Pronunciamiento
El sistema educativo costarricense, en todos sus niveles, afronta una profunda crisis organizativa, presupuestaria y en términos globales de gestión. Lo que, sin lugar a dudas, requiere un cambio que permita orientar y generar una plataforma de diálogo constructiva para solventar los diversos desafíos socioeducativos. Desde el Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia (SIUNED), consideramos fundamental tomar acciones conjuntas frente a políticas que afectan al sistema educativo.
Considerando los siguientes elementos en materia de gestión política:
· La carencia de una planificación y organización sistémica pertinente en términos educativos, tanto a lo interno del Ministerio de Educación Pública (MEP) como de este con instancias vinculadas a la formación superior.
· La falta de comunicación y vinculación efectiva en áreas educativas con instituciones públicas y universidades para enfrentar las problemáticas y rezagos.
· La improvisación como constante en acciones educativas: los fallidos procesos de megacentros educativos, el emprendedurismo desde preescolar, el abordaje inadecuado del tema de la violencia y el acoso escolar desde una perspectiva punitiva, la ausencia de claridad en las pruebas estandarizadas nacionales.
· Han transcurrido tres años sin conocer una ruta de la educación con sustento normativo y material. Esto sin lugar a dudas genera incertidumbre e inestabilidad entre las comunidades educativas, las universidades y en general la ciudadanía. ¿Cómo se maneja el sistema? ¿A qué intereses obedece?
· La carencia de un equipo constante y sólido en la dirección del MEP: han desfilado tres viceministros académicos ¿De quién es la responsabilidad de un clima de gestión tan inestable?
· Las riendas del Consejo Superior de Educación y otros órganos claves en la gestión política de la educación: carecen de perspectiva y seguridad en la toma de decisiones para responder a los retos educativos nacionales.
· El incumplimiento del 8% constitucional del PIB para la educación pública, atendiendo a decisiones con visión recortista y que no garantizan el derecho fundamental a la educación.
· El retroceso en materia de derechos humanos en el ámbito educativo, con la eliminación de efemérides vinculadas a la diversidad de género y ahora el Programa de Educación Sexual y Afectividad.
Considerando los siguientes elementos en materia de gestión presupuestaria de la educación y, sobre todo, sustentado en el análisis presupuestario para el 2025:
· Decrecimiento en la inversión pública para el conjunto del sistema educativo, con un claro incumplimiento del marco constitucional y llevándose a mínimos históricos respecto al PIB en las últimas dos décadas: un 4.9% para el 2025.
· Un golpe en áreas medulares del sistema educativo, las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas, tanto para gastos operativos y comedores escolares, con un recorte de más de 2000 millones de colones. En los últimos tres años los presupuestos transferidos a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas se han reducido paulatinamente, retrocediendo a porcentajes de una década atrás.
· La imposición a las universidades de 1% para el FEES, lo que llevó las discusiones a la Asamblea Legislativa, a fin de obtener los recursos requeridos por las universidades públicas. Medida encabezada por el despacho educativo y de hacienda sin contemplar indicadores, el plan de desarrollo del sistema superior universitario, e irrespetando lo establecido constitucionalmente. Con las universidades se aplica la misma receta de reducción de la inversión que en todo el conjunto del sistema educativo. Y, actualmente, de forma ilegal rechazan girar los recursos aprobados en la Asamblea Legislativa.
· Enfrentamos un 2025 con un presupuesto planteado desde el gobierno y la cartera educativa que no cumple con los requerimientos mínimos, donde se establece una perspectiva fiscalista y que refleja una reducción sistemática en áreas de infraestructura, becas, transportes, alimentación y el equipamiento mínimo que requieren miles de docentes y estudiantes, de todos los niveles.
Afrontamos la profundización de las problemáticas socioeducativas resultado de la reducción del gasto y la ausencia de medidas estratégicas:
· Más de 850 órdenes sanitarias en instituciones educativas de todos los niveles y regiones, un número inalterado desde el 2022. ¿Cómo, ante la reducción del presupuesto, se puede solventar la crisis en la infraestructura educativa, algo que resulta medular para mejorar el sistema educativo?
· De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares del 2023, en Costa Rica la mitad de las personas de más de 24 años no ha culminado la secundaria y un 26,5% ha completado únicamente el nivel de primaria. Hay una creciente desigualdad y exclusión de la población por la reducción de la inversión en educación, así como el incumplimiento de un derecho humano fundamental. ¿Qué propuestas se tienen desde el MEP para asegurar la oportunidad de acceso a la educación y culminación de niveles con un recorte severo de los presupuestos?
· Hay restricciones para generar procesos de actualización y desarrollo permanente del personal docente-administrativo, al limitarse la actualización y la atención en áreas emergentes en distintos contextos sociales. La actual gestión del MEP y del gobierno exige resultados, pero sin brindar los insumos necesarios. ¿Cómo cumplir con los compromisos internacionales en materia de educación, indicadores históricos a nivel nacional que pretenden una dinámica de calidad sin actualización?
· El acceso a la educación superior de forma universal es una aspiración para los actores comprometidos con la educación pública. Sin embargo, la disminución de recursos en primaria, secundaria y la creciente exclusión de la población merma dicha meta, aunado al recorte creciente a las universidades públicas. La educación es una herramienta esencial para el desarrollo del país: ¿De qué manera la actual dirigencia del MEP pretende afrontar con recortes presupuestarios acciones que realmente se orienten a la calidad educativa a largo plazo? ¿Qué propuestas tiene el MEP para garantizar el acceso y movilidad en los distintos niveles educativos?
En general, contemplando las inconsistencias políticas y organizativas del gobierno actual y de manera particular en la cartera educativa, junto con la disminución evidente de presupuestos y sin una ruta educativa congruente que responda a los indicadores críticos a nivel socioeducativo, se propone:
a. Un cambio en la gestión y rumbo del MEP, que no ha generado ninguna propuesta verificable y menos articulada con los distintos actores del sistema educativo. Las acciones del gobierno reflejan un retroceso y limitación del derecho a la educación en todos los niveles.
b. La formación de una comisión de alto nivel, integrada por representantes del profesorado del MEP, las universidades públicas, representantes sindicales y estudiantiles, junto con centros especializados en investigación educativa, social y económica, que establezcan una agenda de prioridades y tareas colectivas a nivel nacional para, a corto y mediano plazo, determinar una agenda democrática y representativa de los actores que viven la educación, que tienda a revertir la grave crisis educativa que enfrentamos como país. ¡Que las decisiones educativas se tomen por los actores sociales que las conocen y que las viven!
