Alejandro Alvarado Alcázar y Gloriana Martínez Sánchez

Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica

A manera de introducción

Tal como se ha manifestado en los últimos meses, el panorama de la protesta social en Costa Rica muestra una tendencia hacia la reducción en el número de acciones colectivas como resultado de la cercanía del cierre del actual gobierno y el inicio oficial de la campaña presidencial 2014.

En total, durante el mes de septiembre, se presentaron 91 acciones colectivas en las cuales la declaración pública y las protestas callejeras como las huelgas, los paros, las marchas y los bloqueos, fueron las principales formas de protesta social. Igualmente, como ha sucedido en el transcurso del presente año, persisten las y los trabajadores y los distintos grupos organizados locales y regionales como los principales actores colectivos, lo cual también se evidencia en los principales tipos de demanda (Ver Anexo).

En lo que sigue, nos centraremos en reflexionar en torno a tres ejes de conflictualidad de relativa intensidad durante este mes. En primer lugar, la lucha de las y los trabajadores por el pago del ajuste salarial del segundo semestre; segundo, los conflictos relacionados con las malas condiciones en la infraestructura y los servicios públicos en manos del Estado costarricense; y, finalmente, las movilizaciones regionales vinculadas con la defensa de los territorios costeros y fronterizos, por un lado, y la producción nacional de frijoles y maíz, por el otro lado. Cabe mencionar, que ninguno de los ejes desarrollados en este presente informe es “nuevo”, por el contrario, hace a una constante conflictualidad sostenida por distintos actores colectivas frente a la administración Chinchilla.

Conflictos laborales

Durante este mes, la conflictualidad relacionada con la clase trabajadora en el país se centró en el sector municipal, en el cual las y los trabajadores municipales reclamaron el pago del ajuste salarial del segundo semestre. Se registraron distintas medidas de presión, entre ellas el paro de labores y las marchas como parte de las acciones colectivas desarrolladas.

En la Municipalidad de San José, la totalidad de las y los trabajadores, según los reportes de los medios, se declararon en paro ante el impago del ajuste salarial. En este caso, dos días después de iniciada la protesta el concejo municipal votó la aprobación del pago. Cabe señalar, que durante este mes la ANEP se manifestó en contra de la decisión de la Sala Constitucional de eliminar el pago de cesantía sin tope de años laborados para las y los trabajadores de esta municipalidad. En reacción a esto, la organización sindical presentó una denuncian ante la Corte IDH y la Organización Internacional del Trabajo.

Por su parte, en la Municipalidad de Coronado, las y los trabajadores declararon otro paro de labores durante dos días, el 16 y 17 de septiembre, para exigir que el concejo municipal reconociera el pago del ajuste salarial. Las autoridades municipales reaccionaron argumentando problemas financieros para responder con el pago, sin embargo, el día 17, el concejo municipal aprobó el pago. Fuera de la Gran Área Metropolitana, en la Municipalidad de Golfito se registró una huelga de una semana, según los medios consultados, por la misma demanda. La protesta de las y los trabajadores generó la renuncia de la alcaldesa Ana Catón a quien le reclamaron el incumplimiento de compromisos relacionados con el pago de anualidades y el ajuste salarial.

En otros municipios, como los de Aserrí y Alajuela, también se presentaron protestas en reacción a despidos y por la mejora de las condiciones laborales. En Aserrí, el día 23, las y los trabajadores se levantaron en huelga ante el despido de un funcionario de la Junta Vial Cantonal, acción, según denunciaron, injustificada. Mientras tanto, en la Municipalidad de Alajuela, se registró un paro de labores por las malas condiciones en la infraestructura del plantel municipal. El mismo día de la protesta, el director municipal se comprometió con el giro de ¢100 millones de colones para mejorar la infraestructura del plantel municipal.

Otras acciones colectivas se desarrollaron en el sector público, específicamente en el sector salud. El día 10, empleados y empleadas del área de cocina del hospital México implementaron un paro de labores ante el mal estado del área y la falta de plazas para cubrir la demanda del hospital. En este caso, las autoridades institucionales se reunieron con las y los empleados para firmar una serie de acuerdos que pusieran fin a la protesta. La UNDECA, organización sindical que participó en esta protesta, también presentó días después una denuncia pública por las anomalías en el proceso de nombramiento de las plazas en propiedad. Concretamente, denunció que la Caja Costarricense de Seguro Social no asigna las plazas vacantes a las y los empleados en condiciones de interinazgo, si no que las somete a un proceso para que “cualquier otro las ocupe”.

En relación con la conflictualidad sostenida por las y los trabajadores durante este mes, se debe mencionar que prácticamente en la totalidad de los casos las medidas de presión ejercidas fueron acciones de hecho, particularmente el paro. Asimismo, en las acciones colectivas, en el sector municipal y en el sector salud, las protestas terminaron en la consecución de la demanda.

Conflictos sobre infraestructura y servicios públicos

En cuanto a las acciones colectivas vinculadas con los conflictos sobre infraestructura y servicios públicos, el panorama durante este mes sitúa distintos nudos de conflictualidad. En primer lugar, persisten las protestas locales y regionales por el mal estado de las calles y la falta de acción municipal. Segundo, incrementan las protestas contra la adjudicación de los EBAIS de Montes de Oca, Curridabat y La Unión, a la Universidad de Iberoamérica. También se debe mencionar que en ambos casos, otras instancias como colegios profesionales y cámaras patronales criticaron la acción estatal.

En el primer eje de conflictualidad, las protestas se concentraron en el cantón de Aserrí y en comunidades cercanas. Se registraron distintos bloqueos en demanda por el mejoramiento de las vías cantonales, los cuales consiguieron el compromiso por parte de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para iniciar con la reparación de las mismas. En el mismo cantón, se presentó una importante movilización de vecinas y vecinos, integrados en el Foro Comunitario por el Agua de Aserrí, por el mal manejo en el suministro de agua. También en este caso, la lucha organizada de la comunidad generó que el concejo municipal votara la aprobación de una serie de medidas para proteger el recurso hídrico.

En el segundo eje de conflictualidad, organizaciones comunales, sindicales, profesionales, y otras, denunciaron la política de privatización de los EBAIS por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, luego de que esta decidiera adjudicar los EBAIS de tres cantones ubicados en el este de la GAM a una institución de educación superior privada como la Universidad de Iberoamérica. El día 19, se organizó una marcha en la que participaron empleados y empleadas de los EBAIS, vecinos y vecinas de las comunidades, y otras organizaciones para oponerse a la política de privatización. Pese a esto, la presidenta ejecutiva de la institución, Ileana Balmaceda, negó que se trate de privatización, sosteniendo que es el “mismo seguro social” el que implementa un modelo de gestión desde hace “muchos años con las empresas”.

Conflictos sobre tierra y producción agrícola

-La protesta de las comunidades fronterizas y costeras por sus territorios

La seguridad sobre la tierra para la vivienda rural y la producción agrícola, es un tema  recurrente en las agendas de la protesta social del presente año. Como bien se sabe, la tenencia y el derecho sobre la tierra en manos de las poblaciones rurales significa el afianzamiento de los territorios y culturas pesqueras, campesinas, afrodescendientes, indígenas, entre otras. Poblaciones que se enfrentan diariamente a las imposiciones y contradicciones de las lógicas de acumulación de capital en sus territorios, las cuales se traducen en la presencia de monocultivos, latifundios, industrias y proyectos extractivistas. De esta manera, en el mes de septiembre se presentan protestas encabezadas por habitantes de comunidades fronterizas y costeras, en miras de exigir al Estado el reconocimiento de la tenencia y seguridad jurídica de sus tierras.

Así, por un lado, se encuentra el Comité pro-titulación de las tierras -el cual agrupa diferentes comunidades ubicadas en la milla fronteriza norte-, con el planteamiento de exigir la escritura de las tierras en las que habitan. Esto, ante la propuesta del vicepresidente de la República, Alfio Piva, de dar en concesión las tierras a las y los vecinos de la zona. Cabe destacar, que el gobierno argumenta que por razones de “seguridad nacional” no se pueden titular las tierras, sino concesionarlas. No obstante, las y los pobladores, en su mayoría campesinos y trabajadores agrícolas, argumentan que la concesión no les reconoce los derechos legítimos e históricos sobre sus tierras.

Es importante resaltar que a raíz del reavivamiento del conflicto fronterizo entre los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua, el Estado costarricense ha fortalecido sus argumentos sobre  la “seguridad nacional”, así como en el control y presencia policial e institucional en la zona. No obstante las, y los vecinos de la localidad cuestionan la situación; un vecino e integrante del comité indica que: “quienes hoy trabajamos esos terrenos somos los que mejor podemos cuidarlos, velar por el respeto a la soberanía nacional. Además, el gobierno se contradice al haber cerrado varios puestos de control policial” (Alvarado y Martínez, 2013:10).

Asimismo, habitantes de la zona fronteriza de Paso Canoas, zona sur del país, realizaron un proceso de recolección de firmas, marchas en la capital, así como reuniones con autoridades del gobierno con el fin de solicitar una decisión, por parte del poder ejecutivo, sobre el proyecto de Ley N° 16. 657, el cual permite titular las tierras en la milla fronteriza con Panamá, desde Sixaola, provincia de Limón, hasta Punta Burica, provincia de Puntarenas. Pablo Valle, uno de los dirigentes del movimiento indicó que «el único objetivo es llegar a Casa Presidencial para decirle al gobierno que a este proyecto no se le debe dar más largas y que no nos sigan engañando, porque terminaremos enfrentados en las calles de Paso Canoas» (Alvarado y Martínez, 2013:13).

Cabe destacar que en este caso, el argumento  de  “seguridad nacional” utilizado por el gobierno está presente, al igual que en las comunidades de la milla fronteriza norte. Carlos Ricardo Benavides, ministro de la Presidencia, señala: «estamos haciendo el mejor esfuerzo para crear condiciones equilibradas de equidad social, seguridad nacional y conveniencia para todos los costarricenses» (Alvarado y Martínez, 2013:19).

Por otro lado, vecinas y vecinos de Manzanillo de Limón y el Foro del Caribe Sur  protestaron frente al Juzgado Penal de Talamanca, en la provincia de Limón para rechazar los procesos judiciales iniciados contra 20 vecinas y vecinos que tienen sus casas dentro de la zona marítimo terrestre (ZMT) en el refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Por esta razón, se llevó a cabo el martes 17 de septiembre la primera audiencia preliminar contra Selvin Brown Forbes, vecino de Manzanillo,  por el supuesto delito de usurpación de la ZMT por poseer dos casas en la zona. Ante esta situación, Brown señaló que «me siento mal porque hemos vivido siempre en esta zona y ahora el gobierno nos quiere sacar» (Alvarado y Martínez, 2013: 14). Asimismo, María Suárez, vocera del Foro de Caribe Sur, indicó “estamos preparando un contencioso, que podría plantear una reconsideración de los casos que están en procesos judiciales”.

La exigencia por el reconocimiento jurídico de las tierras de las y los habitantes de las comunidades fronterizas y costeras, las cuales han sido zonas -en general-  olvidadas y aisladas de las políticas sociales del gobierno, ponen en tensión el papel de las autoridades estatales. De esta manera, se visualiza una especial atención por parte de los altos mandos del poder ejecutivo de conciliar los intereses con las comunidades fronterizas, y por otro lado, en el caso de las comunidades costeras, el caso del juicio a los 20 habitantes de Manzanillo, Limón, muestra un lado más represivo y de criminalización de las y los habitantes de las zonas costeras, por medio de las herramientas legales.

-Los productores de maíz y frijol en defensa de su producción

En el mes de septiembre se visualiza la explosión de un conflicto entre las dinámicas de importación de granos básicos (arroz, frijoles y maíz) profundizadas a través de la implementación del CAFTA-EEUU.  Por esta razón, productores de frijol y maíz del cantón de Pérez Zeledón, zona sur, realizan una serie de protestas en el centro del cantón, como medida de presión para que el gobierno declare un aumento en el precio de ambos granos. Los montos solicitados por los productores fueron de ¢35 mil colones por quintal de frijol y ¢15 mil colones por quintal de maíz.

No obstante,  ante la inacción y falta de respuesta del gobierno las y los productores de la zona se mantuvieron en las calles del centro de Pérez Zeledón, bloqueando la Interamericana Sur, dando como resultado la acción de unidades policiales antimotines, los cuales utilizaron gases lacrimógenos y detuvieron a 43 agricultores, los cuales fueron liberados al día siguiente tras la acción legal de las y los productores de la zona.

Posteriormente a la liberación de los agricultores presos, se inicia la negociación entre estos y las autoridades de gobierno, en donde se acuerda: “la desestimación de las causas penales contra los agricultores detenidos por la protesta, un fondo por ¢250 millones de colones para la compra de insumos y tecnología, la fijación de un piso para el precio del maíz de ¢11.000, el impulso a la reforma de la Ley 8.763, y el arreglo de una calle que facilite la salida de los productos de las comunidades productoras” (Alvarado y Martínez, 2012:5).

A manera de cierre

Pese a que en el mes de septiembre se mantiene la tendencia hacia la reducción en el número de acciones colectivas, los principales nudos de conflictualidad presentes durante el gobierno de Laura Chinchilla, se mantienen. En este mes, el la protesta callejera -huelga, paro, marcha, bloqueo, etc.- fue la principal medida de presión para visibilizar las demandas de los actores colectivos. Asimismo, se denota un incremento en la consecución de las demandas planteadas en las calles y una respuesta “rápida” por parte de las distintas instancias hacia las que se dirigieron.

En términos generales, pareciera que el panorama de la protesta social en el país tiende hacia “estabilizarse” en reacción a los últimos meses del presente gobierno y el avance de la campaña electoral. Los medios de comunicación incrementan la cobertura de informaciones relacionadas con el proceso electoral y las posiciones de los distintos candidatos presidenciales, mientras se reduce el número de acciones colectivas registradas. En este sentido, se combinan la reducción de los movimientos de protesta con el cambio de orientación de la agenda periodística de los principales medios de comunicación del país.

Anexo

Tabla 1. Tipos de acción colectiva, setiembre 2013.

Fuente: Elaboración propia a partir de Alvarado y Martínez (2013). Cronología del Conflicto Social Setiembre 2013. Costa Rica: IIS-UCR.

Tabla 2. Tipos de actor colectivo, setiembre 2013.

Fuente: Elaboración propia a partir de Alvarado y Martínez (2013). Cronología del Conflicto Social Setiembre 2013. Costa Rica: IIS-UCR.

Tabla 3. Principales demandas, setiembre 2013.

Fuente: Elaboración propia a partir de Alvarado y Martínez (2013). Cronología del Conflicto Social Setiembre 2013. Costa Rica: IIS-UCR.