Por Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica, en el marco del Primer Foro Institucional 2018

«Los dolores que quedan son las libertades que faltan». En pocas palabras, el Manifiesto Liminar, producto de la conocida Reforma Universitaria de Córdoba, dejó claro que la revolución estudiantil acontecida hace cien años fue una libertad más que se había conquistado, pero también evidenció que faltaban muchas más por reivindicar.

La universidad pública, tal y como la conocemos hoy, en parte es producto de ese proceso de emancipación de los poderes autoritarios y en aquel entonces eclesiásticos, para dar paso a instituciones de autonomía regidas por los principios de libertad de cátedra y de expresión, en donde la generación del conocimiento se dé por la búsqueda de los saberes y no por imposiciones ni presiones externas. Pero, especialmente, el carácter de «lo público» se lo da el servicio a una sociedad que la ha creado, y que la ha hecho crecer para aportar en la búsqueda del bien común.

La Universidad de Costa Rica, en su 78.° aniversario, se reconoce como una universidad pública con esas características, la cual por casi ocho décadas ha combatido presiones e imposiciones para mantener su rumbo y su papel en la sociedad.

Nuestra región latinoamericana, muy sufrida en su historia por gobiernos autoritarios que aún hoy resurgen y que siguen lesionando los intereses de los pueblos, confía en estas instituciones, como generadoras de conocimiento y con voces imparciales en donde es posible encontrar el espacio para la reflexión y el diálogo.

En una coyuntura como la actual, cabe preguntarnos si la universidad pública sigue representando ese refugio de libertad de pensamiento y expresión, en donde las personas se sientan libres de escuchar, opinar, criticar, informar e informarse, pero especialmente de aprender críticamente.

Las reflexiones que este año propone la Comisión Especial Interdisciplinaria de la Rectoría, alrededor de la visión y quehacer integral humanista y universal de la Universidad de Costa Rica, para entender, orientar y atender los retos de una sociedad en transformación, plasman de antemano la misión universitaria de servir a la sociedad que la ha visto crecer. Las sociedades no son estáticas, y los cambios que viven también afectan su institucionalidad pública y la propia institucionalidad universitaria. Una universidad pública también debe responder a estas transformaciones, y aportar ––desde la academia–– aquellas opciones para que la comunidad nacional se sienta apoyada con el conocimiento, el debate y la puesta en común de ideas. Sin diálogo social no se pueden esperar cambios integradores, ni participación ciudadana, ni representatividad. Por ello, la sociedad en transformación implica una serie de retos hacia la universidad pública, como lo es la Universidad de Costa Rica, pero a la vez existen muchas oportunidades que tenemos al frente y que podemos aprovechar para construir en conjunto con la sociedad costarricense.

La Universidad de Costa Rica, como universidad pública, tiene el siempre vigente deber de realizar su quehacer académico e integral en transparencia hacia la sociedad a la cual sirve. Esto, sin duda, no es un deber actual, ni dejará de serlo en ningún momento. Sin embargo, el reto universitario permanente radica en facilitar los mecanismos y procesos necesarios para garantizar esa transparencia, y para estar cada vez más listos para responder ante las consultas de la opinión pública sobre la gestión de la institución de educación superior con más personal y estudiantes del país. Es decir, mantenernos siempre vigentes para garantizar esa transparencia, y responder con más versatilidad al escrutinio de la opinión pública, es uno de los retos que nuestra universidad debe trabajar cada día.

Sin embargo, ese mismo escrutinio nos ofrece la oportunidad de poner de manifiesto la presencia de la Universidad de Costa Rica en los múltiples aspectos de la vida cotidiana de las y los costarricenses, y de todas las personas que habitan nuestro país. La UCR está presente en la salud de las personas, al formar a las mejores generaciones de profesionales en la salud para su labor pública, y al contribuir con la seguridad de los medicamentos. La UCR está presente en el transporte e infraestructura públicos, al verificar el cumplimiento de los estándares requeridos en los combustibles, y al promover la seguridad de carreteras y puentes que conforman el tejido vial del país. La UCR está presente en las emergencias, no solo al brindar el apoyo necesario a las instancias nacionales, sino desde mucho antes, al facilitar evidencia científica para la toma de decisiones que garanticen la integridad de cientos de poblaciones. En fin, la UCR está presente en muchísimas otras circunstancias más, pues nuestros funcionarios y estudiantes hacen aportes de impacto cotidiano para el bienestar del país.

Así, el prestigio de una universidad como la nuestra no debe ser desmerecido, la confianza que nos da la ciudadanía debe resguardarse y redimirse con una gestión adecuada de los recursos que nos brinda, y que son esenciales para que miles de estudiantes puedan acceder y permanecer en la educación superior pública.

Los retos que rodean la investigación recaen en mantener activos los procesos de diagnóstico de la realidad social, sin dejar pasar la necesidad de conocimiento básico para fundamentar soluciones prácticas y activas a los problemas identificados en la sociedad. Tenemos la necesidad de alivianar las gestiones administrativas de nuestros docentes e investigadores, así como encontrar mecanismos más ágiles para enfrentar la difícil competencia por fondos y recursos de investigación. Sin duda, la compleja y preocupante situación fiscal del país alimenta la necesidad de múltiples instituciones por resguardar los recursos que les ingresan, pero es una razón más para defender los recursos de las universidades públicas. Una gran parte de las investigaciones de nuestra institución se sostienen con fondos provenientes de nuestro mismo presupuesto, y disminuirlos significaría suprimir la oportunidad de la generación de nuevo conocimiento con miras a aportar soluciones para el bienestar de las personas, y para garantizar una mejor calidad de vida en el futuro.

Tenemos la oportunidad de generar alianzas entre la universidad pública y muchos sectores de la sociedad, a partir de las cuales podamos encontrar objetivos comunes y beneficios mutuos. Tenemos también el reto de trascender la academia en la difusión del conocimiento que generamos y que alimentamos a diario, al llevarlo a públicos diferentes y aprovechando la presencia que contamos en cientos de comunidades del país. Sin duda, tenemos la oportunidad de llevar el conocimiento de cientos de investigaciones pertinentes y trascendentes a cada rincón de Costa Rica.

En la docencia, debemos promover más capacitación y actualización en todos los diferentes aspectos pedagógicos, para los miles de docentes que dedican desde pocas horas hasta semanas completas a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ser docente es un honor y debe revestirnos de satisfacción y de orgullo, especialmente al poder acercarnos a estudiantes que durante toda su vida han deseado ingresar a esta institución benemérita de la Patria. Conocemos que la situación del interinazgo sigue vigente, pero hemos logrado importantes avances para garantizar a nuestro personal docente sus derechos como funcionarios y funcionarias.

El uso de las nuevas tecnologías, además, es fundamental para garantizar que el conocimiento de un solo docente pueda alcanzar a cientos de estudiantes. Con ello, tenemos el reto de mejorar y promover la democratización de la educación, y aspirar a contar con poblaciones de estudiantes no solo activos en la universidad, sino a públicos diferentes que no necesariamente tengan ese vínculo.

En la acción social, tenemos el reto de mantener siempre vigente el motivo por el cual la extensión universitaria es fundamental. No se trata de una imposición de conocimientos, incluso no es mera extensión de la Universidad hacia la comunidad, sino de permitir un intercambio de saberes justo, en el que tanto la población estudiantil como docente aprenda de los saberes de las comunidades, y viceversa. Lejos de tratarse de procesos de colonización intelectual, como algunos mezquinamente han querido hacerlo ver, la Universidad se inserta en múltiples procesos sociales para escuchar, principalmente, y enseguida trabajar en conjunto para comprender problemáticas, aportar soluciones y brindar seguimientos. La Universidad aprende y cambia, se transforma en relación con la colectividad costarricense.

En la vida estudiantil, tenemos el deber de garantizar la integridad de cada estudiante que ingresa a nuestras aulas universitarias, y con ello el reto de hacerlo frente a una sociedad cambiante, con nuevos peligros para nuestra juventud. Las mismas dinámicas que caracterizan a una sociedad se aplican en el ámbito universitario, pues no escapamos de los riesgos que corren por nuestras calles ni estamos aislados del acontecer nacional. Por ello, nos hemos abocado a proteger la diversidad con políticas, pero también con acciones concretas, para erradicar el acoso y cualquier tipo de forma violencia hacia el género, el intelecto, el credo, la identidad y el pensamiento.

Nuestra Universidad debe seguir trabajando a favor de su estudiantado con la misma vocación de respeto por la diversidad que ha sido su estandarte. Tenemos la oportunidad de hacerlo al garantizar más y mejores formas de acceso a la educación superior pública, con equipos multidisciplinarios para la asesoría vocacional y el acompañamiento para asegurar la permanencia de las y los estudiantes, y la conclusión de sus proyectos de estudio en un ambiente seguro y apto para su desarrollo. Ante todo, estudiantes que culminen sus estudios de manera que siempre se les incite a pensar, a criticar, a debatir y a dialogar, se convertirán en profesionales honestos, seguras y seguros de sí mismos, dispuestos a trabajar por un país que siga brindando oportunidades a otros jóvenes como ellos, que han podido estudiar como parte de la educación pública.

Tenemos el reto de abrir mentes para la tolerancia, ante una sociedad que increíblemente aún aviva sentimientos de exclusión. Tenemos el reto de contar con una comunidad estudiantil más participativa, más vinculada con el quehacer nacional y atenta a los problemas que afectan a nuestro país. Por ello, nuestras oportunidades para lograrlo recaen en acercarnos cada vez más a nuestros estudiantes, con un flujo de comunicación constante y dejando de lado el adultocentrismo que, en muchas ocasiones, invisibiliza el aporte de las ideas frescas de la juventud, para seguir el modelo complaciente de quienes han encontrado una zona de confort en la gestión pública.

En la administración hay múltiples retos que se acompañan de nuestros esfuerzos por contar con una universidad más abierta, solidaria, equitativa y transparente. Pero las oportunidades de serlo son muchas, y ya las estamos cumpliendo: hemos logrado campus más seguros, y más sostenibles, y podemos involucrar cada vez más a la comunidad universitaria para que traslade estos esfuerzos a sus propias comunidades. Hemos crecido en equipamiento, infraestructura y modernización, de la mano con mejoras en planes de estudio en respuesta a las necesidades actuales de la sociedad. Y hemos trabajado en la agilización de trámites internos, con el fin de reducir la burocracia que antaño se confundía con la garantía del correcto uso de los recursos públicos. Hoy, sabemos que podemos seguir garantizando un uso óptimo de nuestros recursos, de maneras menos complicadas y más transparentes.

La educación superior aún es un factor decisivo de movilidad social. Nuestra Universidad se ha abocado a potenciar incluso la educación media, en un esfuerzo por cerrar brechas y por brindar mecanismos para aumentar el acceso a la educación superior pública. Pero esta es una responsabilidad general del Estado, y por ello la Universidad de Costa Rica seguirá promoviendo las acciones que permitan reducir la desigualdad en el acceso a la educación.

Muchos países priorizan sus políticas en educación cuando se proponen fomentar el desarrollo nacional. Pero también lo hacen cuando buscan opciones viables y posibles para acelerar la salida de situaciones críticas como las que vive Costa Rica actualmente. La educación es tal vez la única de las políticas sociales que tiene la virtud de impactar simultáneamente la competitividad económica, la equidad social, la conducta política de la ciudadanía, la productividad y la creatividad de las personas y empresas, sin importar su tamaño ni su naturaleza.

Las universidades públicas y estatales son instituciones complejas, al igual que lo es su relación con el entorno. No sorprende, entonces, que con frecuencia se viertan opiniones sobre ellas que indican desconocimiento de sus realidades y procesos. Un caso de pertinaz reiteración es cuando se afirma, en contra de toda evidencia empírica, que la mayoría del estudiantado de las universidades públicas costarricenses proviene de hogares económicamente privilegiados. Las personas que sostienen esta falsa idea, reproducida igualmente por algunos medios de comunicación, parecen librar una batalla constante contra los hechos, como si su aceptación fuese equivalente a dejarse engañar por la realidad.

Muchas veces se recomienda ––como si no sucediera–– que las universidades vendan servicios a la comunidad. Desde hace décadas, las universidades públicas costarricenses mantienen relaciones remuneradas con el sector privado y el público, organizaciones de la sociedad civil, instancias internacionales y otras instituciones académicas. Esta vinculación se da en forma de investigación y desarrollo, investigación con financiamiento complementario, investigación contratada, producción y venta de bienes de base tecnológica, transferencia de conocimientos (por ejemplo, licenciamiento, capacitación continua y actualización, servicios científicos y tecnológicos, asesorías y consultorías, servicios de laboratorio y servicios técnicos).

Es conocido que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) recomendó hace más de tres lustros que los países, como política pública, deberían adoptar medidas para asegurar su capacidad de comprender el desarrollo de nuevas tecnologías y adaptarlas a sus propias necesidades nacionales. ¿Cómo ha avanzado Costa Rica en este proceso? La respuesta es que lo ha hecho con altibajos, sin una política científico-tecnológica coherente (por lo menos en su aplicación), ni una inversión significativa en investigación científica de parte del Estado. Pero con algunos resultados destacables y meritorios.

Sobre estos aspectos positivos, nos informa, por ejemplo, el Índice Global de Innovación 2018, el cual vale la pena revisar con el fin de reconocer debilidades e identificar oportunidades. Este índice coloca a nuestro país en la posición 54 entre 126 países, por encima de naciones como México, India, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia y Bosnia-Herzegovina, entre muchas otras. Según este índice, la posición de Costa Rica en este campo se debe a la combinación de un conjunto de factores. El primero de ellos es la inversión en educación, la cual corresponde a la posición 12 del mundo. Así como el apoyo estatal a estudiantes de secundaria, que ocupa la posición 31. Esta referencia hace pensar en el impacto positivo de programas de inclusión educativa como Avancemos. A esta inversión se añaden el uso avanzado de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, así como la exportación de servicios basados en ellas, ocupando Costa Rica las posiciones 41 y 10 en el mundo, respectivamente. Y, lo que parece casi una ficción, pero es una realidad: el crecimiento del producto interno bruto por persona contratada como indicador de productividad laboral, donde Costa Rica ocupa la posición número 2 en el mundo.

Otros indicadores positivos son los señalados frecuentemente en las diferentes publicaciones, como la sostenibilidad política, la sustentabilidad ambiental, y la facilidad de obtener créditos. Es interesante observar que Costa Rica muestra un posicionamiento destacado en el Índice Global de Absorción del Conocimiento expresado en dos indicadores: importación de alta tecnología (posición 50) e inversión extranjera directa (posición 27).

La absorción de conocimiento expresa la capacidad de comprender, aplicar y adaptar los avances de la ciencia y la tecnología, lo cual a su vez es el resultado directo de la inversión en educación en sus diferentes niveles. El buen posicionamiento de Costa Rica en este índice se debe sin duda a que ha logrado poner en marcha un círculo virtuoso, aunque mejorable, entre inversión en educación y productividad.

La capacidad de absorber la ciencia y tecnología universales, que solo es posible en virtud de altos niveles en la formación técnica y profesional, no es sin embargo suficiente, y debe ser complementada por el ánimo y la decisión del sector público y del privado, de apoyarse y tomar ventaja del potencial innovador nacional. En este ámbito, el sector privado parece descansar mucho en la importación de soluciones tecnológicas, y no percibir la conveniencia, la oportunidad y la eficacia que ofrece el conocimiento local o nacional. Las virtudes señaladas se deben a una inversión educativa que ha creado un considerable potencial humano, y deben ser complementadas como oportunidades funcionales para emprendimientos novedosos, mejoras en infraestructura y fortalecimiento de la capacidad de concertar alianzas nacionales e internacionales para propiciar encadenamientos productivos en campos estratégicos.

¿Cuál ha sido la contribución de la educación superior pública en estos logros? Entre muchas acciones, cuya cantidad es muy grande para poder enumerarlas, las universidades estatales han creado instancias de investigación mixta Universidad-Estado; impulsado proyectos colaborativos con el sector productivo; han establecido cátedras sobre la relación entre la Universidad y la empresa, organizadas por ambas instancias; creado fondos concursables para estimular la vinculación con sectores sociales y empresariales; reconocimientos a la responsabilidad social empresarial e instancias dedicadas a la gestión de la innovación. Si a esto se suman una alta inversión en equipo de laboratorio de punta, la digitalización de la producción académica institucional, y una política sostenida de evaluación y aseguramiento de la calidad, no resultan extraños los indicadores mencionados, así como tampoco que el Foro Económico Mundial valore muy positivamente la calidad de la educación superior pública costarricense.

Varios miles de actividades de vinculación remunerada con el sector externo son llevadas a cabo por las universidades públicas de Costa Rica (y menciono el sector externo de manera genérica, refiriéndome a la sociedad entera). El quehacer de las universidades estatales costarricenses no se agota en cumplir con los estándares de calidad y productividad de corriente principal de la ciencia y la tecnología, según la definición de esos patrones en el ámbito internacional. Una de las características más sobresalientes de la universidad latinoamericana es que ella se encuentra insertada en la estructura de su entorno social, a cuya dinámica le imprime movimiento. La universidad latinoamericana es constructora de Estado y nación, cogestora de identidad cultural y ciudadanía; cumple una función singular en la arquitectura social y en la sustentación de la democracia.

Nuestro país busca el desarrollo y la equidad, proceso en el cual no se puede ignorar la importancia de la educación superior, como ningún país puede permitirse hacerlo, y menos actuar con ambivalencia y dubitaciones. La generación de conocimiento y la innovación ––que no ha de centrarse en la promoción de la competitividad, sino también de la inclusión–– estimulan tanto la productividad como la participación general en los beneficios del desarrollo. La productividad material y cultural requiere de formación educativa de alto nivel para conducir a una prosperidad que debe ser distribuida y compartida con justicia, con equidad. Como se suele decir, la educación es “el gran igualador”, pero ha de ser de la más alta calidad posible. En educación, no hay equidad sin calidad.

Espero que este espacio de discusión, de intercambio y de actualización nos permita seguir reconociendo el valor de nuestra Universidad en el contexto nacional e internacional. Que estos tres días de Foro Institucional sean altamente aprovechados por cada miembro de la comunidad universitaria, para seguir construyendo juntos una institución cada vez más inclusiva, abierta y pertinente.

La educación superior pública ha permitido que miles de nuevos profesionales estén preparados con una visión humanista para tomar las riendas del país. La calidad de la educación, la equidad, la ética y el bienestar común siempre deben ser los principios que guíen la educación superior, junto con la autonomía y la libertad de expresión ––que en nuestro caso se manifiesta también en la libertad de cátedra––, y no se debe entender el quehacer académico como un bien comerciable y mercadeable. Esto es defender la educación superior pública, esto es defender a la Universidad de Costa Rica y a nuestro país.

Henning Jensen Pennington

Rector de la Universidad de Costa Rica

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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