Marcela Zamora Cruz compartió en redes digitales el siguiente detalle:
Iniciada la audiencia, la defensora pública argumenta excepciones previas, en particular expone que su representado el 18 de setiembre de 2018 presentó denuncia por el delito de abuso de autoridad y se abrió un expediente para esta causa y que lo importante es que las personas denunciadas en esta causa son los mismos testigos que tiene el Ministerio Público presentados para acreditarle la agresión con arma (piedras) y la resistencia agravada, por lo que la defensa pública solicita que se acumule la causa de la denuncia por abuso de autoridad con la causa penal que se estaba viendo en ese momento.
El fiscal se opuso a la solicitud de acumulación de causas, sin embargo el Juez acepta la excepción de acumulación de causas, por lo que el expediente se traslada a la Fiscalía de Goicochea para que valore la acumulación de causas.
De esta manera, si el Ministerio Público estima, considerando ambas causas, que existe delito por parte de Steven Castillo, podrá acusarlo formalmente pero esta vez, en la vía Penal Ordinaria.
Por esto recibimos con alivio que la denuncia interpuesta por Steven Castillo, sea parte de los elementos que tiene que incorporar la Fiscalía para decidir si acusa formalmente a Steven.
Sin embargo, es importante mantenerse alertas, porque tanto Steven, como Estíbaliz, Emanuel y Carlos tienen causas penales en etapa de indagatoria y aunque no tienen acusación formal, están en un proceso judicial.
Por esto, hacemos un llamado a exigir a la Fiscalía que desestime las 4 causas por indignas e injustas.
¡Ni terrorista, ni delicuente! ¡Estudiante consciente!
1.El país atraviesa una grave crisis fiscal. Es claro que se necesitan tomar medidas pertinentes para poder atacar las causas estructurales de dicho déficit y encontrar una solución justa para todos los sectores.
2.El proyecto de ley No. 20580 “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, también conocido como “Combo Fiscal” fue presentado a la Asamblea Legislativa sin un proceso de consulta y consenso que integrase a diversos sectores sociales, a pesar de las implicaciones que un proyecto de esta magnitud traerá para la sociedad costarricense.
3.Frente a este escenario, distintas organizaciones sociales y sindicales se han sumado a un paro nacional indefinido desde hace más de dos semanas, exigiendo el retiro de este proyecto de ley del plenario legislativo, buscando construir una alternativa en conjunto que integre la posición de todos estos sectores.
4.Varias instancias de las universidades públicas, y en específico de la Universidad de Costa Rica se han unido a este paro nacional, donde la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores del SINDEU se ha declarado en huelga.
5.En la última negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), en el presente año, se dejaron de lado aspectos fundamentales para la necesaria sostenibilidad presupuestaria de nuestra universidad pública, supeditándose a un adendum sujeto a la “buena voluntad” del gobierno de turno.
6.Además, la administración de la Universidad de Costa Rica ha anunciado una serie de medidas presupuestarias que afectarán el buen desempeño de las áreas sustantivas de la Universidad.
POR TANTO:
1.Exigimos un proyecto de ley tributario progresivo y que ataque las verdaderas causas estructurales de la crisis fiscal, como son la elusión y la evasión fiscal.
2.Rechazamos el proyecto de ley No. 20580 “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS”, también conocido como “Combo Fiscal” pues consideramos que es un proyecto regresivo y que recae sobre sectores sociales que no han provocado dicha crisis fiscal.
3.El cuerpo docente del Programa Kioscos Socioambientales se une a la huelga declarada por el SINDEU. Además, el equipo de estudiantes asistentes del Programa se ha unido al movimiento nacional contra el “Combo Fiscal”.
4.Rechazamos las medidas de contención de gasto anunciadas por la Rectoría en el Oficio R-5254-2018, pues son parte de los ajustes tomados por la actual administración que han estado afectando varios sectores de la comunidad universitaria, como son el recorte de horas extra y combustible en el sector transportes, y la reducción de cargas académicas. Estos recortes han afectado con mayor medida a las sedes y recintos universitarios.
5.Exigimos que la adenda al acuerdo del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) posea un sustento de ley y no se delegue a voluntades individuales.
6.Llamamos a nuestras compañeras y compañeros de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS), así como otras personas de la Universidad de Costa Rica, a que se sumen a la huelga para realizar una campaña socio-educativa que dialogue con diversos sectores sociales sobre las implicaciones de este proyecto de ley.
La Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines envió una carta al Presidente Carlos Alvarado, en la cual señala que «las empresas transnacionales, agrupadas en la Alianza Nacional Agropecuaria, han promovido una campaña contra la huelga proponiendo además públicamente mayores niveles de represión contra los huelguistas. Las empresas bananeras y piñeras no sólo son cómplices de la crisis fiscal sino que están tratando de legitimar la represión, la criminalización y la violencia contra movimientos y organizaciones sociales«.
La organización señala que más del 65% de la población costarricense se pronuncia por la negociación del plan fiscal e insta al mandatario a considerar esa petición.
Ingrese en el siguiente enlace para leer la carta completa.
Puntarenenses pueden finalizar el bachillerato en la Sede del Pacífico de la UCR
Actualmente, el programa está implementando una línea de investigación para poder articular temas específicos en cuanto a la educación de personas adultas y sus derechos en materia educativa. Foto archivo VAS.
Desde el pasado mes de abril, la Sede del Pacífico abrió sus puertas al Programa de Educación Abierta (PEA), a través del proyecto Creando oportunidades para el desarrollo personal y profesional (ED-1798). El objetivo es brindar espacios de formación para el desarrollo profesional a poblaciones que por alguna razón no han podido finalizar sus estudios en Educación Diversificada (bachillerato por madurez).
El PEA de la Universidad de Costa Rica (UCR) nace en el año 2005 por medio de la solicitud de un grupo de personas funcionarias de la institución, bajo la responsabilidad de la Dirección de Gestión de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) y el Departamento de Educación de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación pública (MEP). Este programa busca ser una herramienta que permita la igualdad de oportunidades y la movilidad social, en contraposición a los índices de deserción escolar y desempleo a nivel nacional.
Según datos del sexto informe del Programa Estado de la Nación, para el año 2016 sólo el 50,4% de los jóvenes de entre 18 y 22 años había finalizado la secundaria y los datos de la Encuesta Continua de Empleo del primer trimestre del 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) muestra que la tasa de desempleo se situó en un 10,3%.
En el caso de Puntarenas, según el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), para el año 2017 la tasa de desempleo abierto era del 9,7% y la pobreza del 29%, lo que hace de esta zona un lugar vulnerable.
En lo que va del año, más de 100 personas jóvenes y adultas han realizado su proceso de matrícula en el Pacífico y la mayoría de ellas ya presentaron sus pruebas de bachillerato en las materias de Matemática, Ciencias e Inglés. Las clases y tutorías se acomodan a las necesidades y características de la población, por lo que se imparten los días miércoles y sábados en horario nocturno y diurno respectivamente.
El PEA permite brindar una educación más seccionada para que los y las estudiantes puedan dividir su carga y finalizar sus estudios en Educación Diversificada. Foto archivo VAS.
Actualmente, las personas integrantes del programa se preparan en las materias de Español, Estudios Sociales y Cívica. Además, debido a la demanda en el área de Matemática, la universidad está impartiendo tutorías a quienes deseen hacer el examen en el mes de marzo.
Impacto en las comunidades
María José Quesada, quien se encuentra a cargo del proyecto en Puntarenas asegura que “el PEA ha tenido gran impacto en las comunidades cercanas a la sede, especialmente en poblaciones que se encuentran en riesgo social como los jóvenes desempleados, mujeres jefas de hogar, miembros de la Fuerza Pública que no han podido finalizar sus estudios, entre otros”.
Roosevelt Moya, es estudiante del PEA en la Sede del Pacífico, donde ha encontrado un ambiente agradable y buen acompañamiento por parte de las y los docentes. “El PEA es muy importante para mí, la experiencia ha sido muy bonita y ha sido una excelente oportunidad. Me gusta porque los profesores son de excelente calidad”, agregó.
El PEA tiene establecido un sistema de evaluación interno que promueve no solamente el rendimiento académico si no también la asistencia, la participación en actividades complementarias y el desarrollo de valores como solidaridad, respeto, tolerancia, criticidad y manejo de límites y autoridad.
“Las personas han participado de forma muy activa, han atendido la invitación que extendió la UCR en la zona. Puedo decir que el proyecto le está brindando la oportunidad a muchas personas de mejorar sus condiciones educativas y mejorar su estilo de vida a través de este acompañamiento para prepararse para las pruebas de bachillerato por madurez”, agregó Quesada.
Este proyecto se financia por medio de los Fondos de Regionalización que ofrece la VAS y pretende continuar de forma ininterrumpida hasta diciembre del 2019 con la posibilidad expandirse si los y las habitantes de la zona así lo requieren.
Natalia Odio González
Unidad de Comunicación Vicerrectoría de Acción Social
El gremio de Trabajo Social en su devenir histórico, ha jugado un papel medular en la implementación de políticas sociales destinadas a atender las desigualdades sociales, producto del modelo de acumulación. De este modo, el colectivo profesional ha implementado sus procesos de trabajo particularmente con los sectores empobrecidos, en tanto en el proceso de reconfiguración del Estado la tendencia ha sido la de focalizar la respuesta estatal hacia los sectores históricamente más vulnerables y excluidos por razones de clase, género, etnia, grupo etario, solo para mencionar algunos.
Desde esta experiencia histórica somos testigos de primera mano del recrudecimiento de las desigualdades en sus diversas expresiones: empobrecimiento, violencia, desempleo, entre otras. Y, de la rearticulación de la respuesta del Estado, cada vez menos universal, en razón del discurso neoliberal que avanza con gran fuerza bajo el argumento de que el Estado debe reducirse y el llamado “gasto social” debe contenerse.
En este escenario de debate y de convulsión social, asumimos postura en favor de los que menos tienen y rechazamos el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas No. 20.580, llamado popularmente “combo fiscal”, pues consideramos que afecta de manera particular a las personas sujetas de la política social en todos sus ámbitos, particularmente a los grupos más empobrecidos que requieren de la asistencia del Estado.
Ingrese en el siguiente enlace para leer el pronunciamiento completo.
Documento es producto de un proceso de consultas a la comunidad académica
El pasado 14 de marzo el Trabajo Comunal Universitario celebró su 43 aniversario con actividades recreativas y de reflexión en los campus universitarios. Foto archivo VAS.
Tras un arduo proceso participativo de consultas a la comunidad académica, el pasado 14 de agosto del año en curso el Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Costa Rica (UCR) aprobó un nuevo Reglamento del Trabajo Comunal Universitario (TCU) con el fin de actualizar la normativa a la luz de los cambios institucionales y solventar algunos vacíos en el anterior reglamento.
Con esta aprobación, se reformó integralmente el que regía desde el 13 de diciembre de 1981. Para lograr esta nueva reglamentación, el CU abrió un periodo de consultas en marzo pasado que fueron analizadas por la Comisión de Investigación y Acción Social del CU y el equipo especializado de asesores y asesoras de Trabajo Comunal de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS).
Finalmente, el articulado presentado al CU incluyó una actualización de los objetivos del TCU, define con claridad las responsabilidades de las partes vinculadas, los derechos y deberes estudiantiles, el financiamiento de proyectos con vínculo externo, así como los requisitos mínimos para inscribir una propuesta, entre otros aspectos.
“Este reglamento es resultado de un amplio proceso de consulta con la comunidad universitaria. En su fase de borrador se realizaron grupos focales tanto con docentes como con estudiantes. Paralelamente se remitió el borrador a consulta a las Comisiones de Acción Social, de lo cual también surgieron muchas recomendaciones que fueron incorporadas para posteriormente presentarlo como ponencia ante el VII Congreso Universitario”, acotó la Dra. Adilia Solís Reyes, coordinadora de Trabajo en Comunidad de la VAS.
Además, dijo Solís, el reglamento genera nuevas reglas en cuanto a las funciones y competencias y define el TCU como un proceso pedagógico cuyos resultados deben garantizar la sostenibilidad y autonomía en las comunidades y sectores donde se actúa.
Cambios sustantivos
Entre los objetivos del TCU, el nuevo reglamento destaca que los proyectos inscritos deben fortalecer el quehacer universitario mediante el intercambio y diálogo de conocimientos entre las personas de las comunidades y la universidad.
En esa misma línea, estos se conciben como iniciativas que contribuyen “con las transformaciones que la sociedad necesita para el buen vivir, potenciando las capacidades de los grupos con los que se trabaja e incidiendo en la solución de problemas”.
Estos proyectos pueden ser propuestos por unidades de investigación, de docencia y estudiantiles, así como de iniciativas presentadas por las comunidades y los grupos o instituciones del país. Estas podrán presentarse tanto individualmente o en conjunto.
Como mínimo, los proyectos de TCU deben tener una vigencia de tres años y una persona docente nombrada por un cuarto de tiempo durante el periodo de vigencia del proyecto, a la cual se le debe brindar con continuidad en su nombramiento. Esta persona coordinará un equipo de al menos ocho estudiantes llegando a un máximo de 25 con ese nombramiento.
Además, cuando intervengan varias unidades académicas en la formulación y gestión del TCU, las involucradas definirán la unidad base y la persona que asumirá la coordinación y las responsabilidades establecidas en el nuevo articulado.
“Para clarificar y ahondar en los detalles del reglamento, la VAS ya está realizando actividades de capacitación con las CAS y coordinadores de proyectos de TCU”, agregó Solís.
Equipos de docentes y estudiantes recorren las comunidades del país con propuestas que fortalecen los procesos pedagógicos. En la foto aparece el profesor Carlos Rubio con universitarios de los proyectos TC-503 y ED-1732 que fomentan la lectura creativa en escuelas de primaria. Foto Carlos Rubio.
Para conocer las fechas sobre estos talleres puede seguir este enlace con detalle de las fechas aún disponibles.
El nuevo reglamento también incluye cambios en las funciones de la VAS, al determinar que su labor es de articulación académica, sin abandonar la generación de lineamientos académicos y administrativos. Asimismo, se establecen más claramente las funciones de la Unidades Académicas, de las Comisiones de Acción Social (CAS) y se actualizan las funciones de las y los docentes.
Deberes estudiantiles
El capítulo IV reglamentó la relación de la comunidad estudiantil con la universidad y las comunidades.
En este apartado se determina, entre otros puntos, cuando el estudiantado puede realizar cambios, pasantías entre proyectos, traslados, retiros, interrupciones y prórrogas.
Igualmente, enfatiza que además de presentar propuestas al equipo y cumplir con los planes de trabajo, debe “visibilizar la participación de organizaciones y comunidades en los productos elaborados en el marco del proyecto”.
Otro de los aspectos que regula es la participación de estudiantes en condición de colaboradores. Según la normativa podrán serlo aquellas personas que no están matriculados en algún TCU, pero que participan activamente en la ejecución de un proyecto vigente.
También, quienes luego de aprobar su TCU deseen seguir siendo parte del equipo bajo esta modalidad o estudiantes de intercambio amparados bajo convenios establecidos por la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (OAICE).
El reglamento establece un debido proceso en caso de incumplimiento de los compromisos estudiantiles y señala puntualmente cómo se contabilizan las horas necesarias para la aprobación de TCU.
El nuevo reglamento concluye con dos artículos transitorios que establecen un periodo de un año para elaborar un documento con las normas éticas para el trabajo en las comunidades desde un enfoque desde los derechos humanos, en coordinación con la Escuela de Estudios Generales. Estos temas serán parte del curso de Seminario de Realidad Nacional I.
Finalmente, en un periodo similar la VAS se enfocará en el protocolo para determinar “los procesos, metodologías y acciones necesarias para compartir saberes entre proyectos de TCU, mediante la ejecución de las pasantías”.
El texto completo del nuevo Reglamento de Trabajo Comunal Universitario está disponible en este enlace.
El colectivo CONCEVERDE llevó a cabo un conversatorio en San Rafael de Heredia con él hidrogeólogo Roberto Ramírez, quien explicó a un grupo de ciudadanos heredianos de la importancia que tiene la “Matriz Genérica de Protección de Acuíferos” en la protección del agua de los costarricenses.
Desde el colectivo CONCEVERDE denunciamos a la Cámara de la Construcción que ha presionado al gobierno para que elimine la matriz de protección del agua; e igualmente, denunciamos al gobierno de Carlos Alvarado y algunos diputados del PAC, que a como informó el diario digital CRHOY, a cambio de unos votos para el paquete fiscal se han comprometido en eliminar el instrumento de protección denominado Matriz Genérica de Protección de Acuíferos.
Pronunciamiento de organizaciones sociales asociativas, comunitarias, ambientalistas y de economía solidaria en oposición al combo fiscal y en apoyo al movimiento nacional contra el proyecto de ley nº 20.580
Las organizaciones y colectivos sociales, comunitarios, asociativos y de economía solidaria, con presencia en todo el país y como parte del tejido social de base, en profunda reflexión sobre la situación fiscal del país y de la discusión sobre el proyecto fiscal, consideramos:
Consideraciones generales:
Que la propuesta fiscal expuesta por el gobierno es insuficiente para resolver la situación del país, pues según estimaciones oficiales la reforma aportará menos del 2% del PIB, mientras el déficit fiscal ronda el 6%.
Además de ser insuficiente, la propuesta se centra principalmente en recaudar fondos a través de nuevos impuestos (IVA y renta) y control del gasto público (regla fiscal), mientras se deja de lado el principal problema de evasión fiscal que ronda el 8% del PIB.
En relación a lo anterior, consideramos que exonerar de impuestos a zonas francas, empresas transnacionales agrícolas, así como la publicidad en espacios televisivos y radiales manda una señal de compadrazgo entre el gobierno y las grandes empresas. En ese sentido es importante asegurar el aporte real del sector empresarial y la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. Demandamos al gobierno no solamente hacer leyes, sino hacer cumplir los mecanismos existentes e incorporar nuevas propuestas.
Estamos conscientes de la importancia de hacer un mejor uso de los recursos públicos y eliminar los privilegios existentes, pero estamos conscientes de la importancia del trabajo de las personas funcionarias públicos en educación, salud y servicios sociales; por lo que reconocemos que las y los trabajadores no son responsables del actual déficit fiscal.
En relación a la contención del gasto público y los llamados privilegios del sector público, la solución debe construirse en dialogo incondicional con los sindicatos, a fin de tomar acuerdos comunes y no de manera unilateral como lo está haciendo el gobierno, puesto que la discusión también involucra derechos adquiridos con años de lucha.
En ese sentido, también creemos importante resaltar el trabajo imprescindible de las universidades públicas, en educación, acompañamiento, acción social e investigación, quienes se ven seriamente afectadas en sus presupuestos (compartiendo fondos con en INA y programas de la red de cuido y ), también por la derogación de la ley que permite el brindar recursos al recinto de la UCR en Paraíso y dejando su definición en manos de diputados y diputadas que lleguen a un supuesto acuerdo y ya no establecido por ley, así como con nuevos impuestos que actualmente no pagan las universidades por ser entes públicos de educación superior.
Consideraciones para el sector:
Tomando en cuenta que las diversas organizaciones asociativas nos dedicamos a la producción agropecuaria, artesanal y de servicios, con un sentido de solidaridad social y ambiental, redistribuyendo de forma más equitativa los ingresos, y sin fines de lucro, y que los productos y servicios finales aportan al bienestar de las comunidades y territorios, aportamos al cuido del medio ambiente, la cohesión social, la articulación territorial, el acceso a la cultura y la soberanía y seguridad alimentaria, los nuevos impuestos vendrían a encarecer el precio final de los productos haciéndolos poco competitivos en un mercado abierto.
Que los nuevos impuestos obstaculizan nuestra labor organizativa, productiva y de generación de opciones de empleo, pues al carecer de políticas públicas específicas para el sector y ante la falta de reconocimiento de parte del estado, el plan fiscal nos deja en desventaja de acceso a recursos, mercados y espacios de comercialización frente a los grandes capitales y empresas transnacionales, que gozan de privilegios fiscales y exoneraciones, causando así un proceso de empobrecimiento en los espacios donde participamos de manera activa y con arraigo.
Que la situación de desventaja y falta de reconocimiento acerca de las particularidades del sector asociativo y de economía solidaria, el actual plan fiscal nos estaría desapareciendo o empujando hacia la informalidad, al no poder asumir los costos en nuevos impuestos y de formalidad exigidos.
En relación a los impuestos y exoneraciones se propone una tarifa reducida, en algunos casos, y exención en otros, en los servicios utilizados en la producción de productos agropecuarios y agroindustriales; sin embargo, no se traza la diferencia entre la producción de monocultivo para la exportación y la producción alimentaria del país. Demandamos que las empresas piñeras, bananeras, plantaciones de palma y otros monocultivos paguen mayores impuestos y contribuyan en mayor medida, tomando en cuenta los efectos probados y negativos de contaminación de aguas y medio ambiente, acaparamiento de tierras, poca generación de empleo por unidad de producción y su nula contribución a la soberanía y seguridad alimentaria.
Sobre este mismo tema, con las exenciones no se grava la publicidad en radio y televisión, premiando el monopolio de frecuencias de manera privada, en un contexto donde la sociedad civil organizada ha presentado una propuesta para democratizar los espacios de comunicación e información.
La propuesta debe incorporar la economía social solidaria en sus particularidades, tomando en cuenta que son organizaciones democráticas, auto gestionadas por sus miembros, con un manejo económico razonable, que invierten recursos en el territorio para su dinamización y cuido; por ello deberían ser incluidas en el régimen de simplificación de Hacienda, poder registrarse como economía solidaria y tener un trato sin privilegios, pero diferenciado por sus características. Que motive a la población a tener su propia actividad económica. Ejemplo: diferenciar las actividades productivas entre emprendimientos y empresas, dándole a los emprendimientos tasas impositivas favorables para el desarrollo hasta alcanzar un capital adecuado que pueda soportar el pago de impuestos y demás formalidades.
Por lo tanto:
1.Rechazamos de plano, el proyecto de ley planteado por el gobierno nº 20580 “Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas”, por su carácter regresivo e injusto que protege a las grandes empresas capitalistas y le cobra a las personas trabajadoras.
2.Rechazamos el tono amenazador y autoritario del gobierno, expresado en las actuaciones de la policía en la provincia de Limón y San José que denota una actitud de maltrato al pueblo.
3.Hacemos un llamado al diálogo incondicional de parte del gobierno, como administrador de turno de las políticas del Estado, con la participación de los diversos sectores de la sociedad civil en una negociación horizontal y transparente que se asegure el aporte de todas las partes involucradas con un sentido de solidaridad y de acuerdo a las posibilidades reales y particularidades de cada sector.
Manifestado en septiembre de 2018 con el respaldo de las organizaciones firmantes:
Red de Economía Social Solidaria de Costa Rica
Ecoferia Dominical
Finca Agroecología Los Gansos
ASOCIACIÓN FAMILIAR AGRÍCOLA RAMONENSE
Cooperativa de vivienda construcción Coovifudam R.L.
Peña Cultural Ramonense
Corriente de Economía Social Solidaria de la Red de Arte y Gestión cultural Comunitaria (GUANARED)
*Imagen con fines ilustrativos, tomada de la nota: UCR Encuentro y VII Feria buscan consolidar economía social solidaria.
Todas las actividades universitarias siguen según lo programado
El Consejo Universitario aprueba el llamado al paro activo, el rector Jensen vota en contra
La Universidad de Costa Rica no está en huelga. Así lo reafirmó el rector Dr. Henning Jensen, tras el llamado a paro activo acordado por el Consejo Universitario la tarde del viernes 21 de setiembre, para el cual el rector votó en contra.
“La paradójica y contradictoria expresión ‘paro activo’ utilizada en este acuerdo no es un llamado a la huelga. El Consejo Universitario carece de competencia para autorizar a las y los trabajadores de la Institución a suspender sus labores; por ello, cuatro miembros de este órgano votamos en contra de este acuerdo”, acotó el Dr. Jensen.
El rector reiteró que cada persona tiene la potestad de decidir si ejerce su derecho de acogerse a una huelga, y esto lo puede hacer a título individual, sin necesidad de estar sindicalizada, cumpliendo los requisitos establecidos por el Código de Trabajo.
Además, aclaró que el Estatuto Orgánico de la UCR (en sus artículos 94 y 106) faculta a los decanos y directores de unidades académicas a “suspender lecciones y otras actividades cuando alguna circunstancia particular indique la conveniencia de la medida”. Los estudiantes pueden dirigirse a las direcciones de sus escuelas o decanatos, como es usual, en caso de tener dudas sobre las actividades programadas.
De acuerdo con el jefe de la Oficina Jurídica de la UCR, Dr. Luis Baudrit, un «paro» en el Código de Trabajo es la suspensión de labores acordada por dos o más patronos. En este caso, la Universidad de Costa Rica es el patrono y se representa en la figura del rector, por lo cual no le compete al Consejo Universitario hacer llamados ni decretos a la cesación de labores.
Según el Dr. Jensen, se mantiene vigente la llamada de la Rectoría a que la comunidad busque espacios de análisis y diálogo para entender y construir soluciones compartidas ante la difícil coyuntura que atraviesa el país.
UNA y la comunidad de Cureña de Sarapiquí unen esfuerzos para mejorar índice de desarrollo de las personas
Johnny Núñez Z.
Periodista-UNA
Viernes científico
Alrededor de 330 personas de las comunidades de Golfito, La Unión y Los Ángeles de Cureña de Sarapiquí mejoraron su calidad de vida gracias al proyecto: Fortalecimiento de las capacidades de la población del distrito de Cureña de Sarapiquí por medio de procesos participativos sostenibles, impulsado por la Sede Región Norte Huetar y Caribe de la Universidad Nacional (UNA), bajo los ejes de seguridad y soberanía alimentaria, emprendedurismo y turismo rural comunitario.
Con dicha iniciativa, ejecutada del 2011 al 2017, con presupuesto del Fondo Universitario para el Desarrollo Regional (Funder), se logró que muchas de estas comunidades desarrollaran sus capacidades en distintos procesos, entre los que destacan la creación de diferentes áreas de recreación de la mano con la comunidad, la elaboración de jardines comestibles, macrotúneles y preparación de abonos, basados en técnicas amigables con el ambiente, así como los primeros pasos en administración turística y estructura organizacional empresarial.
Ingrid Rojas, coordinadora de la iniciativa, comentó que el participar con la comunidad de Cureña fue una decisión que se valoró como prioritaria e importante desde el Campus Sarapiquí de la UNA, sobre todo porque el distrito Cureña de Sarapiquí se considera como uno de los de menor índice de desarrollo del país.
La comunidad de Cureña se ubica a 75 kilómetros del Campus Sarapiquí, es rica en flora y fauna; forma parte de la reserva mixta Maquenque, con potencial para desarrollar actividades en pro de conservación aplicando técnicas ecoamigables.
Segunda etapa
Desde este año, el proyecto se replicará en otras poblaciones de Sarapiquí bajo la misma modalidad de la primera iniciativa. En esta oportunidad el trabajo universitario se desarrollará del 2018 al 2020 en las comunidades de La Virgen, La Rambla y Los Ángeles de Cureña de Sarapiquí, con el fin de fortalecer la agricultura familiar como base para el desarrollo rural territorial de las comunidades.
Carmen Daly Duarte, la responsable del proyecto durante este quinquenio, indicó que se partirá de cero promoviendo la parte organizacional y la agricultura familiar para que las personas sientan la necesidad de devolverse hacia al campo, ya que sin agricultores no hay comida.
Al igual que en la iniciativa anterior, los estudiantes jugarán un papel importante, pues como parte de sus prácticas profesionales, darán sus aportes al presente proyecto, para lo cual será necesario, en conjunto con las académicas participantes, identificar las necesidades locales de cada una de las comunidades de una manera participativa; es decir, integrando desde el inicio a los líderes comunales de las diferentes organizaciones.
Una vez identificadas dichas necesidades, serán priorizadas y además se propondrán alternativas de solución, lo cual conlleva a la formulación de perfiles de proyectos con el apoyo del estudiantado.
*** Mayor Información con: Msc. Carmen Duarte (8309-4349) o con la Oficina de Comunicación de la UNA (2277-3464).
