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UNA: “El diputado Otto Guevara falta a la verdad”

Ante la publicación del Periódico La República, el pasado 10 de agosto del presente año, publicada en la sección digital “ultima hora” de la república.net, así como en el Periódico El Mundocr el 11 agosto y en Noticias Columbia, el sábado 12 de agosto, sobre lo expresado por el señor Otto Guevara, quien brinda declaraciones del mal uso de fondos públicos en la UNA, expresamos lo siguiente:

En atención a las declaraciones dadas por su persona (Otto Guevara) a varios medios (indicados antes), referente al Convenio específico entre la Universidad Nacional (UNA) y el Sindicato de Trabajadores de la UNA para que el 0,5% de la planilla total sean trasladadas a dicha clínica, le indico lo siguiente:

  1. La Universidad Nacional no ha trasladado ningún dinero a la Clínica de Especialidades Médicas del Fondo de Beneficio Social, ni se han destinado fondos FEES para su financiamiento, como calumniosamente se publica a partir de sus declaraciones.
  2. La Universidad Nacional se ha comprometido a la defensa de los derechos humanos a partir del concepto de la persona humana bajo un esquema integral. La vida universitaria debe sustentarse en la sensibilidad de derechos humanos que fortalezcan el humanismo, la solidaridad social, la equidad, la libertad y el respeto a la dignidad humana.

A consecuencia de lo anterior, la Universidad Nacional de manera responsable y bajo el principio de la autonomía universitaria promueve el desarrollo de estilos saludables y articula esfuerzos y recursos para la ejecución de programas, proyectos y actividades dirigidas a la prevención y promoción de la salud de la población estudiantil y laboral universitaria, con el propósito de que todos sus miembros realicen sus funciones vitales, asuman su auto cuido y su desarrollo personal social.

  1. En relación con su argumento: “(…) El dinero sería trasladado al Fondo de Beneficio Social, destinado a la construcción y equipamiento de una clínica de especialidades médica (…)”, le indico que no hay fundamento en tal aseveración, ya que es el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional, el que en el año 2015; siguiendo lo establecido en el artículo 152 de la IV Convención Colectiva, planteó ante la Junta Directiva del Fondo de Beneficio Social, la necesidad de invertir en la salud de los trabajadores de la UNA en procura de mejorar la atención en medicina especializada. Como se ve el SITUN y el Fondo de Beneficio Social, están habilitados para desarrollar proyectos de interés social, académico e institucional.

Por esa razón, el Sindicato de Trabajadores de la UNA le propone al Fondo de Beneficio Social, la creación de una Clínica de Especialidades Médicas. Ante dicha propuesta ambas organizaciones (Fondo-SITUN) unen esfuerzos y construyen en el año 2015 el Centro Médico, por ende la Universidad Nacional no ha destinado presupuesto para la construcción o equipamiento de la clínica.

  1. Según su afirmación: “El Fondo estaría recibiendo una trasferencia de casi ¢500 millones anuales por los próximos cinco años”, le indico que dicha aseveración es falaz, carece de todo sustento en la realidad.
  2. En cuanto a que “(…) dicho convenio no fue conocido por el Consejo Universitario de dicho Centro Educativo y debería ser rescindido de inmediato…”, le informo que tal argumento también carece de sustento, ya que con la implementación del nuevo Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional, aprobado por la Asamblea Universitaria y comunicado en Gaceta Extraordinaria N°8-2015 del 20 de abril del 2015, no es competencia del Consejo Universitario autorizar convenios entre la Universidad Nacional e instituciones nacionales o internacionales públicas o privadas, lo anterior obedece a que se cuenta con la oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, instancia especializada y asesora en materia.

No obstante, la firma de dicho convenio implica una erogación presupuestaria, razón por la cual, mediante oficio UNA-VADM-OFIC-1082-2017, de fecha 16 de junio del 2017, suscrito por el Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración, se remite al Consejo Universitario la “I Modificación Presupuestaria 2017 Sujeta a Aprobación por Parte del Consejo Universitario”.

A consecuencia de ello, mediante acuerdo UNA-SCU-ACUE-1361-2017, de fecha 30 de junio del 2017, se aprueba la “I Modificación Presupuestaria 2017 Sujeta a Aprobación por Parte del Consejo Universitario”, con excepción de los recursos previstos en dicha modificación para atender el convenio firmado entre la Universidad Nacional y el Fondo de Beneficio Social y el Sindicato de Trabajadores”. Actualmente el tema referente al Convenio entre la UNA y el Fondo de Beneficio Social se encuentra en la Comisión de Análisis de Temas Institucionales para el trámite correspondiente. Por lo tanto, esta Rectoría ha realizado todas sus acciones en apego al marco normativo, como lo establece la normativa interna de la universidad.

Por otra parte, el convenio en lugar de hacer un “mal uso de fondos públicos” como se cita en la nota periodística es una medida encaminada a fortalecer el acceso a la salud de calidad, así como brindar a los funcionarios y estudiantes de la Universidad Nacional, una atención médica accesible, oportuna, rápida y eficiente, siendo esto un derecho fundamental del cual el Estado debe ser garante.

No obstante, con las limitaciones que tiene el sistema de salud de nuestro país, la implementación de dicho convenio no solo beneficiaría a los funcionarios de la universidad sino también a los estudiantes de todos los campus universitarios de la UNA, como bien señala el Convenio de Cooperación entre la UNA-FBS-SITUN, a saber:

10. La UNA, el FBS y e SITUN tienen especial interés en articular esfuerzos para ejecutar programas dirigidos a la prevención y promoción de la salud en áreas y temas específicos según las necesidades de la población laboral y funcionarios jubilados así como aquellos estudiantes que sean referidos por el Departamento de Salud, con el propósito de alcanzar un desarrollo integral de la calidad de vida”.

Esta alternativa favorece el descongestionamiento de los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social. Por ende la iniciativa podría convertirse, si se aprueba la erogación presupuestaria, en una reforma señera que deje huella en las universidades públicas con el afán de crear universidades saludables.

 

Atentamente,

Dr. Alberto Salom Echeverría

Rector

Universidad Nacional

 

Enviado por MSc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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La cerámica chorotega logra importante reconocimiento con apoyo de la UCR

  • Por sus características, se trata de un producto único, irrepetible y que solo puede salir de Guaitil y San Vicente

 

Tomás Gómez Huertas,

Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR

La ceramica chorotega logra importante reconocimiento con apoyo de la UCR
Muchos ofrecen cerámica chorotega pero pocos conocen todos sus secretos. En el color y el acabado podría estar la fórmula para no terminar llevándose a casa una falsificación. – foto Anel Kenjekeeva, UCR.

¿Si a usted le ofrecen “cerámica chorotega” en una playa de Guanacaste sabría cómo reconocer cuando están tratando de engañarle?

En su intento por tener una vasija, un comal o una ocarina que sirva como recuerdo de su viaje, no son pocos los turistas que terminan comprando, sin darse cuenta, imitaciones y réplicas cuya calidad dista mucho de las artesanías de barro que han hecho famosas a las comunidades de Guaitil y San Vicente de Santa Cruz.

Por años, esta situación estuvo afectando a los artesanos de la zona quienes para frenar esta situación han logrado certificar la autenticidad y lo especial de sus obras, un proceso que esperan sea una garantía para la continuación de esta tradición y en el que la Universidad de Costa Rica ha dado un importante respaldo.

Secretos de familia

El arte de la cerámica chorotega es un conocimiento ancestral que Luis Gutiérrez heredó de su familia y el cual ha convertido en su oficio. Al igual que el de otras 600 personas, su sustento económico depende de los productos de barro que elabora y fue esto lo que motivó a los habitantes de la zona a buscar opciones para proteger la exclusividad de sus productos.

Si bien la calidad de la arcilla del lugar es un elemento importante, la manera de trabajarla y decorarla la dota también de elementos que la vuelven irrepetibles.

Según Gutiérrez en la misma apariencia de los objetos es posible notar la autenticidad de los mismos.

En primer lugar, recomienda observar los colores: la cerámica chorotega parte del rojo, el blanco y el negro. De sus colores iniciales se obtienen otros tonos como el naranja, el café y el rosado pero nunca se usan azules o verdes, que son frecuentes de encontrar en las copias.

Adicionalmente, mientras las imitaciones tienen un simple baño de barniz, el brillo de las piezas originales es producto de un pulido con arena, conchas y tuzas de maíz. Muchos de esos instrumentos incluso han sido conservados por varias generaciones familiares.

Todos estos procedimientos, que podrían pasar inadvertidos para muchas personas se han incluidos ahora en la denominación de origen que ha sido otorgada a los productos de la zona.

La ceramica chorotega logra importante reconocimiento con apoyo de la UCR2
La iguana es uno de los animales protagonistas en este tipo de obras. – foto Anel Kenjekeeva, UCR.

Haciendo protagonista a la comunidad

“Con la denominación de origen se crea una especie de seguro tanto para los artesanos cómo para los clientes. Gracias a ella los artistas se aseguran de que no les están copiando sus productos y los compradores saben que están pagando por un producto que de verdad fue hecho en el lugar y de la manera que es tradicional”, explica la MSc. Iria Salas, docente de la Escuela de Artes Plásticas y una de las responsables del acompañamiento que las Universidades Estatales han aportado a los artesanos de la región.

Luego de un proyecto inicial planteado junto a la Universidad Nacional desde el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), el apoyo se ha canalizado desde la Acción Social de la UCR mediante el proyecto “Promoción de la Cerámica Chorotega” que ha atendido las más diversas áreas del tema.

Con el liderazgo de la propia Salas y del docente Lic. Fernando Camacho el proyecto inició con la meta inicial de contribuir en la certificación de las obras, pero en el camino detectó muchas otras áreas que requerían atención y en las que se ha venido trabajando siempre en conjunto con la comunidad.

Además de las artes, se han tocado también los asuntos administrativos -se reactivó la cooperativa local que se encargará de la gestión de la denominación de origen y velará por el correcto manejo del negocio- y desde la psicología comunitaria se ha contribuido a mejorar la relación entre los dos pueblos productores. De manera complementaria se han desarrollado investigaciones geológicas para ubicar nuevos focos de extracción de material y próximamente se comenzará a trabajar el tema de las exportaciones.

En todo momento, estudiantes avanzados de cada una de estas áreas han brindado su acompañamiento e incluso se han preparado Trabajos Finales de Graduación que han servido de insumo para el mejoramiento productivo.

La ceramica chorotega logra importante reconocimiento con apoyo de la UCR3
El Lic. Fernando Camacho y la MSc. Iria Salas, docentes de la Escuela de Artes Plásticas y los señores Luis Gutiérrez y Miguel Leal, artesanos y líderes comunales son parte del equipo que en conjunto ha transformado la realidad de la cerámica chorotega. – foto Anel Kenjekeeva, UCR.

La tradición debe continuar

El logro de la certificación no finaliza el proceso de cooperación sino que abre nuevas oportunidades para el trabajo conjunto y el apoyo.

Además de la internacionalización de la cerámica chorotega, los encargados del proyecto explican que se debe seguir trabajando en la educación cultural, de manera que las nuevas generaciones aprendan las técnicas y la tradición no se pierda.

Con el trabajo conjunto los mismos pueblos se han logrado redescubrir.

El artesano Miguel Leal explica que se ha generado conciencia sobre el arte que se produce. “Se ha podido refrescar la historia, sabíamos que teníamos una arte que era nuestro pero ahora lo hemos conocido mejor, hemos aprendido de los periodos de la cerámica y es importante”, explicó.

En el proceso, los ochenta talleres existentes en la zona siguen produciendo la auténtica cerámica chorotega que hace única a la zona y que se exhibe con orgullo en casas y oficinas de todo el mundo. Además de un símbolo de identidad, se trata del primer producto no alimentario que logra una Denominación de Origen en América Central.

¿Qué es la Denominación de Origen?

La ceramica chorotega logra importante reconocimiento con apoyo de la UCR4

En algunas zonas hay elementos culturales, antropológicos y hasta bioquímicos que vuelven únicos a los productos que se producen en ella. Se trata de características tan especiales que crean una fama particular y que son imposibles de imitar, aún y cuando el mercado ofrezca réplicas y prometa que poseen la misma calidad.

La “Denominación de Origen” se convierte en un sello de autenticidad, es decir, una garantía de que el producto que le están vendiendo a las personas fue fabricado en el lugar de donde lo promocionan y usando los materiales y técnicas debidas.

Para el caso costarricense, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su reglamento han establecido como condiciones mínimas para una Denominación de Origen la existencia de factores humanos y naturales únicos así como métodos de producción específicos -que incluyen desde la extracción de materiales hasta los acabados-.

Con esta certificación los productores se evitan competencia desleal de quienes buscan adueñarse de su arte y los clientes se evitan las molestias de pagar por algo que no es real.

Aunque es más común que la “Denominación de Origen” se aplique a productos alimentarios -el queso Turrialba, por ejemplo-, se ha comenzado a implementar ahora en la artesanía.

Así, se ha protegido el mármol de Carrara -Italia-, las hamacas de San Jacinto -Colombia- o la talavera de Puebla -México-.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Desde 1986 la UCR promueve el derecho a la educación de los adultos mayores

  • Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM)

 

María Encarnación Peña Bonilla,

Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR

Desde 1986 la UCR promueve el derecho a la educacion de los adultos mayores
El PIAM se enmarca en la orientación de la educación permanente, concebida como un proceso que dura toda la vida, donde las personas adquieren y acumulan conocimientos y habilidades para su vida cotidiana.

Con la creación del Programa Integral para la persona Adulta Mayor (PIAM) en 1986 la Universidad de Costa Rica abrió sus puertas a las personas mayores de 50 años y pensionadas bajo los enfoques de envejecimiento exitoso, género y derechos humanos, dignidad humana y justicia social, para contribuir así con la calidad de vida de esta población.

El PIAM tiene como claro objetivo brindar oportunidades a este sector de la población para que continúen aprendiendo y puedan compartir con las generaciones más jóvenes sus experiencias y conocimientos. Desde su creación la UCR ha orientado su trabajo académico hacia la formación integral de las personas, fundamentada en una visión humanista de la vida; en un claro compromiso con una acción universitaria dentro de la cual el PIAM resulta pertinente, por su concordancia con la política universitaria de establecer vínculos con el sector externo con el fin de promover el desarrollo a escala nacional de una cultura de respeto.

Este programa se gestó en la década de los 80, producto de la I Asamblea Mundial del Envejecimiento celebrada en Viena en 1982, donde se plantea que: “el envejecimiento es un proceso que dura toda la vida y deberá reconocerse como tal, la formación de la población para las etapas posteriores de la vida deberá ser parte integrante de las políticas sociales y abarcar factores físicos, psicológicos, culturales, religiosos, espirituales, y económicos”.

El programa inició con la modalidad de cursos regulares en 1986, los cuales son ofrecidos por las Unidades Académicas de la Universidad. En éstos las personas mayores comparten con los estudiantes empadronados en las diferentes carreras. Hay cursos de historia, geografía, arquitectura, filosofía, sociología, trabajo social, lenguas modernas, ciencias políticas, comunicación colectiva, entre otras.

Población PIAM se incluye en cursos regulares

Estos cursos regulares no pretenden profesionalizar, titular o certificar el conocimiento de las y los estudiantes del PIAM, sino más bien aportar a su actualización de conocimientos, al desarrollo de nuevas habilidades y destrezas, así como potenciar el intercambio entre las generaciones que confluyen en el aula. Los estudiantes del PIAM no están obligados a cumplir con todos los requisitos para la evaluación de los cursos (exámenes, trabajo en grupos, presentaciones orales, etc), por lo tanto pueden “negociar” con el docente su participación. Generalmente les gusta hacer trabajos en grupo, participar de las giras educativas y las exposiciones de temas específicos, y por supuesto, compartir sus experiencias en la clase.

La valoración de esta oferta de cursos siempre es positiva por la oportunidad que brinda a las personas mayores de participar en espacios inter generacionales de intercambio de conocimientos, pues en los cursos regulares se juntan tanto personas jóvenes como adultas y adultas mayores para compartir experiencias, establecer lazos de amistad, de cooperación e intercambio cultural; esto proporciona sistemas de apoyo positivo que ayudan a mantener el bienestar y la seguridad de las generaciones jóvenes y mayores.

sesión adulto mayor
El ritmo de vida actual dificulta el encuentro entre jóvenes y mayores. En cuanto las personas mayores son percibidas como dependientes en lugar de agentes activos de la sociedad, suele crearse un distanciamiento que perjudica a ambos colectivos. Este hecho generalizado ocurre incluso dentro de las propias familias. Fotografía: muestra un retrato de persona adulta mayor con mujer joven al lado. Archivo ODI.

Para las personas estudiantes del PIAM es fundamental el reconocimiento de los otros, sobre todo de los estudiantes jóvenes, es decir, estar visibles en el contexto universitario que es predominantemente un espacio de gente joven, genera mucha satisfacción a las personas mayores. Cada semestre lectivo el PIAM gestiona la apertura de cupos en los cursos regulares. Estos cursos se incluyen en la “guía de cursos y horarios ”propia, y están disponibles para matricular según el número de cupos habilitados.

La demanda de matrícula en el Programa ha crecido progresivamente y este año se entregaron 3.000 citas de matrícula a estudiantes que optaban por un espacio. La universidad tiene casi 5.000 cupos habilitados para esta población adulta mayor. También está la posibilidad de solicitar espacio en cursos regulares no ofertados y talleres intensivos que varían entre las 2 y las 8 semanas de duración.

En este 2017 el PIAM cuenta con una variada oferta de talleres intensivos, cursos y grupos culturales. En total, las personas estudiantes del PIAM pueden ser parte de 180 cursos diferentes y en 14 diferentes unidades académicas de la Universidad se abren cursos a estudiantes del PIAM para que sean parte de una experiencia inter generacional.

De acuerdo con las proyecciones dentro de 40 años el rango que más va a crecer dentro de la estructura de la población costarricense es el de las personas de 65 años y más; para entonces el 20% de la población nacional estará conformado por adultos mayores.

La próxima matricula de estudiantes a este programa será en febrero 2018. La información se publica en el PIAM

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UNA Feria Trabajemos 2017

INVITACIÓN

Participa en la Feria Trabajemos 2017 que inicia este miércoles 9 agosto, donde más 50 empresas buscarán tu talento.

Debes inscribirte en el siguiente enlace y presentar en la entrada el código de inscripción

http://trabajemos2017.ulatina.cr

Recorda que debes traer su hoja de vida digital (no impresa) sin atestados.

UNA Feria Trabajemos 2017

Enviado por MSc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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Universidades públicas crean bloque común para potenciar su labor durante una emergencia o desastre

Rebeca Madrigal López,

Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR

Universidades publicas crean bloque comun
Posterior al impacto del huracán Otto, funcionarios de diferentes oficinas administrativas y escuelas de la UCR, se trasladaron a la zona de Upala para apoyar en las labores de rehabilitación. En la fotografía, un equipo de funcionarios de la Oficina de Servicios Generales de la UCR, aseguran la estructura de una vivienda afectada.

La labor realizada por las universidades públicas ante el impacto del Huracán Otto, se convirtió en una experiencia catalizadora para atraer a las cinco universidades públicas y generar un proceso de reflexión y acción conjunta de cara a próximas emergencias o desastres.

El ejercicio organizado por la Subcomisión de Gestión del Riesgo de Desastres del Consejo Nacional de Rectores (Conare) tiene como objetivo poner en marcha un modelo de trabajo articulado, más eficiente y eficaz cuando se presenta una emergencia nacional.

El impacto del huracán Otto en Costa Rica, dejo una gran cantidad de lecciones aprendidas en varios sectores de la sociedad costarricense y el sector educación no escapa a esta realidad y, de forma particular las universidades públicas.

Es por esto que se organizó una actividad que permitió sistematizar estas enseñanzas con miras a mejorar los preparativos y la respuesta a emergencias y los desastres de cada uno de estos centros de estudio.

Durante un día de trabajo se realizaron dos ejercicios: una mirada introspectiva por parte de cada universidad destacando fortalezas, debilidades y posibilidades de mejora. En un segundo momento, se generó una reflexión grupal en torno a las capacidades como un sistema interuniversitario.

Universidades publicas crean bloque comun2
César Sancho, de la Universidad Estatal a Distancia, (UNED) y miembro de la Subcomisión de Gestión del Riesgo de CONARE, expone las tareas desarrolladas por la UNED durante la emergencia del Huracán OTTO. Foro Taller «Gestión de Desastres en las Universidades Públicas en el marco de la respuesta al Huracán Otto”.

Producto de este ejercicio, se busca crear una ruta de trabajo ante situaciones de emergencia, donde cada universidad adapte dichos lineamientos a sus necesidades y fortalezas y además, para potenciar las ventajas comparativas, recursos, etc como un sistema interuniversitario.

Se pretende mejorar los preparativos y la respuesta ante diferentes emergencias por parte de cada centro de estudio para garantizar su seguridad y en un segundo abordaje, visualizar el aporte de la academia hacia la sociedad apoyando diferentes actores externos como son las autoridades de gobierno y a las comunidades afectadas por una emergencia o desastre.

Alice Brenes, encargada del programa Institucional de Gestión de Riesgo ante Desastres la Universidad Nacional- y representante ante la Subcomisión, señaló que uno de los objetivos que se persiguen es generar sinergias para que en momentos de emergencia, las universidades eviten la duplicidad de funciones y se maximice los recursos humanos, técnicos y materiales en beneficio del país.

Uno de los elementos de coincidencia entre las casas de enseñanza fue la necesidad de crear protocolos y procedimientos para la toma de decisiones en momentos de emergencia.

Si bien, puntualizó Brenes, las universidades han logrado impactar positivamente, es necesario contar con mayor claridad en cuanto a los roles y temas claves como es la instancia que debe activar las autoridades y la institucionalidad. Asimismo, enfatizó que otro actor clave es el Conare, cuyos miembros requieren asesoría y orientación para la toma de decisiones en momentos de emergencia o desastre. Trabajar en lineamientos que orienten su actuar, es tarea de la Subcomisión de Gestión del Riesgo ante Desastres, puntualizó.

Universidades publicas crean bloque comun3
Universidades públicas acuden al llamado de las autoridades del Gobierno durante las emergencias. En la foto, funcionarios de la Universidad Nacional (UNA) entregan suministros a familias impactadas por el paso del Huracán Otto.

A partir de este taller, se elaborará un plan de trabajo al corto plazo (un año), que los miembros de la sub comisión de Gestión del Riesgo ante Desastres elevarán a las autoridades de CONARE.

Alvaro Montero, especialista en gestión del riesgo y representante por la UCR ante la subcomisión, enfatizó que sin atentar contra la autonomía universitaria, se debe comprender cuál es el rol de la academia dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. De esta forma, las universidades públicas deben estar atentas para responder, con los recursos existentes, a las necesidades que las autoridades establezcan.

Una vez aprobado por Conare el objetivo es poner en marcha dicho modelo de trabajo en momentos de un desastre.

Las universidades públicas han desempeñado un papel fundamental, al poner a disposición de las autoridades nacionales, la infraestructura y el recurso humano administrativo y científico especialista en diferentes áreas como son ingenierías, geologías, geografía y psicólogos.

En una segunda etapa, se espera generar nuevos espacios para abordar otros ejes de acción de la gestión del riesgo.

Durante la jornada de trabajo de los representantes de las cinco universidades públicas, a saber, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia, la Universidad Técnica Nacional, el Tecnológico de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica, que integran la Subcomisión., se tomó como referencia además, la experiencia de los funcionarios universitarios luego de su participación activa durante la ocurrencia del terremoto de Cinchona (2009) y Sámara (2012),

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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CONFECR: ¡A celebrar la juventud!

La Confederación Estudiantil Universitaria (Confecr) –integrada por las federaciones estudiantiles de las universidades públicas- invitan al público universitario, herediano y nacional a participar de la celebración del: «Día Internacional de la Juventud«, este sábado 12 de agosto, de 10 a.m. a 6 p.m. en el Parque Central de Heredia

Actividades:

  • Habrá presentaciones de grupos artísticos de la UNA y el TEC
  • La rondalla y la marimba de la UNA, así como la danza del TEC amenizarán esta jornada festiva en celebración de la juventud
  • Juegos tradicionales y diversidad de actividades lúdicas para el disfrute de todo público: desde los niños hasta los más grandes… e incluso las mascotas…
  • Micrófono abierto para que las personas participantes se animen a dar rienda suelta a la expresión popular creativa
  • Baile al ritmo de los grupos Mekatylyu e Infibeat, de 4 p.m. a 6 p.m.

 

***Mayores detalles con Daniela Alpízar, presidenta de la Feuna, 8758-7762 o en facebook

https://www.facebook.com/search/top/?q=semana%20u%3A%20%22luchas%20estudiantiles%22

 

*Imagen tomada de Confederación Estudiantil Universitaria de Costa Rica

Enviado por UNA Comunicación.

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Ciudadanos reciben apoyo de sindicato en su lucha por la defensa de la seguridad social

Este viernes 11 de agosto, la Junta Directiva del Sindicato Nacional de Administradores de Servicios De Salud y Afines del Seguro Social (SINASSASS) recibió a un grupo de ciudadanos de diferentes cantones, quienes están luchando por que la CCSS asuma la atención de los EBAIS, y que estos no se den en concesión.

Se mantuvo un intercambio sobre la situación de salud de Barva y los retos que tiene la CCSS sobre el modelo privatizador que viene imponiendo algunos miembros de la Junta Directiva de la Caja y sus gerencias, a lo que SINASSASS dio un voto de apoyo, debido a la lucha de este movimiento ciudadano viene dando por la defensa de la seguridad social. El sindicato manifestó que si fuese necesario, emitirán un pronunciamiento a favor del trabajo que este grupo viene realizado.

 

Enviado por Rafael López Alfaro.

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Concejo Municipal de Guácimo acuerda Declaratoria de Interés Cantonal, el «Proyecto Gestión del Recurso Hídrico» de La Argentina de Pocora

La Declaratoria de Interés Cantonal del “Proyecto Gestión del Recurso Hídrico” de la Argentina de Pocora, es un gran logro de la Comisión Comunitaria e Institucional que viene desde hace algún tiempo trabajando desde el Programa de Gestión Local de la UNED.

En la carta enviada por la Municipalidad de Guácimo referente al tema se manifiesta que: “Este Concejo Municipal por unanimidad acuerda: Declarar de interés Cantonal, el “Proyecto Gestión del Recurso Hídrico de la Argentina de Pocora”, lo cual le permitiría gestionar recursos económicos ante diferentes instancias nacionales como internacionales, para la adquisición de esas áreas, y así garantizar el abastecimiento de agua en cantidad y calidad, a las futuras generaciones del cantón”.

Adjuntamos carta completa.

Acuerdo Nº 20

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de la página de Facebook Programa de Gestión Local

Información compartida por Rafael López Alfaro.

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Junta de Salud de Montes de Oca exige información a la CCSS ante la finalización del contrato de EBAIS UNIBE/CCSS

Compartimos Carta Abierta de la Junta de Salud de Montes de Oca y Convocatoria del Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social.

 

San Pedro de Montes de Oca, 09 de agosto del 2017.

 

CARTA ABIERTA

LA JUNTA DE SALUD DE MONTES DE OCA

EXIGE INFORMACIÓN A LA CCSS

ANTE LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE LOS EBAIS

AREAS DE SALUD DE MONTES DE OCA, CURRIDABAT Y

SAN JUAN-SAN DIEGO Y CONCEPCIÓN DE LA UNIÓN

 

La Junta de Salud de Montes de Oca 2014-2017 desde su juramentación ha trabajado incansablemente en el estudio y el análisis documental de todo lo referente a la Contratación a la cual se encuentran sujetos nuestros EBAIS del Área de Salud de Montes de Oca y otros afines.

Por esto, desde enero de 2017, la Junta de Salud de Montes de Oca se ha dado a la tarea de solicitar información e investigar cómo la CCSS dará continuidad a la prestación de los Servicios Básicos de Atención Integral de nuestra comunidad, dado que estos se encuentran sujetos a un Contrato 2013-000001-00 entre la Caja Costarricense del Seguro Social y el Consorcio conformado por Hospital Universitario UNIBE S.A. y la Asociación Universidad de Iberoamérica para la Contratación de Servicios Médicos en el Primer Nivel de Atención de Salud de las Áreas de Salud de Montes de Oca, Curridabat y San Juan-San Diego-Concepción de La Unión.

El contrato mencionado vence el 17 de febrero de 2018 y la contratación no tiene prórroga de acuerdo al oficio DCA-0165 del 23 de enero del 2013 de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República.

Durante estos 7 meses hemos sostenido reuniones con diferentes personeros de la CCSS entre ellos, el Dr. Armando Villalobos Castañeda, Director de la Dirección Regional de la Central Sur, quien además a partir de este año funge como Administrador del Contrato mencionado.

Adicionalmente, hemos tenido acceso a los siguientes oficios: GM-SJD-19209-2017, DRSS FISSCT-2810-2016 y ACC-1353-2016, así como a la Presentación que hizo la Gerencia Médica a la Junta Directiva de la CCSS, donde: se evidencia la viabilidad técnica para que los EBAIS de nuestras comunidades sean asumidos por la CCSS, se dice, sin suficientes elementos técnicos financieros, que no existe viabilidad financiera y se recomiendan dos escenarios:

ESCENARIO 1:

1- Continuar con la provisión de los servicios de salud de dichas áreas por medio de la contratación de servicios a terceros, dicha contratación deberá gestionarse por un plazo de 6 años prorrogables a 4 años más.

2- Siendo que la Institución cuenta con un prototipo de Áreas de Salud aprobado, se instruye a la Gerencia Médica para que en la contratación que se gestione, las Áreas de Salud de Montes de Oca y San Juan-San Diego-Concepción se ajusten al tipo 1 y el Área de Salud de Curridabat al tipo 2.

3- Instruir a la Gerencia Médica para que en la nueva contratación, la Instancia técnica y administrativa encargada de la verificación, fiscalización y evaluación cuantitativa y cualitativa de la ejecución del contrato que resulte, sea la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur, que fungirá por lo tanto como administrador del contrato, bajo la figure de la Gerencia Médica como Gestor del Contrato.

ESCENARIO 2:

Asumir a nivel institucional la provisión de los servicios de salud de las Áreas de Salud Montes de Oca, Curridabat y San Juan-San Diego-Concepción.

En la reunión sostenida con el Dr. Villalobos Castañeda, el lunes de Semana Santa de 2017, nos informó que efectivamente el contrato vence el 17 de febrero de 2018, la contratación no tiene prórroga, que su Dirección dio la viabilidad técnica para que la CCSS asuma a nivel institucional los servicios; de esta información nos fue confirmada en la Reunión Mensual de Junio de 2017 del Consejo Regional de Presidentes de Juntas de Salud de la Dirección Regional Central Sur donde acudimos a presentar la problemática del vencimiento del Contrato sin que a la fecha las Juntas de Salud de las 3 Áreas de Salud bajo este Contrato, hayamos sido informadas de manera alguna de toda esta situación.

Según la normativa vigente de la CCSS sobre este tema:

  • Política de la Caja Costarricense de Seguro Social para la provisión de servicios de salud por medio de proveedores externos (terceros).
  • Reglamento para la contratación de servicios médicos especializados por medio de terceros y
  • Reglamento a la Ley 7852 Desconcentración de los Hospitales y Clínicas de la Caja Costarricense del Seguro Social.

De acuerdo, el Artículo 1 Bis.- del Reglamento para la contratación de servicios médicos especializados por medio de terceros y el Artículo 38 del Reglamento a la Ley 7852 Desconcentración de los Hospitales y Clínicas de la Caja Costarricense del Seguro Social,

“La compra de los servicios médicos o de salud a terceros deberá, en todo caso, ha de ser temporal, excepcional y contar con la previa declaratoria de inviabilidad de conformidad con el Reglamento de Compra de Servicios Médicos Especializados por medio de Terceros”.

Además,

“Toda prórroga de estas contrataciones deberá contar con la debida justificación técnica y la respectiva rendición de cuentas sobre lo contratado, así como del avance en el cumplimiento de las medidas de planificación y prestación de los servicios por parte de la Institución. Constituye falta grave, la existencia de negligencia o falta de previsión en el planeamiento y ejecución de las medidas necesarias para garantizar la prestación a nivel institucional, de aquellos servicios contratados a terceros, por los funcionarios encargados de la elaboración, aprobación y ejecución de las citadas acciones. Ante la evidencia de elementos suficientes sobre la posible existencia de negligencia o falta de previsión, se deberán instaurar los procedimientos administrativos requeridos. La Auditoría Interna y la Superintendencia General de Servicios de Salud deberán fiscalizar todos aquellos servicios médicos y de salud que terceros proveedores brinden a la Caja o a sus asegurados, independientemente de la modalidad y el procedimiento utilizado por la Institución para proveer el servicio”.

Hemos también acudido a la Alcaldía de Montes de Oca y al Concejo Municipal de Montes de Oca explicar los alcances de no tener continuidad en los servicios de salud del primer nivel de atención integral de salud y a solicitar su apoyo porque los afectados con estas decisiones somos los pobladores del cantón.

Además, el 17 de julio de 2017 remitimos oficio a la Junta Directiva de la CCSS, sin que a la fecha hayamos tenido respuesta alguna, asimismo hemos enviado un oficio en conjunto con la Junta de Salud de San Juan- San Diego y Concepción de La Unión y otras personas de las comunidades afectadas, en esa misma semana y tenemos conocimiento que la Junta de Salud de San Juan- San Diego y Concepción de La Unión ha enviado una solicitud de intervención a la Defensoría de los Habitantes por este mismo tema.

Sin embargo, las últimas informaciones que tenemos es que la Gerencia Médica pretende solicitar el día de mañana, jueves 10 de agosto de 2017, a la Junta Directiva de la CCSS, una prórroga al Contrato 2013-000001-00 de la CCSS con EBAIS UNIBE, durante dos años más y solicitar, nuevamente como en el 2013 a la Contraloría General de la República, un procedimiento excepcional para dar continuidad a los servicios de salud, mientras se prepara, probablemente, un nuevo cartel de licitación con un tercero.

En este momento, invocamos nuestro derecho constitucional a la Participación Ciudadana, como miembros de la Junta de Salud de Montes de Oca y como ciudadanos de nuestro país, dado que la participación ciudadana es sin duda la base fundamental de la vida en democracia, ya que es el medio por el cual la ciudadanía se hace presente en la toma de decisiones de los asuntos públicos.

Por tanto, dada la responsabilidad que nos fue asignada con nuestros representados, por medio de elección popular,

Exigimos:

  1. Que en el menor tiempo posible que nos sea facilitada toda la información relativa a las decisiones sobre la continuidad de los servicios del Área de Salud de Montes de Oca, siendo esta una nueva oportunidad en menos de 4 años donde la incertidumbre reina en las comunidades y en las sedes de los EBAIS, entre los asegurados y los trabajadores porque la CCCS a la fecha no ha explicado a los interesados las medidas de planificación y prestación de los servicios por parte de la Institución.
  2. Que la Junta Directiva de la CCSS, tome estas decisiones sean de frente a las comunidades y los trabajadores, de manera transparente y clara.
  3. Que la CCSS, asuma a nivel institucional la provisión de los servicios de salud de las Áreas de Salud Montes de Oca.

Instamos:

  1. A todas las personas de las comunidades de Montes de Oca, Curridabat y San Juan, San Diego y Concepción de La Unión que exijan la información que afecta el estado de salud general de sus poblaciones y que se pronuncien al respecto.

Solicitamos:

  1. La solidaridad nacional e internacional, ante la amenaza de privatización de la salud pública de nuestras comunidades, lo cual es una puerta abierta, para la privatización de todo el sistema de salud público, como ya sucede en otros lugares del mundo.

JUNTA DE SALUD DE MONTES DE OCA 2014-2017

Más información:

juntasaludmontesdeoca@gmail.com

Dagmar Facio Fernández 8843-4307

Marcela Zamora Cruz 8705-6934

Junta de Salud de Montes de Oca exige informacion a la CCSS contrato de EBAIS UNIBE
Este jueves 10 de agosto realizaron Piquete en las oficinas centrales de la Caja contra la privatización de los EBAIS del Este. Foto compartida por Rafael López Alfaro.

Enviado por Marcela Zamora Cruz, Junta de Salud de Montes de Oca.

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Honduras: denuncian amenazas, hostigamiento policial y criminalización de defensores de derechos humanos

Señor Fernando Neda Castro

Oficina Pública del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras

OACNUDH

Su Despacho.

 

Atención señora Silvia Lavagnoli

Representante Adjunta.

 

Agradecer la socialización del comunicado de prensa del grupo de expertos de la ONU, relacionado con el atentado criminal que fuera objeto nuestro compatriota defensor de los DDHH, OSMIN DAVID VALLE CASTILLO, gerente del programa del Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTI – SOMOS CDC, el pasado 10 de julio de 2017 cuando regresaba a su casa de habitación en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el cual condenamos y exigimos de las autoridades competentes una investigación inmediata, oportuna y exhaustiva para dar con el paradero de los responsables materiales e intelectuales para la deducción de las responsabilidades penales y brindar protección inmediata y efectiva a la seguridad, libertades y vida del compañero defensor de los DDHH.

Lo anterior es un reflejo de la fragilidad y vulnerabilidad a la que estamos expuestos los defensores y defensoras de los derechos humanos en Honduras, especialmente desde que se produjera el GOLPE DE ESTADO MILITAR RELIGIOSO contra el gobierno legítimamente constituido en aquella fecha del 28 de junio del 2009, por parte de la oligarquía nacional, el Pentágono y la derecha internacional, condenado por la ONU, La CIDH, La FIDH, el PARLACEN, reconocido por la Comisión de la Verdad en su informe final, lo que ha justificado la instalación por parte de las Naciones Unidas a petición del Estado hondureño, de la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU, por los más de 60 mil muertes violentas ocurridas en estos años y su mandato de coadyuvar y fortalecer los procesos, programas y proyectos tanto del gobierno como de la sociedad civil para restablecer la institucionalidad democrática y el ESTADO DE DERECHO, que nos lleve a los hondureños y hondureñas como nación libre y democrática restablecer el sistema de las garantías y libertades constitucionales de la población y la ciudadanía preceptuadas en las leyes nacionales y los convenios y tratados internacionales como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José.

Somos decenas de compatriotas dedicados a esta noble causa y labor por la que hemos sido objeto de amenazas, persecución, agresiones y hasta pérdida de la vida como el caso de la compañera Berta Isabel Cáceres Flores que en algún momento en el desempeño de nuestro trabajo de defensa, protección, promoción, asesoría, acompañamiento y veeduría en materia de justicia en favor de millares de compatriotas víctimas de violaciones a los derechos humanos por actos constitutivos de abuso de autoridad y poder por parte del Estado y sus autoridades, grupos o personas con poder fáctico.

CASO O SITUACIÓN DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS DEL AMBIENTE DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. CONFLICTO SOCIAL

Actualmente están siendo criminalizados por el Estado de Honduras (10 líderes ambientalistas), miembros del Comité Ambientalista Popular Independiente por los Recursos Hídricos y Otros (CAPIRHO) y pobladores vecinos del Boulevard de la Villa de San Francisco, perseguidos, amenazados y hostigados constantemente por parte de la ENEE, Fiscalía de Delitos Comunes del Ministerio Público, Procuraduría General de la República y ahora en los ÚLTIMOS 12 DÍAS desde el 25 de julio por parte de la Policía Nacional al mando del Sub Comisionado de Policía JOAQUIN FLORES MARADIAGA de la Jefatura Departamental No. 8 de la ciudad de Talanga (TEL. 2775-8261 Y 2775-9275, quien supuestamente cumpliendo órdenes superiores desde el pasado martes 25 de julio 2017, desde altas horas de la madrugada (3:00 a.m. y 4:00 a.m.) ha movilizado entre 60 y 80 efectivos policiales y militares y comandos del Escuadrón COBRAS para amedrantar, amenazar e intimidar hasta con los fusiles de asalto CERROJEADOS como el pasado viernes 04 de agosto 2017 entre las 3:40 a.m. y 5:40 a.m. (Cuándo llego con 5 patrullas al municipio y luego llegaron 7 patrullas más y un Camión Comando de COBRAS, quien al ver la reacción de los pobladores unas 200 personas que en forma pacífica se les acercaron y le dijeron, está es su responsabilidad histórica, quítenos la vida si quiere, nadie anda armas, somos una comunidad pacífica, aquí no hay criminalidad, pero es su responsabilidad por lo que pase aquí, ordeno de inmediato la retirada de todos los militares y agentes policiales). Amenazar que son constantes a los dirigentes y líderes ambientalistas y más de 400 pobladores del Municipio de la Villa de San Francisco, departamento de Francisco Morazán, por oponerse a la instalación de LINEAS DE ALTA TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (LINEAS K Y B DE 69 MIL VOLTIOS) por el Casco Urbano de la ciudad del proyecto AMPLIACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A TRAVÉS DE BIOMASA adjudicado mediante contrato de varios años a la EMPRESA AZUCARERA TRES VALLES, previo al otorgamiento de una licencia ambiental No. 070-2015 en el año 2015 y resolución No. 0435-2015 por parte de la SERNA o MI AMBIENTE que preside el señor Ministro Ingeniero JOSÉ LUIS GALDAMEZ de forma irregular al no haber sido debidamente, INFORMADA, CONSULTADA Y SOCIALIZADA la misma con la población como lo establece la Ley de Municipalidades, La Ley General del Ambiente y tratados internacionales en la materia, según el informe y dictamen técnico de la Dirección de Evaluación E impacto Ambiental DECA y el SINEIA, al falsear la información y por lo cual se ha presentado una PETICIÓN mediante escrito formal por parte de los habitantes ante la SERNA o MI AMIENTE, el pasado 07 de mayo de 2017, para la revisión, suspensión y cancelación de dicha licencia ambiental y el día de ayer lunes 07 de agosto 2017, se ha formalizado denuncia ante la Misión Internacional de Apoyo al combate a la Corrupción e Impunidad en Honduras MACCIH, por considerarse se cometieron supuestos actos de corrupción en la tramitación y otorgamiento de la licencia ambiental y los contratos de suministro de energía eléctrica con la SERNA y la ENEE No. 066-2014, sin que se haya aprobado la licencia respectiva, la cual fue recepcionada con la documentación respectiva.

Los pobladores y la misma Corporación Municipal como autoridad máxima del municipio, estiman que dicho proyecto es de interés nacional y de gran utilidad para el país, pero su oposición es al tránsito de las líneas o cables de alta transmisión por el casco urbano de la ciudad por temor de los daños que en materia de salud ambiental, especialmente la generación de LEUCEMIA INFANTIL y cáncer en las personas mayores y posibles accidentes por ser una zona altamente poblada de conformidad con estudios y estándares internacionales en la materia sobre los efectos del campo electromagnético o radiación electromagnética.

CRIMINALIZACIÓN DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y DEL AMBIENTE POR PARTE DE LA ENEE, FISCALÍA ESPECIAL DE DELITOS COMUNES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA COMO INSTITUCIÓN REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTADO DE HONDURAS. EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 119-2017 DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA CIUDAD DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN, PRESENTADO EL 27 DE ABRIL DE 2017. JUEZ, ABOGADO OSIAS JUAREZ.

IMPUTADOS

1.-JOSÉ JORGE AGUILAR PONCE, IDENTIDAD 0827-1970-00058 cel.9726-6139

2.- JAIRO RAÚL PONCE TRUJILLO, IDENTIDAD 0827-1985-00072

3.-PEDRO CECILIO PONCE GARCIA, IDENTID 0826-1953-00083 C.3231-9345

4.- RODOLFO QUEZADA BENGTSON, IDENTIDAD 0827-1954-00081

5.- SAMIR RODIL DURON VELÁSQUEZ, IDENTIDAD 0827-1965-00009

6.- LUIS ALBERTO CHACON REYES, IDENTIDAD 0708-1977-00315

7.- CARLOS HUMBERTO MURILLO PONCE, IDENTIDAD 0827-1982-00229

8.- CONCHA MARIA ELVIR VELÁSQUEZ, IDENTIDAD 0827-1964-00002

9.- SONIA MARÍA QUEZADA ROSA, IDENTIDAD 0827-1981-00159

10.- SANTOS ESTER VELÁSQUEZ, IDENTIDAD 0827-1988-00205

Todos mayores de edad, casados unos y solteros otros, vecinos del municipio de la Villa de San Francisco.

DELITOS IMPUTADOS: USURPACIÓN EN PERJUICIO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), POR REQUERIMIENTO FISCAL, EL CUAL LUEGO DE UNA PRESENTACIÓN VOLUNTARIA DE LOS IMPUTADOS Y DECRETADAS MEDIDAS SUSTITUTIVAS A SU FAVOR, EN LA AUDIENCIA INICIAL CELEBRADA EL MIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 2017, DE LAS 11:00 A.M. A LAS 5:30 P.M. LES FUE DECRETADO SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, POR LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y MEDIOS DE PRUEBA DE PARTE DE LOS ORGANISMOS ACUSADORES, QUIENES SE HAN IDO EN APELACIÓN ANTE LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE TEGUCIGALPA, PARA EFECTO QUE LES REVOQUEN EL SOBRESEIMIENTO Y EL JUZGADO LES DECRETE AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO POR EL DELITO DE USURPACIÓN ARTÍCULOS 227 Y 231 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE.

 

Abogados de la ENEE

Abogada Zulema Duarte, cel. 3379-4919

Abogada Norma Núñez, cel. 8916-7515

 

APODERADAS LEGALES EMPRESA AZUCARERA TRES VALLES

Abogada Smirna Ivette García Medina, casada, colegiación No. 13,599, oficinas Col. Palmira, calle República de Venezuela No. 2156, Tel. 3284-8419, 2238-5242 Telefax 2238-1026. Email: smirmg@yahoo.es

Abogada Aixa Gabriela Zelaya Gómez, casada, colegiación No. 14869, teléfono 3389-2550. Email: aixagzg@gmail.com

Abogada Fany Martínez

 

ABOGADOS DEL MINISTERIO PÚBLICO

Abogado Milton Noel Paz Pineda, Coordinador Fiscalía de Talanga, cel. 9454-2920 Fijo: 2775-7486

Abogada Wendy Xiomara Murillo, colegiación No. 12480 del Colegio de Abogados.

Abogada Karen Motiño, de Fiscalía Delitos Comunes

 

DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIÓN (DPI)

Inspectora de Policía Fany Barahona, Jefa de la DPI de la ciudad de Talanga. Cel. 9461-0114, tel. 2775-9275.

 

JEFATURA DEPARTAMENTAL No. 8 CIUDAD DE TALANGA

Sub Comisionado de Policía Don JOAQUIN FLORES MARADIAGA. Tel. 2275-8261

 

DENUNCIAS PREVIAS CONTRA LOS DEFENSORES DE DDHH AMBIENTALISTAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO

1.- MP-104-2017, Fiscalía de Talanga.

2.- MP -1487880502-2017, Fiscalía de Delitos Comunes

3.- MP- 1489414418-2017, Fiscalía de Delitos Comunes

Todas incoadas por las apoderadas legales de la ENEE, abogadas Zulema Duarte y Norma Núñez por órdenes del señor Gerente General de la ENEE ingeniero Jesús Arturo Mejía Arita, resolviendo en Auto Motivado la ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES, por la sección de instrucción por medio de la Fiscal Jefa, Sección de Instrucción Fiscalía Especial de Delitos Comunes Abogada Wendy Xiomara Murillo.

El Ministerio Público no obstante que en reunión previa con el abogado Milton Noel Paz Pineda en su sede fiscal de la ciudad de Talanga, se les presento un escrito junto con la documentación respectiva, para coadyuvar en el proceso de investigación y que tuvieran una actuación objetiva e imparcial en representación de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD (es decir garantizar el derecho a la salud de la población de la Villa de San Francisco, así como el derecho a ser informados, consultados y tomados en cuanta para cualquier proyecto de desarrollo, económico, turístico o comercial que les pueda afectar en su ámbito o espacio territorial) como se los manda el artículo 1 de la Ley del Ministerio Público, hicieron caso omiso y consideramos que por las presiones e influencias posiblemente de la gerencia de la ENEE, su Gerente Jesús Arturo Mejía Arita, el propio gobierno de la República y la empresa Azucarera Tres Valles, optaron por criminalizar a los defensores ambientalistas con la finalidad de intimidarlos, dividirlos y amedrentarlos en su justa lucha por defender su ambiente y la salud de la población. Por lo que a nuestro criterio como Procurador de los Derechos Humanos, considero se ha producido una colusión entre entidades públicas del Estado para criminalizar y perseguir a los defensores y defensoras del ambiente.

DENUNCIA EN LA FISCALÍA DEL AMBIENTE POR PARTE DE CAPIRHO Y POBLADORES VILLA DE SAN FRANCISCO No. 1487195560-2017

Presentada por el Ingeniero José Jorge Aguilar Ponce, presidente Comité Ambientalista Independiente CAPIRHO y el señor Pedro Cecilio Ponce García coordinador de los vecinos del Boulevard la Villa de San Francisco, por los delitos de DAÑOS AL AMBIENTE por el corte ilegal de centenares de árboles maderables por parte de la empresa concesionaria del proyecto eléctrico AZUCARERA TRES VALLES, actualmente en proceso de investigación fiscal.

No. 1487195560- 2017 del 15 de febrero de 2017. Fiscal Titular abogada Lorena Fernández Meza. Teléfonos 2221-3099, 2221-5620 extensión 2217. Email: gmrodriguez64@gmail.com Secretaria Gloria Rodríguez.

 

ACTORES PRIVADOS INVOLUCRADOS

1.- EMPRESA AZUCARERA TRES VALLES

Ingeniero Walter Kenneth Reyes Alvarado, Gerente General. Emailwreyes@tresvalles.hn

Licenciado Leonardo Ulloa, Administrador

Gavin Alvarado, CATV. Email galvarado@tresvalles.hn

Ingeniero José Antonio Reyes Guillen, gerente de Industria. Emailjareyes@tresvalles.hn

Wilson Henríquez M. email whenriquez@tresvalles.hn

Teléfonos de contacto. 2766-3354, 2766-3381, fax 2766-3356.

 

2.- EMPRESA CONSTRUCTORA ENERCOM

Ingeniero Carlos Suazo, gerente general

Ingeniero Arnold Meza Gerente Tegucigalpa

Ingeniero H. Raúl Enamorado, supervisor de instalaciones eléctricas

Licenciado Carlos Hernández, Auditor

Ingeniero Francisco Casco, supervisor civil

Ingeniera Laura Flores, supervisora de ambiente

Ingeniero Emilio Alfaro, supervisor de proyectos

Ingeniera Eloísa Guillen, supervisora civil

Nelson Isaías Méndez Padilla, empleado, identidad 1501-1982-00504

Henry Francisco Sauceda, empleado, identidad 0801-1975-20790

Dirección: Col. Arenales- Satélite, salida hacia la Lima, local #2, San Pedro Sula. Tel. 2559-1277, 2559-1257, 2559-1289

Tegucigalpa, Centro Comercial Los Próceres. Tel. 2280-2929, fax 2280-2930.

 

3.- Notario

Abogado José Eliodoro Zamora Flores, colegiación No. 2627, execuátur No. 1624, oficnas colonia Loma Linda Norte, intersección avenida Vernon y avenida Huri-FAO, casa No. 2643.

 

4.- CORPORACIÓN MUNICIPAL

Alcalde Municipal de la Villa de San Francisco, ingeniero agrónomo JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA, testigo

 

5.- ENEE

Ingeniero Jesús Arturo Mejía Arita, gerente general

Señor Carlos Roberto Ballesteros Vallecillo, testigo

 

SERNA O MI AMBIENTE

Ingeniero José Antonio Galdámez Fuentes, Secretario de Estado en los Despachos de Energía, Recursos naturales, Ambiente y Minas.

 

Como es de su conocimiento señora Silvia Lavagnoli, Representante Adjunta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, el pasado martes 01 de agosto solicitamos a la Vice Ministra de Derechos Humanos Abogada Norma Cerrato, la mediación del gobierno central de la República para prevenir una represión policial militar contra los habitantes de este término municipal de la Villa de San Francisco, por estar siendo hostigados, amenazados y perseguidos durante 12 días consecutivos por la Policía Nacional de Honduras al mando del Sub Comisionado de Policía JOAQUIN FLORES MARADIAGA en cumplimiento de supuestas órdenes superiores, sin acreditar ninguna orden por escrito o una orden de carácter judicial, en virtud que otras autoridades competentes del Estado de Honduras ya están conociendo del asunto. En ese sentido la señora Vice Ministra de DDHH autorizo a la Licenciada Kenia Irías Directora General de la Dirección General de Análisis, Mediación y Resolución de Conflictos dependiente de dicha Secretaría de Estado, realizar una investigación, instruir las medidas de prevención del caso ante las autoridades y jefes policiales, funcionaria que el día de ayer lunes 07 de agosto constituyo una Comisión integrada por el Abogado Roberto López y la abogada Escalante para personarse ante la Delegación Departamental No. 8 de la ciudad de Talanga, la comunidad de la Villa de San Francisco y las demás autoridades municipales y estatales para iniciar un proceso de mediación y resolución de este conflicto social comunitario que amenaza con vulnerar los derechos y libertades fundamentales de los defensores y defensoras de derechos humanos del ambiente y los recursos naturales de este término municipal y a quienes ya el pasado mes de febrero de 2017 el CONADEH les decreto medidas de seguridad por parte de la misma policía nacional.

De conformidad con la misma Carta de las Naciones Unidas en sus artículos 55 y 56 El Estado de Honduras se ha obligado a respetar, garantizar y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos en el ámbito de su jurisdicción, ya sea por medio de medidas conjuntas o separadas en cooperación con la ONU, así como los deberes y obligaciones establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, La Convención Americana (CADH) en sus artículos 1 y 2 sobre las obligaciones generales de respetar y garantizar estos derechos fundamentales que están obligadas a observar todas las autoridades competentes.

Si el gobierno de la República es su voluntad política de promover y desarrollar una cultura y Estado de Derecho al interno del Estado y la sociedad hondureña, debería de iniciar una política integral de prevención de todo abuso de autoridad por parte de los entes competentes, garantizando de forma efectiva el trabajo de los y las defensoras de los derechos humanos, de conformidad con lo establecido en la constitución, las leyes y tratados internacionales.

En ese sentido solicito a la OACNUDH, demandar de forma urgente del gobierno de la República que preside el abogado Juan Orlando Hernández el cese de todo ACTO DE REPRESIÓN, HOSTIGAMIENTO E INTIMIDACIÓN por parte de las autoridades policiales y militares en contra de los pobladores habitantes de la Villa de San Francisco y los miembros directivos del Comité Ambientalista Popular Independiente por los Recursos Hídricos y Otros (CAPIRHO) en su legitima lucha de defensa del medio ambiente y la salud de la población infantil y adulta garantizados por el artículo 145 y 326 constitucional y otras leyes de carácter general como La Ley General del Medio ambiente y la Ley de Municipalidades vigentes en el marco de la implementación de este proyecto “Ampliación de Generación de Energía Eléctrica a través de Biomasa y la Red de Conexión al Sistema de Distribución, por considerar que les afectará en sus derechos y salud al pasar las líneas del cableado de alta tensión (69 mil voltios) por el casco urbano y centro poblado de la ciudad, del cual ya hay referencias locales que por estar instalado ilegalmente otro proyecto de esta misma compañía Azucarera Tres Valles sin la respectiva licencia ambiental de supuestos 34 mil voltios que pasan por el mismo boulevard para su uso privado, ya hay unas 12 personas afectadas con CANCER y sin posibilidad de tratamiento especializado alguno.

 

Tegucigalpa, MDC 08 de agosto de 2017.

 

LEONEL CASCO GUTIÉRREZ

Procurador de los Derechos Humanos

Director General APRODEH

Cel. 9892-6935/8764-7649

Email. Clai.ddhh.leonelcasco@gmail.com y aprodeh.hn@gmail.com

 

*Imagen con fines ilustrativos.

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