Ir al contenido principal

Defensoría urge frenar deterioro de instalaciones de escuelas y colegios

Escrito en . Publicado en Educación.

La Defensoría de los Habitantes notificó oficialmente al Ministerio de Educación Pública (MEP) un informe técnico que pone bajo la lupa el actual modelo de infraestructura escolar en Costa Rica.

El documento evidencia una realidad alarmante: estudiar en condiciones dignas y seguras se ha convertido en un desafío crítico en el país, lo que representa una vulneración directa a los Derechos Humanos de miles de estudiantes.

La situación es de extrema urgencia. El curso lectivo 2026 arrancó con 389 centros educativos que tienen órdenes sanitarias vigentes y que ni siquiera cuentan con un proyecto asignado para ser reparados o remodelados. A nivel nacional, el MEP acumula un total de 871 advertencias sanitarias, de las cuales 101 están en «categoría roja», lo que significa que tienen un riesgo inminente de cierre total por poner en peligro la vida de la comunidad escolar, concentrándose la mayoría de estos casos en la provincia de Limón.

Modelo agotado que traslada la responsabilidad a las Juntas

Para la Defensoría, el problema no es solo la falta de planificación y presupuesto, sino un sistema administrativo de gobernanza que no funciona. Actualmente, el Estado le transfiere dinero a las Juntas de Educación y Administrativas (integradas por vecinos y padres de familia voluntarios) para que ellos se encarguen de contratar ingenieros, constructores y vigilar las obras, cuyos presupuestos, en algunos casos, los superan los miles cientos de millones, por la magnitud de la obra.

Esta alarmante desconexión provoca que existan miles de millones de colones «atrapados» en las cuentas bancarias de Caja Única, mientras los estudiantes reciben clases en condiciones precarias, en centros educativos en donde los proyectos constructivos iniciaron en el 2013 o 2015 y que, tras más de una década, los fondos siguen congelados y los proyectos sin terminarse.

En el informe, la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, fue contundente al señalar de forma textual la raíz de esta crisis: «El modelo actual que transfiere fondos con fundamento en la matrícula, a una Junta que ejecuta’ está agotado en su forma presente, requiriendo una reingeniería que traslade en un 100% la responsabilidad a la DIEE y profesionalice la gestión de las inversiones sin perder la esencia de la participación comunal, quien asume un rol colaborativo, de auditor social como las Juntas de Salud, pero no de responsable del proceso.»

¿Por qué estamos así?

El análisis de la Defensoría de los Habitantes detalla que la crisis se sostiene sobre cuatro fallas estructurales:

  • Responsabilidad injusta: Se le exige a miembros de las Juntas dominar leyes complejas de contratación pública y conocimientos de ingeniería que superan por mucho sus capacidades técnicas ordinarias.

  • Fondos ociosos y burocracia: El simple hecho de enviar dinero a Caja Única a nombre de las Juntas no se traduce en escuelas construidas. Al no haber capacidad de gestión local, los fondos se quedan congelados debido a vacíos legales y trabas administrativas.

  • Falta de un mapa real de necesidades: El MEP no cuenta con un diagnóstico integral y actualizado en tiempo real sobre el estado físico de todas las escuelas del país, actuando solo cuando estalla una emergencia.

  • Aumento de la desigualdad: Las escuelas de zonas rurales o con menor desarrollo social sufren mucho más, ya que sus Juntas locales tienen menos herramientas técnicas para defender y ejecutar los proyectos, ensanchando la brecha educativa.

Recomendaciones

En su informe, la Defensoría de los Habitantes no solo señaló las deficiencias, sino que extendió una ruta para una actuación inmediata del Ministerio de Educación Pública.

1. Planificación a largo plazo: El MEP debe diseñar e implementar una Programación Decenal (2026-2035). Esto significa crear un portafolio transparente de inversiones a 10 años que defina con nombre y apellido qué escuela se va a intervenir, cuánto costará, de dónde saldrá el dinero y cuándo se entregará, priorizando los centros con órdenes sanitarias.

2. Devolver la responsabilidad al Estado. El MEP debe presentar un programa para quitarle la carga técnica y legal de la construcción y el mantenimiento a las Juntas de Educación. Toda la responsabilidad del ciclo de vida de la infraestructura escolar debe ser asumida exclusivamente por el MEP de forma profesional, transformando a las juntas comunitarias en aliadas de vigilancia social y no en constructoras obligadas.

La Defensoría reiteró que el financiamiento del derecho a la educación no puede seguir dependiendo solo de la matrícula del centro educativo, sino que este debe enfocarse en criterios de la calidad misma de la educación y en este caso de la infraestructura, de la necesidad de generar un entorno seguro, limpio y digno acorde al modelo educativo.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

El examen de incorporación y la pregunta que nadie quiere hacerse

Escrito en . Publicado en Educación.

Rodrigo Campos Hernández

MSc. Rodrigo Campos Hernández

La noticia de que únicamente trece personas lograron aprobar el examen de incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica provocó una reacción inmediata. Mientras algunos cuestionan la validez del examen, otros responsabilizan a las universidades y no faltan quienes atribuyen el resultado a la falta de esfuerzo de los propios estudiantes. Sin embargo, desde el mismo momento en que la información comenzó a circular, tuve la impresión de que el debate corría el riesgo de instalarse en el lugar equivocado.

Durante los últimos años he tenido la oportunidad de cursar estudios de Derecho en distintas escuelas universitarias. Mi experiencia previa como docente universitario, especialista en planificación curricular y estudioso de los procesos educativos me obliga a reconocer algo incómodo: el problema es mucho más profundo que una prueba de incorporación profesional.

Lo que el examen ha puesto en evidencia no es solamente una posible controversia sobre un instrumento de evaluación. Ha dejado al descubierto preguntas que durante años hemos preferido evitar: ¿qué tipo de abogados estamos formando?, ¿qué significa realmente aprender Derecho?, ¿quién forma a quienes forman abogados?, y quizás la más importante de todas: ¿estamos confundiendo educación superior con simple certificación profesional?

La primera reacción de muchas personas ha sido cuestionar la validez del examen. Otras, por el contrario, han señalado la deficiente preparación de quienes aspiran a incorporarse a la profesión. Ambas posiciones contienen elementos de verdad, pero ninguna parece suficiente para explicar por sí sola un resultado tan extraordinario. Lo ocurrido obliga a mirar más allá de la coyuntura y preguntarnos qué está sucediendo con la enseñanza del Derecho en Costa Rica.

Durante décadas se ha asumido que formar abogados consiste fundamentalmente en transmitir conocimientos jurídicos. Sin embargo, el ejercicio profesional exige mucho más que el conocimiento de normas, plazos o procedimientos. Un jurista competente debe ser capaz de interpretar textos complejos, construir argumentos sólidos, resolver problemas, ponderar principios, analizar hechos y comunicar con claridad sus razonamientos. Estas capacidades no se desarrollan mediante la simple memorización de contenidos, sino a través de procesos formativos exigentes, lectura profunda, discusión crítica y práctica constante.

Existe una ironía que no deja de llamarme la atención. Durante años las universidades han incorporado a sus documentos términos como competencias, pensamiento crítico, resolución de problemas, aprendizaje significativo y formación integral. Sin embargo, basta ingresar a muchas aulas para descubrir que poco ha cambiado.

Las competencias aparecen en los programas de curso. Las bibliografías ocupan varias páginas. Los perfiles de salida prometen profesionales capaces de analizar, investigar y argumentar. Pero en la práctica cotidiana predominan las exposiciones magistrales, la memorización de contenidos y evaluaciones que premian la repetición antes que la comprensión.

Lo digo con preocupación y no con ánimo de descalificar a nadie. He observado este fenómeno en distintas instituciones y disciplinas. El problema no es la ausencia de discursos innovadores. El problema es la distancia creciente entre lo que decimos que hacemos y lo que realmente ocurre en las aulas.

Lamentablemente, una parte importante de la educación jurídica continúa reproduciendo modelos pedagógicos tradicionales centrados en la transmisión de información. En numerosas aulas universitarias la exposición magistral sigue siendo la estrategia dominante, mientras que la participación estudiantil, la resolución de casos, la investigación y la argumentación ocupan un lugar secundario. A ello se suma una realidad pocas veces discutida: muchos docentes universitarios poseen una sólida formación disciplinaria, pero carecen de preparación específica en pedagogía, evaluación y diseño curricular.

Este aspecto merece una reflexión particular. Saber Derecho no implica necesariamente saber enseñarlo. Del mismo modo que un excelente abogado no se convierte automáticamente en un buen juez, tampoco un buen litigante se transforma por sí mismo en un educador eficaz. La enseñanza universitaria requiere competencias específicas que rara vez forman parte de la preparación profesional de quienes imparten los cursos. Como consecuencia, se reproduce frecuentemente la forma en que cada docente fue enseñado, perpetuando prácticas que privilegian la repetición antes que la comprensión.

La situación resulta aún más paradójica cuando observamos que muchas carreras declaran adoptar enfoques formativos basados en competencias. Tuve la oportunidad de especializarme en esta área bajo el enfoque socioformativo impulsado por Sergio Tobón, inspirado en el pensamiento complejo. Desde esa perspectiva, las competencias no constituyen una simple lista de habilidades laborales, sino la capacidad de movilizar conocimientos, procedimientos, actitudes y valores para enfrentar problemas reales en contextos concretos.

Sin embargo, en numerosos programas universitarios las competencias terminan convertidas en un requisito administrativo. Se redactan, se incluyen en los documentos oficiales y se presentan ante las agencias acreditadoras, pero rara vez orientan de manera efectiva la enseñanza o la evaluación. En la práctica, el contenido continúa ocupando el centro del proceso educativo.

Este problema también interpela a las instancias responsables de garantizar la calidad de la educación superior. La acreditación constituye una herramienta valiosa, pero debe ir acompañada de mecanismos que permitan verificar los resultados efectivos de los procesos formativos. La existencia de programas, reglamentos y estructuras institucionales resulta importante, pero la pregunta decisiva sigue siendo otra: ¿qué son capaces de hacer los egresados al finalizar su formación?

La discusión también obliga a examinar el papel de las propias escuelas de Derecho. Costa Rica posee una cantidad considerable de programas de formación jurídica para un país de poco más de cinco millones de habitantes. La expansión de la oferta educativa ha ampliado oportunidades de acceso, pero también plantea preguntas sobre la planificación de necesidades profesionales, los estándares de calidad y la capacidad real de supervisión académica.

No se trata de responsabilizar exclusivamente a las universidades. Tampoco al Colegio de Abogados y Abogadas. El problema es sistémico y, por tanto, exige una comprensión sistémica. Como advertía Edgar Morin, los problemas complejos no admiten soluciones simples.

Por otra parte, este debate se desarrolla en medio de profundas transformaciones tecnológicas. La irrupción de la inteligencia artificial está modificando aceleradamente la manera en que se accede, organiza y utiliza la información jurídica. En un entorno donde una herramienta tecnológica puede localizar en segundos normas, jurisprudencia y doctrina, la formación profesional ya no puede descansar exclusivamente en la capacidad de recordar datos. El valor diferencial del abogado del siglo XXI radicará cada vez más en su capacidad para interpretar, argumentar, contextualizar y tomar decisiones prudentes frente a problemas complejos.

Quizás por ello ha llegado el momento de repensar también los mecanismos de incorporación profesional. Esto no implica eliminar los controles de calidad ni debilitar las exigencias académicas. Por el contrario, supone fortalecerlas mediante procesos más integrales que combinen conocimientos, análisis de casos, práctica supervisada, portafolios profesionales y evaluación de competencias efectivamente demostradas en contextos reales.

Del mismo modo, sería deseable fortalecer la articulación entre el Colegio de Abogados y Abogadas, las facultades de Derecho, las agencias acreditadoras y las autoridades educativas. La formación permanente del profesorado universitario, la revisión periódica de los programas de estudio, el seguimiento de resultados académicos y la promoción de experiencias prácticas significativas podrían formar parte de una estrategia de mejora continua.

Tal vez el verdadero valor de esta polémica no resida en determinar quién tiene la razón. Quizá su importancia radique en obligarnos a mirar un problema que lleva años desarrollándose silenciosamente.

Costa Rica necesita discutir seriamente la formación de sus profesionales. Necesita revisar sus mecanismos de acreditación, fortalecer la preparación pedagógica de quienes enseñan, replantear las formas de evaluación y preguntarse qué competencias exige realmente el ejercicio profesional en una época marcada por la inteligencia artificial y la transformación acelerada del conocimiento.

La solución no vendrá de una única institución ni de una única reforma. Como advertía Edgar Morin, los problemas complejos requieren respuestas complejas. El examen de incorporación es apenas la parte visible de una red mucho más amplia de desafíos educativos, institucionales y culturales.

Por eso, más que preguntarnos cuántas personas aprobaron o reprobaron una prueba, quizás deberíamos atrevernos a formular una pregunta más difícil y más urgente:

¿Estamos formando los juristas que la democracia costarricense necesitará en las próximas décadas?

El peligro de la ignorancia

Escrito en . Publicado en Educación.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Es bien sabido que la ignorancia es atrevida, pero si la misma es lo que ocupa el espacio del cerebro en una persona es peligroso, y si el individuo de marras, además, tiene poder el peligro puede ser catastrófico. Pues esta semana he tenido motivos suficientes para que, como simple ciudadano mortal, sienta pavor por este mi querido país.

Escuché a don Nogui Acosta, con su decena de procesos pendientes en la Fiscalía a cuestas y bien resguardado en la red de cuido oficial a través de su inmunidad como diputado, decir que la Asamblea Legislativa no debían discutir y hablar y votar, al referirse a opiniones de los diputados de oposición que, a pesar de su dicho, han votado responsablemente a favor de proyectos importantes como el tren eléctrico, por ejemplo. El problema de estas mentalidades fascistas de nuevo cuño que nos gobiernan es que, además de ignorantes, desean ejercer la dictadura del silencio y olvidar que una curul en el parlamento, no es un yugo atado al pescuezo de un buey para que simplemente siga el camino que le indica su amo con el chuzo de la obediencia. No, en una democracia y todavía lo somos o pretendemos seguir siéndolo, en la Asamblea Legislativa como poder parlamentario, se discute, se habla, se intercambia ideas y se pretende que haya consenso y no imposición, por eso Don Nogui, se llama parlamento. Pero, además, y aunque no le guste a sus jefes del ejecutivo, que parece eso son para la fracción oficial, es una obligación constitucional, política y ciudadana para los partidos de oposición, establecer la sana vigilancia a través del control político, que no es un «ratico» den el Plenario, sino una actitud y acción permanente. Pero, en fin, son las cositas que nos pasan, cuando se envía a la Asamblea Legislativa a los que creen que hacer evidente su ignorancia supina, es su deber.

Por otro lado, también don Nogui dio una declaraciones al periódico Universidad, que, si uno las lee con sentido del humor y las interpreta como un libro de chistes, pues si, dan ganas de reír; pero como no es así, sino que lo dicho para Don Nogui fue en serio, entonces dan ganas de llorar al pensar en manos de quien ha caído este país. Además de poner en evidencia que sobre educación pública y en especial la universitaria no tiene la menos idea, don Nogui tiende el poder suficiente para hacerlas trizas junto con el bicéfalo y todopoderoso ministro Chaves. Cree que las universidades son simplemente fábricas artesanales de títulos y de trabajadores para las empresas privadas y que la investigación y la extensión no deben existir. Ignora por lo tanto los inmensos aportes que dan todos los días los centros de educación superior a la sociedad, más allá de su labor fundamental de preparación profesional a sus estudiantes.

En esa entrevista, don Nogui dijo muchas incongruencias y como leal seguidor del populismo fascista que nos caracteriza, fue incoherente y se valió de la posverdad en más de una oportunidad. Dos ejemplos, señaló que las universidades debían tener «mayor productividad que significa mayor pertinencia, mayor incorporación entre las necesidades…los graduados no tienen las habilidades para encontrar trabajo…» FALSOOOOO don Nogui, ya sabemos que usted y el ministro bicéfalo creen que los datos de las universidades al discutir el FEES son «listas de supermercado», por ciento muy propio de su mentalidad de pulpero o bartender en Tamarindo, porque si los estudiaran se darían cuenta la altísima empleabilidad que tienen los graduados de nuestras universidades, ubicadas dicho sea de paso, entre las mejores de Latinoamérica y el mundo. Y para terminar dijo esta frase lacerante: la periodista María José Núñez le indicó que las universidades generan conocimientos y aportes a la sociedad, y respondió el diputado Acosta: «Las universidades, por favor, dígame cuánto le damos a las universidades… cuántos estudiantes bilingües saca la universidad… ¡por lo menos deberíamos decir que todos los estudiantes que salen de la UCR debían ser bilingües!!!»

Con semejante criterio valorativo de la labor universitaria, qué importan entonces las investigaciones médicas, agrícolas, técnicas y, aunque a don Nogui le den escalofríos, humanistas. Así se comprende la persecución despiadada a la inteligencia, al final lo único que les importa es la lengua…que hablen y, al graduarse no entregarán un título, sino grilletes.

Los tiempos modernos

Escrito en . Publicado en Educación.

Marlin Óscar Ávila.

Marlin Oscar Ávila

Muchas son las costumbres y valores sociales que, aquellos que vivimos hace algunas décadas atrás, ahora las extrañamos.

Por ejemplo, nosotros de niños teníamos prohibido meternos en las conversaciones de nuestros padres con otros adultos, asimismo, expresarnos con palabras soeces o groseras sobre terceros, sin motivos sólidos, etc. Eso no ocurrió, por lo menos en mi ambiente. Si mi madre me escuchaba, me daba fuertemente en mi rostro y, ¡valla que tenía manos gruesas!

En las escuelas había clases por la mañana y por la tarde. Las tareas se llevaban hechas, con nuestra letra y puño. Los maestros anotaban a quienes llegaban tarde y faltaban con las tareas. Nada raro es que nos enviaran a la dirección, de donde se enviarían una nota a los padres y/o nos suspenderían algunos días.

Algunos maestros y padres de familia decían que «la letra con sangre entra».

Entre la corrección metodológica de la enseñanza/aprendizaje y el desarrollo pedagógica hubo avances significativos, sin embargo, los gremios magisteriales no aprovecharon esas oportunidades para fortalecer el aprendizaje del estudiando, confabulándose entre los colegios, para obtener aumentos salariales sin recompensas educativas.

Es así como ahora tenemos profesionales sin mayor sostén técnico y académico. Su disciplina deja mucho que desear y sus resultados son muy frágiles. Así los mismos secretarios de Educación gubernamentales, muchas veces están desactualizados en los avances pedagógicos internacionales y avances tecnológicos de punta.

Defensoría: Escuela de Juan Viñas con daños en su infraestructura

Escrito en . Publicado en Educación.

Como parte de una serie de inspecciones a centros educativos en el país, la Defensoría de los Habitantes se trasladó hasta la escuela Cecilio Lindo Morales, ubicada en el distrito de Juan Viñas, cantón de Jiménez. Los hallazgos revelan un estado crítico de infraestructura y serias carencias que vulneran el derecho a una educación de calidad y en condiciones dignas para los 329 estudiantes y el personal del centro educativo.

Durante la visita, el equipo de la Defensoría realizó la inspección junto con un funcionario del Ministerio de Salud. Se constata que el centro educativo opera bajo una orden sanitaria vigente desde el año 2021, a la cual no se ha dado seguimiento por parte de ninguna de las instancias involucradas.

Entre los hallazgos se pueden identificar que el centro educativo no cumple con la Ley N°7.600, carece de rampas para su ingreso y tiene seis pequeños servicios sanitarios para toda la población (estudiantes, personal y visitas). También se observó un deterioro importante de cielo rasos. En temas de seguridad hay disponibles varios extintores; sin embargo, todos se encuentran vencidos, y las rutas de evacuación no están señaladas. La instalación eléctrica muy dañada y sin entubar. El patio de juegos del kínder se encuentra deteriorado y tiene estructura de metal con exposiciones del propio metal. Es importante destacar que la escuela ha sido declarada Patrimonio Histórico y Arquitectónico y en ese sentido, el Centro de Patrimonio está dispuesto a colaborar en la elaboración de los planes constructivos en el momento que se requiera para la intervención de la escuela.

La Defensoría de los Habitantes continuará con esta labor de supervisión de las condiciones en que los estudiantes y personal docente y administrativo reciben las lecciones en aras que el Ministerio de Educación Pública atienda las necesidades urgentes en materia de infraestructura.

SiUNED: Carta abierta al Consejo Universitario, la Rectoría y la Comunidad Universitaria sobre el FEES y la rendición de cuentas institucional

Escrito en . Publicado en Educación.

Considerando:

1- Que la lucha por el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) constituye un proceso estructural y prolongado, cuya resolución no será inmediata, sino que se proyecta en el mediano y largo plazo, en un contexto de restricciones fiscales y decisiones políticas que afectan el financiamiento de la educación pública.

2- Que existe una necesidad urgente de generar conciencia, organización y movilización en la comunidad universitaria —personas funcionarias, académicas y estudiantes— frente al debilitamiento progresivo del financiamiento público de la educación superior.

3- Que el Consejo Universitario, como máximo órgano de dirección política de la UNED, debe asumir un rol activo de liderazgo en la defensa de la universidad pública, su autonomía, su financiamiento y su compromiso social con el país.

4- Que otras universidades públicas han iniciado procesos de reflexión crítica y movilización académica, utilizando los espacios universitarios como escenarios de debate, formación política y construcción de posicionamientos frente al FEES.

Por tanto, solicitamos al Consejo Universitario:

1- Asumir públicamente una posición firme, clara y protagónica en defensa del financiamiento de la educación superior pública y de la autonomía universitaria, frente a los escenarios presupuestarios restrictivos planteados por el gobierno.

2- Acoger y adaptar, en el contexto de la UNED, iniciativas impulsadas por otras universidades públicas, mediante el desarrollo de acciones permanentes de discusión, reflexión y movilización, mediante un paro activo, en todos los ámbitos institucionales.

3- Declarar el período comprendido entre mayo y agosto como una etapa institucional de análisis crítico, formación política y articulación universitaria en torno al FEES, que permita:

a- Informar a la comunidad universitaria sobre el contexto y escenarios.

b- Generar espacios de debate académico, foros y asambleas informativas virtuales y presenciales en todos los territorios.

c- Fortalecer la conciencia colectiva sobre la defensa de la educación pública.

4- Instruir a las distintas instancias académicas, administrativas y estudiantiles para que promuevan activamente estos espacios, para integrarlo a la vida universitaria de forma continua y sistemática, por ejemplo, mediante la incorporación de información en los entornos estudiantiles, espacios de atención académica, actividades académicas, insumos de imagen institucional, etc.

5- Convocar a la comunidad universitaria a participar de manera activa y consciente en este proceso, entendiendo que la defensa de la universidad pública es una responsabilidad colectiva.

La coyuntura actual exige claridad política, compromiso institucional y capacidad de conducción. Dejar de actuar en este momento implicaría ceder espacios estratégicos en la defensa de la educación superior pública.

El Consejo Universitario y el Rector, quien lo preside, están llamados a ejercer un liderazgo activo, articulador y comprometido con la historia, la misión y el futuro de la UNED.

Junto a todo lo anterior, seguimos esperando la convocatoria a una espacio público y de diálogo, para conocer la realidad financiera de la institución, tal y como lo anunciaron el 26 de marzo en la sesión abierta del Consejo Universitario en el Paraninfo de la UNED, solicitud hecha en reiteradas ocasiones por el Sindicato SIUNED, ante las preocupaciones de la comunidad universitaria.

También hacemos un llamado a la Rectoría a establecer un espacio de diálogo en donde se dé a conocer a la comunidad universitaria la estrategia y criterios que lleva la UNED a la Comisión de Enlace que negocia el FEES y su relación con la defensa del financiamiento de la educación superior y de los intereses institucionales. Consideramos necesario que cualquier acuerdo sobre el FEES sea consultado con la comunidad universitaria.

¡La defensa del FEES no es un hecho coyuntural: es una lucha estructural por el derecho a la educación pública!

¡Es necesario que la comunidad universitaria se prepare de forma unitaria y clara!

La traición del aula: El abuso de poder disfrazado de consentimiento

Escrito en . Publicado en Educación.

Anais Patricia Quirós Fernández.

MSc. Anais Patricia Quirós Fernández
Especialista en la Enseñanza del Idioma Inglés
Estudios en Género, Diversidad y Derechos Humanos
Diplomada en Cambio Climático y Gestión Integral del Riesgo de Desastres

¿Docentes o amantes, quienes comparten los salones de clase con el estudiantado?

En el siguiente ensayo, tocare un tema repugnante, que se repite una y otra vez. Situaciones que se viven en diferentes centros educativos y universitarios, que requiere la atención de las autoridades en un tono de cero tolerancias, señalando que no se trata de “historias de amor”, sino de una quiebra absoluta de la ética profesional y, en muchos casos, de un abuso de poder. Después de 30 años en las aulas, he comprendido que la forma más despreciable de corrupción no es el desvío de fondos sino el desvío de destinos.

El contrato roto: de la excelencia al abuso

Toda institución de educación superior se fundamenta sobre pilares de integridad. Por ejemplo, si analizamos la Misión de una universidad moderna, encontramos conceptos recurrentes: «Formar profesionales líderes, éticos y comprometidos con el bienestar social». Su Visión suele proyectarse como «Ser un referente de excelencia académica, valores humanos y un espacio seguro para la innovación intelectual».

Estas palabras no son adornos en un sitio web; son un contrato social. La universidad como otros centros educativos se vende a los padres y a la sociedad como un santuario del saber, un ecosistema donde el estudiante es la prioridad y su crecimiento está resguardado por la guía experta de sus maestros.

Sin embargo, esta estructura de valores se desmorona cuando el docente- el custodio de esa misión- decide instrumentalizar su posición de poder para fines personales, afectivos o sexuales. Es entonces, cuando la misión se pervierte pasando de la formación a la subordinación transformándose en una traición ética.

Cuando la visión del centro educativo se nubla, este deja de ser una guía para convertirse en un terreno de caza donde los depredadores encuentran su fuente con acceso ilimitado a sus víctimas bajo el disfraz de la “mentoría”.

Es aquí donde debo aclarar la trampa de la asimetría, ¿Por qué el estudiante siempre es la victima?

A menudo, los agresores y las instituciones cómplices intentan diluir la responsabilidad alegando que, en el ámbito universitario y otros centros educativos, se trata de «dos adultos que consienten». Esta premisa es una perversión de la realidad. El estudiante siempre es la víctima por tres razones fundamentales que el mentor abusador utiliza a su favor:

  1. El aula no es un bar ni una red social; es un espacio de jerarquía intelectual. El docente posee el conocimiento, el prestigio y la autoridad.
    • El estudiante entra en la relación desde un lugar de admiración y búsqueda de validación.
    • El mentor abusador confunde deliberadamente esa sed de conocimiento con atracción personal, utilizando su «brillantez» como una herramienta de seducción y manipulación emocional.
  1. En una universidad, el docente es juez y parte. Tiene el poder de:
    • Otorgar o negar calificaciones.
    • Recomendar (o vetar) al estudiante en círculos profesionales y becas.
    • Validar la capacidad intelectual del alumno frente a sus pares. Incluso si no hay una amenaza directa, la presión sutil siempre está presente: el estudiante sabe que rechazar al mentor o terminar la relación tiene consecuencias reales en su carrera. No se puede elegir libremente cuando el sustento de sus sueños está en manos de la otra persona.
  1. Cuando se unen, la madurez en desarrollo con la experiencia depredadora aparece una brecha de experiencia vital que el mentor utiliza para su beneficio. Mientras el estudiante está navegando por la formación de su identidad profesional y personal, el docente ya es un individuo establecido que conoce perfectamente los límites éticos que está decidiendo romper. El mentor posee la ventaja estratégica y sabe como leer las inseguridades del alumno y como manipular las emociones volviéndose el único que entiende y escucha, moviendo como la araña, la tela para que un insecto caiga y así devorarlo luego.
  2. El abusador, suele envolver la relación en un resplandor de «clandestinidad especial», haciendo creer al estudiante que son una excepción a las reglas. Este secreto no es para proteger el amor, sino para desarmar al estudiante. Ya que, al mantener la relación oculta, el mentor priva a la víctima de su red de apoyo y de la posibilidad de compartir con terceros tal secreto como también protegerse de que las autoridades institucionales o su familia, se enteren, pues la mayoría tienen esposa, esposo, o hijos.
    • Cada vez que se salta de la mentoría al abuso; se rompe la barrera profesional, no solo se falta al código de ética personal sino se invalida la razón de existir de la universidad. No existe “consentimiento” válido cuando una de las partes tiene el poder de elegir el futuro académico, la reputación y la validez intelectual de la otra en una forma tan poco profesional. Dejando en evidencia el uso de la cátedra como una plataforma de seducción que, en términos llanos, no es más que una malversación de autoridad. La forma más baja de esta corrupción no es solo el acto en sí, sino la perversión del rol.
    • El aula deja de ser un espacio seguro para convertirse en un terreno de caza. La confianza del estudiante se fragmenta: ya no sabe si sus notas son por su esfuerzo o por su «disponibilidad», ocurriendo la desintegración de la confianza.

Lo más triste es ver como estos eventos convierten la formación académica en un mercado negro, donde el estudiante debe pagar para avanzar o le es imposible competir contra quienes fueron elegidos, lo que ensucia cualquier logro futuro.

Algo que agrieta muchísimo más es cuando otros docentes conocen la situación y entre copas lo llaman “carisma”, “líos de faldas” o muestran el logro llamándolo “mi hato”, normalizando la depredación. Esa es la verdadera fusión de la corrupción: cuando el mismo sistema autoriza y protege al abusador para no dañar la “reputación” del centro educativo, haciendo del silencio un cómplice. No se le puede llamar educación, es un sistema de transacción disfrazado de pedagogía donde el intelecto es el anzuelo y la confianza es la primera víctima que se sacrifica en el altar del abuso. En el que el intelecto del docente se convierte en un arma de acecho y la confianza del estudiante en una vulnerabilidad explotable.

Como conclusión, la academia no puede seguir siendo el refugio de depredadores disfrazados de intelectuales. El aula es un espacio sagrado de transformación, no un mercado de favores. Cada vez que se usa poder, el intelecto o la jerarquía para seducir, comprar o vulnerar a quien se debería proteger, se traiciona la esencia misma de la vocación. Quien intercambia cualquier elemento con un o una estudiante por silencio, no es un académico; es un parásito del sistema educativo. Nuestra trayectoria de décadas no es una patente de corso para el abuso, sino una responsabilidad mayor de vigilancia ética.

«Escribo estas líneas no desde el rumor, sino desde el archivo del dolor que he custodiado por años. En mis gavetas y en mi memoria pesan nombres y apellidos, fechas exactas y eventos que la burocracia institucional prefirió archivar bajo el polvo de la indiferencia. Lo que más me aterra no es solo la existencia del depredador, sino el eco del vacío que encontraron los estudiantes de secundaria y universitarias, que buscaron ayuda y recibieron la espalda por respuesta”.

Por eso, mi compromiso con estas líneas es el de la memoria activa:

  • A las instituciones y autoridades: Guardar silencio ante el abuso no es ‘proteger la imagen de una institución’, es ser cómplice necesario de un delito. Las declaraciones de quienes fueron ignorados están ahí, latentes, y mi pluma no descansará hasta que el sistema de formación sea, por fin, un lugar donde el intelecto no sea el anzuelo de un abusador.
  • A las víctimas que alzaron la voz y no fueron escuchadas: Su palabra no cayó en saco roto. Aunque el sistema les falló, la ética docente no ha muerto. Este artículo es un escudo para las que vienen y un megáfono para el silencio que les impusieron.

No busco venganza, busco higiene. Porque mientras existan docentes que tasen el futuro en favores, y autoridades que vigilen el prestigio en lugar de la integridad de sus alumnos, la academia seguirá siendo una farsa. No callaré, porque el silencio es el oxígeno de la impunidad.»

«En el aula, el consentimiento no es un acto de libertad, sino un subproducto del poder. Donde hay una nota de por medio, una carta de recomendación o un futuro profesional en juego, la libertad de decir ‘no’ está secuestrada por el miedo a las consecuencias.»

Imágenes ilustrativas aportadas por la autora.

UNED abre matrícula para curso virtual y gratuito de inglés introductorio

Escrito en . Publicado en Educación.

La U Abierta de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) mantiene abierta la matrícula para el curso Inglés Introductorio, una propuesta educativa gratuita, 100% virtual y autogestionada, desarrollada por el Centro de Idiomas de la UNED.

La iniciativa busca brindar a las personas participantes la posibilidad de iniciar el aprendizaje del idioma inglés de manera flexible, avanzando según su propio ritmo y disponibilidad de tiempo, sin necesidad de horarios fijos.

El periodo de matrícula estará habilitado del 4 de mayo al 2 de agosto de 2026. El curso tiene una duración de 40 horas y dispone de 500 cupos.

Según la información compartida por la UNED, el curso inició el 4 de mayo y se extenderá hasta el 2 de agosto de 2026.

Para participar, las personas interesadas deben ingresar a la plataforma de U Abierta UNED, registrarse, iniciar sesión y posteriormente matricular los recursos educativos.

Información y enlaces de interés:

La U Abierta UNED se presenta como un espacio de aprendizaje gratuito, virtual y con respaldo institucional, orientado a ampliar las oportunidades de formación para distintas poblaciones.

Paro activo en la UNA busca fortalecer discusión sobre el FEES

Escrito en . Publicado en Educación.

La Universidad Nacional convocó a un paro activo que permitirá abrir espacios de reflexión y análisis sobre el FEES 2027, sin suspender las clases ni las labores académicas y administrativas de la institución.

La Universidad Nacional (UNA) convocó a un paro activo del 6 al 15 de mayo con el fin de abrir espacios de reflexión, información y análisis sobre la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027 y el contexto actual de la educación superior pública en el país. La medida implica un cambio temporal de actividades institucionales para facilitar la participación de estudiantes y personal universitario en distintas actividades organizadas por la Rectoría y la Rectoría Adjunta.

La convocatoria surge en medio de la discusión nacional sobre el financiamiento universitario y luego de que el Poder Ejecutivo presentara ante la Comisión de Enlace una propuesta de crecimiento del 0% para el FEES 2027. Según la Rectoría, este escenario requiere que la comunidad universitaria cuente con espacios para comprender el proceso, analizar sus implicaciones y participar de manera informada.

Durante esos días se desarrollarán actividades sobre temas como los orígenes y retos del FEES, el análisis de la propuesta presentada por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), y la autonomía universitaria ante el contexto político nacional.

La Rectoría solicitó a decanaturas, direcciones y jefaturas facilitar la participación en las actividades mediante ajustes en procesos académicos y administrativos cuando sea necesario. Jorge Herrera Murillo, rector de la UNA, destacó que este llamado busca fortalecer la participación y el análisis colectivo dentro de la institución.

“Este paro activo no significa detener la Universidad, sino abrir espacios para que la comunidad universitaria pueda informarse, reflexionar y comprender lo que está en discusión alrededor del financiamiento de la educación superior pública. El FEES tiene un impacto directo en las oportunidades de acceso, permanencia, investigación, acción sustantiva y desarrollo regional que las universidades públicas brindan al país”, indicó Herrera.

La convocatoria también establece que las actividades deberán desarrollarse bajo principios de respeto institucional, pluralidad, autonomía universitaria y formación crítica.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

UCR declara paro activo hasta julio ante incertidumbre por financiamiento universitario

Escrito en . Publicado en Educación.

La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) anunció la implementación de un período institucional extraordinario denominado “paro activo”, que se extenderá del 11 de mayo al 4 de julio de 2026, como respuesta a la situación generada tras la imposibilidad de finalizar las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027 entre el Gobierno y las universidades públicas.

Según la resolución R-298-2026, la medida busca propiciar espacios de reflexión, análisis crítico y participación informada de la comunidad universitaria frente a los posibles efectos que tendría una redistribución de los recursos históricos del FEES, la cual podría afectar el funcionamiento de la UCR y el desarrollo de sus funciones sustantivas.

La Rectoría aclara que el “paro activo” no implica suspensión de labores ni constituye una huelga, sino una modalidad organizativa excepcional amparada en la autonomía universitaria. Asimismo, se enfatiza que deberán mantenerse la continuidad de la docencia, la investigación, la acción social y los servicios institucionales.

Durante este período, las unidades académicas y administrativas podrán incorporar foros, clases públicas, asambleas informativas y otras actividades relacionadas con el debate sobre la educación superior pública y el financiamiento universitario.

La resolución también subraya que la participación en las actividades será voluntaria para estudiantes y personas funcionarias, y que deberán respetarse tanto la libertad individual como el normal funcionamiento institucional.

El rector Carlos Araya Leandro fundamenta la medida en la autonomía universitaria reconocida por el artículo 84 de la Constitución Política, así como en la necesidad de defender el financiamiento de la educación superior pública como condición indispensable para el desarrollo social, científico y cultural del país.