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SINPAE: huelga indefinida fue declarada legal

Sindicato Patriótico de la Educación

El SINPAE comunica con gran orgullo que la Huelga Indefinida del Magisterio Nacional fue declarada legal.

Hoy, después de 163 días, en los cuales los valientes sinpaístas nos hemos mantenido en huelga indefinida, a pesar de las amenazas y represión del Ministerio de Educación Pública, nos sentimos satisfechos de la labor realizada.

Continúe leyendo el comunicado en la siguiente imagen.

 

Imagen ilustrativa.

Compartido por Rosa Muñoz en redes digitales.

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Taller de fotografía de retrato callejero y edición fotográfica

El próximo 9 y 16 de marzo se estarán impartiendo en La Oficina, Monteverde Centro los talleres de fotografía de retrato callejero y edición fotográfica, por José Pablo Porras y representantes del Bloque Documental respectivamente.

Ver la imagen para más información.

 

Compartido por Bertalía Rodríguez en redes digitales.

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Acción global: justicia para Berta

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, invita el próximo 02 de marzo a manifestarse frente a las embajadas de Honduras del mundo para: exigir la captura de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres y de la cancelación del Proyecto Hidroeléctrico «Agua Zarca».

 

Enviado por Alejandro García Valerio.

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Pronunciamiento en pro de la paz en Venezuela – con firmas

Las personas abajo firmantes, costarricenses provenientes de diversos sectores de la sociedad, animadas por un hondo sentimiento de preocupación por los peligros que corre la paz, tanto regional como mundial, queremos levantar nuestra voz en pro de una solución pacífica y en concordancia con los principios del derecho internacional para solucionar el conflicto que hoy afecta a los hermanos venezolanos.

Levantamos nuestra voz secundando los llamados a la paz y al diálogo, a fin de buscar una solución por medios estrictamente políticos a los problemas internos de Venezuela. Otro tanto ha hecho el Secretario General de las Naciones Unidas. Secundamos las iniciativas diplomáticas de México y las naciones del Caribe. Todo lo cual va en plena concordancia con la tradición de paz de nuestro país. Costa Rica ha hecho de su proclama de una neutralidad perpetua y activa un principio de su Constitución Política. Costa Rica fue firmante de los acuerdos de la II Cumbre de la CELAC en que declara a los países de América Latina y el Caribe como tierra de paz. Nuestro país debe ser fiel a esta tradición de paz y de no injerencia en los asuntos internos de otros estados soberanos. Es la hora de actuar en concordancia.

Dr. Arnoldo Mora Rodríguez, catedrático emérito de la Universidad de Costa Rica, exministro de Cultura.

Guadalupe Urbina Juárez, cantante y compositora.

Dionisio Cabal Antillón, cantautor y compositor.

Rubén Pagura Alegría, actor y músico.

Esteban Monge Flores, cantautor.

Manuel Monestel Ramírez, músico y compositor.

José María Villalta Flórez-Estrada, diputado del Frente Amplio.

Elizabeth Cook, teóloga, rectora de la Universidad Bíblica Latinoamericana.

Javier Francisco Cambronero Arguedas, educador, ex diputado de la República.

Francisco Enríquez Solano, catedrático emérito UCR.

Margarita Bolaños Arquín, antropóloga, profesora UCR pensionada.

Elsa Tamez, teóloga y biblista.

Juan Stam, teólogo, catedrático pensionado de la UNA.

Franz Hinkelammert, economista, escritor e investigador, Doctor Honoris Causa UNA.

Pablo Richard, teólogo.

Plutarco Bonilla, catedrático pensionado UCR.

Miguel Picado, historiador.

Manuel Araya Incera, historiador.

German Chacón, investigador y académico UNA.

Juan Boza, catedrático pensionado UCR.

Francisco Camacho, ex diputado.

Luis Guillermo Herrera, catedrático pensionado UCR.

Leonardo Perucci, actor.

Rocío Alfaro, filósofa y científica social.

Nieves Martínez, profesora universitaria UNA.

Daniel Camacho Monge, sociólogo, catedrático, profesor emérito UCR.

Walter Antillón, abogado, profesor emérito universitario, catedrático UCR.

Rafael Cuevas Molina, catedrático UNA.

Marcela Dumani Echandi, nutricionista, docente universitaria.

Héctor Ferlini-Salazar, comunicador, docente UCR.

Albino Vargas Barrantes, dirigente sindical.

Mauricio Castro Méndez, abogado laboralista.

Yadira Calvo Fajardo, escritora, filóloga y feminista.

Elizabeth Fonseca Corrales, historiadora jubilada, ex diputada del PAC.

Claudio Enrique Monge Pereira, catedrático UCR pensionado, ex diputado del PAC.

Arabella Salaverry Pardo, escritora y actriz.

Edvan Córdoba Vega, especialista en género y desarrollo.

Yendri Martínez Rivera, fisioterapeuta.

Gerardo Contreras Álvarez, historiador UCR, asesor sindical.

Célimo Guido Cruz, agricultor, ex diputado de Fuerza Democrática.

Sergio Erick Ardón Ramírez, arquitecto, ex diputado de Pueblo Unido.

Arturo Gudiño Briceño, periodista.

Sergio Reuben, catedrático UCR

Luis Paulino Vargas Solís, economista, profesor universitario, presidente del Movimiento Diversidad.

Edgardo Araya Sibaja, abogado, ex diputado y ex candidato presidencial del Frente Amplio.

Diego Miranda Méndez, regidor en San José.

Mario Grant Sáenz, ingeniero civil, regidor en San José.

Susan Campos Ortega, contadora, regidora en Desamparados.

Mario Ruiz Salas, regidor en Montes de Oca.

José Alberto Castro Porras, regidor en Aserrí.

Paquita Cruz Villalobos, pintora, feminista.

Yolanda Bertozzi Barrantes, abogada.

Wilson Arroyo Oconitrillo, cantautor.

Oscar Jara Holliday, director CEP Alforja, presidente del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, CEAAL.

Rodolfo Ulloa Bonilla, sociólogo, asesor parlamentario.

Asdrúbal Marín Murillo, filósofo, profesor universitario.

Luis Roberto Zeledón Arias, asesor legislativo ANEP.

Virginia María Acuña Montero, coordinación Justicia Paz e Integridad de la Creación. JPIC C.R.

María Eugenia Román Mora, abogada, asesora parlamentaria.

Vernor Arguedas Troyo, matemático, catedrático jubilado UCR.

Gerardo Hernández Naranjo, politólogo, profesor universitario UCR.

Gustavo Oremanuno Vignet, luchador social.

Alejandro Delgadillo Solano, educador y abogado.

Juan Félix Montero Aguilar, educador pensionado.

Marcela Sánchez Cortés, payasa y actriz, regidora en Montes de Oca.

Ronald Arrieta Calvo, profesor universitario, regidor en Goicoechea.

Geovanna Sandoval Cambronero, técnica en servicio al cliente, regidora en La Unión.

Kattia Rodríguez Brenes, docente, regidora en Turrialba.

Oscar F. Boschini Sáenz, Comité Costarricense de Solidaridad con Venezuela y la Revolución Bolivariana.

Xiomara Esquivel Vargas, actriz y productora de artes escénicas.

Oscar Leiva Cerrato, consultor.

María Rocío Céspedes Rodríguez, profesora pensionada.

Sonia Solís Umaña, antropóloga, profesora pensionada UCR.

Dita Montiel González, estudiante universitaria.

Ana Isabel Robles Cascante, socióloga.

Rafael Angel Ugalde Quirós, periodista y notario público.

Fabio Cerdas Obando, escultor, pintor.

Oscar Barrantes Rodríguez, historiador.

Gerardo Mora Burgos, filósofo, catedrático pensionado, UCR.

Álvaro Fernández González, sociólogo.

Oscar Salas León, profesor jubilado UNA.

Luis Ángel Salazar Osés, sociólogo, profesor jubilado, UNA y UNED.

Circulo Bolivariano Yamileth Lopez – Costa Rica.

Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU).

Jaime Lobo Segura, matemático UCR.

Orlando Barrantes Cartín, dirigente Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC).

Ariel Robles Barrantes, académico UNA.

César López Dávila, psicólogo, asesor sindical.

Álvaro Rojas Valverde, comunicador e historiador popular.

Saúl Umaña Barquero, abogado laboralista.

Adriana Laclé Murray, médica pensionada.

Jorge Lobo Segura, biólogo, catedrático UCR.

Vicky Borbón Pineda, Humanista.

Jesús Campos Méndez, dirigente sindical, presidente de la CTCR.

Walter Quesada Fernández, coplero, dirigente sindical.

Marielos Castro Umaña, educadora jubilada.

Alcides Monge Mora, cc: Gaus, comerciante.

Vera Sancho Mora, docente.

Asdrúbal Duarte Esquivel, profesor jubilado UCR.

Ana Georgina Ulate Chaves, trabajadora social.

Catalina Miranda Matamoros, técnica en masaje terapéutico.

Javier José Prada Ortiz, taxista.

Erika Maritza Álvarez Sandí, educadora.

Eduardo Guillén Gardela, regidor en Desamparados.

Oscar Madrigal Jiménez, abogado.

Marco Tulio Araya Barboza, periodista.

Marcela Naranjo Segura, regidora en Sarapiquí

Ricardo Araya Piedra, abogado.

Juan Carlos Durán Castro, dirigente sindical CTRN.

José Gabriel Rivas-Ducca, biólogo.

Jaime Cerdas Solano, docente.

Luis Antonio Ulloa Bonilla, empresario.

Olman Varela Durán, consultor en medio ambiente.

Gerardo Badilla Álvarez, técnico especializado química – farmacia.

Marlon Quesada Medina, ingeniero topógrafo.

Kattia Murillo Jiménez, ingeniera ambiental.

Daniel Torres Sandí, regidor en Moravia.

Erica Guevara Reyes, psicóloga.

Virginia Ramírez Cascante, docente universitaria.

Melania Monge Rodríguez, educadora jubilada.

Lupita Chaves Salas, educadora jubilada.

Erika Henchoz Castro, periodista.

Yadira Martita Brenes, traductora.

Rosa Alvarado Avellán, profesora jubilada.

Iris Zumbado Zumbado, periodista.

Rubieth Jaén Angulo, docente jubilada.

Ileana Monge Serrano, educadora y empresaria.

Elisa Donato Monge, socióloga.

Alicia Eugenia Vargas Porras, educadora jubilada UCR.

María Eugenia Rojas Rodríguez, docente jubilada.

Mirta González Suárez, psicóloga y escritora, catedrática emérita UCR.

Sofía Alejandra Guillén Pérez, economista, asesora.

Bruno Merino Martínez, empresario.

Marcony Lacayo Elizondo, indígena Maleku de Guatuso, conciliador titulado por Los Mayores.

Reinier Canales Medina, dirigente campesino.

Claudio Ansorena Montero, economista.

María Pérez Iglesias, escritora.

José Luis Callaci Leguizamo, consultor, analista político.

Dulce Umanzor Alvarado, abogada.

Violeta Duarte Fonseca, pensionada.

María Elia Rodríguez, filóloga pensionada.

Ivonne Lepe Jorquera, ingeniera.

Rafael Angel Rivas Ducca, consultor de negocios.

Adriano Corrales Arias, escritor.

Hannia Mora Zamora, microbióloga.

Alejandra Espinoza Arias, corredora de seguros.

Luis Guillermo Serracín Fuentes, maestro de obras.

Ignacio Dobles Oropeza, psicólogo, profesor UCR.

Flor de Lis Monestel Corrales, trabajadora social.

Ernesto Luna Palma, sociólogo.

Italo Fera Fallas, sociólogo.

María Ignes Monestel Corrales, abogada.

Laura Gómez Vázquez, decoradora de interiores, regidora en Tibás.

Ricardo Hernández Mora, profesor de química en secundaria.

Aristides Mena Mena, pensionado.

Roy Jiménez Oreamuno, politólogo y economista.

Eliohonay Arias Valverde, médico emergenciólogo.

Lidieth Uribe Loría, microbióloga.

Damaris Rodríguez Lara, ingeniera agrónoma, docente jubilada.

Osvaldo Calvo Rodríguez, agricultor.

Laura Hall Moore, educadora.

Milton Guerrero Poveda, profesor ciencias económicas.

Natalia Solano Vargas, técnica en ciencias médicas – laboratorista.

Jonatán González Díaz, educador.

Paulino Madrigal Rodríguez, abogado, consultor ambiental.

Saúl Castañeda Salazar, director del Colegio Técnico Profesional de Santa Ana.

María Bejarano Monge, administradora de empresas.

Celina Beatriz Castro Zúñiga, Agenda Cantonal de Mujeres Desamparadeñas.

Fernando Martínez Montoya, oficinista.

Carlos Luis Aguilar Garro, ingeniero agroquímico y agrónomo.

Juan Carlos Cruz Barrientos, comunicador social.

Eduardo Ureña Solano, programador de computadoras.

Edison Valverde Araya, Movimiento Buen Vivir CR, CaminantedelSur.Com

Fernando Francia, comunicador.

Sandra Paniagua Paniagua, médica.

Grace Prada Ortiz, historiadora, docente pensionada.

José Valverde Fuentes, oficinista.

Ismael Salas Cortés, artesano.

Rodrigo Arias López, matemático y profesor universitario, pensionado.

Rodrigo Quesada Monge, historiador, catedrático, jubilado.

Enrique Sandoval Núñez, abogado.

Romano González Arce, nutricionista y antropólogo.

Erika Sevilla Zepeda, ingeniera informática.

Carlos Giovanny Ramírez Guerrero, enfermero, promotor sindical.

Jorge Martínez Díaz, agricultor.

Marielos Giralt Bermúdez, filósofa, profesora universitaria.

Ricardo Ascanio Sánchez, empresario librero.

Flory María Montoya Hernández, docente.

Millaray Villalobos Rojas, antropóloga.

Carlos Cruz Chavez, profesor universitario.

Ana Lorena Dávila Cubero, trabajadora social.

Carmen Brenes Sáenz, administradora pública, pensionada.

Rodrigo Quesada Solís, ingeniero.

Natalia Fernández Román, médica.

Oscar Morera Madrigal, médico.

José Daniel Fernández Román, estudiante.

Daniel Guillermo Fernández Morales, abogado.

Sonja Amarú Schumacher Fernández, estudiante.

Vladimir Quesada Santamaría, arquitecto.

Daniela Oca Varela, médica.

Margarita Varela Quesada, comerciante.

Alejandra Oca Varela, educadora.

Rashida Shajide Farah Guzmán, médica.

Karen Adriana Carranza Blanco, médica.

Alexis Oca Ramírez, técnico electrónica.

Ismael Salas Cortés, artesano.

Rodrigo Arias López, matemático y profesor universitario, pensionado.

Rodrigo Quesada Monge, historiador, catedrático, jubilado.

Enrique Sandoval Núñez, abogado.

Romano González Arce, nutricionista y antropólogo.

Erika Sevilla Zepeda, ingeniera informática.

Carlos Giovanny Ramírez Guerrero, enfermero, promotor sindical.

Jorge Martínez Díaz, agricultor.

Flory María Montoya Hernández, docente.

Ana Tristán Sánchez, jubilada.

María Magdalena Cano Valle, docente.

Marcos Chinchilla Montes, profesor UCR

Dan Abner Barrera Rivera, académico de la UNA

José Eduardo Medina Guevara, ciudadano.

Nidia Fonseca Rivera, profesora de secundaria.

Dagmar Facio Fernandez, ciudadana.

José Amesty, ciudadano.

Laura Arias Cabrera, ciudadana.

Leda Méndez Arias, abogada.

Sonia Salazar Quirós, ciudadana.

Paulo Barrera Rivera, sociólogo

Marianela Espinoza Vega, docente MEP.

Marco Antonio Umaña Vargas, agricultor.

Jiddu Rojas Jiménez, profesor de filosofía y master en estudios latinoamericanos.

Rudolf Wedel Schweichler, fotógrafo, profesor, UTN.

Marlin Oscar Ávila, ciudadano.

Antonieta Fernández Quirós, abogada.

Víctor Madrigal Sánchez, profesor Escuela Ecuménica UNA.

José Varela Arguedas, técnico en telecomunicaciones.

Hernán Alvarado Ugarte, jubilado.

Ana Isabel Gardela Ramírez, periodista.

Hernán Tasies Guido, ciudadano.

Ana Lucía Cabal Antillón, docente jubilada.

Marta Eugenia López Subirós, socióloga.

José Francisco Alfaro Carvajal, ciudadano.

Suy Wong Ugalde, traductora, activista por los derechos humanos.

Allan Guzmán Delgado, ciudadano.

Luis Del Valle Carazo, médico jubilado.

Isabel Calvo González, académica.

Giovanni Beluche Velásquez, sociólogo.

Carlos Humberto Herrera, trabajador de la construcción.

Gustavo Campos Alfaro, Frente Amplio.

German Urbina Pastora, ingeniero en computación.

Gerardo Vargas Varela, sacerdote católico, ex diputado del Frente Amplio.

Ulises Araya Chaves, estudiante de Enseñanza de los Estudios Sociales.

Otto Ureña Badilla, pensionado.

Juan Carlos Bermúdez, administrador.

José Rafael Jiménez, administrador de empresas.

Víctor Madrigal Sánchez, UNA, EECR.

Hannia Franceschi Barraza, trabajadora social, profesora universitaria jubilada.

Sergio Rodriguez, ciudadano.

Luis Fernando Astorga Gatjens, periodista y educador.

María Elena Fournier Solano, extensionista universitaria, presidenta y fundadora de la Asociación Conservacionista YISKI.

Axel Hernández Fajardo, catedrático jubilado de la Universidad Nacional.

Marta Chacón Mora, ciudadana.

Isabel Ducca Durán, socióloga y filóloga.

Alejandra Ducca Durán, socióloga.

Ana Franzen, defensora de Derechos Humanos Internacional, miembro de honor de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos.

Álvaro Vega, sociólogo.

Andrés Mora Ramírez, coordinador de la maestría en Estudios Latinoamericanos, UNA.

Marino Marozzi Rojas, economista.

Oscar Mario Solano Aguilar, médico, profesor universitario.

Dr. Jaime Delgado, catedrático UNA

Edgar Mora Guerrero, ciudadano cédula 202901140

José María Gutiérrez Gutiérrez, profesor universitario catedrático

Alejandra Cartín Leiva, psicóloga

Cristóbal Montoya, profesor UCR jubilado, expresidente Colegio de Ingenieros Agrónomos

Carlos Luis Chacón Salas, luchador social

Daniel Acuña Lizano, ciudadano

Antonio Ortega Gutiérrez, secretario general del Frente Amplio

Mauricio Jiménez Alvarado, educador, dirigente sindical

Marielos Álvarez Fernández, catedrática UNA. Jubilada

Carlos Alberto Ulloa Bonilla, ciudadano

Ana Virginia Ortiz Ortiz, administradora de empresas turísticas

Juan Guillermo Ortiz Ortiz. ciudadano pensionado

Eugenia Salazar Aguilar, abogada

Walter Benavides Hernández, compositor, productor y cantautor

E. Danilo Pérez Zumbado, académico pensionado UNA

Dr. Celso Vargas, profesor Instituto Tecnológico de Costa Rica

Gilberth Salas Hidalgo, ciudadano

Lic. Antonio Cabal Trejos, abogado independiente

Aurelia Trejos París, artista, compositora, actriz emérita

Andro Zeledón Castro, artista audiovisual

Marielos Azofeifa Víquez, educadora y administradora jubilada

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo, catedrático UNA

Olga Prieto Cruz, socióloga

Carlos Jaime Soley

 

Si desea suscribir el documento puede comunicarlo a nuestro correo: periodico.surcos@surcosdigital.com

 

Enviado por Rodolfo Ulloa Bonilla.

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Acciones transformadoras frente a fundamentalismos

El Departamento Ecuménico de Investigaciones, DEI, nos comparte esta reflexión que hace Nancy Cardoso sobre el fundamentalismo y los riesgos que trae consigo su injerencia en el espacio público. Como proyecto de poder, el fundamentalismo se vale de alianzas y cómplices.

Desde el DEI se busca dar espacio a espiritualidades respetuosas, que no sean ejercidas desde la dominación o desde la manipulación de la religiosidad para promover discursos de odio, o para lastimar a otras personas y atacar su dignidad, sus derechos.

«Lo que (les) asusta no es que seamos diferentes. Lo que asusta es cuando la diferencia va desapareciendo. Si desde la diferencia vamos a construir la igualdad, la diferencia se va achicando. (…) El proyecto de los sectores conservadores es un proyecto fascista«.

Nancy Cardoso

 

Enviado por DEI Departamento Ecuménico de Investigaciones.

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SEC dice NO al proyecto 20.786 de Educación Dual

El proyecto 20.786 de Educación Dual, tal y como está redactado no resuelve el problema del desempleo, ni el de los “ni-nis”, ni abre las puertas a nuevas inversiones saludables para la economía, contrario a lo señalado por el diputado liberacionista Wagner Jiménez -en una entrevista para Diario Extra.

El SEC considera que este proyecto intensificará la expulsión de la educación formal de amplios sectores de jóvenes, propiciará más explotación de la población más vulnerable y promoverá un patrón laboral de informalidad, carente de derechos laborales.

En el proceso con gobierno, sindicatos y cámaras empresariales, facilitado por la OIT, se discutía una modalidad de Educación Dual analizando modelos exitosos, como el alemán, donde siempre a los estudiantes-aprendices se les reconocen sus derechos laborales mediante un contrato, bajo el ojo fiscalizador de su central sindical. Aquí se insiste en un contrato civil que no reconoce derechos, ni obligaciones patronales y excluye la protección sindical, dejando a cada estudiante indefenso frente a la empresa.

Además, se demostró mediante un modelo de simulación realizado científicamente, que las empresas siempre obtienen ganancias rápidas de la inversión que realizan en este sistema, aun cumpliendo con todas las garantías sociales, como: seguridad social y salario proporcional al tiempo trabajado, pues las y los aprendices aumentan la productividad en la medida que avanzan en su proceso educativo.

El SEC además, planteó que esta modalidad Dual, debía significar también un estímulo a la culminación de los procesos de educación formal, de manera que aprender un oficio no limite el futuro de las y los estudiantes que se integran, sino que, por el contrario; le brinda nuevas opciones laborales y académicas.

Pero todos los aportes que se dieron en este proceso tripartito se despreciaron; para complacer a los grandes capitales y su avaricia. El proyecto que se dictaminó está dejando a las y los estudiantes trabajar parcialmente sin salario ni garantías sociales, sin protección a quienes son menores de edad, sin garantizar que puedan continuar su proceso educativo, además; deja abierto el portillo a cualquier tipo de oficio sin definir, con la herramienta que nos da el Marco Nacional de Cualificaciones y su fiscalización, promoviendo el desorden y las estafas educativas que pululan en el medio privado.

Es importante resaltar que tampoco garantizan un mínimo de contratación por parte de las empresas, por lo que pueden impunemente utilizar el trabajo gratuito de estudiantes, año tras año, sin que se resuelva el desempleo futuro de los mismos.

El SEC asumió seriamente el debate de lo que debería ser la Educación Dual en nuestro país. Pero diputados como Jiménez, se orientan más por el favorecimiento irresponsable de las grandes empresas y se convierten en “vendedores de humo” que juegan con las necesidades más apremiantes de las familias empobrecidas de este país.

El SEC rechazará todo proyecto de Educación Dual que por su contenido; amenace los derechos de la niñez, la adolescencia y la educación integral, o que exponga esa juventud a la explotación laboral, sin que se les garantice la posibilidad de continuar estudiando. Tampoco apoyaremos un modelo que no les proteja en ambientes adultos, pues se les expone a situaciones de acoso laboral, sexual, etc.; mucho menos un modelo que reduzca su desarrollo normal, al limitar el tiempo para estudio y recreación, aumentando la brecha social.

El 20.786 debe archivarse, a menos que se modifique y vuelva a basarse en un diálogo tripartito, velando por los derechos de la niñez y la juventud a una formación integral y a un trabajo de calidad en el futuro.

 

Enviado por SEC.

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Pronunciamiento en pro de la paz en Venezuela

Las personas abajo firmantes, ciudadanos costarricenses provenientes de diversos sectores de la sociedad, pero animadas tan sólo por un hondo sentimiento de preocupación por los peligros que corre la paz, tanto regional como mundial, queremos levantar nuestra voz en pro de una solución pacífica y en concordancia con los principios del derecho internacional para solucionar el conflicto que hoy afecta a los hermanos venezolanos.

Levantamos nuestra voz secundando los llamados a la paz y al diálogo, a fin de buscar una solución por medios estrictamente políticos a los problemas internos de Venezuela. Otro tanto ha hecho el Secretario General de las Naciones Unidas. Secundamos las iniciativas diplomáticas de México y las naciones del Caribe. Todo lo cual va en plena concordancia con la tradición de paz de nuestro país. Costa Rica ha hecho de su proclama de una neutralidad perpetua y activa un principio de su Constitución Política. Costa Rica fue firmante de los acuerdos de la II Cumbre de la CELAC en que declara a los países de América Latina y el Caribe como tierra de paz. Nuestro país debe ser fiel a esta tradición de paz y de no injerencia en los asuntos internos de otros estados soberanos. Es la hora de actuar en concordancia.

Dr. Arnoldo Mora Rodríguez, catedrático emérito de la Universidad de Costa Rica, exministro de Cultura.

Si está de acuerdo en suscribir este pronunciamiento favor enviar su nombre completo y profesión, oficio o puesto a: mora_arnoldo@hotmail.com

*Quienes deseen suscribir el documento puedo comunicarlo a nuestro correo: periodico.surcos@surcosdigital.com

 

Imagen ilustrativa.

Información enviada a SURCOS por Rodolfo Ulloa.

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Inician cruzada por baja en precio de medicinas

  • Control estatal del precio de los medicamentos

  • Cruzada nacional para disminuir el precio de las medicinas

Antecedentes:

1.-La economía nacional, desde siempre, se ha movido dentro del marco de la economía liberal que se implantó desde nuestros orígenes. Así, el productor de bienes y servicios le ponía el precio que ell consideraba justo a sus productos y el comprador que manejaba el dinero, pagaba o no el precio establecido, no sin que antes hubiese una fuerte puja, unos por bajar el precio y los otros por subirlos. En esta lucha usualmente- como en la época, actual- gana el poseedor del dinero que impone sus condiciones a un productor que necesita vender para poder subsistir.

2.- En nuestro país, mediante una reforma de calidad, se logró acercar, a mediados del siglo pasado, el médico al paciente, la medicina al enfermo, mediante la contribución tripartita Estado- patronos y trabajadores creando la CCSS, institución que aún se mantiene a pesar del sistemático ataque del capital luchando por capturar el rico filón de la producción de salud. Desde hace años el encarecimiento de los métodos diagnósticos así como del tratamiento de las enfermedades se han incrementado enormemente, haciendo que la respuesta institucional sea cada vez más deficiente

3.- La batería farmacológica de que dispone el médico en la Caja, en este momento, es limitada en cantidad y calidad – de ahí los faltantes de medicinas en las farmacias de la institución y la imposibilidad que tienen los médicos de prescribir medicamentos de avanzada, que hayan mostrado, según la literatura,- ser más eficientes en el control de las enfermedades.

4.- Las casas farmacéuticas en alianza con lo las farmacias locales se han puesto de acuerdo para exprimir a la enorme masa de enfermos, la mayoría asegurados, que reciben recetas para las farmacias privadas pues las medicinas de la Caja no controlan, con toda eficiencia, las enfermedades como lo hacen las medicinas de reciente aparición.

5.-. Así vemos como pacientes asegurados, que cotizaron toda su vida, se ven obligados a distraer alrededor de i 300 mil colones mensuales en adquirir medicinas que la CCSS le debía estar dando.

6.- Que sirva el presente comentario para que todos los costarricenses nos unamos en una cruzada nacional l que obligue al gobierno a imponer precios accesibles a todos los productos farmacéuticos.

CONTROL ESTATAL DEL PRECIO DE LAS MEDICINAS. YA.

Dr. Rigoberto Salas Aguilar, médico pensionado CCSS y- UCR.

Alajuela, 3 febrero 2019

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de la página oficial de la UCR.

Enviado por Rigoberto Salas Aguilar.

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UNA: Las universidades estatales estamos al servicio del país

Dr. Alberto Salom

Rector Universidad Nacional

 

Los rectores de las universidades públicas hemos observado con preocupación ataque que, principalmente desde, mediados del 2018, diputados de diversas fracciones y medios de comunicación han hecho a las instituciones de la educación superior.

Estamos preocupados porque, como intento probar, no obstante, el respeto que nos merecen tanto los diputados, como los representantes de los medios de prensa, la mayor parte de los argumentos son descontextualizados, se basan en información falsa y contienen con frecuencias descalificaciones contra lo rectores. Para probar lo dicho me referiré, como un ejemplo al editorial de La Nación del 14 de enero pasado informativo.

1- El editorial cita un fragmento del artículo 85 de la Constitución Política, según el cual las rentas que reciben las Universidades con cargo al Presupuesto Nacional (o FEES), no podrán ser abolidas, ni disminuidas, y que las mismas serán ajustadas de acuerdo con la variación en el poder adquisitivo de la moneda.

El editorialista tiene el afán de resaltar lo que denomina “el riesgo moral” que—según él—se alimenta cuando las universidades obtienen un elevado aumento en la base. Este afán lo lleva a omitir algunos hechos muy importantes. El primero de ellos, sobre el cual no se dice media palabra, es que al aprobar el último Presupuesto Nacional de la República, el 20 de noviembre, los diputados disminuyeron las rentas que reciben las universidades, en clara violación del artículo 85 Constitucional.

En segundo lugar, el mismo artículo 85 señala que: “Cualquier diferendo que surja respecto a la aprobación del monto presupuestario del Plan Nacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa.” Pero no surgió ningún diferendo en el seno de la Comisión de Enlace. Considero imposible que el editorialista desconozca este hecho.

2-Por otra parte, se omite decir que los aumentos “elevados” del FEES a la base como el que se produjo al inicio de la administración Solís, son una excepción en los últimos nueve años. También se guarda el editorial de puntualizar que según el artículo 85 constitucional, el presupuesto de cada año no puede ser disminuido, ni abolido, “…si no se crean, simultáneamente otras mejoras que las sustituyan.” Si bien es cierto desde el 2010 el presupuesto universitario creció a una tasa un poco inferior al 10%, de nuevo se omiten dos circunstancias concordantes entre sí:

  • Durante buena parte de la década de los años 90 el presupuesto de las universidades fue decreciente con relación al PIB nominal. En ese lapso hubo un año inclusive, en el que el crecimiento del presupuesto de las instituciones públicas de educación superior fue inferior al crecimiento del poder adquisitivo de la moneda y al menos en dos años de la misma década fue casi similar a la inflación. O sea, las universidades arrastraron un rezago importante en su presupuesto respecto del PIB.
  • En el 2011 se reformó el artículo 78 de la Constitución, ley 8954-06-02, mediante la cual se aumentó la dotación del presupuesto nacional a la educación en su conjunto, del 6% al 8%. El transitorio I de dicha ley señala que: “El gasto público en educación podrá ser inferior al ocho por ciento (8%) durante los períodos fiscales anteriores al año 2014. Sin embargo, en ningún caso el porcentaje del producto interno bruto destinado a la educación podrá ser más bajo que el del año precedente.” Como es sabido, en la fecha indicada no se llegó al 8% del PIB para la educación en su conjunto.
  • Por todas las circunstancias antedichas, el presupuesto en conjunto de las cuatro universidades (UCR, TEC, UNA y UNED) ni siquiera había llegado al 1.5% respecto del PIB, como parte del 8% del presupuesto total del gobierno destinado a la educación. No es sino hasta el 2019 que se llega al 8%; es decir, con un retraso de cuatro años. Esta relación del 1.5% respecto del PIB, en tanto el presupuesto total de educación llegase al 8%, nació de un acuerdo con el gobierno de Laura Chinchilla, el cual ha sido rubricado ya por dos gobiernos más.

3- El editorial pretende abordar el tema de los pluses, de una manera sesgada. Veamos:

  • El freno del crecimiento del FEES en el 1.5% del PIB, impedirá un crecimiento del mencionado presupuesto de las universidades, y por lo tanto, no se comerá “…año a año porciones mayores de los recursos económicos y fiscales del país” como lo supone el editorialista. Lo que sí puede ocurrir, si no se introducen correctivos a determinados pluses instalados en toda la administración del Estado, de los cuales las universidades públicas no son excepción, es el indeseable efecto de que los aumentos de la masa laboral crezcan en un porcentaje mayor respecto del total de los recursos del FEES. Empero, con los planes de control del gasto que se comenzaron a implementar, los rectores estamos dados a la tarea de impedir que eso suceda.
  • El editorial quiere desconocer lo que los rectores hemos hecho frente a gastos indebidos, al afirmar que “…es poco -o más bien, nada- lo que han hecho para evitarlos o moderarlos.” La Nación sabe algunas de las iniciativas que hemos emprendido, puesto que las noticias han sido publicadas en sus mismas páginas y los rectores en ocasiones hemos sido entrevistados. Ejemplos: Henning Jensen, de la UCR, se ha referido públicamente a un plan de contención del gasto, dentro del cual una de las medidas más importantes fue reducir la anualidad de un 5.5% a 3.75%. El rector Marcelo Prieto de la UTN disminuyó de un 55% a un 30% del salario el monto de la dedicación exclusiva; dejando el beneficio solamente a jefes, directores o coordinadores, ya antes se había eliminado el acceso de bachilleres a este beneficio.
  • Finalmente, vuelven a arremeter contra este servidor y contra la UNA, al publicar que parte de los ingresos que recibimos las universidades por concepto de transferencias (FEES) los dedicamos a la construcción de obras de baja importancia social, y mencionan la ya existente Plaza de la Diversidad Cultural. Hemos aclarado que no nos propusimos construir una plaza. Pero al repetir ese estigma una y otra vez, como lo hacen hoy La Nación y otros medios, han logrado instalar en la conciencia de mucha gente una idea errónea, desnaturalizando una obra cultural y académica, que se proponía crear una galería de arte, una concha acústica para la expresión artística de la danza, del teatro y de la música, junto a la ampliación de la soda Padre Royo, indispensable para una población universitaria creciente, así como oficinas para la dirigencia estudiantil de la UNA. Con la línea editorial de La Nación uno puede tener diferencias, pero siempre he leído con interés su trabajo en el ámbito cultural. No entiendo cómo pueden ahora separarse alevosamente de esa línea, buscando crear la imagen de que los universitarios malbaratamos los recursos en bagatelas. Esas “bagatelas” son obras del arte y la cultura. El desprestigio provocado no es sano ni justo con una institución a la que le ha costado años labrar la imagen que hoy tiene entre muchos conciudadanos, como una institución que usa los recursos para becar a cerca del 60% de sus estudiantes y otorgar beca completa al 78% de nuestros jóvenes en las zonas rurales. En cambio, no es posible por la ley de promoción de desarrollo científico y tecnológico, según el artículo 95, tomar los recursos que con sacrificio obtenemos de la venta de servicios en el ámbito externo a la universidad para, como lo pretende el editorial “…otorgar becas a estudiantes provenientes de familias de recursos limitados.” Es cierto que en ese mismo artículo la ley permite usar los recursos en lo que dispongamos las autoridades universitarias, cuando la venta de servicios se haga a lo interno. Sin embargo, los recursos de esta venta suelen ser exiguos como para pensar que se pueda otorgar un monto significativo en becas a estudiantes de escasos recursos. La pretensión del editorial refleja un desconocimiento supino acerca de cómo se deben manejar los recursos públicos que recibimos.

Tampoco es cierto, que los subsidios del FEES “…beneficien a estudiantes provenientes de familias acomodadas, que en mayor proporción concluyen la educación media.” La UNA posee uno de los sistemas de admisión más justos de las universidades del país. Lo que no podemos directamente es impedir, como universidad, que sean los estudiantes de familias acomodadas los que en mayor proporción concluyen la educación media. Endosarnos esto también es el colmo de la distorsión de la realidad, solo para desprestigiar a las universidades públicas.

Con la comisión recientemente instalada en la Asamblea Legislativa, si desean analizar los recursos del FEES, estamos prestos a colaborar, somos entidades que no tenemos nada que esconder y estamos dispuestos al diálogo. Las universidades estatales estamos al servicio del país.

 

Enviado a SURCOS por M.Sc Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación Rectoría UNA.

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Festival Vivas nos queremos Upala

  • Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer seguimos diciendo que VivasNosQueremos

Cenderos y la Red VIF de Upala están organizando para este viernes 8 de marzo de 9 a.m. a 12 m.d. un festival en el Parque de Upala con arte, actividades recreativas, deporte, información, exposiciones de productos elaborados por mujeres, pero principalmente con mucha reflexión sobre los derechos de las mujeres y las niñas.

Durante el Festival #VivasNosQueremos se tendrá por primera vez en Upala una poderosa puesta en escena del colectivo de artistas Mujeres Libres Riendo.

«MUJERES LIBRES RIENDO es un TALLER DE CLOWN PARA MUJERES y también es evento multidisciplinario (Varieté) hecho por chicas, para todos y todas.

Tomamos la escena porque las mujeres necesitamos ponerles voz y cuerpo a nuestras realidades, para empoderarnos desde la risa, para transgredir y hacer la revolución con alegría. ¡Porque al ocupar sólo nosotras este espacio y en este formato nos empoderamos, crecemos juntas, nos retroalimentamos y principalmente nos reímos mucho! Una locura maravillosa y psico-mágica que todas y todos deberían vivenciar». Tomado del Facebook Cenderos

 

Enviado por Cenderos.

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