El colectivo Agenda Viva y el despacho del diputado Ariel Robles invitan al Foro Hablemos Sobre Sillas y Mesas: Proyecto de Ley 23.148, el cual, busca ampliar las concesiones de la zona marítimo-terrestre (ZMT).
La actividad se realizará este lunes 21 de abril a las 6:00 pm en el Salón de Jefes de Estado de la Asamblea Legislativa.
Puede registrarse en el formulario para ser parte de la actividad presencial, también habrá transmisión por el canal de YouTube de la Asamblea Legislativa.
La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por la comunidad de La Unión de Guápiles contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). La resolución ordena al ministro Efraím Zeledón dar respuesta, en un plazo de diez días, a una solicitud presentada por las personas vecinas desde abril de 2023.
El documento judicial señala que la población de La Unión remitió una gestión escrita al entonces ministro Luis Amador sobre cinco aspectos relacionados con la ampliación de la Ruta 32: el estado del puente peatonal, la ubicación de paradas de autobuses, la justificación de la radial de retorno, el cierre del paso peatonal de calle Los Pérez y la presentación de los cambios en la vía.
La magistratura determinó que, a pesar de haberse realizado algunas reuniones con la comunidad, no existe evidencia de que la autoridad ministerial haya respondido por escrito a todas las inquietudes ni entregado la documentación técnica solicitada por las personas recurrentes.
De acuerdo con el expediente, el puente peatonal mencionado no ha sido concluido y la comunidad ha expresado preocupación por la seguridad de quienes transitan por la zona, especialmente estudiantes. Aunque el MOPT ha colocado banderilleros en horario diurno para facilitar el cruce, estas medidas son temporales.
La sentencia también señala que la ubicación de las paradas de autobuses, situadas a aproximadamente 300 metros del puente peatonal, no cuenta con la debida aprobación del Consejo de Transporte Público, entidad competente en esta materia.
El ministro Zeledón deberá cumplir con lo ordenado bajo el apercibimiento establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que establece pena de prisión o multa para quien incumpla una orden dictada en un recurso de amparo. Además, el Estado fue condenado al pago de costas, daños y perjuicios.
Imaginemos que nuestras comunidades (en el amplio sentido de la palabra) son carruseles que giran a diferentes velocidades utilizando su propia energía, donde sus integrantes están sujetos a la barra de los caballitos. Cada carrusel representa una dinámica social, económica y cultural propia, con ritmos que dependen de su historia, sus recursos y su capacidad de adaptación.
Pero, ¿qué sucede si a algunas de estas comunidades llegan energías externas (flujos de dinero, inversión, turismo, migración o incluso nuevas políticas) y que hacen que sus carruseles aumenten el ímpetu y la velocidad? A primera vista, este podría parecer un impulso positivo, una oportunidad de crecimiento y revitalización para la zona y sus habitantes. Sin embargo, no todos están igualmente preparados para el cambio, ni todas las externalidades negativas están siendo consideradas. Algunos, firmemente sujetos a la barra, logran adaptarse al nuevo ritmo, aprovechando las oportunidades que surgen con la aceleración. Otros, en cambio, que apenas se sostenían de la barra, sin estructuras de apoyo sólidas, terminan siendo expulsados del carrusel.
Este fenómeno se observa en procesos de gentrificación, en transformaciones urbanas abruptas y en economías locales que de pronto se ven influenciadas por dinámicas globales que reconfiguran su estructura.
Los que caen del carrusel no necesariamente lo hacen por falta de voluntad o esfuerzo, sino porque la velocidad impuesta no tomó en cuenta sus realidades. Entonces, ¿es posible regular la velocidad de los carruseles para que nadie salga expulsado? ¿Podemos diseñar sistemas donde la inclusión y la adaptación sean prioritarias, en lugar de que el cambio beneficie solo a quienes tienen un mejor agarre o a quienes influyen con su energía?
Quizá el reto no sea evitar el impulso externo, porque el cambio es inevitable, sino construir mecanismos de ajuste, de transición, y de compensación que permitan que todos los actores tengan la oportunidad de fortalecer su agarre antes de que la nueva dinámica económica los expulse del carrusel.
Arrecifes, naufragios y libertad: una transmisión histórica desde Cahuita Reconnecting Our Roots in the Deep Waters
Invitación
Este próximo sábado 27 de abril, se transmitirá en vivo por Facebook Live con Onda UNED, una jornada histórica desde la Casa de la Cultura del Calypso en Cahuita, donde se compartirán historias, saberes ancestrales y hallazgos científicos relacionados con dos misteriosos naufragios localizados en el Parque Nacional Cahuita.
La actividad, que se desarrollará de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., es el resultado de nueve años de investigación arqueológica subacuática y documental, llevada a cabo por un equipo internacional liderado por jóvenes afrodescendientes y bribris del Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar (CCBEM), en colaboración con la Universidad de Costa Rica, sede Caribe, autoridades comunitarias y del Parque Nacional de Cahuita, y un grupo de arqueólogos del Museo Nacional de Dinamarca.
Durante la transmisión, el público podrá conocer en profundidad el proceso que ha permitido reconstruir una parte fundamental de la historia afrocaribeña y costarricense, mediante un enfoque de ciencia ciudadana que une la arqueología, la historia oral y los conocimientos ancestrales de las comunidades locales.
Será un espacio para escuchar voces que han mantenido viva la memoria del mar, entrelazadas con la mirada científica de un equipo interdisciplinario de profesionales de Dinamarca, Croacia, Japón, Jamaica, Estados Unidos y Costa Rica.
El evento culminará con un anuncio muy esperado: los resultados de la última expedición, la cual ha explorado las profundidades del Caribe para recuperar una historia marcada por el tráfico transatlántico de personas, la rebelión y la libertad.
Te invitamos a ser parte de esta jornada memorable, en la que el pasado emerge desde el fondo del mar para reconectar nuestras raíces.
El evento será retransmitido en varios comercios de la comunidad.
Fecha: Sábado 27 de abril Hora: 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Lugar: Transmisión en vivo desde la Casa de la Cultura del Calypso – Cahuita Transmisión: Facebook Live por ONDA UNED
En el corazón del Caribe costarricense, un grupo de indígenas del Territorio Kekoldi-Cockles, ubicado en el distrito de Cahuita, cantón de Talamanca, ha decidido iniciar un proceso de recuperación de tierras prometidas por el Estado. Siguiendo el precedente de las comunidades indígenas del sur —especialmente en el cantón de Buenos Aires, Puntarenas— estos pueblos optan por la acción directa ante la falta de respuestas concretas.
Pero el escenario aquí es distinto. Las tierras que reclaman no están en manos de personas blancas, como en otros territorios indígenas, sino de afrodescendientes costarricenses. Ambos grupos —indígenas y afrodescendientes— cuentan con el respaldo de los convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protegen sus derechos culturales, territoriales y sociales como pueblos históricamente marginados.
Este conflicto expone una tensión profunda y poco discutida: ¿qué ocurre cuando dos poblaciones igualmente protegidas por los mismos instrumentos legales se enfrentan por el mismo territorio? ¿Hasta qué punto puede el principio constitucional de igualdad ante la ley responder a realidades históricas, culturales y sociales que son distintas, pero igualmente legítimas?
Lo que está ocurriendo en Kekoldi-Cockles va más allá de una simple disputa por la tierra. Es un llamado urgente a repensar cómo aplicamos los principios de justicia e igualdad en contextos pluriculturales. No se trata solo de leyes, sino de memorias, identidades y deudas históricas no saldadas. En este cruce de caminos, la igualdad ante la ley se pone a prueba, y con ella, nuestra capacidad como sociedad para construir una justicia verdaderamente intercultural.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia acogió para estudio un recurso de amparo interpuesto por Marco Vinicio Levy Virgo contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), relacionado con las condiciones de seguridad en las rotondas de la Ruta 32.
El expediente N° 25-008703-0007-CO, tramitado el 8 de abril de 2025, señala que el tribunal ordenó al ministro y al director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) rendir informe sobre los hechos alegados en un plazo de tres días hábiles.
Según la documentación oficial, la persona recurrente denuncia las condiciones inseguras que prevalecen en la Ruta 32, especialmente en sus rotondas, y solicita medidas urgentes para mejorar la seguridad.
El recurso menciona un accidente ocurrido el 25 de marzo de 2025, cuando un tráiler no logró maniobrar adecuadamente en una rotonda de esta ruta. Levy Virgo argumenta que este tipo de incidentes se ha convertido en un problema recurrente, respaldado por advertencias de especialistas del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.
La solicitud presentada ante la Sala IV señala que la decisión de implementar siete rotondas en lugar de pasos a desnivel en esta vía representa un riesgo para la integridad física de las personas usuarias.
En su recurso, Levy Virgo cita varios documentos técnicos que advierten sobre las deficiencias en estas infraestructuras, incluyendo oficios del Lanamme dirigidos a autoridades del MOPT.
La magistrada Ingrid Hess Herrera fue designada como instructora de este proceso constitucional.
Levy Virgo ha hecho un llamado a diferentes sectores, incluyendo alcaldías, diputaciones, empresariado y personas usuarias de la Ruta 32, para unirse al proceso y exigir soluciones urgentes que garanticen la seguridad vial en esta importante conexión con la región caribeña.
Este miércoles 9 de abril tendremos el programa: “Miramar, un territorio de sacrificio y resistencia”.
Con la participación de: Integrantes de la Asociación Civil Pro Natura de Miramar de Montes de Oro:
Vera Cecilia Ugalde Ávila, Psicóloga y lideresa comunal. Dayana Rojas Venegas, Ing. en Biotecnología. Siria Lorena Alán Gamboa, Abogada y Notaria.
Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233. Miércoles 5:00 pm en Radio Universidad 96.7 FM. Véanos a través del Facebook de Radio Universidad de Costa Rica (https://www.facebook.com/radiouniversidadcr)
SURCOS comparte el reporte que nos llega desde Guanacaste:
Municipio de Santa Cruz esta mañana del 4 de abril
Se están reparando carreteras, pero también se están retirando plantas, árboles y tierra dentro de la zona de 50 metros de Playa Frijolar y Playa Blanco de Marbella, Guanacaste.
Además, se retiró un árbol y este búho (foto) tuvo que ser rescatado mientras se tomaban fotos de la destrucción de la Zona Marítimo-Terrestre.
Quizás el búho esté enviando un mensaje a todos los costarricenses hoy: que las municipalidades dejen de trabajar dentro de la ZMT sin estudios de impacto ambiental.
En el corazón del Golfo de Nicoya se encuentra Isla Venado, una pequeña comunidad que escribe su propia historia de adaptación al cambio climático. Con una población que tradicionalmente ha dependido de la pesca, la isla enfrenta hoy los desafíos de la sobrepesca y la variabilidad climática. Pero para dar un giro hacia la autosuficiencia alimentaria y la diversificación económica implementa una opción con el proyecto Sistema de Captación de Agua de Lluvia (SCALL) y la producción hortícola bajo malla.
La iniciativa surgió como respuesta a una solicitud de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional (UNA) para apoyar a la Asociación para el Desarrollo Sustentable y su Adaptación al Cambio Climático (ADESAC). Esta asociación, integrada por 10 miembros, de los cuales seis son mujeres, gestiona una producción en casa malla de 1.000 metros cuadrados, donde cultivan tomate, chile, cebolla, apio, culantro y lechuga. Sin embargo, durante la estación seca, la producción se reduce drásticamente por la falta de agua.
El proyecto se enmarcó en el programa NIMBU, que ya cuenta con sistemas SCALL en otras localidades del trópico seco de Costa Rica como el Campus Nicoya de la UNA, Isla Caballo y la ASADA de Playa Potrero en Santa Cruz, que requieren infraestructura hídrica para combatir la variabilidad climática y crear resiliencia.
Agua para la vida
El SCALL es un sistema que permite captar y almacenar agua de lluvia, lo que resulta crucial en una isla donde el acceso al agua dulce es limitado. Según Adolfo Salinas Acosta, investigador y extensionista del Campus Nicoya de la UNA, el sistema permitirá a la ADESAC aprovechar al máximo los 600 metros cúbicos de agua almacenada para los cuatro meses de estación seca. “Es una opción más para diversificar la oferta laboral de la isla, que sufre por la presión de la sobrepesca en el Golfo de Nicoya”, comentó Salinas.
Yolanda Bolívar Barahona, tesorera de la asociación, explica los alcances de la iniciativa: “Aquí en la isla era difícil comprar productos frescos y naturales. Todo lo que cultivamos lo hacemos sin abonos químicos, por lo que vimos que era una oportunidad importante para producir lo que consumimos en la isla. Muchas veces, debido a las mareas, es difícil salir a tierra firme, por lo que tener nuestros propios cultivos es esencial”.
Más que una huerta
La huerta casa malla no es solo un proyecto de producción de alimentos; es un modelo de finca integral que también incorpora el turismo. La asociación cuenta con un rancho donde ofrecen servicios de alimentación para lo cual utiliza productos cultivados en la isla. Además, tienen una cabaña de madera con capacidad para 10 personas, un área de camping y un hostal que alberga hasta 15 personas. También ofrecen servicios de transporte marítimo y terrestre, tours de pesca responsable y caminatas alrededor de la isla para el avistamiento de aves.
La UNA ha jugado un papel clave en el éxito de este proyecto. A través de capacitaciones y apoyo técnico, los miembros de ADESAC han adquirido los conocimientos para gestionar eficientemente la huerta y el sistema SCALL. Un proyecto como este, además, no solo beneficia a la asociación, sino que sirve como un modelo replicable en otras comunidades costeras que enfrentan desafíos similares.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Según el investigador Salinas “La creación de resiliencia ante el cambio climático es fundamental, especialmente en el trópico seco de Costa Rica, donde los efectos de la variabilidad climática son cada vez más evidentes”. Foto Adolfo Salinas
El 23 de abril de 2024, el anterior Concejo Municipal de Belén aprobó el permiso de construcción del condominio Vistas de La Ribera (CasaMax), un proyecto habitacional de 125 unidades ubicado a 330 metros al norte del Cementerio Municipal. La votación final fue de 3 a 2. La regidora Zeneida Chaves (PUSC, actual alcaldesa), y los regidores Minor González (PUSC, actual vicealcalde) y Eddie Méndez (PLN) impulsaron la aprobación sin mayor discusión. Sin embargo, esta decisión ha sido fuertemente cuestionada por la fracción de la coalición Unión Belemita, quienes votaron en contra debido a graves irregularidades y omisiones que podrían afectar a la comunidad a nivel ambiental y urbanístico. Sus regidores denuncian la falta de transparencia y el incumplimiento de normativas, advirtiendo que las decisiones tomadas afectan directamente la seguridad y bienestar de los belemitas.
El estudio de viabilidad ambiental del proyecto contenía errores graves, como la referencia al río Ciruelas, que ni siquiera se encuentra en Belén. Además, la evaluación del acuífero se realizó con el método GOD en lugar del método DRASTIC, el cual es obligatorio en Belén desde 2016 por ser más preciso.
También, recientemente se confirmó que las obras del alcantarillado del proyecto carecen de memorias de cálculo, planos actualizados del desfogue pluvial y perfiles topográficos, elementos esenciales para evaluar la seguridad de la infraestructura. Por otro lado, la planta de tratamiento del condominio reutilizará las aguas en las áreas verdes en lugar de verterlas en el río Segundo, lo que podría generar problemas. A pesar de que la Unidad Ambiental de la Municipalidad recomendó realizar un estudio hidrogeológico para descartar riesgos de contaminación, este nunca se realizó. En época de lluvias, el suelo podría saturarse y las aguas terminar en el alcantarillado pluvial de Fátima, con consecuencias ambientales negativas.
El 26 de marzo del presente año, la falta de estudios y la mala ejecución del proyecto provocaron la rotura de tuberías de Intel, las cuales bombean agua directamente desde Ojo de Agua hasta la multinacional. Este incidente evidencia las consecuencias de aprobar el proyecto sin las debidas revisiones, poniendo en riesgo infraestructuras clave y la economía local, además del desperdicio de miles de litros de agua potable.
El descontento de la comunidad se ha hecho notar en múltiples reuniones y manifestaciones. El 14 de marzo, los vecinos de Barrio Fátima realizaron una protesta pacífica denunciando el caos vial, los deslizamientos de tierra, los desbordamientos de agua y el deterioro de calles y aceras debido a la construcción, además de la deficiente fiscalización municipal. Tres días después, el 17 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Salón Comunal de Barrio Fátima con la participación de aproximadamente 150 vecinos, la alcaldesa Zeneida Chaves, su equipo técnico y representantes de CasaMax. En la reunión, los vecinos señalaron incumplimientos en permisos y requisitos por parte de la empresa y denunciaron la permisividad tanto del MOPT como de la Municipalidad, ya que, a pesar de las múltiples razones para suspender el proyecto, no hay señales de que vayan a detener las obras.
El regidor Ulises Araya instó a la Alcaldía a suspender el proyecto hasta que se resuelvan las irregularidades y se aclaren las condiciones. “En la administración pública no trabajamos con promesas verbales, sino con documentos”, afirmó.
Los vecinos también denuncian la postura de la actual administración, favorable a las mega construcciones, de las cuales ya hay varias proyectadas para su pronta aprobación. Estas construcciones conllevan mayor deforestación, aumento del tráfico y una creciente presión sobre los recursos hídricos sin contar con un estudio de balance hídrico que garantice un uso responsable del agua en el cantón. Exigen que los resultados del estudio de balance hídrico y del plan hídrico integral, a cargo de SENARA, sean de conocimiento público, sin filtraciones ni manipulaciones por parte de actores con intereses en continuar favoreciendo a los capitales inmobiliarios que se han apoderado de Belén.
Temen que se intente manipular o suprimir los datos técnico-científicos de este análisis, considerado el más importante en la historia del cantón en materia de agua. Advierten que ciertos sectores se oponían a la realización del estudio y ahora que está por finalizar, parecen temer sus resultados. Como anomalía preocupante, el funcionario que administraba el contrato fue hospitalizado e internado antes de renunciar a su cargo, siendo reemplazado por un funcionario de confianza de la alcaldesa.
Otro cuestionamiento grave es la omisión de la proyección vial contemplada en el Plan Regulador vigente desde 1997. La servidumbre colindante con el sector oeste de la propiedad pudo haberse solicitado mediante carga urbanística para la futura calle que conectaría Fátima con Calle Arbolito, saliendo por las cercanías del Centro Comercial La Ribera. Sin embargo, la Administración Municipal no incluyó esta previsión al tramitar la disponibilidad de agua potable del proyecto. El mapa de proyecciones viales del Plan Regulador establecía que, al cambiarse el uso del suelo de las antiguas fincas de café para construcción, los desarrolladores debían donar estos segmentos de terreno para facilitar la futura vía y reducir el congestionamiento vial. Al omitirse este requisito, los belemitas perdieron la oportunidad de obtener este terreno sin costo, como estaba estipulado en el plan vial. Para la finca de CasaMax, el fragmento a donar a la Municipalidad no representaba ni el 7% del terreno, sin embargo, el ingeniero municipal de Desarrollo Urbano David Umaña convenció a los tres regidores de que no se pidiera dicha donación.
La comunidad exige respuestas claras y un desarrollo ordenado y sostenible para el cantón.
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
