en sede judicial internacional, así como la comunidad nicaragüense en Costa Rica y la comunidad costarricense en Nicaragua: estas, y muchas familias con miembros pertenecientes a ambos Estados, esperan ansiosas desde hace muchos años que sus respectivas capitales inviertan su tiempo y sus recursos (que se dice son escasos), en iniciativas conjuntas que permitan mejorar sustancialmente las relaciones entre ambos Estados, y por ende, relanzar la agenda binacional y la cooperación entre sus necesitadas regiones fronterizas.

Esperemos que una vez leída la sentencia en el caso de la carpa militar y en los dos asuntos que también se dilucidarán este 2 de febrero, ambos Estados mantengan la mesura y la prudencia en sus respectivas declaraciones oficiales, en aras de reencausar paulatinamente sus deterioradas relaciones hacia aguas menos tormentosas: su cargada y compleja agenda bilateral suspendida por más de 12 años así lo requiere.

27/11/2013;Foro El Derecho Internacional como juego de la Política Exterior: el caso de Costa Rica y Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia Código: 10078.En la foto:Nicolás Boeglin.Fotos/Anel Kenjekeeva
El autor del texto, Nicolas Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho, UCR. Anel Kenjekeeva.

Notas

Nota 1: Véase el video disponible en You Tube del programa Sobre la Mesa de agosto 2013, Canal 15 UCR. El consultor-funcionario justificó no obstante ante las cámaras del canal universitario el uso de la palabra «invasión», según sus propios términos «para que la gente entienda» (Minuto 7:23).

Nota 2: Véase Programa RTNoticias, video disponible en YouTube, emisión del 15/12/2015 (Minuto 24:18).

Nota 3: A la fecha, en ausencia de una metodología oficializada por parte del Estado costarricense para cuantificar el daño ambiental, está pendiente de una decisión de la justicia costarricense la fijación exacta del monto por el daño ambiental ocasionado por la empresa minera canadiense Infinito Gold en octubre del 2008 en Las Crucitas. Con relación a otro escándalo ambiental, que ordenó esta vez el mismo Estado costarricense en abierta violación a su legislación ambiental, no se ha dado a conocer (aún) la cuantificación del daño ambiental causado por la construcción de la denominada «trocha fronteriza». De igual manera un sinfín de acciones contra piñeras, proyectos hoteleros en zonas costeras, entre muchos otros expedientes, están archivadas por el Tribunal Administrativo Ambiental (TAA) desde muchos años en ausencia de una cuantificación del daño ambiental por parte del Estado costarricense.

Nota 4: Los documentos escritos como la memoria y la contramemoria presentados por los Estados al juez internacional no son documentos públicos hasta tanto los jueces de la CIJ decidan darlos a conocer: esta decisión usualmente se toma al iniciar las audiencias orales en La Haya, fase correspondiente a la recta final del procedimiento contencioso. Ello obedece al hecho que no es sino hasta las audiencias orales que los Estados ultiman y seleccionan sus mejores argumentos legales. La primera fase escrita del contradictorio (memoria / contramemoria) seguida de una segunda ronda de alegatos escritos (réplica / dúplica) permite descartar pretensiones y argumentos claramente abusivos, usados inicialmente como parte de la batería jurídica adoptada. El 4 de febrero del 2013, un artículo de La Nación (Costa Rica) titulado «Managua formaliza en La Haya reclamo para usar Río Colorado» fue antecedido por la presentación unos días antes en la CIJ de un escrito de Nicaragua solicitando nuevos puntos a considerar (denominados «demandas reconvencionales»), incluyendo una pretensión sobre el Río Colorado (véase documento del 30 de enero del 2013). Esta pretensión de Nicaragua en aras de que se le concedieran derechos provisionales de navegación en el Colorado fue rechazada por la CIJ en su ordenanza del 18 de abril del 2013. Lo que nunca se logró saber es cómo esta información llegó en cuestión de pocos días a la redacción de La Nación.

 

Nicolas Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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4º domingo t.o.: nuestro voto del próximo domingo y el Reino de Dios

Lect.: Deuteronomio 18:15-20; I Corintios 7:32-35; Marcos 1:21-28

 

  1. Tomar una decisión de voto para elegir a un presidente de la república y un congreso de diputados siempre es algo difícil. No es fácil liberarse de los bombardeos de las propagandas abiertas de los partidos y de las más o menos disimuladas que transmiten los medios de comunicación, –periódicos, radios y canales de TV—. En la actualidad unos y otros utilizando recursos técnicos más sofisticados. Pero esta vez la decisión, para muchos en Costa Rica, se torna más difícil porque en el escenario público se han mezclado argumentos religiosos con la política electoral. Ciertamente, en alguna medida esto se dio otras veces en el pasado, pero en esta ocasión ha sido un argumento más persistente y pegadizo, probablemente por tres razones: primero porque uno de los candidatos a la presidencia y varios de los que aspiran a curules de diputados, son pastores o predicadores de grupos cristianos neopentecostales; segundo, porque a estos se han asociado los obispos católicos y, en fin, porque la mezcla religión – política, ahora se relaciona con temas que causan mucha inseguridad y temor en gran parte de las personas: temas relacionados con la identidad sexual y con la estabilidad del matrimonio tradicional.
  2. Una homilía o reflexión sobre las lecturas de la liturgia no son el lugar para hacer un análisis socio político de esta situación, pero sí para intentar, —a partir del mensaje que contienen los textos, es decir, desde un punto de vista bíblico -teológico—, clarificarnos sobre la validez del uso de argumentos religiosos para resolver temas como los electorales.
  3. En la primera lectura de hoy, tomada del libro del Deuteronomio, el Dios del pueblo de Israel, al prometer que después de Moisés siempre suscitará profetas que transmitan sus palabras hace, al mismo tiempo, una severa advertencia: “si un profeta tiene la arrogancia de decir en mi nombre una palabra que yo no he mandado decir, (…) ese profeta morirá”. Más allá de la dramática amenaza, el texto interesa mucho porque constata, desde entonces, lo que muchos otros pasajes bíblicos posteriores narrarán, la existencia de “falsos profetas” o dicho menos radicalmente, la posibilidad que siempre existe de que quienes tenemos el encargo de predicar la palabra de Dios, caigamos en el error, —por ignorancia o por malicia— de presentar como “palabra divina” lo que no es más que expresión de nuestros intereses materiales, o de nuestros prejuicios ideológicos.
  4. De manera positiva, en la tercera lectura Marcos nos presenta hoy un pasaje luminoso que marca, desde el inicio del evangelio, toda la actividad de Jesús de Nazaret. La curación de “un hombre poseído por un espíritu inmundo”, provoca que “todos los presentes en la sinagoga se queden pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros: «¿Qué es esto? ¡Una doctrina nueva, expuesta con autoridad!” Quedan sorprendidos porque estaban acostumbrados a escuchar las enseñanzas de los escribas o maestros de la ley, que se limitaban a interpretar y comentar los libros y las tradiciones del pasado. Más de lo mismo. Jesús, en cambio, habla por autoridad propia, no la de documentos, con una autoridad que le sale de dentro, habla de algo nuevo, de su experiencia del reino de Dios en su propia vida. Lo que Jesús habla no son meramente palabras muy bonitas y piadosas, o discursos políticamente correctos; lo que él habla, viene de su propia vivencia y es, además, refrendado por su acción poderosa que nace de esa vivencia de lo trascendente, de lo divino. Erradicar el mal que hace daño a las personas, a los enfermos, a los pobres, a los excluidos es, entonces, lo que da a conocer a quienes lo escuchan y lo ven que el reinado de Dios en la vida humana ha llegado en él.
  5. En la Buena Noticia, en el evangelio de Jesús, nunca encontraremos ni directa ni indirectamente, ningún argumento para votar por un candidato o candidatos pero no por otros. Porque, como dice san Pablo, “Después de todo el Reino de Dios no es cuestión de comida o de bebida, sino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. El que sirve a Cristo de esta manera es agradable a Dios y goza de la aprobación de los hombres. Busquemos, por lo tanto, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación” (Rom 14: 17 – 19). Modernizando la expresión de Pablo, podemos decir, que el Reino de Dios no es política, ni economía, ni sexología,… sino la desinteresada construcción de la justicia, la fraternidad y la solidaridad en esos y en todos los ámbitos. El reino de Dios es una aspiración suprema, de plenitud humana, indescriptible, a la que Jesús nos invitaba a convertirnos, a sumergirnos en ella y a experimentarla, como él la experimentó, y desde ahí podemos empezar a vivir en la construcción de una nueva convivencia humana.

 

Nota:

Una destacada teóloga estadounidense, Kathryn M. Schifferdecker, Profesora Asociada de Antiguo Testamento, en Saint Paul, Minn., comentando el texto de la primera lectura de hoy, Deuteronomio 18:15-20, narra su experiencia enseñando en un Seminario en Addis Abeba. Uno de los estudiantes, pastor de mediana edad, con mucho sentido de sabiduría, le preguntó cómo distinguir los “verdaderos” de los “falsos profetas”. La pregunta representaba una inquietud urgente porque, decía, “hay mucha gente en las diversas iglesias etíopes que pretenden ser “profetas”, y quienes los escuchan necesitan criterios para saber si estos individuos son confiables o no. (Parecido a como se necesita en situaciones confusas como lo son las coyunturas político electorales). La Dra. Schifferdecker, comenta ¿Quién habla en nombre de Dios? Hay montones de gente que se presenta “hablando en nombre de Dios”: teólogos de la prosperidad, gurús de auto ayuda, predicadores de radio y televisión, blogueros religiosos de la abundancia, e incluso el predicador que proclama la palabra domingo tras domingo en un lugar y momento concretos”. Basada en muchos testimonios proféticos de la Sagrada Escritura, la profesora señala, al menos, cinco criterios para discernir quién es de verdad “profeta”, quién comunica la palabra de Dios. 1º El verdadero profeta no busca ser profeta. [Esto me recordó cuando hace poco una niña estudiante le preguntó al papa Francisco si él quería ser Papa. Francisco respondió que él no había querido ser Papa porque, a su juicio, si una persona quiere ser Papa es que no se quiere mucho”. Dios no la bendice]. 2º El verdadero profeta no busca ni la auto promoción, ni ganar bienes y riqueza; 3º El verdadero profeta busca discernir la palabra de Dios y no mezclarla con la suya propia; 4º El profeta habla nuevas palabras en situaciones nuevas. El Espíritu Santo lo mueve a lo nuevo, por caminos inesperados. Finalmente, tanto el verdadero como el falso profeta se dan a conocer por sus frutos. Puede verse: http://www.workingpreacher.org/preaching.aspx?commentary_id=2353

Jorge Arturo Chaves O.

**Puede ver una reflexión que amplía estos conceptos en el siguiente enlace: https://youtu.be/4Of0p_52G4M

 

 

Tomado del blog http://losquequeremosser.blogspot.com/2018/01/4-domingo-to-nuestro-voto-del-proximo.html

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