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Minería amenaza agua y ecosistemas del río Ario en Cóbano

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Comunidad organizada de Cóbano emprende acciones legales para evitar explotación de río vital para el abastecimiento de agua

  • Comunidad organizada presenta recurso de amparo contra viabilidad ambiental por proceso irregular y en defensa de derecho constitucional al agua, la vida y un ambiente sano.

  • Director General de SETENA investigado por otorgar viabilidades irregulares autorizó viabilidad ambiental a empresa constructora cuestionada por actos de corrupción en caso “Cochinilla”.

  • Extracción se pretende en río ubicado en el Corredor Biológico Peninsular amenzando con contaminar las fuentes de agua cercanas para consumo humano del AyA.

Cóbano, miércoles 14 de agosto de 2024. La Alianza Comunitaria para el Ordenamiento Territorial (ACOT), conformada por diversas organizaciones locales y ambientales, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la Secretaría Técnica Nacional (SETENA) por otorgar la viabilidad ambiental a la empresa Constructora Herrera SA para su proyecto de extracción de material del cauce del río Ario. Mediante dcho recurso, el cual es tramitado bajo el expediente 24-020703-0007-CO, solicitan al Tribunal que ordene dejar sin efectos la resolución número 1078-2023-SETENA y que proteja al río Ario y a las comunidades de Cóbano, según lo exigen los derechos constitucionales al agua, a un ambiente sano, y a la vida.

El río Ario, ubicado a solo 240 metros del Refugio de Vida Silvestre Caleta-Ario, es un ecosistema de vital importancia biológica y ecológica. Forma parte del Corredor Biológico Peninsular, que conecta las áreas protegidas de la Península de Nicoya, y es crucial para la conservación de cuatro especies de tortugas marinas en peligro de extinción, así como para la preservación de manglares, estuarios y una rica biodiversidad terrestre y marina.

El barrido de los suelos del río para la extracción de materiales según se pretende amenaza este frágil ecosistema, poniendo en riesgo no solo la vida silvestre, sino también el recurso hídrico que abastece de agua potable a las comunidades locales de Bajos de Ario, Manzanillo, Bello Horizonte, Playa Hemosa, Santa Teresa y Mal País. Además, el río Ario fue identificado por el SINAC como un sitio prioritario para la conservación y es utilizado tradicionalmente por las comunidades locales para actividades recreativas y de subsistencia. Cualquier intervención en esta zona podría tener consecuencias irreversibles para la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, y el bienestar de las comunidades vecinas.

La extracción de materiales en el río Ario comenzó hace pocos años con permisos municipales para la reparación de caminos tras eventos naturales destructivos. Sin embargo, durante 2023, se observó un aumento significativo en las actividades extractivas, sin el debido control ambiental ni supervisión técnica, lo que resultó en contaminación por hidrocarburos y deterioro de la calidad del agua. Según un análisis realizado por el componente de Geografía y Diálogo de Saberes del Programa de Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, existen 8 concesiones que han sido dadas y que han puesto en riesgo al río, las cuales se detallan en el siguiente cuadro.

Cuadro 1. Solicitudes en causes de dominio público (CDP) en Río Ario de Cóbano, Puntarenas

Como es posible notar, en algunos casos el estado de la concesión no es claro, esto da paso a mayor incertidumbre y preocupación por la acumulación de impactos y proyectos en un mismo río. La información anterior, geolocalizada por el Programa de Kioscos Socioambientales, permite ubicar las zonas más afectadas y donde se encuentra mayor parte de las concesiones, según se evidencia en los siguientes mapa. En este se identifica con claridad la cercanía de la concesión pretendida por la empresa constructora con la unión entre el río Bongo y el Ario en Bajos de Ario (señalado en rojo).

Actualmente, la empresa Constructora Herrera S.A. ha solicitado una concesión de 10 años para extraer y procesar materiales pétreos en el río y la SETENA le ha otorgado la viabilidad ambiental para hacerlo. Preocupa que la decisión de SETENA se basara principalmente en declaraciones del gerente ambiental contratado por la empresa solicitante, sin considerar estudios exhaustivos sobre el impacto real ni realizar consultas con las comunidades. La SETENA desestimó las gestiones presentadas por ACOT y la denuncia de la ADI de San Ramón de Ario ante la Fiscalía, aceptando medidas de compensación insuficientes para mitigar el posible impacto, como por ejemplo la instalación de un aire acondicionado en una escuela pública.

La viabilidad ambiental otorgada está siendo fuertemente cuestionada debido a la grave preocupación generada entre la comunidad y los ambientalistas por el impacto potencial a largo plazo. Ante la alarmante afectación de la cuenca del río Ario que generaría la concesión minera, y frente al aparente desinterés de SETENA y la Dirección de Geología y Minas, la comunidad se mantiene unida en su lucha por la defensa de los derechos constitucionales. Desde el 27 de diciembre del 2023, organizaciones comunales del Distrito de Cóbano realizaron una petición expresando su posición ante la amenaza de minería de extracción en el cauce del río, la cual a la fecha cuenta con más de 2150 firmas. En este contexto, ACOT hace un llamado urgente al Gobierno Local y al MINAE para que promuevan una veda en el otorgamiento de permisos temporales para la extracción de recursos naturales en los ríos del distrito de Cóbano, y fomenten programas de conservación y restauración del entorno del río para preservar su biodiversidad y hábitat natural.

Condenas al AyA reflejan las fallas en la gestión del agua, asegura Defensoría

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Dará seguimiento a cumplimiento de planes de inversión y del plazo establecido por la Sala Constitucional

La Defensoría de los Habitantes afirmó que las recientes condenas contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) por parte de la Sala Constitucional son un reflejo que el regulador y operador del servicio de agua han fallado a la población.

Para tal efecto requiere, de manera urgente, una planificación e inversión que permita garantizar el derecho al acceso del agua potable a las comunidades, en especial, a las más afectadas durante los últimos años con faltantes del líquido por periodos prolongados.

La Defensoría de los Habitantes ha venido alertando sobre la crisis que ha atravesado el país en esta materia debido a racionamientos prolongados y contaminación, al punto que, ha sido necesario, incluso, presentar como institución, informes técnicos ante el Tribunal Constitucional. Es por ello, que cómo órgano de control de legalidad dará seguimiento al cumplimiento del plazo otorgado por la Sala IV para satisfacer las necesidades de las poblaciones afectadas y además, seguirá pidiendo cuentas de los avances en los planes de inversión anunciados.

La Defensoría viene insistiendo en que el país debe implementar, con prioridad y previsión, una adecuada gestión integral del recurso hídrico, pues de lo contrario, el impacto para el próximo verano podría ser muy grave para las comunidades del Gran Área Metropolitana.

“Hay que aceptar que existe una crisis de gestión hídrica y en ese sentido, se vuelve indispensable que las medidas a implementar se dirijan más allá de acciones paliativas, porque es evidente que han resultado insuficientes ante la grave problemática. Se necesita una planificación y ejecución más eficiente de proyectos de infraestructura a mediano y largo plazo. Es imperativo que todos los prestatarios del servicio de agua potable actúen con urgencia para resolver los problemas existentes y aseguren una gestión sostenible del recurso hídrico”, recalcó la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

Conversatorio Defensa del agua en comunidades rurales – en Alternativas

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En este conversatorio del programa Alternativas participaron Ana María Montenegro e Isabel Méndez, lideresas comunitarias e integrantes del Frente Eco Cipreses y Dylanna Rodríguez, socióloga e investigadora en temas de agua y defensa comunitaria de bienes comunes. 

Las lideresas comunales expresan las condiciones en las que se encontraban las fuentes de agua a las que acceden, por ejemplo la contaminación de las aguas con agroquímicos derivados del Clorotalonil. A pesar de las denuncias y esfuerzos realizados, persiste la contaminación del agua en las nacientes de agua de la región de Cipreses de Cartago. De acuerdo con Isabel Méndez, hay una restricción sanitaria en la ASADA de la región y les prohíben el consumo del agua por el grado de contaminación que poseen, por lo que diariamente deben de recoger agua brindada por un camión cisterna y llevan meses experimentando estas condiciones. 

Por las condiciones que enfrentan en tanto les han privado de agua, utilizan el agua para lavar ropa, lavar baños, bañarse y demás a pesar de que hay una restricción ya que el agua no es potable y permanece contaminada. Además, tal como lo señala Méndez el agua de cisterna no alcanza por la cantidad de personas que hay en cada hogar y las necesidades que presenta cada miembro del hogar.

Por otra parte, Ana María Montenegro menciona que no hay suficiente acceso a información puesto que todavía una parte de la población consume agua del grifo la cuál no es consumible. También señala el interés por investigar el alcance de la contaminación en Oreamuno de Cartago, y no señala la responsabilidad sobre las personas agricultoras pero sí hace un llamado a las instituciones para realizar investigaciones y atender las denuncias porque es una manera de validar las necesidades y luchas de las comunidades.  

Desde el aporte de Dylanna Rodríguez, el caso de la lucha por la defensa del agua y el caso de Cipreses son ejemplos del extractivismo que se ha fortalecido en los últimos años. Rodríguez destaca la presencia de quebradores y la extracción de la naturaleza para ser utilizada como materia prima de exportación. Asimismo, el agua es un bien público que entra en disputa en tanto es consumido por proyectos de riego y otras entidades privadas, mientras que las comunidades tienen restricciones de acceso y uso de agua. 

Por eso, desde las tres perspectivas se comprenden los alcances de la privación del agua y los recursos naturales sobre la vida de las personas y comunidades en lucha. 

Se invita a observar el video y escuchar a las mujeres que participaron de este conversatorio para conocer de las luchas locales y la defensa del agua liderada por mujeres.

Para ver el video del conversatorio, ingrese en este enlace.

Denuncian ante el AyA a la ASADA de Cipreses de Oreamuno por su mala administración

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La población que recibe agua de la ASADA de Cipreses de Oreamuno ha denunciado múltiples veces la mala administración que tiene el AyA en la misma, debido a que sólo los ingenieros del AyA a cargo de la visita evidencian lo que se denuncia, como la falta de mantenimiento y planes operativos en esta ASADA a los tanques de agua «potable», amparados por el ente rector.

Estos han tomado una nueva denuncia en contra de la administración del AyA elevando y dirigiendo la denuncia al Ministerio de Salud, ya que la población al abrir la llave para adquirir agua potable directamente de los tanques de la ASADA sale el agua con líquenes o musgo. Prueba clara que nadie los lava.

En tal caso hay una sistemática violación del decreto n• 38942-S por parte de los funcionarios de esta ASADA, la cual la comunidad no ha pasado desapercibida, donde estos exigen que se haga una aplicación del mismo, ya que estos se encuentran con gran molestia el estar cancelando cada mes un recibo por servicio de agua el cual no es potable, pagando casi el mismo monto cuando son más de 8 horas diarias de desabastecimiento. 

Carta presentada para la denuncia:

Estimados señores, con gran molestia me dirijo nuevamente a ustedes para denunciar lo que debería de ser una vergüenza para ambas instituciones a cargo de salud  pública y del agua potable para la población más vulnerable (zonas rurales).

Está semana leí dos informes elaborados por ambos despachos, sobre las visitas o atención de denuncias a la ASADA de Cipreses de Oreamuno dónde se contradicen, sólo los Ing del AyA cargo de la visita evidencian lo que a continuación denuncio, la falta de mantenimiento y planes operativos en esta ASADA a los tanques de agua «potable», amparados por el ente rector.

El pasado 08 de junio del presente me dirijo con otra persona al tanque ubicado al costado del edificio de la ASADA para recoger agua en cubetas previamente lavadas, y no puedo decir que pra mi sorpresa, porque cuando se trata del agua por años ya hemos visto de todo, al abrir la llave sale el agua con líquenes o musgo. Prueba clara que nadie los lava.

 Señores es como para sentir vergüenza de sus labores, es con la salud de más de 3.000 personas con las que JUEGAN, por favor cuanto se van a tomar sus labores con seriedad y responsabilidad? ¿Qué esperan una epidemia? O algo peor? Cuánto tiempo tenemos que esperar a ver que YA tomen cartas en este asunto y cumplir primero desde adentro el reglamento para la calidad del agua potable??

La sistemática violación del decreto n• 38942-S por parte de los Funcionarios de esta ASADA no ha pasado desapercibida pro que los mismos despachos encargados de salvaguardar y aplicarlo se hagan de la vista gorda es inaudito por favor tomen un poquito de conciencia, espero poder ver un cambio de actitud de parte de ustedes y se tomen  cartas en el asunto, pro más aún ACCIONES y prontas!!

Me parece sumamente vulgar y descarado cancelar cada mes un recibo por «servicio» de agua que NO es potable, pagando casi el mismo monto cuando son más de 8 horas diarias de desabastecimiento y ahora sumando la  desconfianza que ustedes nos generan en cuanto al manejo y abordaje de este tema y otros relativos a esta ASADA.

La nota fue enviada a SURCOS por Ricardo Rivera Rojas.

Organizaciones se manifiestan contra políticas y proyectos que privatizan el agua y los ríos

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En el marco de la Fiesta del Agua, llevada a cabo el pasado 1 de junio en la comunidad Longo Mai, comunidades y organizaciones se encontraron con urgencia frente a múltiples proyectos que han venido privatizando el agua y los ríos del país, donde estos están generando una contaminación sobre la biodiversidad por medio de agroquímicos, como la destrucción por medio de los quebradores en los cauces de los ríos y proyectos hidroeléctricos, los cuales están poniendo en riesgo no solo el  acceso al agua potable, sino que también están provocando una disminución en el caudal de los ríos. 

Estas comunidades y organizaciones seguirán en la lucha por la prohibición del clorotalonil, el frente contra las represas hidroeléctricas y la intervención del código de minería.

Estas organizaciones hacen un llamado a la población a desarrollar grupos para la defensa del agua para la vida.

Concejo Municipal de Montes de Oca exige al AyA respetar derecho humano de acceso al agua potable y poner fin a los racionamientos

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El pasado lunes 3 de junio, el Concejo Municipal de Montes Oca aprobó en forma unánime una moción presentada por el regidor Jorge Mora Portuguez y apoyada por otras regidurías, para solicitar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) el fin de los racionamientos de agua y el respeto al derecho humano de acceso a esta reconocido en nuestra Constitución Política. A continuación, se transcribe el acuerdo suscrito:

Considerando:

Primero. Que el acceso al agua potable en calidad y cantidad aceptables son un derecho humano fundamental reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidades desde el año 2010; y así establecido en el artículo 50 de nuestra Constitución Política:

Artículo 50. “Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones”. 

Segundo. De conformidad con la Sala Constitucional y con la Procuraduría General de la República: “El denominado servicio público universal de suministro de agua potable se relaciona de forma inherente con la garantía del derecho fundamental al agua potable. En este sentido, el suministro de agua potable constituye un servicio público esencial y oneroso. La jurisprudencia de la Sala, en materia de suministro de agua potable, se ha dirigido fundamentalmente a la protección del derecho a la vida y a la salud de las personas físicas. Esos derechos implican la posibilidad de exigir ciertas prestaciones del Estado, ámbito en el cual el Estado se ve obligado a proporcionar algunos servicios públicos, sobre todo los que resultan esenciales para mantener condiciones sanitarias favorables a la preservación de la vida y la salud de las personas. De este modo, garantizar la pureza del líquido para consumo humano, así como la continuidad en el suministro de éste, forman parte de un debido y eficiente servicio al abonado, y a su vez garantiza sus derechos fundamentales más elementales. Por consiguiente, se puede asegurar que el abastecimiento de agua potable constituye un servicio público esencial, al que le son aplicables también los principios generales de los servicios públicos establecidos por el artículo 4° de la Ley General de la Administración Pública y lo dispuesto por la Sala Constitucional sobre el derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos (sentencia número 2386-2006 de las 10 horas 57 minutos de 24 de febrero de 2006. Voto no. 17397-2019 de las de las 12 horas 54 minutos de 11 de setiembre de 2019 y dictamen de la PGR PGR-C-067-2022.

Tercero. Que a pesar de lo anterior el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados viene aplicando desde el 22 de marzo de este año, racionamientos de agua en el cantón de Montes de Oca, y otros cantones del país; que ocasionan graves perjuicios a la población en materia de salud, higiene, alimentación. Pero que también afecta a los niños y niñas en edad escolar, atenta contra el derecho a la educación y genera graves impactos en comercios, especialmente de venta de comidas.

Cuarto. Que estos racionamientos no solo son producto de la escasez de lluvias que se preveía que habría este año; del cambio climático global, y de fenómenos como la Niña; sino que se deben sobre todo a la mala planificación, a la falta de previsión y a los recortes presupuestarios que ha sufrido el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Proyectos como Orosi 2 y otros similares que fueron paralizados por la actual administración son fundamentales para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable a nuestra población.

Por lo tanto, este Concejo Municipal acuerda:

Primero. Solicitar al AyA suspender de forma inmediata los racionamientos de agua en el cantón de Montes de Oca y en los demás cantones donde estén dando.

Segundo. Solicitar al AyA la puesta en marcha de todas las acciones necesarias, las medidas de contingencia que correspondan y el desarrollo de la infraestructura, entre esta del proyecto Orosi II, dirigidas a garantizar el suministro de agua potable en forma continua tal como es el deber de esta institución.

Tercero. Solicitar a la Administración en la persona del señor Alcalde que se realicen los estudios y cálculos financieros para determinar los costos de la eventual colocación de tanques para agua potable en las escuelas y colegios públicos del cantón, CEN-CINAI, CECUDI, centros de atención de adulto mayor, para garantizarles un suministro constante de agua potable.

Cuarto. Enviar este acuerdo a todos los demás gobiernos locales del país para que se pronuncien en la misma forma, así como a la Defensoría de los Habitantes, la Junta Directiva del AyA y a Casa Presidencial.

Pronunciamiento de organizaciones y comunidades por al defensa del agua y los ríos

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Longo Mai, 2024

Este 1° de junio del 2024 representantes de organizaciones: Frente Ecocipreses, Ríos Vivos y Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, nos hemos reunido con preocupación y urgencia, frente a las múltiples formas en las que gobiernos neoliberales en alianza con corporaciones, han venido privatizando los ríos del país.

Nos queremos pronunciar con indignación contra la contaminación del agua con agroquímicos, los quebradores en los cauces de los ríos, proyectos de riego para monocultivos y proyectos hidroeléctricos. Todos esos proyectos mal llamados de desarrollo, han saqueado por años nuestros territorios y ponen en riesgo el acceso al agua para consumo humano, no solo por su calidad sino porque han provocado disminución de los caudales.

Queremos señalar que las comunidades aquí representadas, seguiremos luchando y construyendo propuestas para la defensa de nuestros territorios. Estaremos vigilantes de las formas en las que operan las instituciones estatales y las políticas públicas que se crean. Además, como organizaciones comunitarias, nos comprometemos a:

– Vigilar que se consolide la prohibición del clorotalonil en el país.

– Seguiremos construyendo las vías para qué se intervenga el código de minería.

– Oponernos al proyecto de ley del armonización del sistema eléctrico nacional.

– apoyamos a la comunidad indígena Rey Curré en su iniciativa para desarrollar una ley o normativa forestal de aplicación en su territorio bajo el principio de autonomía de los pueblos indígenas.

Invitamos a las personas, organizaciones y comunidades, a que se organicen en la defensa del agua para la vida. 

#aguaparalavida #rioslibres

Nota:

Este comunicado se emitió durante la Fiesta del Agua en Longo Mai, Buenos Aires, una celebración anual que incluye talleres, charlas, actividades para niños, una feria agroecológica y música. Este evento contó con el apoyo de los Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, la Vicerrectoría de Acción Social, el TCU-590 de Kioscos Socioambientales, Caravanas por la Defensa de la Vida y la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas.

Kioscos Ambientales UCR

Alternativas. Crisis de servicios: ni agua ni luz

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A partir de un intercambio con el sociólogo y politólogo Jorge Coronado Marroquín, en el Programa Alternativas Jóvenes, moderado por Alejandro Retana y Rebeca Astorga González, ambos estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, se discute la situación que enfrentan los ciudadanos del país ante el corte de servicios públicos como el agua y la electricidad. El objetivo del programa Alternativas Jóvenes es integrar a personas jóvenes en las discusiones con temas de pertinencia a nivel nacional y regional, siendo así el tema del abandono institucional hacia las necesidades básicas y derechos de acceso al agua y electricidad. 

El invitado, Jorge Coronado Marroquín señala que el recurso hídrico es una necesidad humana y que hay que visibilizar aún más los movimientos y grupos que buscan reivindicar el acceso al agua y electricidad pero el obstáculo está en que a nivel nacional, estos derechos (educación, luz, agua, etc) se perciben como servicios públicos, por lo que en la agenda política es un tema que se ha aplazado por varios años y en meses más recientes ha salido a la luz. 

Asimismo, en esta conversación se señala que hay muchas instituciones de Costa Rica que resguardan el bienestar de los ciudadanos pero, también hay otras instituciones que actualmente son ineficientes y no cumplen con garantizar los derechos de las personas. 

A propósito de las luchas sociales; el invitado reitera que la ciudadanía tiene un precedente histórico de incidencia política en tanto se ha manifestado en contra de propuestas de la agenda política, por ejemplo en el año 2000 contra el Combo Energético de Costa Rica. Son ese tipo de luchas las que se deben retomar hoy para hacerle frente a las decisiones del gobierno y la privatización de los servicios públicos. Y es que, los costarricenses solemos trasladar la responsabilidad de actuar a modo de protesta hacia otras personas y se debilita la unión y fuerza nacional ante una conducta pasiva. Esta cualidad nos hace tolerar la violencia contra nuestros derechos, al mismo tiempo que legitima las decisiones gubernamentales que implican la inserción de empresas privadas en la agenda política. 

Por eso, se insta a que haya firmeza en las posturas que desean defender el bien común, salir a las calles a organizarse y manifestarse ante la acción del gobierno y las instituciones públicas, y en el caso de las ciencias sociales; vincular el quehacer profesional con las necesidades de la gente, situar la teoría en la universidad pero retomar la acción en las calles. A partir de la discusión se motiva a dejar el elitismo en la universidad y sindicatos y acercarse realmente a las poblaciones y minorías invisibilizadas y atacadas.  

Jorge Coronado Marroquín indica que si el país vende energía a la región centroamericana por medio del Mercado Eléctrico Regional (MER) desde hace aproximadamente 25 años, no se puede hablar de un racionamiento eléctrico a nivel nacional y que, si hay racionamiento eléctrico se está hablando de una crisis a la cuál hay que atenderla con urgencia. 

Por medio del referéndum que se ha especulado, la ciudadanía puede involucrarse en la toma de decisiones respecto a distintos proyectos de ley como el de quitarle su autoridad como ente rector al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y transformarlo en un operador más, porque la ciudadanía está en una lucha constante de ejercer sus derechos y de encontrar maneras de participar activamente a favor o en contra de los intereses privados que giran alrededor de las decisiones y modos de actuar institucionales. 

Si bien hay fuerzas sindicales y gremiales que hacen esfuerzos por romper con la dinámica incidente de los intereses privados en la agenda pública, son voces silenciadas a cambio de puestos políticos o gerenciales, es decir que hay un riesgo de ceder a la corrupción. https://www.facebook.com/AlternativasGrecia/videos/crisis-de-servicios-sin-agua-ni-luz/1075696903968410/?mibextid=RUbZ1f 

¿Y el agua?

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El pasado 4 de mayo de 2024 se le envió al presidente de la república Rodrigo Chaves y al presidente ejecutivo del AyA un correo electrónico junto con una recolecta de firmas, esto para solicitar la declaratoria de emergencia de la situación del agua y el ambiente, considerando, en el caso general de la situación del acceso del agua en calidad, cantidad, etc., como lo indica el artículo 50 de nuestra Constitución y convenios internacionales ratificados por Costa Rica, es indispensable una buena administración y planificación por parte del AyA para las comunidades que les hace falta este vital líquido: el agua, expresado en el presente texto.

San José, Costa Rica

Sábado 4 de mayo del 2024

Al señor Presidente de la República

Sr. Rodrigo Chaves Robles

Estimado Señor,

La crisis de acceso al agua potable en Costa Rica es indiscutible. Las familias costarricenses sufren desabastecimiento y contaminación en las zonas de captación. Lo que limita su derecho humano al recurso hídrico. Ante esta situación y considerando:

  1.     Que el pasado 23 de abril el señor Juan Manuel Quesada Espinoza, como Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, declara desafortunadamente e incompetentemente que no puede ejercer su labor de dar agua a las comunidades.
  2.   Que el Informe del Estado de la Nación 2023 indica que “las razones que explican los problemas de disponibilidad de agua varían según el sistema y la zona geográfica. Sin embargo, en términos generales, varios factores los originan, tales como la variabilidad y el cambio climáticos, el estado de la infraestructura hídrica, la contaminación antropogénica y natural, la poca planificación urbana, el crecimiento de la población, así como la baja inversión que realizan algunos acueductos —principalmente comunales en temas de protección de fuentes y control de fugas” (PEN 2023, Pág. 39). Este informe también señala que, en 2022, del total de agua extraída por el AyA, “el 57% se perdió por fugas, rebalses de tanques, errores de micromedición, entre otros.” (PEN: 2023, Pág.27)
  3.   Que la Contraloría General de la República indica que “la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del AyA, no ha sido eficaz en incidir en las poblaciones en condición de vulnerabilidad, ya que únicamente el 1,6% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país, según el Índice de Desarrollo Social de 2023, tienen inversiones programadas en saneamiento y solo el 16,7% en agua potable; asimismo, solo el 41,6% de los distritos identificados como más vulnerables según el Índice de Vulnerabilidad Comunitaria al Agua Potable del AyA de 2021, tienen inversión programada.” (Informe DFOE-SOS-IAD-00003-2024, Pág.32
  4. Que las condiciones climáticas son cada vez peores y que el Secretario General de la ONU ha indicado que “la era del calentamiento global se ha terminado; ha llegado la era de la ebullición global”, (…) tras alertar a la comunidad científica de que julio de 2023 ha sido el mes más caluroso de los últimos 120.000 años.” (ONU: 2023). En particular, “las temperaturas promedio anuales en Costa Rica aumentaron de 27,9°C en 1990, a 28,4°C en 2022 (IMN, 2023)” (PEN: 2023, Pág. 46), lo que pone en riesgo la disponibilidad del agua potable en el transcurso de la variabilidad climática anual.
  5.   Que, mediante resolución de la Sala Constitucional, profesionales del SENARA, acompañados por técnicos del Minae, Salud, MAG, INVU y AyA, elaboraron un procedimiento (matriz) que permite proteger las aguas de fuentes subterráneas. Dicha matriz, eventualmente reafirmada por el Tribunal Contencioso Administrativo, según la vulnerabilidad de los acuíferos, considera aspectos, como, la localización de los mismos, el espesor de las capas geológicas, la profundidad del agua, las actividades a desarrollar en la superficie, los materiales contaminantes que pudieren usarse, según sean las características del suelo y las particularidades de los proyectos a desarrollar. En conjunto, permite clasificar cuán vulnerable es o no un acuífero.

Clasificación que va de NULA a EXTREMA, con calificaciones intermedias de baja, mediana y alta. Así, según sea la ubicación, así también serán las medidas que habrán de cumplirse para garantizar que tan fundamentales fuentes de agua potable (¡más del 70% del abastecimiento proviene de acuíferos subterráneos!) pueda mantenerse en el tiempo, por lo que es imprescindible aplicar la Matriz para proteger las aguas subterráneas.

  1.   Que el crecimiento territorial desordenado y la gentrificación de algunos territorios pone en riesgo la protección de las zonas de recarga acuífera y la distribución equitativa y sostenible del recurso hídrico. Al respecto, el Informe del Estado de la Nación 2023 detalla que “se debe reiterar la ausencia de regulación local en gran parte del país (Sánchez, 2021; Pérez et al., 2022; PEN, 2022) (…) En la actualidad, once cantones de la GAM carecen de PRC [Plan Regulador Cantonal]. (…) La mayoría de los cantones de Heredia y el cantón de Poás, carentes de PRC, incluyen las zonas de recarga de los acuíferos más importantes del país. (…) De forma adicional, los instrumentos de ordenamiento territorial existente muestran problemas de actualización: de veinte cantones con PRC vigentes, solo seis los han actualizado (o implementado por primera vez) durante la última década (Pérez, 2023).” (PEN 2023, Págs. 212-213).
  2.   Que la gran cantidad de vecinos de diversos sectores del país, cantones como Alajuela, San Vito de Coto Brus, Alajuelita, Desamparados, Goicoechea, Moravia, Coronado y Cantón Central de San José (incluido Hatillo, San Sebastián, Pavas y La Carpio) han realizado manifestaciones públicas solicitando soluciones prontas y cumplidas que en pocas ocasiones se han materializado. A la fecha de emisión de este documento, muchas de estas comunidades siguen reportando disminución o ausencia total del servicio de agua potable lo que afecta la salud de las familias, dificulta el cuido de adultos mayores, niños y personas enfermas, ralentiza el comercio e impide inclusive la asistencia a centros educativos, vulnerando así no solo el derecho humano al agua potable sino al trabajo y a la educación.
  3.   Que el Artículo 50 de nuestra Constitución Política establece que “toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la Iey que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.” El acceso al agua potable es, por tanto, un servicio necesario para la vida y la salud de la población. En donde, el derecho a la vida y a la salud de las personas es un derecho fundamental, los cuales se tornan en bienes jurídicos de interés público y ante ello, el Estado tiene la obligación inexorable de velar por su tutela.
  4.   Que el Artículo 140 de nuestra Constitución política faculta al Poder Ejecutivo a adoptar y generar medidas de salvaguarda inmediatas cuando tales bienes jurídicos, como la vida y la salud, están en amenaza o peligro. Y que de ahí se deriva la facultad contenida en el Artículo 29 de la Ley N°8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.

Por lo tanto, solicitamos respetuosamente que el Poder Ejecutivo Se declare Estado de emergencia hídrica para las comunidades del Valle Central ( Zapote, Desamparados, Goicoechea, Coronado, Carpio, Hatillo, Paso Ancho, San Sebastián, San Pedro Montes de Oca, Alajuelita, Moravia, Pavas y en las Provincias cantón de San Vito de Coto Brus, cantón de San Ramón, cantón Central de Alajuela, la Guácima, debido a la situación de emergencia del recurso hídrico, el desabastecimiento de agua potable y contaminación de zonas de captación de la Zona Norte, Faldas Volcán lrazú, Cantones de Siquirres, Guápiles, Cariari, de esta manera se priorice de forma inmediata la inversión en infraestructura y mantenimiento para garantizar que las comunidades actualmente vulneradas cuenten con el servicio pleno, según el artículo 50 de la Constitución Política.

Imagen ilustrativa, UCR.

Una ecuación sin resolver: explosión inmobiliaria, demanda y escasez de agua en el litoral guanacasteco

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Arturo Silva Lucas
Esteban Barboza Núñez

Los distritos costeros de Guanacaste que concentran los mayores índices de crecimiento inmobiliario también presentan serias limitaciones en la gestión del agua potable. La ubicación de acueductos rurales, también conocidos como ASADAS, que no cuentan con la factibilidad técnica para otorgar nuevas disponibilidades de agua en el litoral de la provincia coinciden con la localización de los nichos de fuerte oferta turística residencial y de alta demanda del recurso hídrico de los últimos 10 años, pero especialmente después de la pandemia de 2020. Esto se desprende de datos recopilados de distintas fuentes y analizados por el Observatorio de Turismo y Migraciones de la Región Chorotega (OBTUR).

Según la información analizada, actualmente existen 22 ASADAS sin factibilidad técnica para otorgar nuevos permisos de agua particulares. Estos acueductos rurales operan en o alrededor de los principales polos de actividad inmobiliaria a lo largo de la costa guanacasteca en la actualidad. De este total, 17 acueductos se aglomeran alrededor de cuatro importantes distritos turísticos de Guanacaste Norte. Estos son Sardinal, vinculado con Playas del Coco, en el cantón de Carrillo; en el cantón de Santa Cruz encontramos a Tamarindo y Tempate, este último un distrito en el cual resalta Playa Potrero; y, en ese mismo cantón, Cabo Velas, en donde se ubican las playas de Flamingo, Conchal y Grande entre otras.
En menor número, cinco ASADAS imposibilitadas de dar nuevas disponibilidades de agua se ubican en las costas de Guanacaste Sur. Una en Playa Lagarto, en el cantón de Santa Cruz; tres en el cantón de Nicoya -Playa Nosara, Sámara y El Torito, esta última también en Sámara-; y una en San Francisco de Coyote, en el cantón de Nandayure. En el caso de todas las ASADAS sin factibilidad técnica, las razones tienen que ver con insuficiente capacidad hídrica; es decir, no cuentan con el recurso suficiente o con los medios de extracción necesarios para satisfacer la demanda de futuros usuarios.
Como se puede ver en los siguientes mapas, es muy clara la coincidencia entre los distritos que presentan mayor desarrollo inmobiliario en la provincia, y la falta de agua en esos mismos distritos. Las coincidencias son evidentes, y dejan claro que el problema es alarmante, en el sentido que el desarrollo inmobiliario ha sido rampante, especialmente en los últimos cuatro años, y por el momento tiene tendencias a continuar:

Figura 1. Mapas de las regiones costeras de Guanacaste. A la izquierda, nombre y ubicación de cada una de las ASADAS declaradas con no factibilidad técnica para otorgar nuevas concesiones de agua a usuarios en la actualidad. A la derecha, los distritos que presentaron mayor cantidad de metros cuadrados aprobados para la construcción de proyectos inmobiliarias en Guanacaste en el año 2023, según datos del CFIA. Elaboración propia.

Como ya hemos advertido en reportajes anteriores, las costas de Guanacaste experimentan un desarrollo inmobiliario explosivo a partir del año 2020. Si bien es cierto, había un crecimiento sostenido antes de ese año, a partir de la pandemia global por COVID 19 distritos como Tamarindo, Sardinal, Cabo Velas y Nosara registraron incrementos en la construcción de proyectos habitacionales sin precedentes desde la crisis del 2008. Al igual que sucedió en ese periodo, el agua parece estarse transformando en un elemento en disputa y en una potencial causa de conflictividad entre los diferentes actores, entre ellos inversionistas, gobiernos locales, instituciones estatales y comunidades locales. Además, una vez más están quedando en evidencia las inconsistencias entre el modelo de desarrollo turístico e inmobiliario hegemónico del litoral de Guanacaste y los recursos locales disponibles, lo que, a su vez, torna a este modelo en volátil e insostenible.
Es preocupante, a partir de lo que se puede observar en los mapas, la aguda crisis hídrica que experimentan los distritos de Tamarindo y Cabo Velas, donde precisamente se ubica la mayor cantidad de ASADAS sin factibilidad técnica y que, según se puede apreciar en el siguiente gráfico, son de los que mayor inversión inmobiliaria han recibido en los últimos cuatro años. También es posible observar cómo, en los últimos años, tanto el aumento del desarrollo inmobiliario como la falta de agua se están desplazando cada vez más hacia el sur de la provincia, especialmente a los distritos de Nosara y Sámara, con tres ASADAS imposibilitadas de otorgar nuevos permisos, pero con importantísimos aumentos en la cantidad de metros construidos después de la pandemia.

Figura 2. El gráfico muestra los siete distritos costeros con mayor cantidad de metros cuadrados aprobados para la construcción de proyectos residenciales en Guanacaste durante los últimos nueve años. Nótese los cambios bruscos en la cantidad de metros cuadrados a partir del 2020. Fuente: elaboración propia a partir de estadísticas del CFIA.

Ante estos datos surgen varias preguntas. En primera instancia, ¿cuáles son los procesos y mecanismos que existen y que están facilitando la puesta en marcha y la continuidad del incremento de los permisos de construcción, y de la construcción de proyectos inmobiliarios, a pesar de la escasez de agua y la imposibilidad técnica de otorgar agua en muchas de las ASADAS aledañas? ¿Cuál es el lugar del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el de los gobiernos locales en cuanto a este problema? Y más importante aún, ¿Cuáles son las consecuencias a mediano plazo en la región ante la alta demanda del recurso hídrico y su escasez?
En cuanto a esta última pregunta, es bien probable que se vislumbre un panorama conflictivo, como ha sucedido históricamente en Guanacaste en las últimas décadas cuando se enfrentan intereses opuestos alrededor de la gestión del agua y los modelos de desarrollo turístico e inmobiliario dominantes. También es probable que el mismo modelo de desarrollo se vea comprometido a mediano plazo, a pesar del incremento en la inversión inmobiliaria actual, precisamente debido a la insostenibilidad de este en relación con los recursos disponibles y su gestión a nivel regional.
Finalmente, queda en evidencia la vulnerabilidad de las comunidades locales y su acceso al agua en comparación con los intereses financieros de grandes capitales que se desplazan libremente a nivel transnacional, y que fácilmente parecen disponer de los recursos vitales para su funcionamiento, como el agua, y en caso contrario, pueden procurar otros entornos para invertir en otro lugar, si el sistema en Guanacaste llegase a colapsar.
Este último elemento deja en evidencia, una vez más, la dependencia del desarrollo turístico e inmobiliario de la provincia de factores externos y bastante ajenos a su control desde lo local; las crisis socioambientales que se pueden generar a partir de este modelo de desarrollo y su poco articulada planificación; y, lo más importante, la afectación a las comunidades locales y a los recursos naturales de los que dependen para existir.

Fuente: https://www.obtur.una.ac.cr/index.php/una-ecuacion-sin-resolver-explosion-inmobiliaria-demanda-y-escasez-de-agua-en-el-litoral-guanacasteco