Hay ambigüedades y amenazas directas al ejercicio del dominio público del agua
No se reconoce la gestión de las ASADAS ni el principio precautorio en materia ambiental
Se enfatizó en crear un órgano de participación equilibrado y vinculante sobre las decisiones del Estado
(FECON, 27-02-2020). La Federación Ecologista (FECON) presentó ayer, miércoles 26 de febrero, en audiencia ante la Comisión de Ambiente en la Asamblea Legislativa 21 observaciones sobre el texto sustitutivo 20.212 denominado Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico. Se hizo énfasis en el contexto de conflictividad creciente por temas de protección y acceso al agua, y la incapacidad actual de las instituciones de responder y resolver adecuadamente estas situaciones.
FECON planteó un análisis del texto basado en cuatro principios. El primero, eliminar cualquier ambigüedad que amenace el ejercicio del dominio público sobre el agua. En segundo lugar, la necesidad de avances sustantivos en la protección de fuentes y cuerpos de agua que erradiquen las acciones de sobreexplotación, acaparamiento, contaminación y cualquier otro daño que actualmente no esté siendo alcanzado por la legislación. En tercer lugar, crear herramientas de participación social en la fiscalización del dominio público y la reglamentación que derivaría de este proyecto de Ley. Y finalmente, que los planteamientos no contengan potenciales regresiones en términos ambientales.
En el texto se observaron vacíos y se plantearon cambios de redacción para garantizar el dominio público e interés social en el manejo del recurso hídrico como objetivo de la Ley. Se enfatizó reiteradamente en la incluir de la variable social en la planificación, considerando la conflictividad como causa de modificaciones, para superar el reduccionismo de la gestión hídrica a los tecnicismos que plantea el texto. Se pide un límite al periodo del Director de Aguas para evitar la perpetuación de gestiones inoperantes como sucede actualmente, según consideran las organizaciones ecologistas.
Como avance en participación, se planteó crear un órgano denominado Foros Hídricos Permanentes a escala de las Unidades Hidrológicas, para revisar la política y planes hídricos que se plantean en el texto, además de los reglamentos que se pretendan desarrollar a partir de esta normativa. Estos Foros se compondrían por representaciones equitativas de:
1) el Sistema de Áreas de Conservación, por su relación directa con humedales y áreas de protección; 2) las Universidades Públicas que se ubiquen en la cada zona; 3) las Federaciones Estudiantiles regionales; 4) las Organizaciones Ecológicas de la sociedad civil; 5) las ASADAS, que gestionan el consumo humano para comunidades y 6) el sector productivo que puede aportar experiencias de manejo sostenible.
Se expuso la necesidad del reconocimiento jurídico de las ASADAS en esta propuesta de Ley, donde están totalmente ausentes dejándolas con inseguridad jurídica. Además, se urgió incluir el Principio Precautorio en las definiciones y artículos clave para su aplicación oportuna por parte de la administración pública. Además, en el tema de contaminación, reconocer la contaminación difusa para el desarrollo de mecanismos de sanción apropiada ante daños, por la complejidad de las dinámicas ambientales y la necesidad de proteger el interés común.
En el campo de la evaluación del impacto ambiental, se señaló la limitación del texto en mantener el sistema actual, donde el agua representa apenas un insignificante 8% dentro del análisis del impacto los proyectos, impidiéndose proteger efectivamente las fuentes, por lo que se plantea análisis directo del impacto extractivo con base en el criterio de caudal ambiental.
Finalmente, se solicitó a la comisión eliminar elementos ambiguos o riesgosos para la gestión ambiental sostenible del agua y el dominio público efectivo, como lo son la inclusión de las fincas ganaderas dentro del uso doméstico, los injustificados “usos especiales del agua” que evaden el pago de canon, los reconocimientos por inversiones que traspasan funciones públicas a actores privados y desfinancian la gestión pública, además de la polémica figura de autoabastecimiento en condominios que sobrepone intereses particulares sobre el interés común.
Pronunciamiento de organizaciones sociales y ecologistas en contra de la nueva “Ley de Aguas”, en discusión en Asamblea Legislativa
Por este medio, diversas organizaciones sociales y ecologistas de Costa Rica manifestamos nuestra preocupación e indignación con respecto al proyecto “Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico” (mejor conocida como la nueva “Ley de Aguas”), expediente No. 20.212, recientemente aprobado en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa.
Luego de una cuidadosa revisión y discusión del texto, hemos identificado una serie de vicios e inconsistencias, que abren peligrosos portillos para la privatización, el acaparamiento, el desperdicio y la contaminación del agua, así como una serie de retrocesos en materia de protección ambiental y participación ciudadana. A continuación algunos de los aspectos que consideramos más nocivos de este proyecto de ley:
-No incorpora el concepto de “contaminación por fuentes difusas”, es decir, aquellas situaciones en las cuales no se conoce con exactitud la fuente de origen de la contaminación. Este punto violenta el principio precautorio, fundamental en el derecho ambiental, por lo cual sería un retroceso que se desconociera este término. Por ejemplo, se estaría siendo permisivo con todos aquellos casos de contaminación de acueductos comunales en zonas rurales o de otros cuerpos de agua, debido a la contaminación con plaguicidas de manera difusa, que ya ha sucedido en múltiples ocasiones.
-Modifica la definición de “uso doméstico” del agua (Artículo 3, inciso 35), incluyendo dentro de esta definición las fincas agropecuarias que sean menores de 1 hectárea (para uso agrícola) o 35 hectáreas (para la ganadería). Es decir, se permite que fincas agrícolas o ganaderas exploten aguas -subterráneas o superficiales- sin un efectivo control ambiental, pues como indica luego en el Artículo 85, el uso doméstico del agua no necesita ningún tipo de permiso. ¿Qué nos garantiza, por ejemplo, que una empresa dedicada al agronegocio no va a segregar su propiedad en pequeñas parcelas, y así justificar que está haciendo un “uso doméstico” del agua?
-Establece que únicamente se pueden realizar inspecciones cuando haya una denuncia formal de por medio (Artículo 10), nuevamente, atentando contra el principio precautorio. Esto elimina la posibilidad de realizar inspecciones de control de las actividades productivas y representa una medida permisiva más, que beneficia en mayor medida a las más grandes empresas extractivistas y destructoras de la naturaleza.
-Abre un portillo para invadir y explotar las áreas de protección contiguas a cuerpos de agua (ríos, quebradas, nacientes, etc.), pues faculta a la Dirección de Aguas de MINAE a dar permisos para obras o actividades en estas áreas, sin necesidad de una Declaratoria de Conveniencia Nacional (Artículo 28), como lo establece la ley vigente. De haber estado esta ley vigente, por ejemplo, hubieran podido construir el controversial e innecesario Proyecto Hidroeléctrico San Rafael, en Pérez Zeledón, que tenía esta declaratoria como último requisito pendiente para iniciar obras.
-En los casos que hay invasión ilegal del área de protección hídrica, el nuevo proyecto establece que se debe reforestar únicamente 5 metros desde el cuerpo de agua (Artículo 29). Esto representa una clara regresión ambiental, pues independientemente si se invadieron 10, 15 o 50 metros del área de protección hídrica, basta con que el propietario (persona o empresa) reforeste apenas 5 metros.
-Permite la explotación de agua marina en áreas silvestres protegidas (Artículo 88), en las siguientes categorías de manejo de protección: Humedal, Área Marina de Manejo y Refugio Nacional de Vida Silvestre. Solamente estarían excluidas las categorías: Parque Nacional y Reserva Biológica. Esta sería una medida que atentaría contra la integridad de los ecosistemas salobres y marinos naturales del país, los cuales cumplen importantes funciones ecológicas.
-Elimina la posibilidad de establecer medidas cautelares en caso de infracciones en el aprovechamiento del agua (Artículo 114). En la práctica, esto limita las posibilidades de fiscalización y aumenta el margen para un uso irresponsable y abusivo del agua.
-Se establecen multas risibles de máximo entre cinco y siete salarios base para infracciones gravísimas, ¡unos 3 millones de colones! (Artículos 117, 118 y 119). Las multas y repercusiones hacia la afectación de las fuentes de agua, deben ser más agresivas, contundentes y proporcionales al daño efectuado, para asegurarnos que exista un esfuerzo real en evitar la afectación y para que, en caso de que esta suceda, la reparación del daño no recaiga sobre el Estado costarricense sino, sobre quién efectúa el daño. Por ejemplo, recordemos los casos de contaminación de los acueductos comunales de Milano y del Cairo de Siquirres, los cuáles se dieron por el uso de agroquímicos de la empresa piñera contigua, y por los cuáles el AyA tuvo que reconstruir un nuevo sistema de abastecimiento de agua para estas comunidades que tuvo un costo de ¢370 millones de colones para Milano y ¢2.247,6 millones para el Cairo, según datos oficiales. Esto sin tomar en cuenta los gastos que se cubrieron, con el pago de nuestros impuestos, para abastecer de agua a las comunidades afectadas con camiones cisterna hasta que estuvieran terminados los acueductos, que en el caso del Cairo, fue necesario invertir más de ¢430 millones de colones en esta gestión. Las multas elevadas, desincentivan las conductas dañinas y, para el recurso hídrico, la tolerancia de los daños ambientales debe ser nula.
-En la retórica, incorpora el principio de la participación ciudadana, sin embargo, en la práctica, no cuenta con los mecanismos para hacerla efectiva. Por ejemplo, en el proyecto de Ley de Aguas de iniciativa popular que se discutió hace algunos años, este incluía la propuesta de creación de Consejos de Cuencas, los cuales garantizarían un mayor nivel de participación social y comunal en la toma de decisiones sobre el manejo del agua. El actual proyecto no incluye a los Consejos de Cuenca ni ningún otro mecanismo para garantizar la real participación de la ciudadanía en cuanto a la gestión del agua.
En resumen, este proyecto de ley pareciera estar hecho a la medida de los intereses de aquellos que acaparan mayores cantidades de agua, los que más contaminan y que hacen un uso irresponsable y abusivo del mismo, sobre todo, de grandes empresas agropecuarias. Además, el texto elimina mecanismos efectivos de fiscalización, control y protección y cierra espacios para una verdadera participación ciudadana y democrática en la gestión del agua.
Exigimos a la Asamblea Legislativa el rechazo al proyecto de Ley de Aguas No. 20.212, y planteamos la necesidad de mejorar nuestra legislación ambiental actual en términos de protección, inversión de recursos económicos, mayores controles estatales de las actividades productivas, fortalecimiento de la gestión de la conservación, así como multas severas para aquellos que afecten los cuerpos de agua. Además, apuntamos a que es necesario avanzar en la creación de mecanismos de participación política ciudadana para la toma de decisiones sobre nuestras cuencas hidrográficas y el manejo que se haga de ellas.
Hacemos un llamado a todos los sectores ecologistas, ambientalistas, comunales, indígenas, clase trabajadora, movimientos de mujeres y a toda la sociedad costarricense, a generar debate y construcción de una nueva forma de relacionarnos con la naturaleza, y específicamente con el agua, donde construyamos un ciclo hidrosocial sustentable y una legislación en función de nuestras necesidades sociales y naturales y no de los grandes capitalistas explotadores. No olvidemos que el agua es el elemento más importante para la vida, por lo tanto, las decisiones que se tomen sobre este tema nos conciernen a todos y todas. ¡No permitamos que sigan aprobando leyes que violentan nuestros derechos! ¡No permitamos que los poderosos sigan haciendo sus grandes negocios a costa de un bien que nos pertenece a todos y todas!
¡AGUA ES VIDA, NO MERCANCÍA!
Ingrese en el siguiente enlace para ser partícipe de este pronunciamiento:
Con una importante agenda, la Alianza de Comunidades por la
Defensa del Agua – Puntarenas realizó este sábado 8 de febrero su primera asamblea
2020.
Entre los temas abordados están el logro de metas colectivas,
el fortalecimiento organizativo con una ruta que aumente la participación, el
cuido del agua de todas las amenazas valoradas, la motivación para que otras
personas y organizaciones se incorporen al trabajo de la Alianza, romper el
individualismo y sentar las bases para que la organización continúe en el
tiempo e involucre más gente, obtener los recursos necesarios para cumplir las
metas.
Las organizaciones presentes en la asamblea realizada en Judas de Chomes son las siguientes: Comité de Guacimal, Asada Chomes, ADI Jarquín, ASADA Coyolito, ADI Abangaritos, Asada de Malinche, ADI Manzanillo, Aso. Mujeres La Montaña, Asada de Orocú, ADI Orocú, Asada de Judas.
Exitosa primera reunión de organizaciones comunales 2020 en Abangaritos de Manzanillo, Puntarenas
23 representantes de Guacimal, Chomes, Orocú, Jarquín, Coyolito, Malinche, Judas y Abangaritos, convinieron avanzar en planes de acción intercomunitaria 2020 en alianza con la UNED.
Luego del diagnóstico territorial realizado junto con el CICDE-UNED en el 2019, se plantea un proceso de análisis de cada una de las amenazas ambientales identificadas, realizándose en las próximas semanas una sesión temática en alguna de las localidades integrantes de la Alianza, comenzando el 22 de febrero en Chomes.
En los próximos tres encuentros se abordarán los siguientes temas: los desvíos de agua que secan los ríos, las quemas y los botaderos de basura. El objetivo será construir métodos de acción para controlar efectivamente estas problemáticas.
•Recurso de Amparo contra la misma Sala Constitucional para defender agua subterránea;
•Sala IV por fin revisará disposición del gobierno que legalizaba el robo del agua subterránea a gran escala.
(FECON, 5/12/2019.) Sala Constitucional recibió, este pasado martes 3 de diciembre, un Recurso de Amparo contra este mismo tribunal (1). La Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) y el abogado ambientalista Alvaro Sagot en setiembre anterior interpusieron una Acción de Inconstitucionalidad (2) contra el Decreto Ejecutivo N.º 41851-MP-MINAE-MAG (3), a esta demanda no hubo respuesta por parte de los magistrados en más de dos meses. En reclamo de que acción de incostitucionalidad no había sido procesada, el pasado 3 de diciembre los grupos ambientales presentaron una nueva demanda, un Recurso de Amparo por la violación del derecho a una justicia pronta y cumplida contra los magistrados de la misma Corte Constitucional.
El reclamo principal es que la Acción de Inconstitucionalidad contenida en el expediente 19-017936-0007-CO ha pasado congelada al mismo tiempo que el decreto n.º 41851 legaliza la extracción a gran escala de aguas subterráneas sin concesión, lo cual es un delito en nuestro país. El Recurso de Amparo con número de expediente 19-023042-0007-CO le recordó a los magistrados que el 26 de setiembre de 2019 ingresó un escrito solicitando la inconstitucionalidad del decreto n.º 41851, sin embargo no había sido tramitado hasta ese momento. Consecuentemente un día después de interpuesto el Recurso de Amparo la Acción de Inconstitucionalidad contra el robo de agua subterránea es admitida para estudio por los magistrados y magistradas.
Se sabe que en 2015 en Costa Rica existían unos 40 mil explotaciones ilegales (4), de estos unos 15 mil se encuentran en Guanacaste (5). Por su lado el Estado de la Nación Reporta para el año 2017 hay registrados unos 16.570 pozos legales perforados (6).
Esta disposición firmada por Carlos Alvarado pretende dejar en impunidad el delito ambiental del hurto del agua. La usurpación de un bien público, como lo es el agua subterránea debería ser castigado según el artículo 31 de la Ley de Aguas.
Además se supone que la tutela del agua subterránea es responsabilidad del Estado. Por lo que consideramos que la amnistía es una omisión por parte del Gobierno de Carlos Alvarado de las responsabilidades legales sobre el resguardo de este bien que le pertenece a toda la población costarricense.
SURCOS comparte este importante documento producto de uno de los encuentros de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas. Luego de un proceso iniciado por personas de comunidades de la zona Norte de esta provincia, y acompañado por la UNED y la UCR, esta agrupación de acueductos rurales, organizaciones de mujeres y otros grupos comunitarios analiza su realidad y propone rutas para su desarrollo.
Con el aporte de una investigación del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED coordinada por el sociólogo Orlando Amaris y la asistencia del geógrafo Dany Villalobos, y la colaboración de la Sede del Pacífico de la UCR en el desarrollo de un plan estratégico y un esfuerzo de formación de estrategas mediante el proyecto Aportes Comunitarios para la Construcción de la Democracia Participativa que coordina Héctor Ferlini-Salazar, estas comunidades no sólo indican a las instituciones públicas cómo cumplir su cometido para el buen vivir de las poblaciones de esa zona, sino que, además, ofrecen a otras regiones su experiencia para avanzar hacia una vida digna.
SURCOS le invita a leer este importante documento de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas:
ALIANZA DE COMUNIDADES POR LA DEFENSA DEL AGUA EN PUNTARENAS
DECLARACIÓN DE LA MONTAÑA DE COYOLITO
-23 de noviembre de 2019-
37 representantes de organizaciones comunales de Chomes, Abangaritos, Orocú, Manzanillo, Judas, Malinche, Coyolito y Jarquín, nos reunimos en La Montaña de Coyolito con el fin de analizar las amenazas actuales sobre las fuentes del agua de cara a los desafíos que traerá la estación seca entrante en nuestro territorio.
CONSIDERANDO
1- Que tenemos muchas problemáticas en común en nuestras comunidades, que gracias a nuestra Alianza hemos podido conocer más a fondo y analizamos sus posibles soluciones.
2- Que los incendios forestales, las explotaciones de agua, las concesiones de cauces de ríos, la deforestación y la contaminación por basura y químicos, entre otros, son problemas que nos afectan a gran escala actualmente.
3- Que en la época seca, las afectaciones de las actividades nocivas hacia las fuentes de agua se vuelven mayores y requieren de mayor vigilancia de nuestra parte y de toda la población.
4- Que la ampliación de la ruta Cañas-Barranca demanda aumentar la explotación de materiales de nuestros ríos, lo que pone en alerta a las poblaciones cercanas por los daños que se puedan provocar a los cauces con la extracción de arena y piedra.
5- Que todos los monocultivos que contaminan el territorio con agroquímicos, terminan por contaminar también los esteros y el golfo de Nicoya, afectando las especies que habitan estos ecosistemas y a las personas que los aprovechan.
6- Que algunas ASADAS tienen sus fuentes e infraestructuras de los acueductos en propiedad privada y pasan por situaciones complicadas para asegurar la provisión de agua a las comunidades, por las variadas limitaciones que provoca esta condición.
7- Que disfrutamos los beneficios de la naturaleza, como los bosques que protegen las nacientes y dan vida a los paisajes, así como los ríos, esteros, manglares y playas que ofrecen sitios recreativos y sustento para nuestras familias.
8- Que, como habitantes de este país, tenemos el derecho a defender un ambiente sano en nuestros territorios, y con esta integración entre comunidades hemos podido conocer más herramientas para poder enfrentar las situaciones que nos afectan.
9- Que la costa Pacífico Central está entre las zonas más vulnerables del país, tanto a nivel social como ambiental, según lo han revelado estudios del propio Estado de la Nación.
10- Estamos conscientes de la necesidad de trabajos en nuestras comunidades, pero las fuentes de empleo deben ser responsables con el ambiente y ofrecer calidad y seguridad para vida digna de las personas trabajadoras.
11- Que tanto las personas como las empresas, tenemos responsabilidades sociales que respetar, por lo que es justo tomar medidas para detener las acciones que afectan las fuentes de agua de la zona, como bien social.
12- Que ha existido indiferencia en nuestras propias comunidades respecto a lo que sucede. Todos somos parte de la comunidad y responsables de velar por el bienestar común, aunque no seamos miembros de una Asociación comunal.
13- Que estamos dando un paso con el mapeo de nuestras problemáticas en el territorio gracias al apoyo del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED. Ahora podemos visibilizar la existencia de problemas ante los que ha habido indiferencia en nuestras propias comunidades, así como en las instituciones del Estado.
14- Que tenemos como desafío dar nuevos pasos para fortalecer nuestra Alianza para que perdure y logre las metas de cambio social que queremos, con el ideal de poder transformar nuestra realidad ambiental por una más justa y beneficiosa para toda la población.
POR TANTO DECLARAMOS
1- La importancia de proteger el patrimonio natural en nuestro territorio, lo que debe motivar la toma de acciones por parte de todas las personas de nuestras comunidades.
2- Nuestro compromiso de aprovechar este trabajo realizado junto a la UNED en el 2019, para informar sobre las situaciones que amenazan nuestras fuentes de agua.
3- La necesidad de difundir información en nuestras propias comunidades para lograr el apoyo comprometido de otras organizaciones y unirnos más entre pueblos vecinos.
4- La importancia apoyarnos mutuamente para denunciar estas situaciones que están afectando nuestro bienestar. Hay que romper el silencio ante lo que sucede y nos afecta.
5- Que nuestra lucha es justa, porque estamos tomando acciones para mejorar la condición de nuestras comunidades, y porque el agua es un bien común para todas las personas.
6- Hacer un llamado a la conciencia de todas las personas que habitamos en esta zona, para organizarnos y proteger nuestro territorio ante las acciones irresponsables que nos afectan actualmente y comprometen nuestro bienestar futuro.
APOYAMOS ESTA DECLARACIÓN REPRESENTANTES PRESENTES DE:
ASADA DE ABANGARITOS – ASADA DE CHOMES – ASADA DE COYOLITO-JARQUÍN – ASADA DE MALINCHE – ASADA DE JUDAS – ASADA DE OROCÚ – ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE ABANGARITOS – ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE OROCÚ – ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE JARQUÍN – ASOCIACIÓN DE MUJERES UNIDAS DE LA MONTAÑA DE COYOLITO – MUJERES DE MANZANILLO EN DESARROLLO CON SU COOPERATIVA (MUDECOOP) – COMITÉ AMBIENTAL DE GUACIMAL – VECINOS Y VECINAS INDEPENDIENTES
El Lic. Guillermo Mora Estrada, investigador de la Loma Salitral de Desamparados elaboró este material acerca de la lucha histórica que ha tenido esta comunidad por el agua.
Posterior a la lucha de Loma Salitral por el territorio, se arma nuevamente un conflicto con la Alcaldía desamparadeña por el agua a la que debían tener acceso por derecho en sus territorios, pero que el jefe político de aquel entonces, Nicanor Garbanzo quería tomar posesión sobre estos.
Posteriormente, los vecinos se enteran que el municipio dará la administración de las aguas termales de la Loma Salitral al señor Carlos Volio Tinoco y continúan las disputas por el agua.
Compartimos el material enviado a SURCOS por Alejandro García Valerio, para su lectura completa.
Este es el segundo año que se efectúa el Foro Nacional de Gobernanza del Agua y el primero en el que participa la Comisión de Agua y Saneamiento del Consejo Nacional de Rectores
«¿De qué manera el deterioro del ambiente puede limitar la capacidad para gestionar y conservar los recursos hídricos?». Esta fue una de las preguntas generadoras que se plantearon en el foro. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
¿Qué acciones pueden contribuir a garantizar la seguridad hídrica? Esta fue una de las preguntas que motivó la discusión el pasado viernes 8 de noviembre en el Foro Nacional de Gobernanza del Agua 2019, el espacio nacional de diálogo, rendición de cuentas y generación de sinergias sobre la seguridad hídrica en el país. La actividad se realizó en el Auditorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica (UCR) y puso su foco en el concepto de «gobernanza».
La seguridad hídrica se define como la capacidad de una población para salvaguardar el acceso a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable. Esta permite sustentar tanto la salud humana como la del ecosistema, al basarse en el mantenimiento de las cuencas hidrográficas, así como en garantizar la protección de la vida y la propiedad contra riesgos relacionados con el agua, como inundaciones, derrumbes, subsidencia de suelos y sequías. Para lograr esta seguridad, se requiere una buena administración del sistema hídrico nacional.
En el foro se destacó la importancia de avanzar como país en materia de gobernanza del agua. ¿Qué es esto? Es el proceso sociopolítico con el que se articulan acciones a favor de la correcta administración del recurso hídrico nacional, mediante el diseño de estrategias, la construcción de políticas públicas y movilización de recursos para ejecutar proyectos. De esta manera, los actores del agua adquieren y están conscientes de sus derechos, obligaciones y responsabilidades para solucionar los problemas relacionados con la seguridad hídrica.
El evento, sustentado en el Decreto Ejecutivo 41058-MINAE, forma parte del engranaje del Mecanismo Nacional de Gobernanza del Agua y reúne a los distintos actores de la sociedad involucrados en este tema: instituciones, academia, municipalidades, sectores productivos, organizaciones locales, sector ambiental, entre otros. Asimismo, el espacio es fortalecido con los resultados de foros regionales sobre gobernanza del agua y la participación de los representantes de las unidades hidrológicas que trabajan en el Mecanismo.
Los foros son los espacios de valor máximo del Mecanismo Nacional de Gobernanza del Agua. En estos, se permite el diálogo, la interacción, la discusión entre argumentos y la puesta en contacto de actores vinculados con el tema hídrico. En este sentido, el foro del viernes partió de dos premisas: “la gobernanza no es un fin, es un proceso” y “la gobernanza, confianza y participación no se decretan, se construyen”.
En Costa Rica, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) tiene la función de ejercer la rectoría en materia de recurso hídrico. A través de la Dirección de Agua (DA), se ejecutan acciones orientadas a gestionar y proteger este bien. El Foro Nacional 2019 suscribe una alianza estratégica de la DA del Minae (como entidad responsable de ejecutar el Mecanismo) con la Comisión de Agua y Saneamiento de Conare. Este es un esfuerzo para propiciar las sinergias y la cooperación entre las universidades y la sociedad.
La actividad se desarrolló en tres etapas. En la primera, se explicó el panorama relacionado con el marco normativo del agua y el mecanismo de gobernanza del agua en el país. Haydée Rodríguez, viceministra de Agua y Mares, destacó la importancia de unir esfuerzos con la academia y el peso de la investigación científica para la toma de decisiones. «No podemos dar los pasos que queremos dar, en materia de gestión integral de aguas, si no nos unimos a la ciencia y a las universidades», afirmó.
«Es un momento para construir un nuevo contrato con la naturaleza, con el ambiente, poniendo de primero la gestión integrada de recursos y teniendo en cuenta que el consumo humano de agua es prioritario frente a cualquier otro (aunque se debe mantener un equilibrio con el ecosistema). No podemos tener mares y ríos limpios si no trabajamos en sanear nuestras cuencas, debe existir una conexión entre ambas tareas», señaló Rodríguez.
La diputada Paola Vega también participó del foro y habló sobre el avance legislativo en temas como la nueva Ley de Aguas y la reforma constitucional para declarar el agua como un derecho humano. «Tiene 77 años, la ley de recurso hídrico; hay que modernizarla», aseveró la diputada, quien lidera actualmente la Comisión de Ambiente en el Congreso.
Posteriormente, en la segunda etapa, se llevaron a cabo miniplenarias temáticas para motivar la discusión y el diálogo sobre los siguientes temas: saneamiento; adaptación, variabilidad climática y riesgo en la gestión del agua; gestión ambiental desde la protección de ecosistemas y contaminación del agua; gobernanza y gestión comunitaria; y planificación urbana y cuencas.
La dinámica de las miniplenarias se desarrolló con el fin de facilitar el diálogo, la discusión y la concreción de acuerdos tendientes a consolidar procesos democráticos participativos de cara a la seguridad hídrica del país.
Cada miniplenaria tuvo un experto responsable, el cual realizó un balance de la discusión para presentar, en la tercera parte del foro, los resultados acordados por los participantes de las mesas de diálogo. Uno de los motivos de realizar esta dinámica fue identificar los cuellos de botella para la gobernanza del agua en cada uno de los temas propuestos.
Los cuellos de botella son aquellos elementos que dificultan, limitan o restringen las capacidades para gestionar el agua y alejan a la sociedad, en términos hídricos, de ser socialmente equitativa, económicamente eficiente y ambientalmente sustentable. Estos pueden ser: políticas públicas, normatividad, financiamiento, incentivos, control, roles institucionales y sociales claros, desarrollo de capacidades, información, planificación, conciencia ciudadana, educación, organización local, métodos de asignación del agua, deterioro ambiental, conflictos por el agua, entre otros.
Otro motivo fue reconocer elementos habilitadores, acciones concretas o el planteamiento de rutas de mejora que coadyuven a superar los cuellos de botella identificados para la gobernanza del agua. Además, se sugirieron aportes para mejorar el mecanismo nacional de gobernanza del agua desde la óptica de la participación, seguimiento y coordinación.
Resultados
En materia de gobernanza, se concluyó que no existe un marco normativo eficiente para la adecuada regulación del agua, lo cual entorpece los procesos de participación ciudadana y genera problemas en el abastecimiento de tal líquido. Esto sucede porque los esfuerzos aislados de distintas instituciones estatales no abordan la problemática del agua integralmente y se limitan a funcionar como «apaga fuegos». Es decir, se debe fortalecer la comunicación asertiva entre entidades e impulsar cada sector laboral para concretar esquemas de trabajo intersectoriales.
Igualmente, se propuso crear un mapa por cada cuenca hidrográfica del país, donde se pueda visualizar la ubicación de las Asadas, las obras en proceso, las obras de mitigación necesarias y los puntos de riesgo. Con esto, se puede dar un monitoreo integral del estado de cada cuenca de forma continua. Otra idea que se expuso fue la creación de un curso para las Asadas y otras instituciones donde se efectúe un fortalecimiento de las capacidades para gestionar el recurso hídrico.
Las Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales en Costa Rica, también conocidas como Asadas, ascienden a más de 2 000 organizaciones comunales. Estas funcionan como entidades sin fines de lucro, bajo el marco legal de la Ley de Asociaciones. Foto: Anel Kenjekeeva.
Asimismo, se recomendó implementar modelos para fomentar la participación ciudadana de forma paulatina. Para iniciar con este proceso, se debe elaborar una caracterización de las problemáticas del agua por zonas geográficas, una ardua generación de datos de estudio y evaluaciones exhaustivas con instrumentos pertinentes de análisis. Con esta estructura se pueden alimentar los procesos de planeamiento y generar planes de gestión más robustos e inclusivos.
Actualmente, existen espacios para comunicar, participar y concientizar sobre temas relativos al manejo integral del recurso hídrico. Por ejemplo, los 31 observatorios del agua, que funcionan como plataformas para impulsar a jóvenes y mujeres a que se desempeñen en estas áreas. Las Asadas encuentran una gran oportunidad en espacios de trabajo como estos y lo demuestran en la participación de diferentes entidades.
Entre otras recomendaciones, se señaló la importancia de no crear nuevas organizaciones que trabajen por el agua, sino plantear nuevos temas para discutir en grupos ya existentes. Además de llevar la discusión sobre gobernanza a comités regionales, se necesita fortalecer espacios como consejos municipales y mejorar los mecanismos para las denuncias ambientales.
En relación con las acciones desde la gestión ambiental, se recalcó la necesidad de concientizar a la población sobre la cantidad de agua que usa, encontrar usos efectivos para el agua de lluvia, buscar alternativas en tecnología ancestral, promover el reuso de aguas residuales tratadas y conectar aún más la investigación académica con la toma de decisiones.
José Andrés Céspedes Campos
Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información
La cloración del agua en nuestro país se ha convertido en una obligación por parte del Ministerio de Salud. La preocupación radica en la contaminación de la misma y en las enfermedades ocasionadas a partir del consumo de ésta.
Pero ¿qué pasa con aquellas fuentes de agua que no se encuentran contaminadas? ¿Es necesario clorarlas?
En los pueblos rurales, nuestros antepasados por años han bebido el agua de sus nacientes sin ningún tipo de tratamiento, siendo inexistente algún problema de salud por ello. Tal es el caso de la comunidad de Los Criques, San Ramón. Como sus pobladores mencionan, su nombre “Criques” se debe a la abundante existencia de nacientes de agua, orgullosamente quienes abastecen con dicho recurso a las comunidades vecinas.
No obstante, en los últimos años su alegría se ha visto opacada. La actual regulación sobre la cloración del agua ha generado problemas de salud. Sin entrar en cuestionamientos acerca de la necesaria presencia o no de este elemento químico en el agua, queremos hacer énfasis en los métodos utilizados para realizar este proceso.
En este lugar el AYA (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) cuenta con dos sistemas de captación del agua. El primero, un enorme tanque que abastece los pueblos de los alrededores, donde la cloración se realiza de una forma creemos correcta ya que el cloro se diluye en toda el agua.
Encontramos un segundo sistema, una naciente de la cual se desprende un tubo madre que permite que el agua llegue únicamente a los hogares de la comunidad de Los Criques. La cloración en este caso se lleva acabo de una forma muy diferente; no se realiza directamente en la captación debido a la posible afectación de especies por medio del rebalse del agua. Por esta razón, un pequeño tanque contiene el cloro y es depositado por medio de goteo en el tubo madre, llegando a los hogares sin diluir y presentando en determinadas horas picos muy altos de este elemento que lamentablemente la gente tiene que ingerir.
A partir del consumo de este líquido sin su debido proceso de cloración, se han presentado en muchas personas diarreas, malestares gástricos, alergias en la piel. Sin dejar de mencionar el aumento de casos de cáncer; no podemos asegurar que se deba a la cloración, sin embargo, estos síntomas deben servir de alerta a las autoridades competentes.
Consideramos importante realizar estudios y evaluar que tan necesario es cumplir una ley, que por un mal proceso de aplicación en lugar de proteger está afectando la salud de las personas.
Los acueductos comunitarios prestan el servicio de agua potable a 1,500,000 costarricenses. ¿Cómo lo hacen y qué retos tienen? ¿Cómo se gestiona comunalmente el agua?
