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AyA y Ministerio de Salud vuelven a Sala Cuarta por incumplimiento de protección de nacientes en Cartago

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos, Madre Tierra, Salud.

  • Frente Ecologista de Cipreses presenta diligencia de inejecución de sentencia por el incumplimientodel AyA  y del Ministerio de Salud, condenadas a formalizar su obligación y deber de protección de las nacientes de agua así como del fortalecimiento del Laboratorio Nacional de Aguas del AYA.

  • Frente Ecologista señala que “no va a descansar hasta ver fortalecido el Laboratorio Nacional de Aguas” ya que la Sala Cuarta les dio la razón y ordenó fortalecer dicho laboratorio.

  • Consultorio Ambiental de la Facultad de Derecho de la UCR acompaña en proceso de denuncia al Frente Ecologista de Cipreses ante la Gestión de Desobediencia que es analizada por la Sala Cuarta

Comunicado

El Frente Ecologista continúa en pie de lucha y recientemente presentó una diligencia de inejecución de sentencia por el incumplimiento del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y del Ministerio de Salud, de la Resoluciones N° 022027086 y Nº 2023013384 de la Sala Constitucional de las 9:30 horas del 15 de noviembre del 2022 y las 13:41 del 6 de junio de 2022, de resolver la contaminación del agua de las nacientes Plantón, y Carlos Calvo con clorotalonil, sumado al incumplimiento de las instituciones condenadas a formalizar su obligación y deber de protección de las nacientes de agua así como el fortalecimiento del Laboratorio Nacional de Aguas del AYA como medida preventiva y mayor capacidad de análisis.

Los ecologistas señalan que todo sigue igual, que se siguen fumigando las nacientes y que el Laboratorio Nacional de Aguas sigue sin tener la capacidad técnica instalada para hacer análisis de todos los productos de degradación del agrotóxico contaminante clorotalonil.

“El clorotalonil ha sido prohibido en la Unión Europea y recientemente en Costa Rica, por lo que solicitamos en aras de proteger la salud que se ordene al Laboratorio Nacional de Aguas conseguir los reactivos y equipos tecnológicos necesarias para analizar todos los subproductos de clorotalonil y meter de oficio esos análisis en todos los muestreos N4 que se hacen en Costa Rica. También solicitamos que se le ordene tener la capacidad técnica de monitorear todas las partículas de plaguicidas registrados en Costa Rica. No queremos que el Laboratorio Nacional de Aguas siga siendo el cuchitril que ha demostrado ser y que siga sin tener capacidad técnica instalada. Costa Rica merece un Laboratorio Nacional de Aguas de vanguardia y con capacidad de proteger la salud humana y ambiental” Indicó el agro biólogo y ecologista Fabián Pacheco del Frente Eco Cipreses

Los ecologistas señalan que acuerdo a la normativa anterior y el bloque de constitucionalidad que rige sobre esta materia, se está dando una omisión evidente y descarada a tal punto que ya existen tres recursos de amparo presentados con vista positiva de la Sala Constitucional con respecto a la tutela del derecho fundamental de acceso al agua potable de las personas de la comunidad de Cipreses de Oreamuno y alrededores, y aun así no se han visto en la realidad que se cumplieran estas tres órdenes extendidas por la Sala Constitucional.

En el recurso de inejecución de sentencia por el incumplimiento interpuesto por los y las ecologistas señalan que existe un evidente incumplimiento de obligaciones por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dentro de las pretensiones del recurso de gestión de desobediencia el Frente Ecologista de Cipreses respaldado por el Consultorio Ambiental de la Universidad de Costa Rica solicita:

  • Se declare con lugar en todos sus extremos la presente gestión por desobediencia de lo ordenado por la Sala Constitucional en la sentencia No.2022027086 y No. 2023013384, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
  • Así mismo señalan que se le ordene al Ministerio de Salud establecer las medidas necesarias de coordinación con las autoridades correspondientes del MINAE, AyA y MAG, en el respectivo ejercicio de sus competencias, para que se ejecute lo indicado por Sala Constitucional en sus resoluciones No.2022027086 y No. 2023013384, además de dar atención a lo solicitado en el informe sin número “Informe Técnico Clorotalonil”
  • Se le ordena al AyA realizar las gestiones pertinentes que permitan garantizar al Laboratorio Nacional de Aguas los recursos necesarios para la cuantificación de los metabolitos del clorotalonil, así como implementación a nivel nacional un programa de vigilancia y control en agua para consumo.
  • Se solicita que, en caso de continuar el incumplimiento de estas disposiciones, la Sala Constitucional ordene la apertura del procedimiento administrativo disciplinario, así como el traslado de piezas al Ministerio Público por la eventual comisión del delito de desobediencia por parte de los funcionarios responsables de dicho incumplimiento, según lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

El Frente Ecologista de Cipreses señala que lograr que el Laboratorio Nacional de Aguas sea fortalecido es un logro de su lucha y trabajo y que no descansará hasta ver dicho laboratorio fortalecido. Así mismo señalan que el acompañamiento legal y jurídico del Consultorio Ambiental de la Universidad de Costa Rica es de singular importancia en lograr dicho cometido.

Kioscos Ambientales UCR

7 de cada 10 personas se manifestarían en defensa del agua

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  • Dos terceras parte de la población no está de acuerdo en que el servicio de agua potable sea brindado por empresas privadas.

  • 45,2% de encuestados asegura que ha experimentado algún corte en el suministro

UNA Comunica. 27 de setiembre de 2024. El 70% de la ciudadanía costarricense estaría dispuesta a manifestarse públicamente en defensa del recurso hídrico. Además, el 94% está de acuerdo en presentar denuncias en relación con problemas en la calidad del agua potable.

Estos son algunos de los resultados contenidos en la encuesta Percepción de la población costarricense y extranjera sobre temas ambientales en el país, del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA). Los datos fueron recolectados entre el 29 de setiembre y el 10 de octubre de 2023.

El objetivo del estudio fue determinar la opinión ciudadana sobre la relación que existe entre fenómenos como el cambio climático, el Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y la gobernanza institucional con la situación del acceso y calidad de agua en el país.

Justamente, en el ámbito de la gobernanza, para un 84,4% de la muestra es importante defender la forma de abastecimiento de agua potable que tiene el país. Un 10,9% dijo estar en desacuerdo con este enunciado, mientras que un 4,7% indicó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.

El porcentaje a favor aumenta a un 93,7% si se trata aprobar más leyes para asegurar la protección de las fuentes de agua y a un 95,2% si se trata de fortalecer la estructura del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para que atienda las necesidades en agua potable y saneamiento.

Sin embargo, solo un 41% de los encuestados estaría dispuesto a pagar más para mejorar el servicio, mientras que la mitad de la muestra (49,6%) aseguró que está en desacuerdo con esta medida.

De igual manera, dos terceras partes de la población consultada (66,8%) está en contra de la idea de que el servicio de agua potable sea brindado por empresas privadas.

Aunque los datos recolectados corresponden al segundo semestre de 2023, se presenta en un año donde ha sido crítica la situación del agua en el país, con casos comprobados de contaminación de fuentes. La más reciente se dio el 14 de setiembre anterior luego de que se confirmara el vertido de hidrocarburos en la plata potabilizadora de Guadalupe, en Goicoechea, que afectó a 40 comunidades.

Esta situación se suma a los cortes en el suministro del líquido que ha generado manifestaciones públicas, cierres de vías y confrontaciones con la policía.

Cambio climático

En el capítulo de agua y cambio climático, casi la mitad de la población encuestada (45,2%) mencionó que ha experimentado cortas en el suministro programadas regularmente. Otro 39,7% indicó que ha vivido racionamientos o suspensiones con horario, mientras que un 38,6% aseguró que en sus viviendas el líquido llega con baja presión.

Dentro de las valoraciones que hizo la ciudadanía a la luz del estudio, se determinó que para el 93% de las personas entrevistadas existe una relación entre la calidad del agua potable y la salud pública. Además, el 89,4% lo identifica como un servicio público.

Sobre el nivel de satisfacción del servicio que brindan empresas proveedoras, tanto el AyA, como la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, las municipalidades y las asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados (Asadas) obtuvieron una nota favorable que ronda entre 87,1% y el 79,7%.

El estudio profundizó en los criterios ciudadanos sobre la relación entre los efectos del cambio climático y el ambiente. Una gran mayoría (92,8%) está convencida de que este fenómeno aumenta los eventos climáticos extremos como lluvias fuertes, sequías y huracanes.

Para el 93,9% de la muestra, las áreas con vegetación reducen el calor en las zonas urbanas, mientras que el 91% considera que el aumento en el nivel del mar ocasiona la desaparición de comunidades costeras.

En orden de descendencia, lo asocian con una alteración del clima en la tierra (88,4%), que es causado por las acciones del ser humano (76,7%).

Otro aspecto que contempló la encuesta es el nivel de conocimiento en torno al ENOS y sus modalidades del fenómeno de El Niño y La Niña. En el caso de este último, 9 de cada 10 personas lo asocian con un incremento en las lluvias y bajas temperaturas. También, para el 83,4% es el causante de inundaciones y fuertes oleaje.

En el caso de El Niño (en contraste con La Niña), un 89,8% lo relaciona con pocas lluvias y altas temperaturas. También, el 87,2% hizo mención de sequías e incendios forestales.

En lo que sí existe concordancia en la percepción ciudadano, en ambos fenómenos, es que existe una relación de estos fenómenos con el desabastecimiento de agua potable en los hogares. Así opinó el 79,8% de los consultados.

El Idespo-UNA consultó si las personas conocían el concepto de “estrés hídrico” a lo que el 93,8% de los encuestados respondió negativamente. Al respecto, el estudio indicó que es un término que hace referencia al impacto del uso excesivo del líquido, ya sea por extracciones o consumo, según su disponibilidad.

La encuesta abarcó a una población de 1.118 personas, con un error de muestreo del 2,9% y un 95% de confianza. Se aplicó a personas costarricenses o extranjeras con más de cinco años de vivir en Costa Rica, de 18 años o más usuarios de telefonía celular, de manera que se abarcó el 97,6% de la población.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Informe del estudioDescarga

Programa Voces y Política: «Contaminación de agua por agrotóxicos: caso del Mancozeb en Barranca, Puntarenas». Reseña

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El pasado miércoles 18 de septiembre se llevó a cabo un espacio en Voces y Política, Radioemisoras UCR, para hablar sobre la contaminación del agua por agrotóxicos, en específico, el caso del derrame de Mancozeb en el río Barranca, en Puntarenas. 

Como invitados estuvieron Henry Picado, de la Red de Coordinación en Biodiversidad; Elidier Vargas, agrónomo; y el comentario de Yamileth Astorga, bióloga. Sus aportes arrojaron luz sobre este asunto, el cual pareció ir y venir sin mayor revuelo, aun cuando tiene peligrosas implicaciones para la salud de las personas vecinas de Esparza y Barranca.

Yamileth Astorga comenta que el Mancozeb en seres humanos puede causar cáncer, y afectar el sistema endocrino causando daños a la tiroides y al sistema reproductor, entre otras complicaciones, y en crustáceos y peces es tóxico en extremo, causando la muerte inmediatamente. A esto, Henry Picado le agrega que siendo que en esta situación las personas llevaban más de una semana de estar en contacto con posibles trazas de funguicida, lo cual podría significar casos de intoxicación crónica, la cual se desarrolla a través del tiempo, diferenciada de la aguda, la cual se presenta inmediatamente en presencia de una gran cantidad del elemento tóxico.

Inicialmente, se describe el inicio de la situación, el 27 de julio del 2024 se vuelca una cisterna de fungicida Mancozeb, el cual cargaba 17 mil litros de este agrotóxico, y este se vierte en una quebrada, la cual lleva el fungicida al río barranca, y contamina capturas de agua de Esparza y Barranca, dejando a más de 100.000 personas sin agua por varios días.

Se habla también de los intereses políticos alrededor del fungicida, y la reticencia del Ministerio de Salud de mostrar los niveles específicos de componentes tóxicos, hasta que fueron forzados por un Recurso de Amparo a través de la Sala Cuarta. Esto tiene que ver con el poderío económico que tienen las bananeras, y sus exportadores en Europa, cuyos países, según comentan los ponentes, tienen prohibiciones alrededor del Mancozeb y otros plaguicidas y fungicidas, pero no los prohiben para venderlos y exportarlos a otros países, especialmente en Latinoamérica donde son una problemática. Además de esto, se comenta sobre un artículo extranjero de los efectos del Mancozeb en Costa Rica y sus bananeras, y como ha pasado desapercibido debido al fuerte poder político de la industria agroexportadora y distribuidora de pesticidas.

A este sector le interesa seguir utilizando este fungicida ya que en zonas calientes y húmedas como lo es Puntarenas, y en otras áreas con monocultivos de banano, se propagan hongos fácilmente y pueden destruir las cosechas, lo cual es prevenido por el fungicida, el cual lleva ya casi 4 décadas de ser utilizado en el país, lo cual podría explicar aún más la resistencia al cambio acerca de la prohibición de este.

No obstante, como comentan los presentadores, el problema se da cuando el Ministerio de Salud, emite un documento técnico hecho por tres personas en el que se permite a las zonas utilizar el agua.  Henry Picado habla de cómo estos técnicos se saltaron la ley de aguas, y nota lo peligroso que fue darle agua a la gente en algunos casos solo 3 días después del incidente.

A esto Elidier Vargas le agrega las facetas de retroactividad jurídica, y la naturaleza vinculante del Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano. Lo primero, trata sobre como estos los técnicos al publicar este documento, se basan en leyes de los noventas acerca del máximo nivel permitido de elementos del fungicida, las cuales no solamente están rompiendo el principio de retroactividad jurídica al intentar subir un máximo permitido para agua potable y varios puntos del Tratado de Libre Comercio sobre acuerdos ambientales, sino que están basados en regulaciones obsoletas que se colocaron antes de que se descubriera la naturaleza cancerígena de los componentes de este fungicida. 

Además, lo segundo, es que este reglamento fue firmado por el presidente, y el Ministerio de Salud en 2015, y se había mantenido vigente, haciendo imposible jurídicamente para tres técnicos ignorar los dictámenes previamente establecidos por este reglamento, incluyendo los máximos permitidos, y tampoco crear un reglamento temporal. 

Estas circunstancias, si se dejasen pasar por alto, fijarían un peligroso precedente legal, el cual podría ser abusado por ciertos sectores para seguir creando vacíos legales e incrementos en las máximas cantidades permitidas, lo cual expondría a la población a más y más plaguicidas.

ADI Cabagra construye mini acueducto en la comunidad de Yuavin

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Se trata del cuarto mini acueducto ya construido

Por Uriel Rojas

Se trata del cuarto proyecto realizado después de Brazo de Oro, Ska Diköl y Barrio Las Luisas.

Este proyecto es ejecutado como parte de la implementación del Plan Ambiental Forestal Territorial -PAFT-.

Esta iniciativa garantizará el acceso de agua a todo este poblado indígena conformado por 48 viviendas, 2 centros educativos y todos los locales de servicios públicos.

El PAFT, es una herramienta para establecer los mecanismos de administración y distribución de los beneficios económicos que reciben los territorios por los Contratos de Reducción de Emisiones Forestales-CREF.

Al finalizar el programa se espera construir al menos 11 mini acueductos en el territorio.

Salud autoriza niveles de contaminación con Mancozeb en agua potable que sobrepasan 60 veces lo estipulado por la legislación nacional

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  • El Ministerio de Salud elevó de manera ilegal los Límites Máximos de contaminación en agua para consumo humano ante el derrame del Mancozeb en Barranca.

Mediante el informe MS-DPRSA-USA-1536-2024 el Ministerio de Salud (MINSA) le pasó por encima al Reglamento de Agua Potable legalizando la contaminación con el fungicida Mancozeb hasta 60 veces más de lo permitido para consumo humano.

Esta fue la respuesta del MINSA ante el incidente sucedido el pasado 27 de julio del 2024, cuando un camión cisterna de una empresa privada que transportaba 17.000 litros del fungicida Mancozeb se volcó. Dicho evento sucedió en el límite entre Esparza y San Ramón, a la altura de Cambronero, provocando el derrame en una quebrada que drena en el río Barranca, donde hay tomas de agua que abastecen el sistema del AyA, reportaron diversos medios de comunicación. 

Se calcula que unas 90.000 personas de Esparza y Puntarenas se vieron afectadas primero por el corte del servicio, pero después del 30 de julio del 2024, estas personas han sido expuestas a cantidades del fungicida en el agua para consumo humano que el Ministerio de Salud y el AyA sin ningún criterio técnico hicieron que creer a la gente que no representaba ningún peligro en su consumo.

El Ministerio de Salud (MINSA) ha establecido nuevos límites máximos permitidos para estos contaminantes en el agua potable a través del documento MS-DPRSA-1536-2024. Los valores aplicables son 6 microgramos por litro para el ingrediente activo mancozeb y 0.16 microgramos por litro para el subproducto etilentiourea (ETU).

Es decir, por obra y gracia de las autoridades actuales, se realizó una evaluación del riesgo con un criterio técnico insuficiente y científicamente obsoleto y cuestionado por expertos. Esta modificación, supuestamente temporal, permite una contaminación de 6 microgramos por litro, incrementando en 60 veces el Valor Máximo Admisible de estos plaguicidas en el agua para consumo humano. Esto violenta el Reglamento Para La Calidad del Agua Potable N° 38924-S estipula 0.01 micro gramos por litro cómo Valor Máximo Admisible, así como el principio precautorio amparado en la Constitución de la República

Es así como el MINSA y el AyA respetan la legislación nacional en materia de límites máximos permitidos de plaguicidas en el agua potable y han puesto en riesgo a las poblaciones de Esparza y Puntarenas, afectadas por el derrame del fungicida que provoca predisposición tumoral, trastornos psiquiátricos, enfermedad de Parkinson, ataxia, temblores, disfunción tiroidea y ovárica.

El fungicida mancozeb es el plaguicida que reporta mayor volumen de importaciones, cuyo uso principalmente se da en la agroindustria bananera aplicado mediante aplicaciones aéreas. Cabe señalar que las aplicaciones aéreas en las bananeras han aumentado desmedidamente, alcanzando las 60 aplicaciones por año, y exponiendo a las poblaciones aledañas a plantaciones de banano, así como a las personas trabajadoras.

Efectos prenatales

Según el Instituto Regional de Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional, el exceso de manganeso (Mn) en etapas tempranas de la vida afecta el neurodesarrollo, la información sobre los efectos del mancozeb, un fungicida que contiene Mn, y su principal metabolito etilentiourea (ETU), en el neurodesarrollo es limitada.

Esta respuesta del MINSA ante el incidente de contaminación en Barranca es de gran preocupación, ya que no solamente pone en riesgo la salud de las comunidades afectadas, sino que también sentaría precedentes de la respuesta institucional ante eventos de tal gravedad. Exigimos a las autoridades nacionales establecer regulaciones que cumplan con el principio precautorio con el fin de garantizar los derechos humanos a la vida, a la salud y al agua en cantidad y calidad adecuada.

Respuesta legal:

Se está preparando por parte de las organizaciones ecologistas una respuesta legal para denunciar ante la Sala Constitucional esta medida del Ministerio de Salud, la cual carece de sustento técnico y legal, y viola principios constitucionales como el principio precautorio, la Ley de Aguas y el Reglamento de Agua Potable.

Bibliografía:

Brühl, C. A., Arias Andres, M., Echeverría-Sáenz, S., Bundschuh, M., Knäbel, A., Mena, F., Petschick, L. L., Ruepert, C., & Stehle, S. (2023). Pesticide use in banana plantations in Costa Rica – A review of environmental and human exposure, effects and potential risks. Environment international, 174, 107877.

La exposición prenatal al mancozeb, exceso de manganeso y neurodesarrollo al año de edad en el estudio Infantes y Salud Ambiental (ISA) Mora AM, Córdoba L, Cano JC, Hernandez-Bonilla D, Pardo L, Schnaas L, Smith DR, Menezes- Filho JA, Mergler D, Lindh CH, Eskenazi B, van Wendel de Joode B. Environ Health Perspect. 2018 May 29;126(5):057007. doi: 10.1289/EHP1955. https://www.isa.una.ac.cr/images/articulos/cientificos/2018_mora_et_al_bayley_traduccion_espanol.pdf

MS-DPRSA-USA-1536-2024 INFORME MANCOZEB ETU.Descarga

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Minería amenaza agua y ecosistemas del río Ario en Cóbano

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Comunidad organizada de Cóbano emprende acciones legales para evitar explotación de río vital para el abastecimiento de agua

  • Comunidad organizada presenta recurso de amparo contra viabilidad ambiental por proceso irregular y en defensa de derecho constitucional al agua, la vida y un ambiente sano.

  • Director General de SETENA investigado por otorgar viabilidades irregulares autorizó viabilidad ambiental a empresa constructora cuestionada por actos de corrupción en caso “Cochinilla”.

  • Extracción se pretende en río ubicado en el Corredor Biológico Peninsular amenzando con contaminar las fuentes de agua cercanas para consumo humano del AyA.

Cóbano, miércoles 14 de agosto de 2024. La Alianza Comunitaria para el Ordenamiento Territorial (ACOT), conformada por diversas organizaciones locales y ambientales, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la Secretaría Técnica Nacional (SETENA) por otorgar la viabilidad ambiental a la empresa Constructora Herrera SA para su proyecto de extracción de material del cauce del río Ario. Mediante dcho recurso, el cual es tramitado bajo el expediente 24-020703-0007-CO, solicitan al Tribunal que ordene dejar sin efectos la resolución número 1078-2023-SETENA y que proteja al río Ario y a las comunidades de Cóbano, según lo exigen los derechos constitucionales al agua, a un ambiente sano, y a la vida.

El río Ario, ubicado a solo 240 metros del Refugio de Vida Silvestre Caleta-Ario, es un ecosistema de vital importancia biológica y ecológica. Forma parte del Corredor Biológico Peninsular, que conecta las áreas protegidas de la Península de Nicoya, y es crucial para la conservación de cuatro especies de tortugas marinas en peligro de extinción, así como para la preservación de manglares, estuarios y una rica biodiversidad terrestre y marina.

El barrido de los suelos del río para la extracción de materiales según se pretende amenaza este frágil ecosistema, poniendo en riesgo no solo la vida silvestre, sino también el recurso hídrico que abastece de agua potable a las comunidades locales de Bajos de Ario, Manzanillo, Bello Horizonte, Playa Hemosa, Santa Teresa y Mal País. Además, el río Ario fue identificado por el SINAC como un sitio prioritario para la conservación y es utilizado tradicionalmente por las comunidades locales para actividades recreativas y de subsistencia. Cualquier intervención en esta zona podría tener consecuencias irreversibles para la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, y el bienestar de las comunidades vecinas.

La extracción de materiales en el río Ario comenzó hace pocos años con permisos municipales para la reparación de caminos tras eventos naturales destructivos. Sin embargo, durante 2023, se observó un aumento significativo en las actividades extractivas, sin el debido control ambiental ni supervisión técnica, lo que resultó en contaminación por hidrocarburos y deterioro de la calidad del agua. Según un análisis realizado por el componente de Geografía y Diálogo de Saberes del Programa de Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, existen 8 concesiones que han sido dadas y que han puesto en riesgo al río, las cuales se detallan en el siguiente cuadro.

Cuadro 1. Solicitudes en causes de dominio público (CDP) en Río Ario de Cóbano, Puntarenas

Como es posible notar, en algunos casos el estado de la concesión no es claro, esto da paso a mayor incertidumbre y preocupación por la acumulación de impactos y proyectos en un mismo río. La información anterior, geolocalizada por el Programa de Kioscos Socioambientales, permite ubicar las zonas más afectadas y donde se encuentra mayor parte de las concesiones, según se evidencia en los siguientes mapa. En este se identifica con claridad la cercanía de la concesión pretendida por la empresa constructora con la unión entre el río Bongo y el Ario en Bajos de Ario (señalado en rojo).

Actualmente, la empresa Constructora Herrera S.A. ha solicitado una concesión de 10 años para extraer y procesar materiales pétreos en el río y la SETENA le ha otorgado la viabilidad ambiental para hacerlo. Preocupa que la decisión de SETENA se basara principalmente en declaraciones del gerente ambiental contratado por la empresa solicitante, sin considerar estudios exhaustivos sobre el impacto real ni realizar consultas con las comunidades. La SETENA desestimó las gestiones presentadas por ACOT y la denuncia de la ADI de San Ramón de Ario ante la Fiscalía, aceptando medidas de compensación insuficientes para mitigar el posible impacto, como por ejemplo la instalación de un aire acondicionado en una escuela pública.

La viabilidad ambiental otorgada está siendo fuertemente cuestionada debido a la grave preocupación generada entre la comunidad y los ambientalistas por el impacto potencial a largo plazo. Ante la alarmante afectación de la cuenca del río Ario que generaría la concesión minera, y frente al aparente desinterés de SETENA y la Dirección de Geología y Minas, la comunidad se mantiene unida en su lucha por la defensa de los derechos constitucionales. Desde el 27 de diciembre del 2023, organizaciones comunales del Distrito de Cóbano realizaron una petición expresando su posición ante la amenaza de minería de extracción en el cauce del río, la cual a la fecha cuenta con más de 2150 firmas. En este contexto, ACOT hace un llamado urgente al Gobierno Local y al MINAE para que promuevan una veda en el otorgamiento de permisos temporales para la extracción de recursos naturales en los ríos del distrito de Cóbano, y fomenten programas de conservación y restauración del entorno del río para preservar su biodiversidad y hábitat natural.

Condenas al AyA reflejan las fallas en la gestión del agua, asegura Defensoría

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Dará seguimiento a cumplimiento de planes de inversión y del plazo establecido por la Sala Constitucional

La Defensoría de los Habitantes afirmó que las recientes condenas contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) por parte de la Sala Constitucional son un reflejo que el regulador y operador del servicio de agua han fallado a la población.

Para tal efecto requiere, de manera urgente, una planificación e inversión que permita garantizar el derecho al acceso del agua potable a las comunidades, en especial, a las más afectadas durante los últimos años con faltantes del líquido por periodos prolongados.

La Defensoría de los Habitantes ha venido alertando sobre la crisis que ha atravesado el país en esta materia debido a racionamientos prolongados y contaminación, al punto que, ha sido necesario, incluso, presentar como institución, informes técnicos ante el Tribunal Constitucional. Es por ello, que cómo órgano de control de legalidad dará seguimiento al cumplimiento del plazo otorgado por la Sala IV para satisfacer las necesidades de las poblaciones afectadas y además, seguirá pidiendo cuentas de los avances en los planes de inversión anunciados.

La Defensoría viene insistiendo en que el país debe implementar, con prioridad y previsión, una adecuada gestión integral del recurso hídrico, pues de lo contrario, el impacto para el próximo verano podría ser muy grave para las comunidades del Gran Área Metropolitana.

“Hay que aceptar que existe una crisis de gestión hídrica y en ese sentido, se vuelve indispensable que las medidas a implementar se dirijan más allá de acciones paliativas, porque es evidente que han resultado insuficientes ante la grave problemática. Se necesita una planificación y ejecución más eficiente de proyectos de infraestructura a mediano y largo plazo. Es imperativo que todos los prestatarios del servicio de agua potable actúen con urgencia para resolver los problemas existentes y aseguren una gestión sostenible del recurso hídrico”, recalcó la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

Conversatorio Defensa del agua en comunidades rurales – en Alternativas

Escrito en . Publicado en Agua, Comunidad, Derechos.

En este conversatorio del programa Alternativas participaron Ana María Montenegro e Isabel Méndez, lideresas comunitarias e integrantes del Frente Eco Cipreses y Dylanna Rodríguez, socióloga e investigadora en temas de agua y defensa comunitaria de bienes comunes. 

Las lideresas comunales expresan las condiciones en las que se encontraban las fuentes de agua a las que acceden, por ejemplo la contaminación de las aguas con agroquímicos derivados del Clorotalonil. A pesar de las denuncias y esfuerzos realizados, persiste la contaminación del agua en las nacientes de agua de la región de Cipreses de Cartago. De acuerdo con Isabel Méndez, hay una restricción sanitaria en la ASADA de la región y les prohíben el consumo del agua por el grado de contaminación que poseen, por lo que diariamente deben de recoger agua brindada por un camión cisterna y llevan meses experimentando estas condiciones. 

Por las condiciones que enfrentan en tanto les han privado de agua, utilizan el agua para lavar ropa, lavar baños, bañarse y demás a pesar de que hay una restricción ya que el agua no es potable y permanece contaminada. Además, tal como lo señala Méndez el agua de cisterna no alcanza por la cantidad de personas que hay en cada hogar y las necesidades que presenta cada miembro del hogar.

Por otra parte, Ana María Montenegro menciona que no hay suficiente acceso a información puesto que todavía una parte de la población consume agua del grifo la cuál no es consumible. También señala el interés por investigar el alcance de la contaminación en Oreamuno de Cartago, y no señala la responsabilidad sobre las personas agricultoras pero sí hace un llamado a las instituciones para realizar investigaciones y atender las denuncias porque es una manera de validar las necesidades y luchas de las comunidades.  

Desde el aporte de Dylanna Rodríguez, el caso de la lucha por la defensa del agua y el caso de Cipreses son ejemplos del extractivismo que se ha fortalecido en los últimos años. Rodríguez destaca la presencia de quebradores y la extracción de la naturaleza para ser utilizada como materia prima de exportación. Asimismo, el agua es un bien público que entra en disputa en tanto es consumido por proyectos de riego y otras entidades privadas, mientras que las comunidades tienen restricciones de acceso y uso de agua. 

Por eso, desde las tres perspectivas se comprenden los alcances de la privación del agua y los recursos naturales sobre la vida de las personas y comunidades en lucha. 

Se invita a observar el video y escuchar a las mujeres que participaron de este conversatorio para conocer de las luchas locales y la defensa del agua liderada por mujeres.

Para ver el video del conversatorio, ingrese en este enlace.

Denuncian ante el AyA a la ASADA de Cipreses de Oreamuno por su mala administración

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

La población que recibe agua de la ASADA de Cipreses de Oreamuno ha denunciado múltiples veces la mala administración que tiene el AyA en la misma, debido a que sólo los ingenieros del AyA a cargo de la visita evidencian lo que se denuncia, como la falta de mantenimiento y planes operativos en esta ASADA a los tanques de agua «potable», amparados por el ente rector.

Estos han tomado una nueva denuncia en contra de la administración del AyA elevando y dirigiendo la denuncia al Ministerio de Salud, ya que la población al abrir la llave para adquirir agua potable directamente de los tanques de la ASADA sale el agua con líquenes o musgo. Prueba clara que nadie los lava.

En tal caso hay una sistemática violación del decreto n• 38942-S por parte de los funcionarios de esta ASADA, la cual la comunidad no ha pasado desapercibida, donde estos exigen que se haga una aplicación del mismo, ya que estos se encuentran con gran molestia el estar cancelando cada mes un recibo por servicio de agua el cual no es potable, pagando casi el mismo monto cuando son más de 8 horas diarias de desabastecimiento. 

Carta presentada para la denuncia:

Estimados señores, con gran molestia me dirijo nuevamente a ustedes para denunciar lo que debería de ser una vergüenza para ambas instituciones a cargo de salud  pública y del agua potable para la población más vulnerable (zonas rurales).

Está semana leí dos informes elaborados por ambos despachos, sobre las visitas o atención de denuncias a la ASADA de Cipreses de Oreamuno dónde se contradicen, sólo los Ing del AyA cargo de la visita evidencian lo que a continuación denuncio, la falta de mantenimiento y planes operativos en esta ASADA a los tanques de agua «potable», amparados por el ente rector.

El pasado 08 de junio del presente me dirijo con otra persona al tanque ubicado al costado del edificio de la ASADA para recoger agua en cubetas previamente lavadas, y no puedo decir que pra mi sorpresa, porque cuando se trata del agua por años ya hemos visto de todo, al abrir la llave sale el agua con líquenes o musgo. Prueba clara que nadie los lava.

 Señores es como para sentir vergüenza de sus labores, es con la salud de más de 3.000 personas con las que JUEGAN, por favor cuanto se van a tomar sus labores con seriedad y responsabilidad? ¿Qué esperan una epidemia? O algo peor? Cuánto tiempo tenemos que esperar a ver que YA tomen cartas en este asunto y cumplir primero desde adentro el reglamento para la calidad del agua potable??

La sistemática violación del decreto n• 38942-S por parte de los Funcionarios de esta ASADA no ha pasado desapercibida pro que los mismos despachos encargados de salvaguardar y aplicarlo se hagan de la vista gorda es inaudito por favor tomen un poquito de conciencia, espero poder ver un cambio de actitud de parte de ustedes y se tomen  cartas en el asunto, pro más aún ACCIONES y prontas!!

Me parece sumamente vulgar y descarado cancelar cada mes un recibo por «servicio» de agua que NO es potable, pagando casi el mismo monto cuando son más de 8 horas diarias de desabastecimiento y ahora sumando la  desconfianza que ustedes nos generan en cuanto al manejo y abordaje de este tema y otros relativos a esta ASADA.

La nota fue enviada a SURCOS por Ricardo Rivera Rojas.

Organizaciones se manifiestan contra políticas y proyectos que privatizan el agua y los ríos

Escrito en . Publicado en Agua, Comunidad, Derechos, Madre Tierra.

En el marco de la Fiesta del Agua, llevada a cabo el pasado 1 de junio en la comunidad Longo Mai, comunidades y organizaciones se encontraron con urgencia frente a múltiples proyectos que han venido privatizando el agua y los ríos del país, donde estos están generando una contaminación sobre la biodiversidad por medio de agroquímicos, como la destrucción por medio de los quebradores en los cauces de los ríos y proyectos hidroeléctricos, los cuales están poniendo en riesgo no solo el  acceso al agua potable, sino que también están provocando una disminución en el caudal de los ríos. 

Estas comunidades y organizaciones seguirán en la lucha por la prohibición del clorotalonil, el frente contra las represas hidroeléctricas y la intervención del código de minería.

Estas organizaciones hacen un llamado a la población a desarrollar grupos para la defensa del agua para la vida.