La Ley Fundamental de Educación de la República de Costa Rica afirma: “Todo habitante de la República tiene derecho a la educación y el Estado la obligación de procurar ofrecerla en la forma más amplia y adecuada.”
Esta afirmación, ¿es verdad o, mentira? ¿Es importante plantearse el interrogante? Si el derecho no es verdadero, su ausencia, ¿está correlacionada con la pobreza, el desempleo, la violencia social creciente, las enfermedades emocionales en incremento?
¿Quién debiera hacerse esta pregunta sin parar hasta obtener la respuesta? Para una sociedad, para un pueblo, ¿cómo se propone y, resuelve, esta interrogante?
La apatía, el silencio, la inacción, condenan al fracaso de un proyecto que no comienza.
Esto fue lo que afirmó el ministro de Hacienda Nogui Acosta, al responder una pregunta de Onda UNED “sobre el mandato constitucional de que la negociación del FEES se realice cada cinco años”. Semanario Universidad.
El texto completo de la respuesta es: “la realidad está por encima de las disposiciones, tanto los rectores como los ministros estamos claros de que ese proceso no es viable en este momento y hemos convenido en la necesidad de analizar la realidad económica del país para tener acuerdos”. Idem.
Al respecto de la pregunta, se impone aclarar que en “el mandato constitucional” no se menciona la palabra “negociación”. Y vale la aclaración para decir de nuevo que, a fuerza de no cumplir, por parte del gobierno, con lo que la Constitución manda, a algunos les ha quedado ya en su entendimiento y han aceptado que hay que “negociar” el FEES.
Lo que la Constitución manda, en su artículo 85 es: “…cubrirá el quinquenio inmediato siguiente”.
Por otro lado, el texto de la respuesta del ministro Acosta dice: “…tanto los rectores como los ministros estamos claros de que ese proceso no es viable… y hemos convenido…”. Hay que poner la atención debida en eso.
Por otro lado, la ministra de Planificación, Laura Fernández: “…manifesté a los señores rectores abiertamente la molestia de mi ministerio … el plan de la educación superior está alineado con el actual Plan Nacional de Desarrollo … cuando hoy … a pesar de que lo han puesto por escrito y en videos … el ejercicio de alineamiento con el actual no se ha realizado”. Idem
Entonces, debemos entender y atender que, la señora ministra está molesta porque no se le ha hecho caso.
Pero volvamos a la afirmación del ministro Acosta, “La realidad está por encima de las disposiciones”.
¿De verdad cree eso? La respuesta es obvia.
Entonces, por lo visto él está hablando de una “disposición” más, como cualquiera otra.
Pero de nuevo, hay que hacer otra pregunta: ¿La realidad de quién? No puede ser que alguien y cada persona o unos pocos, vayan imponiendo su realidad al mundo, ignorando marcos jurídicos ordenadores de convivencia para toda una comunidad de país.
Debe quedar claro: Esa es la posición del ministro, pero el ministro no está solo ni esta afirmación es a título personal: él es parte de un equipo de gobierno, ergo.
Debe valorarse si estas afirmaciones del ministro pueden constituir un acto que implica la subversión del orden público y estar en disposición con el devenir de esto.
De la UCR se escuchan muchas cosas, pero, no siempre se dice lo que es en la realidad. Por ello, es importante revisar lo que evidencian los datos sobre la calidad educativa, innovación y profesiones de primer nivel que ofrece al país.
La más reciente producción de la UCR, recuerda que esta casa de estudios se encuentra ubicada en 8 sedes presentes en las 7 provincias del país. Asimismo, cuenta con 13 facultades y 47 escuelas que reciben a más de 49,176 estudiantes provenientes de todo el país.
Además, existen 51 unidades de investigación de los cuales se incluyen 38 centros, 13 institutos y 6 museos. De la misma forma, se señala que esta institución acoge a 5933 personas docentes e investigadoras y 4244 personas administrativas, haciendo hincapié de que casi la mitad de las personas funcionarias perciben un salario de un millón de colones o menos y que desde el 2019, ha regulado sus gastos a través del congelamiento de anualidades, escalafones y otros tipos de componentes salariales.
Si quiere conocer más sobre el quehacer de la UCR y de lo que no, le compartimos el siguiente enlace:
Este miércoles 28 de junio, las organizaciones sociales y productivas que participan en la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, entre ellas universidades públicas, estudiantes y Magisterio Nacional, entregaron una carta solicitando al señor Presidente de la República y a la señora Ministra de Educación una audiencia cuyo objetivo es el análisis y diálogo respecto al Pacto por la Educación, entregado el pasado 20 de junio a los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Instituto Tecnológico de Costa Rica Escuela de Ciencias Sociales
PRONUNCIAMIENTO EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA COSTARRICENSE
ACUERDO DEL CONSEJO DE ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, SESIÓN No. 12-2023 DEL 26 DE JUNIO.
Considerando que:
La crisis del sistema educativo público de Costa Rica no es un hecho aislado ni fortuito, sino que responde a un proceso sostenido de políticas neoliberales que atentan contra el Estado social costarricense.
Al menos 4 pilares fundamentales de nuestro Estado social, como son la educación, la salud, la seguridad y soberanía alimentarias y las garantías laborales, han sido debilitados no sólo por el desfinanciamiento sino por la implantación de una visión de Estado antisolidario y orientado a favorecer negocios privados y dar prioridad al mercado externo sobre el mercado interno y la producción de origen nacional. Estos 4 pilares sociales aseguran que una sociedad pueda aspirar a niveles de equidad social aceptables y que por tanto la desigualdad social no crezca de manera incontenible, como ha ocurrido en Costa Rica en las últimas décadas. En los últimos meses ha sido particular la presión del Gobierno para que sea aprobado el proyecto de ley Expediente 21.182, “Ley para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras”, que acabaría con un contenido esencial del Código de Trabajo, como es la jornada laboral de 8 horas.
Ya en 2019 Luis Felipe López-Calva director del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en América Latina y El Caribe, había referido esta debacle social en una entrevista con Cecilia Barría de BBC News Mundo (25/11/2019), explicando resultados de mediciones de desigualdad en la distribución de la riqueza usando el Coeficiente de Gini (según el cual 0 es igualdad perfecta): para el año 2017 entre 18 países de América Latina, Uruguay fue el país más igualitario ocupando la posición 18 con un indicador de 39.7 y Brasil (puesto 1) fue el más desigual con un indicador de 51,3. Como más desiguales seguían Colombia, Panamá, Honduras, y en el puesto 5 estaba Costa Rica como el quinto país más desigual con un indicador de 48,7 (Durán, O. 2020).
En 2015 el presupuesto para la educación pública de Costa Rica alcanzaba el 7% el PIB, siempre por debajo del 8% que dicta la Constitución Política, pero para el año 2023 esa asignación apenas alcanzó el 6%, siendo el presupuesto más bajo en los últimos 8 años (¢2.781.003 millones).Por eso no sorprende que la negociación en la Comisión de Enlace (Poder Ejecutivo y CONARE) se torne cada vez más complicada y negativa para las universidades públicas.
La actual administración ha dejado completamente claro que su línea es desfinanciar, tercerizar y privatizar servicios sociales, igual que se ha hecho desde hace más de 4 décadas en América Latina para debilitar a los Estados y, como consecuencia, aumentar las brechas sociales. Ya las universidades públicas estamos operando bajo las restricciones que imponen las leyes No. 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y No. 10159 Ley Marco de Empleo Público, cuyos impactos negativos se agravarán en el mediano y largo plazo, entre muchas razones porque el nuevo marco de contratación laboral no permitirá mantener elevados niveles de calidad. De hecho, las universidades han disminuido sus salarios reales en los últimos años.
Los recortes, tanto en general como el no reconocimiento del 1% por inflación, agudizarán las limitaciones que ya están soportando las universidades públicas para inversiones indispensables en todas sus áreas fundamentales como docencia, investigación, extensión social, becas y todo tipo de ayudas y subsidios a estudiantes en todas sus sedes del valle central y en especial en todas las regiones del país. La negativa del Gobierno de reconocer al menos el 1% por inflación, equivalente a 5.591 millones de colones, se da “a pesar de que la inflación anual de ese año cerró en 7,88%” y sobre todo desatendiendo los argumentos del mismo Gobierno sobre “la mejora de las finanzas públicas producto de la colocación de los eurobonos por la suma 1.500 millones de dólares, del aumento en la recaudación tributaria en 3,9% del PIB, la disminución del déficit fiscal en menos 0,5% y la disminución de la razón de deuda con respecto al PIB a un 58,4%”.
En las sesiones de negociación del FEES el Gobierno ha ratificado una posición intransigente, impositiva, restrictiva y hasta falaz, por cuanto ha culpado a la Asamblea Legislativa de ser la responsable de no reconocer el crecimiento de tan solo un 1% por inflación del FESS. Esta negativa del Gobierno refleja contradicciones pues mientras argumenta que no dispone de dinero, asegura un recorte de ₡3.200 millones que pasarían del Ministerio de Educación a programas de seguridad. No es con más policías y represión que la sociedad costarricense saldrá de su creciente inseguridad, pues ésta se genera en la falta de oportunidades sociales, dentro de las cuales la educación es la más relevante. En el caso del Ministerio de Educación Pública es bien sabido que los recortes acrecientan el deterioro de la ya maltrecha infraestructura, especialmente para 800 centros educativos que han sido calificados como “tugurios”, debilitan y eliminan becas y transporte para estudiantes, comedores escolares, bibliotecas, entre otros. Esa posición confrontativa del Gobierno se ha manifestado en muchas oportunidades como con la afrenta de la ministra de educación a la rectora electa del ITCR, al decirle que “agradeciera que la dejaran participar”en la Comisión de enlace, y con las expresiones del Presidente de la República descalificando la marcha por la defensa de la educación pública del 20 de junio de 2023 diciendo “que la convocatoria fue débil, no había una causa clara” (lo cual no es menester rebatir), pero además por decir que un 8% del PIB para la educación “pudo haber sido en consecuencia y en intención, una medida populista”.
Mientras se debilita la inversión social, el Estado sigue demostrando una total incapacidad y falta de voluntad para cobrar impuestos a las empresas que siguen declarando cero utilidades y por tanto haciendo perder cada año miles de millones de dólares al Gobierno. Muchas de esas compañías que declararon“cero utilidades” hasta por 3 años consecutivos (2019, 2020 y 2021), son Grandes Contribuyentes Nacionales (GNC). Entre estas se incluyen Ecodesarrollo Papagayo LTDA., Grupo Nación GN S. A., APM Terminals Moing S. A. y Grupo Quality Motor S. A. Esta tendencia nacional es el denominador común global como lo demostró OXFAM (2020) en su Informe “Tiempo para el cuidado. El trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad”, al señalar que “…tan solo el 4% de la recaudación fiscal mundial procede de los impuestos sobre la riqueza, y hay estudios que demuestran que las grandes fortunas eluden hasta el 30% de sus obligaciones fiscales” (p.12). En Costa Rica, como hemos señalado, no existe un sistema eficiente, seguro, ni equitativo de cobro de impuestos, de tal manera que se visualiza una mayor polarización social. La OECD en su “Estudios Económicos de la OECD: Costa Rica 2020” reconoció que en el año 2019 Costa Rica fue, según el Coeficiente de Gini, el país con mayor desigualdad en un grupo de 37 de todo el mundo (p.14). A pesar de los diagnósticos, las políticas económicas mantienen el sesgo marcadamente restrictivo, que se expresa de manera particular en la reducción de la inversión social en los sistemas de salud y educación públicas.
POR TANTO, SE ACUERDA:
Conscientes de que tenemos que mejorar el impacto positivo de nuestras universidades públicas en la sociedad costarricense y fundamentalmente entre los segmentos sociales más desfavorecidos, según lo que dictan nuestros Estatutos Orgánicos, rechazamos todo intento actual y futuro de los Gobiernos de recortar los fondos para la educación pública costarricense independientemente de si es presupuesto para las universidades, los niveles de preescolar, educación general básica o diversificada.
Exigimos que el Gobierno de la República reconozca y presupueste el 8% del producto interno bruto para la educación en general y el 1.5% para la educación superior, de acuerdo con lo que dicta la Constitución Política de Costa Rica en sus artículos 78, 84 y 85.
Exigimos que el Poder Ejecutivo reconozca, al menos, el 1% de crecimiento por inflación del FEES para el año 2023, tal y como había sido acordado en la Comisión de enlace, y apoyamos la posición unánime y coherente de los Señores Rectores, y de la Rectora electa del ITCR, de rechazar la imposición unilateral y falaz del ministro de Hacienda, de que se cercena ese dinero a las universidades porque “en la Asamblea Legislativa nos quitaron del presupuesto ₡81.000 millones”.
Instamos a los Señores Rectores y de la Señora Rectora electa del ITCR a que, en la sesión de negociación del próximo 30 de junio 2023, mantengan esa misma posición con base en los estudios que las mismas universidades están preparando, a fin de garantizar para el año 2023, como mínimo, un FEES que incluya el 1% por inflación. De igual manera, les pedimos que en la negociación del FEES para el 2024 reafirmen la decisión de defensa del FEES y que en el momento que sea oportuno y sin vacilaciones, convoquen a las comunidades universitarias a esa tarea, ya sea en las sedes universitarias de todo el país o en las calles.
Instamos a las autoridades universitarias del ITCR y de todas las universidades públicas, y de todos los niveles, a que afiancemos la defensa del FEES y nos mantengamos y fortalezcamos una sólida alianza para defender la educación pública de Costa Rica como un sistema integral que permita mantener y elevar la calidad de vida de la sociedad costarricense.
Instamos vehementemente a las nuevas autoridades del ITCR a que asuman y mantengan en la Comisión de Enlace, y ante cualquier instancia de los poderes Ejecutivo y Legislativo, una posición inclaudicable de defensa, mantenimiento y crecimiento real del presupuesto para la educación costarricense, asegurando el mandato constitucional de otorgar un 8% del producto interno bruto para la educación en general, y de éste el 1.5% para la educación superior pública.
Instamos a todas las personas integrantes de la comunidad universitaria del ITCR a estudiar responsablemente y multiplicar toda la información relacionada con el quehacer de la universidad y su impacto en la sociedad costarricense, pues es a esa sociedad a la que nos debemos y a la cual le debemos rendir cuentas. Adicional y particularmente, a los y las docentes les solicitamos que dediquen el tiempo necesario en cada uno de sus cursos para dialogar y explicar la crisis del Estado Social de Derecho, de la educación y en particular de la educación superior pública en Costa Rica.
Reconocemos la responsabilidad y compromiso de los y las diputadas que se han manifestado por la defensa de la educación pública de Costa Rica, y les pedimos que legislen conforme lo establece la Constitución Política asegurando el 8% del PIB a la educación. Les pedimos que, además, no voten positivamente ninguna iniciativa que debilite el sistema de educación pública del país y favorezca las iniciativas de educación privada.
Nos comprometemos a fortalecer las alianzas con otros actores sociales que defienden la salud pública, la agricultura nacional campesina, la educación pública y las garantías sociales contra las cuales se ha ensañado la actual administración, pues todas han sido, son y seguirán siendo, componentes indispensables para un modelo de sociedad que aspire a la justicia social, la solidaridad y más altos niveles de calidad de vida.
ITCR, Escuela de Ciencias Sociales, 26 de junio de 2023.
Díaz Zeledón, Natalia (27 abril, 2021). Dictamen de préstamo del FMI estaría listo hasta viernes 30 de abril por casos de COVID-19 [en línea] https://semanariouniversidad.com/pais/dictamen-de-prestamo-del-fmi-estaria-listo-hasta-viernes-30-de-abril-por-casos-de-covid-19/
Hoy en el TEC. Redacción (15 de junio 2023). Reunión Comisión Enlace. Universidades rechazan que Gobierno evite la responsabilidad de 1% adicional del FEES 2023 [en línea] https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2023/06/15/universidades-rechazan-gobierno-evite-responsabilidad-1-adicional-fees-2023
Muñoz Solano, Daniela y Nuñez Chacón, María (8 marzo, 2023). APM Terminals, Grupo Nación, Meco y H. Solís entre las 183 empresas que declararon cero Renta en 2021 [en línea] https://semanariouniversidad.com/pais/apm-terminals-grupo-nacion-meco-y-h-solis-entre-las-183-empresas-que-declararon-cero-renta-en-2021/
Rivero, Adrián Z (21 junio, 2023) Rector UCR: “Si no hay 1%, no continuamos con la negociación” [en línea] https://semanariouniversidad.com/universitarias/rector-ucr-si-no-hay-1-no-continuamos-con-la-negociacion/
Zamora Huertas, Luis Alfonso (21 junio, 2023). Ministra de Educación dijo a rectora electa del TEC que agradeciera que la dejaran participar, confirman rectores [en línea] https://semanariouniversidad.com/universitarias/ministra-de-educacion-dijo-a-rectora-electa-del-tec-que-agradeciera-que-la-dejaran-participar-confirman-rectores/
Señor presidente usted se equivoca, empobrecer y despreciar la educación pública es ajeno a la tradición costarricense, incluso en las mayores crisis la educación de excelencia sigue siendo la respuesta y la educación superior la mejor apuesta de futuro para el país. En Costa Rica existe un hilo, un hilo democrático que atraviesa buena parte de nuestra historia republicana: la educación pública.
Costa Rica siempre luchó por su derecho a la educación. Por presión de la ciudadanía se expandieron las escuelas a todo el territorio, la ciudadanía fue la que pidió la gratuidad y la obligatoriedad de educación. Los y las costarricenses hemos reconocido que la defensa de la educación es algo que trasciende ideologías y partidos políticos, porque primero hay una base que es la fortaleza de un sistema educativo público, eficiente y de calidad en el que estamos llamados a seguir trabajando tanto usted como yo.
En 1998 la educación se fortaleció en el artículo 78 de la Constitución Política que fijó un piso presupuestario correspondiente al 6% del Producto Interno Bruto y, en 2011 se volvió a reformar para fijarlo en el 8%. Precisamente este mandato se afianzó en nuestra Carta Magna para que, por más compleja que fuera la situación, se garantizara los recursos suficientes para la educación de calidad y a la que este país tiene derecho.
Esas asambleas legislativas visionarias sabían que, en el momento en el que fuera amenazada la educación, estaban amenazando nuestra propia existencia como sociedad democrática, tal y como su gobierno lo está haciendo.
Presidente, cuando quiera hablar sobre el tema de fondo, aquí vamos a estar. Cuando quiera trabajar propuestas para resolver los problemas de educación pública del país y buscar soluciones para llegar a cumplir la Constitución Política, aquí vamos a estar. Mientras su objetivo sea tergiversar información y polarizar, no cuente con nosotros.
Este fue el mensaje del Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Rector de la Universidad de Costa Rica para el presidente Rodrigo Chaves.
El pasado martes 20 de junio de 2023, se realizó una importante movilización en defensa de la educación pública en todos sus niveles.
Tanto la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Técnica Nacional, como las organizaciones sindicales de primaria y secundaria, APSE, SEC, SIMPAE y ANDE, se unieron para protestar por el recorte presupuestario que el gobierno actual de Rodrigo Chaves intenta realizar a todo el sistema educativo nacional.
Otras organizaciones sindicales y sociales se unieron en defensa de la educación pública, entre ellas la del sector salud y sociales como el Bloque Cívico del Cantón Central de Limón, entre muchas otras. Los limonenses vienen dando una importante lucha contra las políticas neoliberales que han privatizado los muelles, una de las pocas alternativas de empleo que tenían y que en condiciones laborales y económicas brindaban un poquito de mejores condiciones a los trabajadores.
Otra alternativa laboral que queda en la provincia es en plantaciones, con salarios de hambre y sobre explotación laboral, sin contar con el uso de agroquímicos que afecta la salud y contaminan las aguas. Dos de los dirigentes presentes en la movilización fueron Eduardo Sanabria y Jhonny Cuendis, y ambos nos dieron unas cortas declaraciones sobre algunos temas de sus luchas en la provincia.
Eduardo Sanabria es dirigente ex muellero y miembro del Bloque Cívico de Limón. Palabras fuertes y contundentes. Limón, junto a Guanacaste y Puntarenas, son las tres provincias con mayor pobreza, desempleo y hambre.
Curiosamente son las tres provincias por las que entra y sale la riqueza de nuestro país, las fronteras terrestres y marítimas por las que las exportaciones y las importaciones vienen y van, generando miles de millones que está haciendo multimillonarios a unos pocos pero que no generan en las provincias ningún beneficio económico ni desarrollo.
Para demostrar la anterior afirmación investigamos y según Procomer, las exportaciones de Costa Rica han crecido en promedio $1 billón de dólares por año ($1,000,000,000,000), o lo que es lo mismo, este sector privilegiado, los exportadores, que son los únicos que ganan con las crisis económicas, se echaron a la bolsa nada menos que más de 540 mil millones de millones de colones (₡540,093,900,000,000.06), contando además con todos los privilegios fiscales que los exonera de pago de impuestos y que provoca la crisis económica del Estado costarricense.
En el caso de los muelles de Limón, hay un Canon que los administradores de los muelles de Limón deben pagar para ser invertidos en la provincia, pero que corre peligro de desaparecer por no cobro, por favorecimiento a la empresa extranjera, o que se transfiera al gobierno central.
El Canon tributario es la tasa que se paga por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público.
Escuchemos a Johnny Cuendis, también ex muellero y miembro del Comité Cívico de Limón.
Las particularidades de las carreras de música exigían una formación musical desde edades tempranas, de ahí surge la necesidad de crear hace 30 años, el Programa Preuniversitario de Formación Musical de la Escuela de Música de la Universidad Nacional (UNA), que se convierte en el vínculo entre la Escuela y los futuros estudiantes que quieran cursar una carrera universitaria.
En la actualidad, de acuerdo con su coordinador Fabián Jiménez, el programa desarrolla tres planes de estudio: Iniciación Musical, Plan Regular y Cursos Libres “Las clases de Iniciación Musical se ofrecen a niños y niñas de entre cuatro y siete años. Los Cursos Regulares buscan una formación integral del estudiante mediante clases de instrumento, teoría musical y un taller o ensamble, mientras que los Cursos Libres se ofrecen a todas las personas que desean aprender un instrumento para un disfrute personal”.
Según Jiménez, esta iniciativa también es un medio para que estudiantes avanzados o recién graduados de las carreras de Educación Musical o de Instrumento, puedan desempeñarse como docentes y aplicar sus conocimientos pedagógicos y musicales en la formación musical de los participantes. Se ofrecen clases de saxofón, flauta traversa, guitarra, guitarra eléctrica, violín, viola, cello, contrabajo, bajo eléctrico, percusión, batería, clarinete, trompeta, piano, canto lírico, canto popular, además de los cursos teóricos y los talleres o ensambles.
Recientemente, menciona el coordinador, se ofrece el Taller de inclusión para personas con discapacidad, en donde se desarrollan destrezas musicales básicas a través de actividades lúdicas, enfatizando el canto, patrones rítmicos de movimiento, percusión corporal, estimulación del oído melódico, ejecución instrumental básica de piano e instrumentos de percusión, lectura rítmica y melódica. También se ofrece cada año un Curso de preparación a las pruebas de ingreso universitario, que se enfoca en preparar a aquellos estudiantes que desean presentar las pruebas de ingreso a las carreras universitarias ofrecidas en la UNA.
Además, los estudiantes participan de múltiples conciertos, recitales, concursos y festivales cada semestre, ayudando a elevar el nivel cultural de las comunidades, mediante la difusión de música de compositores clásicos y contemporáneos.
A las comunidades
El programa también ejecuta iniciativas de extensión en conjunto con la Universidad Estatal a Distancia (UNED), tal es el caso de la sede de San Marcos de Tarrazú y Atenas. Anteriormente, se trabajó con la municipalidad de San Rafael de Heredia.
“Yo estoy preparándome para ser profesora de música. Este curso, a pesar de ser gratuito tiene un valor muy grande para la zona, porque la gente tiene el derecho de poder no solo aprender, sino que tiene la oportunidad de prepararse para un futuro profesional”, dijo Estefany Hidalgo, estudiante de solfeo, piano, guitarra y canto de la sede de la UNED en San Marcos de Tarrazú.
Por su parte, Elías Campos, descubrió su pasión por el piano desde hace 3 años y medio y quería avanzar más en sus estudios. «Quiero tener un nivel más avanzado para cuando tenga que realizar mis estudios universitarios. He aprendido bastante, he mejorado y me han enseñado nuevas técnicas, ahora tengo que practicar más y dedicarle más horas para mejorar cada día”, detalló Elías Campos también de la sede en San Marcos.
Recital de guitarra a cargo de los estudiantes del profesor Alejandro Valverde. Foto cortesía Preuniversitario.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
El mundo globalizado se encuentra en una encrucijada. El sistema económico-político, egoísta, depredador, que concentra poder y riqueza, expandiendo dolor, se agota.
¡Sí, es necesaria una revolución!
Tal vez sea ahora más claro que esa revolución ha de tener su origen y, fundamento, en la educación. ¿Quién el sujeto de esa revolución?
El problema a debatir y, a resolver, es cuál será esa educación que libere rompiendo cadenas en el interior, en la mente, en el espíritu de cada persona.
¿En dónde plantear el problema? ¿Cómo debatir y, construir, esa educación? ¿Quién se atreve?
Dura tarea tiene la administración Chaves, para poder justificar ante el Tribunal Contencioso, que el convenio suscrito para hacerse de una manzana de terreno del Liceo de Costa Rica desconoce tres cosas:
Que la junta administrativa del Liceo, que les otorgó los 10 mil metros cuadrados, solo tiene carácter de auxiliar de la administración de la Institución.
Que el concejo municipal nombró ilegalmente dicha junta.
Y que dicho convenio, suscrito por los ministros de Obras Públicas, Vivienda y Educación, no puede desconocer la Ley Oduber de 1974, que otorga dicho terreno al Liceo.
Ello, sin considerar, que el proceso de arrendamiento mediante el cual el Ministerio del señor Amador, paga ₡192 millones anualmente, por el uso de esa manzana, obedece a una firme resolución judicial.
La buena y vieja idea de la «Ciudad Gobierno» no debería buscar su ejecución cometiendo errores semejantes, aún antes de dar sus primeros pasos.
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