Luis Paulino Vargas Solís elabora el documento titulado “El proyecto neoliberal en Costa Rica (1985-2024). Orígenes, implantación y evolución”. Se trata de una publicación de la Revista Espiga de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
En el resúmen del artículo se expone:
El Proyecto Neoliberal surge en Costa Rica a partir del diagnóstico que, por entonces, se volvió dominante, según el cual el viejo Proyecto Desarrollista se había «agotado». Desde las propuestas iniciales –desregulación financiera, apertura comercial, supresión de las formas tradicionales de proteccionismo, liberalización de los flujos de capitales, neoproteccionismo exportador– se avanzará progresivamente en un proceso que, con el tiempo, tendrá algunas mutaciones importantes, configurando así nuevas etapas en el devenir del Proyecto. Este ha sido muy exitoso en la atracción de capitales extranjeros y en la dinamización de las exportaciones originadas en zonas francas. Pero de ese mismo éxito surgen sus más graves problemas, que se expresan en una economía dualizada, y en un conjunto de presiones competitivas negativas sobre el resto de la economía fuera de zonas francas. Son problemas estructurales que afectan negativamente el empleo, los ingresos de la población, la sostenibilidad de las finanzas públicas y, en último término, la equidad distributiva.
Se extiende la invitación de leer el documento, para ampliar los conocimientos sobre el tema.
El martes 17 de septiembre a las 7 p.m. se realizará la segunda presentación de El Amor Oscuro, un libro de Hugo Mora Poltronieri que aborda temas clave para la comunidad LGBTI+.
La presentación estará a cargo del licenciado Marco Castillo Rojas y se llevará a cabo en el Centro Cultural de España, en barrio Escalante, con dos estacionamientos cercanos disponibles por la noche.
Se invita especialmente a los miembros del colectivo a asistir como muestra de solidaridad. Es una oportunidad para aprender y fortalecer la comunidad. ¡No falte y, si es posible, ayude a difundir!
Información compartida con SURCOS por Marco Castillo Rojas.
En la información compartida con SURCOS por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) se señala que el Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC) ha experimentado una pérdida considerable de valor adquisitivo desde 2010.
En una nota enviada al Ministro de Trabajo y al Gerente de Pensiones de la CCSS, se solicita atender el asunto con fundamento en los artículos 9, 27 y 30 de la Constitución Política de Costa Rica y en la Ley de Regulación del Derecho de Petición.
La nota presenta una solicitud formal respaldada por un oficio firmado digitalmente por cinco miembros de la ACSS, solicitando un acuse de recibo. Se destaca la estructura clara y respetuosa de la comunicación, el respaldo legal de la petición y la importancia de asegurar una respuesta oficial.
El correo enviado es el siguiente:
Lic. Andrés Romero Rodríguez, Ministro Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Gobierno de la República de Costa Rica
Lic. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente. Gerencia de Pensiones Caja Costarricense de Seguro Social
Estimados señores,
Sirva la presente para saludarlos y hacerles la siguiente petición de conformidad con los artículos 9, 27 y 30 de la Constitución Política y la Ley de Regulación del Derecho de Petición.
Se adjunta oficio ACSS-007-2024 firmado digitalmente por cinco miembros de la ACSS.
Favor enviarnos acuse de recibo.
Saludos cordiales.
Por ACSS
Att. Rodrigo Arias López
Análisis del documento firmado.
El régimen no contributivo de pensiones (RNC) en Costa Rica ha experimentado una pérdida considerable de valor adquisitivo desde 2010. En enero de ese año, el monto de la pensión bajo el RNC era de ¢70.125. Al ajustar este monto según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que pasó de 75,10 en 2010 a 109,57 en julio de 2024, el valor equivalente de esa pensión hoy sería de ¢102.383. Sin embargo, el monto actual de la pensión es de solo ¢82.000, cifra que se ha mantenido sin reajuste desde junio de 2019, lo que implica una devaluación del 25%. Para restablecer el poder adquisitivo de la pensión, sería necesario un incremento mensual de ¢20.383, llevando el total a ¢102.500. Esto afecta a más de 142.571 personas pensionadas bajo la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares N° 5662 de 1974.
La «Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N° 7935» de 1999 establece, en sus artículos 1 y 3, el derecho de las personas mayores a una vida digna, incluyendo el acceso a pensiones que cubran sus necesidades fundamentales. Este principio se refuerza por el Convenio C128 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual estipula que las prestaciones monetarias deben ajustarse cuando se producen variaciones notables en el costo de la vida. La pérdida de valor de la pensión del RNC en un 25% se encuentra claramente enmarcada en este concepto de variación notable y debería ser revisada conforme a lo establecido en el artículo 29 de dicho convenio.
El Cuadro N° 1 proporciona una visión detallada del estado de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) en Costa Rica, desglosadas por tipo de beneficiario y monto de la pensión a junio de 2024. A continuación se presenta un análisis de los datos:
En el cuadro se observa que la mayoría de las pensiones bajo el RNC tienen un monto de ¢82.000 mensuales, lo cual afecta a 142.571 beneficiarios. Este grupo incluye a personas en diversas categorías como indigentes, personas con invalidez, orfandad, vejez y viudez. La mayor proporción de pensionados corresponde a la categoría de vejez con 93.322 beneficiarios, lo que subraya la importancia de este segmento de la población dentro del sistema de pensiones no contributivo.
Por otro lado, hay un grupo específico de pensionados que reciben una pensión más alta, de ¢352.164,91 mensuales. Este grupo se compone de 5.330 personas y se desglosa en tres categorías principales: aquellos con parálisis cerebral profunda (PCP), autismo, mielomeningocele, y otras condiciones neurológicas equiparables a PCP. La ley que regula estas pensiones establece que el monto debe ser equivalente al salario mínimo legal, el cual se ajusta de forma periódica. Sin embargo, como se mencionó en el análisis anterior, el monto pagado en junio de 2024 corresponde al salario mínimo de 2023, lo que ha generado una diferencia acumulada no pagada a los beneficiarios.
El número de pensionados por PCP (2.769 personas) es significativamente mayor que el de aquellos con autismo (1.433 personas) o mielomeningocele (325 personas). Además, 803 personas reciben pensiones bajo la categoría de «otras equiparables a PCP», lo que indica que existen otras condiciones neurológicas graves que también son consideradas dentro del mismo marco legal.
En total, el RNC cubre a 147.901 personas, de las cuales 142.571 reciben la pensión básica de ¢82.000 mensuales, mientras que 5.330 perciben una pensión mayor debido a sus condiciones de salud severas. Esto pone de relieve la gran diferencia en el monto de las pensiones, que depende en gran medida del tipo de discapacidad o condición médica que padezca el beneficiario.
El desglose del cuadro refleja la cobertura significativa que ofrece el RNC, especialmente en la categoría de vejez, aunque la falta de ajustes por inflación para la mayoría de los beneficiarios y las demoras en el ajuste de pensiones mayores constituyen un problema que debe abordarse para garantizar el bienestar económico de las personas más vulnerables.
Por otro lado, la Ley N° 7125, promulgada en 1989 y modificada en 2009, establece un régimen de pensión vitalicia para personas con parálisis cerebral profunda, autismo y mielomeningocele, siempre que estas condiciones se manifiesten durante la primera infancia y las personas afectadas se encuentren en estado de pobreza o abandono. A junio de 2024, había 5.330 pensionados bajo esta ley. La ley establece que el monto de la pensión debe ser equivalente al salario mínimo mensual legal fijado por el Poder Ejecutivo, el cual, a partir de enero de 2024, es de ¢358.609,5. Sin embargo, se ha detectado que estos pensionados continúan recibiendo el salario mínimo de 2023, que era de ¢352.164,91. Esta diferencia de ¢6.444,59 mensuales se ha acumulado durante ocho meses, lo que representa un total de ¢51.556,72 no pagados a cada pensionado. La omisión en el ajuste corresponde a un aumento del 1,83%, que es el incremento del salario mínimo en 2024.
La Ley N° 7125 es un mecanismo que beneficia a personas con condiciones neurológicas graves desde la primera infancia, pero excluye a quienes desarrollan estas afecciones después de esta etapa. Esta exclusión es vista como discriminatoria y carece de sustento constitucional. De hecho, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha emitido resoluciones en las que se pone en duda la razonabilidad de esta distinción. Las condiciones de pobreza y las enfermedades neurológicas graves deberían ser el criterio principal para otorgar la pensión, independientemente de cuándo se manifiesten los síntomas.
Además, hay una falta de claridad sobre cómo la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) clasifica a los pensionados bajo el régimen del RNC por invalidez. La CCSS incluye a beneficiarios con diferentes condiciones neurológicas severas, pero no existe una lista pública que detalle las enfermedades con manifestaciones neurológicas equiparables en severidad, lo que dificulta a los potenciales beneficiarios conocer si pueden acogerse a la Ley N° 7125.
El cuadro presentado detalla la cantidad de pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) bajo la categoría de «Invalidez RNC/PCP» según la fecha de vigencia de las pensiones. Los datos muestran una distinción entre las pensiones otorgadas antes y después del 24 de enero de 1989, fecha en la que entró en vigor la Ley Pensión Vitalicia para Personas con Parálisis Profunda N° 7125.
Antes del 24 de enero de 1989, se registran 1.575 pensiones, lo que indica que estas fueron concedidas bajo un marco legal diferente o posiblemente bajo criterios previos a la ley mencionada.
A partir del 24 de enero de 1989, con la implementación de la Ley N° 7125, el número de pensiones bajo esta categoría aumentó considerablemente, llegando a 42.843. Esto refleja la expansión del sistema de pensiones no contributivo para incluir a personas con parálisis profunda, autismo y otras discapacidades graves que cumplan con los criterios establecidos en la ley.
En total, el RNC administra 44.418 pensiones bajo la categoría «Invalidez RNC/PCP», lo que subraya la importancia de este régimen para proteger a las personas en situación de invalidez severa. La mayoría de estas pensiones fueron otorgadas después de 1989, lo que puede interpretarse como un reflejo de la efectividad de la ley para ampliar la cobertura y el acceso a beneficios para quienes padecen estas condiciones.
Por lo tanto, se solicita un reajuste del 25% en las pensiones otorgadas bajo la Ley N° 5662, llevándolas a ¢102.500 mensuales. Asimismo, se exige que las pensiones bajo la Ley N° 7125 se actualicen conforme al salario mínimo de 2024, y se cancele la diferencia acumulada desde enero de ese año. También se requiere un archivo en formato Excel con los datos de las pensiones del RNC a junio de 2024 y la lista de enfermedades neurológicas consideradas equiparables por la CCSS para la correcta aplicación de la Ley N° 7125.
AUDITORÍA CIUDADANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
El documento está firmado por los siguientes integrantes de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social:
Lic. Carlos Eduardo González Arroyo.
Dr. Alfredo Ramírez Montero.
Lic. Jorge Manuel García Araya.
MBA. Juan Carlos Aguilar Zamora.
M.Sc. Rodrigo Arias López.
Firmado digitalmente por:
Dr Alfredo Ramírez Montero.
M.Sc. Rodrigo Arias López.
Referencia
Romero Rodríguez, A., & Barrantes Espinoza, J. (2024). Petición de conformidad con los artículos 9, 27 y 30 de la Constitución Política y la Ley de Regulación del Derecho de Petición (Oficio ACSS-007-2024). Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Gobierno de la República de Costa Rica, & Gerencia de Pensiones, Caja Costarricense de Seguro Social.
El Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional, y la Editorial Quiringüio se complacen en invitarle a la presentación del libro Las cartas y los recuerdos de don Prudencio Aguirre Alemán de Pedro Arauz Aguilar y presentado por Sandra Arauz y Carlos Arauz, compiladores de la obra. También se realiza la presentación de la Editorial Quiringüio.
La actividad se realizará el miércoles 11 de setiembre alas 3:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional y se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/
Ante el recorte económico propuesto por el Gobierno de la República en el Presupuesto Ordinario 2025, el Sistema de Colegios Humanísticos Costarricenses realiza el siguiente pronunciamiento:
El Sistema de Colegios Humanísticos Costarricenses (CHC), hace de conocimiento público que para el Curso Lectivo 2025, el Gobierno recortó considerablemente el presupuesto institucional con respecto al asignado en el año 2024. Valorando que la ejecución presupuestaria de los cuatro colegios supera el 97% anual, no se justifica el rebajo en el presupuesto para el año 2025, que representa una reducción de ₡ 100 711 322.00.
Los Colegios Humanísticos Costarricenses, año a año, se nutren de estudiantes que buscan oportunidades para mejorar su crecimiento académico de forma integral. Cada alumno asume una carga académica con un alto nivel de calidad educativa, la cual se desarrolla mediante proyectos, actividades y participaciones, cuyo objetivo es incentivar el pensamiento crítico, la reflexión y el compromiso para construir un mejor país. Además, se favorece la excelencia en todas las áreas del conocimiento contempladas en los planes de estudio nacionales.
Estos colegios brindan oportunidades de educación con los mejores estándares, principalmente en zonas fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), donde abundan opciones educativas. La afectación presupuestaria a los cuatro colegios (Coto, Heredia, Nicoya y Sarapiquí), arriesga su operatividad normal, limitando el acceso y debilitando los servicios.
A este recorte arbitrario, se suma nuestra preocupación por la calidad de la educación costarricense. Hoy más que nunca, el país requiere fortalecer los espacios de formación integral de la población adolescente. De acuerdo con el Decreto 26436-MEP, Normas Básicas Reguladoras del Proceso Educativo en los Colegios Humanísticos Costarricenses: “Los Colegios Humanísticos Costarricenses (CHC) son por definición instituciones preuniversitarias que ofrecen a sus alumnos la oportunidad de desarrollar y adquirir habilidades, destrezas, conocimientos y orientación profesional. Estos colegios estimularán la capacidad analítica, crítica, creativa y relacional del ser humano con su realidad cultural y natural”.
El propio MEP reconoce los elementos diferenciadores que sustentan el Sistema de Colegios Humanísticos, abocado a procurar una movilidad social ascendente, a partir de del desarrollo integral del potencial de la población adolescente, formando seres humanos orientados a generar cambios significativos para construir una mejor Costa Rica.
El sistema educativo costarricense, en su conjunto, no resiste más precarización y debilitamiento. Alzamos la voz para que se revierta el desmantelamiento de la educación pública en todos los niveles. Las y los jóvenes de este país urgimos servicios educativos de calidad, basta de afectar a las poblaciones más vulnerables, aumentando la brecha social y la desigualdad.
¡Somos el CHC, transformando la formación de nuestra comunidad aprendiente!
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Ante los recortes que realizaría el Ministerio de Hacienda a la educación para el año 2025, la Defensoría de los Habitantes prevé el incumplimiento del Pacto Nacional de la Educación, el cual generará seis situaciones que agravarían la crisis en la educación.
Afectaría cuestiones básicas como alcanzar el currículo completo; la falta de inversión deterioraría aún más la infraestructura educativa; podría aumentar el plazo de retraso en el pago de salarios, y un impacto significativo en la inclusión de personas con discapacidad al sistema educativo por falta de nuevos códigos docentes, así como graves problemas que enfrentan las Juntas de Educación y Administrativas por falta de presupuesto para cubrir servicios básicos como agua y luz, por ejemplo.
Esto es parte de la respuesta que remitió la Defensoría a una carta presentada por el sindicato de la Asociación de Directoras, Directores y Administradores del Sistema Educativo Costarricense (ADEM), la cual también fue enviada al mandatario Rodrigo Chaves Robles, a la ministra de Educación, Anna Katharina Müller y al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, donde se expresa que el recorte al presupuesto repercute de manera negativa en cada centro educativo.
La Defensoría de los Habitantes ha venido dando seguimiento a todo lo relacionado con la afectación de los derechos de las personas menores edad, docentes y administrativos. Costa Rica no ha cumplido con lo estipulado por la legislación vigente durante los últimos cinco años. El año en que más se acercó fue 2019, con un 7,8%. Sin embargo, este porcentaje ha disminuido paulatinamente año tras año, hasta llegar a un 6,1% del PIB en 2023, lo que afecta directamente los Programas de Equidad (alimentación y transporte estudiantil), Educación Inclusiva (Contratación de docentes de apoyo) e Infraestructura Educativa (órdenes sanitarias). Debilita también el presupuesto de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas y, la exclusión estudiantil.
Cabe destacar que, el presupuesto asignado al Programa de Equidad ha experimentado una disminución constante en los últimos años. En 2022, el presupuesto disminuyó en un 11% en comparación con 2021, y en 2023 se registró una reducción adicional del 2% en comparación con 2022.
Entre el 2018 y 2022, se visualizó un crecimiento de estudiantes que recibieron algún beneficio, pero el declive se observa en el 2023, ya que hubo una disminución de apropiadamente 15.257 niñas, niños, personas adolescentes y adultas, lo que refleja una disminución del -1.5% de la tasa de variación en comparación con el año 2022.
La Defensoría también realiza una investigación estructural relacionada con la problemática en torno a la gestión del talento humano por parte del MEP, situación que afecta los derechos laborales fundamentales de las y los trabajadores de esa institución y, como consecuencia, la trascendental labor que cumplen como responsables del sistema público de educación de la niñez, adolescencia y juventud costarricenses. La Defensoría atiende a personal del MEP que solicita la intervención por la inadecuada gestión y excesiva tardanza, en el reconocimiento y pago de diferentes incentivos salariales a los que tienen derecho. La molestia ante tales problemas –evidente y entendible–, tiene como común denominador la demora extrema e irrazonable en el trámite, resolución y retribución económica efectiva de esos reclamos administrativos.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
Nutricionistas de la UCR identificaron que un porcentaje importante de las personas menores de edad repiten sus tiempos de comida, lo que contribuye con el sobrepeso y la obesidad
Un reciente análisis efectuado por docentes y estudiantes de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica (UCR) revela una preocupante realidad: en tan solo cinco horas, las personas menores de edad pueden consumir hasta seis tiempos de comida distintos, lo que contribuye significativamente al sobrepeso y obesidad.
El análisis, dirigido por la Dra. Rocío González Urrutia y la Dra. Ofelia Flores Castro, y apoyado por 18 estudiantes del curso “Módulo II: Situación Alimentaria y Nutricional del Menor de Edad en el Ámbito Institucional”, evaluó a 641 estudiantes en nueve centros de cuido y escuelas del área urbana de Costa Rica.
Los resultados mostraron que el 24.5 % de las y los menores analizados presentaba sobrepeso u obesidad, una cifra que refuerza, aún más, el desafiante panorama de salud infantil que enfrenta el país. Desde el 2016, por ejemplo, el Censo Escolar de Peso y Talla reportó que más de 118 000 escolares en Costa Rica viven con esta condición de salud.
“El principal problema que hallamos en los entornos educativos y de cuido fue una sobreingesta de alimentos por parte de los menores de edad debido a una repetición de los tiempos de comida. Vimos que las familias mandaban una merienda para cada recreo o receso que hay, a pesar de que a veces están separados únicamente por dos lecciones y son recesos cortos, de cinco minutos, que pueden utilizar para jugar y moverse”, enfatizó la Dra. Flores.
¿Las repercusiones de una sobreingesta? Importantes. El sobrepeso y la obesidad no solo afectan la calidad de vida de quienes la padecen, sino que también están estrechamente relacionados con un aumento en la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión y diversos tipos de cáncer.
Tan solo en Costa Rica, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó más de 6 000 muertes relacionadas con el cáncer en 2022, una enfermedad en la cual la obesidad es uno de los principales factores de riesgo.
De continuar dicha situación, el país podría enfrentar una afectación de salud pública aún mayor en las próximas décadas, con una generación de personas adultas más enfermas y una sobrecarga aumentada para un sistema de salud que, de por sí, ya es frágil.
“Realizamos una evaluación integral de toda la situación alimentaria nutricional dentro del entorno particular en el que la persona menor de edad está inmersa. Esta evaluación contempló la toma de medidas de peso y talla, así como la consulta sobre hábitos alimentarios y de actividad física. No obstante, más allá de las cifras, lo que nos interesaba era analizar la calidad de la alimentación que estaban recibiendo las niñas y los niños. Así, nos dimos cuenta de los puntos de mejora que urge abordar para mejorar la situación”, mencionó la Dra. González.
Adicional a la sobreingesta, las docentes identificaron otros cuatro problemas que obstaculizan la formación de hábitos alimentarios saludables. Entre ellos, incumplimientos en los tamaños de porción de alimentos establecidos por el Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente (PANEA), principalmente, en cuanto a vegetales y frutas.
También deficiencias de higiene en la preparación de las comidas y meriendas con cantidades excesivas de energía, azúcares agregados y grasa.
En esta imagen se puede ver una merienda compuesta por medio empaderado, arroz, jugo y galletas.
Esta merienda es adicional a los tiempos de desayuno y almuerzo que ya recibe la persona menor de edad y, por lo tanto, constituye una sobreingesta.
El detalle
En cuanto al segundo problema en importancia detectado por ambas expertas, relacionado con el incumplimiento en las porciones establecidas por el PANEA para los menúes de los centros educativos, las expertas señalaron que no en todos los centros las niñas y niños que almuerzan reciben la fruta que conrresponde con su plato.
Tampoco reciben la ensalada o el picadillo correspondiente, o bien, reciben menos de la porción. Un ejemplo fue la ensalada la cual, si acaso, se sirve menos de ½ pinza para el primer y segundo ciclo.
“Dos de las razones de ese incumplimiento son la falta de presupuesto y decisiones del personal encargado de la preparación en los servicios de alimentación porque desean ‘evitar desperdicios’, lo que produce la exclusión de uno de los grupos de alimentos de mayor valor nutricional, un deficiente consumo de frutas y vegetales en la niñez usuaria y la no contribución en la formación de hábitos alimentarios saludables que tengan un efecto positivo para una ganancia saludable de peso”, agregó la Dra. González.
Estas imágenes corresponden a los complementos (meriendas) que ofrece el Ministerio de Educación Pública en las escuelas. Las fotografías ponen en evidencia que no hay estandarización de las porciones y, en algunos casos, no hay fruta.
Foto: Foto cortesía de la Escuela de Nutrición de la UCR.
Excesos
El tercer problema encontrado se relacionó con las meriendas que llevaban las personas menores de edad a los centros educativos, las cuales se caracterizaron por su alto valor energético, con un exceso de alimentos altos en azúcares y grasa.
Entre ellos destacan los frescos azucarados de caja (que iban de dos a tres unidades en una sola merienda), galletas dulces rellenas (hasta dos paquetes por merienda) y comidas rápidas tipo hamburguesas. La situación es estremecedora.
Cada fresco azucarado de caja tiene cerca de seis cucharaditas de azúcar y una galleta rellena dos. En solo una merienda, la niña o el niño está consumiendo ocho cucharaditas de azúcar que excede lo recomendado por laOrganización Mundial de la Salud (OMS), cuyo consumo máximo diario sugerido es de 5 a 6 cucharaditas (10 % de la ingesta energética total).
“A partir del 2020, en adelante, vimos que la fruta en la merienda casi no estaba presente y, si lo estaba, la niña o el niño no se la comía, solo lo empacado”, señaló la Dra. Flores. Esto es esperable.
Para ambas expertas, cuando se ponen a competir alimentos muy procesados que están hechos para crear adicción —por su alto contenido de azúcares y grasas—, es claro que esa comida será más apetecible que la fruta.
“Nos dimos cuenta que las meriendas que llegan desde la casa no se acercan, ni a regular, en cuanto a su calidad nutricional. Esto ya lo habíamos encontrado años atrás, así que no es un hallazgo nuevo, pero nos recuerda que seguimos sobrealimentando a nuestra población menor de edad”, explicó la Dra. González Urrutia.
Pero, ¿por qué seguimos sobrealimentando a las y los menores de la casa? Mucho de lo anterior, indica la docente, responde a un afán de las familias que dudan si la persona menor de edad se alimentó en el centro educativo o de cuido y, por lo tanto, se da una repetición de los tiempos de comida.
“Vemos que a la niña y al niño le vuelven a dar comida cuando ya fue alimentado en los espacios donde es educado o cuidado. Entonces, si los espacios están dando de comer a las personas menores de edad, las familias no deberían enviar nada al centro educativo, a menos que, por alguna razón, en ese espacio no se esté ofreciendo dicho tiempo de comida”, enfatizó la Dra. González Urrutia.
¿El resultado más probable de seguir así en la niñez? Una futura población tan enferma incapaz de trabajar por sus enfermedades de fondo y que —a su vez— integrarían un sistema de salud frágil que desde hoy se caracteriza por sus amplias listas de espera y una sobresaturación de los servicios.
Incumplimientos
El cuarto hallazgo fue la mala manipulación de alimentos por parte de las personas colaboradoras de los servicios de alimentación institucionales. Este elemento se suma a la deficiencia en infraestructura y a equipos en mal estado reportados en tres de los nueve centros educativos y de cuido abordados.
“Incluso, uno de los centros reportó plagas y roedores por malos protocolos, sumado a deficiencias en infraestructura en dos de los centros. Otro centro notificó que uno de los equipos de refrigeración no alcanzaba la temperatura necesaria para mantener los alimentos inocuos. En la alimentación esto es importante, porque no es solamente lo que yo pongo en el plato, sino cómo se selecciona, se cuida y se manipula la materia prima hasta que llega a ese plato”, consideró la Dra. González.
Un elemento que llamó la atención de las investigadoras fue saber que, si bien todas las personas de los centros educativos y de cuido encargados de la manipulación de los alimentos tenían su carné al día, ninguno ofrecía un programa de capacitación permanente. Dicha carencia se hizo visible en la práctica.
Varias de las y los funcionarios encargados del servicio de alimentación portaban aretes, alhajas y uñas pintadas, elementos que son prohibidos para quien prepara alimentos. Un aspecto adicional identificado fue la falta de supervisión, que no permite modificar los puntos de mejora.
Por último, las docentes encontraron que en algunos de los centros de cuido la oferta de lácteos (leche, queso, yogurt) era reducida. Parte de los motivos de esa reducción, argumentaron, se debe a menores presupuestos destinados a la compra de estos alimentos por su elevado precio.
Las expertas explicaron que, por el tiempo de permanencia del menor de edad, los centros deberían ofrecer cerca del 80 % de la alimentación que los niños y las niñas necesitan.
Por lo tanto, se debería estar cubriendo ese aporte de lácteos para subsanar las necesidades de calcio y proteína requeridas para un crecimiento adecuado.
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR
Poco interés
Como si lo anterior no fuera suficiente, las docentes de la Escuela de Nutrición encontraron poco compromiso de las familias en lo referente a mejorar los hábitos alimentarios en sus hijas e hijos.
“Al día de hoy, no ha sido posible que las madres y los padres se involucren en este proceso tan importante para que sus hijos e hijas tengan una buena calidad de vida y se prevenganenfermedades como la diabetes, la presión alta y los infartos en la etapa adulta. Todavía nos falta un mayor involucramiento”, reflexionó la Dra. González.
¿Por qué? Varios motivos. Tanto para la Dra. Flores como para la Dra. González, parte de las razones se debe a una disociación entre el centro educativo y las familias, el abandono de las preparaciones caseras y el rápido estilo de vida que lleva a no detenerse a pensar tanto en la calidad de la alimentación como pilar de la calidad de vida.
Por supuesto, no todo recae en el hogar. Las expertas enfatizaron que, si se desea promover un cambio integral, el proceso es una responsabilidad compartida entre el hogar, los centros educativos y de cuido en donde las niñas y los niños pasan hasta más de ocho horas diarias.
“En esto, todos los actores son responsables. La pérdida en la calidad de vida no sucede de manera instantánea, es algo de años. Una mala alimentación se relaciona con todas las enfermedades de las que ya hemos conversado. Entonces, imagine, si ya tenemos una población escolar que en el 2016 registró un 34 % de exceso de peso, quiere decir que la tercera parte de esa población ya está presentando una enfermedad que, lamentablemente, se asocia a otras que tienen repercusión directa en la calidad de vida de las personas”, acotó la Dra. González.
Ellas son las docentes que participaron en la investigacion, la Dra. Rocío González Urrutia y la Dra. Ofelia Flores Castro.
Foto: Foto cortesía de la Escuela de Nutrición de la UCR.
La ruta a seguir
Entonces, ¿ahora qué? La respuesta es una: es momento de generar cambios. Las investigaciones afirman que los hábitos de vida se construyen en la niñez.
Ante esto, las expertas en nutrición recomiendan que es urgente que el país empiece con vocación, disciplina y conciencia, a robustecer los estándares de calidad que procuran asegurar una excelente calidad de vida.
Parte de las opciones que la Dra. González y la Dra. Flores proponen son: la generación de nuevos lineamientos para limitar el ingreso de alimentos a los centros educativos y de cuido, a fin de priorizar la alimentación que se ofrece en estos espacios.
Otro aspecto es maximizar la supervisión en los comedores, regular la venta de comidas a lo interno que a veces efectúan las mismas familias para recolectar fondos, así como establecer programas de capacitación permanente al personal de los comedores escolares y de los centros de cuido.
“Muchas de las personas que preparan los alimentos se están quedando con el curso de manipulación que llevan cada cinco años. Entremedio, no hay capacitación ni actualización de ningún tipo, cuando son funcionarios sumamente importantes en el proceso de tutela de la alimentación de las y los menores de edad”, dijo la Dra. Flores.
Por el momento, y como parte de las acciones de la UCR para generar cambios sociales, las personas estudiantes de la Escuela de Nutrición realizan intervenciones en los centros educativos y de cuido dentro de su proceso académico.
El objetivo es mejorar la situación alimentaria y nutricional, según las necesidades identificadas y los problemas priorizados. Dicha acción permite abordar a las familias, personal del servicio de alimentación, personal administrativo de los espacios y a la población menor de edad desde acciones mediadas por la educación nutricional. La niña y el niño son el centro primordial del proceso de cambio.
“Hasta cierto punto, creo que hay que volver a reeducar desde el enfoque del trabajo conjunto. Si no ponemos reglas claras, esto va a seguir. Estamos hablando de algo muy actitudinal y no podemos descuidar la alimentación. Las personas de los comedores escolares pueden llegar a preparar hasta 1 200 comidas al día. El impacto es muchísimo y es vital empezar a hacer conciencia desde ya. Nosotros, desde la UCR, podemos aportar muchísimo a favor de la salud futura del país”, concluyó la Dra. Flores.
Jenniffer Jiménez Córdoba Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR
El dilema ético del tren y la palanca se plantea cuando un tren desbocado va a atropellar a cinco personas y usted tiene a mano una palanca que puede desviarlo, pero al hacerlo mataría a un inocente o no hace nada y mata al grupo. ¿Usted que haría?
Este dilema últimamente se ha referido al campo del Bienestar: favorecer el bienestar individual o el bienestar del grupo de cinco.
Parece que nuestro sistema presupuestario está diseñado de una manera perversa, sea para beneficiar al individuo y no al grupo.
Nogui el ministro de Hacienda ha sido claro: no va a hacer nada.
El sistema de financiamiento público fue diseñado por el grupo de Carlos Alvarado para pagar la deuda pública, ese es su objetivo.
El trabajo de Nogui, ahora como ministro de Hacienda, es aplicar ese diseño, sea un gasto público cuyo primer componente sea pagar la deuda y luego, el remanente, distribuirlo para las necesidades de la sociedad hasta donde alcance. Como se ve para esto no se necesita ni gran esfuerzo, ni gran sapiencia. Simplemente acomodar números o sumas sin importar el daño social.
De esta manera le resta a la educación, a la salud, no le paga a la Caja o reduce el gasto en carreteras, congela salarios, en fin, recorta para acomodar los gastos y de así conservar la suma del pago de la deuda. Es decir, privilegiar el pago a unos pocos individuos en detrimento del grupo, de la sociedad.
Atrincherado en la regla fiscal y los límites que impuso la relación deuda/PIB, Nogui se atreve a decir que no pagará nada con lo que no esté de acuerdo o que los ingresos no le permitan. De todas formas, el Presupuesto es solo una autorización de gastos y no una orden de pago, dice. Esto es así porque el sistema se lo permite, el sistema diseñado en 2018 por el gobierno del PAC y el PUSC.
Es público que la Reforma Fiscal de Alvarado hace aguas por todo lado. Ya hablan de que las grandes bondades que nos auguraban no duraron ni cinco años y por ello no hay recursos suficientes para afrontar el costo del Estado de Bienestar y, mucho menos, reducir significativamente la deuda pública. Esa reforma tributaria que se pintó como la gran panacea que curaría todos nuestros males fiscales, ya agotó su potencial y ahora vendrán con otro plan, como la venta de activos del Estado y más impuestos sobre los trabajadores.
El problema fiscal será irresoluble mientras no se impongan tributos a la mitad de la producción nacional que se encuentra en las zonas francas.
Por otro lado, mientras las fuerzas que desean mantener el Estado de Bienestar se mantengan dentro del esquema de Alvarado, que es ahora el esquema de Chaves y Nogui, no habrá posibilidad de solucionar las carencias y las necesidades de educación, universidades, salud y tantas otras. Estamos en un callejón sin salida. Debemos salir de él.
Resultaría muy beneficioso empezar a plantear soluciones que nos permitan salir del encierro, soluciones un tanto radicales, como cambiar el fin del gasto público, para que se oriente no al pago de la deuda sino a apoyar el desarrollo social, a introducir nuevas fuentes de ingresos y a rebalancear la cancha en favor de los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo.
Hay que seguir protestando y exigiendo el cumplimiento de los principios y normas constitucionales, pero hay que levantar simultáneamente una salida a la crisis que vivimos, porque no financiar adecuadamente la educación es una crisis.
El gobierno pregona a todo pulmón que el país está muy bien en crecimiento económico, inversión extranjera, exportaciones, etc., pero eso no se ve reflejado en mayores ingresos y mayor gasto social. Al contrario, parece que entre más crecemos más pobres nos hacemos, porque si somos menos educados, somos más pobres.
Habría que emparejar la cancha: que el gran crecimiento económico que dice el Gobierno de Chaves nos beneficie más. Hay que plantear cómo hacerlo.
Lo que es evidente es que el dilema que hemos esbozado al principio, el Gobierno y Nogui lo han resuelto claramente en contra del grupo, no han hecho nada para halar la palanca que beneficie a la mayoría.
La vergonzosa actuación de la red de cuido que se manifestó a través de la reelección de un magistrado cuyos cuestionamientos fueron graves y continuos, evidencia una vez más la perversidad del sistema político, jurídico y constitucional que tenemos.
Lo cierto del caso es que quien lo reeligió fue el sistema, creado y mantenido para estos propósitos. Estuvieron presentes para la votación 50 diputados y diputadas y la votación fue de 25 en contra y 25 a favor. Esto, bajo cualquier circunstancia, implicaría una no elección, sin embargo, el artículo 158 constitucional indica que: “se considerarán reelegidos salvo que en votación no menor a las dos terceras partes de los votos se decida lo contrario”, es decir, se requieren 38 votos.
Pese a los cuestionamientos, fue reelegido por el sistema y con el apoyo de la “red de cuido”.
En cualquier trabajo, independientemente de la materia que sea, cuando se demuestra que ha incumplido con el más elemental de los requisitos, con la más elemental de las obligaciones, simplemente o se despide o no se le renueva el contrato.
Fue cuestionado y se demostró que debiendo cumplir con el principio de justicia pronta y cumplida tiene en su escritorio más de 800 expedientes sin resolver, y con solo ese precedente, era suficiente para que la reelección no se diera. Sin embargo, se dio y ganó el cinismo y perdió, una vez más la ciudadanía que queda una vez más a la espera de que “sus representantes” voten de acuerdo a su sentir.
Después pegan gritos en contra de quienes dicen que la Asamblea Legislativa no funciona, de que habrá que cambiar para el 2026 y que el señor Chaves está en campaña para lograr cambiar el sistema y en particular la Asamblea Legislativa. Pues con esa actuación dieron un paso enorme en que se logren esos propósitos.
Veremos si este pueblo reacciona y las cosas se hacen diferentes en el futuro.
Es fundamental la inversión y capacitación de los cuerpos de seguridad; experta hace un llamado a una mayor coordinación interinstitucional
UNA Comunica. 4 de setiembre de 2024. La semana anterior dejó un saldo de dos casos de violencia, donde hubo un homicidio perpetrado, presuntamente, por dueños de locales comerciales en contra de personas que intentaron robar en sus negocios.
Es lo que popularmente se le conoce como “tomar la justicia por sus propias manos”. Ocurrió primero el 25 de agosto en Alajuela cuando el dueño de un comercio asesinó a otra persona y luego, cuatro días después, cuando una mujer utilizó un arma de fuego para atacar a un presunto ladrón que intentó ingresar a una pulpería, en San José centro.
Circunstancias similares, escenarios distintos. Es el reflejo de un aumento en el nivel de violencia e inseguridad, según determinó la académica Yolanda Pérez, coordinadora de la Maestría de Administración Justicia, enfoque socio-jurídico, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA).
Para la socióloga, existen al menos cinco factores que explican por qué este tipo de situaciones se presentan con mayor regularidad:
Reinan sentimientos de desesperación y frustración, ante la sensación de que las autoridades no son efectivas en el control de la actividad criminal.
Se está presentando un fenómeno vinculado con la normalización de la violencia. “Las personas ya no se asustan cuando asesinan a alguien. En Costa Rica, lamentablemente, la violencia se ha vuelto algo común, pueden de repente estar más dispuestas a confrontar a los delincuentes, no porque no tengan miedo, sino porque ya se ha convertido en parte de su realidad cotidiana”.
También existen aspectos psicológicos, donde el instinto de supervivencia o el impulso por protegerse a sí mismos o a sus seres queridos, se activa. Esto puede llevar al individuo a enfrentar a un asaltante, en un momento de adrenalina que impide pensar en eventuales consecuencias.
La viralización pública del hecho, que se fundamenta en el actuar de una persona ante un delincuente y de donde sale victoriosa, puede ser motivo de inspiración para que otros se preparen o actúen de igual manera, con el agravante de que estos casos no reflejen la realidad ni sus riesgos asociados.
Socialmente, puede generarse la idea de que siempre el delincuente puede ser vulnerable, lo que hace que las personas dejen de verlos como una amenaza, o de que los califiquen como inexpertos y que pueden actuar contra ellos.
Riesgos
En paralelo a la valoración sociológica que explica el uso de los mecanismos de defensa personales, se suma el hecho de una mayor desconfianza en la policía y en el sistema judicial por parte de la ciudadanía. “Se tiende a creer que los delincuentes no enfrentarán consecuencias significativas por sus actos, lo que contribuye a que puedan actuar por su cuenta”, manifestó Pérez.
Características como que “la justicia es lenta o ineficaz” se han convertido en vox populi, lo que, de acuerdo con la experta, puede llevar a la idea de que la única forma de lograr una justicia inmediata es actuar por sus propios medios.
“Incluso he escuchado que las personas se están capacitando más sobre seguridad personal, por medio de escuelas a las que les pagan y donde les enseñan sobre uso de armas y que no necesariamente es para optar por un puesto en una empresa de seguridad privada, sino para defenderse ante cualquier peligro”, relató Yolanda Pérez.
Desde una perspectiva social, un entorno que opte por este camino promueve el aumento de la violencia, ya de por sí exacerbado en el país. Hasta el día de ayer, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabilizaba 587 homicidios, 29 menos que a la misma fecha del año pasado que alcanzó un récord en las estadísticas.
San José es la provincia más afectada por el grado de violencia (152 crímenes), acompañada ahora de las provincias costeras de Limón y Puntarenas (107 y 95 casos, respectivamente) donde se ha dado un incremento en los niveles de inseguridad.
Dentro de los riesgos de esta escalada violenta, está que los propios delincuentes puedan armarse o prepararse mejor para repeler ataques, lo que pueden conllevar a enfrentamientos peligrosos, donde estarían expuestos terceras personas, como clientes de un local o comercio.
¿Qué se puede hacer al respecto? Para la coordinadora de la Maestría de Administración en Justicia es fundamental fortalecer a las instituciones jurídicas y de seguridad del país, aunque considera que el aumento en las penas carcelarias no va a ser la solución.
Pérez recalcó que es fundamental la capacitación y la dotación de recursos para fortalecer al Ministerio de Seguridad Pública y a sus distintas dependencias. Advirtió, por ejemplo, que actualmente la policía no cuenta con los mismos equipos del crimen organizado, y eso afecta la prevención y la respuesta oportuna ante el delito.
“Además, se hace necesario articular el trabajo que se realiza en las instituciones públicas y organizaciones, entre otros entes, de manera que desarrollen programas y campañas de sensibilización que promuevan la resolución pacífica de los conflictos y que desincentive el uso de la violencia como respuesta a la delincuencia”, agregó.
Lo que se quiere evitar es que situaciones, como la acontecida el domingo anterior en San Carlos, cuando dos personas se enfrentaron directamente a pedradas con un presunto ladrón, quien quiso llevarse una motocicleta, desemboque en el fallecimiento de alguno de los involucrados, lo cual en este caso no sucedió.
Por ello, la académica apunta a una estrategia integral donde la reducción de las desigualdades económicas y sociales, la pobreza, el desempleo, la falta de acceso a servicios básicos puedan contribuir a generar una menor presión social sobre las personas que han acudido a los mecanismos de violencia para defenderse ante todo tipo de situaciones.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
