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Desde Crun Shurín tierra recuperada, al cambiar de año

Pablo Sibar

Termina el 2024 e inicia el 2025.

Han pasado ya varios años que no hay recuperación de nuestra madre tierra y que iniciaron el 2011 los dos asesinados por las recuperaciones, asesinatos que han quedado en la impunidad.

También quedan las palabras del presidente Chaves diciendo que si se continúa con las recuperaciones “los meteré a la cárcel”.

Han sembrado el pánico en nuestras familias que no tienen un pedacito de tierra para sembrar sus sagrados alimentos, se llenaron de pánico porque podrían ser asesinados o metidos a la cárcel; eso es lo que nos espera a los territorios indígenas mientras siguen llenos de usurpadores gozando del poder con que cuentan, pues pueden asesinar y los jueces los dejan libres, incluso siendo un asesino confeso. El de Sergio, un juicio archivado.

Se habla de desarrollar políticas públicas del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, que a fin de cuentas solo serán más papeles, porque no hablan de modificar el Código Penal y el Agrario dónde estén nuestros derechos indígenas, para que de una vez se cumpla con los procesos judiciales como lo dicta la jurisprudencia internacional y como lo dice el Convenio 169 de la OIT. Solo así nuestros territorio serán libres, ¿o será que los tres poderes de la República esperan que nos cansemos y continuemos con las recuperaciones para que los usurpadores nos asesinen? O que terminemos en la cárcel.

Ya queremos vivir en paz, donde podamos practicar nuestra propia espiritualidad, donde realmente podamos vivir una Navidad y un año nuevo como debería ser, sin miedos; donde podamos tener una cena tranquila sin las miradas burlonas de esos usurpadores. Una gobernanza propia, no una ADI vendida a lo que digan los ladrones de nuestras tierras.

Urge hacer cambios en la legislación y adaptarla al derecho indígena. Los pagos de servicios ambientales, otro robo que nos hacen, nos siguen engañando como cuando nos cambiaban oro por espejos. Eso no puede seguir así, yo realmente espero que los pueblos indígenas no sigamos agachando la cabeza, que ojalá este 2025 volvamos a despertar y que levantemos la frente para defender lo que no pertenece, y que no le tengamos miedo ni a la muerte ni a la cárcel. Que estas tierras son nuestras y que las seguiremos defendiendo, haciendo honor a los que siguen padeciendo la impunidad.

Yo tengo que decir que soy un indígena privilegiado, le agradezco a Protección a la Víctima el acompañamiento, y a los demás les digo: no tengan miedo, cuando los poderosos les dicen que están parcializados con nosotros, porque lo diferente es que ustedes respetan nuestros derechos y aplican la ley.

Espero que puedan leer mi inquietud sobre los derechos indígenas y si bien es cierto que en Navidad se hacen otras cosas, no puedo entender tanto entusiasmo de las personas con la situación difícil que tenemos como país y ya a mí edad, y los años de lucha por nuestros derechos, no miro frutos, y más bien, tenemos un país muy deteriorado.

Urge que hagamos cambios, ojalá para el 2025.

Saludos y abrazos fuertes de este Bröran que les escribo de Crun Shurín, tierra recuperada.

Defensoría realizó inspección sin previo aviso al CTP por caso de incendio en buses

Como parte de una investigación de oficio, la Defensoría de los Habitantes realizó hace unos días una inspección sin previo aviso a las oficinas centrales del Consejo de Transporte Público (CTP), con el propósito de revisar los expedientes administrativos relacionados con incendios en autobuses de transporte público y conocer el estado del trámite actual.

A partir de la información recabada del departamento de Inspección y Control, preliminarmente se puede indicar que, los datos relativos a incendios ocurridos en unidades de buses del periodo 2024 se ubica en un solo expediente, en el cual se identifica documentación relacionada con tres eventos que son diferenciados cada uno por un número de consecutivo interno. No obstante, se encontraron gestiones realizadas por el propio CTP en otros incendios ocurridos durante este año, los cuales no estaban identificados con un número específico.

Cabe destacar que, dicha información no se encuentra organizada en expedientes administrativos separados, por evento o por empresa prestadora del servicio. Además, parte de la información, como respuestas de las empresas o documentos enviados por el CTP, no estaba presente en forma física en el expediente, el cual tampoco está foliado. El procedimiento administrativo que lleva a cabo el CTP para la recopilación de información de cada uno de estos eventos no se encuentra regulado.

Ahora, la Defensoría procederá a analizar toda la información y documentación recabada, a fin de que preparar un informe dirigido a las autoridades competentes.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

El jaque mate de la costa Caribe

Por Bernardo Archer Moore
Cahuita

El Jaque Mate de la Costa Caribe de Costa Rica se trata de un proceso que se inició hace cuatro décadas, primero con el desarraigo sutil de los habitantes a través de una campaña mediática orientada al debilitamiento de las organizaciones sociales y sindicales, en paralelo con la aniquilación de las empresas privadas regionales y de las instituciones gubernamentales que brindan empleo a gran escala; así como el desarrollo de infraestructura sostenible; tales como:

El cierre de las operaciones y taller del Ferrocarril del Atlántico en Ciudad de Limón.

La cancelación de concesiones y la quiebra inducida de las tres empresas estibadoras del muelle, el traslado de las oficinas y gran parte de las operaciones de RECOPE al Gran Área Metropolitana (GAM), el traslado de las Aduanas de Limón a San José, la concesión de APM y la consiguiente quiebra de Japdeva.

Así como la apropiación de fincas privadas sin expropiación y la correspondiente indemnización, para convertirlas en Parques Nacionales, Refugio de Vida Silvestre, Humedales y Patrimonio Natural del Estado a través del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), etc. El sobrante de esas titulaciones arbitrarias del IDA, son tierras que hoy están en manos del INDER.

Es decir, se implementó un enfoque de “tres frentes” que los pobladores locales ignoraron por la distracción de ver y abordar cada uno como un elemento aislado, cuando en realidad todos estaban dirigidos hacia el mismo objetivo.

Me atrevería a decir que incluso la mayoría de los presidentes de la República y otros altos funcionarios políticos del país durante ese período de cuatro décadas fueron engañados y utilizados al igual que los ciudadanos comunes y sus líderes locales. De hecho, ninguno de ellos es visto como un gran benefactor del Jaque Mate que se vislumbra en el horizonte. Dicho de manera coloquial “nos vacilaron a todos”.

Por lo tanto, el Plan Regulador Costero (PRC) y el Plan Nacional del ICT para el Desarrollo Costero del Caribe no deben ser considerados ni abordados de manera aislada, ya que en realidad representan un jaque mate en la apropiación con fines de lucro de los recursos naturales y la belleza escénica del Caribe costarricense.

Pero, como no existe una conspiración perfecta contra el mal, aún tenemos la oportunidad y la esperanza de revertirlo, mediante la organización ciudadana y la solidaridad. Eso sólo si empezamos hoy en lugar de mañana.

21/12/24.

Desafíos y oportunidades en la regulación de bicimotos en Costa Rica

Kidier Manuel Obando Serrano
Estudiante de la UNED Cartago

Como estudiante de la UNED en el curso de Gerencia Pública, he decidido reflexionar sobre un problema que afecta nuestra sociedad: la proliferación desregulada de las bicimotos en las vías públicas de Costa Rica. Este fenómeno, que en un principio parecía ofrecer una solución accesible y económica de transporte, ha desatado una serie de problemas que van desde la inequidad fiscal hasta el incremento de riesgos en la seguridad vial. Mi intención es evidenciar estos problemas y proponer soluciones desde la perspectiva de la gerencia pública.

La proliferación descontrolada y sus consecuencias

El auge de las bicimotos responde a una necesidad real de transporte económico, especialmente para sectores vulnerables. Sin embargo, la falta de regulación ha generado un vacío que impacta no solo en la seguridad de quienes usan estas bicicletas asistidas, sino también en el resto de los usuarios de la red vial. Actualmente, los conductores de bicimotos no requieren licencia de conducir, marchamo, ni revisión técnica vehicular, lo cual crea una evidente falta de responsabilidad ante posibles accidentes y deteriora la convivencia vial.

Además, esta situación genera una distorsión en términos de equidad fiscal. Los conductores de automóviles y motocicletas están obligados a pagar impuestos, cumplir con regulaciones estrictas y someterse a controles, mientras que los usuarios de bicimotos, que comparten las mismas vías y en ocasiones alcanzan velocidades similares a las motocicletas, no contribuyen de manera justa a la financiación del mantenimiento de la infraestructura vial ni a la seguridad del sistema de transporte.

Soluciones: de la gestión reactiva a la proactiva

Desde la perspectiva de la gerencia pública, es imperativo adoptar un enfoque proactivo que aborde este problema con la urgencia que merece. Las soluciones pueden agruparse en dos áreas clave:

  1. Regulación y fiscalización integral: Es necesario que las bicimotos estén sujetas a las mismas regulaciones básicas que otros vehículos motorizados. Esto incluye la exigencia de licencias para los conductores, la imposición de marchamo, y la obligación de una revisión técnica periódica. Estas medidas no solo aumentarán la seguridad, sino que también garantizarán que todos los usuarios de las vías contribuyan de manera equitativa al mantenimiento de la infraestructura.
  2. Infraestructura y seguridad vial: La expansión de las bicimotos ha revelado una carencia crítica en la infraestructura vial costarricense. No existen carriles exclusivos ni señalización adecuada para estos vehículos, lo que incrementa los riesgos de accidentes. El gobierno, en colaboración con el sector privado, debe invertir en la creación de ciclovías adecuadas y seguras que puedan ser usadas por bicicletas, bicimotos y otros medios de transporte no tradicionales. Un plan piloto en zonas urbanas con alta densidad de tráfico de bicimotos podría servir como modelo para una implementación más amplia en todo el país.

Un llamado a la gestión eficiente

El reto de regular las bicimotos en Costa Rica no es solo una cuestión de crear nuevas leyes. Es un llamado a la gestión pública para que responda a los cambios en el comportamiento social y las necesidades de transporte. La gerencia pública eficiente requiere anticipar problemas, gestionar recursos de manera justa y, sobre todo, asegurar que el bienestar colectivo prevalezca sobre los intereses individuales. Regular las bicimotos no solo es una necesidad en términos de seguridad, sino también una cuestión de justicia social y fiscal.

Como estudiantes de administración pública, estamos llamados a analizar críticamente estos desafíos y proponer soluciones que realmente generen valor público, Es imperativo que las autoridades tomen medidas urgentes para regular este fenómeno, estableciendo normas que aseguren la seguridad vial, la micro movilidad y la equidad fiscal. La coordinación entre instituciones como el Consejo de Seguridad Vial, el Ministerio de Comercio, Ministerio de Hacienda, las municipalidades y las aduanas es crucial para implementar políticas efectivas. Solo así se podrá garantizar una convivencia segura y equilibrada entre todos los usuarios de la red vial, promoviendo un entorno más seguro y ordenado para todos.

Construyendo comunidades resilientes a través de la Economía Solidaria 2025

Carlos Hernández
Cokomal / RedEss*

Las estrategias territoriales para fortalecer las dinámicas económicas solidarias representan una iniciativa integral que busca transformar el tejido socioeconómico de nuestras comunidades mediante la implementación de iniciativas asociativas alternativas centrados en las personas y el bien común. Este enfoque innovador propone una reconceptualización de las relaciones económicas tradicionales, privilegiando la colaboración sobre la competencia, la sostenibilidad sobre el beneficio inmediato, y lo comunitario sobre el individualismo.

En un contexto marcado por crecientes desigualdades socioeconómicas y desafíos ambientales, estas estrategias territoriales se presentan como una respuesta coherente y articulada para fomentar un una inclusión social económica local más equitativa y sostenible. A través de la promoción de iniciativas sociales, asociativas productivas y otras formas de organización económica solidaria, se busca crear una dinámica económica que responda efectivamente a las necesidades locales mientras genera oportunidades de prosperidad compartida para todos los miembros de la comunidad.

Es así como la economía solidaria emerge como una propuesta transformadora para los territorios y comunidades, lo que destaca su impacto en el desarrollo local a través de la creación de empleos sostenibles, la mejora de servicios y la calidad de vida. En esta propuesta se utiliza sus recursos para garantizar un acceso equitativo a bienes y servicios, lo que contribuye a la supervivencia y a una vida con dignidad en las comunidades. Las iniciativas de economía solidaria enfrentan desafíos relacionados con su sostenibilidad local, abordando problemáticas diversas mediante estrategias democráticas que fomentan la participación y priorizan las necesidades de las personas sobre el capital.

Se pueden distinguir varias estrategias: las sectoriales (que optimizan el acceso a productos y servicios dentro de un sector), las territoriales (que integran la dimensión geográfica y promueven el desarrollo local) y las orientadas a beneficiarios (que responden a las necesidades de grupos específicos).

Las iniciativas de economía solidaria tienen una misión social clara, operando bajo los principios de solidaridad, sostenibilidad, autonomía, democracia, participación y priorización del trabajo humano. Estas entidades promueven una distribución más equitativa de los beneficios e invierten en sus territorios, fortaleciendo la economía local y generando un tejido social que fomenta el emprendimiento. Además, estas iniciativas son cruciales para mejorar la autonomía territorial en un contexto de descentralización, lo que permite a las comunidades gestionar de manera más eficiente sus recursos y necesidades.

Combinan relaciones entre la producción de bienes y servicios con las exigencias locales, lo que facilita el bienestar social mediante la oferta de servicios que responden a las necesidades comunitarias. Asimismo, generan una dinámica de innovación social y promueven la incidencia política contribuir a la eficacia del Estado en áreas como las políticas sociales, medioambientales y económicas. A través de su filosofía y enfoque democrático, la economía solidaria busca no solo responder a las necesidades económicas, sino también fortalecer la cohesión social y el tejido comunitario, impulsando un desarrollo integral y sostenible en los territorios.

*carloscokomal@gmail.com / F.B: cokomal org / F.B: redess Costa Rica

Diablitos Curré/Yímba 2025 ya tienen fecha

Será del 30 de enero al 02 de febrero

Por Uriel Rojas

La comunidad indígena de Rey Curré/Yímba, situada en la Zona Sur de Costa Rica, ha comunicado de manera oficial, que la fecha para realizar su Tradicional Juego de los Diablitos 2025 será del 30 de enero al 02 de febrero.

El Juego de los Diablitos es una de las tradiciones indígenas más antiguas de nuestro país, que representa la memoria histórica de las luchas que tuvieron los antepasados borucas durante el proceso de “conquista”.

Esta tradición ancestral, por su gran simbolismo y coyuntura cultural fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de Costa Rica desde el año 2017 bajo el decreto ejecutivo Nº 40766-C.

La comunidad indígena Rey Curré se ubica en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas, 220 km al SE de San José, sobre Carretera Interamericana Sur.

Para más detalles pueden consultar al WhatsApp 87093735.

Esta nota se elaboró con el apoyo de la profe Victoria Lázaro Ortiz.

Regresa la Vuelta Ciclista a Buenos Aires

Será meta de la etapa 7

Por Uriel Rojas

El cantón de Buenos Aires volverá a vivir la alegría y adrenalina que significa recibir nuevamente a la Vuelta Ciclista a Costa Rica, tras 13 años de no hacerlo.

Corresponde a la sétima etapa de la Vuelta Ciclística a Costa Rica versión 2024, y su meta de llegada estará frente a la Municipalidad de Buenos Aires.

Lograr que el cantón cuna de las culturas indígenas reciba a esta caravana, fue un arduo trabajo que implicó más de un año de coordinación regional por parte del despacho de la diputada Sonia Rojas, La Municipalidad de Buenos Aires, JUDESUR, don Oscar Ávila director de la FECOCI, así como los demás Concejos Municipales del Sur que también tendrán el privilegio de ver pasar la caravana ciclística por sus cantones de Osa, Golfito, Corredores, Coto Brus, Quepos.

Esta sétima etapa que se correrá este jueves 19 de diciembre estará saliendo de Ciudad Neily a partir de las 8 am, devorando 137 kilómetros de distancia entre la vasta llanura del Sur y llegando a Buenos Aires antes de la 1pm.

Como parte de las actividades de recibimiento en la meta habrá exposiciones culturales, gastronómicas y el agradecimiento de los bonaerenses a todos quienes hicieron posible que la vuelta sobre los pedales volviera al cantón de Buenos Aires, la tierra del tamal de arroz y cuna de las culturas indígenas del Sur de Costa Rica.

¿Por qué tantas familias afrodescendientes han perdido sus tierras en el Caribe de Costa Rica?

Bernardo Archer Moore

La respuesta varía según a quién se consulte. Como sucede en muchos casos de injusticia, la explicación simplista para muchas personas es inculpar a las víctimas en lugar de a los perpetradores.

Existen diversas teorías que sugieren la supuesta incapacidad de las familias desposeídas para mantener sus propiedades. Sin embargo, al profundizar en el tema, se revela que son las políticas deliberadas de despojo, impulsadas por el gobierno nacional, las que han generado estas privaciones.

Esto se manifiesta a través de métodos directos, como campañas de titulaciones indiscriminadas a nombre del Estado, así como a través de formas indirectas, como la usurpación precaria que recibe un respaldo «legal» del Estado Costarricense.

Es fundamental que la generación actual reconozca y entienda que la gran mayoría de las tierras poseídas por las familias afro costarricenses, a través de sus ancestros, fueron adquiridas durante la primera mitad del siglo XX (1900-1950). Estos derechos de propiedad están respaldados por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, al respecto señala textualmente lo siguiente:

«Artículo 17:

  1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, ya sea de forma individual o colectiva.
  2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.»

Sin embargo, mientras los afrocaribeños estuvimos celebrando el Carnaval el 14 de octubre de 1961 los gobernantes aprovecharon para violentar este derecho humano fundamental con la promulgación de la Ley de Tierras y Colonización número 2825.

Esta ley dio inicio a un proceso que sometió el derecho humano de marras a la condición de estar inscritas en el registro nacional. Lo que es aún más grave, abrió las puertas al precarismo, al permitir que grupos de ocupantes ilegales despojaron a muchas personas negras de sus tierras.

Las dudas sobre los derechos de posesión de la propiedad privada de las personas afrodescendientes, respaldadas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1948 y la Ley de Creación del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) de 1961, fueron aclaradas en 1969 por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que establece en su artículo 21 el derecho al uso y usufructo de la propiedad privada. A pesar de estas normativas internacionales, las autoridades nacionales han buscado formas de eludir su cumplimiento.

En el pasado, como se creía que los residentes afrocaribeños, principalmente inmigrantes jamaicanos, no tenían títulos de propiedad debido a barreras lingüísticas y limitaciones económicas; esto llevó a que la jurisprudencia restringiera el derecho de propiedad a quienes poseían un Título de Propiedad inscrito en el Registro Nacional.

Sin embargo, al haber demostrado que muchos afrodescendientes sí titularon sus tierras, esto dio luz a los subjetivos conceptos de «POSESIÓN DE BUENA” O “MALA FE», utilizado actualmente para negar los derechos de propiedad a la presente generación de herederos.

Desde la perspectiva del derecho internacional, surgen preguntas sobre quiénes son los verdaderos propietarios de las tierras del ITCO/IDA/INDER y ITCO?

¿Y quién debería recibir los ingresos por la protección del medio ambiente en áreas como humedales y parques nacionales u otras Reservas Equivalentes?

Estoy indignado por las políticas gubernamentales que forzaron a nuestros antepasados a vender sus tierras bajo amenazas de violencia de ocupantes ilegales (PRECARISTAS),

En lugar de culpar a los inmigrantes que compraron esas tierras a precios bajos, reconozco que esto ayudó a muchas familias a evitar la hambruna y a mitigar el desarraigo.

Somos pocos los que podemos afirmar que nuestros antepasados no cayeron en esta patraña de los gobernantes de turno.

Comunidad afrocaribeña lucha por sus derechos

En una carta realizada por la Defensora Angie Cruickshank Lambert dirigida a Laura Fernández, ministra de la Presidencia con copia a Marco Vinicio Levy Virgo, se señala que organizaciones de la comunidad afrodescendiente han expresado su descontento con el accionar de la Defensoría de los Habitantes en relación con el pueblo del Caribe.

En el reclamo, se critica la falta de medidas concretas para enfrentar las violaciones a los derechos humanos de esta población. Aunque la institución ha reconocido las deudas históricas del Estado con las comunidades afrodescendientes, y organizó en 2023 un simposio internacional sobre la aceleración de sus derechos, las críticas consideran insuficientes estas acciones frente a los desafíos estructurales. 

El simposio, aunque valioso, puso en evidencia violaciones persistentes, como la falta de reconocimiento de territorios ancestrales, la necesidad de luchar contra el racismo sistémico y la discriminación, y las brechas en salud, especialmente en temas como la salud materna. Según datos del UNFPA presentados en el evento, las muertes maternas son hasta cinco veces superiores entre las mujeres afrodescendientes debido a carencias en consultas prenatales, acceso a anticonceptivos y prevención del embarazo adolescente. 

Además, se destacó que el Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024) está por concluir sin avances significativos en derechos fundamentales como el acceso a la tierra, protegido por el Convenio 169 de la OIT. Aunque informes previos, como el de la exdefensora Montserrat Solano, identificaron la necesidad de soluciones legislativas para la problemática de tenencia de tierras en Cahuita y Puerto Viejo, la actual administración de la Defensoría no ha tomado acciones concretas al respecto, limitándose a argumentar que no puede intervenir en competencias específicas del Estado. 

Los críticos subrayan que la Defensoría tiene el deber de intervenir cuando las omisiones del Estado vulneran derechos humanos, como sucede con el derecho de consulta y autodeterminación de las comunidades afrodescendientes. A pesar de conocer estas situaciones desde hace años, la institución no ha implementado medidas efectivas para impedir la persistente violación de derechos. Esto, según las personas denunciantes, contradice su mandato legal y perpetúa las desigualdades estructurales que enfrentan las comunidades afrodescendientes en Costa Rica.

Dentro del marco del documento citado, la Defensoría de los Habitantes de la República generó una serie de recomendaciones con fundamento en el artículo 14 de la Ley N° 7319 del 17 de noviembre de 1992 y en el artículo 32 del Decreto Ejecutivo No 22266-J, siendo estas:

PRIMERA: Gestionar la selección y el pronto nombramiento de la persona que sustituya al señor Ricardo Sosa como Comisionado de Inclusión Social de la República, a efecto de que esta persona pueda dar seguimiento a las diferentes iniciativas de poblaciones vulnerables y tradicionalmente discriminadas, entre estas la población afro costarricense.

SEGUNDO: Definir la Unidad Técnica Administrativa del Poder Ejecutivo, que estará a cargo de la gestión técnica y financiera de los procesos de consulta y otras funciones ligadas a las consultas de los Pueblos Tribales – Población Afro Costarricense.

TERCERO: Como parte de las acciones previas a todo proceso de consulta a Pueblos Tribales, se debe definir el término “propiedad ancestral afrodescendiente”. Para dichos efectos es conveniente la coordinación interinstitucional/intersectorial a partir de un peritaje bajo un abordaje integral que lo defina.

CUARTO: Una vez definida la Unidad Técnica Administrativa del Poder Ejecutivo, que estará a cargo de la gestión técnica y financiera de los procesos de consulta y otras funciones ligadas a las consultas de los Pueblos Tribales – Población Afro Costarricense, así como su normativa de operación, se deben ejecutar a la brevedad las acciones tendientes a la conclusión de la Consulta al pueblo Tribal Afro Costarricense a efecto de poder continuar con la delimitación de los territorios que le corresponden y otras acciones atinentes.

Se previene que por disposición del artículo 14 párrafo tercero de la Ley N° 7319 el no acatamiento injustificado de las recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes puede ser objeto de una recomendación de amonestación para el funcionario que las incumpla o, en caso de incumplimiento reiterado, de una recomendación de suspensión o despido.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en el artículo 32 del Reglamento a la Ley de la Defensoría de los Habitantes, los órganos públicos deben, en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES a partir del día siguiente a la notificación de este informe final, remitir a la Defensoría de los Habitantes un informe de cumplimiento de las recomendaciones formuladas, en el cual deberá incluirse la siguiente información:

a.- Medidas que se adoptarán para hacer efectiva las recomendaciones.

b.- Plazo en el que se ejecutarán dichas medidas.

 c.- Funcionario encargado de su ejecución.

Le invitamos a leer el documento completo en el cual se amplían los puntos tratados por esta nota.

Imagen ilustrativa, UCR.

Atlas de Desarrollo Humano Cantonal

El desarrollo humano mide las condiciones necesarias para que las personas alcancen su máximo potencial y vivan dignamente, integrando derechos fundamentales como educación, salud y trabajo, esenciales para garantizar todos los derechos humanos.

Una educación de calidad, accesible y permanente fortalece la capacidad de decisión y libertad, impactando tanto la vida individual como colectiva.

El acceso a servicios de salud de calidad y la promoción de hábitos saludables son indispensables para una vida integral, vinculando el bienestar con prácticas preventivas y atención oportuna durante todo el ciclo de vida.

El empleo formal y bien remunerado promueve la autonomía económica, permitiendo a las personas satisfacer necesidades básicas y tomar decisiones sobre su vida, en estrecha relación con el acceso a la educación.

El Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, desarrollado por el PNUD en colaboración con instituciones aliadas, es una herramienta clave para analizar los desafíos territoriales del desarrollo humano, ofreciendo datos fundamentales para diseñar soluciones sostenibles y alineadas con la Agenda 2030.

El informe del Atlas 2024 detalla índices, tendencias y mejoras, destacando su utilidad para abordar problemas multicausales y diseñar políticas públicas efectivas a nivel nacional y local.

Este análisis de resultados del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal (2024), fue  realizado con la participación de las instituciones públicas. Explora los principales resultados con respecto al Índice de Desarrollo Humano (IDH), Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad (IDH-D), los Índices de Género (IDG), Índice de Desigualdad de Género (IDG-D) y el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), así mismo realiza apuntes sobre el desarrollo humano, con apartados como:

  • La inseguridad ciudadana como fenómeno territorial
  • Limitaciones del desarrollo humano y sus efectos en la convivencia ciudadana
  • Condiciones para la localización de la criminalidad en los territorios
  • Análisis de las violencias contra las mujeres en Costa Rica: invertir en igualdad de género potencia el Desarrollo Humano
  • Correlación con la Tasa de Infracciones por Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres
  • Correlación con la Tasa del Delito de Violación o Tentativa de Violación
  • Respuesta frente a la violencia desde el enfoque del desarrollo humano
  • Análisis de los impactos y pérdidas por desastres en Costa Rica: fortalecer la resiliencia es clave para el Desarrollo Humano
  • Análisis de la cobertura forestal y el desarrollo humano en Costa Rica

Invitamos a leer el análisis de German Masís Morales relativo a este informe: https://wp.me/p6rfbZ-u77

Asimismo, sugerimos consultar el PDF adjunto dada la importancia del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal para el trabajo comunitario y territorial.

Información compartida con SURCOS por Carlos Carranza.