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Impulsan iniciativa para desarrollo de Puerto Jiménez y Golfito

Por Johnny Núñez Z.
Periodista O.C-UNA

El objetivo es uno: mejorar la condición de vida de los habitantes de Puerto Jiménez y Playa Zancudo. Para ello se busca fortalecer las capacidades de las organizaciones de base local. Con esta misión en mente, el Campus Coto de la Sede Regional Brunca de la Universidad Nacional (UNA) impulsa el proyecto de extensión universitaria: Fortalecimiento de capacidades socio productivas de emprendimientos, organizaciones sociales y de base local en las comunidades de Cañaza y Carate en Puerto Jiménez y Punta Zancudo en Golfito.

¿Qué se busca? Que, a través de los procesos de formación y participación ciudadana, las personas de las comunidades de Puerto Jiménez comprendan la forma como opera la estructura política cuando una localidad deja de ser distrito y pasa a tener un gobierno local, según explicó William Lobo, responsable de la iniciativa en el Campus Coto de la UNA.

“Lo primero será hacer un diagnóstico para conocer las condiciones en que se encuentran las pequeñas y medianas empresas, así como las asociaciones de desarrollo, cooperativas y todas las organizaciones de base local, con el fin de fomentar la participación ciudadana, sobre todo en jóvenes, quienes en la actualidad no participan en ningún tipo de organización de base local”, manifestó Lobo.

Posteriormente, se identificarán las áreas o temas, en los cuales la academia pueda implementar procesos de capacitación que mejoren a las organizaciones.

Realidad regional

Lobo añadió que, si bien se impulsa la formación técnica en turismo, tanto en Golfito como en Puerto Jiménez, la existencia de iniciativas productivas ligadas con el sector servicios, construcción, actividad agrícola, pecuario, transportes, pesca, son impulsadas por familias o bien organizaciones que en su mayoría carecen de apoyo estatal y son informales.

Resaltó que, a pesar de la alta demanda turística internacional durante los primeros ocho meses al año en ambos territorios, cuando inicia la época lluviosa, deben enfrentar grandes desafíos de sostenibilidad, pues la temporada baja del turismo ocasiona un estancamiento económico, escasez de trabajo y la migración de hombres y mujeres jóvenes hacia otras partes del país con mejores opciones de empleo.

A la vez, se presenta una mayor deserción escolar por efecto de las inundaciones en distintas zonas rurales, así como la probabilidad de que determinada población se dedique a actividades ilícitas como el narcotráfico o la prostitución. “Lo más lamentable es que no existen programas gubernamentales ni cantonales para mitigar la problemática y darles cierta estabilidad económica a estas familias”, subrayó Lobo.

La temporada baja del turismo ocasiona un estancamiento económico, escasez de trabajo y la migración de hombres y mujeres jóvenes en comunidades de Golfito y Puerto Jiménez.

Fotos: William Lobo y Roy Atencio.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Comunidad de Punta Morales prepara feria local en Playa Blanca

El evento organizado por AsoOstras ofrece espacios de encuentro comunitario y fortalece la organización

La comunidad de Punta Morales se prepara para realizar su primera feria comunitaria del año, un evento que busca reunir a personas locales y visitantes en un ambiente festivo y de intercambio cultural.

La actividad, organizada por AsoOstras con el apoyo del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR), se llevará a cabo el próximo sábado 29 de marzo en Playa Blanca, desde las 8:30 a.m. hasta las 3:30 p.m.

«Habrá venta de comidas, bebidas, ropa, música y mucho más», indica la organización e invita a las familias a disfrutar de un día de playa mientras se apoya el desarrollo local.

La feria representa una oportunidad para que la producción y artesanía de la zona puedan comercializar sus productos, al tiempo que se fortalecen los lazos comunitarios y se dinamiza la economía local.

Este tipo de iniciativas se enmarca dentro de los esfuerzos de desarrollo sostenible que promueven tanto AsoOstras como el Programa Kioscos Socioambientales, combinando la recreación con el fortalecimiento de las capacidades locales.

La invitación está abierta para todas las personas interesadas en conocer la oferta de artesanías, bisutería, gastronomía y productos locales que caracteriza a esta comunidad costera del Pacífico costarricense.

Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicita acciones para protección de derechos de población afrodescendiente en Talamanca

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología dirigió una solicitud formal al Concejo Municipal de Talamanca pidiendo acciones concretas para implementar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en favor de los derechos de la población afrodescendiente del litoral del cantón.

Mediante el documento AEL-0095-2025, fechado el 17 de marzo de 2025, Marco Levy Virgo, representante de la asociación, solicitó atención respecto a los derechos de la población afrodescendiente asentada en el litoral talamanqueño, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el mencionado convenio que fue ratificado por Costa Rica.

En la misiva se recuerda que el Convenio 169 reconoce a los pueblos tribales, incluyendo a las comunidades afrodescendientes identificadas mediante el Decreto Ejecutivo N° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP, el derecho a gozar de sus derechos humanos y libertades fundamentales sin discriminación.

La asociación plantea tres solicitudes específicas al gobierno local:

  1. Iniciar un proceso de identificación, delimitación y titulación de las tierras ancestrales ocupadas por la población afrodescendiente en el litoral del cantón.

  2. Implementar mecanismos de consulta previa, libre e informada para cualquier plan o proyecto que afecte estas tierras y comunidades, incluyendo el Plan Regulador Costero.

  3. Crear una mesa de diálogo permanente con representantes de las comunidades afrodescendientes para asegurar su participación en decisiones que les afectan directamente.

La organización argumenta que estas acciones no solo cumplirían con obligaciones internacionales del Estado costarricense, sino que contribuirían a preservar la riqueza cultural y el legado histórico de las comunidades afrodescendientes de Talamanca.

Misión imposible del alcalde de Talamanca

Por: Bernardo Archer Moore

Tanto el Poder Ejecutivo como el Concejo Municipal del Cantón le han asignado la tarea imposible de “remover a todos los ocupantes en los 50 metros del área costera, sin excepción».

El primero, mediante la implementación de un Plan Regulador Costero a la medida del Plan nacional de desarrollo turístico Costero del ICT.

Obviamente, para “limpiar” el área de personas en situación de pobreza y de aquellos con recursos económicos limitados, con el evidente objetivo de facilitar un desarrollo turístico de alta gama en los 150 metros a concesionables, una vez que entre en vigor el Plan Regulador Costero (PRC).

Elogiados por el presidente por el inexistente “Proyecto de Plan Regulador Cantonal”, los regidores de la administración anterior aprobaron rápidamente un acuerdo que ordenaba al alcalde municipal “remover” a todos los ocupantes en un área de 50 metros de la ZMT. Este acuerdo fue adoptado en la Sesión Extraordinaria del 29 de febrero de 2024, a sólo 67 días del final de su mandato.

Cosa que puso al alcalde contra “la espada y la pared”. Si no cumple con el acuerdo del Concejo corre el riesgo de ser destituido de su cargo por falta grave. además, civilmente responsable por los daños causados.

Si lo cumple, condena al Municipio a la ruina financiera por las indemnizaciones correspondientes a los ocupantes del área pública (50 metros) legalmente poseídos por particulares, previo a la entrada en vigencia la Ley 6043 de 1977 sobre ZMT. Y de ellos hay muchos.

La situación del Concejo Municipal de turno es crítica, ya que el alcalde y el personal municipal enfrentan el riesgo de perder sus empleos debido a una eventual quiebra técnica del ayuntamiento por pago de indemnizaciones.

Como si eso no fuera suficiente, un abogado ha presentado un Recurso de Amparo por el incumplimiento de un acuerdo del Concejo, buscando que la Sala Constitucional ordene al alcalde cumplir con dicho acuerdo en un plazo determinado.

Ante un panorama tan sombrío para nuestra comunidad en su conjunto, ACUDHECA les ha lanzado este «salvavidas», por así decirlo, y esperamos que la humildad prevalezca sobre la petulancia que los ha caracterizado en el pasado.

Que Dios nos ayude a todos.

Zona marítimo terrestre en disputa: proyecto privatizador avanza en el Congreso – En Voces y Política

Este miércoles 19 de marzo tendremos el programa: “Zona marítimo terrestre en disputa: proyecto privatizador avanza en el Congreso”.

Con la participación de:

Jessica Ramírez Benavides, politóloga y estudiante de Biología, asesora legislativa en temas municipales y ambientales.

Esteban Barboza Núñez, coordinador del Observatorio del Turismo, Migraciones y Desarrollo Sostenible de la Región Chorotega UNA.

Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233.

Miércoles 5:00 pm en Radio Universidad 96.7 FM.

Véanos a través del Facebook de Radio Universidad de Costa Rica (https://www.facebook.com/radiouniversidadcr)

Cooperativa AGRICOP denuncia instalaciones abandonadas del INDER en Zona Sur

Agricultores locales enfrentan dificultades por la distancia a mercados principales y falta de aprovechamiento de infraestructura pública

La cooperativa AGRICOP alzó su voz para denunciar el abandono de instalaciones pertenecientes al Instituto de Desarrollo Rural (INDER) en la Región Brunca, a pesar de las necesidades de infraestructura que tienen los agricultores y organizaciones productivas de la zona.

Peter Espinal, agrónomo y miembro de AGRICOP, explicó que los productores de la Zona Sur enfrentan desventajas competitivas significativas debido a su ubicación geográfica. «Estamos muy alejados de los mercados grandes como CENADA. Nosotros estamos a seis horas, mientras otras partes del país están a dos horas. Esto nos pone en gran desventaja para competir con hortalizas y otros cultivos», señaló Espinal.

El agrónomo destacó que la clave para el desarrollo agrícola en la región está en dar valor agregado a productos que crecen naturalmente en estos suelos, como la yuca y el plátano. «Muchas veces vienen a introducir otros tipos de cultivos y lo que hacen es que hay que agregarles mucho abono y muchos aditivos. Uno tiene que trabajar con lo que la gente sabe cultivar», explicó.

Oportunidades en cacao y abacá

Espinal destacó el potencial del cacao, que actualmente experimenta alzas importantes en su precio debido a la disminución de la producción mundial en Ecuador y África por cambios climáticos. «Darle valor agregado al cacao es una de las razones por las que me sumé a esta cooperativa, para impulsar el desarrollo y hacer otros productos que podamos vender a un mercado nacional o incluso al turístico», afirmó.

También mencionó el abacá, una planta similar al banano que produce una fibra de alta calidad, como un cultivo prometedor para la zona. «Una gran ventaja del abacá es que, al estar en un área de conservación con mucha vida silvestre, los animales no lo consumen, a diferencia del maíz o la yuca, que son atacados por periquitos y saínos», explicó. Además, destacó su potencial como sustituto sostenible del plástico en la industria.

Instalaciones subutilizadas

Por su parte, Tatiana Chaverri denunció la existencia de un edificio en abandono perteneciente al INDER que no se quiere ceder a AGRICOP. «Acá pueden observar este edificio que es un monumento a la mala administración pública. La Región Brunca tiene grandes necesidades y oportunidades, y existen infraestructuras que el gobierno, en lugar de instaurar nuevas instalaciones, debería poner a disposición de AGRICOP», manifestó.

Chaverri enfatizó que la cooperativa propone iniciativas para el desarrollo de la juventud, para reducir la brecha tecnológica y para generar empleo. «Es una barbaridad que esta región cuente con infraestructuras y estén subutilizadas. Ahí está la mala administración en el Instituto de Desarrollo Rural», concluyó.

Los representantes de AGRICOP consideran que el acceso a esta infraestructura permitiría impulsar el procesamiento y valor agregado de los productos locales, mejorando la competitividad de los agricultores de la zona sur y generando nuevas oportunidades de empleo para la región.

Esta es información generada en la zona por la Comisión Sureña y el Frente Nacional de Lucha.

Asociación ecologista solicita intervención municipal por riesgos de rotondas en Ruta 32

La carta dirigida a la alcaldesa de Limón pide que medie ante el Poder Ejecutivo para revisar la implementación de rotondas en lugar de pasos a desnivel.

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL), a través de su presidente Marco Levy Virgo, ha dirigido una formal solicitud a la alcaldesa de Limón, Anna Janniel Matarrita McCalla, para que intervenga como mediadora ante el Poder Ejecutivo sobre un tema de creciente preocupación: los riesgos asociados a las rotondas en la Ruta 32.

En el oficio AEL-0087-2025, fechado el 15 de marzo recién pasado, Levy Virgo expresa su inquietud por la decisión de construir rotondas en lugar de los pasos a desnivel originalmente contemplados en el proyecto de ampliación de esta importante vía del Caribe costarricense.

«Si bien entiendo que esta decisión pudo haber sido motivada por razones logísticas o presupuestarias, considero que las rotondas representan riesgos importantes para la seguridad vial, el flujo eficiente del tránsito y, en última instancia, el bienestar de las comunidades limonenses,» señala el documento.

Entre las principales preocupaciones destacadas en la misiva se encuentran el incremento en el riesgo de accidentes, especialmente para vehículos pesados que transitan frecuentemente por esta ruta, así como la generación de congestionamientos que podrían afectar negativamente el comercio y el turismo de la región.

El presidente de la AEL también menciona la falta de pasos peatonales adecuados, lo que pone en riesgo a los habitantes de comunidades aledañas que dependen de esta vía para su movilidad diaria.

La solicitud específica a la alcaldesa es que, como máxima autoridad municipal y representante de los intereses de la provincia, medie ante el Poder Ejecutivo para realizar una «revisión exhaustiva de los riesgos asociados con las rotondas implementadas en la Ruta 32» y abogar por soluciones que prioricen la seguridad y el desarrollo sostenible de la región caribeña.

La Ruta 32, que conecta San José con Limón, es considerada una arteria vital para el desarrollo económico, social y turístico de la provincia, por lo que cualquier problema en su diseño o funcionamiento tiene implicaciones significativas para toda la región.

Hasta el cierre de esta edición, la Municipalidad de Limón no había emitido una respuesta oficial a la solicitud presentada por la Asociación para el Desarrollo de la Ecología.

Imagen: Semanario Universidad.

CGR revela deficiencias en la gestión de recursos de JAPDEVA para desarrollo regional

La Contraloría General de la República (CGR) presentó recientemente un informe de auditoría, que evidencia serias falencias en la ejecución de los recursos provenientes del canon de explotación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), por parte de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).

El estudio tuvo como objetivo principal determinar si la gestión de estos fondos, destinados específicamente a proyectos de desarrollo regional, cumple con el marco regulatorio establecido y las buenas prácticas aplicables en la materia.

La auditoría cobra especial relevancia considerando que JAPDEVA tiene asignada la administración y ejecución de estos recursos durante un periodo de 30 años, con el mandato específico de utilizarlos en proyectos que impulsen el desarrollo socioeconómico de la región caribeña y mejoren la calidad de vida de sus habitantes.

Hallazgos preocupantes

Entre las principales deficiencias identificadas por la CGR destacan:

  • Ausencia de visión estratégica para el desarrollo integral de la Vertiente Atlántica, lo que compromete la eficacia de las inversiones realizadas.

  • Carencia de proyectos con objetivos y metas claras, así como de indicadores que permitan medir el impacto real de las inversiones en la región.

  • Más de 15 mil millones de colones se encuentran actualmente en proceso de formalización, sin un destino claro y definido.

  • Una alarmante baja ejecución presupuestaria, alcanzando apenas el 2,67% del total de recursos disponibles durante el periodo evaluado.

  • Aproximadamente $101,9 millones fueron destinados a proyectos no prioritarios, según los propios criterios de impacto establecidos por JAPDEVA.

  • Ausencia de criterios de equidad en la distribución territorial de los recursos, lo que podría estar generando desigualdades en el desarrollo de distintas zonas de la región caribeña.

Sin proyectos de alto impacto

Un dato particularmente preocupante es que ninguno de los proyectos aprobados por JAPDEVA ha sido categorizado como de «alto impacto» para el desarrollo regional, lo que cuestiona la efectividad de las inversiones realizadas hasta el momento.

Adicionalmente, de los 16 proyectos que cuentan con convenio firmado entre los años 2022 y 2024, 12 aún no han iniciado su etapa constructiva, sin que exista claridad sobre sus fechas de inicio. Solo uno ha sido concluido, y este carece de un programa de mantenimiento adecuado.

Para conocer en detalle los hallazgos y recomendaciones de la Contraloría General de la República, se invita a los interesados a consultar el informe completo disponible en este enlace.

Marcha atrás con El Salvador: Conversación sobre la lucha social con Ángel Flores y Luis Rafael Moreira

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

En este video, Ángel Flores y Luis Rafael Moreira Flores nos comparten un panorama actual de los movimientos indígenas y sindicales en El Salvador. A través de su testimonio, abordan temas clave como:

✔️ La resistencia contra la reactivación de la minería metálica.
✔️ El impacto del desplazamiento de comunidades y la pérdida de territorios.
✔️ La represión estatal y el miedo bajo el régimen de excepción.
✔️ El retroceso en políticas culturales y derechos indígenas.

Esta conversación es un llamado a la reflexión y a la solidaridad internacional. Mira el video y conoce más sobre esta realidad.

Meleruk consigue fallo a favor en su lucha por el acceso al agua

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Después de casi 30 años de lucha, la comunidad indígena Bribri de Meleruk, también conocida como La Pera, ha conseguido un fallo histórico: la Sala Constitucional ordenó al Estado garantizar su acceso al agua potable, un derecho fundamental que les ha sido negado por décadas.

Un problema que ha persistido por años

Meleruk, hogar de aproximadamente 280 personas, enfrenta una crisis hídrica prolongada. Sin acueducto ni acceso a fuentes seguras de agua, la comunidad ha sobrevivido mediante sistemas artesanales y recolección de lluvia, con enormes sacrificios económicos y riesgos para la salud.

El camino hacia este reconocimiento no ha sido fácil. Aquí un repaso de los momentos clave:

📌 Hace casi 30 años – La comunidad inicia solicitudes para la construcción de un acueducto.
📌 2018 – Un informe oficial confirma que el abastecimiento de agua es insuficiente e inseguro.
📌 2020 (octubre) – El Concejo Municipal de Talamanca declara emergencia social por la falta de agua.
📌 2020 (noviembre) – La municipalidad insta al AyA a intervenir, pero no hay respuesta efectiva.
📌 2023 (julio) – Ingenieros del AyA confirman que las nacientes en la zona no tienen caudal suficiente.
📌 2024 (febrero) – Se realiza una inspección en la escuela de Meleruk, evidenciando que los niños no tienen agua potable.
📌 2025 (enero) – La comunidad reitera sus denuncias ante la Sala Constitucional.
📌 2025 (febrero) – La Sala Constitucional falla a favor del pueblo Bribri y ordena al Estado tomar acción inmediata.

Filidencio Cubillo nos expone la situación que están enfrentando y las acciones que han realizado. Ingrese en este enlace para escuchar el audio.

¿Qué ordena la resolución?

La Sala Constitucional determinó que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) debe:
✅ Abastecer de inmediato a la comunidad con camiones cisterna, en un plazo máximo de cinco días.
✅ Realizar estudios técnicos en un plazo de 12 meses para determinar una solución definitiva.
✅ Implementar un sistema de abastecimiento en un plazo adicional de 12 meses.

Pueden descargar aquí la resolución.

Más que agua, es justicia para los pueblos indígenas

Este fallo no solo beneficia a Meleruk, sino que sienta un precedente para la protección de los derechos indígenas en Costa Rica. El acceso al agua potable no es un privilegio, es un derecho humano fundamental reconocido en:
💧 El Convenio 169 de la OIT, que obliga a los gobiernos a respetar la autonomía de los pueblos indígenas sobre sus recursos.
💧 La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconoce su derecho a la autodeterminación y a servicios básicos.
💧 La Constitución de Costa Rica, que garantiza el derecho a la vida y la salud.

El pueblo Bribri de Meleruk ha demostrado que la organización y la perseverancia pueden cambiar realidades. Ahora, queda en manos del Estado cumplir con la sentencia y hacer justicia para esta comunidad.

Imagen corresponde a la Escuela de Meleruk 2, 12 de marzo 2025.

¿Por qué esta lucha es crucial para los pueblos indígenas en Costa Rica?

El caso de Meleruk no es solo una historia local, es un reflejo de la realidad que enfrentan muchas comunidades indígenas en el país. Su lucha por el agua simboliza una batalla más amplia por derechos, dignidad y justicia histórica.

💧 Acceso al agua como derecho humano: A pesar de que Costa Rica ha ratificado tratados internacionales que garantizan el derecho al agua, muchas comunidades indígenas siguen sin acceso a este recurso esencial.

🌱 Autonomía y gestión de recursos: La falta de acceso al agua no es solo un problema de infraestructura, sino de soberanía. Los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sobre sus bienes naturales y exigir que el Estado respete sus territorios.

⚖️ Precedente legal para otras comunidades: Este fallo podría abrir la puerta a que otros pueblos indígenas y sus comunidades exijan al Estado cumplir con sus obligaciones. No se trata solo de Meleruk, sino de todos los territorios indígenas que han sido históricamente excluidos.

🚰 El agua como pilar de identidad y supervivencia: Para los pueblos indígenas, el agua no es solo un recurso, es parte de su cultura, su espiritualidad y su conexión con la tierra. Proteger su acceso es proteger su forma de vida.

La sentencia de la Sala Constitucional es un paso adelante, pero la lucha continúa. Ahora, el reto es que se cumpla el fallo y que el derecho al agua deje de ser una deuda pendiente con los pueblos indígenas de Costa Rica

Meleruk y la persistencia del colonialismo en la distribución del agua

El caso de la comunidad indígena Bribri de Meleruk no es solo un problema de infraestructura o gestión pública. Es el reflejo de una historia de exclusión y desigualdad que se remonta al colonialismo y que sigue viva en las instituciones del Estado.

A pesar de los discursos sobre multiculturalidad e inclusión, las comunidades indígenas siguen enfrentando un racismo estructural que normaliza su abandono. La falta de acceso al agua potable en Meleruk no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de inequidad territorial, donde los pueblos indígenas tienen menos acceso a servicios básicos, menos representación en la toma de decisiones y menos recursos asignados para su bienestar.

Las instituciones han justificado su inacción con argumentos de falta de financiamiento, trámites burocráticos o problemas técnicos. Pero ¿se permitiría que una comunidad no indígena en Costa Rica pasara tres décadas sin agua potable? La respuesta evidencia un sistema que sigue marginando a los pueblos originarios y negándoles sus derechos fundamentales.

Este fallo a favor de Meleruk no solo es una victoria jurídica, es un recordatorio de que la deuda histórica con los pueblos indígenas sigue pendiente. Superar el colonialismo no significa solo reconocer sus derechos en papel, sino garantizar en la práctica que tengan acceso a los recursos necesarios para vivir con dignidad y autonomía.

El agua no es solo un recurso, es un derecho, un símbolo de justicia y un reflejo de qué tan incluyente es realmente una sociedad.

Crédito fotografías:

Dylanna Rodríguez

Filidencia Cubillo