Este viernes 20 y sábado 21 de noviembre se realizará el Festival de Agua de la comunidad de Argentina de Pocora. Esta celebración es una actividad que se enmarca dentro del plan de trabajo de la Comisión Participativa para la Gestión del Recurso Hídrico de Argentina, Pocora.
Este miércoles 18 de noviembre en horas de la tarde, el viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Randall Otárola Madrigal se reunió con la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré para conocer algunos temas prioritarios en la agenda de interés comunal.
Durante la reunión, se le presentó al señor Otárola, la necesidad de darle continuidad al proceso de reubicación de las familias que han sido afectado por las inundaciones desde la Tormenta Tropical Nate hasta el momento.
El funcionario propuso programar una posterior reunión con otros jerarcas a nivel interinstitucional como el ICE, AyA, Municipalidad, Vivienda, entre otros, para coordinar de una manera más efectiva la ejecución de esta propuesta más otros proyectos que son de interés comunitario.
«FUERZA PÚBLICA DETIENE CAMPESINOS DE ASENTAMIENTO LA CRUZ.
Fuerza Pública detiene al menos 7 compañeros y compañeras del Asentamiento La Cruz.
Desde la Alianza Campesina denunciamos que este lunes 16 de noviembre en horas de la tarde varios oficiales de la Fuerza Publica se presentaron al asentamiento campesino La Cruz en Monte Alegre de Los Chiles y detuvieron al menos 7 personas.
La Fuerza Pública no llevó ningún tipo de notificación para las personas detenidas, y pese a que nuestros compañeros mostraron una orden de la Sala Constitucional que manda a la Delegación Policial de Los Chiles a no realizar desalojos, procedieron con las detenciones.
La agresión se da pese a que las familias hacen todo el esfuerzo para que el asentamiento logre entrar como un proyecto del INDER, incluso el miércoles 11 de noviembre anterior el Banco Nacional contesto una carta a las familias en dónde se indica que «la Administración procederá con las diligencias necesarias ante el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) para que éste manifieste su interés en adquirir el inmueble correspondiente».
Desde la Alianza Campesina exigimos la liberación inmediata de nuestros compañeros y compañeras detenidos injustamente, nosotros solo luchamos para vivir y trabajar no delincuentes.
Hacemos un llamado urgente al todo el movimiento social para que nos ayuden a replicar está denuncia y a exigir al Banco Nacional y a la Fuerza Pública le cese inmediato de la represión contra nuestras familias .
Lo último que sabemos es que nuestros compañeros están en el Hospital de Los Chiles según parece para que les hagan pruebas de COVID-19″.
Las organizaciones, instituciones y personas que suscribimos esta Carta Abierta dirigida al Estado de Costa Rica nos referimos a las órdenes de desalojo judicial que existen contra el Pueblo Cabécar de China Kichá y el aumento de la vulnerabilidad que dichos desalojos suponen para este Pueblo.
A saber, existen dos amenazas de desalojo judicial en el Territorio Cabécar de China Kichá. El primero corresponde al de Kono Jú: en el voto N.288-F-2020 del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José se ordenó el desalojo de las y los recuperadores Cabécar de la recuperación realizada en mayo del 2019 y nombrada como Kono Jú[1]. Tras una serie de acciones judiciales, políticas y mediáticas, el 25 de septiembre el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires suspendió temporalmente el desalojo de Kono Jú.
El segundo corresponde a Yuwi Senaglö, tierra-territorio recuperada desde el 28 de septiembre del presente año. Hasta esa fecha estaba ocupada ilegalmente por Miguel Vargas Mata (quien todavía se encuentra atrincherado en la casa dentro de Yuwi). La Resolución N. 48-2020 del Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (Materia Agraria) del 13 de octubre de 2020 ordenó el desalojo de las familias Cabécar recuperadoras.
Sobre ambos procesos, solicitamos al Estado de Costa Rica considerar cuatro cuestiones fundamentales:
Se está aplicando el derecho Civil y Agrario, más no el Derecho y Legislación Indígena. Según los Principios Generales del Derecho, la norma especial prevalece sobre la general. En Costa Rica además existe suficiente normativa de carácter internacional como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado desde 1993 y la Ley Indígena (Ley 6172 de 1977) que expresamente regulan los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios. Se debe entender que estos Territorios y estos Pueblos se encuentran protegidos por una legislación y derechos especiales y como consta en ambos expedientes según información oficial del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), los terrenos recuperados se encuentran dentro del Territorio Cabécar de China Kichá.
En el contexto de la Pandemia del Covid 19, una medida cautelar como el Desalojo Judicial o Administrativo aumenta la vulnerabilidad en la que se encuentran estos Pueblos. Sobre esta situación varias instancias nacionales e internacionales emitieron diversos informes y normativas que recomiendan que los desalojos contra Pueblos Originarios no se lleven a cabo.
Entre ellos, se rescata el Comunicado Público del Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Vivienda: Balakrishnan Rajagopal, del 18 de agosto de 2020, en el que expresa: “(…) El derecho a la vivienda es fundamental en cualquier respuesta a la pandemia (…) Perder el hogar durante esta pandemia podría significar perder la vida” (…) “los derechos a la vida y a una vivienda adecuada están intrínsecamente vinculados”.
Balakrishnan Rajagopal, en ese mismo comunicado, menciona: “Hago un llamado a todos los Estados para que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos y garanticen que nadie quede en una posición de mayor vulnerabilidad a la COVID-19”[2].
III. La CIRCULAR No. 227-2020 de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica que establece “El Consejo Superior del Poder Judicial en sesión N° 95-2020, celebrada el 6 de octubre de 2020, artículo XLIX, acordó comunicar a todos los despachos judiciales del país que tramitan procesos judiciales donde se disponen puestas en posesión y desalojos en los que intervengan personas en situación de vulnerabilidad, y con fundamento en la normativa nacional e internacional de derechos humanos -de carácter supraconstitucional conforme a la jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia…se insta a las personas servidoras judiciales vinculadas con la tramitación y ejecución de desalojos y puestas en posesión para que, a fin de garantizar el acceso a la justicia, en especial de las personas en situación de vulnerabilidad, cumplan con lo siguiente:
Garantizar el acceso a la justicia a la población indígena tomando en consideración sus condiciones étnicas, socioeconómicas y culturales, aplicando el Derecho Indígena -siempre y cuando no transgreda los derechos humanos- así como sus costumbres y cosmovisión, conforme a la normativa nacional e internacional, en especial, el artículo 1 de la Constitución Política, que declara a Costa Rica como una República multiétnica y pluricultural. De ser necesario podrá requerirse un peritaje antropológico, para garantizar, proteger y tutelar los derechos humanos de los pueblos indígenas, conforme lo dispone la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas de Costa Rica.
Respetar la importancia de que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, en resguardo del derecho colectivo y comunitario de esa relación. La utilización del término «tierras» debe incluir el concepto de territorios, que cubre “la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”. Además, tomar medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades”[3].
La Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá y las familias Cabécar residentes de Kono Jú, presentaron desde el 22 de septiembre del 2020 la Solicitud de Declaración de Vulnerabilidad Social del Desalojo en Kono Jú de China Kichá ante Eduardo Solano, Viceministro de Seguridad Pública; solicitud que todavía no ha sido respondida por dicha instancia.
Esta solicitud se basa en el Decreto Ejecutivo N° 39277-MP-MSP-JP-MIVAH-MDHIS. Donde se determina la Creación de la Comisión de Atención Integral a los Desalojos (CAID) y el Procedimiento especial para la atención de desalojos considerados como de vulnerabilidad social. El artículo 15 de dicho Decreto establece:
“El Ministerio de Seguridad Pública o la CAID podrán considerar un desalojo, en trámite judicial, como de vulnerabilidad social. En ese caso, por medio de la Procuraduría General de la República, se impulsarán las gestiones necesarias para solicitar al despacho judicial que, en sentencia, se considere un tiempo prudencial para ejecutar el desalojo a partir de una atención integral y respetuosa de los Derechos Humanos”.
Ante ello, las organizaciones e instituciones que suscribimos, solicitamos vehementemente al Estado de Costa Rica que:
Se garanticen y respeten los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios.
Se priorice la aplicación del Derecho y Legislación Indígena sobre el derecho Civil o Agrario, según lo estipulan los Principios Generales del Derecho, en el sentido que la norma especial prevalece sobre la general.
Se detengan los desalojos en el Territorio Cabécar de China Kichá, en el tanto un desalojo como medida cautelar anticipada genera indefensión a los Pueblos Originarios y violenta su derecho fundamental, colectivo y comunitario a la tierra y en el contexto de la pandemia del Covid-19 el desalojo aumentaría la vulnerabilidad de este Pueblo.
El Ministerio de Seguridad Pública resuelva la Solicitud de Declaratoria de Vulnerabilidad Social del Desalojo de Kono Jú y se inicie el proceso de Declaratoria de Vulnerabilidad Social del Desalojo de Yuwi Senaglö, en consonancia con el Decreto Ejecutivo N° 39277-MP-MSP-JP-MIVAH-MDHIS.
La suspensión de los desalojos ordenados hasta tanto el Ministerio de Seguridad resuelva la solicitud de Declaratoria de Vulnerabilidad de ambos desalojos.
En el caso de Kono Jú, habiendo transcurrido un lapso de tiempo razonablemente largo desde la fecha de recuperación del terreno y considerando que no existe más prueba que conocer, se proceda ya con la resolución de fondo de ese litigio.
Organizaciones, instituciones y personas firmantes:
Brigada para Leer en Libertad AC, México
Cultural Survival
Mujeres y la Sexta, México
Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa Comunitaria CIERIC, Cuba
Servicios para una Educación Alternativa AC EDUCA, México
Comité Cerezo; México
Festivales Solidarios, Guatemala
Red Latinoamericana Somos Un Abya Yala
Recuperadoras/es Cabecar de Kono Ju de China Kichá
Recuperadoras/es Cabecar de Yuwi Senaglö de China Kichá
Recuperadoras/es Cabecar de Sekeirö Kaska de China Kichá
Recuperadoras Cabecar de Sá Ka Duwé Senaglö. De China Kichá
Recuperadoras/es Cabecar de Kerpego. De China Kichá
Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá
Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa de Salitre
Concejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cajc
Concejo de Mayores Iríria Jtechö Wakpa de Cabagra
Recuperadoras/es Brörán de Crun Shurin
Recuperadoras/es Brörán de Finca San Andrés
Organización Autónoma Gwrvechi Kare del Territorio Ngäbe de Conte Burica
Asociación de Productores de Finca 10
Comité de lucha por la Tierra de Finca Changuina
Cootraosa
Comité de Lucha por la tierra de kilómetro 37 de Golfito y Corredores
Asociación para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP)
Comité de Lucha por la Tierra de Finca Venecia
SOJUPANO de Palmar de Osa
Tierra para el Campesino de Finca Puntarenas (TIPAELCA)
SERBUSUR de Finca Puntarenas
Asociación Voces Nuestras
Ditsö.
Coordinadora de Lucha Sur Sur
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CiCDE) Universidad Estatal a Distancia (UNED)
Estudios Avanzados UCR (UCREA)
Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur
Alaklä sulú täkili wömi, La fortaleza de la mujer maíz por siempre, Alto Chirripó
Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe
Centro de Orientación Indígena de Sixaola
Asociación de Trabajadores Ngöbes de Sixaola, ATIGUSI
Consejo de Mayores Broran Térraba
Mujeres Mano de Tigre Orcuo Dbön de Térraba
Mujeres en Acción, Costa Rica
Lunayena Títeres
Colectiva por el Derecho a Decidir, Costa Rica
Comité Ejecutivo, Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT), Costa Rica
Humanismo Secular de Costa Rica
Colectivo de Geografía Crítica 24 de abril
Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria, UCR
Movimiento Ríos Vivos, Costa Rica
Movimiento Cultura Viva Comunitaria Costa Rica
Hablemos de Derechos Humanos
Colectiva Caminando
Colectiva Radio Andante
CEFEMINA
Radio Machete
La Cadejos, Comunicación Feminista
Frente de Resistencia Animal y de Tierra, FRAT
Asociación de Estudiantes de Antropología Social y Arqueología, UCR
TardeArte Revista Cultural
Red del Buen Vivir Región Brunca
Asambleas Patrióticas Populares
Movimiento Alternativas de Izquierda (MAIZ)
Gustavo Oreamuno Vignet, cédula 1 835 921
Ana Elena Obando, cédula 1 651 024
Mariel Rojas Gómez, cédula 1 1051 0809
Guadalupe Urbina Juárez, cédula 5 0183 0490
Natalia Silva Maffio, cédula 4 0192 0714
Carol Moreira Campos, cédula 1 1178 0654
María Elena Moreira Campos, cédula 1 0525 0022
Adriana Sánchez Sánchez, cédula 1 1040 0980
Marisela Navarro Brenes, cédula 1 1163 0622
Geoffrey González Jiménez, cédula 401660158
Judith Navarro Brenes, cédula 3 0200 1324
Evelia Navarro Brenes, cédula 3 0144 701
Karol Montero Rony, cédula 1 1108 0959
Nery Chaves García, cédula 1 1482 062
Paula Pinto, 1 2490000-0327 Francia
Jaime Arturo Rojas Brenes, cédula 4 0162 0345
Jackeline Corrales Mora, cédula 1 1096 0142
Osvaldo Muñoz Fores, cédula 1 1698 0742
Soledad Díaz Pasten, cédula 1 15200 006105
Juan Carlos Gutiérrez Camacho, cédula 1 724001 39828
Reiner Retana Solano, cédula 1 1086 0040,
Roxana Gómez Zúñiga, cédula 1 06460922
Larraitz Lexartza Arza, cédula 8 0124 0792
Olman Bolaños Vargas, cédula 2 0420 0917
Lorna Mariana Li Gutiérrez, cédula 1 1594 0566
Jorge Segura Ramirez, cédula 1 0464 0390
Pamela Campos Chavarría, cedula 1 1345 0315
Ricardo Araya Rojas, cédula 1 0529 0917
Luis A Monge Arrieta, cédula 1 0618 0825
María Pérez Porras, cedula 1 0457 0132
Juan Francisco Valerio Delgado, cédula 4 0184 0769
Vianey Mora Vega, Cédula 1 1 448 0728
Dayana Ureña Solís, cédula 2 0590 0549
Ana Lorena Camacho De la O, cédula 4 0137 0280
Ronny Valverde Chinchilla, cédula 1 0914 0538
Notas:
[1]De esta forma, el Tribunal acogió una medida cautelar solicitada por Hacienda La China R y L S.A -propiedad de Ángel Marín Espinoza- en un proceso ordinario agrario que se conoce en el Juzgado Civil, de Trabajo y de Familia de Buenos Aires (Materia Agraria).
[2] Ver: https://hic-al.org/2020/09/04/experto-de-la-onu-insta-a-prohibir-los-desalojos-durante-la-pandemia-de-covid-19 y https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26170&LangID=E
[3] Esto de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La estatuilla del Premio fue transformada este año con el fin de reflejar más claramente el vínculo entre la universidad y la sociedad. La artista a cargo fue Beatriz Parra Thompson, docente de la Escuela de Artes Plásticas de la UCR. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
La Vicerrectoría de Acción Social entregó los Premios de Acción Social María Eugenia Dengo Obregón 2020 a Patricia SedóMasís, docente de la Escuela de Nutrición, y a Teodoro WillinkCastro, docente de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Asimismo, brindó un reconocimiento a Jorge Vargas Carmiol, docente de la Escuela de Medicina.
Sandra Araya Umaña, vicerrectora de Acción Social, explicó que el Premio se otorga a aquellas personas que sobresalgan por su compromiso ético y social, así como por la originalidad de sus propuestas, la articulación interuniversitaria e interinstitucional y la trascendencia de su labor como aporte a la acción social dentro o fuera de país.
“Este premio lleva el nombre de una ilustre ciudadana que fue la primera vicerrectora de Acción Social y que se caracterizó por ser una profunda humanista y defensora valiente, comprometida con la promoción de la igualdad de los derechos y la paz social. Y este año, más que nunca, requerimos la acción universitaria en pro de los derechos humanos, particularmente los derechos de los sectores vulnerabilizados”, subrayó Araya.
En este sentido, destacó los aportes que ha realizado la profesora Sedó por más de 12 años en el trabajo interdisciplinario e interuniversitario articulando la docencia, la investigación y la acción social en temáticas relacionadas con el rescate de tradiciones, seguridad alimentaria y población adulta mayor. También resaltó el uso de metodologías enfocadas en la educación popular y en la sistematización de experiencias como forma de encontrar nuevo conocimiento en diálogo con las poblaciones.
De izquierda a derecha, los galardonados con el Premio de Acción Social María Eugenia Dengo Obregón 2020: Teodoro Willink de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Patricia Sedó de la Escuela de Nutrición. Los acompaña Jorge Vargas de la Escuela de Medicina, quien recibió un reconocimiento especial. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Acerca del profesor Willink, Araya señaló su innovación metodológica para abordar distintas problemáticas desde el área de la ingeniería combinando el desarrollo del arte y la tecnología en beneficio depoblaciones vulnerables de zonas como Talamanca, OsayGolfito. “Con esto, el profesor Willink ha contribuido a la superación de la falsa separación entre las ciencias duras y las mal llamadas ciencias blandas”, subrayó.
En cuanto al reconocimiento brindado al profesor Vargas, Araya detalló que es fruto de sus esfuerzos por articular acciones con distintos actores sociales que propician el derecho a la salud en poblaciones indígenas desde la educación popular y los procesos socioeducativos.
“Los trabajos de ustedes tres son una clara muestra del rol de la acción social como eje sustantivo del quehacer universitario. Gracias por sus aportes al fortalecimiento del vínculo entre la universidad y la sociedad costarricense. También gracias a las personas que trabajaron a su lado por marcar la diferencia desde sus espacios cotidianos y hacer de la acción social una verdadera actividad sustantiva como un posicionamiento ético y político, propio de una universidad pública como la Universidad de Costa Rica”, expresó Araya.
El acto de entrega de los Premios de Acción Social María Eugenia Dengo Obregón contó con la participación de Eduardo Guerra Rodríguez, bailarín de Danza Universitaria. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
La vicerrectora de Acción Social recordó que el concurso se abre cada año para dos áreas académicas y reconoce a una persona por cada área. En esta oportunidad, la distinción se enmarcó en las áreas de la Salud y de la Ingeniería, donde se están desarrollando 166 proyectos de Acción Social vinculados con la promoción, prevención y atención de la salud, el fortalecimiento educativo, la seguridad alimentaria, la divulgación de la ciencia, el desarrollo comunitario y el fortalecimiento local, entre otros temas.
Por su parte, Carlos Araya Leandro, rector de la Universidad de Costa Rica, recordó los compromisos de María Eugenia Dengo Obregón: enseñar y educar. También rememoró su huella dentro y fuera de la universidad, siendo la primera vicerrectora de Acción Social y la creadora del Trabajo Comunal Universitario.
“Su determinación por generar beneficios al país es la misma que presentan las personas que hoy premiamos. Tal y como lo entendió doña María Eugenia, es en la acción social donde encontramos la herramienta que permite a la comunidad universitaria retribuir la inversión y la confianza que en nosotros deposita la sociedad nacional. Su labor encomiable yendo mucho más allá de sus áreas de conocimiento para beneficio de poblaciones que constantemente son sujetas de discriminación y de exclusión social los hicieron merecedores de este reconocimiento que, más que un premio, es un agradecimiento por esta misión que ustedes han emprendido como parte de su carrera académica”, puntualizó el rector.
Asimismo, enfatizó en la importancia de la acción social como una de las actividades sustantivas de la universidad, sobre todo en los tiempos difíciles que atraviesa el país. “Es en momentos como este, cuando se nublan las esperanzas y se acrecientan las crispaciones y los miedos, que la Universidad de Costa Rica debe brillar con mayor fulgor”, aseveró.
Desde la cocina hasta la música electrónica
“Mi esperanza es que este esfuerzo generado a lo largo de estos años haya contribuido con un granito de arena y que sea una motivación para otras personas de cultivar mucho más, mejorar lo construido, reinventarse ante los nuevos desafíos y promover los cambios requeridos de beneficio para la sociedad”, Patricia Sedó Masís. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Al recibir el galardón, Patricia Sedó agradeció a la Universidad, a sus compañeros de trabajo y a los estudiantes, al reconocer que todos sus logros han sido producto del trabajo compartido y en equipo. También destacó la importancia de reconocer que es a través de las acciones que se pueden realizar cambios importantes y transformar una realidad.
Según relata, su interés de trabajar la cocina tradicional y con personas adultas mayores surgió de la necesidad de promover espacios de encuentro intergeneracional y de favorecer ese intercambio de saberes en relación con alimentos y prácticas alimentarias que se han desestimulado en los últimos años por diversas razones.
“Con el trabajo colectivo se reconoce que los recursos alimentarios disponibles en las comunidades y los sistemas alimentarios sostenibles están basados en la alimentación tradicional. De ahí la importancia de la puesta en valor de lo que tenemos y la posibilidad de conservar lo que tenemos, conservar los alimentos y exaltar la tradición alimentaria en las comunidades, a partir de un encuentro de saberes”, mencionó.
“Este Premio es un reconocimiento al trabajo de muchas personas que han participado en los proyectos. Pero, para mí representa un compromiso de seguir trabajando fuerte y también de tratar de inspirar a otros colegas y estudiantes de realizar acción social desde una manera consciente y proyectada hacia las comunidades”, Teodoro Willink Castro. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Por su parte, Teodoro Willink advirtió que el Premio debe reconocer el aporte de todo un equipo de trabajo porque “la acción social es un proceso complejo, dinámico y colectivo, no es de una sola persona”. Asimismo, recordó que la acción social es un diálogo entre la universidad y la sociedad, tanto literal como figurativo.
“El proceso de acción social tratamos de hacerlo académico, sistemático, a veces hay que improvisar, debe ser innovador, efectivo y significativo. Se hace con humanidad, con solidaridad y con conciencia ambiental. Lo hacemos con compromiso y con respeto, con responsabilidad y es inherentemente articulado y colectivo. Una sola persona no puede cambiar el mundo. Tenemos que ser varios y todos. A veces se hace con poco presupuesto, pero se hace con mucha pasión, con mucho esfuerzo, con mucho apoyo y con muchísima satisfacción. No se hace por el dinero, no se hace por la gloria tampoco. Se hace para inspirar a otros con el ejemplo y, especialmente en Ingeniería, que tiene menos de la mitad de los proyectos de Acción Social que tiene Salud, y donde, en términos generales, la investigación no está en las comunidades”, destacó.
Willink explica que la idea de combinar la Ingeniería con el Arte surgió de la observación de que en la carrera existen muchos estudiantes con habilidades y destrezas artísticas. A partir de ahí, consideró el arte como una vía para comunicar lo que hacen la Ingeniería y los profesionales de esta área del conocimiento.
Uno de los proyectos que lidera este docente de Ingeniería Eléctrica se denomina “Electrizarte”, en el que los estudiantes realizan presentaciones musicales o dramatizaciones en las que incluyen instrumentos tecnológicos diseñados y creados por ellos mismos. Las funciones se desarrollan en colegios públicos de zonas rurales y sirven para generar preguntas y establecer diálogos donde se estimula la curiosidad científica y el interés por continuar estudios superiores.
Fernando Montero Bolaños Periodista, Oficina de Divulgación e Información
“Se dice que hoy jueves 12 a las 5 pm se hará una reunión en el Bar Restaurante Hilda con grupos organizados de la zona.
Las y los recuperadores de la finca Crun Shurín expresamos que esto lo sentimos como una provocación de una usurpadora de nuestras tierras, quien ha profanado sitios sagrados y que tiene tanto la cantina como el restaurante ilegal dentro de nuestro Territorio Brörán.
Lo que hacen con esto es incitar a la violencia ya que ella sabe que se encuentra realizando actividades ilegales dentro de nuestro territorio por lo que solicitamos:
Que el Estado costarricense no demore más la devolución de nuestras tierras, pero mientras estas no sean devueltas, que no se permita este tipo de reuniones dentro de nuestro Territorio, que atenta contra el orden público y solo promueve más la violencia que sufrimos.
LA RED NACIONAL DE AUTOSOSTENIMIENTO hace un llamado a los pequeños y medianos productores de las diferentes regiones del país a unirse a este proyecto ciudadano para que «Construyamos Unidos una Costa Rica productiva y próspera».
Fomentamos la producción y el consumo de todas las áreas de la producción para reconstruir la economía nacional desde la perspectiva ciudadana y acorde a las necesidades de toda población.
El Programa de Economía Social Solidaria de la UCR le invita este miércoles 11 de noviembre a las 2 p.m. al el II Encuentro sobre Intercambios Solidarios. El Encuentro se realizará mediante Zoom. Se conversará sobre formas de intercambios solidarios y se podrá hacer preguntas para ampliar los saberes y experiencias. En el afiche encontrará datos para confirmar su participación.
El diálogo territorial ha demostrado la capacidad de gestión de la Sede del Sur en la Región Brunca y el aporte que puede ofrecer la UCR para fomentar el diálogo entre el gobierno y los sectores sociales, económicos y políticos.
Dr. Carlos Murillo Zamora. Director del Observatorio del Desarrollo (OdD) y catedrático de Escuela de Administración Pública (EAP).
El desarrollo entendido desde una perspectiva amplia, no se limita a una cuestión de simple crecimiento en términos económicos. Así se concibe a partir de la superación del enfoque malthusiano y las ideas de A. Sen en su libro Desarrollo como libertad, pero sobre todo a partir del Reporte de la Comisión Brundtland, “Nuestro futuro común”, de 1987 -que sirve de referente a la tesis de la sostenibilidad para cerrar la brecha entre desarrollo y ambiente-.
Por eso, J. Sachs en su libro “The Age of Sustainable Development” de 2015, alude a que el desarrollo sostenible es el concepto central de nuestro tiempo y un método para resolver los problemas globales, teniendo como guía los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo cual no significa hablar solo de desarrollo como crecimiento, sino desde un visión holística e integral que abarca, tanto a los gobernados como a los gobernantes. De ello se deriva la necesidad de reconocer las particularidades que tiene el desarrollo en cada país, región y comunidad.
Por otra parte, en los últimos años se ha incrementado la conveniencia de implementar la estrategia de gobierno abierto, fundamentada en tres pilares: participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas; con lo cual se fortalece la democracia y la democratización. Pero no se trata solo de que la ciudadanía vote cada cierto tiempo para escoger a sus gobernantes; sino que aquella asuma la responsabilidad de intervenir en los procesos de formulación de políticas públicas en todas sus fases. Al mismo tiempo, que el gobierno genere los espacios permanentes de diálogo y participación, y rinda cuentas de las acciones que realiza en procura del bien común.
A partir de ello, se debe reconocer que las situaciones críticas que enfrentan las sociedades, gobiernos y en general los países constituyen un momento propicio para que se generen los espacios necesarios para atender los problemas en forma conjunta. Aunque suene redundante, los problemas hay que problematizarlos para incorporarlos a la agenda pública y de ahí a la agenda gubernamental.
Con motivo de la pandemia de la Covid-19, de los problemas fiscales que por años se han acumulado en el país, de la largamente postergada reforma del Estado y de las dificultades que ha tenido la administración Alvarado Quesada para tomar decisiones y comunicarlas a la ciudadanía; así como considerando las protestas prolongadas en los meses anteriores, el gobierno convocó a los procesos de diálogo nacional y en las regiones del país. En el caso de la Región Brunca, la ministra de Economía, Victoria Hernández, pidió la colaboración de la Universidad de Costa Rica (UCR), particularmente la participación de la Sede del Sur. Desde el primer momento el rector, Dr. Carlos Araya, respaldó la solicitud.
Así se inició una serie de trabajos para facilitar el diálogo entre los diversos sectores de la zona Brunca y las autoridades gubernamentales. El propósito: construir una propuesta consensuada que identifique los problemas en los seis cantones (Buenos Aires, Corredores, Coto Brus, Golfito, Osa y Pérez Zeledón) y señale las causas y las posibles soluciones, así como los actores responsables.
Esta zona tiene particularidades, además de ser una de las áreas de menor desarrollo en el país. Lo señalo con conocimiento de causa, pues trabajé en distintos proyectos durante varios años. A cada cantón, y dentro de estos a cada distrito, hay que reconocerles las diferencias. Esto es clave cuando se quieren atender las necesidades; de ahí la referencia inicial que hice a los enfoques sobre el desarrollo. Los cuales, en el sur del país, deberían conducir a convertir esa región en un polo de desarrollo.
El papel de la UCR, Sede del Sur
Por lo anterior, y teniendo en cuenta el prestigio y credibilidad que tiene la Sede del Sur, así como la capacidad de trabajo de la directora, Georgina Morera Quesada y su equipo de personas colaboradoras, cuando me integré como asesor, enfaticé dos aspectos medulares. En primer lugar, la necesidad de que la UCR fuera la instancia que facilitara el diálogo. La Universidad no podría ni debería actuar como mediadora ni ser vista como representante del sector gubernamental. En segundo lugar, que quienes representan a los sectores -interesados en participar, sin condiciones previas- aceptaran esa facilitación y llegaran con un espíritu constructivo, lo cual no quita el cuestionamiento y la crítica a las políticas públicas de la actual y anteriores administraciones adoptaron para la Región Brunca.
Mientras no existiera una propuesta consensuada entre los sectores, las autoridades gubernamentales atenderían consultas y no establecerían ningún esquema de negociación. Hay que reconocer la disposición y colaboración de la ministra de Economía, el ministro a.i. de Comercio Exterior y el presidente del CNP, quienes asistieron a las sesiones de trabajo.
De los primeros encuentros se obtuvo un primer borrador, que debe ser validado por los sectores, para luego ser entregado por las y los representantes al gobierno, con la presencia de los alcaldes y otras autoridades de los gobiernos locales. Esto está por concretarse este fin de semana.
En mi criterio, esta experiencia ha demostrado la capacidad de gestión de la Sede del Sur en la Región Brunca y el aporte que puede ofrecer la UCR para fomentar el diálogo entre el gobierno y los sectores sociales, económicos y políticos. Esta vía ha de ser la que se constituya en la norma para la formulación de políticas públicas vinculadas con el desarrollo sostenible, no solo en la actual coyuntura, sino como un mecanismo institucionalizado. Esto es más significativo cuando se trata de grupos con diversos grados de vulnerabilidad en una zona que requiere la atención urgente y permanente de los gobiernos central y locales.
La Sede del Sur de la UCR demostró cómo la universidad debe proyectarse a la comunidad y contribuir a facilitar el diálogo entre los distintos actores -gracias al expertise que poseen los y las especialistas en diversos campos-. Por supuesto, ahora resta ver si el esfuerzo realizado da los frutos esperados y si el gobierno reconoce las necesidades de los sectores y adopta las acciones necesarias para contribuir al desarrollo sostenible en un momento de crisis social sin precedentes.
Dr. Carlos Murillo Zamora. Director del Observatorio del Desarrollo (OdD) y catedrático de Escuela de Administración Pública (EAP).
Imagen ilustrativa, Región Brunca, UCR.
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