En el marco del V Congreso Universitario, los estudiantes de la Universidad Nacional (UNA) dieron a conocer un manifiesto, que fue aprobado por la Asamblea Universitaria. En el escrito, recuerdan el papel de las universidades públicas de Costa Rica, lo que representan para las familias y comunidades del país, denuncian la violencia estructural de la que son objeto, las implicaciones de su desfinanciamiento e invocan al diálogo. El documento presenta una petitoria de nuevo puntos.
Se reproduce textualmente el manifiesto.
Manifiesto del movimiento estudiantil (FEUNA) en el V Congreso de la Universidad Nacional
Universidades públicas: raíz, memoria viva y lucha por el presente y el futuro de Costa Rica
“VIOLAR LA LEY DEL IMPERIO ES DEFENDER LOS DERECHOS DEL PUEBLO”
Reunidos en el Centro Universitario Emilia Prieto Tugores, de la Universidad Nacional, Heredia, el 24 de abril, 2026, las personas estudiantes señalamos que el V Congreso evidencia la fortaleza de la universidad pública costarricense, basada en el diálogo y la construcción de conocimiento, en colaboración con la sociedad y el estado, que procura contribuir a la atención de las demandas de los sectores y comunidades vulnerabilizadas por el sistema económico, social, político y cultural vigente. En consecuencia, sometimos al apoyo de las y los congresistas el presente pronunciamiento con el beneplácito mayoritario que hacemos de conocimiento público.
Las universidades públicas de Costa Rica no son cifras aisladas ni instituciones desconectadas entre sí; constituyen, en conjunto, una red viva que expresa una identidad compartida como país. Desde la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional no solo se forman profesionales, se forma ciudadanía. En nuestras aulas convergen personas provenientes de distintos territorios, realidades y contextos, que aprenden no solo contenidos académicos, sino también a convivir, debatir y construir colectivamente. Esa experiencia compartida va tejiendo un profundo sentido de pertenencia que trasciende lo individual y que fortalece un proyecto común de país.
En nuestras aulas, cada estudiante que accede a la educación superior pública encarna una historia colectiva: la de familias que depositan esperanza, comunidades que proyectan desarrollo y territorios que encuentran en la universidad una presencia transformadora. La universidad pública representa, para muchas personas, la posibilidad real de movilidad social, de romper ciclos de exclusión y de generar nuevas oportunidades donde antes no las había. Lo que una persona aprende en la universidad no permanece únicamente en el aula, se comparte, se multiplica y se traduce en desarrollo local, liderazgo comunitario y mejores condiciones de vida.
Esta identidad común se sostiene, además, en una convicción histórica: el conocimiento es un bien público y un derecho, no un privilegio. Por eso, el impacto de las universidades públicas no se mide únicamente en indicadores, sino en las trayectorias de vida que logran transformar. Cada beca otorgada, cada sede regional fortalecida y cada proyecto de investigación vinculado con la realidad nacional representan una apuesta concreta por un país más equitativo, más cohesionado y con mayor capacidad de construir su propio futuro.
En ese esfuerzo por democratizar el acceso al conocimiento, la Universidad Nacional ha desarrollado históricamente un compromiso particular con la regionalización, entendida no solo como presencia territorial, sino como una apuesta ética por la equidad. A través de sus sedes regionales, sus carreras itinerantes y un sistema de admisión que reconoce las desigualdades estructurales del país, la universidad ha impulsado mecanismos que permiten discriminar positivamente en favor de quienes provienen de contextos con mayores barreras de acceso. Este modelo no responde únicamente a criterios académicos, sino a una comprensión profunda de las brechas históricas entre el centro y las regiones, y al deber institucional de generar oportunidades reales donde más se necesitan.
Hoy, más que nunca, en un mundo atravesado por guerras, autoritarismos y múltiples formas de violencia estructural que generan crisis complejas en la geopolítica global, las universidades tienen la obligación ética y social de sostener y defender los valores democráticos, el pensamiento crítico y el bien común. Esto implica asumir con claridad la responsabilidad que nos corresponde como espacios de reflexión, de producción de conocimiento y de formación de una ciudadanía comprometida con la justicia social.
Las universidades no pueden limitarse únicamente a transmitir saberes técnicos o profesionales; deben ser también territorios de debate, de cuestionamiento y de construcción colectiva de alternativas frente a los desafíos de nuestro tiempo. En ellas se cultiva la capacidad de pensar críticamente el mundo, de imaginar otros futuros posibles y de formar personas con sensibilidad social, capaces de intervenir de manera responsable en la vida pública.
En este contexto, la amenaza de un presupuesto de crecimiento cero no es una cifra abstracta: tiene rostro humano. Es el de las personas estudiantes de zonas rurales, de territorios costeros, de comunidades históricamente excluidas, que ven en la universidad pública una posibilidad real de transformación. Un 0% no impacta únicamente en estructuras institucionales; impacta directamente en trayectorias de vida, en oportunidades que se reducen y en brechas que se profundizan.
Reconocemos, además, que la universidad pública no es una institución perfecta. Se encuentra en un proceso constante de revisión, adaptación y mejora frente a las nuevas realidades y desafíos del país. Como comunidad, asumimos la responsabilidad de cuestionar nuestras propias estructuras, de identificar nuestras limitaciones y de trabajar activamente para garantizar una formación cada vez más pertinente, inclusiva y de excelencia.
Un pueblo sin educación es un pueblo sin futuro. Por ello, quienes habitamos la universidad tenemos la responsabilidad histórica de contribuir activamente a la construcción de ese futuro. Defender la educación pública no es únicamente proteger una institución, es resguardar una de las herramientas más poderosas para la igualdad, la movilidad social y el desarrollo humano.
Hoy, más que nunca, las universidades deben asumir su papel como actores fundamentales en la sostenibilidad de una sociedad viable, digna y profundamente humana. Esto significa fortalecer los vínculos con las comunidades, dialogar con las distintas fuerzas sociales y colocar el conocimiento al servicio del bienestar colectivo, de la democracia y de la vida en común.
PETITORIA
En consecuencia, como comunidad estudiantil universitaria, exigimos al gobierno, al CONARE y a las comunidades universitarias en lo que corresponda:
- Garantizar un financiamiento digno y sostenido para la educación superior pública, en cumplimiento del marco constitucional.
- Reconocer la educación como eje estratégico para la movilidad social, la equidad territorial y el desarrollo nacional.
- Fortalecer las sedes regionales y los programas que amplían el acceso a poblaciones históricamente excluidas.
- Reafirmar el papel de la cultura como componente esencial en los procesos educativos y en la construcción de ciudadanía crítica.
- Defender el carácter público del conocimiento frente a lógicas que buscan reducirlo a un bien de mercado.
- Incremento anual real atado al costo de la vida, la inflación y el crecimiento del PIB, con un piso mínimo de crecimiento nominal que impida cualquier deterioro en el poder adquisitivo universitario.
- Volver a las negociaciones quinquenales, garantizado por un mínimo de cinco años, que asegure la ampliación de sedes regionales, el fortalecimiento del régimen de becas, el mantenimiento de infraestructura y la continuidad de proyectos de investigación y extensión universitaria.
- Cláusula de revisión y compensación automática si los recursos aprobados no se transfieren en tiempo y esto provocara la imposibilidad de su ejecución, por decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo.
- Garantizar la participación vinculante y efectiva de las representaciones estudiantiles en los espacios de toma de decisión, particularmente en la mesa de negociación de la Comisión de Enlace y en la Comisión de Asuntos Hacendarios, reconociendo su legitimidad como actor clave en la defensa, definición y fiscalización del financiamiento de la educación pública.
Porque cuando una estudiante cruza la puerta de una universidad pública, no lo hace sola. Entra con ella su historia, su familia, su comunidad y, en muchos sentidos, el país entero. Y en ese acto, aparentemente individual, se juega también el destino colectivo de Costa Rica.
Heredia, Centro Universitario Emilia Prieto Tugores, UNA: 24 de abril de 2026
Estudiante Myriam Jara Watson
Vicepresidenta del Directorio
V Congreso Universitario de la Universidad Nacional
