Para RedESS ser los anfitriones y coorganizadores de un encuentro internacional constituye también una ocasión para validar nuestros planteamientos alrededor de la necesidad urgente de visibilizar esta otra economía asociativa alternativa a la crisis económica, social y ambiental, desempleo creciente, aumento de la pobreza y exclusión social. Los signos de los tiempos que nos tocan vivir parecen no ser alentadores. Sin embargo las organizaciones, sus comunidades y territorios presentan siempre una gran capacidad de resistencia, fuente de oportunidades y esperanza.
Es por lo que sería la ocasión de poner de nuevo en el debate nacional y en el evento VII-ELACESS- 2019 / Un encuentro internacional constituiría una ocasión de fortalecer y de continuar el proceso emprendido por RedESS desde el 2013.
A las personas interesadas en participar del VII Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Economía Solidaria, la fecha límite de inscripción es el próximo 20 de febrero.
El evento será del 27 de febrero al 01 de marzo en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica en San Pedro de Montes de Oca y contará con la participación de las principales redes y movimientos de economía social solidaria de América Latina, así que será una gran oportunidad para el intercambio de experiencias.
Para participar deben llenar el Formulario de Inscripción que viene adjunto. Toda la información relacionada al evento la pueden encontrar en el siguiente enlace: VII ELACESS 2019 o en nuestro sitio web: www.redesscr.org
Ante los improperios que se dejó decir el Alcalde de San Rafael de Heredia en una sesión del Concejo Municipal, aludiendo directamente a integrantes del colectivo CONCEVERDE de San Rafael de Heredia, el día de hoy 5 de febrero presentamos ante la Secretaría del Concejo nota de descargo dirigida a ustedes los regidores (as).
UNA ofrecerá oferta técnica deportiva para entrenadores y atletas de la provincia limonense
El día viernes 01 de febrero de 2019, la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la Universidad Nacional, ha presentado en la provincia de Limón la iniciativa de una oferta curricular de formación y capacitación a entrenadores de esa región caribeña.
La Dra. Ana María Hernández Segura, Rectora Adjunta de la Universidad Nacional comentó que en el marco de las Carreras Itinerantes que promueve la Rectoría Adjunta, hoy en Limón se está concretando la oferta de formación: “Técnico en entrenamiento deportivo” para atletas y entrenadores de Limón en coordinación con la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la Universidad Nacional. De esta manera, en el mes de abril de 2019 se estará dando inicio la primera promoción
Para la Master Yadira Cerdas Rivera, Vicerrectora de Extensión, con esta iniciativa se da respuesta a uno de los temas de las mesas de diálogo sobre Cultura, Deporte y Recreación del III Encuentro Regional que la Vicerrectoría de Extensión realizó en el 2018.
Para el Dr. Braulio Sánchez Ureña, Director de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la UNA, con este esfuerzo desde la academia se pretende mejorar los niveles de conocimiento y por ende mejoras futuras en los procesos de detección y desarrollo del talento deportivo de la región caribeña.
El encuentro se realizó en la casa de la Cultura de la ciudad de Limón y se contó con la presencia de autoridades de los gobiernos locales de la provincia, comités cantonales de deporte y recreación, casa presidencial.
Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
Costa Rica ha sido por largos años un pueblo respetuoso y pacífico, libre de acciones militares, respetuoso de la autonomía y la autodeterminación de los pueblos del mundo, así nos queremos mantener.
Hechos acaecidos recientemente nos ponen en estado de alerta y preocupación.
Primero: Que Estados Unidos se encuentra en un juego geopolítico peligroso para la paz de la región Latinoamericana y Caribeña en contra de la República Bolivariana de Venezuela.
Segundo: Que el presidente en ejercicio Carlos Alvarado Quezada ha utilizado su investidura para seguir el juego a Estados Unidos, sin consultar a su pueblo y sin observar si se están violentando los tratados internacionales y principio de neutralidad, poniendo en riesgo la democracia costarricense.
Tercero: Que en ese peligroso juego se ha estado permitiendo el ingreso de personas no deseables y peligrosas a suelo costarricense a vista y paciencia de las autoridades y representantes de gobierno, como es el caso de Lorent Saleh quien fue expulsado por el Ex presidente colombiano Juan Manuel Santos por organizar actos terroristas contra el pueblo venezolano en territorio colombiano.
Cuarto: Que muchos ciudadanos costarricenses no están de acuerdo con la aceptación del poder ejecutivo costarricense, de aceptar a un ciudadano venezolano de apellido Guaidó que se auto nombró como presidente espurio sin legitimidad alguna, violentando así todas las normas del derecho internacional, los Convenios de Viena, los valores costarricenses, la carta de la Organización de las naciones Unidas, nuestra propia institucionalidad.
Quinto: Por lo tanto exigimos como pueblo soberano que somos:
-Al presidente Carlos Alvarado que deje de estar sirviendo al juego injerencista de la administración Trump y de los intereses hegemónicos de los Estados Unidos
– Que la presidencia, cuerpo diplomático, parlamento de la República, cumplan con su trabajo respetando la autonomía y autodeterminación de los pueblos del mundo, la no injerencia en los asuntos internos de los países, que se respete el principio de neutralidad y que se promueva la paz de la región como siempre ha sido el actuar del pueblo costarricense.
– Que el poder ejecutivo la cancillería, y autoridades competentes, detengan el ingreso de personas peligrosas al país como es el caso del sujeto Lorent Saleh.
-Que se solicite la salida inmediata Lorent Saleh y de otros delincuentes y criminales de guerra requeridos por las leyes internacionales
Exigimos también el retiro inmediato de Costa Rica del “Grupo de Lima”
Exigimos de la misma manera la renuncia del actual ministro de relaciones exteriores Manuel Ventura
Los abajo firmantes nos unimos a este llamado y advertimos que de no tomarse las acciones que correspondan al derecho internacional e institucionalidad costarricenses además de los principios de autodeterminación, no intervencionismo y paz, hacemos responsables al gobierno de Carlos Alvarado Quesada del derramamiento de sangre que se podría ocasionar en la república Bolivariana de Venezuela y la región latinoamericana y del caribe.
San José Febrero 2019
Ingrese en el siguiente enlace para firmar la petición:
El pasado 22 de enero, luego de presentar la acción de inconstitucionalidad, los rectores atendieron a la prensa nacional Foto: Anel Kenjekeeva.
La Sala Constitucional acogió la acción de inconstitucionalidad interpuesta por los rectores de las cinco universidades públicas, en contra del recorte de 10 mil millones de colones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que realizó la Asamblea Legislativa.
La acción se presentó el pasado 22 de enero para impugnar el artículo 2º de la Ley Nº9632 del 28 de noviembre de 2018, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019, argumentando que dicho recorte al FEES violenta el artículo 85 de la Constitución Política que dota de patrimonio y rentas propias a las universidades públicas y dice literalmente que «las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan”.
El monto del FEES para el año 2019, definido por la Comisión de Enlace (las instituciones de educación superior universitaria estatal y los Ministros de Educación, Hacienda, Planificación y de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones), se fijó en 511.154,72 millones de colones, monto que corresponde al mismo presupuesto asignado en el año 2018, pero que integra el 3% de inflación estimada para el año 2019, por parte del Banco Central.
El Poder Ejecutivo incorporó este monto en el proyecto de presupuesto ordinario de egresos de la República, según lo ordenado por el artículo 85 de la Constitución Política. Durante la discusión del proyecto de ley de presupuesto por parte de la Asamblea Legislativa, las y los diputados aprobaron un rebajo de 10 mil millones a la asignación del monto del FEES.
Esto, según la petitoria presentada por los rectores, significa una intervención indebida del Poder Legislativo en el ámbito de las competencias constitucionales asignadas por el artículo 85 al Poder Ejecutivo, que mediante acuerdo con las instituciones de educación superior universitaria estatal suscrito el 13 de julio de 2018, determinaron la asignación constitucional para el FEES correspondiente al año 2019.
Henning Jensen, rector de la UCR y presidente de Conare, manifestó que “esto representa un importante primer paso en la defensa de los recursos de la educación superior pública y por hacer valer lo que nuestros constituyentes plasmaron en la Carta Magna, precisamente, para proteger los recursos de la educación de intereses políticos”.
Ahora la Sala analizará por el fondo la acción de inconstitucionalidad presentada por las universidades públicas y deberá pronunciarse sobre el caso.
La Asociación de Desarrollo Bajo Arias Calle Orlich le invita este próximo domingo 03 de marzo a las 9 a.m. a la Caminata Recreativa a Catarata la Danta en Bajo la Paz de San Ramón 2019. La misma consta de 13 kilómetros caminando por senderos por bosque primario y secundario hasta llegar a la catarata La Danta.
El costo será de 7 mil colones e incluye un refrigerio en el campamento de la catarata y se rifaran unas camisetas entre los participantes.
La sociedad se beneficia más de la universidad si ella es libre y se desempeña sin la injerencia del Estado, de la religión o la política
Según la constitución política, la autonomía universitaria es especial, por lo que es distinta de la del resto de los entes descentralizados en nuestro ordenamiento jurídico.
Existe un debate sobre el concepto de autonomía universitaria, sus implicaciones y alcances. Desde la Universidad de Costa Rica se desea aportar elementos a dicho debate.
La autonomía universitaria fue enunciada, a principios del siglo XIX, por Guillermo de Humboldt, cuando, junto con otras personas, fundó la Universidad de Berlín. Decía este erudito alemán que la sociedad se beneficiaría más de la universidad si ella fuera libre y pudiera desempeñarse sin la injerencia del Estado, de la religión o la política, ya que el desarrollo del conocimiento, el avance científico y tecnológico, así como la innovación social y cultural requieren de condiciones de libertad para otorgarle a la sociedad sus mejores propuestas.
En América Latina, estas ideas de Humboldt cobraron vida gracias a la llamada Reforma de Córdoba de 1918. En nuestro país se estableció en el artículo 84 de la Constitución Política de 1949, la cual rige hasta nuestros días.
La autonomía da independencia a las universidades públicas en el desempeño de sus funciones y plena capacidad legal. Garantiza el derecho a organizarse, administrarse y regularse a sí misma, sin interferencias de grupos o sectores externos, así como a emplear sus recursos de acuerdo con sus propias decisiones. Todo esto dentro de los límites establecidos por la misma Carta Magna.
La autonomía se creó históricamente en la mayoría de universidades públicas de América, y del mundo, para democratizar la educación superior pública y para acercarla a las necesidades de la sociedad, a la vez que procuraba alejarla de los intereses de sectores económicos o políticos influyentes. Ese fue uno de los principales reclamos del movimiento que lideró la Reforma de Córdoba.
Concepto de autonomía
En nuestro país, como en muchos otros, las resoluciones de la Sala Constitucional marcan pauta sobre los alcances de la autonomía universitaria.
La sentencia de la Sala Constitucional No. 1993-01313, del 26 de marzo de 1993, en el apartado “Significación del concepto de autonomía”, es clara al manifestar que “las Universidades del Estado están dotadas de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Esa autonomía, que ha sido clasificada como especial, es completa y por ésto, distinta de la del resto de los entes descentralizados en nuestro ordenamiento jurídico”.
Las universidades públicas han sido dotadas de facultades y poderes administrativos para llevar adelante el fin que se les ha encomendado, sin injerencias externas. Pueden establecer sus planes, programas, presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno propio, regular el servicio que prestan y decidir libremente sobre su personal. Todas estas las modalidades: administrativa, política, organizativa y financiera de la autonomía, se han considerado como indispensables para asegurar la democracia de las universidades en el importante servicio que brindan a toda la sociedad.
La Sala Constitucional también manifestó que lo que se plasmó en la Constitución Política es que la universidad, como centro de pensamiento libre, debe y tiene que estar exenta de presiones o medidas de cualquier naturaleza que tiendan a impedirle cumplir, o atenten contra su cometido.
Según explica el Lic. Luis Baudrit, jefe de la Oficina Jurídica de la Universidad de Costa Rica, la autonomía universitaria no se reduce al simple ejercicio de las funciones académicas, ni tampoco a las actividades de naturaleza puramente administrativa. Es mucho más amplia. Incluye las potestades de organizarse, de gobernarse y de celebrar contratos. Todos estos ámbitos, potestades y derechos corresponden exclusivamente a las universidades estatales, tal como lo garantiza la Constitución, de forma tal que en sus competencias y gestiones no pueden intervenir entes u órganos externos.
Por su parte, el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR, ha señalado que la autonomía universitaria no significa que las universidades estatales sean «repúblicas independientes», ni un estado dentro de otro estado. La autonomía no significa aislamiento, ni actuar al margen del ordenamiento jurídico; al contrario, es una forma de vínculo socialmente responsable y comprometido con el bien común de toda la sociedad.
El rector Jensen, así como otras y otros rectores de la UCR, han manifestado que el ejercicio de la autonomía debe estar acompañado de una comunicación directa con la sociedad para que las universidades respondan a sus necesidades, para lo cual la independencia resulta una condición indispensable. Solo desde su autonomía la Universidad puede contribuir adecuadamente al bienestar ciudadano, la equidad y la justicia social.
Rendición de cuentas permanente
En materia presupuestaria y cumpliendo con los principios de transparencia y rendición de cuentas el presupuesto de la UCR, tras ser fiscalizado por instancias internas, es aprobado por la Contraloría General de la República (CGR), y cada seis meses se presenta un informe de ejecución presupuestaria ante el ente contralor.
La UCR también contrata anualmente una auditoría externa que realiza un análisis de la situación financiera de la Universidad, que es presentada ante la CGR. Además la Contraloría realiza periódicamente auditorías a la institución. Es decir, no es cierto que la Universidad esté exenta de controles internos y externos.
Así mismo, la UCR cuenta con el sitio web de transparencia (www.ucr.ac.cr/transparencia), donde se encuentra toda la información actualizada de la normativa, presupuestos, escalas salariales y mucha otra información que es de acceso público.
La autonomía y la Reforma de Córdoba de 1918
La Reforma de Córdoba, fue impulsada por un fuerte movimiento estudiantil y social en 1918, en la provincia argentina de Córdoba, que promovió la democracia interna de las universidades, frente al dominio que tenía la oligarquía y los resabios del colonialismo español. Se exigía contar con universidades públicas que respondieran a la sociedad en su totalidad y que no privilegiaran los intereses de determinados grupos o sectores.
La Reforma se centró en la organización de un gobierno propio en las universidades, que pudiera garantizar la democratización en la toma de decisiones en todos los niveles.
Los jóvenes exigieron una educación laica, la libertad de cátedra y la participación del movimiento estudiantil en el rumbo de las universidades.
Además, lucharon por el derecho a la autonomía universitaria como principio rector del autogobierno en los aspectos académicos, docentes, la investigación científica de avanzada y control de las finanzas institucionales.
El concepto de autonomía viene de una lucha social generada por la Reforma de Córdoba, cuyos principios fueron incorporados en la educación superior pública de casi todo el continente y que han sido referentes en procesos de discusión sin precedentes en todo el mundo.
La autonomía universitaria no significa evadir la rendición de cuentas a los entes gubernamentales correspondientes o la creación de territorios soberanos.
Las universidades deben tener un ejercicio trasparente de sus funciones. Para ello poseen instancias internas que participan en la toma de decisiones, así como procesos internos de control y de rendición de cuentas, ese quizás es el principal aporte de la Reforma de Córdoba que sigue aún vigente, luego de cien años de historia.
Las universidades públicas rinden cuentas a la ciudadanía y a las instancias correspondientes brindando acceso a la información clara, suficiente, relevante y oportuna
Rectores de universidades públicas, enero, 2019. Foto: Anel Kenjekeeva.
El Consejo Nacional de Rectores (Conare) refutó las declaraciones de la Contralora, Marta Acosta, realizadas el lunes, en la Comisión Legislativa que estudia el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), sobre la planificación y la rendición de cuentas de las universidades públicas.
A pesar de que es práctica usual el envío de los informes a la Contraloría General de la República, por parte del Consejo Nacional de Rectores y las Universidades Estatales, se envió a la Contralora, mediante oficio OF-CNR-20-2019, del 5 de febrero y firmado por el Presidente del Conare, Henning Jensen, los informes de seguimiento y monitoreo del Plan Nacional de la Educación Superior Planes 2016-2020, correspondientes a los años 2016 y 2017, además se le indicó el proceso con el cuál se realizó dicho seguimiento y monitoreo, el cual se detalla:
El proceso parte de los indicadores que fueron definidos en la formulación del Planes 2016-2020.
En el año 2016, la Comisión de Directores de Planificación designó a la Subcomisión de Indicadores para que realizara el seguimiento. Este equipo elaboró la metodología con la cual realizaría el monitoreo y seguimiento, la cual fue aprobada por la Comisión de Directores de Planificación en la sesión 04-17 del 04 de mayo de 2016.
Durante el año 2017 se inició con la recopilación y procesamiento de los datos 2016, para los indicadores establecidos, con los que se elaboró el documento “Informe ejecutivo de seguimiento y monitoreo del Planes 2016-2020, Logros 2016” que fue aprobado por la Comisión de Directores de Planificación en el mes de noviembre de 2017.
La Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES), a partir de los compromisos definidos en el Acuerdo de Financiamiento de la Educación Superior del año 2016, elaboró una propuesta de indicadores y la hizo del conocimiento de la Comisión de Directores de Planificación para sus observaciones.
Una vez logrado el consenso de los indicadores, que se utilizarían para dar seguimiento a los compromisos de las universidades suscritos en el Acuerdo de Financiamiento, la Oficina de Planificación de la Educación Superior, recolectó la información correspondiente a estos indicadores y elaboró el documento “Indicadores para el seguimiento del artículo 7 del Acuerdo de financiamiento del FEES 2016”.
Para el seguimiento y monitoreo del Planes 2016-2020 correspondiente al año 2017, el informe se trabajó de la misma forma que el año anterior, con la Subcomisión de Indicadores, y la recolección de datos de los compromisos asumidos en el Acuerdo de Financiamiento de la Educación Superior. OPES recolectó la información y la procesó.
Para dar cumplimiento al articulado del Acuerdo de Financiamiento para la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES), desde que fue firmado en agosto de 2015, con vigencia para el año 2016, en el que se establece que el monitoreo de los compromisos de las universidades en dicho acuerdo se realizará mediante las acciones de seguimiento del PLANES vigente, se procedió a integrar en un solo documento los indicadores originalmente incluidos en el PLANES 2016-2020 y los indicadores acordados con el Gobierno para el cumplimiento del artículo 7.
Producto del proceso anterior se elaboró el documento denominado “Informe de seguimiento del PLANES 2016-2020, Logros 2017: Incluye indicadores relacionados con la cláusula 7 del acuerdo de financiamiento FEES”.
Las universidades públicas rinden cuentas a la ciudadanía y a las instancias correspondientes brindando acceso a la información clara, suficiente, relevante y oportuna, como parte de la transparencia que es prioridad y distingue la gestión universitaria.
Las universidades públicas son ejemplo de los procesos de transparencia, lo cual queda reflejado en el estudio anual del Índice de Transparencia en el Sector Público Costarricense (ITSP), elaborado por la Defensoría de los Habitantes, en donde ocupan altas calificaciones por la promoción de una cultura institucional orientada hacia buenas prácticas de acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y datos abiertos, a través de los sitios web.
Actividades promueven la salud física y emocional de jóvenes de 7 a 17 años
En el campamento participaron 142 personas, incluyendo asistentes, voluntarios y universitarios. Foto: Erick Gómez.
Niñas, niños y adolescentes de 7 a 17 años se reunieron en el salón multiuso de la comunidad herediana de San José de la Montaña para, entre juegos y deportes, trabajar en su propio futuro, desarrollando relaciones grupales, comunicación asertiva, trabajo en equipo, afectividad y empatía.
El Campamento de Desarrollo Humano “Mi Futuro” se extendió dos días y fue organizado por personal de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica (UCR) en conjunto con el Comité Tutelar de Menores, adscrito a la Asociación de Desarrollo del distrito y contó con el apoyo local del Comité de Deportes, con el objetivo de promover estilos de vida y relaciones saludables, para prevenir problemas sociales.
Mariana Buzó, de la Vicerrectoría de Acción Social, comentó que un grupo de funcionarios y funcionarias tenían la inquietud de poner en marcha Campamentos de Desarrollo Humano desde la sede central universitaria y toparon con una solicitud de esta comunidad, razón por la que decidieron acercarse y desarrollar esta primera experiencia, para luego continuar trabajando de manera sostenida desde varios proyectos.
La propuesta fue presentada por Victoria Ruíz, colaboradora del Comité Tutelar de Menores y egresada de la UCR, quien afirmó que sus propias experiencias de trabajo comunal durante su etapa universitaria, la llevaron a buscar el apoyo de la Vicerrectoría de Acción Social.
Según Ruiz, la comunidad se ha abocado en los últimos años a trabajar con jóvenes para prevenir problemas sociales y brindar acompañamiento y espacios de recreación sana para que puedan desarrollar sus habilidades y potencial. “El reto es tener gente más feliz”, dijo.
Pablo Bolaños, joven dirigente comunal, comentó que decidió participar en el evento pues le preocupa “el futuro de las nuevas generaciones, el medio ambiente y la condición de drogadicción de algunos habitantes de la zona, que han generado otras situaciones problemáticas”.
Durante el Campamento, dijo Bolaños, niñas, niños y jóvenes pasaron de la timidez a la seguridad y la construcción de vínculos al tiempo que “disfrutaron y entendieron que hay formas de divertirse sanamente, de conocer jóvenes de la comunidad, a expresar emociones, tomar decisiones y mucho más”.
Gustavo Montero, quien asistió a las actividades con otros jóvenes de su barrio, comentó que disfrutó mucho el espacio y aprendió a trabajar en equipo y a respetar diferencias. “Me ha gustado mucho, pasé tiempo con otros jóvenes y me divertí, espero que se sigan haciendo estos campamentos, y ojalá más seguido”, concluyó.
En las actividades que se llevaron a cabo durante dos días en San José de la Montaña participaron 142 personas, incluyendo asistentes, voluntarios, estudiantes y personal universitario. El campamento “Mi futuro” es parte de los Campamentos de Desarrollo Humano que se están realizando en distintas sedes universitarias de la UCR. Si desea más información puede ingresar a: https://accionsocial.ucr.ac.cr/campamentos
Sobre los campamentos de desarrollo humano de la UCR
Los campamentos son espacios educativos, culturales, artísticos y recreativos para todas las personas, con el propósito de incentivar la participación y la discusión de problemas regionales y nacionales, a la vez que se promueven las capacidades locales y regionales, así como la articulación interinstitucional para la realizar acciones con los sectores más vulnerables.
Los principios orientadores de los Campamentos de Desarrollo Humano son las siguientes:
Participación voluntaria para la gestión pedagógica.
Diálogo de saberes.
El trabajo interinstitucional, gestión intersedes, interrecintos e interuniversitario.
La educación no formal para el acceso universal y la sostenibilidad, al promover una universidad de puertas abiertas.
Un espacio de experiencias y construcción conjunta con la sociedad.
El proyecto se desarrolla principalmente durante las dos últimas semanas de enero y en el mes de febrero. En tales períodos, la Universidad trabaja en conjunto con las comunidades de acuerdo con la necesidad e interés que las mismas personas han planteado a la Institución.
De esta manera se va afianzando el vínculo entre la comunidad y la Universidad.
El rector Henning Jensen reacciona ante comparecencia de la Contralora Marta Acosta en la Asamblea Legislativa
Sede Universitaria Rodrigo Facio Brenes de la Universidad de Costa Rica.
El rector de la Universidad de Costa Rica, Dr. Henning Jensen Pennington, reaccionó luego de la comparecencia de la Contralora General de la República Marta Acosta, en la comisión legislativa que analiza el presupuesto destinado para el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), que se realizó el 4 de febrero del 2019.
“La señora Contralora transmite una impresión que creo debe ser rechazada de plano. Estamos dispuestos a mejorar nuestros índices de transparencia, como lo tiene que hacer el país entero”, manifestó Jensen. Agregó que los índices elaborados por la misma Contraloría sobre la gestión institucional, deja a las universidades públicas en una buena posición a nivel país.
De hecho, según el Índice de Transparencia del Sector Público, elaborado por la Defensoría de los Habitantes, la UCR está entre las tres mejores instituciones autónomas.
El pasado 4 de febrero la Contralora, expresó en la Asamblea Legislativa, que no se vale tener superávit cuando el país tiene que pagar intereses para financiar el FEES.
La Universidad de Costa Rica recién acaba de ser sometida a una evaluación internacional, realizada por la Asociación Europea de Universidades y tiene un conjunto de recomendaciones muy útiles que se van atender, lo anterior como muestra de que la institución es autocrítica, reflexiva y analítica sobre este tipo de recomendaciones.
“Al actuar de esa manera, la señora Contralora abandona lo que yo creo debe ser el terreno de los argumentos y la objetividad y debe hacer un esfuerzo grande, por transmitir una visión más acertada de la complejidad que tiene el tema de la transparencia institucional en el sector público”.
Dr. Henning Jensen Pennington
En materia presupuestaria, la institución cumple los principios de transparencia y rendición de cuentas, el proceso de ingreso y gasto es fiscalizado por instancias internas, es aprobado por la Contraloría General de la República (CGR), y cada seis meses se presenta un informe de ejecución presupuestaria ante el ente contralor.
Cumpliendo con la legislación nacional, la UCR también cuenta anualmente una auditoría externa que realiza un análisis de la situación financiera de la Universidad, que es presentada ante la CGR. Además la Contraloría realiza periódicamente auditorías a la institución. Al respecto, el rector aseguró que no es cierto que la Universidad esté exenta de controles internos y externos.
Para el público en general, la UCR cuenta con el sitio web de transparencia (www.ucr.ac.cr/transparencia), donde se encuentra toda la información actualizada de la normativa, presupuestos, escalas salariales y mucha otra información que es de acceso público.
El superávit no es dinero ocioso
El Rector señaló que la UCR ha sido sumamente transparente con los diputados y diputadas, y que se ha informado a la misma Asamblea Legislativa sobre las inversiones que realiza la Institución con el superávit.
“En ningún momento son recursos ociosos, son recursos que son invertidos en obras de infraestructura tal y como la normativa lo exige, tenemos mas de 90 obras constructivas que se apoyan en eso que se denomina superávit, pero con un fin establecido, hay contratos y obligaciones financieras que nos comprometen, por eso hablamos de superávit comprometido”, subrayó.
Jensen Pennington indicó que las universidades públicas estatales, son instituciones comprometidas con el bien común y con el desarrollo del país, y que han demostrado que en poco tiempo se puede hacer una inversión en infraestructura que está a la altura de lo que debe ser una universidad moderna.
Dentro de ese rubro se encuentran, por ejemplo, inversiones que no se pueden hacer en un año en curso y que se deben comprometer para el siguiente.
“El superávit no es una masa financiera que flota en el aire, es una cantidad de dinero que tiene fines determinados y que responden inclusive al compromiso que como institución tenemos con el desarrollo de la ciencia y tecnología y el desarrollo de nuestras propias funciones académicas y todo ello para beneficio de nuestro país”, concluyó.
Para comprender mejor, ¿qué es un superávit libre y uno específico?
En primera instancia los superávits se clasifican en superávit libre y superávit específico. El primero es el exceso que queda de los ingresos y gastos ejecutados al final de un año y los recursos sobrantes se pueden utilizar en distintas áreas según las necesidades de las institución.
Mientras que el segundo se refiere también a ese excedente pero que por disposiciones especiales o legales tiene que utilizarse para un fin ya definido.
Por lo tanto, la diferencia entre ellos, es que el superávit libre se puede utilizar en nuevas necesidades institucionales, mientras que el superávit específico, ya tiene un fin de acuerdo con lo planificado.
En el caso de la UCR, los superávits específicos obedecen a disposiciones de carácter especial como convenios, contrato de fideicomiso, proyectos de inversión, reglamentos y acuerdos, estos dos últimos dictados por el Consejo Universitario.
Este carácter especial se asigna con el objetivo de que los recursos se utilicen en un área determinada de interés institucional o para mantener una sana administración de los recursos, con el fin de cumplir con los compromisos y obligaciones originadas en la contratación administrativa. En muchos casos la Universidad ya adquirió el compromiso legal sea por medio de orden de servicio, de compra o contrato de construcción, por lo que esto obliga a identificar estos excedentes como un superávit específico en el presupuesto del año siguiente.
Algunos ejemplos de superávits específicos de la UCR son el de megaproyectos, el de proyectos de inversión o el de becas.
El primero asigna los recursos para hacer frente a las necesidades generadas producto del Fideicomiso UCR-BCR 2011. Estos recursos tienen como objetivo, realizar los pagos respectivos de amortización, intereses y comisiones que corresponden a las obras de inversión contratadas mediante la figura del Fideicomiso.
El segundo, por su parte, se considera específico, según la normativa interna, debido a las características de los proyectos de inversión, ya que muchos de los recursos que se asignan a este programa, provienen de presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias, que se aprueban ya avanzado el año, por lo que no se pueden utilizar los recursos en un solo período.
También por normativa interna establece que el superávit específico del presupuesto de becas se puede utilizar solamente para el mismo propósito.
