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UCR: Nueva investigación aporta datos científicos sobre el impacto de la reforma fiscal

  • El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR) genera nueva data para entender el proyecto de ley 20 580

Manifestación en contra de la reforma fiscal, septiembre de 2018. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR) publicó nueva data que analiza el impacto de la reforma fiscal, según el último texto del expediente 20 580 que se aprobó en primer debate en la Asamblea Legislativa.

Según los resultados del estudio, se afirma que la reforma fiscal propuesta es progresiva (quien más ingresos recibe debe pagar mayores impuestos porcentualmente). Esto aclara una discusión en la que se ha enfrascado el país en los últimos meses.

Tales conclusiones fueron presentadas este 11 de octubre de 2018 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, por el director del IICE-UCR, José Antonio Cordero Peña, y los investigadores Rudolf Lücke Bolaños y Luis Ángel Oviedo Carballo.

El IVA es regresivo pero genera trazabilidad

Tanto el impuesto al valor agregado (IVA) como el impuesto general a las ventas (IGV) son indirectos, se cobran sin importar la capacidad económica de las personas. Es decir, por su misma naturaleza son regresivos (capta un porcentaje menor del ingreso en la medida en que ese ingreso aumenta). Sin embargo, el IVA –contrario al IGV– tiene la ventaja de que logra generar trazabilidad (permite seguir el rastro que va dejando un bien o un servicio en la cadena de valor, esto entregará información a las autoridades para poder cobrar mejor los tributos.

Valorando solo el efecto del IVA, la reforma propuesta resulta más progresiva que la situación actual del país, pues al comparar el IGV con el futuro IVA, se observa que actualmente el 20% de menores ingresos en el país aporta –del total de la recaudación– un 7,95% y con la reforma aportará un 7,68%.

Los datos aclaran que pese a lo regresivo del IVA, su aplicación mejoraría la regresividad que tiene el actual IGV.

Aumentará la pobreza

El cambio en el sistema impositivo del país sí aumentará la pobreza, medida por nivel de ingreso, la cual pasaría de un actual 20,03% a un 20,41% de la población. Esto supone 18 000 personas que entrarían a dicha condición.

“El Gobierno no tiene opciones”, aclaró el investigador Lücke Bolaños, al señalar que las consecuencias en la pobreza de la no aprobación de la reforma serían mucho más drásticas que aplicarla. Por tanto, el panorama es de un aumento en este indicador con o sin reforma fiscal.

“Si no se aprobara la reforma, las consecuencias serían terribles, es peor un ajuste obligado por la necesidad que uno que se pueda hacer con necesidad pero sin la presión de los organismos internacionales. Si el Gobierno se queda sin recursos tendría que hacer ajustes que son mucho peores que los que están planteados en la reforma. Es más, las consecuencias para los pobres de no aplicar la reforma exceden por mucho las consecuencias de aplicarla. ¡La reforma fiscal debe aprobarse!”, enfatizó el director del IIC-UCR .

Esta no es una reforma perfecta, no es la reforma del siglo ni la del bicentenario, es la que se pudo hacer, la que se pudo negociar (…). Hay que aceptar que no es la propuesta perfecta, no resuelve los problemas de pobreza, ni de crecimiento, ni de equidad, porque no está diseñada para eso. Hay una serie de elementos que se pueden mejorar y ya los diputados están planteando mejoras al esquema tributario del país al incorporar (en otros proyectos) elementos que quedaron fuera«.


José Antonio Cordero Peña, director IIC-UCR.

En términos generales, los investigadores señalan que aplicando el plan de impuestos, el 20% de la población de menores ingresos destinará un 4,19% al pago de impuestos nuevos, mientras que el 20% de mayores recursos aporta de su ingreso el 6,17%. Por tanto, concluyen que a pesar de la regresividad de los impuestos indirectos, en su conjunto la reforma fiscal propuesta es progresiva.

 

Gabriela Mayorga López

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UCR no cerrará carreras ni congelará matrículas en Sede de Guanacaste

La Universidad de Costa Rica (UCR) hace un llamado a la calma a los estudiantes, docentes y comunidades guanacastecas, frente a las publicaciones que aparecen en redes sociales, en las que se afirma que se cerrarán carreras en la Sede de Guanacaste.

La Vicerrectora de Docencia, Dra. Marlen León Guzmán, recalcó que ninguna de las opciones académicas que se imparten en dicha Sede va a cerrar. Tampoco se va a “congelar” su matrícula, “todas las sedes y recintos de la UCR se encuentran dentro de un proceso de revisión de las carreras desconcentradas, de actualización curricular o de autoevaluación. Estos procesos se llevan a cabo periódicamentey de manera regular”, aseveró.

La Vicerrectora agregó que en dichos procesos se revisan y se actualizan los contenidos académicos para que se asegure la pertinencia y calidad, “se evalúa la gestión académica y se constantan las condiciones en las cuales se imparten las diferentes formaciones. Las carreras de la Sede de Guanacaste están inmersas dentro de estos procesos, pero eso no significa que vaya a cerrarse alguna de ellas”, indicó la Dra. León Guzmán.

Se adjunta comunicado completo.

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Lic. Otto Salas Murillo, Oficina de Divulgación e Información, UCR.

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ANEJUD llama a continuar con huelga indefinida

 Asociación Nacional de Empleados Judiciales

«Continúa la Huelga General Indefinida en el Poder Judicial y ahora con más fuerza. Nuestras regionales seguirán con sus concentraciones y en el GAM nos reuniremos en la Plaza de la Justicia el día 8 de octubre a las 9 a.m.»

ANEJUD llama a continuar con huelga indefinida

 

*Imagen de portada tomada del Facebook ANEJUD.

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Auditoría interna de la CCSS responde artículo relativo a su independencia

SURCOS recibió para su publicación la siguiente nota de la Auditoría Interna de la CCSS:

Buenos días. Mediante el presente correo se remite el oficio 9086-2018, con asunto “Solicitud de derecho de respuesta publicación del 28 de setiembre, 2018 “Proponen reforma que garantice independencia real de auditoría interna de la CCSS”.

Para leer el documento de respuesta puede seguir el siguiente enlace:

Auditoría interna de la CCSS responde artículo relativo a su independencia

 

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Auditoría Interna CCSS.

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Programa radiofónico Rupturas y Desencuentros sobre «Déficit fiscal»

El día de hoy se transmitirá el programa de radio “Rupturas y Desencuentros”, en el cual se hablará sobre el déficit fiscal que atraviesa el país. Se contará con la participación del economista y director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE, el Dr. Paulino Vargas Solís.

El programa se emite por los 101.5 F.M. Costa Rica Radio, a las 8 p.m. y a través de ondauned.com

 

 

Enviado por Megan López La Touche, Divulgadora Académica, CICDE.

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Grupo Contrapunto participará en la inauguración del Festival Internacional de Poesía

El Grupo Contrapunto participará este domingo 4 de noviembre a las 4 p.m. en la inauguración del Festival Internacional de Poesía, el en el Teatro Melico Salazar. La entrada es gratuita.

El Grupo Contrapunto está compuesto por Pedro, quien es médico, Gerar, empresario y Alejandra, quien es corredora de seguros; los une su pasión por la música y la poesía, convirtiendo estas en su aporte social.

Enviado por Alejandra Espinoza.

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UCR: El Sindeu y la Administración llegan a un acuerdo para deponer la huelga

  • La UCR seguirá realizando actividades informativas sobre el impacto de la reforma fiscal

Rosemary Gómez, secretaria general del Sindeu, y Carlos Araya, rector a. i. de la UCR, firmaron el acuerdo que da fin a la huelga en contra de la reforma fiscal. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

El Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu) y la Administración llegaron a un acuerdo para levantar el movimiento de huelga a partir de este jueves 11 de octubre al medio día.

Carlos Araya, vicerrector de Administración, resaltó que el documento que firmó la Administración Universitaria reconoce la defensa de la educación superior como una acción válida, tal como lo establece la Convención Colectiva en su artículo 104.

Además, no se tomará ninguna medida disciplinaria contra las personas trabajadoras de la UCR, estudiantes, dirigentes sindicales y cualquier otra persona u organización que haya participado del movimiento.

Según explicó Rosemary Gómez, secretaria general del Sindeu, la organización se mantendrá vigilante del proceso que sigue el proyecto de ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y se comprometió a continuar realizando acciones para informar a la comunidad nacional y universitaria sobre el impacto de la reforma fiscal.

Asimismo, se trabajará para lograr la aprobación del proyecto de ley sobre transferencias que garantice los recursos presupuestarios asignados a las sedes y recintos. Igualmente, la Administración se compromete a facilitar las acciones y medios institucionales, para la participación en actividades que se organicen en defensa de la universidad pública y de la educación costarricense.

Para esto, se conformarán equipos y se elaborará un cronograma de trabajo, sin que se afecte la prestación de servicios institucionales.

 

Andrea Marín Castro

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Asociación Costarricense de Derechos Humanos hace denuncia

Asociación Costarricense de Derechos Humanos – ACODEHU

Costa Rica: 25 días de Huelga Nacional Indefinida

Incremento de la represión, criminalización y judicialización de la protesta social

Como organización de Derechos Humanos, la ACODEHU considera una obligación denunciar ante la opinión pública nacional e internacional, la violación por parte del Estado costarricense de una serie de derechos humanos fundamentales que se han dado en el marco de la huelga nacional que hoy alcanza el día 25 y tres semanas de duración.

Cien horas para concretar un diálogo que no fue posible, por falta de voluntad política de la administración del señor Carlos Alvarado Quesada.

En este contexto, 20 días después de haberse declarado la huelga nacional, el gobierno impone el “Documento de consulta a las bases sindicales y sociales” documento que no recoge las inquietudes ni atiende las demandas de los sectores en huelga y adolece de satisfacer derechos humanos fundamentales de una gran cantidad de actores y sujetos sociales.

Por las mismas inconsistencias estructurales de un documento preliminar y por su naturaleza de ser elevado a consulta de las base, el rechazo fue total y contundente, por lo que el gobierno endurece su posición de intransigencia y agudiza la represión de la fuerza pública, bajo las órdenes del Ministerio de Gobernación y Seguridad.

De igual forma, durante las dos últimas semanas el proceso de criminalización, agresiones y judicialización de la protesta social se incrementó contra los sectores que se mantienen en huelga.

La intimidación del gobierno se ha caracterizado por amenazar con la declaratoria de ilegalidad de la huelga; el despido masivo y selectivo del sector magisterial y de otras instituciones estatales. Se suma a esto, la campaña mediática del miedo dirigida al pueblo, distorsionando la verdadera esencia y contenido del Plan fiscal que se discute y pretende imponer desde las Asamblea Legislativa, contra las grandes mayorías que lo objetan.

El tema de fondo es que el pueblo rechaza el Proyecto de Ley 20.580 por su carácter neoliberal y regresivo que atenta contra las conquistas sociales de la clase trabajadora y los sectores más vulnerables del país.

Este obedece a los dictados del FMI y plantea la exoneración de impuestos a las empresas trasnacionales como las zonas francas y otras que operan con grandes tasas de ganancia en este país.

En el contexto de rechazo de este proyecto, y porque no ha dado la oportunidad de otro proyecto de verdadera justicia social, es decir una reforma fiscal progresiva, justa y solidaria, el pueblo se mantiene en las calles en marchas pacíficas manifestando el derecho a disentir, directamente ligado a un conjunto de derechos que resguardan la protección constitucional; así tenemos el derecho de asociación (Art.25), el derecho de reunión y manifestación(Art.26), derecho a la libertad de petición (Art.27), derecho a la libertad de expresión y opinión (Art.28 y 29), además del Artículo 13 de la Convención Interamericana de DDHH y el derecho a huelga (Art.61 y Convenio 87 de la OIT).

Al día de hoy los episodios de violencia por parte de los diferentes cuerpos represivos, se han caracterizado por actuar de forma brutal en diferentes lugares del país, haciendo uso de gases lacrimógenos, golpeando en forma indiscriminada a la ciudadanía partícipe en las diversas manifestaciones, amén de las diferentes organizaciones sociales, sindicales y organizaciones de Derechos Humanos.

– Principales comunidades reprimidas y/o intimidadas por provincias

Guanacaste: Santa Cruz, Carrillo, Cañas, Bagaces y Liberia.

Puntarenas: Parrita, Quepos, Jacó, Miramar, Barranca, Caldera, Paso Canoas.

Alajuela: Upala, Muelle, San Ramón, La Garita.

Limón: Home Creek, Moín, Siquirres, Valle la Estrella y territorios indígenas.

Cartago: Alto de Ochomogo.

San José: San Pedro Montes de Oca (violación a la autonomía universitaria y represión, criminalización y judicialización a una estudiante y tres estudiantes universitarios. El profesional de Ciencias de la Comunicación que cubría los hechos de ese día, 12 de setiembre, fue brutalmente agredido.

– Detenciones arbitrarias

Moín: 25 personas detenidas y un menor de edad asesinado.

Barranca: 5 personas detenidas

Caldera: 8 personas detenidas-judicializadas

La Garita: 3 personas detenidas

– Procesos de judicialización

San Pedro de Montes de Oca (San José): cuatro estudiantes detenidos y judicializados (una estudiante y tres estudiantes). Caldera, Puntarenas: ocho detenidos y judicializados.

– Agudización de agresiones físicas y psicológicas

En la represión militar y policial no se ha respetado la niñez, mujeres, personas adultas mayores ni habitantes de pueblos originarios.

– Mecanismos de intimidación y coacción

El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y otras entidades del estado han procedido con amenazas abiertas en la línea de despidos y rebajos salariales a trabajadoras y trabajadores que están en huelga, o bajo la amenaza directa de plantear en los tribunales de trabajo la “ilegalidad de la huelga”.

– Campaña mediática y difamación del movimiento de huelga

El discurso sostenido del gobierno contra los derechos laborales conquistados a partir de 1940 se ha hecho presente a través de acusaciones infundadas contra las trabajadoras y trabajadores públicos, acusándoles de supuestos actos de violencia y terrorismo.

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos – ACODEHU hace un llamado a la opinión nacional e internacional para que se solidaricen con el pueblo de Costa Rica y se le exija al Gobierno y a la Asamblea Legislativa la suspensión de la represión, la criminalización y penalización de la ciudadanía que ejercen el derecho de la protesta social como el primer Derecho Humano Fundamental, a fin de garantizar la participación democrática en este país.

Solicitamos el envío de mensajes de solidaridad al Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, a los ministros y las ministras, diputadas y diputados y demás autoridades del Estado, para que se deponga el clima de tensión ante el repudio del pueblo a la crisis fiscal y al Proyecto de Ley 20.580 que nos quieren imponer.

Un proyecto de Ley que es rechazado por más del 79% de la población costarricense, no puede ser aprobado, pues atenta contra el principio más esencial de la democracia económica y social.

 

Ana Cecilia Jiménez Arce

Presidenta

Asociación Costarricense de Derechos Humanos-ACODEHU

E.mail: carana1945@gmail.com

Tel. 00 (506) 8706 71 00

San José, Costa Rica, jueves 4 de octubre de 2018

 

ACODEHU denuncia internacional

 

*Imagen ilustrativa tomada de la nota: Caminada Guanacaste a San José Combo fiscal

Enviado por Alberto Gutiérrez Arguedas.

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UCR: La inversión en becas creció cerca de un 800% en 11 años

  • El monto que dedica la UCR a estos beneficios es de más de ¢26 000 millones. Este cubre a una población que supera los 22 000 estudiantes

Alrededor de 800 estudiantes en todo el país viven en residencias estudiantiles. En la fotografía se observa la residencia estudiantil de la Sede de Occidente, en San Ramón. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

Desde el 2007 a la fecha, el crecimiento en la inversión que hace la Universidad de Costa Rica (UCR) para becas ha sido de alrededor de un 800%. Además, se ha ampliado la cobertura de estos beneficios para más estudiantes.

Actualmente, un 53,4% de los alumnos matriculados cuenta con algún tipo de beca socioeconómica, porcentaje que en las sedes regionales alcanza alrededor del 80% de la población estudiantil.

Esto se debe principalmente al interés de la alma mater por apoyar al estudiantado en su ingreso, permanencia y graduación, procesos que cumplen con mayor eficiencia las personas beneficiadas con becas, quienes –según estudios de la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica de la UCR (OBAS)– obtienen su título uno o dos semestres antes que la mayoría de universitarios.

Según Anabelle León Chinchilla, directora de la OBAS, el fuerte crecimiento de recursos para atender las becas socioeconómicas se debe a que “de acuerdo con el principio de justicia material se trata de darle a cada estudiante lo que requiera, para que cubra sus gastos de estudio. Ese es el objetivo primordial del sistema de becas: poder cubrir o acompañar al estudiante para que pueda tener una permanencia exitosa, donde el factor económico no lo limite”.

Protección al estudiantado

Para León, la UCR aplica el principio de equidad en el otorgamiento de becas a los estudiantes, pues se busca nivelarlos de manera que puedan estar en una condición equitativa con el resto del alumnado.

Dado que estas ayudas económicas favorecen las graduaciones tempranas, así como un adecuado rendimiento académico, se considera que asignar becas constituye un factor que protege la permanencia y graduación de los estudiantes en la Universidad de Costa Rica.

Sin embargo, León aclara que si bien las becas son importantes en el desarrollo de un alumno, no siempre es un agente determinante, ya que son muchas las acciones que se tienen que tomar para lograr su permanencia.

Por ello, se han hecho estudios para identificar las necesidades que el estudiante tiene y analizar cada uno de los beneficios para fortalecerlos paulatinamente.

En el año 2009, por ejemplo, debido al panorama económico que enfrentaba el país, se optó por darles un apoyo económico adicional a los estudiantes que estaban en condición de pobreza extrema, para que pudieran mantenerse en sus estudios. Tal beneficio se mantiene desde entonces.

Es así como a más de 2 000 alumnos –que están dentro del grupo de pobreza extrema– se les brinda un monto en efectivo adicional, para que puedan cubrir diferentes necesidades.

Monto creciente

Hace 11 años, los fondos que se destinaban a la asignación de becas eran ¢2 969,8 millones y provenían en su totalidad de los recursos que se generaban por el cobro de matrícula. Al 2018, el monto que se destina para becas es de ¢26 596,6 millones y la mayoría de este proviene del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), correspondiente a la Universidad de Costa Rica.

De acuerdo con León, según se fueron requiriendo más recursos para atender las necesidades de los estudiantes, la Institución fue aumentando el presupuesto para atender estos requerimientos, al punto que ahora los recursos de matrícula apenas representan alrededor de un 20% del monto total que se invierte para estos efectos.

“Entonces, vemos que cada vez hay una brecha entre los ingresos, producto de matrícula y fondos FEES, que se han reforzado”, explicó León.

Infografía: Jorge Carvajal Aguirre.

Este crecimiento en el presupuesto se debe a que se han ido reforzando cada uno de los beneficios, por ejemplo, en el 2010, el beneficio por reubicación geográfica –que se paga a los estudiantes que provienen de zonas alejadas– era de ¢25 000, mientras que para el 2018 es casi tres veces mayor, pues se pagan casi ¢75 000. La idea es que con este monto mensual los estudiantes puedan buscar soluciones de vivienda en conjunto con otros estudiantes.

Otras razones que explican el incremento del presupuesto para becas es que se da una mayor cobertura poblacional y que hay una tasa de crecimiento de matrículas. Actualmente, la Institución brinda becas a 22 310 estudiantes en todo el país.

Fortalecimiento

En el 2015, el Consejo Universitario aprobó una reforma integral del Reglamento de adjudicación de becas a la población estudiantil, con el cual se pasó de 11 categorías a 5, de modo que algunos de los beneficios que se brindaban a una determinado estrato, ahora lo reciben más estudiantes. Este es el caso de las categorías 10 y 11 que se fundieron en la 5; por esto, ahora más alumnos reciben los múltiples beneficios que esta beca otorga.

La beca 5 ofrece residencia o un monto por reubicación y transporte, así como la exoneración del 100% en alimentación, la cual se brinda incluso en fines de semana, pues muchos estudiantes no cuentan con otros recursos para cubrir sus necesidades alimentarias. También se les da un monto para otros gastos de alimentación, como meriendas y otro para cubrir gastos de carrera como fotocopias, gabachas e implementos.

Asimismo, cuentan con préstamos de libros, con la opción de solicitar un préstamo de dinero y se les da en forma gratuita servicios de odontología y optometría.

Infografía: Jorge Carvajal Aguirre.

Lo mismo ocurre con la actual beca 3, que brinda un 90% de exoneración en matrícula y da un 70% de exoneración en el monto de almuerzo. Esta categoría reúne a los becarios de las antiguas categorías 5, 6 y 7, que contaban con condiciones diferentes en cada uno de los casos.

Para Fanny Coto Acuña, jefa del Área de Beneficios Estudiantiles, este nuevo reglamento “lo que ha hecho es que la cobertura sea mayor, pero los beneficios han sido los mismos”.

En referencia a la percepción que tienen los estudiantes sobre sus becas, se han realizado varios estudios desde el 2010 para valorar cuáles son las necesidades que tienen los estudiantes “y sí se puede decir que en este momento los montos económicos que se están otorgando van muy de la mano con el gasto identificado, que no se ha quedado estático, sino que va aumentando”, expresó Magda Araya Jarquín, jefa del Área de Becas Socioeconómicas.

Nidia Burgos Quirós

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UCR: Jerarcas y académicos reflexionan sobre avances y desafíos del Código de la niñez y la adolescencia

  • PANI le hace frente a nuevos desafíos de la coyuntura actual

"Reflexiones en torno a los 20 años del Código de la niñez y la adolescencia" abrió el espacio para discutir aspectos de mejora para el futuro de los niños costarricenses. Foto: Anel Kenjekeeva.
«Reflexiones en torno a los 20 años del Código de la niñez y la adolescencia» abrió el espacio para discutir aspectos de mejora para el futuro de los niños costarricenses. Foto: Anel Kenjekeeva.

En el marco de los 20 años de existencia del “Código de la Niñez y la Adolescencia”, el Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (PRIDENA) de la Universidad de Costa Rica (UCR) abrió el espacio para reflexionar sobre los avances y desafíos que afronta esta ley en la coyuntura actual.

En este espacio estuvieron presentes el representante de la Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés) en Ecuador y Bolivia, Dr. Ludwig Guendel; la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Patricia Vega; el abogado constitucional y docente en la UCR, Dr. Álvaro Burgos. La moderación del espacio estuvo a cargo de la docente de la Escuela de Estudios Generales, Dra. Dina Espinosa-Brilla.

Según Guendel la existencia de la ley ha favorecido logros culturales e institucionales durante los últimos años, al impulsar la consolidación de una gobernanza sistémica para dirigir las políticas que garantizan los derechos de la niñez y adolescencia.

Sin embargo, el representante de UNICEF considera que la ley presenta carencias en la ampliación de políticas sociales, la equidad e igualdad de los niños y principalmente, en la implementación del código en el día a día del quehacer gubernamental.

“No hay consistencia ni coherencia entre el “Código de la Niñez y la Adolescencia”, y las políticas institucionales.” resaltó Guendel como mayor problema actual.

Por su parte, Vega coincidió con Guendel en el largo camino de acciones que tienen por delante las instituciones para cumplir con el Código, tales como la contratación de un personal suficientemente calificado y el mejoramiento de alternativas de protección para menores de edad como albergues.

UCR Jerarcas y academicos reflexionan sobre avances y desafios del Codigo de la ninez y la adolescencia2
Panel de estudiados sobre el tema discutieron los aspectos dónde el Código está fallando hoy día.

“No es un trabajo corriente, no es por buscar un salario; es que hay que tener una vocación.” explica Vega.

Otros desafíos que la presidenta recalcó fue la articulación e interrelación entre el Estado y la sociedad civil, la estandarización nacional de los procesos de protección a nivel administrativo y la necesidad de hacerle frente a las deficiencias que presenta la instancia.

“Una institución como el PANI tiene mucho que darle al país, (…) es fundamental ser autocrítico de cómo se han hecho las cosas porque cuando la sociedad costarricense invierte muchos recursos en una institución y en un tema de tantísima importancia como la protección de nuestros niños y adolescentes, importa rendir cuentas y fijar un rumbo” comenta Vega.

Burgos también aprovechó el espacio para enfatizar la necesidad de una mayor influencia de la comunidad y la familia en la construcción de alternativas de esparcimiento para los niños y adolescentes, así como de espacios seguros, oportunidades de desarrollo y alternativas culturales y deportivas que los alejen de organizaciones delictivas.

“A todos nos toca hacer del código algo más que una letra muerta. Desde cualquiera que sea nuestra trinchera, debemos trabajar para que esto se haga una realidad. Y la familia y la comunidad deben ser ejes que importen y trabajen de forma conjunta para la implementación del Código.”concluyó el abogado.

 

Amanda Núñez Chacón

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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