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Concejo Municipal de Montes de Oca exige al AyA respetar derecho humano de acceso al agua potable y poner fin a los racionamientos

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

El pasado lunes 3 de junio, el Concejo Municipal de Montes Oca aprobó en forma unánime una moción presentada por el regidor Jorge Mora Portuguez y apoyada por otras regidurías, para solicitar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) el fin de los racionamientos de agua y el respeto al derecho humano de acceso a esta reconocido en nuestra Constitución Política. A continuación, se transcribe el acuerdo suscrito:

Considerando:

Primero. Que el acceso al agua potable en calidad y cantidad aceptables son un derecho humano fundamental reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidades desde el año 2010; y así establecido en el artículo 50 de nuestra Constitución Política:

Artículo 50. “Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones”. 

Segundo. De conformidad con la Sala Constitucional y con la Procuraduría General de la República: “El denominado servicio público universal de suministro de agua potable se relaciona de forma inherente con la garantía del derecho fundamental al agua potable. En este sentido, el suministro de agua potable constituye un servicio público esencial y oneroso. La jurisprudencia de la Sala, en materia de suministro de agua potable, se ha dirigido fundamentalmente a la protección del derecho a la vida y a la salud de las personas físicas. Esos derechos implican la posibilidad de exigir ciertas prestaciones del Estado, ámbito en el cual el Estado se ve obligado a proporcionar algunos servicios públicos, sobre todo los que resultan esenciales para mantener condiciones sanitarias favorables a la preservación de la vida y la salud de las personas. De este modo, garantizar la pureza del líquido para consumo humano, así como la continuidad en el suministro de éste, forman parte de un debido y eficiente servicio al abonado, y a su vez garantiza sus derechos fundamentales más elementales. Por consiguiente, se puede asegurar que el abastecimiento de agua potable constituye un servicio público esencial, al que le son aplicables también los principios generales de los servicios públicos establecidos por el artículo 4° de la Ley General de la Administración Pública y lo dispuesto por la Sala Constitucional sobre el derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos (sentencia número 2386-2006 de las 10 horas 57 minutos de 24 de febrero de 2006. Voto no. 17397-2019 de las de las 12 horas 54 minutos de 11 de setiembre de 2019 y dictamen de la PGR PGR-C-067-2022.

Tercero. Que a pesar de lo anterior el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados viene aplicando desde el 22 de marzo de este año, racionamientos de agua en el cantón de Montes de Oca, y otros cantones del país; que ocasionan graves perjuicios a la población en materia de salud, higiene, alimentación. Pero que también afecta a los niños y niñas en edad escolar, atenta contra el derecho a la educación y genera graves impactos en comercios, especialmente de venta de comidas.

Cuarto. Que estos racionamientos no solo son producto de la escasez de lluvias que se preveía que habría este año; del cambio climático global, y de fenómenos como la Niña; sino que se deben sobre todo a la mala planificación, a la falta de previsión y a los recortes presupuestarios que ha sufrido el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Proyectos como Orosi 2 y otros similares que fueron paralizados por la actual administración son fundamentales para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable a nuestra población.

Por lo tanto, este Concejo Municipal acuerda:

Primero. Solicitar al AyA suspender de forma inmediata los racionamientos de agua en el cantón de Montes de Oca y en los demás cantones donde estén dando.

Segundo. Solicitar al AyA la puesta en marcha de todas las acciones necesarias, las medidas de contingencia que correspondan y el desarrollo de la infraestructura, entre esta del proyecto Orosi II, dirigidas a garantizar el suministro de agua potable en forma continua tal como es el deber de esta institución.

Tercero. Solicitar a la Administración en la persona del señor Alcalde que se realicen los estudios y cálculos financieros para determinar los costos de la eventual colocación de tanques para agua potable en las escuelas y colegios públicos del cantón, CEN-CINAI, CECUDI, centros de atención de adulto mayor, para garantizarles un suministro constante de agua potable.

Cuarto. Enviar este acuerdo a todos los demás gobiernos locales del país para que se pronuncien en la misma forma, así como a la Defensoría de los Habitantes, la Junta Directiva del AyA y a Casa Presidencial.

Pronunciamiento de organizaciones y comunidades por al defensa del agua y los ríos

Escrito en . Publicado en Agua, Comunidad, Derechos, Madre Tierra.

Longo Mai, 2024

Este 1° de junio del 2024 representantes de organizaciones: Frente Ecocipreses, Ríos Vivos y Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, nos hemos reunido con preocupación y urgencia, frente a las múltiples formas en las que gobiernos neoliberales en alianza con corporaciones, han venido privatizando los ríos del país.

Nos queremos pronunciar con indignación contra la contaminación del agua con agroquímicos, los quebradores en los cauces de los ríos, proyectos de riego para monocultivos y proyectos hidroeléctricos. Todos esos proyectos mal llamados de desarrollo, han saqueado por años nuestros territorios y ponen en riesgo el acceso al agua para consumo humano, no solo por su calidad sino porque han provocado disminución de los caudales.

Queremos señalar que las comunidades aquí representadas, seguiremos luchando y construyendo propuestas para la defensa de nuestros territorios. Estaremos vigilantes de las formas en las que operan las instituciones estatales y las políticas públicas que se crean. Además, como organizaciones comunitarias, nos comprometemos a:

– Vigilar que se consolide la prohibición del clorotalonil en el país.

– Seguiremos construyendo las vías para qué se intervenga el código de minería.

– Oponernos al proyecto de ley del armonización del sistema eléctrico nacional.

– apoyamos a la comunidad indígena Rey Curré en su iniciativa para desarrollar una ley o normativa forestal de aplicación en su territorio bajo el principio de autonomía de los pueblos indígenas.

Invitamos a las personas, organizaciones y comunidades, a que se organicen en la defensa del agua para la vida. 

#aguaparalavida #rioslibres

Nota:

Este comunicado se emitió durante la Fiesta del Agua en Longo Mai, Buenos Aires, una celebración anual que incluye talleres, charlas, actividades para niños, una feria agroecológica y música. Este evento contó con el apoyo de los Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, la Vicerrectoría de Acción Social, el TCU-590 de Kioscos Socioambientales, Caravanas por la Defensa de la Vida y la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas.

Kioscos Ambientales UCR

Alternativas. Crisis de servicios: ni agua ni luz

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A partir de un intercambio con el sociólogo y politólogo Jorge Coronado Marroquín, en el Programa Alternativas Jóvenes, moderado por Alejandro Retana y Rebeca Astorga González, ambos estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, se discute la situación que enfrentan los ciudadanos del país ante el corte de servicios públicos como el agua y la electricidad. El objetivo del programa Alternativas Jóvenes es integrar a personas jóvenes en las discusiones con temas de pertinencia a nivel nacional y regional, siendo así el tema del abandono institucional hacia las necesidades básicas y derechos de acceso al agua y electricidad. 

El invitado, Jorge Coronado Marroquín señala que el recurso hídrico es una necesidad humana y que hay que visibilizar aún más los movimientos y grupos que buscan reivindicar el acceso al agua y electricidad pero el obstáculo está en que a nivel nacional, estos derechos (educación, luz, agua, etc) se perciben como servicios públicos, por lo que en la agenda política es un tema que se ha aplazado por varios años y en meses más recientes ha salido a la luz. 

Asimismo, en esta conversación se señala que hay muchas instituciones de Costa Rica que resguardan el bienestar de los ciudadanos pero, también hay otras instituciones que actualmente son ineficientes y no cumplen con garantizar los derechos de las personas. 

A propósito de las luchas sociales; el invitado reitera que la ciudadanía tiene un precedente histórico de incidencia política en tanto se ha manifestado en contra de propuestas de la agenda política, por ejemplo en el año 2000 contra el Combo Energético de Costa Rica. Son ese tipo de luchas las que se deben retomar hoy para hacerle frente a las decisiones del gobierno y la privatización de los servicios públicos. Y es que, los costarricenses solemos trasladar la responsabilidad de actuar a modo de protesta hacia otras personas y se debilita la unión y fuerza nacional ante una conducta pasiva. Esta cualidad nos hace tolerar la violencia contra nuestros derechos, al mismo tiempo que legitima las decisiones gubernamentales que implican la inserción de empresas privadas en la agenda política. 

Por eso, se insta a que haya firmeza en las posturas que desean defender el bien común, salir a las calles a organizarse y manifestarse ante la acción del gobierno y las instituciones públicas, y en el caso de las ciencias sociales; vincular el quehacer profesional con las necesidades de la gente, situar la teoría en la universidad pero retomar la acción en las calles. A partir de la discusión se motiva a dejar el elitismo en la universidad y sindicatos y acercarse realmente a las poblaciones y minorías invisibilizadas y atacadas.  

Jorge Coronado Marroquín indica que si el país vende energía a la región centroamericana por medio del Mercado Eléctrico Regional (MER) desde hace aproximadamente 25 años, no se puede hablar de un racionamiento eléctrico a nivel nacional y que, si hay racionamiento eléctrico se está hablando de una crisis a la cuál hay que atenderla con urgencia. 

Por medio del referéndum que se ha especulado, la ciudadanía puede involucrarse en la toma de decisiones respecto a distintos proyectos de ley como el de quitarle su autoridad como ente rector al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y transformarlo en un operador más, porque la ciudadanía está en una lucha constante de ejercer sus derechos y de encontrar maneras de participar activamente a favor o en contra de los intereses privados que giran alrededor de las decisiones y modos de actuar institucionales. 

Si bien hay fuerzas sindicales y gremiales que hacen esfuerzos por romper con la dinámica incidente de los intereses privados en la agenda pública, son voces silenciadas a cambio de puestos políticos o gerenciales, es decir que hay un riesgo de ceder a la corrupción. https://www.facebook.com/AlternativasGrecia/videos/crisis-de-servicios-sin-agua-ni-luz/1075696903968410/?mibextid=RUbZ1f 

¿Y el agua?

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El pasado 4 de mayo de 2024 se le envió al presidente de la república Rodrigo Chaves y al presidente ejecutivo del AyA un correo electrónico junto con una recolecta de firmas, esto para solicitar la declaratoria de emergencia de la situación del agua y el ambiente, considerando, en el caso general de la situación del acceso del agua en calidad, cantidad, etc., como lo indica el artículo 50 de nuestra Constitución y convenios internacionales ratificados por Costa Rica, es indispensable una buena administración y planificación por parte del AyA para las comunidades que les hace falta este vital líquido: el agua, expresado en el presente texto.

San José, Costa Rica

Sábado 4 de mayo del 2024

Al señor Presidente de la República

Sr. Rodrigo Chaves Robles

Estimado Señor,

La crisis de acceso al agua potable en Costa Rica es indiscutible. Las familias costarricenses sufren desabastecimiento y contaminación en las zonas de captación. Lo que limita su derecho humano al recurso hídrico. Ante esta situación y considerando:

  1.     Que el pasado 23 de abril el señor Juan Manuel Quesada Espinoza, como Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, declara desafortunadamente e incompetentemente que no puede ejercer su labor de dar agua a las comunidades.
  2.   Que el Informe del Estado de la Nación 2023 indica que “las razones que explican los problemas de disponibilidad de agua varían según el sistema y la zona geográfica. Sin embargo, en términos generales, varios factores los originan, tales como la variabilidad y el cambio climáticos, el estado de la infraestructura hídrica, la contaminación antropogénica y natural, la poca planificación urbana, el crecimiento de la población, así como la baja inversión que realizan algunos acueductos —principalmente comunales en temas de protección de fuentes y control de fugas” (PEN 2023, Pág. 39). Este informe también señala que, en 2022, del total de agua extraída por el AyA, “el 57% se perdió por fugas, rebalses de tanques, errores de micromedición, entre otros.” (PEN: 2023, Pág.27)
  3.   Que la Contraloría General de la República indica que “la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del AyA, no ha sido eficaz en incidir en las poblaciones en condición de vulnerabilidad, ya que únicamente el 1,6% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país, según el Índice de Desarrollo Social de 2023, tienen inversiones programadas en saneamiento y solo el 16,7% en agua potable; asimismo, solo el 41,6% de los distritos identificados como más vulnerables según el Índice de Vulnerabilidad Comunitaria al Agua Potable del AyA de 2021, tienen inversión programada.” (Informe DFOE-SOS-IAD-00003-2024, Pág.32
  4. Que las condiciones climáticas son cada vez peores y que el Secretario General de la ONU ha indicado que “la era del calentamiento global se ha terminado; ha llegado la era de la ebullición global”, (…) tras alertar a la comunidad científica de que julio de 2023 ha sido el mes más caluroso de los últimos 120.000 años.” (ONU: 2023). En particular, “las temperaturas promedio anuales en Costa Rica aumentaron de 27,9°C en 1990, a 28,4°C en 2022 (IMN, 2023)” (PEN: 2023, Pág. 46), lo que pone en riesgo la disponibilidad del agua potable en el transcurso de la variabilidad climática anual.
  5.   Que, mediante resolución de la Sala Constitucional, profesionales del SENARA, acompañados por técnicos del Minae, Salud, MAG, INVU y AyA, elaboraron un procedimiento (matriz) que permite proteger las aguas de fuentes subterráneas. Dicha matriz, eventualmente reafirmada por el Tribunal Contencioso Administrativo, según la vulnerabilidad de los acuíferos, considera aspectos, como, la localización de los mismos, el espesor de las capas geológicas, la profundidad del agua, las actividades a desarrollar en la superficie, los materiales contaminantes que pudieren usarse, según sean las características del suelo y las particularidades de los proyectos a desarrollar. En conjunto, permite clasificar cuán vulnerable es o no un acuífero.

Clasificación que va de NULA a EXTREMA, con calificaciones intermedias de baja, mediana y alta. Así, según sea la ubicación, así también serán las medidas que habrán de cumplirse para garantizar que tan fundamentales fuentes de agua potable (¡más del 70% del abastecimiento proviene de acuíferos subterráneos!) pueda mantenerse en el tiempo, por lo que es imprescindible aplicar la Matriz para proteger las aguas subterráneas.

  1.   Que el crecimiento territorial desordenado y la gentrificación de algunos territorios pone en riesgo la protección de las zonas de recarga acuífera y la distribución equitativa y sostenible del recurso hídrico. Al respecto, el Informe del Estado de la Nación 2023 detalla que “se debe reiterar la ausencia de regulación local en gran parte del país (Sánchez, 2021; Pérez et al., 2022; PEN, 2022) (…) En la actualidad, once cantones de la GAM carecen de PRC [Plan Regulador Cantonal]. (…) La mayoría de los cantones de Heredia y el cantón de Poás, carentes de PRC, incluyen las zonas de recarga de los acuíferos más importantes del país. (…) De forma adicional, los instrumentos de ordenamiento territorial existente muestran problemas de actualización: de veinte cantones con PRC vigentes, solo seis los han actualizado (o implementado por primera vez) durante la última década (Pérez, 2023).” (PEN 2023, Págs. 212-213).
  2.   Que la gran cantidad de vecinos de diversos sectores del país, cantones como Alajuela, San Vito de Coto Brus, Alajuelita, Desamparados, Goicoechea, Moravia, Coronado y Cantón Central de San José (incluido Hatillo, San Sebastián, Pavas y La Carpio) han realizado manifestaciones públicas solicitando soluciones prontas y cumplidas que en pocas ocasiones se han materializado. A la fecha de emisión de este documento, muchas de estas comunidades siguen reportando disminución o ausencia total del servicio de agua potable lo que afecta la salud de las familias, dificulta el cuido de adultos mayores, niños y personas enfermas, ralentiza el comercio e impide inclusive la asistencia a centros educativos, vulnerando así no solo el derecho humano al agua potable sino al trabajo y a la educación.
  3.   Que el Artículo 50 de nuestra Constitución Política establece que “toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la Iey que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.” El acceso al agua potable es, por tanto, un servicio necesario para la vida y la salud de la población. En donde, el derecho a la vida y a la salud de las personas es un derecho fundamental, los cuales se tornan en bienes jurídicos de interés público y ante ello, el Estado tiene la obligación inexorable de velar por su tutela.
  4.   Que el Artículo 140 de nuestra Constitución política faculta al Poder Ejecutivo a adoptar y generar medidas de salvaguarda inmediatas cuando tales bienes jurídicos, como la vida y la salud, están en amenaza o peligro. Y que de ahí se deriva la facultad contenida en el Artículo 29 de la Ley N°8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.

Por lo tanto, solicitamos respetuosamente que el Poder Ejecutivo Se declare Estado de emergencia hídrica para las comunidades del Valle Central ( Zapote, Desamparados, Goicoechea, Coronado, Carpio, Hatillo, Paso Ancho, San Sebastián, San Pedro Montes de Oca, Alajuelita, Moravia, Pavas y en las Provincias cantón de San Vito de Coto Brus, cantón de San Ramón, cantón Central de Alajuela, la Guácima, debido a la situación de emergencia del recurso hídrico, el desabastecimiento de agua potable y contaminación de zonas de captación de la Zona Norte, Faldas Volcán lrazú, Cantones de Siquirres, Guápiles, Cariari, de esta manera se priorice de forma inmediata la inversión en infraestructura y mantenimiento para garantizar que las comunidades actualmente vulneradas cuenten con el servicio pleno, según el artículo 50 de la Constitución Política.

Imagen ilustrativa, UCR.

Una ecuación sin resolver: explosión inmobiliaria, demanda y escasez de agua en el litoral guanacasteco

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

Arturo Silva Lucas
Esteban Barboza Núñez

Los distritos costeros de Guanacaste que concentran los mayores índices de crecimiento inmobiliario también presentan serias limitaciones en la gestión del agua potable. La ubicación de acueductos rurales, también conocidos como ASADAS, que no cuentan con la factibilidad técnica para otorgar nuevas disponibilidades de agua en el litoral de la provincia coinciden con la localización de los nichos de fuerte oferta turística residencial y de alta demanda del recurso hídrico de los últimos 10 años, pero especialmente después de la pandemia de 2020. Esto se desprende de datos recopilados de distintas fuentes y analizados por el Observatorio de Turismo y Migraciones de la Región Chorotega (OBTUR).

Según la información analizada, actualmente existen 22 ASADAS sin factibilidad técnica para otorgar nuevos permisos de agua particulares. Estos acueductos rurales operan en o alrededor de los principales polos de actividad inmobiliaria a lo largo de la costa guanacasteca en la actualidad. De este total, 17 acueductos se aglomeran alrededor de cuatro importantes distritos turísticos de Guanacaste Norte. Estos son Sardinal, vinculado con Playas del Coco, en el cantón de Carrillo; en el cantón de Santa Cruz encontramos a Tamarindo y Tempate, este último un distrito en el cual resalta Playa Potrero; y, en ese mismo cantón, Cabo Velas, en donde se ubican las playas de Flamingo, Conchal y Grande entre otras.
En menor número, cinco ASADAS imposibilitadas de dar nuevas disponibilidades de agua se ubican en las costas de Guanacaste Sur. Una en Playa Lagarto, en el cantón de Santa Cruz; tres en el cantón de Nicoya -Playa Nosara, Sámara y El Torito, esta última también en Sámara-; y una en San Francisco de Coyote, en el cantón de Nandayure. En el caso de todas las ASADAS sin factibilidad técnica, las razones tienen que ver con insuficiente capacidad hídrica; es decir, no cuentan con el recurso suficiente o con los medios de extracción necesarios para satisfacer la demanda de futuros usuarios.
Como se puede ver en los siguientes mapas, es muy clara la coincidencia entre los distritos que presentan mayor desarrollo inmobiliario en la provincia, y la falta de agua en esos mismos distritos. Las coincidencias son evidentes, y dejan claro que el problema es alarmante, en el sentido que el desarrollo inmobiliario ha sido rampante, especialmente en los últimos cuatro años, y por el momento tiene tendencias a continuar:

Figura 1. Mapas de las regiones costeras de Guanacaste. A la izquierda, nombre y ubicación de cada una de las ASADAS declaradas con no factibilidad técnica para otorgar nuevas concesiones de agua a usuarios en la actualidad. A la derecha, los distritos que presentaron mayor cantidad de metros cuadrados aprobados para la construcción de proyectos inmobiliarias en Guanacaste en el año 2023, según datos del CFIA. Elaboración propia.

Como ya hemos advertido en reportajes anteriores, las costas de Guanacaste experimentan un desarrollo inmobiliario explosivo a partir del año 2020. Si bien es cierto, había un crecimiento sostenido antes de ese año, a partir de la pandemia global por COVID 19 distritos como Tamarindo, Sardinal, Cabo Velas y Nosara registraron incrementos en la construcción de proyectos habitacionales sin precedentes desde la crisis del 2008. Al igual que sucedió en ese periodo, el agua parece estarse transformando en un elemento en disputa y en una potencial causa de conflictividad entre los diferentes actores, entre ellos inversionistas, gobiernos locales, instituciones estatales y comunidades locales. Además, una vez más están quedando en evidencia las inconsistencias entre el modelo de desarrollo turístico e inmobiliario hegemónico del litoral de Guanacaste y los recursos locales disponibles, lo que, a su vez, torna a este modelo en volátil e insostenible.
Es preocupante, a partir de lo que se puede observar en los mapas, la aguda crisis hídrica que experimentan los distritos de Tamarindo y Cabo Velas, donde precisamente se ubica la mayor cantidad de ASADAS sin factibilidad técnica y que, según se puede apreciar en el siguiente gráfico, son de los que mayor inversión inmobiliaria han recibido en los últimos cuatro años. También es posible observar cómo, en los últimos años, tanto el aumento del desarrollo inmobiliario como la falta de agua se están desplazando cada vez más hacia el sur de la provincia, especialmente a los distritos de Nosara y Sámara, con tres ASADAS imposibilitadas de otorgar nuevos permisos, pero con importantísimos aumentos en la cantidad de metros construidos después de la pandemia.

Figura 2. El gráfico muestra los siete distritos costeros con mayor cantidad de metros cuadrados aprobados para la construcción de proyectos residenciales en Guanacaste durante los últimos nueve años. Nótese los cambios bruscos en la cantidad de metros cuadrados a partir del 2020. Fuente: elaboración propia a partir de estadísticas del CFIA.

Ante estos datos surgen varias preguntas. En primera instancia, ¿cuáles son los procesos y mecanismos que existen y que están facilitando la puesta en marcha y la continuidad del incremento de los permisos de construcción, y de la construcción de proyectos inmobiliarios, a pesar de la escasez de agua y la imposibilidad técnica de otorgar agua en muchas de las ASADAS aledañas? ¿Cuál es el lugar del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el de los gobiernos locales en cuanto a este problema? Y más importante aún, ¿Cuáles son las consecuencias a mediano plazo en la región ante la alta demanda del recurso hídrico y su escasez?
En cuanto a esta última pregunta, es bien probable que se vislumbre un panorama conflictivo, como ha sucedido históricamente en Guanacaste en las últimas décadas cuando se enfrentan intereses opuestos alrededor de la gestión del agua y los modelos de desarrollo turístico e inmobiliario dominantes. También es probable que el mismo modelo de desarrollo se vea comprometido a mediano plazo, a pesar del incremento en la inversión inmobiliaria actual, precisamente debido a la insostenibilidad de este en relación con los recursos disponibles y su gestión a nivel regional.
Finalmente, queda en evidencia la vulnerabilidad de las comunidades locales y su acceso al agua en comparación con los intereses financieros de grandes capitales que se desplazan libremente a nivel transnacional, y que fácilmente parecen disponer de los recursos vitales para su funcionamiento, como el agua, y en caso contrario, pueden procurar otros entornos para invertir en otro lugar, si el sistema en Guanacaste llegase a colapsar.
Este último elemento deja en evidencia, una vez más, la dependencia del desarrollo turístico e inmobiliario de la provincia de factores externos y bastante ajenos a su control desde lo local; las crisis socioambientales que se pueden generar a partir de este modelo de desarrollo y su poco articulada planificación; y, lo más importante, la afectación a las comunidades locales y a los recursos naturales de los que dependen para existir.

Fuente: https://www.obtur.una.ac.cr/index.php/una-ecuacion-sin-resolver-explosion-inmobiliaria-demanda-y-escasez-de-agua-en-el-litoral-guanacasteco

Repudiamos la violenta represión al Foro Popular del Agua que se celebra en Bali, en forma paralela al X Foro Mundial del Agua

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La Alianza Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCAA) y la Red Centroamericana de Acción del Agua, capítulo Costa Rica (FANCA-CR) condenamos la violenta represión, así como la cancelación forzosa del Foro Popular del Agua, que se realizaba en forma paralela al X Foro Mundial del Agua en Bali, Indonesia.

Nos sumamos al llamado urgente de distintas plataformas y colectivos, así como a los organizadores locales, para exigir al gobierno de Indonesia:

1.Que cese de inmediato todas las formas de intimidación, represión y violencia en contra de las organizaciones de sociedad civil.

2.Respetar el derecho universalmente reconocido, que tienen todas las personas a manifestarse pacíficamente, así como a la libre expresión de su pensamiento.

3.Garantizar la seguridad de todas las personas participantes en este evento.

4.Demandamos al Consejo Mundial del Agua, así como las demás entidades organizadoras de los foros mundiales del agua, a que abran mayores espacios de participación para la sociedad civil y establezca puentes de comunicación y diálogo con los espacios paralelos que se organicen con motivo de los foros mundiales.

Manifestamos toda nuestra solidaridad con los movimientos y organizaciones ambientalistas de Bali, de Indonesia y del mundo entero, que luchan en todos los frentes, por un mundo mejor.

San José Costa Rica, 21 de mayo del 2024

Defensoría expone ante Sala IV deudas del AyA con los Hatillos

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Entre febrero y mayo del presente año, la Defensoría de los Habitantes ha registrado un total de 80 denuncias de residentes de Hatillo, quienes aseguran que su derecho al acceso al agua potable se ve afectado y vulnerado, pues requieren del preciado líquido para satisfacer las necesidades básicas de consumo e higiene.

Producto de un recurso de amparo presentado por habitantes en marzo anterior contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) por la falta de acceso a este servicio público y a solicitud de la Sala Constitucional, la Defensoría remitió un informe técnico sobre las afectaciones de los y las vecinas de esa comunidad del sur de la capital.

Si bien se encuentra en un proceso de aprobación del informe final con recomendaciones del caso Los Hatillos, en términos generales la Defensoría expuso al Tribunal Constitucional que ha constatado que las acciones realizadas por el AyA no han sido suficientes ni oportunas para dotar del servicio en cuanto a cantidad, calidad y, especialmente continuidad para la población.

La Defensoría comparte el criterio de las personas recurrentes de responsabilizar al AyA para que se planifique, desarrolle y construya las soluciones que Los Hatillos y las demás comunidades afectadas por desabastecimiento requieren a corto, mediano y largo plazo, en aras de cubrir la demanda del servicio de acueducto, de modo que todas las personas puedan tener acceso al agua potable y satisfacer sus necesidades básicas.

Para esta Defensoría, Hatillo está enfrentando una situación crítica debido a los racionamientos programados y no programados, al incumplimiento de los horarios de abastecimiento comunicados, los extensos períodos de desabastecimiento, las dificultades que enfrenta la población para acceder al reparto de agua en camiones cisternas. Todo esto con la consecuente afectación del derecho al acceso al agua potable, el derecho a la salud y demás derechos vinculados a disponer de agua potable en cantidades suficientes para atender las necesidades básicas de la población, especialmente de aquellas personas en condición de vulnerabilidad, tales como niños, niñas, personas enfermas y adultas mayores.

De acuerdo con la información facilitada por el AyA a la Defensoría, el desabastecimiento y racionamiento que enfrenta Hatillo y muchas otras comunidades, dentro y fuera del Gran Área Metropolitana, se debe a causas multifactoriales, tales como el Fenómeno El Niño, el aumento en la demanda y consumo de la población en época seca, la reducción en las fuentes de producción durante la época seca, y la modificación en el comportamiento de las lluvias, así como factores asociados a una desordenada planificación territorial y a la falta de protección de las zonas de recarga acuífera.

No obstante, la Defensoría considera que uno de los factores de la crisis de abastecimiento de agua que enfrenta tantas comunidades, se debe a la inadecuada planificación y falta de ejecución de proyectos por parte del AyA, algunos se encuentran en desarrollo o incluso en una etapa incipiente, pese a ser una problemática de larga data que se extiende a la actualidad en perjuicio de las personas usuarias, deviniendo en una eventual responsabilidad administrativa de esa institución.

La Defensoría considera necesario que el AyA tome las medidas que se requieran con el fin de implementar las acciones útiles y conducentes para una planificación integral de las necesidades de inversión y mejora de la prestación del servicio, así como una ejecución eficiente de los proyectos y obras de infraestructura requeridas para satisfacer la demanda actual y futura del servicio en el sector de los Hatillos, contando con períodos razonables de ejecución y con rigurosidad y seriedad en el cumplimiento de los plazos de los procesos, en aras de que se garantice efectivamente el derecho humano al acceso al agua potable.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Análisis del comportamiento de la precipitación con base en el déficit y el superávit de lluvia

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Hace unos días el gobierno anunció racionamiento en el servicio de electricidad y agua potable del país debido a los bajos niveles de agua disponibles para la generación de energía y la presunta situación de sequía que enfrentamos.

En relación con esta problemática, el OACG en colaboración con la Doctora en Física, Ana María Durán Quesada y el candidato a doctorado en Hidrología, Nelson Venegas de la Universidad de Varsovia (Polonia), queremos compartir un breve análisis del comportamiento de la precipitación (con base en información global del producto CHIRPS que ha sido validado para la región, Arciniega et al. 2022 ) en donde comparamos el déficit y el superávit de lluvia para un periodo de 40 años (1981 al 2020) con el periodo que abarca de abril 2023 a marzo 2024.

Efectivamente, como resultado del impacto de la fase El Niño del fenómeno ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) se tuvo en el periodo de abril 2023 a marzo 2024 una reducción en la lluvia en las regiones Caribe y Pacífico Sur en comparación con el comportamiento promedio.

No obstante, de acuerdo con la información de CHIRPS, no hay evidencia de condiciones de sequía para la región central del país desde junio/julio 2023 al presente.

Por el contrario, se tuvo condiciones de lluvia cercana o incluso mayor con respecto al promedio desde octubre 2023.

Como muestran los mapas adjuntos, solo se presentó un leve déficit de precipitación en Guanacaste, pero con una duración hasta octubre 2023.

Desde ese momento, diferentes regiones del país experimentaron condiciones de lluvia normales o incluso con mayor cantidad de lluvia como fue el caso de noviembre.

Cabe destacar, que posterior a noviembre inicia la transición a la época seca, por lo que en este periodo la disminución de la precipitación es parte de las características climatológicas del país.

Durante marzo 2024, se observa condiciones secas propias de una época seca extendida por la influencia de El Niño. Esta condición es similar a las condiciones observadas durante eventos El Niño previos, aunque es importante mencionar que las condiciones secas en esta ocasión no fueron tan marcadas como en eventos El Niño anteriores.

En resumen, esta evaluación indica que el déficit de precipitación durante el reciente evento El Niño no ha sido tan marcado, incluso en periodos El Niño anteriores las condiciones deficitarias de lluvia fueron más severas.

El problema del recurso hídrico, tanto para consumo como para generación, sigue siendo un problema que resulta de la gestión ineficiente del recurso, infraestructura faltante u obsoleta y una toma de decisiones enmascarada por motivos políticos y no basadas en el interés de proveer de los servicios básicos a la población. *

*Esta publicación nace del compromiso de tres profesionales en el área del recurso hídrico con la importancia de la información basada en evidencia y no necesariamente refleja la opinión institucional de la Universidad de Costa Rica.

Fuente: Observatorio del Agua y Cambio Global – Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica: https://www.facebook.com/story.php?id=100057136965799&story_fbid=1037231108191445

Movimiento Asambleas Populares realizó desfile en defensa de agua

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El día 1 de mayo, se realizó un desfile del Movimiento Asambleas Populares. Este desfile contó con la participación de COOMUPROCAPE y del BROC (Bloque Revolucionario Obrero Campesino), entre otros movimientos las luchadoras del agua.

Gracias a la intervención de busetas, aportes económicos y otro tipo de insumos se logró materializar el mensaje que se pretende comunicar a través de cartulinas o pancartas, con la intención de mantener en firme los objetivos del desfile y lo que se pretende alcanzar con ello, entre los que se encuentra la defensa del agua como un derecho universal y no como un interés político.

La organización logró la meta de hacerse oír y llamar la atención de los demás ciudadanos, además de involucrar a más personas en la lucha a la resistencia al modelo neoliberal característico y cada vez más evidente del gobierno actual.

Lideresa ecologista de Cartago recibe premio por la defensa del agua

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  • Reconocida entre 150 mujeres de la región

El pasado 10 de mayo, se brindó un reconocimiento a mujeres valientes de la región. Tras la nominación realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Isabel Méndez Garita fue reconocida entre 150 mujeres de la región en la categoría de “Acción por el clima y las ciudades” debido a su lucha en cuanto al cuidado del agua por la acción contaminante del uso excesivo de pesticidas en su comunidad.

Este premio se le otorgó a Isabel por su trabajo durante el 2023 donde se destaca por la promoción y vocería principal de una campaña de recolección de firmas para solicitar al gobierno de Costa Rica la prohibición del Clorotalonil, y por el apoyo e impulso a la presentación del Proyecto de ley para la regulación de plaguicidas altamente peligrosos.

El premio lo otorga la organización Nosotras Women Connecting que es una organización con sede en Costa Rica, que promueve el liderazgo en niñas y mujeres de América Latina y Kenia, África.

En un emotiva actividad realizada en el Hotel Marriot Hacienda Belén, se celebró a estas mujeres de la mano de las Naciones Unidas, Organización Internacional para las Migraciones, Cooperación Internacional, jerarcas y sociedad civil, para conocer el impacto y trabajo que estas mujeres realizan desde sus espacios en su gestión ambiental.

Esta lideresa forma parte de la organización ecologista Frente EcoCipreses y entre sus agradecimientos Isabel expresa que “esta premiación es para todo el grupo, porque somos un grupo luchador que nuevamente está a la vista a nivel nacional e internacional”.

Isabel aseguró “Me siento muy orgullosa y muy agradecida con todos porque todos los días algo aportamos y algo hacemos por la lucha en la que estamos.”

La lucha del Frente Eco Cipreses ha sido una organización comunitaria constante y de gran importancia para el país. Este premio incluso se entrega en un contexto en el que la Unión Europea está aplicando normas para la reducción de los límites máximos de residuos de plaguicidas como el indoxacarb y el oxamyl, que es el tercer agroquímico más vendido en el país, esto debe aplicar tanto a los productos de consumo nacional como a los que son exportados a la Unión Europea.

Así mismo, este próximo 30 de mayo se vence el período en el que aún se puede adquirir y aplicar el clorotalonil y entrará en vigencia la prohibición, gracias a la acción de  este grupo comunitario cartaginés.

En la petición en línea que el año pasado  se recogieron más de cien mil firmas, Isabel decía “Desde hace 9 años varias mujeres de Cipreses y yo (Isabel) hemos estado luchando para que se prohíba, y ahora finalmente estamos logrando lo que tantas veces nos pareció imposible: ¡La sala constitucional de Costa Rica le ha dado seis meses al Poder Ejecutivo para prohibir el clorotalonil!”.

Han sido años difíciles en Cipreses, como cuenta Isabel: “además de no tener suficiente agua, mi hija, ha sufrido pólipos desde los 16 años y ahora ha perdido su olfato y gusto. Mi vecino tiene cáncer en la lengua, y a varias personas jóvenes les han diagnosticado cáncer estomacal. No es normal tener tanta enfermedad en un pueblo tan pequeñito, y desde que las pruebas de laboratorio confirmaron que el agua está contaminada, el gobierno nos ha dicho que no debemos tomar el agua del grifo”.

Además, como es cada vez más común en la región Latinoamericana, las personas defensoras del ambiente, aseguran que: “hay grupos locales que con el apoyo de la industria agroquímica nos han acosado, intimidado y amenazado de muerte por nuestro activismo”.

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.