La Constitución Política de Costa Rica establece la trasferencia del 8% del Producto Interno Bruto para la educación pública, hoy es de conocimiento público el incumpliendo de este mandato constitucional, mismo que ocasiona graves impactos a la sociedad, tal es el severo deterioro de las oportunidades educativas para la niñez y juventud, el rezago contundente en sus conocimientos y competencias creando un retroceso en el desarrollo y avance del país.

 La esencia de la educación es un pilar fundamental en nuestro país, hoy la disminución y la violencia a su presupuesto solo evidencia el aumento de la crisis social y económica que ya enfrentamos como sociedad.

Desde el Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal, conforme lo resuelto por la Asamblea en su sesión plenaria LXXVI del 20 de julio de 2024, manifiesta su apoyo y respaldo a las acciones democráticas y pacificas que promuevan la defensa del 8% del Producto Interno Bruto para el presupuesto de la educación pública costarricense, promovidas por los diversos sectores, organizaciones sociales y productivas que la integran.

Respaldamos la lucha justa de la ciudadanía, los sectores sociales y los sectores laborales, para enfrentar de manera propositiva la peor crisis educativa de los últimos 40 años.

Creemos en que los mecanismos de diálogo son necesarios y legítimos para enfrentar la crisis del país, por lo que desde la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, seguimos insistiendo propositivamente que la democracia de nuestro país se fortalece con la educación pública.

Hacemos un vehemente llamado a las autoridades de gobierno hacia el respeto del mandato constitucional del 8% del PIB para la educación y la apertura de canales de diálogo que hagan posible el fortalecimiento de la educación Pública.

¡LA HISTORIA NOS RECUERDA QUE EN COSTA RICA DECIDIMOS INVERTIR EN EDUCACIÓN Y NO EN ARMAS, ASÍ SE DEBE CONTINUAR!