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Día Internacional de los Tumores Cerebrales: un llamado a la conciencia y la investigación

Dr. Adrián Cáceres Chacón
Especialista en Neurocirugía
Miembro Correspondiente de ACANAMED

Cada 8 de junio se conmemora el Día Internacional de los Tumores Cerebrales, una fecha que no solo busca concienciar sobre la gravedad y complejidad de esta enfermedad, sino también resaltar la importancia de la investigación y el apoyo a los pacientes y sus familias. Este día es una oportunidad para reflexionar sobre los avances científicos, los desafíos que aún persisten y la necesidad de una acción global coordinada para mejorar los tratamientos y el diagnóstico de los tumores cerebrales especialmente en los países de ingresos medianos y bajos.

La magnitud del problema

Los tumores cerebrales pueden tener comportamientos diversos y ser biológicamente benignos o malignos, sin embargo, su impacto en la salud del paciente depende de diversos factores como su localización, tamaño y agresividad. A nivel mundial, los tumores cerebrales representan la principal causa de muerte por cáncer en niños y adultos jóvenes. Así mismo, más allá de la mejoría en las tasas de sobrevida que son factibles cuando su diagnóstico y tratamiento son oportunos, son responsables de discapacidad permanente con profundos impactos individuales, familiares y sociales. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que cada año se diagnostican alrededor de 250,000 nuevos casos de tumores cerebrales y del sistema nervioso central.

Los tumores cerebrales pueden originarse dentro del tejido nervioso o pueden crecer a partir de los nervios periféricos y membranas que recubren el sistema nervioso central. Más de 100 años después de la introducción de la neurocirugía, los tumores cerebrales (gliomas) de alta malignidad tanto en niños como adultos siguen sin una respuesta adecuada para su cura, con sobrevidas desgraciadamente cortas después de su aparición a pesar de todos los avances en cirugía, radioterapia y quimioterapia.

Desafíos en el diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico temprano de los tumores cerebrales es crucial para mejorar las tasas de supervivencia. Sin embargo, la sintomatología puede ser inespecífica y variar ampliamente, desde dolores de cabeza y convulsiones hasta cambios en la personalidad y problemas de memoria. Estos síntomas suelen ser atribuidos a otras enfermedades más comunes, lo que retrasa la detección y el tratamiento adecuado.

Una vez diagnosticado, el tratamiento de los tumores cerebrales puede incluir cirugía, radioterapia y quimioterapia. Sin embargo, la ubicación del tumor en el cerebro y la distorsión que estos producen en las estructuras cerebrales representan retos para la cirugía y aumentan el riesgo de daño a las funciones neurológicas críticas. Además, muchos tumores cerebrales son resistentes a los tratamientos convencionales, lo que subraya la necesidad de desarrollar nuevas terapias más efectivas.

Avances en la investigación

En los últimos años, se han logrado avances significativos en la investigación de los tumores cerebrales. La medicina de precisión, que utiliza información genética para guiar el tratamiento, está comenzando a transformar el enfoque hacia estos tumores. Los estudios sobre la biología molecular de los tumores cerebrales han identificado nuevas dianas terapéuticas y han permitido el desarrollo de fármacos más específicos.

La inmunoterapia, que ha mostrado resultados prometedores en otros tipos de cáncer, también se está explorando como una opción para los tumores cerebrales. Los ensayos clínicos están investigando el uso de vacunas y tratamientos basados en células T para estimular el sistema inmunológico del paciente a atacar las células tumorales.

Además, las técnicas avanzadas de imagenología, como la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones (PET), están mejorando la precisión en el diagnóstico y la planificación del tratamiento, permitiendo a los médicos evaluar con mayor exactitud la extensión y la actividad del tumor para realizar cirugía más radical y segura.

La importancia del apoyo y la educación

El impacto de un diagnóstico de tumor cerebral va más allá del paciente, afectando profundamente a sus familias y seres queridos. El apoyo psicológico y social es esencial para ayudar a los pacientes y sus familias a enfrentar los desafíos emocionales y prácticos que acompañan a esta enfermedad. Organizaciones sin fines de lucro, grupos de apoyo y recursos educativos juegan un papel vital en proporcionar la información y el apoyo necesario.

La educación y la concienciación pública también son fundamentales para promover la detección temprana y el tratamiento adecuado. Campañas informativas y programas de educación en salud pueden ayudar a la población general a reconocer los síntomas tempranos y buscar atención médica oportuna particularmente en niños.

El Día Internacional de los Tumores Cerebrales nos recuerda la urgencia de continuar la lucha contra esta devastadora enfermedad. A través de la investigación continua, el desarrollo de nuevos tratamientos y el apoyo integral a los pacientes y sus familias, podemos avanzar hacia un futuro donde los tumores cerebrales sean más fácilmente tratables y, en última instancia, curables. La colaboración global y el compromiso con la innovación y la educación son clave para alcanzar este objetivo y mejorar la calidad de vida de aquellos afectados por esta enfermedad.

Día Mundial de los Pacientes Trasplantados

Dr. Mario Sánchez Arias
Especialista en Cirugía General,
Terapia Intensiva y Nutrición Clínica
Miembro de Número de ACANAMED

Sin órganos no hay trasplantes

No hay pacientes trasplantados, si no hay órganos donados disponibles, de modo que no se puede hablar de trasplantado sin donantes.

La donación de órganos en nuestro país es crítica (muy baja), si se compara con los países que lideran a nivel mundial el proceso de donación y trasplante como España por ejemplo, que tiene cifras de donación en algunas regiones de 35-40 donadores por millón de habitantes, siendo la de Costa Rica por mucho alrededor de 5-6 por millón de habitantes.

Todos los tipos de trasplantes más usuales como riñón, hígado, corazón, pulmón, tienen en Costa Rica listas de espera importantes de más de 12 meses y desgraciadamente una pérdida de potenciales receptores en lista de alrededor de un tercio.

Nuestro país si bien ha progresado mucho en el campo de los trasplantes, desde los años 80s y 90s en que se empezó con esta terapéutica, con leyes de donación (9222), con su respectiva reglamentación del año 2016, una política de donación y trasplantes aprobada por el Seguro Social del 2012, una participación activa y transparente del Ministerio de Salud en el tutelaje y distribución de los órganos donados; todavía tenemos un rezago importantísimo en todos los procesos de donación y trasplante debido principalmente a que se ha comprendido mal la actividad de trasplante y no se le ha propulsado como se requiere y más bien se le ha puesto muchísimas trabas de corte administrativo al desarrollo de todo el potencial de los profesionales que pujan por mejores condiciones y mejor gestión en materia de trasplantes.

El país está trabajando con órganos donados de dos fuentes: por donadores vivos, es decir personas que por altruismo deciden donar un órgano o parte de un órgano para que sea implantado en un enfermo terminal funcional, llamado receptor. O bien con órganos donados por los familiares de personas que llegan a tener muerte cerebral, criterios desarrollados desde hace muchos años (1968 Harvard) y modificados 2010 por Academia Americana de Neurología, en los que se puede utilizar todos los órganos viables: 2 riñones, dos pulmones, un corazón, un hígado, un intestino, un páncreas, hueso, córneas entre otros.

Pero como dijimos la donación en C.R. es muy baja, dado que la Institución del Seguro Social, no tiene una buena organización a nivel nacional, por ejemplo: ordenando que todo paciente que tiene probabilidad de llegar a evolucionar a muerte cerebral deba ser reportado a los coordinadores de trasplantes, de modo que si esto sucede, se pueda actuar rápidamente en la solicitud de donación, proteger el cadáver en oxigenación lo más pronto posible y de la mejor manera, de tal suerte que se pierdan los órganos menos posible en todo el territorio nacional y además que los órganos lleguen en la mejor condición posible para ser trasplantados.

Dentro de éstas posibilidades estamos expandiendo los criterios para aprovechar donadores que en otra hora no serían considerados. Así donadores obesos con IMC de 35 que no se utilizarían en el pasado hoy estamos promocionando su aceptación, con biopsias hepáticas para descartar una macro esteatosis importante. La edad límite de donador aceptada clásicamente fue 60 años, actualmente nos interesa más su estado funcional y estructural para varios órganos. Hemos pasado la barrera de trasplantar pacientes HBO incompatibles, sobre todo en casos de emergencia con la respectiva desensibilización, con buen resultado. Así mismo hay disposición de aceptar donantes con Virus B o C, HIV, particularmente para pacientes portadores de este mismo virus.

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En el mundo desarrollado en materia de trasplantes hoy día, el 40-50% de los órganos que se están utilizando, son de donador con corazón parado, particularmente del tipo III de la clasificación modificada de Maastricht. Hay programas que están realizando un 60% de sus trasplantes con órganos de este tipo de donación. En Costa Rica no estamos utilizando este tipo de donador, por falta de organización a nivel Institucional, ya que este proceso conlleva que se envíen a formar profesionales de todas las ramas necesarias en el particular, se desarrolle luego un protocolo y se empiece a coordinar con todas los entes responsables la iniciación de utilizar órganos de donador con corazón parado. Podemos pensar en utilizar órganos de personas que han muerto y son declarados por el facultativo respectivo, como tal. Inmediatamente se solicita la donación (o se ha hecho previamente), se inicia con maniobras para reperfundir los órganos y poder darles viabilidad en unas pocas horas.

No podemos pensar en utilizar órganos de animales genéticamente modificados (Xenotrasplante), porque es una posibilidad muy lejana para nuestra realidad e impráctica. Sabemos que hoy día se está trabajando en el cultivo de tejido, pero no se han podido formar órganos que sirvan para el trasplante, todavía y de nuevo en CR estaríamos muy lejanos de esta posibilidad.

Pero sí podemos poner a liderar los trasplantes a personas que conozcan el funcionamiento de la actividad de trasplantes, que tengan poder resolutivo y NO depender de gerencias políticas que cambian a cada rato y que no permiten avanzar la actividad. Sí podemos desarrollar una campaña pública de estímulo a la donación, agradable, amplia y permanente. Sí podemos crear una red a nivel país para aprovechar todos los muertos neurológicos. Sí podemos tener coordinadores de trasplantes en todos los centros hospitalarios, adecuadamente pagados. Sí podemos invertir en más y mejor tecnología para preservar los órganos en el tiempo y hacerlos más funcionales. Sí podemos invertir en formar equipos que formalicen un protocolo para el aprovechamiento de los órganos de donadores con corazón parado, como se ha explicado.

Con esto los grupos profesionales trasplantadores, tendrían un caudal de órganos más abundante, de tal suerte que las listas de espera se acorten, que menos pacientes se pierdan mientras esperan ser llamados, que el resultado de los trasplantados sea cada vez mejor al contar con más y mejores órganos.

Cumpliendo con todo lo que está a nuestro alcance, tendremos cada día más personas trasplantadas para celebrar este día tan especial, día que les cambió por completo el futuro a muchas personas y familias en Costa Rica y en el mundo.

El Consenso de Washington que recorre los despachos de la Sala IV

Manuel Hernández

Ya van, al hilo, siete acciones de inconstitucionalidad, presentadas por algunas instituciones públicas y sindicatos, contra la insufrible Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Nº 9635, que, después de tantos años de incertidumbre, fueron declaradas sin lugar por el Tribunal del Perpetuo Martirio de la Constitución.

Los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas han volado en el aire.

El principio de no retroactividad de la ley se transmutó en una pieza de arqueología jurídica, que se puede contemplar en el Museo Nacional, en las inmediaciones de Cuesta de Moras.

La disciplina y la Regla Fiscal, impuesta por esa ley, que ha causado tanta afectación en los servicios públicos más sentidos de la población (salud, seguridad, educación, entre otros) están a buen resguardo, blanqueadas por los reiterados pronunciamientos del Tribunal, inspirados en el Consenso de Washington.

Sólo el derecho de negociación de convenciones colectivas, a duras penas, logró salir sin tanto daño, conforme la doctrina de ese Tribunal, que data de principio de este siglo, pero que subordina el ejercicio de ese derecho fundamental a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y otros más de la parafernalia judicial.

Es necesario destacar que, a merced de esos principios, han sido declaradas inconstitucionales, una tras otra, una innumerable cantidad de cláusulas de convenciones colectivas; por cierto -para que no se olvide- a contrapelo de los pronunciamientos de los órganos de control de OIT, que reiteradamente advirtieron que la anulación de esas cláusulas violenta el Convenio 98 y otros de OIT.

El Convenio 98 OIT y los otros en materia de Libertad Sindical son instrumentos internacionales de Derechos Humanos que no gozan de mucha simpatía en los despachos de los magistrados, a quienes, por contrario, les corresponde optimizar al máximo el ejercicio de los Derechos Fundamentales.

La más recentísima sentencia de la Sala, del pasado mes de mayo, dictada después del VOTO 2025-8201, de marzo/2025, confirma esa doctrina fundamentalista fiscalista y neoliberal que febrilmente abraza el Tribunal Constitucional.

Urgente nuestra solidaridad con el pueblo panameño – para firmar

SURCOS comparte el siguiente llamado:

El pueblo panameño urge de nuestra solidaridad. Docentes, indígenas, estudiantes, entre muchos sectores, están en pie de lucha en pos de que no les recorten las pensiones, por la defensa del Canal para el pueblo panameño y contra bases militares estadounidenses en Panamá.

El pueblo firme en su legítima lucha es víctima de una brutal represión por parte de cuerpos policiales militarizados. Solicitamos su firma de manera solidaria y urgente.

Fecha límite: domingo 8 de junio 2025

https://forms.gle/yQ6oxS4QM4FC31WC8

Encuentro Estudiantil Intersedes se enfoca en fortalecer el sistema de becas de la UCR

El pasado viernes 23 de mayo se llevó a cabo el Encuentro Estudiantil Intersedes de la Universidad de Costa Rica, un espacio en el cual se discutió la situación actual, las problemáticas y los desafíos del régimen de becas. Durante este evento, las y los estudiantes participantes se reunieron para compartir experiencias y perspectivas evidenciando la importancia de escuchar diversas voces en temas que impactan directamente en la comunidad académica y en el aspecto social de la educación.

El encuentro contó con el respaldo activo de diversas entidades, entre ellas las sedes, la Vicerrectoría de Vida Estudiantil (ViVE) y el Consejo Universitario, cuya colaboración fue fundamental para impulsar un diálogo constructivo. Por medio de la participación se obtuvieron nuevos aportes, ideas y experiencias personales, se enriqueció las conversaciones y ello permitió identificar tanto fortalezas como áreas de mejora en el sistema de becas, subrayando la relevancia de la interacción interinstitucional en la búsqueda de soluciones.

Como resultado del análisis y el intercambio de opiniones, se elaborará un informe final que servirá para alimentar futuras discusiones sobre el régimen de becas. Esta iniciativa fue compartida con SURCOS por la representante de Sedes Regionales en el Consejo Universitario, Esperanza Tasies, reafirmando el compromiso de la comunidad universitaria por transformar y optimizar los mecanismos de apoyo educativo y avanzando hacia un sistema más justo y eficiente.

Alcalde de Montes de Oca declina participación en evento en Israel tras escuchar al Concejo Municipal y a la Comunidad

Por Jorge Mora Portuguez
Regidor Suplente
Municipalidad de Montes de Oca

El alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello García, comunicó oficialmente este martes su decisión de no participar en el evento internacional MuniWorld 2025, organizado por la Federación de Autoridades Locales de Israel.

La decisión se da tras escuchar los planteamientos del Concejo Municipal y de diversos sectores de la comunidad, en relación con el actual contexto internacional y las preocupaciones éticas asociadas a la participación institucional en actividades organizadas por el gobierno israelí.

El pasado lunes 3 de junio, el Concejo Municipal de Montes de Oca aprobó por unanimidad una moción en la que se insta al alcalde a declinar su participación, al tiempo que se reafirma nuestra condena al Estado genocida de Israel por las violaciones al derecho internacional humanitario cometidas contra la población palestina.

En su comunicado oficial, la alcaldía indicó que «si bien inicialmente se valoró la participación por el enfoque técnico del evento, que abordaría temas como ciudades inteligentes, innovación, cambio climático y tratamiento de aguas residuales; tras un análisis integral y considerando el contexto internacional actual, el Gobierno Local ha optado por no asistir, reafirmando su compromiso con la escucha ciudadana.»

La decisión del alcalde ha sido recibida como un gesto de madurez política, apertura al diálogo institucional, capacidad de escucha a la ciudadanía y compromiso con los valores de justicia y de respeto a los derechos humanos.

En el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal se insta a los otros gobiernos locales del país a declinar su participación en dicho evento.

Montes de Oca, 5 de junio de 2025

Convocatoria a conversatorio: “Frente al genocidio y el silencio: ¿Por qué es urgente la solidaridad con Palestina desde la Universidad Nacional?”

Frente a las atrocidades cometidas por Israel en Palestina, la comunidad universitaria tiene la responsabilidad ética de abrir espacios de reflexión, análisis crítico y solidaridad activa. Por ello, les invitamos al conversatorio “Frente al genocidio y el silencio: ¿Por qué es urgente la solidaridad con Palestina desde la Universidad Nacional?”, que se realizará el próximo miércoles 11 de junio, de 3:00 a 6:00 p.m., en la Sala de Proyecciones de la Biblioteca Joaquín García Monge, con apoyo de la Federación de Estudiantes y el Sindicato de Trabajadores/as de la Universidad Nacional (FEUNA y SITUN, respectivamente).

Esta actividad busca visibilizar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que sufre el pueblo palestino, así como reflexionar sobre el papel que puede desempeñar la universidad pública costarricense en la denuncia del genocidio y en la construcción de una solidaridad activa y transformadora que busque parar de forma definitiva la barbarie contra la población palestina.

Contaremos con las intervenciones de Wajiha Sasa Marín, Gerardo Cerdas Vega, Irina Coronado López, Paolo Nigro Herrero, Esteban Chicas y Sofía León, así como representantes del SITUN, quienes desde diversas perspectivas compartirán análisis históricos, políticos, éticos y jurídicos sobre la situación actual en Palestina y el rol que nos corresponde como comunidad académica. El evento está abierto también a todas las personas interesadas en sumar su voz a la denuncia y a la solidaridad. La voz de las universidades no puede permanecer en silencio frente al genocidio.

Retroceso en derechos humanos con decreto presidencial sobre ODS – IEM-UNA

El Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional denuncia retroceso en derechos humanos con decreto presidencial sobre ODS

UNA Comunica. 4 de junio de 2025. El Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional manifiesta su profunda preocupación ante la entrada en vigencia del decreto ejecutivo N.º 44945-PLAN-RE-MINAE, mediante el cual el Gobierno de la República ha sustituido el marco que regulaba la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en Costa Rica.

Si bien el decreto ejecutivo N.º 44945-PLAN-RE-MINAE fue publicado el pasado 2 de abril, desde el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA) consideramos imprescindible manifestarnos hoy, porque esta reforma sigue siendo un claro síntoma de las brechas estructurales que enfrentamos en materia de derechos humanos, sostenibilidad, igualdad social y de género. Su contenido y orientación reflejan un cambio normativo e ideológico progresivo que no puede pasar desapercibido ni normalizarse por el paso del tiempo.

Aunque en apariencia se refuerza la sujeción del nuevo decreto al orden constitucional, el análisis técnico revela que esta reforma representa un giro político que altera sustancialmente la gobernanza, contenido y operatividad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el país, así como del cumplimiento en materia de obligaciones de derechos humanos. No se trata de un simple ajuste administrativo, sino que es una reconfiguración del enfoque nacional hacia el desarrollo sostenible, con implicaciones graves para los derechos humanos, la institucionalidad pública y el compromiso multilateral de Costa Rica.

Entre los cambios más preocupantes destacan:

● La actualización de los considerandos I al V, que ahora parecen coincidir con los párrafos 55 y 72 de la resolución A/RES/70/1 y con nuestra Constitución Política, pero que subraya el derecho interno como marco prioritario, obviando que es precisamente el derecho internacional el que obliga a nuestro país a sujetar a estándares mayores y más estrictos la protección a los derechos humanos. Parece entonces que el objetivo es relativizar los compromisos internacionales y reinterpretar antojadizamente las obligaciones políticas y jurídicas.

● La eliminación del artículo 12, que disponía la obligación de las instituciones públicas de destinar recursos propios y gestionar cooperación internacional para la implementación de los ODS. Esta derogación deja en el aire el financiamiento estatal de la Agenda 2030, debilitando su viabilidad operativa.

● La supresión del artículo 15, que otorgaba a los ODS el estatus de interés público, deja en evidencia la reducción del compromiso estatal en las garantías y derechos de todas las personas para acceder a una mejor calidad de vida a través del desarrollo del país y, en cambio, plantea restar legitimidad normativa a los objetivos de la Agenda 2030.

● La introducción de un glosario normativo (nuevo artículo 2), con términos como «dignidad», «cultura», «bienestar”, que no corresponden a los estándares del derecho internacional ni nacional a través de la jurisprudencia constitucional. Estas definiciones solo pueden resultar en interpretaciones, que son excluyentes a la hora de ejecutar políticas públicas.

● El nuevo enfoque selectivo sobre los ODS plantea que el Estado escogerá algunos “adoptados por el país” y que además subordinan a la estrategia nacional el compromiso con los principios de integralidad, progresividad y no regresión de los derechos humanos y, por lo tanto, también de los 17 objetivos y 169 metas establecidos por la comunidad internacional.

Aunque se amplían algunas funciones de gobernanza (como las del Consejo y la Secretaría Técnica), estas operarán bajo parámetros vagos como “diálogo de buena fe” y sin el respaldo estructural que otorgan los artículos derogados.

Desde el IEM, advertimos que esta reforma fragmenta la visión holística del desarrollo sostenible, debilita la responsabilidad estatal frente a los compromisos adquiridos y crea condiciones para reinterpretaciones ideológicas contrarias a la igualdad, los derechos humanos y la justicia. Esta medida se enmarca en un contexto regional e internacional de desinformación y ataques coordinados contra la Agenda 2030, lo que incrementa la urgencia de mantener una postura firme y crítica.

Costa Rica, históricamente reconocida por su liderazgo en derechos humanos, sostenibilidad e inclusión, no puede dar marcha atrás. Por ello, hacemos un llamado a las instituciones públicas, a la academia, a los movimientos sociales y a la ciudadanía a defender el enfoque integral, participativo y transformador de los ODS. Solo así podremos garantizar un desarrollo sostenible que ponga en el centro la vida digna, la igualdad sustantiva y el bienestar de absolutamente todas las personas.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Costa Rica entre los países con la tasa de encarcelamiento más alta de América Latina

  • Académicos de la UNA abogan por una reforma a Ley de Justicia Penal Juvenil vigente, no desde el punto de vista represivo, sino desde la atención integral.

UNA Comunica. 4 de junio de 2025. Por cada 100 mil habitantes, Costa Rica mantiene en sus prisiones hasta 343 personas, lo que representa una de las tasas de encarcelamiento más altas de América Latina y el Caribe. Esta estadística se da en momentos en que el Gobierno manifiesta su interés en construir una cárcel para 5.000 privados de libertad, aunque a la fecha no se conocen detalles sobre su ubicación, diseño o fuente de financiamiento.

Datos del World Prision Brief del 2024 indican que Costa Rica se ubica de quinto a nivel de la región (y tercero en América Central), solo superado por El Salvador con una tasa de 1.659 prisioneros por cada 100 mil habitantes, Cuba (794), Panamá (522) y Brasil (416).

La tasa costarricense está por encima de países como Uruguay que es de 321, Argentina con 268, Colombia con 201 o México con 165. Incluso, se ubica en la posición 22 a nivel global, al considerar a un total de 224 jurisdicciones.

Marco Feoli, académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela) de la Universidad Nacional (UNA) y miembro del subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura tiene una visión crítica sobre la política punitiva que pretende seguir el Gobierno, a la luz, además, de estas cifras.

Debemos reflexionar qué tanto sirve la cárcel y preguntarnos como sociedad si lo que nosotros queremos es tener a la gente encarcelada o que haya menos violencia. Porque si lo que queremos es menos violencia, entonces ya sabemos que la estrategia carcelaria no es la respuesta, porque el crimen organizado es mucho más poderoso y no va a dejar de funcionar solo por tener más personas encerradas. Ellos seguirán operando porque el Estado no tiene los recursos suficientes para administrar las prisiones, entonces es una promesa falsa lo que se le quiere hacer creer a la gente sobre esta propuesta de solución”, advirtió el académico.

Estaos argumentos los planteó al cierre de una charla con estudiantes del posgrado de Derecho Penal de la Universidad de Harding Simmons, de Texas, Estados Unidos, quienes visitaron la UNA, gracias a una alianza con la maestría en Administración de Justicia con enfoque sociojurídico, de la Escuela de Sociología.

Durante dos días, los estudiantes del posgrado conocieron a profundidad el funcionamiento del sistema judicial costarricense, el modelo de administración de justicia, el sistema penitenciario, la visión de derechos humanos e incluso realizaron una visita a la Ciudad Judicial en San Joaquín de Flores, en Heredia.

Realidad nacional

Al cierre del 2023, Costa Rica contaba con una población carcelaria de 18.090 personas, ubicados en 32 centros. Estas cifras han venido en ascenso en los últimos años: mientras en 2000 se registraron 7.575 personas privadas de libertad, al cierra de 2023 el número subió hasta 19.728.

Para Feoli, existen dificultades contextuales para sostener una discusión profunda sobre las causas del problema de violencia y sus eventuales soluciones. “Este debate es dificilísimo tenerlo porque lo que se plantean son soluciones maniqueas, pero eso no es suficiente. Las discusiones se polarizan, como todo ahora, entonces se dice que se busca defender delincuentes y no, se trata de defender un sistema que sí dé resultados y el proyecto de una megacárcel aquí termina siendo una ocurrencia”.

La expectativa generada por la actual administración sobre el proyecto carcelario choca con la realidad si consideramos que deberán realizarse estudios de suelo, planos y permisos. “De aquí a 10 meses o un año no va a estar y ellos—el gobierno—lo saben, pero como su objetivo es continuar en el poder ofrecen este tipo de soluciones que no sirven, pero que son atractivas para la gente”, afirmó.

Por otra parte, Marco Feoli apuntó que el desarrollo de una infraestructura carcelaria de estas dimensiones debería considerar el cálculo de cuántos policías penitenciarios se van a requerir, pero, además, contemplar a expertos en materia penal, medicina y personal administrativo.

Entonces, ¿por dónde se debe comenzar una discusión sensata? El académico considera que se deben atender las causas estructurales de la violencia con un enfoque social y que afronten las problemáticas de desigualdad que vive el país, la situación de la educación pública, la generación de oportunidades para personas jóvenes, la desintegración familiar y el consumo de drogas.

Que menores de entre 13 y 16 años ya estén insertos en estructuras criminales reflejan “lo mal que hemos hecho las cosas como sociedad. Son imágenes espeluznantes ver a un muchacho de esas edades accionar un arma y que luego vayan a dar a la cárcel y que serán fácilmente sustituidos por las propias estructuras a las que pertenecen”, afirmó.

Yolanda Pérez, coordinadora de la maestría en Administración de Justicia con enfoque sociojurídico, considera que la realidad de la delincuencia que involucra a personas jóvenes es otra comparada con décadas atrás y por ello es necesario reformular la Ley de Justicia Penal Juvenil, No. 7.567 y que data de 1996.

Esta ley surgió en un contexto donde el país vivía la situación de los ‘chapulines’, pero ahora es diferente porque es una legislación que se está aplicando a muchachos que son utilizados y reclutados por estas organizaciones. Y no digo que deba hacerse una reforma desde el punto de vista represivo, sino qué se le puede ofrecer a ellos para que no caigan en situaciones de riesgo”, indicó Pérez.

Ambos académicos concuerdan en que la sociedad también debe enfrentar los estigmas que suele acompañarlos el resto de sus vidas y que les dificulta una reinserción efectiva, frente a un fenómeno mundial que etiqueta a las personas por su condición, como ocurre con la población migrante en Estados Unidos.

Tanto Feoli como Pérez lamentan que el país esté perdiendo tiempo valioso en temas que no solucionan el problema, como el proyecto carcelario, y no atienda con prontitud la necesidad de una ruta de la educación, programa que en el actual Gobierno no se ha llegado ni siquiera a conocer.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

UNDECA denuncia graves riesgos en implementación del sistema ERP

Comunicado

UNDECA denunció ante Contraloría graves riesgos en implementación del sistema ERP y riesgos ya materializados en la CCSS

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) comunica a la ciudadanía y los trabajadores que ha presentado una denuncia formal ante la Contraloría General de la República (CGR) sobre la grave situación que enfrenta la Caja respecto a la implementación del sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP-SAP).

Este es un tema que hemos venido denunciado, y hoy, con la presentación formal de la denuncia ante la Contraloría, hicimos una serie de advertencias sobre el impacto que tendría su puesta en marcha y los riesgos que ya han sido materializados.

En primer lugar, se daría una serie de fallos en las interfaces críticas, en la interoperabilidad de sistemas de farmacias, almacenamiento y pagos a trabajadores (SIFA y SIGES), afectando el control de inventario, cuentas por pagar y procesos contables, sin certificación funcional plena. exponiendo a la Caja a un posible desabastecimiento clínico.

Habría riesgo de desabastecimiento y discontinuidad en servicios esenciales por incumplimiento de más del 70% de los componentes previstos para la operación logística, así como la ausencia de normas actualizadas y procedimientos funcionales, esenciales para operar el ERP conforme a las mejores prácticas y principios de control interno”, detalló Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

Otro de los riesgos sería la pérdida de trazabilidad en procesos clave de recursos humanos (SIPE), que incluye el pago de salarios, embargos, pensiones, extremos laborales y otros.

Asimismo, existe una enorme incertidumbre financiera y contable sobre el Fideicomiso CCSS/BCR, con riesgo de incumplimiento contractual, por falta de definición clara en el uso del ERP para registrar, liquidar y clasificar pagos y ganancias.

Desde ya se han presentado retrasos graves en la migración de datos y pruebas funcionales, con advertencias directas de la Auditoría Interna, la Gerencia Financiera y consultores como PWC., y advertencias de una salida en vivo fracasada; sumado a una deficiente capacitación y una normativa desactualizada, lo que compromete la correcta operación del nuevo sistema.

Hay una ausencia de gobernanza clara, con múltiples cambios y decisiones unilaterales que ignoraron las recomendaciones de expertos como PWC; aunado a cargas incompletas e inconsistentes de datos, con interfaces sin certificar, ni probar, afectando la fiabilidad del sistema desde el inicio.

Y aún más grave, es que se han dado fuertes presiones a los funcionarios para implementar el sistema «a cualquier costo», lo que podría poner en peligro la operatividad, la transparencia y la calidad del servicio a la ciudadanía.

UNDECA solicitó a la CGR que ejerza su autoridad fiscalizadora para proteger los intereses y los recursos públicos y que los servicios esenciales no se vean comprometidos por una implementación deficiente, sin las condiciones mínimas garantizadas”, añadió Chavarría.