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Modificación al Reglamento para la Calidad del Agua Potable: grave retroceso en protección del agua y salud pública en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Agua.

Pronunciamiento del Grupo Interuniversitario de Estudios Sociales del Agua

El pasado martes 24 de junio de 2025 el gobierno de Rodrigo Chaves aprobó, a través de la ministra de salud Mary Munive, una modificación al Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto Ejecutivo No. 38.924-S), la cual representa una grave amenaza y un notable retroceso en la protección del agua y la salud pública en Costa Rica. Esta modificación resulta indignante, tanto en lo que respecta al contenido de la misma como al proceso mediante el cual fue impulsada. Como grupo de trabajo dedicado al estudio científico del agua desde una perspectiva socioambiental, a continuación, exponemos nuestros puntos de vista en relación con este acontecimiento:

  • En términos generales, la modificación al Reglamento eleva los límites máximos permitidos de residuos de plaguicidas en el agua para consumo humano. Se trata, tal como lo han denunciado diversos colectivos y organizaciones socioambientales, una “legalización de la contaminación” del agua.
  • Considérese, como contexto, que Costa Rica es uno de los países que a nivel mundial aplica mayor cantidad de plaguicidas por área agrícola. Se estima que en este país se aplican entre 10 y 35 kilogramos de ingrediente activo de plaguicida por hectárea agrícola, según diferentes fuentes. Por ejemplo, la base de datos de la FAO, Food and Agriculture Data (FAOSTAT), ubica a Costa Rica como el número uno en el mundo, con un promedio de 23,44 kg/ha entre 2000 y 2020, lo cual representa ocho veces más que el promedio del resto de países de la OCDE del continente americano.
  • En Costa Rica hay registrados más de 250 ingredientes activos con acciones biocidas, de los cuales se usan activamente más de 200. Aproximadamente la mitad de estos se consideran Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs), prohibidos en muchos países del mundo. Por volumen de uso, se estima que aproximadamente el 90% de los plaguicidas utilizados son PAPs.
  • La aplicación masiva de plaguicidas y otros agroquímicos tóxicos ya representa un grave problema ambiental y de salud pública en el país. Amplia investigación científica ha evidenciado la correlación entre la aplicación de estos productos y la incidencia de diferentes enfermedades y padecimientos. Por citar un ejemplo, Costa Rica ocupa el 11º lugar en incidencia y el 13º en mortalidad por cáncer gástrico en el mundo.
  • Según el PNUD, las erogaciones realizadas por la Caja del Seguro Social (CCSS) y el Instituto Nacional de Seguros (INS) entre el 2018 y el 2020 para brindar cuidado médico y por concepto de incapacidades laborales debido a intoxicaciones provocadas por estas sustancias, en promedio, alcanzaron para esos años el monto de 5 580 554 201 colones. El 87% de esa cifra corresponde a gastos clínicos. Es oportuno indicar que las intoxicaciones representaron aproximadamente el 0,35% del PIB Agrícola de Costa Rica para esos años.
  • Además de elevar los límites máximos de plaguicidas permitidos, la modificación al Reglamento incorpora el concepto de “Valor de Alerta”, sustituyendo el concepto hasta entonces vigente de “Valor Máximo Admisible”. Este cambio implica que, frente a una posible contaminación del agua para consumo humano, la población continuará consumiéndola mientras se determina mediante estudios técnicos si efectivamente los niveles de plaguicida sobrepasan los límites máximos permitidos. Es decir, violenta el principio precautorio indubio pro salud.
  • La modificación al Reglamento fue sometida a consulta pública, a partir de la cual recibió numerosos cuestionamientos de parte de sectores académicos, técnicos, comunitarios y ambientales. Entre estos, se pronunciaron las universidades públicas, la Academia Nacional de Ciencias, la Defensoría de los Habitantes y la ARESEP, los cuales defendieron sus posiciones con argumentos sólidos y bien documentados. Es decir, la modificación al Reglamento se impulsó de forma antidemocrática y anticientífica.

En fin, la modificación al Reglamento para la Calidad del Agua Potable representa un nefasto acontecimiento en la vida social y política del país y un retroceso en materia ambiental, que exige una respuesta enérgica y organizada de parte de los diversos sectores de la sociedad costarricense. Se trata de una modificación legal que autoriza el consumo humano de agua contaminada con plaguicidas tóxicos, sin respaldo técnico ni científico, impuesto de manera autoritaria al servicio de los intereses empresariales del agronegocio. Resulta sorprendente la irresponsabilidad y la insensatez de esta medida, pues la política pública que correspondería aplicar debería ser todo lo contrario: regular y limitar el uso de plaguicidas tóxicos, en beneficio del ambiente y la salud de la población.

Referencias

Castro-Vargas, María Soledad (2023). Pesticides, plantations and the State. The making and un-making of the Térraba-Sierpe delta. Tesis de Doctorado, Universidad Autónoma de Barcelona.

Dávila, Adriana. et al. (2018). Caracterización clínica y epidemiológica de la población tamizada en el Centro de Detección Temprana del Cáncer Gástrico, Costa Rica, período 1996-2015. Revista Costarricense de Salud Pública, 27(2), 68-81.

Pacheco, José Francisco.; Idriago, Déborah. (2022). Costo Económico y Fiscal del uso de plaguicidas en Costa Rica. San José: PNUD Costa Rica.

Vargas, Elídier. (2021). Uso aparente de plaguicidas en la agricultura de Costa Rica. San José: PNUD Costa Rica.

Gobierno de Rodrigo Chaves legaliza contaminación con plaguicidas en el agua de consumo humano

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

El medio oficial La Gaceta publicó este martes 24 de junio la reforma al Reglamento para la Calidad del Agua Potable, que permite elevar los límites de contaminación por plaguicidas en el agua que consume la población costarricense. Esta modificación, impulsada por la ministra de Salud, Mary Munive, representa una grave regresión en la protección del recurso hídrico, en especial en regiones como la Zona Norte de Cartago.

En lugar de cumplir con su deber de proteger la salud pública, el Ministerio de Salud optó por legalizar concentraciones de sustancias peligrosas —como los metabolitos del clorotalonil— muy por encima de lo permitido por el reglamento vigente hasta el día de ayer. Esta decisión expone a la población a compuestos tóxicos que hasta ahora no se contabilizaban formalmente en el agua potable.

La reforma establece niveles “legales” para metabolitos del clorotalonil, un plaguicida prohibido en 2023 por ser cancerígeno, al igual que sus degradados. Estos residuos se habían detectado en 69 fuentes de agua en la Zona Norte de Cartago, superando los límites del reglamento vigente hasta el lunes. Con este cambio, el Gobierno no solo desatiende una emergencia ambiental, sino que blanquea su inacción frente a una contaminación comprobada.

La decisión fue adoptada a pesar del rechazo técnico, académico y social expresado durante el proceso de consulta pública por universidades estatales, entidades especializadas como ARESEP y la Defensoría de los Habitantes, así como por organizaciones ecologistas, colectivos comunitarios y diputaciones (ver listado de sectores opuestos)

El Frente Ecocipreses calificó la reforma como “una erosión grave del derecho al agua consagrado en la Constitución Política y una regresión en materia ambiental. La firma y publicación de este decreto desprotege la salud pública y deja en la impunidad la contaminación del agua con agroquímicos que sufre el país”.

Por su parte, el Bloque Verde denunció que “el Gobierno de Rodrigo Chaves ha decidido impulsar una norma anticientífica, insalubre y desproporcionada, que va a contramano del principio precautorio, la progresividad ambiental y el derecho a un ambiente sano. Le ha dado carta blanca a la industria de los agrotóxicos para que siga contaminando con impunidad nuestra agua”.

Ante esta peligrosa decisión, el sector ambiental convocará a CONARE, la Defensoría de los Habitantes y demás instancias críticas para analizar colectivamente las acciones legales y técnicas que permitan revertir este decreto.

Listado de sectores que se opusieron al Decreto 45019-S

1. Universidad de Costa Rica (Consejo Universitario y CICA-INISA). Emitió un pronunciamiento oficial en contra: riesgo de mayores residuos de plaguicidas. Propuso un comité técnico intersectorial y un debate amplio antes de reformar. Solicitó mantener el Valor Máximo Admisible y mejorar protocolos de análisis de riesgo y monitoreo.

2. Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC). Solicitó una reevaluación de la propuesta y un análisis más profundo, subrayando que los nuevos valores superaron significativamente los límites vigentes. Respaldo a las comunidades afectadas y petición de un comité técnico intersectorial con especialistas en toxicología, química ambiental y salud pública. Advirtió que los modelos de predicción conllevaban incertidumbres y podían no reflejar la complejidad real de los agroquímicos.

3. Universidad Técnica Nacional (UTN). Concluyó que la reforma presentaba riesgos significativos al sustituir el Valor Máximo Admisible por Valor de Alerta sin metodología adecuada. Exigió mantener los parámetros actuales, fortalecer el monitoreo continuo y compartir costos de evaluación de riesgo. Propuso eliminar cultivos contaminantes en un radio de 200 m y reforzar áreas de protección.

4. Universidad Nacional (UNA).Afirmó que no se pronunció debido al receso institucional de fin de año, lo cual impidió su participación clave. Destacó que el IRET-UNA había publicado investigaciones sobre riesgos significativos de plaguicidas para la salud y el ambiente en diversas regiones, aspecto omitido en la propuesta.

5. Defensoría de los Habitantes. Solicitó que el Ministerio priorizara el bienestar y la protección ambiental, garantizando transparencia y revisión de observaciones de consulta pública. Señaló que la población estaba consumiendo niveles superiores a los detectados con la orden sanitaria de 2022 e instó a reconocer efectos acumulativos.

6. ARESEP. Indicó desconocimiento previo de la reforma y advirtió un impacto tarifario por los costos de análisis de riesgo. Recordó su rol fiscalizador y exigió criterios científicos sólidos y participación proactiva de todos los actores.

7. Academia Nacional de Ciencias (ANC). Declaró que la modificación representaba un retroceso en salud pública y atentó contra el principio precautorio. Instó a suspender la aprobación y abrir procesos de discusión científica, subrayando la ausencia de plaguicidas muy peligrosos en su análisis.

8. Frente Ecológico Cipreses. Presentó una solicitud formal a la Ministra de Salud. Cuestionó fundamentos científicos, técnicos y jurídicos de la reforma. Exigió aclaraciones sobre el cambio de Valor Máximo Admisible a Valor de Alerta y monitoreo continuo.

9. Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR). Realizó una campaña de recolección de firmas (10.000). Denunció un retroceso para la salud pública y el medio ambiente.

10. Ex-presidenta del AyA, M.Sc. Yamileth Astorga Espeleta. Advirtió un aumento del riesgo de cáncer por consumo de agua con plaguicidas. Señaló el incumplimiento de la Ley de Aguas (zona de protección de 200 m). Criticó la falta de aplicación de la normativa en casos previos de contaminación.

11. Otros colectivos y organizaciones. Bloque Verde, Frente Eco Cipreses, Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza, Red de Coordinación en Biodiversidad, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera, Red de Mujeres Rurales, Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, Unidad Especial Silvestre De Protección y Rescate Animal, Asociación Preservacionista de Flora y Fauna, Asociación de Desarrollo Integral Magnolias, Movimiento de Resistencia y Formación, Frente Ecologista Universitario, Movimiento Ríos Vivos, Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica, La Yunta Agroecológica, Buen Vivir Costa Rica.

12. Diputados de la República. Ariel Robles Barrantes, Rosaura Méndez Gamboa y Diputada Kattia Cambronero Aguiluz

Todos disponibles en

https://drive.google.com/drive/folders/1AG8gy_FS8Dm9SfMT-kE2bh59HTbxLMCY

Con apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Imagen: https://herediaendigital.com

Técnica de recolección de agua de niebla mejora el acceso al agua en zonas alejadas de la ciudad

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La falta de acceso al agua potable en comunidades alejadas de la ciudad es una problemática que genera problemas en la salud, la seguridad alimentaria y economía de la población. Una técnica de recolección del recurso hídrico mejora el acceso al agua en comunidades con presencia de neblina y es sostenible con el ambiente. Esta técnica, comunicada por la especialista Susan Vega Guillén y el Centro de Educación Ambiental de la UNED, aprovecha el viento en zonas de alta nubosidad para recolectar agua.

El fenómeno ocurre cuando el aire, compuesto por gotas muy pequeñas de agua, es llevado por el viento en forma horizontal y el agua se queda “atrapada” al chocar con una superficie, como hojas de los árboles. Una de las ventajas de esta técnica es que la presencia de lluvia no es necesaria para obtener el agua. Para facilitar el proceso, se puede construir un “atrapa nieblas” utilizando soportes, una malla sarán, una canaleta, manguera y reservorio. Con esta herramienta, el agua sería capturada por la malla sarán para su recolección.

Una gran ventaja de este medio de recolección de agua es que tiene muy poco impacto ambiental, complementa el acceso al agua en regiones remotas y libera presión sobre las fuentes convencionales de agua. La conservación del agua es una tarea colectiva y las técnicas sostenibles con el ambiente facilitan un recurso hídrico limpio y abundante para todos. Puede acceder la información de esta nota en el siguiente:

Foto: UNED

Tribunal acoge medida cautelar y ordena restablecer abastecimiento de agua potable en comunidades de Oreamuno ante contaminación con clorotalonil

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El Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José acogió parcialmente una medida cautelar provisionalísima solicitada por el abogado ambiental Álvaro Sagot Rodríguez y el ecologista Fabián Pacheco Rodríguez, en defensa del derecho humano al agua potable, la salud y la vida de poblaciones afectadas por la contaminación con metabolitos de clorotalonil en el cantón de Oreamuno, Cartago.

La acción legal, presentada contra el Estado costarricense y el Ministerio de Salud, cuestiona la resolución MS-DM-2187-2025, mediante la cual la ministra de Salud autorizó la suspensión de forma unilateral y arbitraria el Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto Ejecutivo N.º 38924-S), permitiendo niveles más altos de contaminación sin una reforma reglamentaria debidamente oficializada.

En su resolución de este 18 de junio, el Tribunal ordenó al Estado y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) que restablezcan el abastecimiento de agua potable por medio de camiones cisterna a las comunidades abastecidas por las ASADAS de Santa Rosa, San Pablo y Cipreses, todas ubicadas en Oreamuno de Cartago.

Es importante señalar que estas comunidades no son las únicas que están consumiendo agua con niveles por encima de los límites establecidos en el reglamento. En todos los muestreos realizados por el Estado, las fuentes de agua que abastecen a toda la zona norte de Cartago incumplen la normativa de calidad del agua potable. Ante esta emergencia ambiental, el Ministerio de Salud optó, de forma transitoria, por aplicar valores máximos permisibles más altos para los metabolitos del pesticida clorotalonil, a pesar de su reconocida toxicidad, incumpliendo así el reglamento vigente.

“Se acoge parcialmente la medida cautelar bajo la modalidad provisionalísima, considerando el bien jurídico salud y vida, además de la importancia del abastecimiento de agua potable en las comunidades (…) toda vez que se configura el presupuesto de extrema urgencia conforme el artículo 25 del Código Procesal Contencioso Administrativo”, resolvió la jueza Ana Katarina Apú Hidalgo.

Los demandantes alegaron que la resolución ministerial vulnera principios fundamentales del derecho público y ambiental, como el principio de legalidad, el derecho a un ambiente sano, y especialmente el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, al permitir —sin sustento legal ni procedimiento reglamentario— que se apliquen “valores máximos admisibles ajustados” para los metabolitos del agroquímico clorotalonil.

A su vez, la medida judicial responde a la revocación previa de tres órdenes sanitarias que desde octubre de 2024 obligaban al abastecimiento de agua potable segura en estas comunidades. Según el recurso presentado, levantar tales órdenes sin garantizar agua apta para el consumo humano expone a la población a daños irreparables en su salud y vida.

Los ecologistas solicitaron que, además de la medida provisional, se declare nulo el acto administrativo MS-DM-2187-2025 por ser una conducta abiertamente ilegal e inconstitucional, y se restituya la vigencia plena del Reglamento de Calidad del Agua Potable hasta que exista una reforma debidamente emitida por el Poder Ejecutivo.

La acción legal invoca también el principio in dubio pro aqua, que ordena priorizar siempre la protección de los recursos hídricos en contextos de incertidumbre, así como jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso Administrativo, que respaldan el derecho al agua segura como condición esencial para una vida digna.

“Esta es una victoria parcial, pero urgente. La vida y la salud de cientos de personas no pueden quedar al arbitrio de una interpretación administrativa que relativiza el derecho humano al agua”, señalaron los demandantes.

“El acto es absolutamente nulo por violar el principio de inderogabilidad singular del reglamento, al pretender modificar de facto una norma vigente sin pasar por el debido proceso del Poder Ejecutivo. Es un claro abuso de poder y una transgresión de derechos fundamentales”, declaró el abogado ambientalista Álvaro Sagot.

“Este caso demuestra cómo se sacrifican los derechos humanos y ambientales bajo argumentos administrativos e irregulares. Lo que está en juego es la vida y salud de cientos de personas que están recibiendo agua contaminada”, sostuvo Fabián Pacheco.

El proceso continuará en sede judicial mientras se analiza el fondo del asunto. Mientras tanto, se espera que las autoridades cumplan de inmediato la orden del Tribunal, garantizando el suministro seguro de agua potable a las comunidades afectadas.

Recurso interpuesto: https://drive.google.com/file/d/1n3m-Mh2Jbwx1ZjypggW8tPWHawiBocoP/view?usp=drive_link

Resolución cautelar: https://drive.google.com/file/d/1czVp16yUUDDQXvu6HnCzhL2K5wnpYf5q/view?usp=drive_link

Video Álvaro Sagot: https://drive.google.com/file/d/1tTRARi2_lr67wtEl4haOfcuFtEJ6e75e/view?usp=drive_link

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Conversatorio Agua que alimenta: soberanía alimentaria en Costa Rica

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En el marco de la acción social desempeñada desde la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Escuela de Sociología a través de Candy Jiménez, Mariana Cruz, Sebastián Villalobos, Valentina Palacio y Lilliam Castillo, se extienden la invitación a un conversatorio derivado del Proyecto: ED-3529 Fortalecimiento de organizaciones de la Economía Social y Solidaria de intercambio, y el curso SO-1014 Taller Integrado de Gestión y Práctica Sociológica.

La actividad titulada «Conversatorio: Agua que alimenta: soberanía alimentaria en Costa Rica» se presenta como un espacio de reflexión y diálogo en torno a un tema relacionado al agua y la soberanía alimentaria. El título sugiere un enfoque integral donde el recurso hídrico no solo es visto como un bien natural, sino como un componente esencial para la seguridad y sostenibilidad alimentaria en el contexto costarricense.

Este conversatorio se llevará a cabo el lunes 16 de junio a las 10:00 am en el auditorio del piso 6 de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR. La actividad contará con la participación de diversas figuras destacadas. Entre ellas, se encuentra la Dra. Marcela Dumani, nutricionista de la Escuela de Nutrición de la UCR e integrante del Centro de Investigación en Salud y Nutrición (CISAN-UCR), lo que garantiza una perspectiva técnica y científica sobre el impacto del agua en la salud y la alimentación.

También se contará con la participación de las diputaciones Monserrat Ruiz Guevara y Ariel Robles Barrantes, quienes aportarán una visión desde el ámbito político. La inclusión de estos representantes legislativos refuerza la dimensión política del conversatorio, resaltando el papel del Estado y las políticas públicas en la defensa del agua como derecho humano y recurso estratégico para la soberanía alimentaria.

Ariel Robles, además, representa a la Comisión Pro-Defensa del Río San Rafael, lo cual añade una dimensión ambiental al diálogo, considerando los conflictos y luchas por el resguardo de cuerpos de agua en el país. Este enfoque fortalece la intersección entre ecología, política y justicia social en el debate.

La Dra. Carolina Castillo E., docente de la Escuela de Sociología de la UCR, aportará una mirada desde las ciencias sociales, ayudando a contextualizar el tema en términos de estructuras sociales, desigualdades y dinámicas territoriales. Su participación asegura que el conversatorio trascienda los aspectos técnicos para incorporar dimensiones humanas y sociales.

Denuncian irregularidades en progreso del proyecto para el abastecimiento de agua en la provincia de Guanacaste

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La Asociación Confraternidad Guanacasteca denuncia públicamente las deficiencias en la ejecución de obras del actual gobierno, especialmente con lo relacionado al caso Proyecto Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME). De acuerdo con la organización el proyecto tiene un costo estimado de unos 1.000 millones de dólares, lo que equivale a 500.000.000.000 de colones, una cifra que evidencia la magnitud de la inversión.

La obra recibió orden de inicio el 27 de julio de 2023 y, a 22 meses aproximadamente de haberse comenzado, la evolución ha sido mínima. Se evidencia un retraso notorio en la ejecución de la obra, lo que genera preocupación entre quienes exigen mayor eficacia y transparencia en el gobierno, poniendo en tela de juicio el manejo de los fondos del proyecto.

De acuerdo con actividades iniciales se realizó una contratación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) sin licitación para aplanar tierras, construir una oficina y gestionar la tramitación de siete permisos forestales para la tala de aproximadamente 7.000 árboles, lo que pone de manifiesto la rapidez con la que se han tomado decisiones, aunque sin la rigurosidad y transparencia que demanda la ciudadanía.

La situación se agrava al constatar que, tras la gestión del primer desembolso del préstamo tramitado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la ejecución de las obras, solo se ha alcanzado el 1,2 % del monto total comprometido, lo que evidencia una desconexión entre la inversión realizada y los avances obtenidos. Además, la asociación resalta la falta de transparencia en la gestión del proyecto al denunciar que se ha recurrido a instancias judiciales con el propósito de acceder a información del SENARA y el MAG con relación al proyecto.

Frente a la lentitud del avance y a las irregularidades presentadas, la asociación espera que la Sala Constitucional, en su proceso de valoración del amparo contra PAACUME y de la acción de inconstitucionalidad por las tarifas de agua para riego, logre una sentencia que permita detener de manera definitiva este proyecto, considerado en el fondo como beneficio exclusivo de un reducido grupo cercano al gobierno.

Además, la organización, alude a otros proyectos como Ciudad Gobierno y Muelle Japdeva han quedado en meras promesas sin materializarse, mientras que el caso PAACUME, la obra más costosa iniciada por este gobierno, ha generado profundas inquietudes sobre el uso de los recursos públicos y el avance real de la ejecución.

Con el agua no se juega

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Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

La suspensión del abastecimiento del agua potable en Paraíso de Cartago es algo más que un conflicto, inadmisible, entre dos instituciones públicas, con funcionarios nombrados para servir.

¡No! Es una muestra de una irracionalidad que no debe permitirse.

La Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Salud y el Patronato Nacional de la Infancia, principalmente, deberían actuar oportunamente, para evitar que los responsables del abastecimiento del agua potable, ¡por la justificación que sea!, incumplan con su deber, de garantizar, que el acceso al agua, en cantidad y calidad adecuadas, es un Derecho Humano así reconocido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Los habitantes de Paraíso, entre ellos niños y ancianos vulnerables, no pueden ser víctimas de funcionarios insensibles de dos incompetentes instituciones.

Más de 100 organizaciones rechazan proyecto de ley de aguas y alertan sobre sus consecuencias políticas y ambientales

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  • Recuerdan a los diputados el costo electoral de legislar en contra del ambiente y las comunidades

  • Exigen que la Asamblea Legislativa se abstenga de aprobar el proyecto

Una amplia y diversa coalición de más de 100 organizaciones sociales, comunitarias, indígenas, ASADAS, académicas y de múltiples sectores expresa su profunda preocupación por el avance del proyecto de Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (Expediente 23.511), actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa.

Para las organizaciones firmantes, este proyecto representa un serio retroceso en materia ambiental y social. Señalan que “en lugar de modernizar la legislación para promover una gestión justa, democrática y ecológica del agua, el texto actual abre peligrosos portillos que facilitan su explotación desmedida, en beneficio del sector extractivista”.

Las organizaciones advierten a las y los diputados que aprobar esta ley acarreará consecuencias políticas en los próximos comicios:

“Haremos visible su responsabilidad. No permitiremos que se entreguen nuestros bienes hídricos a los intereses agroindustriales, inmobiliarios y de la construcción. Les vamos a aguar la fiesta”.

Uno de los puntos más críticos del proyecto es la posibilidad de reducir las zonas de protección alrededor de nacientes y acuíferos, sin garantías mínimas ni estudios técnicos previos. La Procuraduría General de la República (PGR-OJ-095-2023) advirtió que esta disposición viola el principio precautorio y constituye una regresión ambiental.

Un ejemplo alarmante se da en la Zona Norte de Cartago, donde nacientes que abastecen a más de 50 mil personas presentan niveles de contaminación por clorotalonil degradado superiores a los permitidos. En lugar de tomar medidas para proteger estas fuentes, el gobierno elevó ilegalmente los límites permitidos. Según el AyA, el 80% del área de protección de esas nacientes está invadido: 44% por agricultura intensiva, 33% por pastos, 3% por infraestructura, y solo un 20% conserva cobertura forestal (UEN-GA-2024-00175).

El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea (AL-DEST-CIV-0026- 2025) también advirtió que las reducciones propuestas en zonas de protección podrían provocar fragmentación del bosque, pérdida de biodiversidad, alteraciones del ciclo hidrológico y mayor vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos.

El proyecto, además, deja temas clave —como el otorgamiento de concesiones, el caudal ecológico y la participación ciudadana— sujetos a reglamentación futura, sin garantías en el texto legal. Esto debilita el control ciudadano y limita la participación de comunidades rurales, costeras e indígenas.

Otro punto crítico es que se permitiría a desarrollos inmobiliarios, como condominios turísticos, perforar pozos propios si el AyA declara falta de disponibilidad, sin distinguir entre proyectos comunitarios y grandes emprendimientos privados. Esta medida puede generar desplazamientos, turismo descontrolado y graves impactos ecosistémicos, especialmente en zonas costeras.

También se plantea una amnistía general para legalizar pozos ilegales, sin estudios técnicos ni revisión de impacto, lo que premia la ilegalidad y compromete la sostenibilidad de los acuíferos.

Además, el proyecto no delimita claramente las competencias de las instituciones involucradas en la gestión del agua (MINAE, Ministerio de Salud, AyA, SENARA, municipalidades, ASADAS), lo que puede generar conflictos, descoordinación y vacíos de responsabilidad.

Aunque se menciona el cambio climático, no se establecen obligaciones concretas ni mecanismos eficaces para garantizar la adaptación, la protección de ecosistemas o una planificación hídrica con enfoque climático.

Frente a esta situación, las organizaciones firmantes hacen un llamado urgente a la Asamblea Legislativa:

“Exigimos que se abstengan de aprobar este proyecto de ley. Antes de avanzar, es indispensable determinar si vulnera la Constitución y el derecho humano al agua. No se puede legislar a espaldas del pueblo y del ambiente”.

Las organizaciones firmantes: Alianza por la Defensa del Agua – Puntarenas, Amigos de los Árboles, Asada Guacimal Puntarenas, Asada San Miguel, Asada San Miguel de Cañas, Asoc. PROAL/Proyectos Alternativos, Asociación Civil Pro Natura, Asociación de Estudiantes de Biología UCR, Asociación de Indígenas de Sixaola Ngäbe (ATIGUSI), Asociación de Mujeres Artesanas de Santa Elena, Asociación de mujeres Meri Dirikä (Mujeres lideresas Ngäbe de Sixaola), Asociación de Progreso Barranca, Asociación de Siquirres, Asociación de Turismo Rural de Santa Elena de Pital, Asociación Ecologista Nido de Halcón, Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral, Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), Asociación Pro Guanacaste Integrado, Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad, Asociación Regenerativa Matzù Insigne, Asociación Sindical Costarricense de Empleados de Telecomunicaciones y Electricidad, ASOOSTRAS Judas de Chomes, AGLOCAM Logística, Bloqueazul, Bloqueverde, Buen Vivir-Costa Rica, Casa AIKO, Meleruk, Talamanca, COECOCEIBA-Amigos de la Tierra Costa Rica, Colectiva por el Derecho a Decidir CR, Colectivo Agroecológico Campo Alegre, Colectivo Agroecológico Zurquí, Colectivo Ecologista Liberiano, Colectivo Trueque, Comisión Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso de la Danta., Comité de vecinos Boquerón, Comité de vecinos Boquerón Abajo, Comité Punta Pelencho, Comunidad de Barrio el llano, Pérez Zeledón, Comunidad de Yerbabuena, La Unión., Concejal de Distrito, Sabanilla de Montes de Oca, CONCEVERDE Colectivo Ciudadano de San Rafael de Heredia, Confederación Unitaria de Trabajadores, Confraternidad Guanacasteca, Coordinadora por la Liberación Animal, Costa Rica por el Océano, Covirenas Caribe Sur, Defensores de la Casa Común, Eco Cipreses, Eco Vida ., Ecolur Compostaje Doméstico, Esparzol, Federación costarricense para la conservación de la naturaleza (FECON), Festival Madre Monte Longo Mai, Foro Político Filosófico Agenda Verde, Frente de Resistencia Animal y de la Tierra, Frente Ecologista Universitario (FECOU), Frente Nacional de Lucha, Fundación Caracara, Fundación CODEHMA, Fundación Orgánica, Fundación Suwo Di, Fundación TAIS, GreenWolf, Hatillo 4 Sur Organizado, Horizonte DEI, Junta de Salud de Sarchi, La Gallada del Golfo Dulce, Montaña Verde, Movimiento Cahuita Unida, Movimiento Costarricense de Solidaridad con Palestina, Movimiento de Resistencia y Formación, Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC, Movimiento Ríos Vivos, Longo Mai de Volcán de Buenos Aires, Movimiento Salvemos la Loma Salitral, Mujeres apoyando a Lucy y doña Digna, Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (Musade), Observatorio Ciudadano del Agua Quebrada Barreal, Observatorio Ciudadano del Agua Río 3 Amigos, Observatorio Ciudadano del Agua Río Agualote, Observatorio Ciudadano del Agua Río Cañas Aserrí. /Desamparados, Oilwatch Costa Rica, PIAPIAS: Comunicación Popular y Educación Antiespecista, Preserve Planet, Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes del Programa Kioscos Socioambientales UCR, Proyecto Movimientos Socioambientales del Caribe Sur de Costa Rica de Kioscos Socioambientales, Radio Machete, Red de Agroecología Costa Rica, Ríos Vivos, Sindicato de Trabajadores Bröran del Agro, Artesanos y Gestores de la Cultura Crün Shürin (STABRÖCS), Talamanca Siempre Verde, UNAPROA, Unidos por el Agua, Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa, Yunta Agroecológica de Mujeres.

Las personas firmantes: Alejandra Sandi Retana, Alfredo Jiménez Montero, Alix guerrero morales, Álvaro Fernández González, Amanda Carballo Córdoba, Amanda Gutiérrez Rodríguez, Ana Fonseca Moya, Ana Ligia Sanchez Rojas, Ana Tristán Sánchez, Ana yancy galagarza, Andrea Mora Villegas, Andriana Jiménez Marin, Antonio Castiglioni Espinoza, Ariana Gómez López, Ariana Lizeth Coca Barrera, Ariel Vindas Núñez, Ariela Álvarez arguedas, Arturo Carballo Madrigal, Bärbel Passeyer, Brenda Briceño González, Bruno de Jesús Coto Barboza, Carlos Alberto Mayorga Martinez, Carmen Díaz Castro, Carmen Luisa Madrigal Jirón, Catalina Carrillo Vargas, César Augusto Gómez Calderón, Christoph Burkard, Comite de vecinos Boqueron Abajo, Craig Schieber, Dafne Araya Vega, Daniel Moraga León, Daniela María Salas Monge, Dany Villalobos, Darío Antonio Rojas Venegas, David Villalobos Villalobos, Davide Giannotti, Dayana Rojas Venegas, Diana Mejías Villalobos, Diego Alfonso Amey Fonseca, Donel Alvarado Zapata, Dylan Zúñiga Villalobos, Eduardo Gardela Ramírez, Elber Alberto Solano Monge, Enid Cruz Ramírez, Escarleth Rodríguez Solano, Estrella Venegas Zamora, Fabián Arias Solano, Fanny Calvo Aguilar, Federico Campos Mora, Fiorella Biolley Solano, Freddy Alexander Peña Chavarría, Gabriel Delgado Álvarez, Gabriela Pérez Quintanilla, Gaus Monge Mora, Génesis Rojas Cruz, Gina Borrero, Giovanni Brenes, Greivin Núñez Mendoza, Guisell Duran Perez, Hannya leiton Zúñiga, Héctor González Pacheco,, Heidy Córdoba Guido, Ingrid Rodriguez Wolter, Isabel Méndez Garita, Italo Fera Fallas, Ivonne Jackelen, Jeff Hernández Castro, Jeremy Valverde Jiménez, Jorge Corrales Alpízar, Jorge Segura Ramírez, Jorge Sibas Vega, José Antonio Mora Calderón, Jose Coimbra, José Manuel Cerdas Albertazzi, José Pablo Zárate Montero, Juan Pablo Gutiérrez García, Juan Solano, Karen Fallas Corrales, Karen Romero Castro, Karla Ann Koll, Karla Borbón Meneses, Karla Milena Picado Valverde, Katherine Barquero Carrillo, Kattya Rodríguez Alfaro, Kenneth Alfaro Alvarado, Laura Carolina Garrigues Herrera, Laura Yuré Calvo Santana, Ligia Barrantes Cartin, Lucía Mahlich Barreto, Luis Diego Marín Schumacher, Luis Gabriel Coronado, Luis gustavo Moraga Rodríguez, Luis José López Miranda, Luz María Romero Miño, Madeline Kiser, Manuel Palacios Baker, Marcos Benicio Jimenez Montezuma, Maria Celeste Quesada Valverde, María Chaves Villalobos, Maria Daniela Chaves Mendoza, María del Rocío Chamorro Tasies, Maria Delgado Cordero, María Eugenia Delgado Marín, María Fernanda Chaves Rodríguez, María Fernanda Oviedo Zúñiga, María Gabriela Hernández López, Maria Hernandez, María Laura Gutiérrez García, María Soto Barrientos, María Trejos Montero, Mariana Porras Rozas, Mariana Taylor Retana, Marianela Quesada Navarro, Mario jose suazo palma, Marta Castro, Marvin Varela Solano, Maureen Leal Mora, Mauren Ramírez Carballo, Mauricio Alvarez Mora, Maylin Karlson Flores, Me uno a la defensa por El Agua = La Vida, Melanny Delgado Cordero, Melissa Céspedes Alvarado, Melvin Solis Blanco, Millaray Villalobos Rojas, Minor López, Miriam Valle Gutiérrez, Mónica Escalante Casco, Mónica Solís Ugalde, Movimiento de Resistencia y Formación, Nahomy Solís Cruz, Nancy Mendoza Diaz, Natalia Solano Corrales, Natalia Solís Rojas, NICOLAS MORALES LORIA, Noemi Canet, Orlando Barrantes Cartín, Orlando Castro Quesada, Oscar Beita Quesada, Osvaldo Durán Castro, Paola Carrillo Molina, Pascal Girot Pignot, Paulino Najera Rivera, Peggy Chamorro, Priscilla Rojas Alvarado, Rafael Villegas mayorga, Raquel Berrocal Sibaja, Raquel sagot, Rebeca Montero Castro, Ronulfo Morera Vargas, Rosa Cordero Guzman, Rosi Naranjo Segura, Ross Salazar Vargas, Roxana Gómez Zúñiga, Ruth Sancho Matamoros, Samantha Obaldia Calderón, Sandra Candela Restrepo, Seidy Boniche Reyes, Sergio Ortíz Pérez, Sofía Gutiérrez Rodríguez, Sofía Martorell Esquivel, Stefanny Castro Ramirez, Stefano Silvestri, Stephanie Rojas Merlo, Susan Barrantes Acevedo, Tamara Borrero, Thalia jimenez Tomas, Ulises Chavarría Chevez, Verónica Castro Ramírez, Virginia Murillo Murillo, Walter Benavides, Yendry Martínez Rivera, Yoel Buitrago

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Tacares nos llama: una jornada de acción y conciencia ambiental

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Con entusiasmo, compromiso y sentido de responsabilidad, el pasado fin de semana (10 de mayo 2025) se llevó a cabo una jornada de limpieza en el río Tacares, organizada por la Fundación para el Desarrollo Ecológico y del Medio Ambiente junto a Zona Franca Evolution. La actividad convocó a estudiantes y docentes de la carrera de Gestión Integral Del Recurso Hídrico de la UCR, organizaciones comunitarias y representantes institucionales como la Municipalidad de Grecia, el Club LEO, la Cruz Roja Costarricense y el Observatorio Ciudadano del Agua Río Agualote, entre otros actores del cantón.

La recolección de residuos arrojó un panorama preocupante: llantas, muebles, lozas sanitarias, materiales de construcción liviana, botellas, vidrio, loza para piso y aluminio, fueron algunos de los objetos extraídos del cauce. Esta realidad evidenció la urgente necesidad de un cambio de actitud colectiva frente al manejo de desechos.

Durante el encuentro, se subrayó la importancia de asumir una responsabilidad compartida con el ambiente. “Este tipo de acciones tienen un doble mensaje: que la contaminación tiene solución si cada persona asume su parte, y que es posible dedicar tiempo, aunque sea un poco, para retribuirle algo a la naturaleza”, expresó uno de los organizadores en un emotivo discurso.

La jornada también sirvió como espacio de conexión con la historia local, destacando el valor ancestral del territorio y la riqueza de los bienes comunes. Los grupos de voluntariado fueron distribuidos en tres sectores estratégicos para maximizar el impacto de la limpieza, y la actividad cerró con un mensaje claro: el cuidado del ambiente comienza con actos concretos y cotidianos.

Más que una simple limpieza, la experiencia fue un ejercicio de ciudadanía activa y amor por el entorno, recordándonos que proteger nuestros ríos es proteger la vida misma.

Desafíos persistentes en la gestión de residuos en Costa Rica: el caso del río Tacares

La jornada de limpieza del río Tacares no solo dejó al descubierto una gran cantidad de desechos, sino también los retos estructurales que enfrenta Costa Rica en la gestión adecuada de residuos sólidos. La presencia de objetos como llantas, lozas sanitarias, muebles, restos de construcción liviana, botellas y materiales como vidrio o aluminio evidencia prácticas comunes de disposición inadecuada, tanto en zonas urbanas como rurales.

Aunque el país ha avanzado en políticas de reciclaje y separación de residuos, aún persisten brechas significativas: falta de infraestructura para la recolección diferenciada, escasa fiscalización del vertido ilegal y débil educación ambiental en algunas comunidades. A esto se suma una cultura de consumo que genera grandes volúmenes de desechos y no siempre considera su impacto ambiental.

Lo encontrado en el río Tacares muestra cómo los cuerpos de agua terminan siendo vertederos informales, afectando la biodiversidad, la calidad del agua y el bienestar humano. Frente a esto, es urgente reforzar acciones interinstitucionales, fortalecer la participación ciudadana y promover cambios en los hábitos de consumo y disposición final de residuos.

El río habla, y en sus aguas contaminadas hay un mensaje claro: la gestión de residuos no puede seguir siendo una tarea postergada.

Los ríos como espacio socioeducativo: sembrando conciencia desde la acción

Más allá de la recolección de residuos, la limpieza del río Tacares se convirtió en un escenario vivo de aprendizaje colectivo. Este tipo de actividades funcionan como espacios socioeducativos donde se vinculan el conocimiento, la experiencia directa con la naturaleza y la construcción de una ética ambiental compartida.

Al participar en la limpieza, personas de distintas edades y sectores reflexionaron sobre el impacto cotidiano de nuestras decisiones de consumo y disposición de residuos. La vivencia concreta —meter las manos al agua, descubrir desechos ocultos entre piedras o raíces— genera una conexión emocional difícil de lograr solo en el aula. Esa sensibilidad es clave para formar ciudadanía comprometida con el ambiente.

Además, iniciativas como esta fomentan el trabajo colaborativo, el reconocimiento del territorio como un bien común y el fortalecimiento de valores como la solidaridad, el respeto y la corresponsabilidad. Los ríos, más que cuerpos de agua, son espacios donde se puede aprender a cuidar la vida.

Galería

UCR: Los acueductos rurales garantizan la disponibilidad y la gestión sostenible del recurso en comunidades de la Región de Occidente

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

Guardianes del agua es una actividad que se ha realizado de forma exitosa en centros educativos, como un apoyo en educación ambiental. Foto Grettel Rojas Vásquez.

Sede de Occidente apoya el trabajo que realizan por medio de proyecto de Acción Social

Aproximadamente un tercio de la población costarricense tiene acceso al agua gracias al trabajo voluntario de personas de su misma comunidad y la Región de Occidente no es una excepción. La gestión comunitaria del agua permite el suministro de este preciado líquido a muchos y muchas personas que viven en zonas en donde Acueductos y Alcantarillados (AyA) no ofrece servicio. 

Alrededor del 53 % del total de la población de los cantones de la zona de Occidente reciben el preciado líquido gracias al trabajo desarrollado por acueductos comunales, trabajo voluntario que requiere de acompañamiento para lograr cumplir con toda la normativa y trámites administrativos existentes y para promover el cuido y la educación ambiental alrededor del agua.

Ante los requerimientos que presentan las comunidades surgió hace 10 años el proyecto de Trabajo Comunal Universitario “Gestión Comunitaria del Agua”, una iniciativa de la Sede de Occidente, que explora las necesidades y problemáticas existentes en el funcionamiento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asadas) y en su interacción con la comunidad, para generar un proceso de trabajo que brinde atención y acompañamiento a estas organizaciones en pro del fortalecimiento de la gestión comunitaria del recurso hídrico.

El proyecto, basado en su experiencia, establece tres líneas de acción para apoyar a estas asociaciones comunales: la gestión administrativa, los procesos de formación socio-ambiental y el fortalecimiento de la relación Asada-comunidad.

La Mag. Adriana Muñoz Amores, encargada de este TCU e investigadora sobre el tema,   señaló que en los últimos años, las Asadas pasaron de un modelo muy sencillo de funcionamiento a ser “empresas sociales”, lo que les demanda una gran cantidad de conocimientos y capacidades en temas de planificación, financieros, de personal, y las personas encargadas no cuentan con las herramientas para resolverlo.

“El TCU de alguna forma se ha convertido en un acompañante de ese proceso, nosotros creamos programas de capacitación o actividades de apoyo para contribuir con el fortalecimiento de las Asadas”.

El proyecto de TCU trabaja de la mano con las comunicades y les ofrece actividades de capacitación. Foto cortesía Adriana Muñoz Amores.

Aseguró que todas las demandas administrativas han provocado que los acueductos comunales se centren más en cómo operar el servicio, dejando un poco de lado la educación ambiental, y el TCU también acompaña  en la formación que se le ofrece a las comunidades en torno a este tema.

Se realizan una serie de procesos de capacitación con diferentes poblaciones. “Guardianes del agua es una de ellas, es una actividad dirigida a niños y niñas en la que se aborda el tema ambiental, cómo funciona y cuáles son las vulnerabilidades del agua, pero también se habla del acueducto, qué es un acueducto comunal, cómo existe y cómo contribuye a su comunidad”.

Muñoz destacó que es importante que la población infantil valore el recurso hídrico así  como el de la organización que le brinda ese recurso. Destacó que se debe concientizar a los niños y jóvenes sobre la importancia de la organización comunal. “La mayoría de los integrantes de la Asadas son personas muy mayores, no hay relevo generacional, por eso es importante transmitir también la importancia de esa participación”.

Una década presente en los cantones de Occidente

La presencia durante 10 años de este proyecto de trabajo comunal universitario marca a las personas voluntarias que trabajan en los acueductos, a las comunidades y a los estudiantes que participan en el proyecto.

Las comunidades de la zona de Occidente administran 230 acueductos de los 281 existentes,  lo que representa el 82 % del total. El proyecto colabora en los cantones de Grecia, San Ramón, Naranjo, Palmares, Sarchí y Zarcero.

Manuel Montoya, presidente de Federación de ASADAS de la zona protectora El Chayote, Naranjo, señaló que el trabajo desarrollado por este TCU en los cantones de Grecia, Sarchí y  Naranjo ha sido fundamental en el trabajo logístico y en el acompañamiento en actividades orientadas a la comunidad.

“El apoyo es fundamental para las Asadas, ya que nosotros somos entidades privadas sin fines de lucro, donde el AyA nos constituye, pero no nos ofrece orientación. El TCU nos orienta y nos da un apoyo logístico que es lo más importante”.

Destacó que la presencia de la Universidad de Costa Rica por medio de estos proyectos es importante. “La UCR es una institución de mucha credibilidad, eso nos orienta y nos ayuda con un fundamento académico, ya que las Asadas las constituimos personas que no tenemos esa preparación. El aporte y la presencia de la UCR da mucha validez al trabajo que se está haciendo”.

Hellen Alfaro Valverde, administradora de la Asada de Santa Gertrudis de Grecia, aseguró que el día a día de las Asadas no permite desarrollar actividades y proyectos indispensables para la comunidad y para el fortalecimiento de las mismas.

Destacó que la educación ambiental ha sido asumida de forma muy comprometida por este proyecto. “Nos ayudan a sensibilizar a niños y jóvenes de escuelas y colegios sobre el cuido y el ahorro del agua, es un trabajo que hay que hacer todos los años, para cubrir toda la población. La acción social que realiza la universidad aquí es fundamental, es volverse más visible, es que la comunidad vea que las Asadas tienen el respaldo de la UCR”.

Las personas estudiantes que participan en este proyecto tienen la posibilidad de involucrarse con las comunidades y con el tema del recurso hídrico. Foto cortesía Adriana Muñoz Amores.

Ambos representantes de acueductos rurales coincidieron en el aporte va más allá de las comunidades, ya que los estudiantes universitarios que participan tienen la posibilidad de involucrarse con las comunidades y con las problemáticas existentes en torno a la gestión del recurso hídrico

“La participación comunal está siendo abandonada, que los nuevos profesionales sepan que hay organizaciones de bien social para colaborar con el pueblo es muy importante” concluyeron.

Grettel Rojas Vásquez
Periodista, Sede de Occidente, UCR