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Llamado a defender a las universidades públicas

Pronunciamiento del Instituto Sindical de Formación Política

Defensa de las Universidades Públicas de Costa Rica. Llamamiento a la unidad de la clase trabajadora, el movimiento estudiantil y las organizaciones sociales.

El Instituto Sindical de Formación Política manifiesta su más firme respaldo a las universidades públicas de Costa Rica, pilares fundamentales para la construcción de una sociedad democrática, justa y con movilidad social ascendente. Ante el persistente desfinanciamiento y los ataques a la autonomía universitaria, es nuestro deber recordar las obligaciones constitucionales del Estado costarricense y convocar a la acción colectiva.

Sobre las obligaciones del Estado

La educación superior pública es un derecho humano irrenunciable. El Estado tiene las siguientes obligaciones ineludibles, consagradas en el artículo 84 de la Constitución Política y en la jurisprudencia de la Sala Constitucional:

1. Garantizar la autonomía universitaria como condición para el libre pensamiento crítico, la investigación científica y la acción social.

2. Asignar un financiamiento suficiente, periódico y oportuno a través del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que permita el desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión.

3. Respetar el patrimonio propio de las universidades, absteniéndose de recortes unilaterales o condicionamientos políticos que afecten su quehacer.

4. Asegurar la gratuidad y la equidad en el acceso, la permanencia y la graduación, como mecanismos de justicia social y democratización del conocimiento.

El incumplimiento sistemático de estas obligaciones —evidenciado en negociaciones del FEES marcadas por la confrontación, el rezago presupuestario y la falta de visión de Estado— constituye una amenaza directa al modelo de desarrollo costarricense.

Llamamiento a la conformación de un frente de lucha

Ante la gravedad de la situación, el Instituto Sindical de Formación Política hace un llamado urgente a:

  • Las federaciones estudiantiles (FEUCR, FEUNA, FEUTEC, FEUNA, y todas las representaciones de las sedes regionales y colegios universitarios).

  • Las organizaciones sociales y comunales (asociaciones de desarrollo, frentes de vivienda, grupos ecologistas, movimientos de mujeres, diversidades, pueblos indígenas y campesinos).

  • Las organizaciones sindicales del sector público y privado (educación, salud, construcción, agroindustria, servicios, entre otros).

Debemos constituir un Frente de Lucha Nacional en Defensa de la Educación Superior Pública, con los siguientes ejes de acción:

1. Unidad orgánica y programática: Construir una plataforma común que vincule la defensa del FEES con la lucha por el empleo digno, los servicios públicos de calidad y el rechazo a los tratados de libre comercio que mercantilizan la educación.

2. Movilización sostenida: Realizar asambleas, marchas, cadenas humanas, paros estudiantiles y jornadas de visibilización en todo el territorio nacional.

3. Incidencia política y jurídica: Exigir a la Asamblea Legislativa el cumplimiento del Estado de derecho y, de ser necesario, recurrir a instancias internacionales de derechos humanos por la violación del derecho a la educación.

4. Campaña de comunicación popular: Desplegar una estrategia en redes sociales, medios comunitarios y espacios de base para desmontar los discursos que pretenden criminalizar la lucha universitaria y justificar los recortes.

Conclusión

La defensa de las universidades públicas no es un asunto exclusivo de académicos o estudiantes; es una causa de toda la clase trabajadora, de las comunidades y de los sectores populares. Sin universidades públicas fuertes, no hay formación de profesionales críticos, no hay investigación al servicio del pueblo, no hay extensión social que transforme realidades.

Desde el Instituto Sindical de Formación Política, asumimos el compromiso de convocar, organizar y acompañar este frente de lucha. Invitamos a todas las fuerzas vivas del país a sumarse. El futuro de Costa Rica se decide hoy en las aulas, los laboratorios, los territorios indígenas y las calles.

¡Por la defensa del FEES, por el respeto a la autonomía, por la unidad de los que luchan!

Escuela Las Brisas de Pocosol está en condiciones precarias

La Defensoría de los Habitantes realizó una inspección a la Escuela Las Brisas, ubicada en el distrito de Pocosol, cantón de San Carlos y alertó sobre el estado crítico de la infraestructura y las carencias que vulneran el derecho a una educación de calidad y en condiciones dignas para los 25 estudiantes y el personal del centro educativo.

Durante la visita a esta escuela unidocente, el equipo de la Defensoría constató que el centro educativo opera bajo una orden sanitaria vigente desde el año 2015. A pesar de esto, las soluciones definitivas por parte del Estado han sido lentas, obligando a la comunidad estudiantil a convivir diariamente con graves deficiencias estructurales y sanitarias.

El centro no cumple con la Ley 7600. Carece de rampas para ingresar al centro educativo; tienen dos pequeños servicios sanitarios para toda la población: estudiantes, personal y visitas. El espacio no es apto para una persona adulta y las aguas desembocan en un tanque séptico que nunca se le ha otorgado mantenimiento. Algunas latas del baño se encuentran prensadas con una tuca de madera. Las paredes externas de las dos únicas aulas están cubiertas con latas, carecen de cielo raso en pasillos y comedor, y las rejas de las ventanas de las aulas presentan un desgaste peligroso.

Tienen problemas de plagas como el comején y la presencia constante de serpientes. La Junta de Educación con la colaboración de vecinos, padres y madres de familia limpian constantemente las áreas verdes. Además, el centro cuenta con un solo extintor y no tiene señalización de rutas de evacuación.

El área de comedor opera con limitadas condiciones. La cocina eléctrica solo tiene un disco funcional y la de gas es muy pequeña. Las y los estudiantes no cuentan con sillas, debiendo sentarse en banquetas empotradas de cemento, y el lavamanos está ubicado en el jardín sin un soporte adecuado.

Los estudiantes deben caminar rutas de al menos tres kilómetros diarios al no contar con transporte estudiantil que llegue a la zona escolar. Asimismo, el centro educativo no imparte materias complementarias de inglés, música, educación física o religión, las computadoras asignadas están dañadas, y la conexión a internet es sumamente básica (3 a 5 megas).

La Defensoría determinó que existe una falta de comunicación clara y acompañamiento técnico por parte de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública hacia la Junta de Educación. Aunque existe un trámite en curso en SICOP para la emisión de la orden de inicio de los planos constructivos a cargo de una empresa consultora privada, la Defensoría subraya la urgencia de que estas etapas de diseño y presupuesto se agilicen y se garantice una total transparencia con la comunidad sobre el cronograma de la obra. Asimismo, la Defensoría hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que se priorice la atención de la Escuela Las Brisas, pues es inaceptable que, tras casi 11 años de una orden sanitaria, los niños y niñas de zonas rurales sigan recibiendo lecciones en condiciones que ponen en riesgo su integridad física y limitan su derecho a la educación.

La DHR continuará dando un seguimiento estricto a este caso y a los compromisos asumidos por el Ministerio de Educación Pública, velando por que los derechos de esta comunidad estudiantil no sigan siendo postergados.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

SIUNED alerta sobre recortes presupuestarios que amenazan a la universidad pública

El Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia (SIUNED) advirtió sobre los riesgos que enfrentan las universidades públicas ante políticas de recorte presupuestario que, según señala la organización, debilitan el financiamiento estatal y ponen en riesgo el cumplimiento de su misión social.

En un documento difundido por el sindicato, se señala que la universidad pública costarricense ha sido históricamente un pilar fundamental para el desarrollo del país, tanto por su aporte al conocimiento como por su papel en la democratización del acceso a la educación superior. Desde esta perspectiva, el sindicato sostiene que las medidas de reducción presupuestaria amenazan directamente ese modelo.

El pronunciamiento plantea que las universidades públicas no solo forman profesionales, sino que también desarrollan investigación científica, extensión universitaria y múltiples proyectos que benefician a comunidades de todo el país. Por ello, el debilitamiento del financiamiento público tendría impactos directos en la capacidad de estas instituciones para cumplir con esas funciones.

SIUNED advierte que los recortes no deben analizarse únicamente como decisiones administrativas o fiscales, sino como medidas que afectan el acceso a la educación superior, especialmente para sectores sociales que históricamente han encontrado en las universidades públicas una vía de movilidad social.

El sindicato también destaca que la educación superior pública constituye una inversión estratégica para el país. En su criterio, reducir los recursos destinados a este sector compromete la posibilidad de fortalecer el conocimiento, la innovación y la formación de profesionales en áreas clave para el desarrollo nacional.

Asimismo, el pronunciamiento señala que la universidad pública cumple un papel central en la construcción de pensamiento crítico, la promoción de la cultura y el debate democrático. Desde esta perspectiva, las políticas de austeridad aplicadas a la educación superior podrían debilitar una de las instituciones fundamentales para la vida democrática del país.

Ante esta situación, SIUNED hace un llamado a la sociedad costarricense a reflexionar sobre la importancia de defender la universidad pública como bien común. El sindicato plantea que garantizar su financiamiento adecuado es una condición indispensable para preservar su aporte al desarrollo social, científico y cultural de Costa Rica.

El documento concluye que la defensa de la universidad pública no es únicamente una demanda del sector universitario, sino una responsabilidad colectiva orientada a asegurar que la educación superior continúe siendo un derecho accesible y un motor de desarrollo para el país.

Defensoría: Hay un clamor por un giro de 180 grados en el sistema educativo

La más reciente investigación de la Defensoría de los Habitantes sobre la situación del sistema educativo costarricense recoge la voz de más de 200 personas representantes de comunidades educativas, direcciones regionales y Juntas de Educación y Administrativas; quienes describen un panorama de desigualdad estructural y desarticulación institucional que obstaculiza el pleno ejercicio del derecho a la educación en diversas zonas del país. Los hallazgos cualitativos confirman que los recortes presupuestarios y la falta de acompañamiento técnico han debilitado la gestión local y profundizado las brechas entre centros urbanos y rurales.

Entre los principales desafíos identificados destacan la insuficiencia de recursos para infraestructura y mantenimiento, la falta de personal administrativo capacitado, y la excesiva burocracia en los procedimientos de ejecución presupuestaria. Estas limitaciones afectan especialmente a las regiones Huetar Norte, Brunca y Chorotega, donde los representantes educativos reportan retrasos de hasta un año en la aprobación de obras y en la transferencia de fondos. La consecuencia más grave de esta situación es la vulneración sostenida del derecho a la educación en condiciones de igualdad, particularmente para niñas, niños y adolescentes en contextos rurales y costeros.

El enfoque interseccional del informe permite identificar cómo estas brechas impactan de forma diferenciada a mujeres líderes de Juntas, docentes y madres cuidadoras, quienes asumen múltiples responsabilidades ante la ausencia de apoyo institucional. Asimismo, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad enfrentan barreras adicionales vinculadas a la falta de infraestructura accesible, materiales inclusivos y acompañamiento técnico especializado. Estas realidades reflejan que la desigualdad educativa no es solo económica, sino también social, cultural y de género.

Las voces recogidas por la Defensoría resaltan una percepción generalizada de debilitamiento de la gobernanza educativa. Las Juntas, concebidas como espacios

de participación comunitaria, operan en muchos casos sin lineamientos claros, sin rendición de cuentas efectiva y con una dependencia excesiva de las Direcciones Regionales, que a su vez carecen de recursos y personal suficiente. Esta fragmentación institucional produce un círculo vicioso: comunidades sobrecargadas, autoridades educativas con escasa capacidad operativa y un sistema nacional que pierde cohesión y eficacia.

El informe también documenta una creciente fatiga institucional y social. Las personas entrevistadas expresaron que la carga de responsabilidades administrativas —sin acompañamiento ni formación— desincentiva la participación ciudadana y debilita el tejido comunitario que históricamente ha sostenido a la educación pública costarricense. Este desgaste compromete el sentido de corresponsabilidad y participación democrática en la gestión educativa, valores esenciales para la construcción de una sociedad inclusiva y solidaria.

Ante este panorama, la Defensoría de los Habitantes exhorta al Estado costarricense a reconfigurar la gobernanza educativa desde una perspectiva de derechos humanos, con mecanismos reales de participación, descentralización efectiva y fortalecimiento institucional. Ello implica garantizar recursos suficientes, asistencia técnica permanente y marcos de transparencia que devuelvan confianza a las comunidades. Escuchar las voces regionales no debe ser un ejercicio simbólico, sino el punto de partida para construir políticas públicas que respondan a la diversidad territorial, cultural y social del país.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Foto Anel Kenjekeeva

Defensoría: Fragilidad financiera en Juntas Administrativas amenaza equidad en la educación

La Defensoría de los Habitantes afirma que el financiamiento de las Juntas de Educación y Administrativas —pilares de la gestión operativa del sistema educativo— presenta una marcada inestabilidad y un debilitamiento progresivo. Entre 2019 y 2024, el presupuesto asignado a estas instancias apenas creció un 6% nominal, lo que resulta insuficiente frente a la inflación acumulada y al aumento en la matrícula escolar. Esta realidad ha generado un deterioro sostenido en la capacidad de los centros educativos para cubrir servicios básicos como electricidad, limpieza, materiales didácticos y mantenimiento.

El análisis de la Defensoría muestra que en 2024 un 11% de las Juntas operaron con menos de ₡5,5 millones anuales, mientras que un 18% manejó más de ₡88 millones, lo que evidencia una brecha estructural en la distribución de recursos. Estas desigualdades territoriales implican que mientras algunos centros educativos pueden financiar adecuadamente la alimentación, infraestructura y programas extracurriculares; otros apenas logran sostener servicios mínimos. Esta polarización presupuestaria se traduce en oportunidades desiguales para niñas, niños y adolescentes según su lugar de origen, condición socioeconómica o pertenencia cultural.

Uno de los hallazgos más preocupantes es la contracción del Fondo de la Ley N.º 6746, principal fuente de financiamiento de las Juntas. En el período 2019–2024, dicho fondo pasó de ₡94.303 millones a ₡40.617 millones, una reducción del 56,9%, lo que ha limitado severamente la capacidad de las instituciones para garantizar servicios básicos. El monto promedio por estudiante disminuyó de ₡93.906 en 2019 a apenas ₡41.321 en 2024, evidenciando un retroceso en la progresividad del financiamiento educativo y una clara vulneración al principio de igualdad de condiciones.

La Defensoría también advierte que la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PANEA), uno de los principales mecanismos para garantizar el derecho a la

alimentación y la permanencia en el sistema educativo, presenta una brecha estructural: solo cubre el 63% del costo estimado para su universalización. Esto significa que cuatro de cada diez estudiantes no reciben una alimentación adecuada en los centros educativos, afectando especialmente a la niñez en condición de pobreza, a las comunidades rurales e indígenas, y a la educación especial. En términos de derechos humanos, esta situación representa una violación directa del derecho a la alimentación adecuada y a la igualdad de oportunidades educativas.

Asimismo, la Defensoría señala una insuficiencia crítica en infraestructura educativa, pues entre 2019 y 2022 los recursos destinados a este rubro se redujeron más de un 50%, y aunque en 2024 se registró un repunte, persisten riesgos de ejecución y desigualdades en la capacidad técnica de las Juntas para gestionar obras. A esta fragilidad se suman los recortes en arte, cultura y deporte, los cuales reflejan un retroceso en la educación integral y en la protección de los derechos culturales de la niñez y la adolescencia.

El estudio evidencia que la inestabilidad presupuestaria y la desigual capacidad de gestión local han trasladado a las comunidades educativas una carga desproporcionada. En 2024, los fondos propios generados por actividades comunales y aportes del personal docente alcanzaron casi ₡6.000 millones, una cifra que refleja el esfuerzo extraordinario de las comunidades por sostener el sistema educativo ante los recortes estatales. Este escenario, sin embargo, vulnera el carácter gratuito y universal de la educación pública consagrado en la Constitución Política.

La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado urgente a reformar el modelo de financiamiento educativo bajo criterios de equidad territorial, progresividad y transparencia, fortaleciendo la rectoría del MEP y el acompañamiento técnico a las Juntas. La educación no puede depender del voluntarismo comunitario, sino de un compromiso sostenido del Estado para garantizar condiciones dignas y equitativas para todas las personas estudiantes, sin discriminación.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Defensoría alerta: Desigualdades se profundizan en la educación pública

Modelo de financiamiento afecta más a centros educativos rurales, costeros e indígenas, así como a estudiantes en condición de pobreza.

La Defensoría de los Habitantes advirtió hoy que el país enfrenta una crisis de equidad educativa provocada por la reducción sostenida del presupuesto destinado al Ministerio de Educación Pública (MEP) y la débil capacidad de gestión en los niveles locales. Esta combinación de factores ha generado un deterioro progresivo del derecho a la educación, evidenciado en brechas crecientes entre centros educativos según su ubicación territorial, recursos económicos disponibles y dirección regional.

La investigación reveló que los recortes acumulados en inversión educativa han afectado directamente la infraestructura, la alimentación escolar y la contratación de personal de apoyo, comprometiendo la calidad del aprendizaje y las condiciones de permanencia en las aulas. Las escuelas unidocentes, rurales e indígenas son las más afectadas: en varias regiones del país, las Juntas de Educación operan con presupuestos hasta cinco veces menores a los de instituciones ubicadas en zonas urbanas, lo que restringe su capacidad para garantizar condiciones dignas y seguras para la población estudiantil.

Desde un enfoque de derechos humanos, la Defensoría alerta que la falta de equidad presupuestaria constituye una forma de discriminación estructural, al reproducir desigualdades históricas que afectan a la niñez y adolescencia en situaciones de pobreza y a las personas estudiantes con discapacidad que enfrentan mayores barreras de acceso. Estas desigualdades violan los principios de progresividad, igualdad y no regresividad que rigen las obligaciones del Estado en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

Para la Defensoría el modelo actual de gestión educativa no garantiza la transparencia ni la rendición de cuentas adecuadas. La complejidad administrativa, la limitada capacidad técnica en las Juntas y la ausencia de acompañamiento institucional dificultan la ejecución oportuna de los recursos, generando atrasos significativos en el mantenimiento, adquisición de materiales y ejecución de programas sociales. Esta situación debilita la confianza pública y aumenta la

desigualdad entre centros que logran gestionar recursos propios y aquellos que dependen exclusivamente de transferencias estatales.

La Defensoría recomendó reformar de manera estructural el modelo de financiamiento educativo, asegurando un presupuesto estable, equitativo y progresivo que priorice a los centros con mayores desventajas sociales y territoriales. Propone, además, fortalecer la rectoría del MEP en la supervisión de las Juntas de Educación y Administrativas, implementando mecanismos de asistencia técnica permanente y auditorías preventivas con enfoque territorial y de derechos humanos.

Para la Defensoría es crucial garantizar la educación como un derecho humano y ello exige una política fiscal comprometida con la justicia social, donde los recursos se asignen de acuerdo con las necesidades reales de las comunidades y no únicamente por criterios administrativos. Esto implica recuperar el mandato constitucional del 8% del PIB para educación, invertir en infraestructura resiliente, ampliar los programas de alimentación y transporte escolar, y promover una gestión educativa inclusiva que incorpore la voz de las comunidades.

La Defensoría de los Habitantes reafirma su llamado al Estado para que coloque la educación pública en el centro de la agenda nacional, como condición indispensable para la igualdad, la cohesión social y la democracia. Superar la desigualdad educativa requiere un compromiso político sostenido que reconozca que cada recorte presupuestario implica un retroceso en la vida y el futuro de miles de niñas, niños y personas adolescentes en todo el país.

Comunicación Defensoría de los Habitantes

Defensoría: Reducción del financiamiento pone en riesgo el derecho a la educación

Una reciente investigación realizada por la Defensoría de los Habitantes vuelve a apuntar sobre el riesgo que significa para la sostenibilidad del sistema educativo seguir por el camino de la reducción en el financiamiento.

El gasto público destinado a educación ha disminuido del 7,8% del PIB en 2019 al 5,5% en 2025, incumpliendo el mandato constitucional que establece un mínimo del 8%. Esta reducción refleja una pérdida sostenida de prioridad política y fiscal hacia uno de los pilares fundamentales del desarrollo humano y social costarricense.

El más reciente informe de la Defensoría insiste que esta contracción presupuestaria no solo debilita la capacidad institucional del Ministerio de Educación Pública (MEP), para ejecutar programas estratégicos, sino que además impacta directamente en la calidad de los aprendizajes, la infraestructura educativa y la equidad territorial. Entre 2015 y 2025, el país ha experimentado una caída sostenida en los resultados de las pruebas internacionales PISA, con pérdidas acumuladas de hasta 24 puntos en matemáticas y 28 en lectura, lo que evidencia el vínculo entre la reducción de recursos y el deterioro de los aprendizajes básicos.

Desde un enfoque de derechos humanos, la Defensoría subraya que el principio de progresividad exige al Estado avanzar de forma constante en la garantía del derecho a la educación de calidad (inclusiva, equitativa y pertinente), evitando retrocesos injustificados. Sin embargo, los recortes presupuestarios en programas esenciales —como alimentación escolar, infraestructura y formación docente— constituyen una forma de regresividad que afecta desproporcionadamente a las comunidades rurales, costeras, indígenas y a las personas estudiantes con discapacidad. En estas poblaciones, la falta de recursos compromete la permanencia escolar y amplía las brechas estructurales de desigualdad.

Asimismo, la Defensoría señala que la erosión progresiva del presupuesto educativo ha limitado el alcance de políticas de inclusión y equidad, debilitando programas como el de becas y transporte estudiantil. De esta forma, la educación pública, históricamente reconocida como motor de movilidad social, enfrenta hoy una precarización institucional que amenaza su papel como herramienta de justicia social. La Defensoría destaca que esta tendencia contradice los compromisos internacionales asumidos por el Estado costarricense ante la UNESCO y el Comité de los Derechos del Niño.

Por otro lado, la investigación identifica una creciente inestabilidad presupuestaria en el MEP, con variaciones interanuales negativas desde 2019 y una dependencia de decisiones coyunturales. Ello ha generado un efecto dominó en las Juntas de Educación y Administrativas, que hoy deben asumir con recursos limitados la continuidad de servicios básicos en las escuelas y colegios. Esta situación expone a las comunidades educativas a vulneraciones indirectas del derecho a la educación y profundiza la desigualdad entre territorios con distinta capacidad de gestión local.

La Defensoría de los Habitantes hace un llamado urgente a revertir la tendencia de desinversión educativa, priorizando la educación como inversión estratégica para el desarrollo nacional. Fortalecer la gobernanza, garantizar estabilidad financiera y asegurar la equidad en la asignación de recursos son condiciones esenciales para que la educación continúe siendo un instrumento de justicia social, cohesión y democracia.

Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Desafíos autoritarios al Estado social de derecho: un programa para analizar y resistir

La Universidad para la Cooperación Internacional (UCI) mantiene abierta la matrícula del programa “Desafíos autoritarios al Estado social de derecho”, una propuesta formativa orientada a analizar críticamente el avance de discursos y prácticas autoritarias que, en distintos contextos, precarizan la vida ciudadana y debilitan la democracia.

El programa parte de un diagnóstico claro: vivimos una aceleración del autoritarismo que impacta ámbitos centrales como la gobernanza, la seguridad democrática, la movilidad humana, el ambiente y las múltiples expresiones de la violencia. Frente a este escenario, la iniciativa propone que el análisis riguroso y multidisciplinario es, en sí mismo, una forma de resistencia democrática.

Con una duración total de cinco cursos y veinte sesiones, el programa se desarrolla mediante clases virtuales en formato de videoconferencia, cada sesión con una duración de tres horas. Las lecciones se impartirán los lunes, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. (hora de Costa Rica), iniciando el 9 de marzo.

El enfoque académico es multidisciplinario, integrando aportes de la ciencia política, la economía, el derecho, la ecología, la criminología y la sociología. Esta perspectiva permite abordar los desafíos contemporáneos del Estado social de derecho desde distintos ángulos, sin reducir el análisis a una sola disciplina.

Entre los contenidos específicos del programa se incluyen:

  • Democracia, estado de derecho y garantismo en el contexto de la globalización y el malestar contemporáneo.

  • Política penal y fundamentos criminológicos.

  • Gobernanza de la movilidad humana, migración, derechos y políticas de control.

  • Derecho ambiental y gobernanza en la sociedad del riesgo.

  • Violencia, crueldad y hospitalidad en la cultura contemporánea.

El cuerpo docente está conformado por profesores y profesoras de reconocida trayectoria internacional, entre ellos Iñaki Rivera Beiras, Iñaki Anitua, Gabriela Oviedo Perhavec, Rafael González Ballard, Eduard Müller Castro y Mónica Vul.

El programa está dirigido a personas profesionales y estudiantes de las Ciencias Sociales, así como a toda persona comprometida con los debates centrales de nuestro tiempo, especialmente aquellos vinculados con democracia, derechos, gobernanza, migración, ambiente y violencia.

La UCI subraya que, ante el avance del autoritarismo, comprender sus dinámicas, discursos y efectos resulta clave para fortalecer la defensa del Estado social de derecho y de las libertades democráticas.

Para más información e inscripciones, las personas interesadas pueden contactar a la organización del programa a través del correo info@uci.ac.cr o los teléfonos 2283-6464 y 4037-5710.

Cabagra eligió su Consejo Local de Educación Indígena 2025-2028

Por Uriel Rojas

Este sábado 20 de diciembre, el territorio indígena de Cabagra eligió a sus nuevos representantes del Consejo Local de Educación Indígena para el periodo 2025-2028.

Las autoridades de este importante órgano son:

  1. Representación de las mujeres. Laura Barrantes Rojas.
  2. Representación de la comunidad en general: Marvin Ceciliano Ortiz.
  3. Representación de las juntas de educación: Prisilla Aguirre Quiel.
  4. Representación de los adultos mayores: Elicinio Torres Mayorga.
  5. Representación de la juventud: Kimberly Rivera Rojas.
  6. Representación de los estudiantes: Jonathan Rojas Morales.
  7. Representación de los padres y madres: Yendry Estrada Zúñiga
  8. Representación de los educadores: José Ortiz Figueroa y Cristina Torres Torres.
  9. Representación de la ADICABAGRA: Jesús Ureña Morales.

El CLEI es el órgano encargado de trabajar por la calidad de la educación indígena en el territorio.