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Experiencias de gentrificación en las costas de Costa Rica

Alberto Salom Echeverría

Guanacaste, Limón y Puntarenas: Turismo, transformación y desplazamiento poblacional en las zonas costeras

Introito

La Asociación para el Desarrollo Sostenible y Sustentable Madre Tierra, que me honro en presidir realizó este martes 12 de agosto una actividad sobre las experiencias de Gentrificación en Costa Rica, en el Centro de Cultura de España.

Considero oportuno replicar esta actividad con base en datos fiables que hurgué sobre la Gentrificación, entresacados de fuentes del Banco Central de Costa Rica, en estadísticas de inversión extranjera directa de 2023; de igual manera se revisó información del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica (CPCECR), en particular el artículo “Mercado Inmobiliario de zonas Turísticas”; también fue consultada la Revista de Ciencias Sociales de la UCR (2022), allí encontramos el artículo intitulado “Turismo y transformación Social en el Caribe costarricense”; además, fue consultado el informe del Estado de la Nación del (2023) en Desarrollo Humano Sostenible y finalmente, artículos varios de la prensa nacional y de revistas digitales.

El concepto

La Gentrificación es un proceso que se ha desarrollado en zonas urbanas, en particular de las regiones costeras de Costa Rica. Con frecuencia, este fenómeno se suele asociar con ciudades grandes, pero como queda expresado en Costa Rica se ha producido tanto en las ciudades urbanas como en las zonas costeras, en las que el turismo internacional, las inversiones privadas y la globalización inmobiliaria han venido alterando cada vez más la vida de las comunidades locales, en particular desplazando y desalojando la mano de obra local de pequeños y medianos productores costarricenses. En adelante se presentarán los datos y características compartidas y particulares en los planos social, cultural y económico en estas tres provincias costeras, las más deprimidas del país, como son Guanacaste, Limón y Puntarenas.

El auge turístico de Guanacaste y la exclusión social silenciosa

En la provincia guanacasteca se ha producido un cambio radical, merced al turismo de lujo que ha conllevado inversión extranjera directa, mediante la compra de tierras por parte de los foráneos y la construcción de infraestructura turística, fenómenos que, han propiciado el crecimiento exponencial del valor del suelo.

La documentación consultada, da cuenta de un significativo desplazamiento de familias guanacastecas de escasos recursos económicos que en su mayor parte eran detentadoras de parcelas de tierra de pequeño y mediano tamaño, hacia las márgenes del mercado inmobiliario, lo que, de un modo imperceptible pero real, ha dado lugar a la pérdida de identidad cultural por parte de estas poblaciones, lo mismo que a tensiones sociales crecientes.

La investigación reporta también que, los productores agrícolas que se dedicaban mayormente a la ganadería o la pesca no lograron, no obstante, engarzarse en el modelo turístico que se fue imponiendo, excepto cuando fueron contratados en trabajos informales y por ende labores no permanentes, de baja remuneración. En muchos casos los antiguos campesinos autóctonos no consiguieron sacar provecho de las nuevas tierras adquiridas en la marginalidad, ya que como se acaba de consignar muchos fueron contratados en trabajos turísticos como la construcción de obras de infraestructura. Concluida la faena, muchos otros perdieron la oportunidad de reiniciar sus labores en las propiedades recién adquiridas. Estamos aquí en presencia de un evidente proceso de exclusión social de los campesinos por parte de los poderosos inversionistas extranjeros. Estos procesos fueron patentes en zonas como Tamarindo, Nosara y Playa Grande.

La Gentrificación incipiente en Limón ha dado cuenta de tensiones históricas

El fenómeno de la Gentrificación en Limón lleva retraso con respecto a Guanacaste, pero ha comenzado con fuerza en lugares como Puerto Viejo de Talamanca y Cocles, donde precisamente el turismo internacional ha crecido en la última década.

El tipo de población que prevalece en Limón es muy diferente a la de Guanacaste y Puntarenas, puesto que la de Limón es una población afrodescendiente e indígena, pero que han presentado históricamente una fuerte resistencia hacia la exclusión de la que han sido víctimas desde la colonia en el caso de los indígenas. En Puerto Viejo, los extranjeros y en menor medida personas adineradas de Costa Rica han comprado propiedades, algunas para usufructo particular o para alquilar; además se han construido hoteles y comercios que están orientados principalmente a población turística europea y estadounidense. Estas actividades mercantiles han provocado un aumento de los precios de las tierras y los servicios.

De la literatura consultada entresacamos que las comunidades autóctonas han cedido el control sobre su entorno cultural y se han visto afectados en el plano económico, pese a la existencia de iniciativas menores de turismo comunitario, cuyo afán es aprovechar la iniciativa generada por los inversionistas extranjeros para desarrollar emprendimientos, si bien de mucho menor cuantía. La competencia en este sentido no tiene parangón entre la inversión extranjera y los esfuerzos de los emprendimientos locales que, evidentemente son de mucho menor rango. De ahí que -dice la investigación-, la gentrificación en Limón es hasta ahora más sutil, pero ha desplazado siempre emprendimientos autóctonos y está jalonada de otras complejidades étnicas, raciales y territoriales.

En algunas regiones como Gandoca-Manzanillo, como se ha visto recientemente los inversionistas privados, nacionales en este caso han comenzado a invadir inapropiadamente tierras del Estado, otorgadas de manera aparentemente fraudulenta por parte de la misma municipalidad, en convivencia con el SINAC y el Ministerio de Ambiente; estas actividades han afectado los humedales de un alto valor ecológico. La situación ha creado un clima de gran inquietud tanto entre moradores de la zona, así como por parte de organizaciones ambientalistas, todos los cuales luchan por la defensa de este patrimonio.

La Gentrificación en Puntarenas, apuntala el desarrollo desigual y ha producido además desplazamiento turístico

La característica principal en Puntarenas muestra un proceso de gentrificación que como reseña la literatura, es fragmentado y notoriamente desigual. Esta impronta ha sido patente en ciudades como Jacó, Montezuma y Santa Teresa, para citar algunas de las más connotadas.

En estos casos se han establecido comunidades extranjeras de alto poder adquisitivo, las cuales han transformado completamente el paisaje, la oferta comercial y los patrones de consumo.

El caso de Santa Teresa, reseña la investigación es paradigmático debido a la gentrificación acelerada que se ha producido en ella. Se señala literalmente que: “terrenos costeros han sido adquiridos por inversionistas extranjeros, las construcciones de lujo proliferan, y los precios de la vivienda han subido a niveles imposibles para los habitantes locales. -Y en adición se agrega- Como en Guanacaste, muchas familias puntarenenses han sido desplazadas a comunidades periféricas que carecen de servicios básicos. En contraste, otras partes de Puntarenas (como la ciudad de Puntarenas misma) han quedado marginadas del desarrollo turístico, profundizando la desigualdad regional.

Sinopsis comparativa de la gentrificación en las tres provincias

(Patrones comunes y diferencias)

Patrones comunes: Las tres provincias como se puede observar comparten algunos patrones comunes entre sí, derivados de las inversiones que se llevaron a cabo. En los tres casos operó una población que proviene del exterior y que posee recursos económicos en abundancia como para haber podido realizar obras de infraestructura de calidad con lo que, en lo medular, los emprendimientos nacionales no han podido competir. Por añadidura, los extranjeros que han llegado a invertir en la industria turística en el territorio costero costarricense son ajenos por completo a la cultura de las comunidades locales y sin interés alguno por compenetrarse con ella. Por eso mismo, se produjo la expulsión de población local de su zona originaria, sin contemplaciones de ninguna naturaleza, lo cual ha incidido en una mengua del nivel de vida que ostentaban, así como también se han visto afectados los valores y prácticas culturales ancestrales. En la mayor parte de los casos, cuando los nacionales no lograron organizarse para combatir hasta derrotar el atropello del que fueron objeto, ha sobrevenido la dispersión de aquellos sectores de la comunidad que fueron despojados de la tierra y con ello se trastornó su cosmovisión. En lo económico, en los tres casos se revalorizó el suelo y se encareció el costo de la vida, con grave perjuicio tanto para la población directamente despojada de sus pertenencias, como para la población pobre en general de todo el entorno. Por último, el espacio físico, el paisaje se ha desnaturalizado transformándose en un modelo que se asemeja a los patrones turísticos internacionales, ajeno por lo tanto al contexto nacional en particular aquel del que emergió la población autóctona. Muy poco, por no decir nada quedó de los nexos tradicionales que compartían con el resto de la población que allí se ubicaba.

Diferencias: En un estudio editado por FLACSO en el 2014, cuya coordinación estuvo a cargo del sociólogo Abelardo Morales Gamboa, se describe la explosión de la construcción de megaproyectos turísticos en las zonas costeras, con especial énfasis desde el 2005. Morales refiere concretamente la inversión en proyectos inmobiliarios, turísticos y de locales comerciales que requirieron la contratación de mano de obra tanto de la región como de afuera. En el 2005, apunta Morales las provincias de Guanacaste y Puntarenas absorbieron la mayor parte de la inversión en construcción de recursos inmobiliarios, 67% para Guanacaste y 23% para Puntarenas, desplazando a San José a una tercera posición con un 17%. O sea, las dos provincias costeras sometidas al auge del turismo inmobiliario desplazaron a la capital del país, respecto de la atracción de recursos para la construcción. (Ref. “Escenarios sociopolíticos de las Migraciones en Costa Rica y Colombia”. Morales Gamboa, Abelardo coord. 1era. ed. San José, Costa Rica. FLACSO, 2014). Más adelante Morales refiere que, “Las distintas expresiones de la migración de relevo pueden darse, inclusive, de manera simultánea, así como pueden primar unas sobre otras en distintos momentos. En la fase de la acumulación por despojo se produjo en Guanacaste una intensiva expulsión de fuerza de trabajo, mientras que el ciclo posterior, el de atracción, sustentado en la rotación de la mano de obra, se consolidó una etapa de abaratamiento de la mano de obra a partir del aprovechamiento de flujos de inmigración permanente o temporal de relevo, según las necesidades de demanda del mercado de trabajo. (Ref. Ibidem. pág. 19)

Guanacaste es la provincia como se desprende de varias de las investigaciones sobre el fenómeno de gentrificación, donde el proceso se ha dado con mayor intensidad. De las tres Limón es señalada como la que va a la saga, pero con una intensidad media incipiente. En lo concerniente a los actores clave del proceso también se presentan diferencias. En Guanacaste el proceso ha sido capitaneado por inversionistas extranjeros; en Limón, consigna la investigación los protagonistas son más bien residentes extranjeros, mientras que en Puntarenas se trata de inversionistas del sector turístico y del sector inmobiliario.

Por otra parte, cada provincia posee características únicas tales como: Guanacaste mantiene una alta presencia del sector turístico con una fuerte exclusión residencial. En Limón la característica más sobresaliente es una alta tensión cultural-racial, matizada por un turismo alternativo y comunitario. En Puntarenas se trata de una gentrificación marcada por la desigualdad, y por otra parte zonas aisladas frente a otras olvidadas.

¿Y si el río que siempre se ha usado para recreación se convirtiera en una zona de extracción?

Observatorio de Bienes Comunes UCR les invita a reflexionar sobre el valor de lo común y la importancia de participar en decisiones que afectan el entorno. Imagina que una concesión permita intervenir un tramo del río que tantas veces se ha disfrutado en familia… un lugar que no solo forma parte de la vida diaria, sino que también representa un atractivo turístico, la belleza y tranquilidad que comparten visitantes y comunidad.

Puede visitar la página para leer la nota completa en el siguiente enlace: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/hablemos-de-supuestos-y-si-un-rio-usado-para-recrearse-se-convirtiera-en-una-zona-de-extraccion/

Ante grave crisis climática las comunidades afectadas por las plantaciones de piña hacen un llamado a la comunidad financiera

Comunidades costarricenses afectadas por 40 años de producción industrial de piña comparten con inversionistas y aseguradoras internacionales un caso emblemático sobre la vulnerabilidad de la piña, aumentada por la crisis climática y del sector de los seguros.

Necesitamos un enfoque actuarial para afrontar, en lugar de negar o ignorar, los escenarios extremos en una de las principales industrias de Costa Rica. Hacemos un llamado a quienes comprenden lo vulnerable que se está volviendo la agricultura industrial en un mundo en el que el ciclo del agua está roto para poder contestar si debiéramos hacer una transición hacia una economía post- piña.

San José, Costa Rica—Ante la gravedad de la crisis climática y de seguros, cada vez más interconectadas y en rápida aceleración, que se hacen cada día más evidentes a través de las inundaciones, olas de calor y sequías que alteran trágicamente cada rincón del planeta, las comunidades afectadas por las plantaciones industriales de piña en Costa Rica hacen un llamado abierto a la comunidad financiera internacional, en particular a las aseguradoras.

Solicitamos ayuda para afrontar los escenarios extremos que se nos avecinan, a medida que la crisis de seguros se profundiza, dejándonos en mayor vulnerabilidad ecológica, social y económica.

Dada la rapidez con la que está cambiando el clima y cómo la industria aseguradora está respondiendo a la presión para dejar de asegurar a las industrias extractivas, nos preguntamos: ¿Cuán viable es la piña industrial, una industria extractiva de la que nuestras familias y amigos han dependido durante décadas? Necesitamos ayuda para responder a esta pregunta.

Conscientes del ejemplo de Hawái, marcado por sucesivas generaciones de una economía extractiva similar a la de Costa Rica (piña, caña de azúcar, ganadería, turismo a gran escala), el llamado a las aseguradoras surge en parte de comunidades que desean evitar lo peor de la experiencia de Hawái.

La carta documenta 40 años de daños ecológicos y económicos causados por la piña industrial, a la vez que reconoce que la mayoría de las comunidades donde se cultiva la piña la apoyan por el empleo que genera. Destaca el legado de ríos, acuíferos y humedales contaminados; el maltrato a los trabajadores y los efectos negativos en su salud (y en la de las comunidades aledañas); la influencia indebida de las empresas piñeras en las instituciones estatales; y la creciente presencia del narcotráfico en las zonas donde se cultiva piña.

También subraya los riesgos que implica permitir que las corporaciones expandan su influencia más allá de sus campos, convirtiéndose en líderes en la gestión de las cuencas donde operan. Esto concuerda con el modelo cada vez más extendido de gestión global del agua, tanto a nivel de cuenca como en influyentes foros mundiales sobre el agua, en los que el capital privado y la influencia (corporaciones, fundaciones conservadoras, gestores de activos y fondos de capital privado) están asumiendo roles que antes ocupaba el sector público en la financiación y el diseño de políticas hídricas.

En esencia, la historia de la piña industrial en Costa Rica se centra en cómo usamos el agua como sociedad y quién decide al respecto. El dominio de la industria a nivel de cuenca dificulta que cualquier actor que cuestione la viabilidad de la piña —y que impulse el debate sobre las necesidades futuras— participe plenamente en conversaciones dominadas por actores corporativos y aliados en el gobierno, agencias internacionales de ayuda y ONGs. Esta incapacidad para abordar una gama mucho más amplia de escenarios —incluida la necesidad de que los productores de piña abandonen las cuencas donde se ubican— es lo que se está volviendo alarmante en un mundo que se calienta rápidamente y se está volviendo inasegurable. Las mejores prácticas en la gestión del agua en un mundo en calentamiento requieren, ante todo, una participación significativa de los actores clave que permita afrontar la mayor variedad de escenarios.

Sobre todo, nos preguntamos: ¿Por qué el sector asegurador sigue asegurando una industria en la que cada vez es más difícil plantear preguntas difíciles sobre la captura corporativa de los suministros de agua y, por lo tanto, garantizar que los productores de piña tengan el agua que necesitan?

Escazú decide sobre su futuro: CODECE alza la voz en defensa de la participación ciudadana

El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR) informó que este martes 12 de agosto, vecinos, organizaciones y colectivos del cantón de Escazú, junto a la Asociación para la Conservación y Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazú (CODECE), se presentarán ante el Concejo Municipal para expresar su rechazo a una decisión que limita la participación ciudadana en el proceso del Plan Regulador.

El pasado 29 de julio, el Concejo Municipal acordó desconvocar a la Comisión Especial del Plan Regulador —que incluía representantes comunitarios, miembros del Concejo y técnicos— y trasladar la responsabilidad a una oficina técnica integrada únicamente por funcionarios municipales. Según CODECE, esta medida reduce la transparencia y la capacidad de incidencia ciudadana en decisiones clave sobre el territorio.

Este cambio recuerda un esquema similar aplicado entre 2020 y 2022, cuando se ampliaron las zonas comerciales sin una participación real, y las observaciones comunitarias fueron desestimadas. Para CODECE y las organizaciones convocantes, la Comisión Especial es un espacio clave que permite a la ciudadanía conocer, seguir y aportar a las propuestas desde sus etapas iniciales, asegurando un proceso transparente y equilibrado.

La participación comunitaria en un Plan Regulador es una garantía democrática para que las decisiones territoriales respondan al interés público y no solo a intereses privados o comerciales. Sin mecanismos claros, accesibles y con plazos razonables, la participación se vuelve un trámite simbólico sin capacidad real de influir.

Por eso, CODECE defiende que la Comisión Especial continúe siendo el espacio legítimo para que la comunidad incida directamente en el futuro de Escazú.

Para leer la nota completa, visite:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/codece-alza-voz-plan-regulador-escazu/

El anexo al PRC de Cahuita: La Máscara del Despojo

Por: Bernardo Archer Moore
Presidente ACUDHECA
Cahuita, 10 de agosto de 2025

El Reglamento y su Anexo al Plan Regulador Costero (PRC) del distrito de Cahuita, Cantón de Talamanca, presentan vicios sustanciales por la creación de obligaciones no previstas en la ley.

Dicho Anexo introduce plazos, requisitos técnicos y protocolos que no se encuentran contemplados en la Ley N.º 6043, 9221, 9242 ni en sus reglamentos.

En la misma línea de irregularidades, se observa el condicionamiento indebido del derecho a la concesión: La regularización queda supeditada a criterios adicionales no previstos en la ley, lo que vulnera derechos adquiridos.

A esto se suma la insuficiente consulta al pueblo tribal afrodescendiente de Cahuita. Las reuniones meramente informativas no constituyen consulta previa, libre e informada, como exige el Convenio N.º 169 de la OIT. Este agravio ya ha sido planteado ante la Sala Constitucional por ciudadanos de CAHUITA.

Considerando

El Anexo constituye un acto normativo municipal de último nivel jerárquico en la pirámide de Kelsen, lo que implica que debe ajustarse estrictamente a las leyes y reglamentos nacionales. Sin embargo, contiene disposiciones incompatibles con la Ley N.º 6043, la Ley N.º 9221 y la Ley N.º 9242, imponiendo condiciones adicionales no previstas por estas normas, lo que configura una extralimitación reglamentaria.

Consecuencias Adversas

El tan publicitado Anexo del PRC de Talamanca está destinado a nacer muerto, tal como ocurrió con la Ley N.º 8464 del 25 de octubre de 2005 —promovida por el exdiputado Edwin Patterson— que pretendía declarar ciudad a las comunidades de Cahuita y Puerto Viejo.

En aquella ocasión, la evidente inconstitucionalidad fue recibida con un silencio cómplice por parte de abogados afrocostarricenses: Algunos callaron por conveniencia política; otros, por temor a romper la “regla no escrita” del silencio interno.

Hoy, el escenario es diferente. Existen varios afrocostarricenses dispuestos a alzar la voz a tiempo, movidos por la empatía hacia el pueblo y sin temor a incomodar a ciertos sectores.

La Extralimitación Reglamentaria:

La jurisprudencia de la Sala Constitucional es clara: Los reglamentos municipales y sus anexos deben ajustarse a la ley, sin crear derechos, imponer obligaciones ni establecer prohibiciones que excedan o contradigan el marco legal.

La Sala ha reiterado en múltiples ocasiones que el reglamento es un acto administrativo general, subordinado a la ley, y que no puede innovar ni alterar su contenido.

Destacan:

• Voto N.º 2003-09113: Un reglamento no puede imponer requisitos adicionales a los previstos por la ley, ya que esto constituye una usurpación de la función legislativa.

• Voto N.º 2018-012345: La potestad reglamentaria no puede modificar el sentido de la ley ni imponer limitaciones no contempladas por el legislador.

En consecuencia, no hay duda de que esta extralimitación reglamentaria será impugnada por inconstitucionalidad o ilegalidad ante la Sala Constitucional o el Tribunal Contencioso Administrativo.

Cabe preguntarse: ¿quién se beneficiará cuando, en un año, se proceda a desalojar a familias, demoler viviendas y afirmar que “se hizo lo mejor que se pudo”? Hacer “lo mejor posible” no es suficiente; lo que corresponde es evitar que este escenario ocurra.

Llamado a firmar en defensa de las comunidades costeras que sufren desplazamiento forzado

SURCOS comparte el siguiente llamado:

La Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica y las organizaciones abajo firmantes denunciamos que en nuestras comunidades costeras vivimos un hostigamiento creciente y una política de desplazamiento forzado que se ejecuta con mano dura contra las familias, mientras se protege y privilegia a los grandes hoteleros y desarrollos de lujo.

Puede leer el pronunciamiento y apoyar con su firma desde este enlace.

Posibles riesgos para derechos tribales y comunidades costeras en caso de recurso de amparo en Matina

Un recurso de amparo se tramita presentado por Marco Levy Virgo contra la Municipalidad de Matina y su alcalde Walter Céspedes (Exp. No. 25-020575-0007-CO). La solicitud busca obtener copia oficial del mapa del denominado pueblo tribal del cantón, así como información sobre las acciones municipales para garantizar el respeto a los derechos territoriales de la población afrocostarricense.

Este pueblo fue reconocido formalmente mediante el Decreto Ejecutivo N.º 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP y cuenta con protección internacional bajo el Convenio N.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La gestión se desarrolla en un contexto en el que persisten denuncias y temores sobre la usurpación de tierras ancestrales afrodescendientes y presunto tráfico de influencias para apropiarse de esos territorios.

Posibles efectos de una eventual jurisprudencia

De llegar a emitirse una sentencia vinculante, esta podría derivar en la elaboración de un plano oficial del pueblo tribal que excluya los 200 metros de Zona Marítimo Terrestre (ZMT), las áreas declaradas como Parques Nacionales y equivalentes (PNE) y los humedales protegidos.

Si bien una delimitación así representaría un precedente para la protección ambiental, también podría ser utilizada para acelerar la implementación de Planes Reguladores Costeros (PRC) en otros cantones, incluido Talamanca, con consecuencias graves para las comunidades costeras: desalojos y demoliciones en la franja pública de 50 metros de la ZMT, y concesionamiento de los 150 metros restantes sin reconocimiento efectivo de posesiones históricas y ancestrales.

Un delicado equilibrio

Este caso pone en evidencia la tensión entre la defensa de los derechos de pueblos tribales y la aplicación de normativas de ordenamiento territorial que podrían afectar la permanencia de comunidades históricas, como las del distrito de Cahuita.

Ante este panorama, Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA hace un llamado a un análisis prudente y consciente de que una resolución en favor del recurso podría atender varios asuntos de interés público, pero también generar efectos adversos sobre la continuidad histórica y cultural de las comunidades costeras afrodescendientes.

Solicitan declarar nulo el Plan Regulador de Limón por omitir zona clave del acuífero de Moín

Asociación para el Desarrollo de la Ecología denuncia que el instrumento municipal permite actividades que ponen en riesgo el derecho al agua

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicitó a la Sala Constitucional declarar la nulidad del Plan Regulador Urbano de Limón, por omitir la inclusión de la Zona 6 del acuífero costero de Moín, una de las áreas de mayor vulnerabilidad hidrogeológica de la región. La petición fue presentada por Marco Levy Virgo como coadyuvante en el expediente 25-018602-0007-CO, e incluye un informe técnico-legal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), fechado el 4 de agosto de 2025, que respalda la denuncia.

De acuerdo con el documento, emitido por la Dirección Regional Huetar Atlántica del AyA, la exclusión de esta zona representa una seria violación a derechos fundamentales como el acceso al agua potable, la salud pública y un ambiente sano. Se advierte que la actual planificación permite actividades industriales y comerciales de alto riesgo, como gasolineras, y parcelamientos incompatibles con los estándares del AyA, lo cual compromete el abastecimiento de agua y la integridad del acuífero.

El informe técnico GSP-RHC-2025-01548 destaca que la Zona 6, caracterizada por una alta vulnerabilidad según el método EPIK, presenta riesgos severos de contaminación por infiltración de bacterias, virus, nitratos y metales pesados, debido a la presencia de dolinas que conectan directamente con el acuífero. Además, alerta sobre el impacto sanitario y ambiental que implica permitir actividades en esta área sin las restricciones recomendadas por el ente rector del recurso hídrico.

La petición también señala que la omisión contraviene acuerdos vinculantes de la Junta Directiva del AyA (2007-177 y 2011-112), así como precedentes de la Sala Constitucional que obligan a las municipalidades a incorporar las recomendaciones técnicas para proteger zonas de recarga y captación de agua. A criterio de la asociación, esto constituye una violación al principio de legalidad, al deber de protección ambiental y a derechos consagrados en el artículo 50 de la Constitución Política.

Entre las medidas solicitadas a la Sala se encuentran:

  • Declarar con lugar el recurso de amparo.

  • Ordenar la nulidad del Plan Regulador por no incorporar las zonas de protección establecidas por el AyA.

  • Prohibir actividades industriales de alto riesgo en la Zona 6.

  • Disponer acciones de mitigación entre instituciones como la Municipalidad de Limón, AyA, MINAE, SENARA y el Ministerio de Salud.

  • Sancionar las responsabilidades administrativas que correspondan.

Según el recurso, la exclusión de la Zona 6 contradice principios constitucionales como el preventivo, precautorio, de no regresión y de in dubio pro natura, poniendo en peligro los derechos de las generaciones actuales y futuras. La asociación expresó su confianza en que la Sala Constitucional emitirá una resolución que garantice la sostenibilidad del acuífero y el cumplimiento de las obligaciones legales de las autoridades locales.

Imagen: Semanario Universidad.

Municipalidades continúan estancadas en gestión de servicios locales

La Contraloría General de la República emitió el Índice de Gestión de Servicios Municipales 2025 (IGSM 2025), en el cual participaron los 84 gobiernos locales del país. La herramienta refleja cómo las municipalidades organizan y operan los servicios que brindan a la población, que son cruciales porque impulsan el desarrollo comunal y aseguran que se cubran necesidades indispensables para el bienestar diario de las personas.

El estado actual revela que las municipalidades tienen una gestión aún frágil, esto se traduce en servicios que no siempre cumplen estándares mínimos de calidad o continuidad. Para el año 2024 las municipalidades presupuestaron en gastos un total de ¢337.671 millones para atender todos los servicios, pero solo ejecutaron ¢241.386 millones, lo que equivale al 71%.

Se encontró gestión básica y sin avance, débil gestión de alcantarillado pluvial, gestión vial deficiente, brechas críticas en gestión de residuos sólidos, tarifas desactualizadas y alta morosidad.

Se les invita a revisar el informe completo en el siguiente enlace:

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025016850.pdf

¿Quién impuso la norma que prohíbe interpelar públicamente a una persona negra en Costa Rica?

Por: Bernardo Archer Moore

En Costa Rica existe una norma no escrita, tácita pero profundamente enraizada, que prohíbe cuestionar públicamente a las personas negras en cargos de liderazgo, incluso cuando se trata de debatir sobre asuntos públicos que afectan al pueblo afrodescendiente.

Esta regla de silencio ni siquiera tolera el intercambio crítico entre personas de la misma etnia, y mucho menos permite que una persona mestiza o indígena cuestione una postura sostenida por alguien de ascendencia africana.

Y si quien expresa una opinión divergente proviene de raíces anglosajonas —aun cuando este se haya asimilado la cultura afrocaribeña— el rechazo es automático.

Pero curiosamente, esto no ocurre entre otros sectores del país. Los guanacastecos, josefinos, heredianos, alajuelenses y cartagos se interpelan libremente entre sí, y esa crítica mutua no es descalificada como racismo, odio ni envidia; sino de adversario político, ideológico o de partido contrario.

En cambio, cuando se cuestiona públicamente la posición de una figura afrocostarricense, de inmediato saltan los chillidos al cielo que se activan mecanismos de defensa: Se acusa de racismo, de odio o de envidia. Esto no puede seguir así.

Es urgente abrir espacio a la honestidad, al pensamiento crítico y al debate sincero dentro de nuestras propias comunidades. Ser negro no nos otorga una santidad automática.

Al igual que en cualquier otra etnia, entre nosotros hay personas íntegras y personas corruptas.

Esta realidad fue descrita con claridad por un líder afroamericano durante el movimiento por los Derechos Civiles de los años 60, al hablar de la diferencia entre los “negros de casa” y los “negros de campo”.

Nos corresponde a nosotros reconocer esa distinción cuando se manifiesta, y tener el valor de denunciarlo.

Porque quien promueve esta cultura del silencio selectivo, quien sostiene esa falsa lealtad basada en la complicidad y no en la verdad, actúa como un adversario dentro de nuestra propia trinchera.

Su función real no es protegernos, sino garantizar que nunca nos cuestionemos. Y eso lo hace más peligroso que quienes, sin rodeos, en el siglo pasado negaron nuestra dignidad con frases como la del Dr. Clodomiro Picado:

El temor es que la sangre costarricense se convierta en carbón en lugar de crisol de oro”.

Sí, es cierto que haber nacido y crecido en Costa Rica hace difícil no asimilar algunos códigos de la cultura dominante.

Muchos de nosotros convivimos y trabajamos con funcionarios públicos, empresarios y sectores del Valle Central que ven el mundo desde una lógica distinta a la afrocaribeña.

En ese contexto, dominar el doble discurso se convierte no solo en una estrategia útil, sino en una necesidad de supervivencia y en una vía para ascender social y económicamente. Eso puede ser comprensible.

Pero es inadmisible cuando ese doble discurso se usa hacia dentro de la comunidad afrodescendiente.

Utilizarlo para manipular, silenciar o desacreditar a hermanos y hermanas negras, ya sea en Costa Rica, en la diáspora o en África, es una forma de traición que no podemos normalizar.

El pensamiento crítico entre nosotros es señal de madurez, no de división. Es hora de derribar esa norma tácita.

El pueblo Afrocostarricense necesita líderes que estén dispuestos a escuchar, responder y rendir cuentas.

No héroes intocables, sino compañeros y compañeras con coraje moral.