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No a la represión de las comunidades en lucha por el derecho humano de acceso al agua potable

La Alianza Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCAA) y la Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA); organizaciones basadas en San José Costa Rica; manifestamos nuestro absoluto repudio a los hechos de represión y detención de dirigentes comunales y municipales en lucha por el derecho humano de acceso al agua potable en la comunidad de Hatillo, al sur de San José, capital de Costa Rica.

Desde hace años estas comunidades vienen padeciendo de reiterados cortes y racionamientos en la provisión de agua potable en sus hogares, situación que se ha ido agravando como consecuencia del cambio climático global, que ha hecho más extensa y severa la estación seca en nuestro país; pero sobre todo, debido a la desidia, al desinterés y a la incapacidad de las autoridades de gobierno, que no han tomado las previsiones necesarias para adaptar al país a esta nueva realidad; lo que ocasiona graves problemas no solo de aseo, higiene y salud para estas poblaciones, sino incluso dificultades para la preparación de los alimentos, para la obtención de agua para consumo humano y uso doméstico; así como también el cierre de las escuelas, violentando el derecho a la educación de miles de niños y niñas, por falta del vital líquido.

Nos Solidarizamos con estas comunidades en lucha y con todas aquellas poblaciones que levantan la voz por su legítimo derecho a contar con acceso a agua potable en condiciones de cantidad y calidad adecuadas.

Hacemos un vehemente llamado a las autoridades del gobierno de la República, a que cesen de inmediato la represión, a que liberen sin cargos a todas las personas detenidas, y al cese inmediato de la criminalización y judicialización de la protesta social pacífica y al uso del sistema legal como instrumentos de represión en contra las personas defensoras de los derechos humanos ambientales y sociales.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones ambientalistas y comunitarias, así como a las distintas municipalidades del país a que se pronuncien y se movilicen contra estos hechos de represión.

San José, Costa Rica, a los 18 días del mes de marzo del 2024

Foro interinstitucional para atender crisis en Oreamuno en el Día Mundial del Agua: “Agua Segura como motor para la Paz Social”

El Foro se realizará en conmemoración del 22 de marzo Día Mundial del Agua, cuyo lema de este año es “Agua para la Paz”, el evento contará con la participación del Viceministro de Salud, Ministro del MINAE, el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) o sus representantes, así como participantes del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) el alcalde de Oreamuno y el Presidente de la ASADA de Santa Rosa de Oreamuno.

Se llevará a cabo el jueves 21 de marzo a las 3:00 p.m. en el Miniauditorio de la Facultad de Ingeniería, ubicado en San Pedro de Montes de Oca, Ciudad de la Investigación UCR, primera planta del edificio de Aulas de la Facultad.

Ante la inminente crisis desatada por la contaminación de metabolitos de agroquímicos, problemas de escasez y protección de las fuentes, este espacio busca en sus participantes el diálogo y el manejo de conceptos comunes en lo que respecta a la problemática del Agua Segura en el país y busca incentivar un trabajo político conjunto con los tomadores de decisión y las comunidades.

Este espacio es organizado por la  Red GUIAS (Gestión Universitaria de Investigación en Aguas) de la Universidad de Costa Rica, que consideró contribuir con el desarrollo de una Hoja de Ruta País para el Agua Segura; es decir una descripción sistemática de un conjunto de principios, actitudes y pasos prácticos que orienten a las instituciones y a las personas tomadoras de decisión en la materia, cuyo trabajo conjunto posibilite la concreción de una meta ambiciosa pero plausible: que en Costa Rica toda comunidad y población pueda disfrutar, sin restricciones y obstáculos, de agua con calidad y cantidad para su desarrollo humano.

Contexto

Diversos estudios han apuntado que, si bien ciertas regiones del Planeta gozan de abundantes fuentes de Agua para los diversos usos que hacen sus habitantes, esto no implica de manera automática la certeza de que todas las poblaciones y personas puedan disfrutar del recurso en cantidad, calidad y continuidad, mediante un aprovechamiento sostenible. Igualmente, se ha evidenciado con diversos estudios de caso, que cuando coexisten comunidades que ven limitado su acceso al agua con otras que tienen un disfrute más pleno se presenta un caldo de cultivo para la conflictividad social, pugnas en los territorios y la aparición de obstáculos estructurales que limitan el desarrollo humano.

En el caso de Costa Rica, nuestra tradición democrática nos ha llevado a valorar la Paz Social. Esta no implica la ausencia de discrepancias o diferencias entre grupos políticos y actores sociales; por el contrario, es necesario más bien en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a las y los demás, así como vivir de forma pacífica y -en la medida de lo posible- unidos buscando soluciones a los problemas que nos aquejan y los retos que se avecinan.

Kioscos Ambientales UCR

AYA reforma el Reglamento de Prestación de Servicio: ¿Agilizando el extractivismo urbano?

Observatorio de Bienes Comunes

Con el anuncio de la reforma al Reglamento de Prestación de Servicio realizado por la presidencia ejecutiva del AYA junto a la Cámara Costarricense de la Construcción, para garantizar una aprobación más rápida de las disponibilidades de agua para los desarrollos inmobiliarios en Costa Rica, nos gustaría reflexionar sobre el contexto en qué se está desarrollando esta iniciativa, que representa una forma más de desregulación de la normativa para facilitar las actividades de la industria de la construcción.

Costa Rica en la última década viene agudizando su situación en torno al agua, llegando a tener escenarios de estrés hídrico en alrededor de 34% de sus sistemas de abastecimiento (2022). Por esta razón, queremos invitarles a reflexionar sobre las implicaciones que tienen estás iniciativas para la «promoción» de las actividades económicas del país. Más allá de la promoción, llama la atención las pocas acciones en torno a la protección de las fuentes de agua, como lo refleja la crisis actual que atraviesa la zona de Oreamuno de Cartago con la actual contaminación de la mayoría de sus nacientes de agua por plaguicidas.

Una institucionalidad que se preocupa por la «promoción» de actividades económicas, pero tiene un accionar deficiente en el desarrollo de esquemas de protección, sólo refleja la incidencia en las políticas públicas de ciertos actores económicos, para facilitar sus negocios sin ninguna responsabilidad en la sostenibilidad de los escenarios a los que nos están empujando, es decir, están cercando al agua, y provocando así, una agudización del agotamiento del abastecimiento potable.

Queremos reflexionar sobre el contexto del agua que recibe esta normativa, e invitarles a pensar sobre las implicaciones que tiene los extractivismos urbanos en nuestro contexto costarricense, donde actores económicos están presionando cada vez más para garantizar el incremento de sus actividades inmobiliarias gracias a una normativa a la medida. ¿Qué podemos esperar?

Les invitamos a leer el informe «Patrones e impactos del uso de agua y la energía en Costa Rica» escrito por Francisco Angulo, una investigación de base del Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2022, mismo que nos permite tener un mejor contexto del agua en el país.

Ciclos de aumento en el ritmo de construcción concuerda con episodios de movilización en comunidades costeras de Guanacaste

Arturo Silva Lucas

El pasado de 13 de julio el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) hizo público el comunicado en el cual confirma que Guanacaste es la provincia que registra mayor intención de metros cuadrados (m²) de construcción para proyectos urbanísticos y habitacionales durante el primer semestre del año 2023. Desde el Observatorio de Turismo, Migraciones y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (OTMS) hemos apuntado en boletines anteriores esta tendencia ascendente desde el año 2014 [1] [2].
Los datos previamente publicados por el OTMS señalan que durante el año 2022 y el primer semestre del 2023 los cantones de Nicoya, Santa Cruz, Carrillo, y, en menor medida, Liberia como los que concentran la mayor cantidad de m² destinados a proyectos urbanísticos, habitacionales, y en tercer lugar de tipo comercial. En Nicoya resaltan los destinos costeros de Nosara y Samara; en Santa Cruz las playas de Tamarindo y Cabo Velas. En el cantón de Carrillo el distrito de Sardinal, lugar donde se ubica Playas del Coco. Por su parte en el cantón de Liberia sobresale el distrito cabecero del mismo nombre y Playa
Nacascolo. Estos siete destinos se consolidan como puntos calientes del mercado de bienes raíces postpandemia. También, por el tipo de construcción se confirma que en Guanacaste se consolida la oferta turística residencial por sobre otras como la hotelería tradicional.
Lejos de ser un crecimiento de m² inédito, datos que abarcan desde los años 1984 a 2022 demuestran una tendencia afín, especialmente, desde la entrada del siglo XXI. Una primera lectura de los datos recolectados del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y analizados por el OTMS evidencian que la provincia de Guanacaste vive un segundo repunte de inversión igual de importante a la experimentada entre los años 2002 y 2007, hasta la crisis financiera global del 2008 que supuso la desaceleración del mercado inmobiliario a escala planetaria. Con la diferencia que el actual repunte evidencia un ritmo mayor en un periodo de tiempo más corto. Mientras que en el pico de inversión del 2007 llegó a 711,195 de m² en periodo de siete años; para el 2022 alcanzó los 724,315 m² en solo dos años luego descenso a causa de la pandemia. Con una tendencia creciente que parece se mantendrá en este 2024.

Un análisis más detallado sobre la tendencia de inversión inmobiliaria en Guanacaste permite reconocer correlaciones relevantes vinculadas a episodios conflictivos. La revisión bibliográfica de los principales conflictos socioambientales en la provincia vinculados a desarrollos turísticos inmobiliarios en los cuales se haya utilizado repertorios de acción colectiva directa como bloqueos, marchas, perifoneo, vigilias y/o sentadas evidencia que suceden con cada aumento de inversión turística inmobiliaria. Desde el inicio de la explosión inmobiliaria en el año 2000 hasta el 2021 se registran diecisiete acciones directas importantes en cuatro comunidades del norte hacia el sur de la provincia:
La Lorena (Santa Cruz): En el año 2000 la comunidad de La Lorena registró cuatro movilizaciones en contra de la intención del Hotel Meliá Conchal de tomar agua del acuífero Nimboyores para abastecer sus instalaciones [3]. Posteriormente, en el 2014 y 2018 se registran dos últimas movilizaciones de la comunidad por el mismo motivo [4].

Sardinal (Carrillo): En el 2008 la comunidad de Sardinal registró siete movilizaciones en oposición a la instalación de un acueducto para trasladar agua de los acuíferos locales a un conglomerado residencial en Playas del Coco [3]. Posteriormente en el 2019 se registra una última movilización en contra de la inauguración formal del acueducto [5].
Potrero (Santa Cruz): en octubre del 2014 la comunidad de Potrero realizó una sentada frente a las oficinas administrativas del acueducto rural que incluyó un enfrentamiento con la Fuerza Pública. Posteriormente realizó una vigilia nocturna en las bombas de agua que abastecen a la comunidad. Las dos acciones manifestaban un rechazo a la pretensión de varios complejos residenciales de la zona de tomar agua para abastecer sus instalaciones [6].
Nosara (Nicoya): El 5 de junio del 2021 grupos organizados marcharon en apoyo a un reglamento que pretende regular el crecimiento de residencias turísticas en Nosara y áreas circundantes al Refugio de Vida Silvestre Ostional. El acto fue en respuesta a la suspensión del reglamento provocado por un desarrollador inmobiliario de la zona [7].
Esto permite llegar a unas primeras conclusiones del fenómeno turístico inmobiliario en Guanacaste. Primero, que el ritmo de inversión actual provincial evidencia una mayor recuperación que en el periodo previo de 2002 al 2007. Segundo, cada ciclo de aumento de inversión parece estar vinculado a episodios de protestas y movilización social en comunidades costeras de la provincia. Tercero, la relación inversión inmobiliaria y conflictos socioambientales se mueve históricamente hacia las playas al sur de la provincia a partir de la ubicación de las cuatro comunidades señaladas.

Notas
[1]. Barboza Núñez, E. (marzo, 2023) Boom inmobiliario dispara construcción en zonas costeras de Guanacaste
[2]. Díaz Soto, M. (agosto, 2023) Al cerrar el primer semestre de 2023, Guanacaste concentra el 25% del total de metros tramitados para construcciones de tipo habitacional en el país
[3]. Silva Lucas, A. (2019) Conflictividad hídrica en Guanacaste como consecuencia del desarrollo turístico: el caso de la comunidad de Sardinal. En: Agua y Poder en Costa Rica 1980-2017. Felipe Alpízar R,; editor. Centro de Investigación y Estudios Políticos, Escuela de Ciencias Políticas, Vicerrectoría de Investigación, Universidad de Costa Rica.
[4]. Silva Lucas, A. (2018). Lorena (Guanacaste): Agua, territorio y espacios de representación. Alba Sud, 05/12/2018
[5]. Silva Lucas, A. (2019). Inauguración del acueducto CocoOcotal: ruptura y profundización del modelo turístico en Guanacaste. Alba Sud, 13/03/2019
[6]. Bolaños Blanco, C. (2016) Conflictos socioambientales por la gestión del agua: el caso de la comunidad de Playa Potrero, Guanacaste. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica.
[7]. Silva Lucas, A. (2021) Nosara se moviliza en apoyo al reglamento de construcciones. Alba Sud 24-06-2021

Se creó la Comisión Hídrica Moraviana

El pasado martes 5 de marzo se reunió en horas de la noche en el salón parroquial de la Iglesia San Vicente de Ferrer, en el cantón de Moravia, un grupo de personas con la finalidad de crear la Comisión Hídrica Moraviana.

Quedó conformada de la siguiente manera: en la Presidencia Susan Saprissa; Gerardo Badilla por su parte en la Vice Presidencia e Iris De la Paz en la Secretaría; Sebastian Villegas en Tesorería; Amanda Arroyo-Cabezas y Roberto Madrigal en Vocalía 1 y 2 respectivamente, finalmente Kevin Méndez en Fiscalía y Luis Orlando en la Coordinación de Comunicación. 

La comisión tiene como objetivo ser puente entre las autoridades responsables y las comunidades, con el fin de buscar soluciones ante la situación de crisis de agua que vive el cantón de Moravia.

Información compartida con SURCOS por Gerardo Badilla.

Desarrollos inmobiliarios en costas guanacastecas dieron pie a protestas por el agua

Los ciclos de aumento en el ritmo de construcción inmobiliaria concuerdan con episodios de protestas socioambientales en comunidades costeras de Guanacaste, señala el OBTUR-UNA.

El hecho de que Santa Cruz, Nicoya, Liberia y Carrillo concentren la mayor cantidad de metros cuadrados en desarrollos inmobiliarios de alto valor adquisitivo durante 2023, evidencia que Guanacaste vive un segundo repunte de inversión igual al experimentado en la primera década del siglo XXI; sin embargo cada ciclo de construcción fue antecedido por protestas comunales socioambientales en defensa del recurso hídrico, así lo informó el Observatorio de Turismo, Migraciones y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (OBTUR-UNA).

Una primera lectura hecha por el Observatorio a los datos emanados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) reveló que la provincia de Guanacaste afronta un segundo repunte de inversión igual de importante a la experimentada entre los años 2002 y 2007, hasta la crisis financiera global del 2008, con la diferencia que el repunte actual presenta un mayor ritmo en un periodo de tiempo más corto.

Un análisis bibliográfico realizado por los académicos de OBTUR-UNA, Esteban Barboza y Arturo Silva determinó que los principales conflictos socioambientales en Guanacaste, relacionados con desarrollos turísticos e inmobiliarios, han tenido su asidero en movimientos sociales (bloqueos, marchas, perifoneo o vigilias), los cuales suceden cada periodo de aumento en inversión turística e inmobiliaria en comunidades costeras.

Defensa del agua

Barboza y Silva detallaron que desde el inicio de la explosión inmobiliaria en el 2000 hasta 2021 ocurrieron 17 acciones directas en cuatro comunidades de la provincia.

La comunidad de la Lorena de Santa Cruz, registró en el 2000 cuatro manifestaciones contra la intención del hotel Meliá Conchal de tomar agua del acuífero Nimboyores para abastecer sus instalaciones. Posteriormente, en 2014 y 2018 ocurrieron dos movilizaciones más por el mismo motivo. En 2008, en Sardinal de Carrillo, los pobladores se lanzaron a las calles en siete ocasiones oponiéndose a la instalación de un acueducto para trasladar agua de los acuíferos locales a un conglomerado residencial en playas del Coco. Posteriormente, en 2019 se dio una última movilización en contra de la inauguración formal del acueducto.

La comunidad de Potrero de Santa Cruz en 2014 se manifestó frente a las oficinas administrativas del acueducto rural que incluyó un enfrentamiento con la policía; luego se realizó una vigilia nocturna en las bombas de agua que abastecen a la comunidad. Ambas acciones rechazaban la pretensión de varios complejos residenciales lujosos de tomar agua para abastecer sus instalaciones.

Para 2021, en Nosara de Nicoya, grupos organizados marcharon en apoyo a un reglamento que pretendía regular el crecimiento de residencias turísticas en dicho distrito y áreas circundantes al Refugio de Vida Silvestre Ostional. El acto fue en respuesta a la suspensión del reglamento provocado por un desarrollador inmobiliario de la zona.

Basados en lo anterior, los investigadores de OBTUR concluyen que el ritmo de inversión actual provincial muestra una mayor recuperación que en el periodo previo de 2002 al 2007. A la vez, cada ciclo de aumento de inversión se vincula con episodios de protestas y movilización social en comunidades costeras de la provincia.

La concordancia inversión inmobiliaria y conflictos socioambientales, basados en la defensa del agua, se mueve históricamente hacia las playas ubicadas al sur de la provincia, en las cuatro comunidades señaladas.

VÍDEO:

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Resumen Ejecutivo: Caso de la Asada Cipreses de Oreamuno 

El Frente Eco Cipreses compartió con SURCOS el documento “Resumen Ejecutivo Informe atención memorando GG-2023-03086, caso de la Asada Cipreses de Oreamuno”, emitido el 23 de febrero del 2024, donde se hace un análisis de la situación de la Asada Cipreses de Oreamuno en Costa Rica, destacando varios problemas en su gestión del agua potable. Dicho documento es firmado por Vladimir Mesén Montenegro, de la UEN Gestión de Acueductos Rurales. 

La Asociación Administradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS) de Cipreses de Oreamuno, ubicada en la zona de Cartago y que abastece a más de 5 mil personas, ha sido objeto de análisis por parte de la Oficina Regional de Atención de Asadas (ORAC) Central Este. 

Según el informe PRE-J-2023-04471 del 17 de noviembre de 2023, solicitado por la Dirección de la Unidad Estratégica de Negocios (UEN) Asadas de la Subgerencia de Sistemas Delegados, la ASADA se clasifica como un operador tipo C en desarrollo bajo, según los estándares del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Desde 2018, la ORAC Central Este y la Subgerencia de Sistemas Delegados han estado brindando asesoramiento, evaluación y supervisión a la ASADA, revelando deficiencias en su gestión. Esto ocurre en un contexto de escasez de agua crítica y limitaciones en la capacidad hidráulica del sistema de acueducto, resultando en racionamientos frecuentes para los usuarios y la incapacidad de brindar servicio a nuevos usuarios.

Para abordar esta situación, la ORAC Central Este y la Subgerencia de Sistemas Delegados han ofrecido acompañamiento y emitido órdenes al operador del servicio delegado para estabilizar el suministro de agua potable, siguiendo los reglamentos establecidos. Sin embargo, hasta la fecha, la ASADA de Cipreses no ha aceptado ni la asesoría ni las instrucciones de la Subgerencia de Sistemas Delegados.

Además, el caso de la ASADA de Cipreses ha generado denuncias en varias instituciones, incluyendo la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, la Sala Constitucional y el Ministerio de Salud.

El resumen ejecutivo revela las deficiencias en la gestión de la Junta Directiva de la ASADA de Cipreses, liderada por un empresario agroindustrial. Se destaca su enfoque prioritario en el uso agroindustrial y comercial del agua, descuidando el consumo humano. Se señala la falta de control de cultivos en áreas protegidas y la manipulación de válvulas para beneficiar a fincas productivas. Además, se evidencia la entrega irresponsable de nuevas disponibilidades de servicio sin respaldo técnico adecuado.

Ante estas irregularidades, la Junta Directiva del AyA ha intervenido, buscando asumir el sistema de acueducto y delegar su operación a otra ASADA, Santa Rosa de Oreamuno, mediante el Acuerdo 2021-124. Sin embargo, la ASADA de Cipreses ha contratado al expresidente ejecutivo del AyA como asesor legal, llevando a cabo una campaña interna para cuestionar la decisión del AyA y suspender temporalmente el retiro del convenio de delegación (Acuerdo 2022-287) a través de una «mesa técnica tripartita».

Esta mesa técnica produjo dos resultados principales: un balance hídrico que evidenció la crítica situación del acueducto y la necesidad de nuevas fuentes de agua, así como obras de mejora hidráulica que mostraron la falta de inversión de la ASADA en infraestructura. Sin embargo, la ASADA desestimó los resultados de este proceso y los estudios técnicos contratados, y durante dos años ha ignorado las solicitudes del AyA para realizar las obras necesarias.

La situación se ha agravado con la confirmación de la contaminación de las fuentes de la ASADA de Cipreses, lo que llevó al cierre por parte del Ministerio de Salud. A pesar de esto, la ASADA ha continuado una campaña de desinformación y no ha tomado medidas para controlar la agricultura intensiva en las áreas de protección.

La ASADA ha hecho un mal uso de los fondos públicos, realizando inversiones sin aprobación, como la contratación de personal sin los debidos atestados académicos, remodelación de oficinas administrativas, compra de equipos costosos y contratación de servicios profesionales sin respaldo

técnico. Además, ha empleado tácticas cuestionables, como el pago a periodistas para difundir información falsa y la contratación de abogados para atacar al AyA.La recomendación de la Subgerencia de Sistemas Delegados a la Administración Superior es retomar el acuerdo 2021-124. Se sugiere realizar una adenda para que el AyA asuma plenamente la operación del sistema de abastecimiento de agua potable y lleve a cabo todas las acciones institucionales necesarias para su adecuada gestión.

Se adjunta el documento “Resumen Ejecutivo Informe atención memorando GG-2023-03086, caso de la Asada Cipreses de Oreamuno”.

Contaminación por clorotalonil: auditora interna de AyA solicita auditar a la subgerencia por incumplimiento de funciones

Solicitan intervención de ARESEP

Ante una carta enviada por el Frente Ecologista de Cipreses la auditora interna del AyA Karen Espinoza Vindas fue clara en decir “creo fundamental desde mi incorporación a la Auditoría Interna que se audite la Subgerencia de Gestión de Sistemas delegados, para analizar si cumplen con el bloque de legalidad, en cuanto asesorar, evaluar, capacitar, fiscalizar, acompañar e intervenir a las Asadas (ver oficio de respuesta).

El AyA debió intervenir desde 2021 la ASADA de Cipreses de Cartago por denuncias comprobadas de “(…) desabastecimiento del servicio de agua potable, otorgamiento de nuevas disponibilidades sin tener la capacidad hídrica, inadecuado uso de fondos públicos, donaciones, compra de bienes y donaciones de propiedades sin contar con criterio técnico del AyA (…) Informe Administrativo número GSD-UEN-GAR-2021-00641 del 15-2-2021).

Sin embargo, a tres años de esta decisión es parte de la “papa caliente” de la contaminación no solo de tres ASADAS si no de una inminente emergencia de contaminación de toda la Zona Norte de Cartago. Mientras esto pasa, la junta directiva y el AyA hacen un esfuerzo incesante por no hacer nada y pasarse la responsabilidad de abajo para arriba y viceversa. Cartas van y vienen, no así una solución permanente y sobre todo un diagnóstico real de la contaminación por agroquímicos en la zona de Cartago.

Para el Frente Ecológico, el AyA está en desacato ante la solicitud de los Magistrados de analizar el agua de la Zona Norte de Cartago de forma integral considerando la comprobada contaminación con agrotóxicos degradados del Clorotalonil. Tampoco ha cumplido con el Ministerio de Salud, la Controlaría General de la República y la Defensoría de los Habitantes que solicitaron hace meses estudios hidrogeológicos en Cipreses de Oreamuno.

La Sala Constitucional dictó hace casi dos años que: “… para solucionar de manera integral y definitiva la situación de contaminación por metabolitos de clorotalonil en las nacientes de Plantón y Carlos Calvo de la ASADA de Cipreses de Oreamuno; y 2) investigar si el problema de contaminación en las nacientes supracitadas ha perjudicado a otras comunidades de la zona. En el ínterin, las autoridades supracitadas deberán garantizar el suministro de agua potable a las comunidades afectadas mediante camiones cisterna u otra alternativa. Lo anterior se dicta con la advertencia de que, según lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión…” (Exp: 22-015651-0007-CO)

Por otro lado las fuentes contaminadas siguen desprotegidas y siguen siendo fumigadas a vista y paciencia de todas las autoridades, ante esta situación tan prolongada y desesperante el Frente Ecológico está solicitando una intervención del intendente de aguas de ARESEP Marco Cordero a quien invitan a la comunidad para “comprender la desesperación que sentimos al ver que el AyA no ha tenido la capacidad (o la voluntad) de resolver este problema que se encuentra absolutamente documentado en todas sus aristas: financiero, ecológico y social y sobre el cual en tres ocasiones la Sala Constitucional nos ha dado la razón” (ver solicitud de intervención).

Además, cierran diciendo que “ya es momento que su representada intervenga el AyA” (…) y “ARESEP no puede hacerse de la vista gorda ante este problema”.

Documentación: https://drive.google.com/drive/folders/1gDynj9hRSJSyNX7W7VBaogpGs4wCy3KG?usp=sharing

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Imagen ilustrativa, UCR.

APSE: Privatización del agua en Costa Rica

La página del APSE Informa, dedica un espacio, en el programa Desde la Otra Acera, para hablar acerca de la privatización del agua en el país. Este conversatorio se realizó el 22 de febrero. Se contó con especialistas en estas áreas y personas vecinas de lugares donde se han mostrado afectaciones con el agua.

Participaron:

  • Mario Rodríguez, secretario general de SITRAA
  • Freddy Pacheco, biólogo y activista ambiental
  • Laura Gómez Vásquez, activista vecina de Tibás
  • David Contreras, regidor de San José

Puede ver el programa por medio de las redes oficiales de APSE Informa:

Facebook: https://www.facebook.com/apseinforma

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGfZJnppTVGPXAYeSC7zNxg

Alianza por la Defensa del Agua: reunión en San Judas de Chomes para abordar problemas de sobreexplotación de los ríos

Por José Daniel Gamboa Araya

En una reunión celebrada el 17 de febrero de 2024 en San Judas de Chomes, la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua se congregó para abordar la preocupante situación de sobreexplotación de los ríos por parte de los «quebradores» en Costa Rica.

La reunión, que se extendió desde las 10:00 a.m. hasta las 12:30 m.d., tuvo como objetivo principal plantear una estrategia de abordaje para enfrentar esta problemática. Los miembros de la Alianza expusieron los valores, motivos y afectaciones, así como el trabajo realizado hasta la fecha.

Se discutieron posibles soluciones y rutas de abordaje, se escucharon las demandas y preocupaciones de la comunidad y se expusieron datos empíricos sobre la situación. Entre la información compartida vale destacar que las afectaciones significativas a la comunidad debido a la contaminación de los ríos, desviaciones de cauces, accesibilidad y potabilidad del agua. Además, se expusieron posibles rutas para abordar el problema, incluyendo la revisión de expedientes de SETENA y MINAE en busca de vicios en los procedimientos.

Como resultado de la reunión, se acordaron varios puntos de acción, entre ellos la difusión de la información discutida en la reunión entre vecinos de la comunidad, el estudio de expedientes relacionados a las concesiones y la realización de una campaña informativa en contra de los estudios con vicios, entre otros. La comunidad se comprometió a involucrar a las Asociaciones de Desarrollo de Chomes, Guacimal, Judas y Colinas y otros aliados estratégicos en la presente lucha.

Esta reunión refleja el compromiso de los movimientos sociales y las comunidades locales en la protección del medio ambiente y los recursos naturales, así como en la defensa de los derechos y la justicia social.