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Míster Donald: ¡Acá no todos somos Cipayos!

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rafael A. Ugalde Q.
Periodista, abogado y notario por la U.C.R.

Las apariencias engañan míster Trump. Es imposible negar o demeritar el triunfo obtenido en Costa Rica por tu secretario de Estado, Marco Rubio, en cuanto a “luz verde” para que la campaña intervencionista contra la “dictadura” de Maduro se extienda a México o la nación latino-caribeña que creas merece tu “civilizatoria” mediante tu campaña contra el “narcotráfico y el terrorismo”.

Puedes sacar pecho orgullosamente y sentir admiración por Rubio y tu embajada en San José. Lograste en una tarde desaparecer de un plumazo la lucha a muerte entre los exportadores e importadores criollos por la apuesta de quien maximiza mejor la ganancia sobre la miseria de las mayorías. Todo en unas pocas horas.

No fue una sola moción aprobada recientemente en la Asamblea Legislativa. Fueron dos, por aquello que una fallara, o no se entendiera claro y contundente cómo, cuando los emperadores romanos Caracalla o Geta ordenaban democráticamente a sus súbditos, despojados ya de su dignidad, hacer las locuras más raras.

Costa Rica, por el contrario, cuando se disponía a celebrar 204 años de vida independiente con desfiles, tambores, cantos de no ciervos menguados, entre otros, nuestra neutralidad y presencia de más ya maestros que soldados debe, simplemente, decir sí de inmediato en el congreso, la casa presidencial o el Poder Judicial.

De esta manera, sí tu secretario encargado de buscar aliados para sus invasiones militares, llenar el Caribe de cañoneras, submarinos nucleares, aviones armados hasta los dientes y cientos de “marines” para “combatir el narcotráfico y el terrorismo” póngale la firma, míster Donald, es cierto lo que te diga Rubio, pues acá no son dos ni tres tus aplaudidores.

Pero permítame decirte para que no te equivoques, cuando Rubio te diga que hay unos cuatro gatos que no comprenden la magnitud de tu cruzada: Acá, desde 1856, cuando ustedes nos mandaron un asaltante disfrazado de abogado y periodista para enseñarnos a ser bilingües, no todos son siervos menguados, ni nacen con la cerviz fracturada, ni se les sube la presión arterial en solo pensar que la nueva Roma no les dará visa.

Tu supuesta limpieza regional de los carteles de los Soles, Jalisco Nueva Generación o Sinaloa está condenada al más rotundo fracaso, cuando nuestros pueblos, por fin, se percaten que la llamada guerra contra el “narcotráfico y el terrorismo” no se sostiene en sí misma y es la carta de presentación para legitimar el robo y el saqueo de los recursos en Nuestra América.

Vimos desde la nefasta doctrina Monroe y sus variaciones, como el proyecto de la vieja Agencia para el Desarrollo (AID) y oenegés contra el comunismo y el socialismo, así como proyectos tan criminales como el Plan Colombia, que llenó de bases militares a ese país, o la Operación Condor, con el cual eliminaron a las y a los jóvenes y luchadores más nobles que entonces tenían Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, entre otros, que el fin último fue saquearnos.

Con la droga, el “Estado profundo”, aglutinado en un solo partido político estadounidense de dos cabezas de animales simbólicos, como es el burro y el elefante, hizo milagros en el pasado. Las protestas de millones de jóvenes norteamericanos en las grandes urbes, que llamaban a la paz y al amor en lugar de ir a matar vietnamitas y llenar sus poblados de Napalm, les repartían drogas masivamente para reducirlos a miseria humana y junto a sus géneros musicales, como el rock and rol, terminar por satanizarlos.

Como ayer, ahora no se conocieron los verdaderos dueños de los carteles norteamericanos encargados del negocio y la distribución masiva de marihuana, cocaína, fentanilo y pastillas alucinadoras. Y menos se conocerán los billones de dólares que ingresan diariamente a la corriente financiera procedentes de esta actividad ni los grandes bancos encargados de “blanquear” esos activos.

El canciller cubano Bruno Rodríguez, precisa las millonarias perdidas económicas a su país en los intentos de matar de hambre a un pueblo durante 65 años. (F. MINREX)

Sin embargo, si podemos asegurar, que el “negocio” de las drogas es lo bastante “sostenible” como para mantener una guerra por varios años. Gracias a los aviones cargados de cocaína procedente de Suramérica, la administración de Ronald Reagan, financió desde 1985 la llamada “contra” nicaragüense o “soldados” de la libertad, desde Honduras y Costa Rica.

Con los dólares producidos por la venta de narcóticos, a vista y paciencia de la Agencia Antidrogas Estadounidense, promovida como DEA, y las autoridades locales en esos países indicados, se compraban al Sha de Irán armas de guerra que llegaban masivamente a Centroamérica. Demostrándose, hasta la saciedad, que el tráfico de drogas en el mundo, mientras no se termine con la demanda interna en la nación primer lugar en el orbe en consumo, junto al negocio de las armas y el sicariato, es cara de una misma moneda.

Cualquier relato en torno a terminar con el tráfico y consumo de droga nacionales, sin inversión social en escuelas, salud pública de calidad, salarios dignos y vivienda decorosa, entre otros, sin exigir además a las naciones compradoras reducir su demanda interna de estupefacientes, los países víctimas de este mal serán obligados a subir la represión mediante el llamado Derecho Penal de prevención general, regalar sus soberanía con Tratados de Extradición, que vienen a ratificar la sumisión ante la potencia de moda y llenar sus territorios de cárceles de máxima seguridad.

La experiencia de usar el negocio de las drogas con fines militares y político quedó plasmada en el llamado “Irancontra” o “Irangate”, deparando tal cantidad de dinero, que alcanzó para contratar periodistas costarricenses para una emisora dedicada a promover la causa de la “libertad” en Nicaragua y acabar con la “dictadura” de Ortega.

Incluso, hubo dinero a caudales, hasta para minar los principales puertos nicaragüenses, como segundo ensayo de lo que ahora realizan a placer y perfección los estadounidenses y sionistas en Gaza, pues esperaban interrumpir la llegada de alimentos por vía marítima y matar así de hambre a los sandinistas, aunque se llevaran también en banda a sus amigos democráticos y no terroristas.

Estados Unidos fue condenado por el minado de puertos nicaragüenses el 27 de junio de 1986, cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló a favor de Nicaragua, dictaminando que estas acciones, junto con el apoyo a los «contras», constituían una violación del derecho internacional.

En contraste, Washington, desconoce esta sentencia y, recientemente, la administración Trump impuso a los nicaragüenses aranceles de 18 % a sus exportaciones. Managua reclama una indemnización por US $12 mil millones por sus fechorías cometidas en esa nación istmeña.

El primer intento de genocidio moderno, aplicando el hambre como herramienta de guerra y delito de lesa humanidad, inició desde 1960 contra Cuba, a pesar de su férrea política contra las drogas en la ínsula antillana.

Datos dados a conocer en las Naciones Unidas revelan que del 1º de marzo de 2024 hasta el 28 de febrero de 2025, el bloqueo comercial y financiero contra su población alcanza, por concepto de daños y perjuicios materiales, los 7 mil 556,1 millones de dólares.

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla precisó que este aumento exponencial se debe fundamentalmente al incremento en las afectaciones por los ingresos dejados de percibir por exportaciones de bienes y servicios.

Para el presidente colombiano, Gustavo Petro, la cruzada contra el narcotráfico y el terrorismo enmascara otros fines concordantes con la tradicional política intervencionista de Estados Unidos en la región, así como su desprecio por el Derecho Internacional y la autodeterminación de los pueblos. “Y Colombia no prestará su territorio para que invadan ningún país hermano”.

Para Petro el narcotráfico internacional está más activo que nunca con una Junta Mundial que funciona desde una importante nación árabe, encargada de lavar billones de dólares y euros diariamente, a la cual se integraron la mafia albanesa, la estadounidense y carteles de la región.

Según el dignatario colombiano en su país no han cesado los intentos de golpe de Estado promovido por grupúsculos estadounidenses, con influencia en el congreso norteamericano, así como representante de la rancia oligarquía colombiana, aglutinada en el llamado Centro Democrático que eligió en el pasado como presidentes a Álvaro Uribe e Iván Duque.

Según Petro, durante las administraciones de Uribe y Duque el área de cultivo de hoja de coca superó las sesenta mil hectáreas, el paramilitarismo era una realidad y la violencia era incontenible, a pesar de siete bases militares estadounidense a lo largo y ancho de Colombia, fum8igaciones masivas y daños a la ecología.

Hoy solo quedan unas 34 mil hectáreas sembradas de hoja de coca, quienes antes sembraban esas plantas, ahora producen alimentos, cuentan con caminos, precios justos, y en lugar de apostar por la violencia y la muerte, nosotros defendemos la vida y la paz. Esto no les gusta, dijo recientemente durante un encuentro con el pueblo en el interior colombiano.

La cocaína se introduce dentro de las bananas que van a Europa y Estados Unidos. Los puertos del Pacífico ecuatorianos han alcanzado notoriedad por la captura de cientos de toneladas. (F. noticias DW)

Con este nuevo aire que toma el narcotráfico regional, mientras Estados Unidos tiene estacionado en el Caribe el destructor USNI News, unos 5.000 marines e infantes de marina, el grupo anfibio encabezado por el USS Iwo Jima (LHD-7), acompañado por el USS Fort Lauderdale (LPD-28) y el USS San Antonio (LPD-17), entre otros, ninguna nación queda al margen del negocio

Un reciente informe del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) y el Servicio Federal de Aduanas rusos confirmaron la incautación en el puerto de San Petersburgo de 1,5 toneladas de cocaína en un barco con bananas procedente de Ecuador.

Según estas fuentes, el barco Cool Emerald había zarpado desde la República de Ecuador, desde el pasado 29 de agosto rumbo al puerto de San Petersburgo, Al hacer las inspecciones del cargamento dentro un contenedor cargado con bananos, se descubrieron 1.500 paquetes que contenían cocaína, con un peso total de 1.750 kilogramos.

En contrate, un documento denominado “Informe europeo sobre drogas 2025” – de consulta obligatoria para aquellos diputados que aprobaron mociones contra el cartel de los “Soles” – señala que las redes de tráfico utilizan múltiples rutas para aumentar el suministro de cocaína en Europa y en ninguna parte se indica la participación de Venezuela. (https://www.instagram.com/reel/DOtt_8AgoK6/).

Por otra parte, está documentado, que el 87% de la droga sale por importantes puertos del Pacifico suramericanos, al otro lado donde mandaste tus cañoneras, míster Trump, por ejemplo, terminales portuarias en Guayaquil, Manta, Esmeralda o Puerto Bolívar, este último muy utilizado por las familias ecuatorianas, exportadoras de banano, en cuenta la del mandatario Daniel Noboa.

Perdone, presidente Trump, usted se equivoca con algunos ticos; tal vez somos poquitos, cierto, como posiblemente te contó entusiasmado tu secretario Rubio, ¡pero no todos somos tarados ni cipayos!

Que te quede claro.

«Su batalla cultural y la nuestra» de Fernando Buen Abad

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Lucha Cultural.

Henry Mora Jiménez

La disputa por los significados

Hasta hace algunos días pude leer el artículo “Su batalla cultural y la nuestra”, del filósofo mexicano Fernando Buen Abad (publicado a inicios de julio pasado en LaRedH). Creo que la propuesta de Buen Abad merece al menos un comentario de nuestra parte.

¿De qué hablamos cuando hablamos de «Batalla Cultural»?

El término «Batalla Cultural» se ha vuelto central en el discurso de políticos, medios de comunicación y redes sociales a nivel global. Originalmente, es un concepto que las derechas y los sectores conservadores utilizan para describir su lucha contra lo que ellos llaman una «hegemonía progresista» o «dictadura progre» que, según alegan, domina espacios como la educación, los medios, el arte y las leyes. Afirman estar resistiendo para defender «valores tradicionales» como la familia, la patria y la libertad, que sienten amenazados. El artículo analiza esta estrategia no como una defensa genuina, sino como una poderosa ofensiva ideológica para mantener el control sobre los significados que estructuran nuestra sociedad.

El análisis de la «Batalla Cultural» de la derecha y la propuesta de respuesta

Fernando Buen Abad explica que, desde un punto de vista de izquierdas, esta «batalla» es en realidad una disputa por el poder simbólico: es una guerra por controlar el significado de las palabras, las narrativas y las emociones que dan forma a nuestro sentido común.

¿Cómo funciona la estrategia de la derecha?

Se presentan como «rebeldes»: Aunque suelen detentar el poder económico y político, se pintan a sí mismos como víctimas de una élite cultural progresista dominante. Esto es una inversión del concepto de «hegemonía cultural» de Gramsci.

Usan palabras cargadas y emocionales: Emplean significantes como «libertad», «adoctrinamiento», «ideología de género» o «marxismo cultural» de manera flexible. Estos términos no tienen un significado fijo, sino que se llenan de contenido emocional (miedo, indignación, nostalgia) para movilizar a la gente. Por ejemplo, «libertad» puede significar para ellos libertad de mercado o de no pagar impuestos, no la libertad social o la libertad de expresión.

Construyen un «enemigo»: Crean la figura de un «Otro» negativo (la feminista, el migrante, el maestro «adoctrinador», el «comunista») que funciona como una amenaza unificadora para su base.

Dominan las redes sociales: Su batalla se libra eficazmente en plataformas como TikTok, YouTube y con memes. No apelan a la razón con datos, sino a la afectividad y las emociones con relatos simples, gestos e imágenes virales, ganando terreno especialmente entre audiencias jóvenes.

La propuesta: Nuestra batalla cultural
Frente a esto, Buen Abad argumenta que la izquierda no puede limitarse a denunciar hechos o defender instituciones. Debe aprender a disputar el sentido. Esto significa:

– Producir símbolos, relatos y prácticas alternativas y emancipadoras.

– Romper las asociaciones de ideas que impone la derecha (ejemplo: feminismo = destrucción de la familia).

– Apropiarse de los lenguajes populares y generar contra-narrativas deseables, no solo verdaderas.

– Entender que la política es, también, una lucha por los significados que organizan la vida social.

La importancia de este análisis para entender la realidad de Costa Rica

Este tipo de análisis es también de enorme importancia para Costa Rica porque nos permite decodificar la política actual más allá de la superficie. El país no es ajeno a esta «batalla cultural» global. Discusiones intensas y polarizadas sobre la educación sexual, el lenguaje inclusivo, el papel de la religión, las instituciones, la identidad nacional (Tercera república) o la figura de los sindicatos son reflejo de esta misma disputa por el sentido común.

Entender que detrás de eslóganes emocionales y campañas en redes hay una estrategia semiótica organizada para resemantizar conceptos como «familia», “liderazgo” o «libertad», nos ayuda como ciudadanos a:

No caer en polarizaciones simplistas: Permite analizar críticamente los mensajes, identificando los intereses reales que hay detrás de un discurso que se vende como «rebelde» o «antisistema».

Comprender la raíz de los conflictos: Muchas tensiones sociales no son solo sobre leyes o economía, sino sobre qué valores y significados queremos que definan nuestra sociedad.

Exigir una disputa de ideas más robusta: Empuja a quienes defienden propuestas progresistas, de justicia social o de emancipación humana a comunicarlas mejor, con narrativas potentes y emocionalmente resonantes que conecten con la gente, yendo más allá de los informes técnicos y las declaraciones académicas.

En esencia, este marco analítico nos da herramientas para ser ciudadanos más críticos de la información que nos ahoga y participantes más conscientes en la vida democrática costarricense, reconociendo que la lucha por el poder pasa, inevitablemente, por la lucha por el significado de las palabras con las que entendemos el mundo.

Tropezones lógicos en una comparecencia

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

De la extensa comparecencia llevada a cabo el pasado 22 de agosto del Presidente de la República y su abogado defensor, a la Comisión Especial que estudió el levantamiento de la inmunidad en el caso conocido popularmente como “BCIE-Cariñitos”, este observador deja constancia de los siguientes puntos relevantes:

  1. El método escogido por la defensa separando de entrada su exposición en una primera parte “política”, a cargo de Chaves Robles, y una segunda de carácter “técnico-jurídica” expuesta por Villalobos Umaña es, en principio, ilógica, puesto que estamos frente a un procedimiento especial (ante-juicio) contra un miembro de los supremos poderes, es decir, un funcionario público del más alto nivel, cuyo enjuiciamiento es, por naturaleza, esencialmente político y necesariamente jurídico, por el sólo hecho de ostentar un determinado cargo en cuyo ejercicio es llamado a cuentas.

Como el desarrollo mismo de la audiencia lo muestra, en realidad tanto los argumentos “políticos” como los “jurídicos” son prácticamente los mismos: acusar un supuesto montaje político; cuestionar el contenido de la acusación y la validez de la prueba ofrecida, sobre todo la credibilidad de los testigos; y sembrar dudas sobre las motivaciones últimas del procedimiento abierto contra el Presidente.

  1. Existe un argumento cardinal en la exposición de Chaves Robles: este proceso es un montaje político, un show mediático para perjudicar su imagen, orquestado por el Fiscal General Carlo Díaz y una mayoría de magistrados (as) de Corte Plena, dadas las denuncias y cuestionamientos que él “valientemente” ha señalado, como ningún otro Presidente se ha atrevido a hacerlo, por la responsabilidad del Poder Judicial en el tema de inseguridad que padece el país y, particularmente, por haber denunciado el abuso de poder de Díaz al promover laboralmente a una subalterna con la que mantenía una relación sentimental.

El alegato serviría para un ejemplo de falacia ad hominem de cualquier Introducción a la Lógica. Una falacia es un argumento incorrecto con apariencia de ser correcto. En el supuesto de la falacia ad hominem, se trata de descalificar el discurso del oponente, no desvirtuando sus razones, sino descalificando a su persona. Así, decir por ejemplo: el hecho cierto de que esta mujer ejerce la prostitución, necesariamente la convierte en una mala madre; o bien, al ser este hombre un migrante indocumentado, lo convierte necesariamente en un delincuente. La evidencia de la falacia de Chaves cae por su propio peso: el hecho cierto de que el Fiscal Díaz cometiera una conducta indebida al no inhibirse por conflicto de intereses en el caso de la subalterna, no implica necesariamente (ni mucho menos) que las denuncias planteadas contra Chaves Robles y alguno de sus allegados carezcan por completo de fundamento, que no debieran investigarse, o que no pudieran ser elevadas al trámite de antejuicio, primero ante la Corte y luego ante la Asamblea Legislativa. Pero además, el argumento falaz omite un aspecto fundamental referido a la temporalidad de los acontecimientos, a saber, cuáles hechos son antecedentes de cuáles consecuentes. La arremetida del Ejecutivo contra el Poder Judicial y el Ministerio Público se exacerba después de que las denuncias en su contra son admitidas a trámite. En particular, esto es evidente respecto de la acusación que hace el Presidente contra el Fiscal Díaz. Por tanto, afirmar que las actuaciones de la Fiscalía son una mera vendetta carece de fundamento. De igual manera la afirmación de que la mayoría de la Corte está motivada en revanchismo dadas las críticas de Chaves, no es ni siquiera un argumento, es una mera suposición. Habría que darle al Presidente la bienvenida al Estado de Derecho y al debido proceso, puesto que la Corte está en la obligación legal de conocer la solicitud que le hace el Jefe del Ministerio Público y no puede inhibirse ni renunciar a sus competencias. Por último, tenemos décadas de que Presidentes de la República, cada vez que el tema de seguridad se les va de las manos, empiezan a culpar al OIJ, a los fiscales y a los jueces. Es cuestión de visitar la hemeroteca de lo que han dejado constando los medios de comunicación en este sentido.

  1. En determinado momento de la comparecencia, el defensor Villalobos se encarga de comunicarle al país que Chaves Robles no sólo es economista, sino también filósofo y de ahí, la “aplastante” lógica de su dialéctica. Confieso estar en el bando de los inocentes sorprendidos con esta revelación. Para demostrar su pericia en el campo de la lógica, conforme al argumento “estrella” de que la acusación no puede sostenerse porque la entrega de dinero que Chaves “obligó e indujo” a Bulgarelli a dar a Cruz, se concretó cuatro meses después de otorgado el contrato, el señor Presidente debuta como filósofo de la lógica interrumpiendo a su defensor y diciendo: “…o sea, para entender yo, el Fiscal argumenta que nosotros fuimos a cerrar el corral después de que se había salido el ganado…se salió el ganado y vino a cerrarse el corral después…” ¿Que qué?. Semejante calistenia intelectual puede dejar pasmado al mismísimo Aristóteles. El difícil momento obligó a don José Miguel a continuar rápidamente con su propio discurso.

Pero en todo caso estamos ante otra falacia de Manual. Esta vez, la falacia ad baculum, es decir, aquella que apela a un argumento de autoridad. Así tendríamos que: como lo dice el Pastor… como lo dice el Entrenador… como lo dice el Presidente… debe darse por cierto. Pero todos sabemos que por el solo hecho de que alguien haya estudiado medicina, no necesariamente es un buen médico; tampoco tener el título de Licenciado en Derecho, necesariamente hace a nadie un buen abogado, etc., etc. Por tanto, el haber estudiado Economía Agrícola no hace a alguien un buen economista y muchísimo menos, haber estudiado Filosofía lo convierte en un filósofo, y menos que menos lo convierte en un buen gobernante.

  1. Los argumentos técnico-jurídicos, debe reconocerse, tienen un mejor desempeño. No sólo por la retórica del defensor Villalobos, sino porque tocan aspectos decididamente relevantes, aunque, en mi criterio, inoportunos e impertinentes. Sobre la misma base de la conspiración política contra el Presidente, la Defensa cuestiona, en primer lugar, la naturaleza del pronunciamiento que debe emitir la Asamblea Legislativa. Dice que debe desecharse una primera tesis o posición “extremista” que consistiría en que la Asamblea sólo compruebe la existencia de ciertos requisitos formales y autorice el levantamiento de la inmunidad. También señala que una segunda tesis “extremista” consistiría en evacuar y valorar la prueba, y prácticamente dictar sentencia, lo cual también es improcedente. Por último, el señor defensor dice que hay una posición intermedia que es la que debe prevalecer, a saber, que la Comisión debiera revisar la acusación, determinar si los hechos pueden configurar delito, si la prueba ofrecida respalda la acusación y si la acusación es coherente. Pero ciertamente, entrar a todos estos aspectos –como en efecto lo hace el Lic. Villalobos- significa valorar la prueba ofrecida y confrontarla con los hechos, todo lo cual es propio de la competencia jurisdiccional, por lo que al final, el argumento de la Defensa cae en uno de los extremos que afirma rechazar. En fin, para desvirtuar esa acusación no se puede ni debe descender al análisis de fondo sobre todos y cada uno de los elementos probatorios ofrecidos por el Fiscal General. Y ese es precisamente el gran error en que incurre la defensa, entrar a una argumentación del fondo del asunto. De paso el señor defensor incurre en una que otra falacia también muy frecuentes en el mundillo del litigio. Se trataría ahora de una clásica falacia de conclusión inatingente puesto que del hecho que en una grabación telefónica y en una entrevista policial no conste que la testigo Navarro haya expresado que el Presidente “obligó e indujo” a Bulgarelli a entregar dinero a Cruz, no puede necesariamente deducirse que tal manifestación no se hiciera, o no pueda establecerse, por otros medios, la posibilidad de esclarecer el punto.

En definitiva, es inválido desde la perspectiva de una sana argumentación jurídica, en el momento procesal de que se trata, caer en un ejercicio en el que se pretende evidenciar supuestas contradicciones de los testigos clave; hacer un cuestionamiento genérico acerca del instituto procesal del Testigo de la Corona; realizar un cuestionamiento de la credibilidad que ofrece el señor Bulgarelli y otros declarantes; afirmar una supuesta imposibilidad de que el tipo penal se haya configurado, y otra serie de elucubraciones que no corresponde hacer al cuerpo de diputados (as), por dos razones principales: (a) el momento procesal en que está el expediente (cuestión de oportunidad); y (b) el alcance de la valoración que pueda hacer la Comisión y el Plenario de la Asamblea (análisis a fondo de la masa probatoria disponible). Esto último corresponde a un Tribunal de Justicia, en este caso, la Sala Tercera de la Corte, si es que se remite el trámite para continuarlo en esta instancia. En síntesis, por ser el ejercicio de la defensa técnica un examen de la calidad y pertinencia de los elementos probatorios disponibles, la coherencia y razonabilidad de sus argumentos, a saber, la existencia o no de falacias relevantes, va a depender del sustento fáctico que una valoración jurisdiccional integral dé, sea para concluir que se trata de meras conjeturas espurias, o de razonamientos válidos y pertinentes. Sólo entonces podrá establecerse la verdad judicial, absolviendo o condenando a los imputados.

Volver a la Facultad – Una diatriba contra el estado de las cosas

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Walter Antillón

La Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica es, primordialmente y por definición, un santuario de la Justicia. Los santuarios viven, florecen o languidecen al calor de los sentimientos, los principios y los valores que cultiven activa y fervorosamente sus componentes. Hay facultades pujantes donde reina la mística por el trabajo bien hecho, por el compromiso serio con la ciencia jurídica, con el pensamiento filosófico riguroso y con la justicia que se brinda a los sectores más carenciados de la comunidad; y hay facultades únicamente de nombre, donde sólo trasciende una apariencia académica, a veces espectacular, que cubre y disimula un fondo vacío, o un mero interés comercial.

Volver a la Facultad significa un fuerte y sostenido compromiso con la academia jurídica, que se traduce en el estudio desinteresado de la historia, la teoría y la dogmática en las manifestaciones más actuales y precisas de la doctrina europea y latinoamericana: por ejemplo, la tradición del derecho privado germánico desde las obras de Windscheid, Enneccerus y Hedemann hasta Eisenhardt y Klunzinger; del derecho civil francés desde Planiol y Josserand hasta Carbonnier, Cornu y Boris Starck; del derecho civil italiano desde Filippo Vassalli, Barassi y Messineo hasta Rodolfo Sacco, Rodotà, Guido Alpa y Alessandro Somma; del derecho civil español desde Castán Tobeñas y Federico de Castro, a Luis Díez-Picazo y Albaladejo; del derecho civil latinoamericano desde Clovis Bevilacqua, Alberto Spota, Barandiaran y Alessandri, hasta Francisco Amaral, Lorenzetti y Juan Orrego Acuña.

Volver a la Facultad significa asumirnos como juristas, como personas comprometidas con la honestidad, la voluntad de no hacer daño, y luchar por el justo reparto de los bienes de la vida.

Volver a la Facultad significa reivindicar la posición señera de la academia juris en el tratamiento de las cuestiones constitucionales y legales propuestas en la palestra nacional, como cuando los gobiernos y los diputados requerían y secundaban las opiniones de don Víctor Guardia, don Antonio Picado, don Enrique Guier o don Fernando Baudrit.

Costa Rica cruza por momentos de grave peligro; y volver a la Facultad en un momento de grave peligro institucional es un deber moral y cívico de todo compatriota con alta formación académica, aún en casos de colegas que han alcanzado la edad de retiro. Menciono a algunos: a Gilbert Armijo y a Ernesto Jinesta, jueces retirados; a Javier Llobet, Juan Marco Rivero y Francisco Dall’Anese; a Víctor Pérez Vargas, a Hugo Muñoz, padre e hijo, a Marlen León; a Ricardo Harbottle, a Ricardo Hilje, a Daniel González, a Mario Houed y a Fernando Cruz. Todos tienen todavía muchísimo que dar. No incluyo a otros y otras colegas muy valiosas, en razón de su precaria salud. Pido a todos los mencionados concurrir, junto a los actuales titulares, a un Congreso Académico donde se discuta el rumbo de la Facultad y el rol del jurista dentro de la sociedad que vivimos; su papel orientador en la comunidad nacional; sus opciones didácticas y su compromiso con la excelencia académica y la excelencia moral: su compromiso en la formación de juristas verdaderos, que es su razón de ser.

¿Dónde nos encontramos?

Escrito en . Publicado en Lucha Cultural.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

A lo largo de estos años en los cuales he compartido mis reflexiones y análisis, un tema ha sido recurrente no solo por su importancia sino porque ha aumentado en intensidad.

Me refiero a la pérdida del espacio público en Costa Rica como constructor de sentido, de pertenecía y de socialización. Esas ideas también. Las he expuesto a los medios de comunicación que me consultan cada cierto tiempo por la violencia en carretera, la ausencia de diálogo y cortesía, la ira tras el volante.

En el país es claro que algo ha cambiado. Una rápida revisión a las notas de los medios de comunicación nos habla de ajusticiamientos, balaceras, zafarranchos y otras acciones en los que media el conflicto, la defensa de territorios y negocios ilícitos y la disputa por ese espacio público donde antes se construía comunidad y horizontalidad.

Hoy hay miedo a salir, a encontrarnos. Es cierto que la proliferación de actividades relacionadas con la naturaleza como el senderismo, por ejemplo, resultan una alternativa posible más no al alcance de todos y todas. Algo tendremos que hacer para volver a encontrarnos.

Pero si esto pasa a nivel general, siento mucha perplejidad al notar que en actividades que debieran mostrar vigorosidad en ese espacio público amplio y necesario, la tendencia más bien es, al contrario.

Hablo por ejemplo de mi universidad, a la que quiero tanto. Mi impresión es que ese espacio público ha sido pulverizado por las formas. Ciertamente las tecnologías de la comunicación, las transformaciones en las dinámicas laborales y los efectos desactivadores de la pandemia han producido cierto “achatamiento” de ese espacio necesario. Es que ya ni en las propias redes institucionales nuestras podemos hablarnos, porque no hay lugar para el debate en ellas.

Es prudente no confundir, desde luego, la amplia y variada oferta de conferencias, mesas redondas, talleres, clases magistrales con eso que yo llamo el espacio público universitario aniquilado. ¿donde nos encontramos? ¿Cómo socializamos? ¿Dónde y cómo discutimos el futuro de nuestra universidad, de nuestras facultades? ¿De nuestras escuelas?

Sé que se hacen esfuerzos, pero no alcanzan. En definitiva, mucha de la despolitización que se siente tiene que ver con esas lógicas de silenciamiento y poco apalabramiento.

Algo urgente como un “Resetearnos” podría ser la respuesta. Resignificar la lógica de las comunicaciones, para que la virtualidad sea una excepción y no la constante, volver a encontrarle al concepto de “opinión”, eso que significa justamente: la emisión de un mensaje, el intercambio de ideas, el fondo por la forma.

Volviendo al nivel social, esas formas de encontrarnos de nuevo son urgentes y necesarias. Reconstruir ese pacto social que una vez fuimos.

Frente Democrático Nacional aspira a aportar en defensa de la democracia y del Estado de derecho

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

La primera reunión del Frente Democrático Nacional se realizó este sábado 20 en las instalaciones del SINAE Afines que atendió la iniciativa que nace del Instituto Sindical de Formación Política. El sociólogo Daniel Camacho Monge presentó la propuesta de los frentes democráticos.

La nueva instancia se propone coordinar organizaciones sociales comprometidas en la defensa de la democracia y del Estado de derecho. En la propuesta se recupera el movimiento ciudadano surgido en todo el país en la coyuntura del referendo sobre el TLC con Estados Unidos de América, cuando se reactiva la lucha social como medio y expresión del auténtico pueblo.

Como se recordará, el desarrollo de los comités patrióticos marcó la lucha social contra ese tratado, que finalmente se aprobó por estrecho margen.

Estado de la justicia en Centroamérica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Esta es una versión adaptada para el Semanario Universidad de la UCR del artículo del mismo nombre y publicado en: CENTROAMÉRICA-Rendir Cuentas para que la Gente Cuente; Arroyo, J.M. et altere; Coordinación e Introducción Luis Guillermo Solís y Sergio Ramírez; Editorial Sexto Piso, S.A., de C.V., Madrid, España, 2025.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

La historia reciente de la democracia en Centroamérica -y con ella el Estado de la Justicia en la región- , tiene como punto de partida los Acuerdos de Paz: Esquipulas I (25 de mayo de 1986) y Esquipulas II (7 de agosto de 1987).

En el primero de estos pronunciamientos hay un llamado genérico al desarme de los grupos en conflicto, al diálogo constructivo, y a la instauración de una paz duradera a través del desarrollo económico y social de nuestros pueblos. Se establece que la paz sólo es posible mediante un proceso democrático, pluralista y participativo, con promoción de la justicia social, respeto a los derechos humanos, así como el respeto a la soberanía e integridad territorial de las naciones. Se visualizaba, como mecanismo idóneo para alcanzar estos propósitos, un Parlamento Centroamericano (PARLACEN) que sirviera como mecanismo promotor e integrador de la región.1

En cuanto a Esquipulas II, se declaró la necesidad de tomar medidas como promover la reconciliación a lo interno de cada nación; finalizar las hostilidades armadas; impulsar la democratización y las elecciones libres; eliminar la asistencia externa para fuerzas militares irregulares, así como negociar el control de armas y la atención a los refugiados.

Estos acuerdos declarativos de buenos propósitos nunca descendieron a las cuestiones concretas de cómo debían organizarse el Estado, el Poder Judicial y la Administración de Justicia. Todo quedó en referencias generales a la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática y al respeto de los derechos humanos.

El principal resultado de esta perspectiva fue la sobrevivencia de diseños constitucionales bastante anacrónicos, anclados en lineamientos decimonónicos, tanto para el modelo de Estado –liberal y republicano clásico-, como respecto de la organización y funcionamiento de los poderes judiciales dentro de ese esquema.

Se conservaron poderes judiciales hechos a imagen y semejanza del modelo napoléonico francés de principios del siglo XIX, es decir, organizaciones burocráticas a imagen y semejanza de los cuerpos militares, piramidales, rígidamente verticalistas, con ocupación total del territorio nacional mediante instancias y especialidades por materia y, lo más sobresaliente, una cúpula constituida por la Corte Suprema, en la que se concentra no sólo la última instancia jurisdiccional, sino todo el poder político y administrativo para la gestión de la función judicial del Estado. De esta manera, la Corte Suprema no sólo tiene la última palabra en los asuntos que procesalmente tengan acceso a esta instancia, sino que además atiende asuntos presupuestarios, administrativos, nombramientos, capacitaciones, asuntos disciplinarios y un largo etcétera.

Salvo algunos tímidos intentos de delegar en consejos de la judicatura o consejos superiores (Guatemala, El Salvador, Costa Rica), algunas de las tareas de administración, las organizaciones judiciales de la región siguen aferradas a la concentración de poderes y facultades, lo que las hace tremendamente ineficientes y con frecuencia corruptas.

Por otra parte, desde la perspectiva de los principales temas y problemas de fondo de la justicia centroamericana y de América Latina en general, los casos constituidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, enunciados por su ex Presidente, identifican las cuestiones de mayor gravedad: el rol de las empresas en la protección de los derechos humanos; el derecho al medio ambiente y de equidad intergeneracional; el derecho a la salud; la libertad de expresión; la violencia de género; las garantías del debido proceso; los alcances y uso de la prisión preventiva; el plazo razonable en casos de adopción; la guarda y custodia de menores de edad; las limitaciones a las actividades de inteligencia con base en el alcance a los derechos humanos; el derecho a la autodeterminación informativa; los derechos de reunión y circulación en contexto de protesta social; la obligación de delimitar, demarcar y otorgar títulos de propiedad colectiva sobre los territorios de las comunidades indígenas y tribales; y diversas medias de reparación integral.2

En esta tercera década del siglo XXI, el Estado de la Justicia en los países centroamericanos está determinado por factores estructurales y coyunturales.

El principal de los aspectos estructurales consiste, como ya quedó dicho, en diseños institucionales anacrónicos, a imagen y semejanza de una organización militar: piramidal, rígidamente verticalista, burocrática, con amplia concentración de poderes jurisdiccionales y administrativos en la cúpula (Corte Suprema) y, en consecuencia, muy ineficientes y antidemocráticas.

Los pocos esfuerzos por delegar funciones en consejos administrativos o de la judicatura, han tenido, en el mejor de los casos, alcances limitados como es el caso de Costa Rica y, en la peor de las situaciones, se ha tratado de ensayos poco tiempo después revertidos, sea por reformas legales, sea por declaraciones de inconstitucionalidad, como ha pasado en Guatemala, El Salvador y Honduras.

Se evidencia también una profunda brecha entre el mundo normativo (el deber ser) y la cruda realidad operativa de nuestros sistemas de justicia (el ser). La simple lectura de cualquiera de las constituciones políticas de las repúblicas de la región, evidencia la propuesta de una justicia emanada de la soberanía popular; así como un supuesto compromiso con los derechos humanos, las libertades fundamentales y las garantías propias de democracias liberales avanzadas. Pero cuando se desciende a cómo funcionan esos buenos propósitos en la práctica, comienzan a revelarse una serie de falencias, ineficacias y vicios que terminan por pintar un cuadro harto decepcionante.

En Costa Rica, la vigencia del Estado de Derecho todavía resiste, pero se arrastra un sistema de nombramientos en la cúpula judicial plagada de vicios y procedimientos amañados. Con altibajos, las mayorías parlamentarias han privilegiado la lealtad partidaria e ideológica a la excelencia académica e independencia profesional. Recientes leyes promulgadas al calor de ajustes fiscalistas amenazan la estabilidad funcional y laboral de la policía técnica, la fiscalía y la judicatura. Se han destapado escándalos por manejos irregulares de casos por claros tráficos de influencias y corrupción. En este punto, sin embargo, las buenas intenciones de procurar reformas de fondo, han naufragado en una cúpula que se niega a soltar los poderes tradicionales que ostenta. Las debilidades y falencias tradicionales han sido aprovechadas por las tendencias autocráticas del gobernante actual, que pretende destruir, no mejorar, el orden constitucional y la institucionalidad vigentes. En El Salvador se ha producido una quiebra del Estado de Derecho. El Poder Ejecutivo, sustentado en un amplio apoyo popular, ha implementado una política pública de prisionización indiscriminada con la cual, el debido proceso ha sido arrasado. La prensa independiente es perseguida y acallada. El Poder Judicial fue desmantelado y puesto al servicio incondicional de esas políticas represivas. La mayoría Parlamentaria ha bendecido esas estrategias y obedece fielmente los dictados presidenciales. Todo ha sido impuesto gracias a un estado de sitio que lleva ya varios años. El ejemplo salvadoreño es de manual, respecto a las nuevas formas de dominación oligárquica, no por medio de la bota militar, sino a través de estrategias dictatoriales con apariencia democrática. El caso de Guatemala presenta sus características propias. Como respuesta a los avances logrados en el sistema de justicia gracias a la intervención de Naciones Unidas a través de la CISIG, la clases dominantes, que vieron amenazados su impunidad y privilegios, ha arremetido tomando posesión de los poderes públicos, incluidos Corte Suprema y Ministerio Público, para revertir los logros obtenidos y asegurar que la justicia no toque a ciertos sectores con poder económico y político. Los jueces y fiscales que lograron condenas históricas contra ciertos intocables, han sido destituidos, perseguidos y en muchos casos obligados al exilio. Hoy la República de Guatemala se debate entre retomar la senda de un Estado de Derecho o continuar por la ruta de la corrupción institucional y la impunidad. La situación en Honduras es similar a las anteriores en varios aspectos. Hay serios cuestionamientos al sistema de nombramientos de la cúpula judicial y de la judicatura en general, por presiones e influencias indebidas de grupos poderosos en lo político y en lo económico. También se han registrado casos de corrupción, sobre todo de personajes influyentes que buscan impunidad ante acusaciones por tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y otros beneficios indebidos. Por último, la situación de la justicia en Nicaragua es la propia de un Estado de Facto, como en El Salvador, pues se han conculcado y neutralizado todos los mecanismos de balance y control propios de un Estado de Derecho. Se han prohibido y criminalizado manifestaciones públicas, así como las críticas y protestas mediáticas de opositores al gobierno. Se ha privado de la nacionalidad nicaragüense a activistas de derechos humanos, organizaciones no-gubernamentales y adversarios políticos. De hecho, se controla por parte del Ejecutivo a todos los demás órganos y poderes del Estado. El sistema judicial penal se ha manipulado para perseguir opositores, encarcelarlos y obligarlos al exilio. El colmo de la represión ha alcanzado a la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas a las que se les han prohibido rituales o manifestaciones públicas de sus celebraciones.

Por su parte, el principal factor coyuntural que marca el estado de la justicia centroamericana, es de carácter universal. En nuestros días estamos frente a una verdadera crisis de la democracia liberal republicana, y hay fuertes tendencias en todo el mundo que apuntan a sustituirla por regímenes autoritarios que pretenden concentrar el poder político. Si bien han cambiado las estrategias tradicionales de los golpes de estado conducidos por cúpulas militares contra las instituciones democráticas, en la actualidad se han impulsado formas no menos agresivas para tomar por asalto esa institucionalidad.

Guardando las apariencias democráticas, se trata en la mayoría de los casos, de manipular los procesos electorales controlando las autoridades electorales, eliminando de hecho la oposición, o perpetrando abiertos fraudes. Se trata asimismo de tomar el control de los otros poderes, asegurándose amplias mayorías parlamentarias, que autoricen cualquier capricho del Ejecutivo; o bien se trata de conformar poderes judiciales y ministerios públicos serviles, que se olviden de su independencia y función contralora, dando con sus resoluciones apariencia de constitucionalidad o legalidad a toda clase de tropelías y abusos.

En este último supuesto, cuando de controlar el Poder Judicial se trata, en todos los países de la región es más que evidente los esfuerzos de grupos de influencia y político-partidarios por manipular los nombramientos de las cúpulas y demás cargos en la judicatura y el Ministerio Público. De nuevo se observa con claridad todo tipo de maniobras para revestir estos procesos de una cierta apariencia de objetividad y tecnicismo, cuando en realidad se imponen criterios partidarios o, peor aún, criterios contaminados por loa intereses de sectores delictivos y corruptos que buscan impunidad.

En ese desventurado contexto, no es de extrañar las malas -a veces pésimas- calificaciones que reciben nuestros sistemas de justicia cuando son evaluados por organismos globales o regionales. Con alguna ventaja de Costa Rica en estas evaluaciones, pues aún se reconoce cierta capacidad de resistencia y fortaleza institucional, el resto de los países de Centroamérica exhiben cifras y posiciones muy negativas en aspectos fundamentales como respeto a los derechos humanos, acceso a la justicia, control a los gobernantes, o eficiencia y eficacia del Estado de Derecho en su conjunto.

Compartido con SURCOS por el autor.

1 Costa Rica nunca se adhirió a este organismo y el tiempo se ha encargado de exhibirlo como un cascarón burocrático ineficiente o peor aún, refugio de políticos en busca de impunidad.

2 (Pérez Manrique, Ricardo C; Juez Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Informe Anual 2023).

Don Juanito Mora en un inverosímil reto a duelo

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Luko Hilje Quirós (luko@ice.co.cr)

Alguna vez me contaron que, en una oportunidad, don Juanito Mora se había enfrentado en un duelo con un miembro de la legendaria y poderosa estirpe militar de los Quirós. Y eso lo recordé hace unas semanas, cuando me topé en internet con información al respecto, en un enjundioso artículo intitulado El delito de duelo en Costa Rica (Análisis histórico-jurídico), del amigo abogado e historiador Tomás Federico Arias Castro (Revista Judicial, No. 101, 2011). Por supuesto que lo leí con avidez y fruición, por tres motivos: mi interés acerca de la vida y la obra de nuestro héroe mayor; lo insólito de un lío como ese, inducido por una disputa amorosa; y mi pertenencia a la familia Quirós, por vía materna.

En cuanto a esto último, el artículo me reveló que el rival de don Juanito fue Juan Manuel Quirós Blanco, hijo de Francisco Apolinar Quirós Jiménez, quien era primo hermano de mi abuelo Ascensión Quirós Montero. El contendiente de don Juanito era hermano de José Manuel Quirós Blanco, célebre general que muriera en la batalla de Rivas, Nicaragua, y con quien don Juanito tuvo serios enfrentamientos desde el momento en que asumió la presidencia de la República, al punto de que lideró un fallido golpe de Estado, junto con varios parientes que eran militares.

Nacido el 5 de diciembre de 1841, mi abuelo Chón —venido al mundo 111 años antes que yo—, tenía apenas unos meses de edad cuando su primo segundo Juan Manuel entró en conflicto con don Juanito, al punto de retarse a un duelo, según se narra en el artículo El Gral. Quirós encontró la muerte en la jornada gloriosa del once de abril, cumpliendo una orden del Presidente Mora, de autor anónimo, y publicado en el diario La Tribuna (10-III-1929, 2ª Sección, pp. 9 y 14-15); dicho artículo fue reproducido en la Revista de Costa Rica (No. 4, pp. 65-75), de agosto de ese año, con el título Algunos datos sobre la vida del General Quirós. Tuve la oportunidad de consultar y cotejar ambas versiones, que no son idénticas.

Don Juanito en su juventud

Antes de referirme al duelo como tal, es pertinente indicar que don Juanito aún no había incursionado con fuerza en la política, según se capta en el libro Palabra viva de Libertador (EDUVISION, 2014), escrito por los amigos historiadores Raúl Aguilar Piedra —de grata memoria— y Armando Vargas Araya, donde hay un valioso recuento cronográfico de los quehaceres de don Juanito. En él se colige que hasta 1842 era un muy acucioso comerciante y empresario, dedicado al negocio de bienes raíces, así como a la exportación de café y a la venta de mercaderías importadas. Como parte de sus actividades económicas, había efectuado viajes de negocios a Nueva York, Nicaragua, El Salvador, Jamaica y Chile.

En realidad, junto con sus hermanos, fue una cruda víctima de la orfandad, pues su madre Ana Benita Porras Ulloa había muerto en 1833, y su padre Camilo Mora Alvarado en 1836.

Además del dolor de perderlos a ambos, con apenas 22 años de edad y por ser el primogénito de la prole, desde entonces le correspondió velar por la manutención de sus nueve hermanos, que eran Mercedes, Miguel, Guadalupe, José Joaquín, Ana María, Heliodora, María Rosa, Juana y Virginia. Y, por si esta no fuera suficiente responsabilidad, acogió a sus sobrinos Manuel, David y Dorila Argüello Mora, cuyo padre Toribio Argüello Argüello —cónyuge de Mercedes— falleció en 1838. Esta información proviene del artículo Mora y Cañas en familia (Revista Comunicación, 2010), del recordado y querido amigo genealogista Emilio Obando Cairol.

Ahora bien, según la tradición oral familiar, don Juanito decidió permanecer soltero hasta que todos sus hermanos se casaran, lo cual cumplió a cabalidad, como se verá posteriormente.

Relatados estos datos, que permiten contextualizar lo que era la comprometida y difícil vida cotidiana de don Juanito en esos tiempos, es oportuno referirme al duelo entre él y Juan Manuel Quirós, ocurrido en una fecha no especificada de 1842, según el artículo citado previamente.

Acerca del duelo

La causa de la confrontación, armas en mano, fue la disputa por el amor de una linda muchacha josefina de apellido Madriz, emparentada con el célebre abogado y político José María Castro Madriz.

Por entonces los contendientes rondaban los 28 y 22 años, respectivamente, y eran buenos amigos, según se capta en el mencionado artículo. Por ejemplo, en un pasaje dice así: “Parece que el General [José Manuel] Quirós y su familia mantuvieron siempre magníficas relaciones con la casa de don Juan Rafael Mora. Políticamente, también y siempre se sostuvieron mutuamente en sus empeños. Las dos familias habían vivido muy unidas desde los tiempos coloniales”. Sin embargo, como consecuencia del interés sentimental común hacia la señorita Madriz, “una gota de amargura cayó por primera vez en la armonía existente entre aquellas dos familias. Los amigos se distanciaron, los rivales se ofendieron, y rota la paz entre ellos, los recíprocos reproches los condujeron al incidente personal. Y un día quedó concertado un duelo entre ambos pretendientes”.

Entremos a conocer los pormenores de tan inesperado y serio suceso, que el autor anónimo, con grata habilidad literaria, narra así:

“Por razones que no hemos podido constatar, se convino en que el encuentro debía verificarse en la ciudad de Puntarenas. Una madrugada, en la playa, cerca de la Punta, don Juan Rafael Mora y don Juan Quirós se encontraron con sus padrinos, listos a definir la situación. El duelo fue concertado a la suerte, tirando uno primero y el otro después, y la suerte favoreció al señor Quirós. Debía tirar primero.

El señor Quirós llevaba un bastón delgado y fino, que distraídamente clavó en la arena, al tomar su puesto para batirse. Casualmente, el bastón quedó muy cerca de su dueño cuando éste se colocó en el sitio designado por los padrinos. Se dio la orden de fuego, y el señor Quirós disparó. Erró el tiro. Don Juan Rafael Mora quedó ileso, y tendió a su vez el brazo, a indicación del jefe de campo.

A la segunda palmada, don Juan Rafael afinó la puntería, dirigiendo la pistola visiblemente contra el cuerpo de su adversario. Sonó la tercera palmada, y disparó. El bastón de don Juan Quirós, partido en dos pedazos, rebotó sobre la playa y cayó al mar.

Don Juan Rafael Mora había probado dos cosas: que tenía una magnífica puntería y que perdonaba la vida de su adversario.

Al día siguiente don Juan Quirós, sintiéndose humillado por la actitud del señor Mora, abandonó Costa Rica para siempre y se fue a Nicaragua, donde murió años después.

Cuando se supo en San José el resultado del lance, el General [José Manuel] Quirós arrugó el ceño, y desde aquel momento don Juan Rafael Mora no fue santo de su devoción”.

Cabe acotar que el articulista indica que el joven Juan Manuel era sobrino del citado militar, pero, en realidad, era su hermano menor.

¿Hubo duelo, realmente?

Tras analizar lo ahí narrado, me parece que ese duelo es inverosímil, por las siguientes razones.

En primer lugar, salvo que los contendientes estuvieran de paseo allá, no tiene lógica alguna haber pactado el duelo en la muy lejana Puntarenas. Esto significaba cabalgar unas 25 leguas (unos 125 km) desde San José, por el muy escarpado y sinuoso Camino Nacional, a través de los Montes del Aguacate. Por entonces la medida de distancia usada era la legua, correspondiente al trayecto que recorre una persona a caballo o a pie en una hora, la cual se calculaba en 5 km; es decir, se requerían 25 horas para llegar a Puntarenas, de modo que, si se viajaba solo en horas diurnas, se demoraban dos días en la travesía. Por tanto, hubiera sido más lógico seleccionar un predio en la capital, como por ejemplo la planicie de La Sabana o sus alrededores; de hecho, Tomás Federico documenta la ejecución de tres duelos en La Sabana o en fincas muy cercanas a ésta.

En segundo lugar, no es cierto que Juan Manuel Quirós abandonara nuestro país para siempre y se instalara en Nicaragua, pues permaneció ocho años en Costa Rica. De ello da fe el siguiente hecho.

Recién llegado a la presidencia, don Juanito estuvo en la mira para ser derrocado, el 3 de junio de 1850, por José Manuel Quirós, por entonces comandante general del ejército y comandante del Cuartel Principal de San José, y al que don Juanito recientemente le había quitado potestades militares. Descubierto a tiempo el complot, se condenó a ambos hermanos a diez años de prisión, al igual que a otros once militares; por cierto, de los 13 acusados, ocho eran de apellido Quirós, y oriundos de San Juan del Murciélago, hoy Tibás. Sin embargo, posteriormente, a José Manuel y Juan Manuel, así como a su primo Máximo Blanco Rodríguez —quien después sobresaldría en la Campaña Nacional contra los filibusteros—, más Francisco y Pedro Quirós, la pena de encarcelamiento les fue canjeada por el destierro, por cinco años.

En tercer lugar, cuando supuestamente ocurrió el duelo, apenas tres de los hermanos de don Juanito se habían casado: Mercedes, con Toribio Argüello Argüello (1829); Miguel, con Felipa Montes de Oca y Gamero (1840); y Ana María, con José María Montealegre Fernández (1840). Es decir, faltaban por contraer nupcias Juana, con José Antonio Chamorro Gutiérrez (1843); José Joaquín, con María Dolores Gutiérrez y Peña Monge (1843); Guadalupe, con José María Cañas Escamilla (1844); Heliodora, con Manuel Cañas Escamilla (¿?); María Rosa, primero con José Francisco Salazar Aguado (¿?) y después con Manuel Joaquín Gutiérrez Peñamonge (1845). Virginia, quien sufría de parálisis, permaneció soltera. Esta información procede del artículo de Emilio Obando, antes mencionado.

En síntesis, si don Juanito había prometido velar por sus hermanos en condición de padre postizo o sustituto —como en realidad lo hizo—, no iba a faltar a su promesa y correr el riesgo de perder la vida por un duelo de amor, por atractiva que fuera la señorita Madriz, el cual después podría resultar volátil o ilusorio, como es común en las cosas del amor y los sentimientos; además, aunque él resultó ileso de dicho lance, eso no le garantizó que ella lo aceptaría como novio o esposo. Bueno…, en realidad a ninguno de los dos, pues Quirós se casó o tuvo un romance con Agapita Quesada —en una fecha no indicada—, como resultado del cual nació Cérvulo Quirós Quesada.

En el caso de don Juanito, hombre de palabra, como lo era, contrajo matrimonio cuando ya todos los hermanos se habían casado; lo hizo el 24 de junio de 1847, con Inés Aguilar Cueto —hija del exjefe de Estado Manuel Aguilar Chacón—, ella con apenas 17 años de edad, y él con 33, una edad bastante atípica para los estándares de la época, lo cual se explica por la atención con la que se prodigó hacia sus hermanos, y no por falta de candidatas, que de seguro las había. Porque, además de su éxito como empresario y de su bien ganado y abundante capital, “era uno de los hombres más hermosos de su tiempo, de pequeña estatura pero perfectamente proporcionada, de barba tupida, negra y sedosa, de ojos pardos sombreados por largas y crespas pestañas. Su mirada era irresistible por lo que tenía de penetrante y de atrayente”, en palabras de su sobrino, el escritor Manuel Argüello Mora. Es decir, era un “muy buen partido” —al decir de antes—, pues era guapo, inteligente y rico.

Para concluir, el hecho de que el duelo no aparezca mencionado en el recuento cronográfico contenido en el libro Palabra viva de Libertador —que es sumamente detallado—, sugiere que no existió, pues los contendientes eran figuras muy conocidas en la sociedad de entonces, y ese dato no iba a pasar desapercibido. O, para dar el beneficio de la duda —en el sentido de que no se publicitó—, es oportuno mencionar que ese año no circularon periódicos en el país, pues los medios Noticioso Universal y La Tertulia habían fenecido, y El Mentor Costarricense no vería la luz por primera vez sino en diciembre.

En fin…, juzgue usted, amigo lector.

Soberanía y autodeterminación en Latinoamérica: un debate sobre la neutralidad costarricense en Alternativas

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El Colectivo Reflexión – Acción ha organizado un panel de discusión en vivo para abordar el tema de la soberanía y la autodeterminación en el contexto latinoamericano, frente a la agresión sistemática del aparato militar industrial de los Estados Unidos y sus gobiernos aliados. El evento también plantea preguntas clave sobre la neutralidad costarricense como instrumento para la paz, la vigencia del Pacto de los Derechos Humanos de 1966 y la Carta de las Naciones Unidas, y las formas de reaccionar y actuar ante esta coyuntura.

El panel contará con la participación de destacadas personas expertas:

  • Valeria Rodríguez Quesada, licenciada en derecho por la Universidad de Costa Rica (UCR) y bachiller en relaciones internacionales por la Universidad Nacional (UNA). Es investigadora en género, ambiente, derechos humanos y medio oriente, y cursa una maestría en género en medio oriente y el mundo en la Universidad de Exeter (Reino Unido) y en el Instituto Al Minbar (Marruecos).

  • Óscar Barrantes Rodríguez, quien ha realizado estudios en ciencias sociales, filosofía, geografía y sismología. Es analista, con militancia comunista e internacionalista. Forma parte del Círculo Bolivariano Yamileth (CBYLO) y es integrante del Movimiento de Solidaridad Amor por Cuba – Costa Rica (MSACCR) y del Centro Popular Costarricense de Estudios Sociales (CPCES).

  • Ricardo Segura Ballar, miembro de la Comisión Nacional de Enlace del Bloque Unitario y Sindical Costa Rica.

  • Cecilia Jiménez Arce, máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de México y licenciada en sociología y trabajo social por la UCR. Es presidenta y fundadora de ODEHU, fundadora de varios sindicatos y formó parte de la inscripción del Frente Popular.

El evento se realizará en vivo el 19 de septiembre de 2025, a las 18:00 horas (-6 UTC). Podrá seguirse a través de GUANACASTE – RADIO, RADIO 506, ONDAS 106.1 FM, SOBERANÍA – REVOLUCIÓN y ALAJUELITA RADIO. El programa promueve el lema «Pensar libremente para la acción y la soberanía».

Psicología y genocidio – el aporte de Robert Jay Lifton

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El Núcleo de Investigación y Acción en Psicología y Violencia invita a la presentación “Psicología y Genocidio: el aporte de Robert Jay Lifton”, a cargo del expositor Ignacio Dobles Oropeza.

La actividad es abierta al público interesado.